Estado, gobierno y política

 

Intolerancia e integración regional

 

Alfredo Falero Cirigliano*

 

*Universidad de la República, Uruguay
alfredof@fcssoc.edu.uy

 

Recepción de original: 27/08/03
Recepción de artículo corregido: 20/02/04

 

Resumen

Desde una perspectiva sociológica, el artículo aborda la idea de intolerancia específicamente en lo referente a actitudes y prácticas xenofóbicas y las enmarca dentro del concepto de construcción de subjetividad social. En tal sentido, se analiza la idea de que esa no inclusión del “otro” resulta funcional y prospera en un contexto en el que los proyectos de integración regional apuntan a la libre movilidad del capital, pero con un control geográfico de la fuerza de trabajo. Teniendo en cuenta algunos ejemplos, se considera asimismo que cualquier proyecto alternativo requiere la idea de ponderar adecuadamente el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil y el Estado para construir otra subjetividad social incluyente.

Palabras clave: intolerancia, integración regional, sociedad civil, Estado y subjetividad social.

 

Abstract

From a sociological viewpoint, this article addresses intolerance with specific reference to xenophobic attitudes and practices, and it places them within the framework of the construction of social subjectivity. It thus analyzes the idea that this exclusion of the “other” is functional and prospers in a context in which regional integration plans promise free movement for capital but geographical controls on the workforce. After offering a number of examples, it then proposes that any alternative project requires that adequate weight be given to the role played by civil society organizations and the state in constructing another inclusive social subjectivity.

Keywords: intolerance, regional integration, civil society, state, and social subjectivity.

 

PRESENTACIÓN

La idea de tolerancia es extremadamente equívoca. Sin ser exhaustivo en el repertorio de malentendidos a que puede dar lugar, existen dos aspectos a los que queremos aludir rápidamente a efectos de circunscribirla. Por un lado, la noción de respeto generalizado que conlleva, puede suponer la perspectiva de resignación a soportar, pero esto no implica necesariamente la de entender al otro. Por otro lado, en su amplitud como idea, puede representar la propensión a multiplicar indefinidamente aspectos sociales a los que se puede y debe administrar el carácter de “tolerancia”, lo que lleva a callejones sin salida o nos reenvía a viejas controversias sobre liberalismo.

Dentro de esto último, piénsese, por ejemplo, en una postura consecuente de afirmación y legitimación de la desigualdad social. La reproducción de actitudes y prácticas políticas tendientes a la aceptación de la desigualdad social puede aparecer como uno de los tantos temas sociales que supone una elección como otras, donde uno puede ubicarse cómodamente y desde allí mantener determinados privilegios. En este segundo caso, sin embargo, más que una postura electiva humana “natural” que requiere tolerancia, se revela más bien como un producto discursivo, ideológico, tendiente a mantener determinado orden social desigual para favorecerse en determinado contexto sociohistórico.

Debajo de estas generalidades, el punto que nos convoca en primer término es que la idea de tolerancia es sociológicamente problemática, ya que pierde sentido, se licua en la amplitud de temáticas y matices. No obstante, encuentra otras oportunidades de contribución explicativa si se concreta un ámbito específico de discusión. Adicionalmente, considerar la contraparte negativa de la noción, la intolerancia hacia determinado grupo —en tanto transmite de inmediato la idea de rechazo o desprecio de ese grupo—, permite evadir conceptualmente que la respuesta a la misma suponga simplemente la resignación a aceptar, como establecíamos al comienzo, sino que puede implicar el apuntar a conceptos más profundos como compromiso a la inclusión y la ciudadanía social.

Establecidos los anteriores parámetros, el trabajo que sigue pretende apuntar a la relación entre actitudes xenófobas —es decir, intolerancia al extranjero— y subjetividad social en un contexto global de alta movilidad geográfica y de creciente interconexión de sociedades. De todos modos, está claro que el tema no es nuevo. A lo largo de la historia se fue generando, elaborando y reapareciendo un concepto de bárbaro que, como tal, siempre supuso para quien lo ejercitaba la inferioridad cultural del otro. Como recuerda Fernández Buey,1 la función originaria del término fue distinguir radicalmente a los miembros de la sociedad a la que se pertenece, de los otros hombres.

Los ejemplos históricos posibles en tal sentido son innumerables, pero entre ellos no se puede olvidar la intolerancia implícita en el proceso de conquista y colonización de América. Esta forma de intolerancia, sin embargo, ha sufrido transformaciones. La Ilustración europea trabajó una idea de autoconciencia tolerante pero vinculada linealmente a la idea de progreso histórico. Y en la actualidad puede percibirse respecto al tema una idea de tolerancia declarativa, políticamente correcta, pero en los hechos superficial y de corto alcance.

En efecto, ¿hasta dónde efectivamente se combate esa dimensión de intolerancia en un mundo globalizado? Un rápido vistazo a las condiciones de explotación actual a que es sometida la fuerza de trabajo migrante en América Latina, sin duda revela que las políticas en tal sentido, por lo general terminan en las puertas que el establishment político y económico estipula como fatalidad sociohistórica. Por ello, si se piensa en un escenario de restauración efectivo de la acción y el pensamiento políticos de transformación social —en este contexto de profundas mutaciones globales en curso— el tema adquiere una inusitada actualidad para sobrepasar lo meramente declarativo.

Sin embargo, resulta simplista creer que lo que llamamos intolerancia es patrimonio exclusivo de sectores del capital o de sectores políticos vinculados a los mismos. La intolerancia puede darse entre trabajadores con identidades nacionales diferentes y, de hecho, esto es muy frecuente. En tal sentido, si frente a los procesos de mayor movilidad de personas a escala mundial y regional se va constituyendo una subjetividad social que se imprime de una carga de racismo y xenofobia,2 muchas veces encubierta, se exacerba la tendencia a la segmentación social y a la creciente indisposición a convivir con el “otro”.

Efectos sociales como el apuntado deben ponderarse adecuadamente, ya que en un contexto como el actual, cualquier expresión colectiva de transformación social puede verse rápidamente segmentada y, por tanto, disolver su potencia. Por lo expuesto, lo que se plantea aquí como campo problemático es construir una subjetividad social capaz de asumir el nuevo nomadismo y, por el contrario, neutralizar formas de intolerancia vinculadas a tal dinámica de movilidad. Por ello, lo que sigue trata de avanzar en los mecanismos sociales capaces de rechazar el inquietante formato social de asumir como “natural” la marginación o “guetización” del “otro” o la afirmación de identidades múltiples separadas por abismos sociales.

Debe insistirse en que este campo problemático no sólo está relacionado con la globalización. Tiene particular importancia en la construcción de procesos de integración regional y adquiere una visualización pública especial en algunas zonas de frontera a través de casos de fuerte intensidad. Asimismo, no puede separarse de una subjetividad social progresivamente impregnada de una lógica mercantil que, sin embargo, no debe verse como un determinismo social inevitable. En función de lo anterior, lo que se pretende a continuación es generar una mirada sociológica del tema y colocarlo como un desafío urgente más que las sociedades de América Latina tendrán que afrontar.

SUBJETIVIDAD SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL “OTRO”

Si consideramos la subjetividad social como un concepto que apunta a integrar la relación micro y macro de la sociedad —la sucesión de cotidianidades y coyunturas como constitutivas de escalas de tiempo mayores— y que sugiere la construcción de la capacidad social de generar cursos de acción transformadores, entonces encontramos que numerosos autores han trabajado, de alguna manera, tal concepto. Deberá asumirse conceptualmente, además, que “una concepción dinámica de la subjetividad es contraria al determinismo situacionista, pero también a la elección racional, para la cual la construcción de la decisión no es un problema sino un supuesto de que ésta es utilitaria y racional”.3

En función de lo anterior, y considerando que subjetividad social no deja de ser tampoco un concepto amplio y esquivo, los límites de este trabajo imponen una apretada síntesis de algunas posturas que nos permitan establecer la relación con nuestro tema. Y en primer lugar, deben mencionarse los aportes de Antonio Gramsci como uno de los avances más fecundos y en tal caso ineludible dentro del repertorio de autores posibles. Siguiendo a este teórico italiano,4 se considera una subjetividad social en los términos propuestos, como el resultado de un proceso largo y complejo de crítica y de elaboración de formas de conciencia ingenuas y desagregadas hacia su superación por otras formas.

Y si se conviene en este punto general, se desprende que existe una fuerte relación entre la categoría que nos ocupa y la ideología sociopolítica que apoye la construcción de lo nuevo. Aparece la idea de hegemonía, que en la concepción gramsciana es la unificación de fuerzas potencialmente transformadoras, la posibilidad de fusionar elementos intelectuales y morales de agregados diversos que no pierden su identidad en un proceso dinámico. La construcción de una nueva hegemonía, en función de tales agregados, admite así una resignificación permanente. La sociedad civil se convierte entonces en un campo de disputa hegemónico entre clases.

Incluso considerando los deslizamientos de sentido de tales conceptos (hegemonía, sociedad civil) —y que Perry Anderson ha puesto en evidencia hace algunos años—,5 puede decirse que de la mano de Gramsci se comprende la importancia de la conexión entre lo que llamamos subjetividad social y organizaciones sociales y políticas para la construcción del socialismo. Nótese adicionalmente que subjetividad social aparece en forma notoria como un concepto más extenso que ideología. Pues aun considerando ésta en su forma amplia como un conjunto de ideas sistematizado, característico de un grupo social o una clase social, la formulación de subjetividad social sugiere un conjunto de elementos no estrictamente racionales y cognitivos, que se apoyan y expresan en la cotidianidad.

Bosquejados estos supuestos, merece recordarse en una línea de inspiración gramsciana, el énfasis de E. P. Thompson en considerar la clase no sólo como un producto de relaciones económicas, sino como una formación social y cultural dentro de un proceso histórico. Sus preocupaciones constructivistas desplazan la prioridad explicativa al ámbito de la subjetividad social y específicamente encuentra en las experiencias de resolución histórica de necesidades —y en la posterior “elaboración” de las mismas— el camino de prácticas de transformación social. Así, por ejemplo, se ilumina la importancia de “reexaminar todos los densos, complejos y elaborados sistemas mediante los cuales la vida familiar y social es estructurada y la conciencia social halla realización y expresión”.6

Un aporte más reciente al tema puede completar esta brevísima trayectoria. Se trata de los trabajos de Hugo Zemelman7 y su énfasis en la capacidad de construcción de alternativas desde lo potencial. La subjetividad social aparece como la capacidad social para construir, y para ello subraya “la articulación concreta entre necesidades, experiencias y utopías en determinadas coordenadas de tiempo y espacio”.8 La resolución de necesidades en la praxis cotidiana implica tanto al pasado en términos de experiencias, memoria, tradición, como también al futuro en el sentido de reconocimiento de opciones posibles en las distintas coyunturas, y esto supone la utopía.

Como se ha señalado en otro trabajo,9 otros autores pueden convergir en esta línea de razonamiento, y en tal sentido los difundidos trabajos de Bourdieu y su concepto de hábitus son un ejemplo claro. Pero más allá de la argumentación teórica, la idea aquí es recuperar esta línea de análisis a efecto de considerar actitudes y prácticas de intolerancia xenófoba y su potencial arrinconamiento dentro de una subjetividad social con potencialidad de construcción de lo nuevo.

Llegados aquí, la comparación histórica resulta fructífera. Siguiendo a Hobsbawm, ante las necesidades de la industria inglesa a fines del siglo XIX, la “clase obrera” podía ser considerada “como una gigantesca dispersión de fragmentos de las sociedades, una diáspora de viejas y nuevas comunidades”. En efecto, los trabajadores tenían diferentes orígenes sociales, geográficos, de nacionalidad, lengua, cultura y religión, y en tal contexto, el “apasionado internacionalismo de los socialistas”, el llamamiento al “interregionalismo”, no fue totalmente ineficaz, ya que tales diferencias no impidieron la formación de una conciencia de clase unificada.10

El planteamiento de “internacionalismo” como producto no puede hacer obviar que es un proceso que reposa en una sucesión de secuencias relativamente exitosas de predisposiciones de inclusión social en función de solidaridad de clase. En otras palabras, no es más que decir que se fue constituyendo una subjetividad social en correspondencia con la incorporación del “otro”, pero en determinado contexto donde el eje de conflicto trabajo-capital era central.

Y como indica Bellamy Foster,11 quizás se recuerde a Marx como primer analista de la globalización, pero es usual olvidarlo como uno de los primeros estrategas del internacionalismo. Cuando las fronteras de lo propio y lo exterior tienden a ser visualizadas de otra manera, las derivaciones para la construcción de una alternativa resultan igualmente distintas.

Por el contrario, el mismo Hobsbawm señala en otro trabajo12 una situación más similar a la actual. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial se había registrado la mayor migración de la historia, pero tales flujos habían sido interrumpidos por la guerra o por restricciones políticas. Un solo dato: en los quince años anteriores a 1914, desembarcaron en Estados Unidos casi 15 millones de personas. En aquel entonces las migraciones en masa provocaron la aparición de un fenómeno hasta entonces limitado: la diversificación étnica y racial de la clase obrera, lo que “hizo aflorar un racismo siempre latente”.

La clave, obviamente, es el debilitamiento de los movimientos socialistas obreros tradicionales, “puesto que esos movimientos siempre se habían opuesto vehementemente a esta clase de discriminación, amortiguando así las manifestaciones más antisociales del sentimiento racista entre su electorado”.13

La segmentación del mercado de trabajo, la intolerancia entre trabajadores, florecieron, pues, en un contexto de migración masiva y con la influencia disminuida del movimiento socialista. ¿Estamos en una coyuntura parecida en este aspecto? Las evidencias indican que la predisposición a tensiones fuertes entre trabajadores de orígenes geográficos distintos está cobrando fuerza nuevamente, pero, paradójicamente, mientras tanto se habla de globalización e integración regional.

Desde el punto de vista conceptual, el tema adquiere una nueva significación a partir de las controvertidas aportaciones de Negri y Hardt,14 quienes han considerado que las migraciones tienen el potencial de desarrollarse y ser visualizadas como luchas de resistencia. Mientras se refuerzan los intentos —frecuentemente frustrados— de controlar las rutas del “éxodo”, comienza a establecerse ese eje de reivindicación de ciudadanía universal que abre la posibilidad de reapropiación del espacio.

De este modo, el tema de la movilidad geográfica en las regiones fronterizas y sus efectos cobra una importancia decisiva. Porque, ¿cómo se procesa la llegada del “otro”? Potencialmente puede llegarse a un tejido social segmentado, “guetizado” (lo cual trae aparejada la glorificación del estado penal) en contra de la mezcla total, la hibridación, que, como sostienen Negri y Hardt, constituye la figura virtuosa.

Si se consideran estas coordenadas de reflexión, y se tiene presente además la apertura a la construcción de proyectos regionales, algunos extremadamente funcionales para las ambiciones de Estados Unidos, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la potencial concreción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ¿cuáles son las posibilidades que se abren para neutralizar cualquier entramado de intolerancia y de impulsar puentes de conexión transnacionales de clase?

PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y SUBJETIVIDAD SOCIAL

El control del espacio, la disminución de barreras espaciales, es una estrategia inmanente al capitalismo. La conquista progresiva del espacio por el capital en todas sus formas, reproduce relaciones de producción capitalistas o, como queda claro en América Latina, va articulando otras a aquéllas. Sin embargo, los procesos de integración no necesariamente consisten en una totalidad abstracta funcional para el capital.

Dentro de un proceso de integración pueden coexistir otras expresiones potenciales de alternativas sociohistóricas. Señalar que los espacios de integración económica regional son una contribución a la dinámica de globalización, aunque en bases transnacionales acotadas, no implica negar que, como todo proceso social, supone una renegociación continua entre intereses en tensión que no necesariamente tienen que coincidir con aquella racionalidad espacial global.

Estamos ante mutaciones en los procesos productivos de países periféricos en los que formas fordistas y tayloristas se mezclan y funcionalizan con la flexibilidad del modelo posfordista y su sistema basado en la deslocalización productiva, permitiendo (a partir de las nuevas tecnologías en comunicación y transporte ya señaladas) una fragmentación y reubicación de los procesos en la busca de menores costos. Entre los trabajadores, en un proceso de integración regional, se observa así una significativa heterogeneización en función de nacionalidades y grupos.

Esto también se da en el caso de la Unión Europea (UE), que comparativamente ostenta el grado más avanzado de integración. Sabido es que entre los países que la integran se han transferido funciones a órganos supranacionales y necesariamente han debido generarse ámbitos de cooperación. Pero si bien entre los países que la integran existe una posibilidad de movilidad amplia de personas, “la libre circulación sólo podrá convertirse en realidad si los nacionales de la UE no son discriminados en relación con los nacionales del Estado anfitrión cuando intenten ejercer los derechos que les confiere el tratado”.15

No obstante, es un hecho indudable que las fronteras interiores se han vuelto mucho más porosas que las externas. Notoriamente esto es así no sólo en cuanto al intercambio de bienes y servicios, sino también para el libre desplazamiento de personas. ¿Qué puede decirse, pues, de las regiones fronterizas internas? Pues que más allá de algunos problemas puede observarse cierta tendencia a la fluidez, lo cual difiere por completo de las controladas fronteras con países que no pertenecen a la UE.16

Esto está claramente alejado de lo que sucede en el TLC, o incluso en renovadas expresiones de integración en América Latina, tomando como base el Mercosur. En estos casos, las regiones fronterizas internas se constituyen en indicadores de la diferencia respecto del proyecto de la UE. Especialmente porque operan en las fronteras —en particular, y no por casualidad, entre México y Estados Unidos— procesos de control y represión para la libre movilidad de personas, como se verá enseguida.

La puesta en práctica del TLC en 1994 ha tenido profundos efectos.17 Pero especialmente, como era previsible, los tiene sobre la economía mexicana no sólo en cuanto a su apertura económica sino en cuanto a que Estados Unidos define el carácter de los mecanismos supranacionales. Mucha bibliografía se acumula ya sobre la contribución de este bloque a la movilidad del capital; sin embargo, nunca será superfluo insistir en la trampa originaria por la que, paralelamente, las fronteras internas siguen pesando rigurosamente, en especial para evitar el ingreso de personas a Estados Unidos.

La “caza del inmigrante” no impide la entrada ilegal ni que, paradójicamente, el empresariado se beneficie de la misma para mantener bajos los salarios. Por ejemplo, se sabe que en las regiones agrícolas de Estados Unidos, los trabajadores indocumentados ganan en promedio menos de la mitad del salario mínimo estadounidense. El Sindicato de Peones Rurales (United Farm Workers) estima en 800 000 los niños (principalmente provenientes de México y Centroamérica) que se desempeñan como peones zafrales en todo el país. Para la construcción en la zona de Los Ángeles, los indocumentados proveen 18% de la fuerza de trabajo, y se podrían seguir agregando innumerables ejemplos.

Si esto sucede con fronteras internas, piénsese en lo que significa el acceso de inmigrantes ajenos al bloque. El director del Instituto Nacional de Migración de México llegó a calificar de “cáncer” la inmigración ilegal a su país de centroamericanos por la frontera sur. Para detener el flujo migratorio, se ha propuesto, dentro del llamado Plan Sur, reforzar el “sellamiento” de la frontera con Centroamérica. En los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz (parte de la llamada región centromeridional de México, como se sabe, la más pobre) se concentra 80% de extranjeros detenidos.18

Como sucede en todos los casos, la integración social del inmigrante no es fácil, y es frecuente que al mismo tiempo que se les culpa por el desempleo o la alta tasa de criminalidad, comiencen a extenderse las posturas xenófobas. Tenemos así una población en la que la intolerancia se especifica en que los derechos de ciudadanía real se vuelven, en los hechos, cada vez más una ficción. Particularmente la región de frontera se presenta como el símbolo del desvanecimiento del mito de integración social a través del empleo formal y la regulación estatal.

Pero a nuestros efectos interesa observar cómo se construye una subjetividad social de separación del “otro” y, por tanto, de legitimación del esquema dominante. Considérese el caso de la zona Ciudad Juárez-El Paso. En la primera, caracterizada por un alto crecimiento a partir de la industria maquiladora, la población pasó de 800 000 a casi 2 millones de personas desde que entró en vigor el TLC. Por su parte, la ciudad de El Paso se ve influida por la actividad de la anterior; de hecho, se calcula que 40% de las transacciones económicas se deben a la presencia de clientes mexicanos. Obviamente, es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos.

El fuerte desarrollo de la maquila en la zona de la frontera mexicana con Estados Unidos se basa en terribles condiciones de trabajo pero que, al mismo tiempo, sugieren una posibilidad de empleo, por ejemplo, para mujeres jóvenes provenientes de hogares rurales crónicamente pobres. Este tipo de crecimiento es estimulado por la macrorregionalización que, como señala John Saxe- Fernández,19 paralelamente profundiza las divisiones regionales en México.

En este contexto, el proceso de construcción identitaria de los mexicanos en ambos lados de la frontera es complejo, ya que muchos mexicano-estadounidenses construyen su identidad no sólo en relación con los llamados “anglos”, sino también en relación con los mexicanos que viven allende la frontera, según explica el investigador Pablo Vila.20 El tema sustancial aparece cuando algunos de los entrevistados de la investigación citada hicieron comentarios sobre la gente “que viene del sur”, refiriéndose a ellos como personas que tienen una clara ascendencia indígena, y a los que se refieren en términos negativos como “atrasados culturalmente, sin espíritu de lucha, y más inclinados al placer que al trabajo”.

Esto es importante porque se van cristalizando percepciones según las cuales la causa de la pobreza no radicaría en los bajos salarios o en la construcción de derechos desiguales, sino en la propia cultura de la gente, en la forma de ver a esta inmigración “indeseable” del sur de México, según los propios mexicanos del norte. Se señala que algunos entrevistados se declararon partidarios de aplicar en Juárez el mismo tipo de control aduanero que los estadounidenses emplean en sus fronteras.

En síntesis, si en la construcción de identidades locales lo que aparece, con énfasis en la problemática, es el carácter de los “otros” mexicanos, puede suponerse —más allá de la coerción económica y política— que la construcción de lo alternativo es muy difícil. Por ello, adquiere significación aquí el trabajo de algunas organizaciones de la sociedad civil.

La relación entre sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera significó un espacio nuevo que avanzó en promover no sólo el intercambio de información, sino también la consolidación de redes binacionales y la promoción de derechos.21 También se trata de un espacio con un amplio rango de posibilidades identitarias, espejos donde reflejarse, imaginarios que tienen la capacidad de «ordenar» esa realidad social y de proyectar discriminaciones, y en este sentido, tales organizaciones tienen mucho camino por recorrer.

Pero si se considera adicionalmente la actuación de grupos xenófobos, por ejemplo los “caza-ilegales” de Arizona, de los que se explica en ocasiones que “no han violado ningún ordenamiento” porque “han salido en defensa de sus propiedades”,22 o si se observa directamente la “militarización” de la frontera, deberá admitirse que estamos ante un problema que desborda el ámbito de la sociedad civil y desplaza la “intolerancia” directamente al ámbito de la ausencia de voluntad política y, consecuentemente, de políticas efectivas de las instituciones estatales.

También en los países del Mercosur el tema reaparece, aunque con otras características. Recordemos que en este caso la voluntad de integración reapareció con fuerza en la década de los noventa y dio impulso a las estrategias de distensión regional y a la búsqueda de acuerdos. Como es conocido, respecto al Mercosur, en 1991 se firmó el tratado de Asunción y en 1994 se aprobó el proyecto de Arancel Externo Común, que habría de ser aplicado a partir de 1995. En diciembre de 1994, mediante el Protocolo de Euro Preto, se formalizó una estructura institucional.

También es sabido que las asimetrías de sus socios integrantes son importantes. Brasil concentra 80% de la población y 60% del PIB del Cono Sur. No obstante, geopolíticamente pueden confluir los intereses de los países integrantes con mayor facilidad que en el caso anterior. Como sucede con el TLC, éste implica la libre circulación de bienes y servicios, así como de factores productivos, pero hay restricciones (aunque algunos avances) en la movilidad geográfica de las personas. Las fronteras internas no ostentan el grado de limitación en el cruce de las mismas como en el TLC, pero igualmente existen conflictos y tampoco hay todavía libre circulación.

De hecho, la idea de integración latinoamericana se vuelve en ocasiones una ficción cuando se analizan algunos casos. Por ejemplo, lo que sucedió en la frontera Foz de Iguazú (Brasil)-Ciudad del Este (Paraguay), problema vinculado a conflictos de trabajo entre comerciantes informales. Allí —que en verdad es una triple frontera, pues incluye la argentina— cada tanto recobra fuerza, en el plano del discurso, la necesidad de promover un “saneamiento comercial”, ya que, como se sabe, es muy importante el contrabando de productos, el narcotráfico, el comercio ilegal de cigarrillos y las falsificaciones.23

Asimismo, la frecuencia de la explotación sexual y laboral de menores es conocida por la OIT, en tanto existe un importante flujo migratorio en la región que permite la articulación de redes mafiosas. El embarazo adolescente, la evasión escolar y las enfermedades de transmisión sexual son frecuentes entre ellos y se constituyen en indicadores de la situación social general.

En septiembre de 2001, la falta de empleo generó un conflicto en la frontera. Entre los hechos más graves, tuvo lugar una dura confrontación, de la que resultaron heridos trabajadores brasileños y paraguayos, como parte de una disputa que se viene arrastrando en torno a algunos centenares de empleos precarios, de vendedores ambulantes. Los trabajadores brasileños ilegales, como protesta por los controles en Ciudad del Este, cerraron varias veces el llamado Puente de la Amistad. Se estima en cinco mil los brasileños que trabajan en el lado paraguayo, donde la ley restringe a 30% la presencia de mano de obra extranjera en el mercado local.

El famoso Puente de la Amistad se transformó reiteradamente en símbolo fronterizo de un conflicto mayor, en el que las autoridades locales observaron la pasividad de los gobiernos de entonces.24 Las negociaciones incluyeron la convocatoria a la sección local del Foro Económico y Social —ámbito institucional de representación de la sociedad civil— que atribuyó el problema a la retracción de las actividades comerciales y turísticas en la región. Más allá de estas instancias —de dudosa efectividad real—, tales sucesos pusieron al descubierto actitudes de discriminación, de competencia entre trabajadores, de fuerte segmentación social, que desplazan así el problema de fondo: las posibilidades de desarrollo social en el marco de una integración regional efectiva, donde las limitaciones al desplazamiento entre países no aparecen como parte de la solución general. También se observa, una vez más, la debilidad de organizaciones de la sociedad civil en la zona para proponer soluciones alternas al problema.25

¿SIGNOS DE XENOFOBIA EN LA SOCIEDAD URUGUAYA?

Uruguay está integrado al Mercosur, pero el caso adquiere interés en un sentido más amplio. Se recordará que se reconocía en Uruguay un caso por demás excepcional —comparativamente en América Latina— en cuanto a indicadores sociales. Incluso como sociedad se autopercibía como ajena a ciertas realidades de la región. Existe consenso en que esto es ya una cuestión del pasado.

De hecho, se trató de una sociedad nutrida por la inmigración europea, con altas tasas de educación, con una integración social relativamente aceptable, y donde la intolerancia, en el sentido que nos ocupa, era tema de otros, ya que no se presentaban conflictos en tal sentido. Hoy, con una de las crisis socioeconómicas más profundas de su historia, todo lo anterior no es más que memoria histórica y, quizás, soporte de algún mito que haya sobrevivido. Muchas cosas han cambiado, y el tema que nos ocupa no es una excepción, no obstante ser un tema comparativamente acotado.

Como sucede en el resto de América Latina, la uruguaya es hoy una sociedad cada vez más fragmentada, con guetos ostensibles de pobres y de ricos, con espacios formales y zonas donde la informalidad es lo normal. Éste es el caso de la frontera entre Uruguay y Brasil, que si bien no es una zona especialmente conflictiva, presenta problemas relacionados con el desplazamiento regional de fuerza de trabajo y de trabajadores que en forma ilegal cruzan la frontera en busca de una inserción laboral menos precaria.26

Pero también se dan casos que trascienden lo laboral para colocarse en un terreno más amplio, de falso nacionalismo. Por ejemplo, a mediados de agosto de 1997 se presentó como peligro la presencia del Movimiento de los Sin Tierra cerca de la frontera con Uruguay, con declaraciones de “proteger el territorio uruguayo” en una situación artificialmente creada.27 Obviamente, no estaba en las intenciones del movimiento ocupar tierras improductivas de Uruguay (por otra parte, se sabe de grandes extensiones de tierras uruguayas compradas por terratenientes brasileños), pero el simple hecho de estar cerca de la frontera permite promover el llamado “nacionalista” desde el establishment. Cada tanto, alguna nota periodística alerta que el Movimiento de los Sin Tierra está a tantos kilómetros de la frontera.

El tema, sin embargo, no es una visión exclusiva de la derecha política. Discretamente, como corresponde a la “corrección” política uruguaya, en medios altamente educados y progresistas, aparece el miedo a que en la hipótesis de una libre movilidad geográfica, Uruguay sea “invadido” por la fuerza de trabajo brasileña, no tan exigente en derechos, o incluso hasta por integrantes del Movimiento de los Sin Tierra. Por otra parte, existe una inmigración importante de origen andino, aunque acotada en función de la crisis, con un abanico que comprende desde empleadas domésticas peruanas hasta vendedores o músicos bolivianos, y esta situación quizá pueda considerarse una evidencia del principio de una nueva movilidad geográfica que, a su vez, produce una segmentación igualmente novedosa para el caso uruguayo.

Probablemente el caso más conocido sea el de los peruanos que se embarcan como pescadores en buques.28 Recientemente, entre las reivindicaciones del sindicato de trabajadores del mar, aparecía una clara referencia al tema: “no más extranjeros compitiendo deslealmente por nuestros puestos de trabajo”.29 En una nota periodística se recordaba que además de la acusación común en estos casos, de “robar los trabajos”, también en muchos montevideanos aparecen expresiones como la de que “se drogan, se prostituyen, son agresivos, molestan”.30

El imaginario uruguayo, más autocomplaciente de lo que se admite para percibir “cómo somos”, indicaría que no existe xenofobia ante estos modestos flujos de personas; sin embargo, incluso el propio número dos en importancia del Ministerio del Interior llegó a calificar este tipo de inmigración como “indeseable”.31 Debe hacerse notar que, comparativamente, el problema aparece con mayor claridad en Buenos Aires, pero también hay que considerar que se trata de un problema de escala.32

Describe Margulis: “la capital federal es mayoritariamente europea, pero diariamente cobija a millones de personas, cuyos rasgos y color de piel revelan su ascendencia mestiza, y que habitan sobre todo en vastas zonas del Gran Buenos Aires”. A partir de aquí, el autor recuerda que “la discriminación es auxiliar de la pobreza, desalienta, descalifica, reduce la voluntad de utilizar canales de ascenso económico y social”.33

En este contexto general, si algo puede concluirse de todo lo anterior, es que no es el carácter acotado o manejable del fenómeno en Uruguay, sino que el país no es ajeno —pese a su pequeñez— a un esquema de movilidad regional y global creciente. Parte, entonces, de un cuadro crecientemente complejo que incluye seminomadismo transfronterizo y un neonomadismo regional que alienta silenciosamente actitudes de discriminación y rechazo y que un verdadero proceso de integración regional no puede obviar.

EL RECORRIDO PENDIENTE

Ponderar adecuadamente estos casos tomados de la vida cotidiana es esencial porque dan cuenta de la construcción de una subjetividad social proclive o no a una real integración, en este caso latinoamericana. Estudios de psicología social demuestran que a pesar de que la mayoría de las personas en la actualidad confiesan no ser racistas ni tener actitudes de discriminación en general —por la condena social que ello implica—, expresan sin embargo valoraciones negativas y de rechazo hacia minorías étnicas o grupos caracterizados como “diferentes”.34

Corresponde a movimientos y organizaciones sociales —más allá de las propias de los inmigrantes— pensar seriamente en alternativas regionales que incorporen esta dimensión y permitan neutralizar o desactivar las posturas intolerantes en tal sentido. Esto supone construir conciencia social en varios aspectos interrelacionados; en particular, no es posible que se vuelva “natural”, socialmente, que existan ciudadanos de “clase B” o carentes de todo derecho. Bourdieu recordaba precisamente (aunque hay una tradición sociológica en ese sentido) que el discurso dominante tiende a “naturalizar” las cosas tal como están.35

No es ocioso insistir en que el incremento del dumping social y lo que supone —es decir, que algunas regiones compitan con otras a partir de salarios más bajos y que esto “obligue” a mantenerlos así—, y la superexplotación del trabajo inmigrante —que a su vez es subvalorado—, son procesos intrínsecos a la mayor capacidad de movilidad geográfica del capital que se favorece en procesos de integración. Estas dinámicas suele presentarlas el discurso predominante como productos sociales inevitables y ahistóricos (la idea de que siempre existieron).

De esto se deriva que la acción política alternativa nunca puede girar en la amputación del derecho a desplazarse, sino en sustentarlo junto con una tendencia real de uniformización regional —posnacional— de la legislación laboral. Por ejemplo, sindicatos y algunas centrales sindicales en el Mercosur han impulsado —aunque por canales institucionales y sin buscar apoyo social— normas laborales básicas comunes36 en busca de nivelar “hacia arriba”. Hasta el momento, al menos hasta la era Lula-Kirchner, esto no ha tenido mayores consecuencias ni se han establecido compromisos vinculantes entre estados en ese sentido. De aquí en más, puede haber otros escenarios posibles, pero no es el caso tratarlos en este artículo.

En suma, la desactivación de una subjetividad intolerante con el “otro” está atada a dos ejes que forman parte, en verdad, de una misma propuesta alternativa. Para organizaciones y movimientos sociales, se trata de tomar conciencia de que la temática forma parte de una construcción colectiva inevitablemente posnacional (y por tanto compleja) que se hace necesaria sobre todo en formatos de integración regional (sea bajo el esquema Tratado de Libre Comercio o Mercosur). En segundo lugar, hay que tener presente que si los estados integrantes de un acuerdo no asumen efectivamente la construcción y el cumplimiento de derechos posnacionales, entonces la democracia se vuelve pura ficción ideológica.

CONCLUSIONES

El debilitamiento de la significación de las fronteras nacionales es notorio en cuanto a la creciente movilidad del capital, pero es un proceso que no tiene correlación con los frenos al desplazamiento geográfico de los trabajadores. Para éstos, las fronteras continúan siendo una forma de control social fuerte —aunque no inexpugnable— ante la brutal disparidad entre niveles de ingresos, empleo y bienestar social. Esto se da no sólo entre países centrales y periféricos, sino en el seno de una región periférica como lo es la integrada por el Mercosur y los países andinos que presentamos en último término.

En este sentido, se ha insistido en la contradicción que afecta al mundo laboral en relación con el mundo del capital. Entre las consecuencias de este aspecto —y como una de las mutaciones globales en curso— hay que considerar entonces un proceso de “des-” y “re”territorialización de los mercados de trabajo. En este contexto debe comprenderse la intolerancia hacia el “otro”, la forma de percibirlo y la lucha social que significa la construcción de una subjetividad social incluyente.

El tema de este tipo de intolerancia remite así al planteamiento de dinámicas laborales más complejas que en el pasado y en tal sentido es preciso considerar como dimensión ausente el impulso a derechos laborales que trasciendan estados-nación. ¿Se puede seguir pensando que es posible separar derechos y condiciones laborales tajantemente —a veces con muros, como entre México y Estados Unidos— en ambos lados de una línea fronteriza? Todo indica que no y, sin embargo, es una realidad que se soslaya frecuentemente en la mesa de negociaciones de los tratados de integración.

Con los antecedentes que en tal sentido impregnan al TLC, ¿puede pensarse seriamente el ALCA? De todos modos, sea que se asuma que vamos hacia un simple incremento del intercambio económico y comercial regional, sea que se piense en un proyecto latinoamericano alternativo real, inevitablemente deberán considerarse tanto aquellos derechos como una subjetividad social que aglutine tal integración. Desde nuestra perspectiva, esto no ha sido aún ponderado adecuadamente.

Debe subrayarse adicionalmente que la asimilación cotidiana de elementos cognitivos y valorativos que proporcionan formas de razonamiento sobre lo intercultural y la inclusión del “otro” es un proceso lento y complejo, pero que también hace a la construcción de lo alternativo. Por el contrario, una sociedad que no pueda procesar esta dimensión terminará siendo una sociedad anómica, conflictiva y por tanto intolerante.

Hasta el momento, movimientos y organizaciones de la sociedad civil han tenido en los procesos de integración una presencia nula o testimonial como para incidir efectivamente en los mismos, tanto en éste como en otros aspectos. Sin embargo, no se trata de una mera participación institucionalizada. Está abierta de hecho una variante significativa con el potencial fortalecimiento de nexos de cooperación no institucionalizados, más allá de fronteras, entre diversos actores sociales. De cómo se plasmen tales nexos, dependerá también la construcción de otra subjetividad social posnacional incluyente.

 

1 Francisco Fernández Buey, La barbarie de ellos y de los nuestros, Barcelona, Paidós, 1995.        [ Links ]

2 Xenofobia y racismo designan cosas diferentes. La primera, el rechazo ante el extranjero; el segundo, el rechazo a grupos a los que se atribuyen diferencias físicas o biológicas. Pero ambos tienen una misma base de sobreestimación de lo propio y rechazo del “otro”, construida culturalmente.

3 Enrique de la Garza Toledo, “Las teorías de la elección racional y el marxismo analítico”, Estudios Sociológicos, núm. 35, México, El Colegio de México, 1994, p. 375.        [ Links ]

4 Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1985.         [ Links ]

5 Perry Anderson, Las antinomias de Antonio Gramsci, Buenos Aires, Cuadernos del Sur, núms. 6 y 7, 1987 y 1988.         [ Links ]

6 Edward P. Thompson, Miseria de la teoría, Barcelona, Crítica, 1981, p. 262.        [ Links ]

7 Hugo Zemelman, Los horizontes de la razón, Barcelona, Anthropos/El Colegio de México, 1992, ts. I y II.         [ Links ]

8 Hugo Zemelman, “Sujetos y subjetividad en la construcción metodológica”, en Emma León y Hugo Zemelman (coords.), Subjetividad: umbrales del pensamiento social, Barcelona, Anthropos/CRIMUNAM, 1997, p. 28.         [ Links ]

9 Alfredo Falero, “Reflexiones en torno a instrumentos conceptuales para el análisis de acciones colectivas”, Revista de Ciencias Sociales, núm. 15, Montevideo, Departamento de Sociología, Universidad de la República, 1999.         [ Links ]

10 Eric Hobsbawm, La era del imperio, 1875-1914, Buenos Aires, Crítica, 1998 (1a. edición en inglés, 1987), pp. 129 y 130.         [ Links ]

11 John Bellamy Foster, “Marx and Internationalism”, Monthly review, julio-agosto, 2000.        [ Links ]

12 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998 (1a. edición en inglés, 1994), p. 95.         [ Links ]

13 Op. cit., p. 311.

14 Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002.        [ Links ]

15 Jacqueline Bhabha, “Pertenecer a Europa: ciudadanía y derechos posnacionales”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 159, Unesco, marzo, 1999.        [ Links ]

16 Los acuerdos de Schengen de 1995 establecen la abolición de controles internos (a excepción de Gran Bretaña e Irlanda). En el caso de los países del Este que están dentro de la ampliación de la Unión, la libre circulación y otros derechos deben esperar un “periodo de transición”.

17 Véase por ejemplo Ian Robinson, “¿Cómo afectará el Tratado de Libre Comercio los derechos de los trabajadores en América del Norte?”, en Graciela Bensusán y Arnulfo Arteaga (coords.), Integración regional y relaciones industriales en América del Norte, México, Flacso/UAM, 1996.        [ Links ]

18 “Se apresta el gobierno a abatir en la frontera sur el cáncer de la inmigración”, La Jornada, México, 27 de marzo de 2002.

19 John Saxe-Fernández, “Mexamérica: la dialéctica entre la macro y microrregionalización”, en Globalización, imperialismo y clase social, Buenos Aires, Grupo Editorial Lumen/Humanitas, 2001.         [ Links ]

20 Pablo Vila, “Construcción de identidades sociales en contextos transnacionales: el caso de la frontera entre México y los Estados Unidos”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 59, Unesco, marzo, 1999.        [ Links ]

21 Véase por ejemplo Jonathan Fox, “Evaluación de las coaliciones binacionales de la sociedad civil a partir de la experiencia México-Estados Unidos”, Revista Mexicana de Sociología, México, UNAM, julio-septiembre, 2001.        [ Links ]

22 La Jornada, México, 23 de noviembre de 2002.

23 Correo Sindical Mercosur, núm. 56, noviembre, 2000. El informe agrega que, según Brasil, el comercio ilegal moviliza unos 12 000 millones de dólares al año, mientras que para Paraguay sería la mitad.

24 Correo Sindical Mercosur, núm. 86, 24 a 30 de septiembre de 2001. El intendente de Foz de Iguazú sostuvo que la desidia de los gobiernos de Brasil y Paraguay estaba convirtiendo el lugar “en una especie de franja de Gaza latinoamericana”.

25 No se desconoce aquí la existencia de una Coordinadora Paranaense en Acción, la cual promovió protestas que implicaron el aislamiento de Ciudad del Este, sino que se alude en general a la histórica fragilidad de construcción de organizaciones autónomas y al establecimiento de redes activas locales con carácter binacional.

26 Analizamos estos aspectos detenidamente en otro artículo reciente: Alfredo Falero, “Migración laboral en un contexto de regionalización y globalización: un desafío para la sociedad civil”, Revista de Ciencias Sociales, núm. 20, Montevideo, Departamento de Sociología, 2003.         [ Links ] La explotación laboral en zonas fronterizas entre Uruguay y Brasil es cada vez más frecuente, especialmente en actividades como la forestación y el arroz. Se han identificado, por ejemplo, brasileños indocumentados que trabajan en condiciones infrahumanas.

27 Crónica de Samuel Blixen, Brecha, 29 de agosto de 1997. El manejo periodístico de la supuesta “invasión” de los Sin Tierra fue de El País del domingo 17 de agosto de 1997.

28 Véase Brecha, 18 de mayo de 2001 (“Sudacas de acá”) y La República, 12 de junio de 2001 (“Peruanos son explotados”).

29 Volante distribuido en una manifestación ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 5 de mayo de 2003.

30 Nota de Matías Castro, semanario Brecha, 13 de junio de 2003.

31 Brecha, 20 de septiembre de 2002.

32 En tal sentido, el sindicalismo argentino concentrado en la CGT, como en otros temas, ha asumido posiciones de intolerancia reconocidas y muy cuestionadas, postura que se diferencia notoriamente de la adoptada por la central sindical uruguaya PIT-CNT.

33 Mario Margulis, “La ‘racialización’ de las relaciones de clase”, en La segregación negada: Cultura y discriminación social, Buenos Aires, Biblos, 1999.         [ Links ] Por otra parte —y pese a las críticas metodológicas que puedan realizarse—, no deja de ser un indicador que datos de una encuesta telefónica entre 500 personas de la capital federal revelaban que la percepción de 8 de cada 10 de ellos era que los inmigrantes les quitan su trabajo, y casi 70% expresaba su rechazo a aquellos que llegaban (Braidot & Asociados, fuente Terra, internet).

34 Dalia Szulik y Enrique Valiente, “El rechazo a los trabajadores inmigrantes de países vecinos en la ciudad de Buenos Aires”, en La segregación negada..., op. cit., p. 226.        [ Links ]

35 A propósito cabe recordar de Pierre Bourdieu su llamado a la construcción de un “movimiento social europeo”. Véase por ejemplo Contrafuegos 2, Barcelona, Anagrama, 2001.

36 Particularmente, el impulso de una originaria “carta social” se transformó, luego de una difícil negociación, en una insuficiente y modesta “Declaración socio-laboral del Mercosur” aprobada en diciembre de 1998 sin efectos sociales reales