Opresión política y reconfiguración cultural

 

Conflicto étnico y migraciones forzadas en Chiapas

 

Germán Martínez Velasco*

 

*El Colegio de la Frontera Sur, México
gmartine@sclc.ecosur.mx

 

Recepción del original: 31/05/04
Recepción de artículo corregido: 20/01/05

 

Resumen

El artículo aborda, de manera general, la problemática del desplazamiento demográfico en América Latina, con énfasis en el caso de México, haciendo particular referencia al que ha tenido lugar en Chiapas por causas religiosas en décadas pasadas, y recientemente debido al conflicto político-militar. Al respecto, se presenta su cuantificación, los lugares de origen, de destino, así como las vicisitudes inherentes al problema. A los desplazamientos involuntarios se les concibe en este trabajo como una forma de redistribución de la población en el marco de una crisis comunitaria que despliega mecanismos de una lucha por el territorio.

Palabras clave: Migración, migración forzada, desplazamiento, desestructuración y conflicto

 

Abstract

This paper addresses, in a general fashion, the problems of demographic displacements in Latin America, with particular emphasis on Mexico and special reference to developments in Chiapas caused by religious factors in past decades and, more recently, by the political/military conflict. Some indications of the volume of migrant flows are given, together with their places of origin and destination and the vicissitudes inherent in the process. In this paper, involuntary displacements are seen as a way to redistribute the population within the framework of a community crisis that involves mechanisms of a struggle for territory.

Keywords: Migration, forced migration, displacement, destructuring, conflict

 

INTRODUCCIÓN

Al hacer una revisión general de la bibliografía sobre las migraciones puede constatarse que el fenómeno de la globalización, en su carácter de proceso sociodemográfico transnacional, ha llamado poderosamente la atención de diversas instancias académicas, civiles o gubernamentales, por sus diversas repercusiones, entre las que destaca la recomposición de las poblaciones laborales en el ámbito internacional, con implicaciones diferenciadas en las esferas demográfica, socioeconómica y cultural. En esta perspectiva, el proceso de migración hacia Estados Unidos ha motivado la conformación de equipos de trabajo en centros de investigación, universidades y organismos gubernamentales en América Latina, que en los últimos diez años han fortalecido el análisis de este fenómeno, con el propósito de desarrollar y ejecutar políticas públicas para aprovechar los beneficios económicos de la migración y generar alternativas que contribuyan a atenuar las dolencias de los migrantes.

En México, pese a que en gran medida la dinámica socioeconómica a escala macro ha respondido más a la lógica global, la existencia de dinamismos microsociales de carácter regional y de naturaleza y dirección diferentes de los de la primera ha cuestionado ese aparente devenir unilineal, y ha mostrado escenarios distintos que contrastan con aquellos que fueron expuestos por fuerzas exógenas globalizantes. En el contexto local de las poblaciones indígenas de Chiapas, las prácticas políticas y sociales más recientes han respondido más a un pasado histórico de sobrevivencia que a un promisorio porvenir de integración económica y cultural; esto es producto de su interacción social con el mundo occidental y de su relación interétnica, así como de la peculiar cosmovisión y estilo de vida de sus actores. Éste es el caso de México, en donde si bien la vía a la globalización se presenta como el advenimiento de una sola opción "estructurando en gran medida el acontecer nacional con sus derivaciones demográficas, especializadas en la migración que aglutina distintas fuentes de mano de obra estatales para conformar un importante flujo de migrantes hacia Estados Unidos", existen otros procesos migratorios que, aun cuando se hallan distantes del proceso de globalización, revelan más el peso de su historia local y de su estructura étnica y se instalan como el medio que facilita un proceso de reestructuración social.

En el espectro de los flujos migratorios presentes en la entidad, las migraciones forzadas de reciente aparición, que irrumpen con su inherente dramatismo, al tiempo que expresan una historia de disputas, también revelan procesos de reconfiguración territorial. El caso de Chiapas no es privativo de México, ya que en el plano mundial esta situación guarda un paralelismo histórico con espacios étnicos de exclusión y resistencia, que se presentan con mayor agudeza en las tres últimas décadas, tanto en América Latina como en África, y que se conceptualizan a través de lo que se ha dado en llamar desplazamiento interno1 en sustitución de migración forzada, en su acepción demográfica.

Este artículo describe otro proceso más de migración reciente en Chiapas, protagonizado por comunidades indígenas que, en el marco del deterioro de las relaciones sociales tanto con el Estado mexicano como en el seno de sus respectivos ámbitos comunitarios, han incursionado en una difícil y violenta transición socioterritorial, que se da a partir de la migración forzada como expresión de una lucha interna por el control del territorio y de un ejercicio peculiar del poder comunitario.

Esta contribución al análisis del tema se divide como sigue: en un primer apartado se examinan de manera general las tendencias del fenómeno en América Latina. En segundo término se revisan las expresiones del proceso en México, particularmente en Chiapas, sus causas y destinos, estimando los montos respectivos. En la tercera parte se describe la expansión territorial de las dos principales etnias de Chiapas, y en la cuarta y última parte se exponen una serie de consideraciones generales.

EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Después de África, América Latina ha sido el espacio donde la violencia política ha estado presente como el eje que ha estructurado no sólo las posiciones políticas, sino también los reacomodos demográficos. Se estima que 10.0% del total de desplazados en el mundo se encuentra en América, lo que constituye alrededor de 2.5 millones de personas. Los principales países que participan en esta escalada de choques sociales, por orden de importancia numérica, son Colombia, Perú, Guatemala y México.

Colombia es el centro de atención en América, pues allí se ha verificado el mayor número de migraciones forzadas "que asciende en 2004, aproximadamente, a un millón de personas,2 cantidad que la ubica en la tercera posición mundial, sólo superada por Sudán y Angola". Otra fuente indica que es el país que registró recientemente una cifra acumulada de 3 millones de personas, en su mayoría mujeres e infantes, y que durante 2002 y 2003, respectivamente, 412 553 y 207 607 personas, se sumaron a la cantidad total de participantes. Según Rojas,3 actualmente se ha reducido el número de desplazados, no porque haya más seguridad para que la gente se quede, sino porque existe una estrategia de intimidación y terror para que no pueda salir.

Las causas se relacionan básicamente con el conflicto armado que data desde finales de los sesenta, lapso en el que la guerrilla se ha enfrentado a las fuerzas gubernamentales, haciendo más complejo el problema con la aparición y consolidación de fuerzas paramilitares. Según el Documento Base del Seminario sobre Desplazamiento Interno en América,4 la política de desplazamiento entre fuerzas de distinto signo ha sido una estrategia de los grupos armados para controlar áreas estratégicas, con propósitos económicos y políticos, y en este proceso los campesinos pobres, las poblaciones indígenas y los afro-colombianos han sido los más afectados. En gran medida, el desplazamiento constituye con frecuencia un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas, que ponen en marcha proyectos de gran escala para explotar los recursos naturales.

En el caso de Perú, la problemática del desplazamiento también fue a causa de la violencia generalizada con la aparición de Sendero Luminoso y la política de contrainsurgencia de las fuerzas armadas peruanas durante las décadas de 1980 y 1990. Sin contar con cifras exactas, se estima que hubo entre 600 000 a 1 000 000 de personas desplazadas. Los departamentos más pobres y de mayor violencia, como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, así como la selva de los valles del río Ene y del Huallaga, fueron los lugares de origen de los migrantes forzados. Un estudio realizado en Lima reveló que 65.0% de los desplazados eran mujeres; de este subgrupo, 13.3% eran viudas. Según cifras oficiales, 54.0% de los desplazados durante los últimos 12 años lo fueron dentro de sus propios departamentos, mientras que el resto se desplazó a otros lugares.5

Después del conflicto, miles de desplazados internos regresaron a sus lugares de origen, impulsados por un programa del gobierno que prometía asistencia y desarrollo. Muchos otros desplazados internos se establecieron en otra parte, por ejemplo, en el perímetro de las ciudades de las que salieron. Aunque la mayoría de los desplazados internos se han reintegrado en sus alrededores, muchos requieren todavía asistencia, particularmente para encontrar actividades con ingresos sustentables. Además, en los últimos años ha habido informes de nuevos desplazamientos en pequeña escala que ocurren en zonas aisladas del país. La última cifra disponible para el número actual de desplazados internos de Perú es de 60 000.6

Con el Acuerdo de Paz de 1996 entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) terminó el conflicto que comenzó en los años sesenta y que desarraigó a más de un millón de personas. En ocasiones, el desplazamiento no fue sólo a raíz de la violencia, sino un objetivo de estrategia de contrainsurgencia. Durante la década de 1980, comunidades enteras se convirtieron en desplazadas internas, compuestas básicamente por poblaciones indígenas pobres. Aunque muchos de los desplazados internos en Guatemala han regresado a sus lugares de origen, otros se establecieron permanentemente en zonas de refugio, como fue el caso de México.7. Mientras que algunos observadores consideran que no existen ya desplazados internos en el país, de acuerdo con el Consejo Noruego de Refugiados, permanecen alrededor de 250 000 personas que continúan necesitando asistencia para tener sus derechos restaurados completamente y continuar su vida como ciudadanos productivos.8

EL CASO DE CHIAPAS

Hablar de desplazados en el México contemporáneo conduce necesariamente al estado de Chiapas, ya que en las tres últimas décadas esta entidad ha llamado la atención nacional e internacional por el desencadenamiento de sucesos de diversa índole, que van desde los fuertes e interminables conflictos religiosos hasta las confrontaciones político-militares de reciente aparición, pasando por las pugnas por el control del territorio, en los planos intra e intercomunitario. Las dimensiones políticas que configuran el problema del desplazamiento en Chiapas han opacado otras situaciones semejantes pero de menor repercusión, como son los sucesos de carácter religioso entre comunidades huicholas del estado de Nayarit, o entre huastecos en el estado de Hidalgo.

A tres décadas de haberse presentado el drama de los desplazados en Chiapas, hoy es posible evaluar su trayectoria reciente, en la perspectiva de advertir los retos para prevenir la amenaza de su permanencia o resurgimiento.

A pesar de la resonancia local, estatal e internacional sobre el tema, al revisar la bibliografía sobre desplazados en México, lo primero que destaca es su ausencia como tema de documentación "más allá de los valiosos testimonios de carácter periodístico", lo cual demuestra no sólo el desinterés por parte de los analistas, sino también la dificultad de abordarlo, sobre todo por el carácter mismo del drama humano que representa, así como por la naturaleza de sus causas "sean éstas políticas o religiosas", y en algunos casos por el uso instrumental que le han dado algunos grupos de interés. De ahí que en Chiapas el fenómeno se haya comenzado a documentar sólo después de pasado algún tiempo, primero por organismos de derechos humanos y, recientemente, por organismos gubernamentales.9

EXPRESIONES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Como se puntualizó anteriormente, no existe hasta el momento institución alguna que haya documentado de manera sistemática la cuantificación del proceso, razón por la cual, en los pocos casos en que se da, las cifras se han estimado sin ofrecer de manera clara y precisa la metodología empleada. Por lo tanto, las cifras de población desplazada en Chiapas han variado, según las fuentes de información.

La expulsión religiosa

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población del Estado de Chiapas,10 se estima que en el decenio de 1970, en el inicio de las expulsiones por motivos de conversión religiosa, la población que llegó en busca de refugio al municipio de San Cristóbal de las Casas alcanzó la cifra de 20 896 personas, mientras que, hacia la década de 1980, se sumó la cantidad de 4 295 personas, más 3 637 que se dirigieron al municipio de Teopisca, lo cual arroja una cifra cercana a las 30 000 personas.11

Por otra parte, cabe señalar que San Juan Chamula constituyó, durante el decenio de los setenta, el municipio de mayor conflictividad religiosa y, por lo tanto, el de mayor expulsión. Sin embargo, a partir de la década de 1980 se sumaron otros municipios expulsores, como Chenalhó, Zinacantán, Huixtán, Mitontic, Oxchuc y Amatenango del Valle, todos ellos conformados por población indígena. Mientras tanto, para la década de los noventa las expulsiones por motivos religiosos se propagaron hacia municipios de otras regiones, como Las Margaritas, Frontera Comalapa, Comitán, La Independencia y La Trinitaria, en la región Fronteriza, y Venustiano Carranza en la región Centro.12

Sin embargo, el posicionamiento de las religiones no católicas entre la población indígena de la región de los Altos data del decenio de 1950, ya que entre ésta y la década siguiente el incremento de creyentes fue de 31.6% anual, al pasar de 215 personas declaradas en el Censo de Población de 1950 a 5 100 en el registro censal de 1960 (grafica 1). Empero, los efectos acumulados se presentaron en forma violenta a partir del decenio de 1970, cuando las poblaciones conversas, intempestivamente, empezaron a sufrir persecución y violencia por parte de los católicos tradicionalistas de sus respectivas comunidades, con prohibiciones para reunirse e inclusive para inscribir los niños en la escuela. En la mayoría de los casos, las minúsculas parcelas pasaron a manos de los líderes indígenas, que con alegatos, paulatinamente iban apropiándoselas.

También es posible observar cómo la intolerancia religiosa ha persistido hasta nuestros días, ya que eventualmente la prensa continúa relatando las tensiones intracomunitarias existentes, en la mayoría de los casos, por agresiones en contra de la población que profesa religiones distintas de la católica. Es sugerente pensar que después de 30 años de conflicto religioso en la región de los Altos de Chiapas, la existencia de una crisis de larga duración, intra e intercomunitaria, expone una situación de quiebre de las viejas estructuras que desde muchas décadas atrás habían garantizado "a través del jerárquico control político" la reproducción de la vida comunitaria, en el marco de una tradición religiosa basada en el sincretismo de lo indígena y lo católico, y cuya expresión más acabada se revela en el funcionamiento casi perfecto de un sistema de cargos.13

GRÁFICA 1. Región de los Altos: tasa de crecimiento de católicos
y protestantes o evangélicos, 1940-2000

 

En cambio, los dictados de la nueva religión basada en el discurso de la solidaridad y la austeridad religiosas, se presentan como la nueva opción ideológica que renueva la organización comunitaria con pretensión horizontal, ya sea en el territorio de origen o en el de destierro, en cuyo proceso se dimensiona la formación de un nuevo liderazgo indígena.

El desplazamiento político

En lo que respecta a este segundo tipo de desplazamiento, varias fuentes periodísticas y algunas ONG señalan diversas cifras, sin registrar el procedimiento que usaron para obtenerlas. Este reciente flujo surge a partir del conflicto armado de 1994 y, según la información recabada por la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz (Conpaz).14 se contabilizó a 17 139 personas desplazadas de los municipios de Comitán, Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas, A.C." reporta que "en 1995, había 12 mil personas de los municipios de Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano, San Andrés, El Bosque, Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Sabanilla y Chenalhó [que] fueron desplazadas por la ofensiva militar de febrero".15

Algunas dependencias públicas del Gobierno del Estado de Chiapas, entre ellas la Secretaría de Pueblos Indios (Sepi), revelan que la población desplazada entre 1994-2000 alcanzó la cifra de 14 096 personas, pertenecientes a los municipios de Altamirano, Cintalapa, Las Margaritas, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Huitiupán, Huixtán, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Sabanilla, Salto de Agua, Tenejapa, Tila, Tumbalá, Venustiano Carranza, Escuintla y Villacorzo (gráfica 2). 16 Si se consideran los lugares de origen de los desplazados reportados por la Conpaz en 1994, puede advertirse que en dichos municipios fue, precisamente, donde el conflicto armado tuvo mayor arraigo, intensidad y presencia, por lo que la mayoría de las familias desplazadas buscaron refugio en sus respectivas cabeceras, como medida de protección ante la intervención del Ejército Mexicano en la zona de conflicto o como una estrategia para no verse involucrados con el EZLN. Así, los municipios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, que comparten la región de la selva Lacandona, fueron los que a partir de la rebelión armada del EZLN (1o. de enero de 2004), y en particular en febrero de 1995, en la llamada ofensiva del gobierno de Zedillo, experimentaron los daños de la tensión y de la rebelión armada, lo que originó que hayan sido los primeros en escenificar en forma simultánea el desplazamiento y el refugio.17 Los otros municipios que enlista la Sepi, y las causas del desplazamiento forzado, pueden dividirse en dos grandes agregados: en un primer grupo, conformado por los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá y Salto de Agua, la migración violenta se debió a la presencia de grupos armados luego del levantamiento,18 mientras que en un segundo grupo, conformado por Chenalhó, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Huitiupán, Huixtán, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza, Escuintla y Villacorzo, se debió a pugnas y rencillas intracomunitarias y disputas políticas, entre las que destaca el control partidario PRI vs. PRD, así como la lucha por el acceso a los recursos materiales (tales como fuentes de abastecimiento, agua o materiales de construcción) y diferencias por la reforma agraria. El caso de Chenalhó ejemplifica la gravedad del problema del desplazamiento, ya que en éste se entrelazan varias dimensiones, entre las que destacan el compromiso con el EZ en su calidad de simpatizantes, la expulsión de agentes de la renovación católica, la escasez de tierra, la pugna por el uso de los recursos y la participación partidaria en el marco de un profundo deterioro del tejido comunitario, situación que llevó a la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997 y su correspondiente flujo de desplazados, precedido de una serie de emboscadas y muertos en comunidades enemigas; a principios de 1998, según algunas fuentes, más de un tercio de la población de este municipio se encontraba desplazada.19

En términos generales, puede decirse que, de acuerdo con el tiempo en que se fueron presentando los desplazamientos, la identidad política de los desplazados también se fue modificando, pues, como ya se mencionó, las primeras migraciones forzadas las resintió más la población que no tenía vínculo político alguno con el EZLN y, por el contrario, conforme avanzó la gravedad del conflicto, aun cuando la confrontación armada había cesado, los nuevos grupos de desplazados en su mayoría se autoidentificaba como simpatizantes del grupo insurgente.

Para junio de 2003, una cuarta parte (3 500 personas) del total de los desplazados había retornado a su lugar de origen o se había reubicado. Del total de la población cuyo retorno o reubicación aún está pendiente, 50% (5 000 personas) se encuentra ubicado en el municipio autónomo de Poló (oficialmente comunidad de Chenalhó), considerado una de las bases del EZLN, por lo que plantear una solución para este amplio grupo, necesariamente tendría que pasar por el restablecimiento del diálogo entre el gobierno y el EZLN.

Pasado el tiempo, las opciones que se presentan a los desplazados los ubican en tres grupos: 1) aquellos que desean retornar pero que no cuentan con las condiciones apropiadas para hacerlo; 2) aquellos que sí tienen las condiciones necesarias para su retorno, y 3) aquellos cuya opción ha sido la reubicación.

GRÁFICA 2. Municipios de origen de los desplazados
en el estado de Chiapas, 2003

Haciendo una breve recapitulación de lo hasta ahora expuesto, puede afirmarse que existen causas del desplazamiento que se aceptan sin discusión alguna: por ejemplo, el papel de la irrupción del conflicto armado ocurrido en enero de 1994 como detonante del proceso de desplazamiento en Chiapas. Sin embargo, aún es posible cuestionar otras, como la idea planteada en medios periodísticos que afirma o sugiere que la situación de los desplazados políticos responde a una estrategia de contrainsurgencia, basada en una guerra de baja intensidad y con la imposición de grupos políticos de poder ligados al partido oficial. Tales versiones carecen de sustento, al identificar que entre los grupos de desplazados se encuentran familias sin ninguna identificación con el movimiento zapatista, e incluso que algunos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, mientras que del lado de los que ejercen presión o violencia para desplazar a otros, se encuentran lo mismo grupos afiliados al PRI y al PRD que militantes o simpatizantes del EZLN.20 Así, es importante resaltar que el desarraigo forzoso no se explica solamente como un problema entre ricos y pobres, o como un conflicto de cacicazgos políticos del PRI con el resto de organizaciones políticas, ni como una lucha entre el gobierno y las comunidades, sino más bien como un intenso proceso de desestructuración comunitaria que se ha revelado en variadas formas, entre ellas, las migraciones forzadas.

La lucha por el territorio

El peso demográfico que prevalece entre las comunidades indígenas se expresa en los altos montos de población en el territorio. Mientras que la densidad de población promedio estatal era de 52 hab/km2 en 2000, la de la región de los Altos, en donde se concentran los municipios indígenas, asciende a 128. De igual manera, no es casualidad que uno de los municipios de mayor expulsión de población, tanto en forma de migración económica como de desplazados, haya sido el de Chamula, ya que éste tiene una mayor densidad demográfica, que en la actualidad asciende a 720 (veáse el cuadro 1). Otro factor de presión demográ- fica que promueve tentativas de expansión territorial se deriva de la estrecha correspondencia entre variación étnica y territorio, ya que a cada una de las expresiones étnicas (chamulas, por ejemplo) le corresponde una delimitación territorial (municipio de Chamula), y así ocurre con los zinacantecos, tenejapanecos, huixtecos, oxchuqueros y cancuqueros, por mencionar a algunos. En este caso, el gentilicio municipal se convierte en la demarcación territorial que recrea la identidad cultural, con excepción de aquellos municipios cuya colonización estuvo sujeta a múltiples etnias y que ahora conviven en un mundo pluricultural, como es el caso de Ocosingo.21 Ante el crecimiento demográfico indígena y el minúsculo territorio de origen, se ha propiciado una tendencia a la expansión territorial de las etnias; se trascienden así los límites de su propio municipio y región de origen, para dar paso a intensos procesos de colonización, tanto en áreas de reserva natural como en terrenos federales. Recuérdense también las afectaciones agrarias a predios de distintos tamaños efectuadas en el contexto de la insurgencia zapatista de 1994; el reducido número que aún subsistían, precipitadamente sucumbieron frente a los contingentes zapatistas y no zapatistas.

CUADRO 1. Densidad de población de la región de los Altos de Chiapas, 1940-2000

 

Muestra de esta lucha por el territorio ha sido la expansión geográfica que la población indígena ha escenificado en el territorio chiapaneco. Tomando el caso de las dos principales poblaciones hablantes de lengua indígena que son el tzeltal y el tzotzil, puede apreciarse cómo en el lapso de 30 años su presencia se ha expandido visiblemente, tanto en el medio rural como en el urbano.22 Con base en los mapas 1 y 2, puede observarse cómo la etnia tzeltal ha configurado una tendencia a ampliarse territorialmente hacia la porción noreste del estado, especialmente en la extensa región de la llamada selva Lacandona, territorio que además ha sido también destino de otras etnias de la entidad y de grupos de campesinos de diferentes entidades de la república.

MAPA 1. Chiapas: distribución territorial de la etnia tzeltal en 1960

FUENTE: VIII Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1960.

 

MAPA 2. Chiapas: distribución territorial de la etnia tzeltal en 1990

FUENTE: VIII Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1990.

Por su parte, la población tzotzil (mapas 3 y 4) muestra una tendencia a elevar su densidad en el radio de su territorio de origen, pero además se deja ver su ampliación hacia la parte noroeste del estado, específicamente en territorios selváticos, como es la zona El Ocote, en los municipios de Cintalapa y Ocozocuautla.

MAPA 3. Chiapas: distribución territorial de la etnia tzotzil en 1960

FUENTE: VIII Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1960.

 

MAPA 4. Chiapas: distribución territorial de la etnia tzotzil en 1990

FUENTE: VIII Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1990.

Puede afirmarse, en términos generales, que esta migración ha sido de tipo rural-rural, con fuerte predominio a establecerse de manera colectiva, mediante acuerdos entre determinados números de familias, en su mayoría con relación consanguínea, y en otros casos, los menos, se adquieren pequeños predios privados, por la vía de la cooperación colectiva, y de acuerdo con la cuota sufragada se fracciona el predio.23

Las unidades familiares que se han trasladado a algunas de las ciudades del estado, a pesar de su recreación cultural en el nuevo entorno, no dejan de exponerse a una ruptura cultural, al pasar de una visión milenaria ligada al cultivo de la tierra y la cohesión comunitaria de tipo tradicional, a formas de ocupación laboral propias de la ciudad, como son el comercio establecido y ambulante, el empleo en la industria de la construcción y el sector servicios.24 Desde el punto de vista cultural, puede apreciarse la formación de nuevos liderazgos, en su mayoría compuestos por población masculina de menor edad que la de sus similares en sus lugares de origen y épocas anteriores. Estos nuevos agentes comunitarios, desde la base del establecimiento de alianzas con otros grupos de inmigrantes "sean conversos religiosos o por conflicto político", plantean nuevas formas de sobrevivencia con miras a resolver las cuestiones asociadas al asentamiento en el nuevo lugar de destino, el establecimiento de nuevas redes sociales, que contrastan con los estilos hegemónicos de las unidades mestizas, y sobre todo, para la reintegración comunitaria en el marco de nuevas coordenadas, impuestas por el espacio urbano.

CONSIDERACIONES FINALES

El estado de vulnerabilidad y desestructuración que actualmente experimentan las comunidades indígenas chiapanecas se encuentra relacionado con los largos procesos de maduración de distintos fenómenos, que van desde los meramente demográficos hasta los socioeconómicos, políticos y religiosos, acaecidos principalmente en las tres últimas décadas.

Uno de los efectos más extendidos y profundos de la ruptura comunitaria consiste en la actual situación de quebrantamiento de los tejidos de solidaridad interna de las poblaciones mayas y, en consecuencia, de sus mecanismos de reproducción material y cultural. La salida forzada de personas o comunidades enteras, sea por causas religiosas o por diversos grados de conflictividad política, han sido causa y efecto de una alteración en los sistemas de autoridad, normas de convivencia social y elementos básicos de identidad cultural.

Los sucesos narrados también expresan los largos procesos de composición, descomposición y recomposición de las estructuras de poder y dominación internas, al tiempo que reflejan las prácticas de resistencia, ya sea mediante la conversión religiosa o bien en la disidencia política.

En ese contexto, la década de los setenta constituye un punto de inflexión en la trayectoria de la comunidad indígena maya que, a la par de ir configurando un proceso de estructuración organizativa de carácter político (cuyo centro gravitaba alrededor de la lucha por la tierra), dio inicio a otro proceso de desestructuración en torno a la vida cotidiana, en el seno de la familia y la comunidad, a partir de la conversión religiosa "que a la postre daría pie a la generación de prácticas segregacionistas", con repercusiones hasta hoy poco superadas por parte de las comunidades desplazadas.

Así, el problema del desplazamiento en Chiapas constituye una de tantas formas de migración que se presentan en la entidad, con la particularidad de ser forzada. Al respecto, cabe señalar que en este estado la migración ha sido una estrategia de sobrevivencia para la comunidad indígena, primero en sus formas más elementales de migración laboral de tipo rural-rural (1900-1960); después en formas de colonización hacia espacios abiertos de selva (1960-1990), posteriormente hacia las principales urbes (1980 ->), y más recientemente hacia la frontera norte y los Estados Unidos (1995 ->).

Es importante mencionar que en un estado con un perfil rural-indígena, y cuya base de subsistencia está cimentada en el cultivo de la tierra, la lucha por el territorio habría de estructurar en gran medida todo el accionar de la comunidad. Por otro lado, la historia de la desigualdad social en Chiapas, que básicamente fue generada por las disparidades en la apropiación de los recursos, entre ellos la tierra, trajo consigo sus propios antagonismos, que con el transcurrir del tiempo emergieron, a veces en silencio y otras con sumo estruendo, con derivaciones diversas. Así, la asociación entre actividad agrícola, pobreza, carácter étnico y crecimiento demográfico se ha convertido en matriz de una práctica de arraigo rural orientada a cubrir las necesidades más elementales. Para los pueblos indios, la tierra persiste no solamente como la base material para la reproducción biológica, sino también como el medio para la reproducción cultural.

 

1 Según la oficina de las Naciones Unidas para desplazados internos, se define como "el movimiento bajo coerción involuntaria que tiene lugar dentro de las fronteras nacionales. Las razones para huir pueden variar e incluyen el conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos y desastres naturales o desencadenados por el ser humano" (Guía para la aplicación de los principios rectores de los desplazamientos internos, 1999, p. 3).

2 Francis M. Deng, Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe del representante del secretario general sobre los desplazados internos, de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión, p. 2.

3 Jorge Rojas R. "Desplazamiento en Colombia, la dimensión de una crisis no resuelta", resumen ejecutivo de la ponencia presentada en el Seminario sobre Desplazamiento Interno en América, Ciudad de México, 18 de febrero de 2004, pp. 1 y 2.

4 SRE, Documento Base del Seminario sobre Desplazamiento Interno en América, México, p. 2.        [ Links ]

5 SRE, op. cit., p. 10.

6 Ibid., p. 13.

7 La acepción de refugiado consiste en aquella persona que atraviesa una frontera internacional con el propósito de salvaguardar su vida.

8 SRE, op. cit., p. 14.

9 Sobre el tema, cabe resaltar la tesis de maestría realizada por Julián Rebón, Conflicto armado y desplazamiento de población, Chiapas, 1994-1998, México, Flacso, 2001.         [ Links ]

10 Coespo, "Estimaciones sobre el desplazamiento en Chiapas. Documento de análisis interno", 2004.        [ Links ]

11 El ejercicio no pudo aplicarse para la década de los noventa, puesto que en 1994 el carácter del movimiento de población cambió de tipo religioso a político-militar, como resultado del conflicto armado, además de que el desplazamiento afectó a diversos municipios, tanto de los de origen como de los de destino.

12 Irene Sánchez Franco, "pluralidad religiosa y conflicto", Tolerancia, año 1, núm. 2, julio-diciembre de 2002, Subsecretaría de Asuntos Religiosos, Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas.        [ Links ]

13 Para una mejor comprensión del mundo religioso anterior a la ruptura comunitaria, véanse por ejemplo Fernando Cámara Barbachano, Persistencia y cambio cultural entre los tzeltales de los Altos de Chiapas, estudio comparativo de las instituciones religiosas y políticas de los municipios de Tenejapa y Oxchuc, México, ENAH (Acta Antropológica, época 2, vol. III), 1996;         [ Links ] Frank Cancian, Economics and Prestige in a Maya Community, Stanford, Cal., Stanford University Press, 1974;         [ Links ] George Collier, Planos de interacción del mundo tzotzil: bases ecológicas de la tradición en los Altos de Chiapas, México, Instituto Nacional Indigenista, Secretaría de Educación Pública, México, 1976;         [ Links ] Henry Favre, Cambio y continuidad entre los mayas de México, México, Siglo XXI, 1973;         [ Links ] Evon Z. Vogt, Los zinacantecos, un grupo maya en el siglo XX, México, SEP, SepSetentas, 1973.        [ Links ]

14 Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", junio de 2003. Desplazados por el conflicto armado en Chiapas, Informe para el relator especial de la ONU para los derechos humanos, p. 3.         [ Links ]

15 Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", op. cit, p. 4.

16 Gobierno del Estado de Chiapas, Pueblos Indios, Documento presentado al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, en ocasión de su visita al estado de Chiapas el 11, 12 y 13 de junio de 2003, p. 11.

17 Sin embargo, debe mencionarse que hay pruebas documentales de que antes del inicio del con- flicto de 1994, al calor de la preparación militar del EZLN, numerosas familias indígenas que se manifestaron en desacuerdo con la lucha armada, en algunos casos fueron expulsadas por las bases zapatistas, y a veces prefirieron salir por su propia iniciativa. Véanse La Granje y Rico, Marcos, la genial impostura, México, Aguilar, 1998;         [ Links ] Ivon Le Bot, Subcomandante Marcos: el sueño zapatista, México, Plaza y Janés, 1997;         [ Links ] Carlos Tello Díaz, La rebelión de las Cañadas, México, Cal y Arena, 1995.         [ Links ]

18 En el medio de los defensores de los derechos humanos en Chiapas fue común identificar a los grupos pertenecientes al PRD como las bases de apoyo zapatistas, y que generalmente se constituían en los que sufrían el desplazamiento; asimismo, denominaron como "paramilitares" a los del bando contrario, que en su mayoría se encontraban, afiliados al PRI, y les adjudicaron el carácter de expulsores. Lo cierto es que de 1995 a 1997 hubo bajas en ambos grupos, así como también sus respectivos desplazados.

19 Rebón, op, cit.; Centro Coordinador Indigenista, "Programa emergente para los desplazados por el conflicto en el estado de Chiapas", San Cristóbal de Las Casas, 1998 (inédito).        [ Links ]

20 Rebón, op. cit.

21 Esto explica la extensa variedad de estudios etnográficos que desde la antropología mexicana y norteamericana se llevaron a cabo en la región, para cada una de las expresiones étnicas en las que pudieron constatarse los diferentes patrones culturales y de reproducción social.

22 El caso de la ciudad de San Cristóbal de las Casas resulta revelador. Ha pasado de tener en 1960 32.4% de población indígena a 38.3% en 2000, según el Censo de Población y Vivienda de 1960, INEGI.

23 Antonio López Meza, Sistema de organización tradicional y asociación de productores de Tenejapa, Chiapas, tesis de maestría en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma de Chapingo, México.         [ Links ]

24 Germán Martínez Velasco, en "Desarrollo regional, sociodemografía y condiciones de vida de la población chamula, Chiapas", Papeles de Población, nueva época, núm. 34, México, Centro de investigación y Estudios Avanzados de la Población, UAEM, octubre-diciembre de 2002.        [ Links ]