Una mirada territorial de la ruralidad y la igualdad de género¹

En la palabra “rural” encontramos varios imaginarios. Para algunos lo rural significa oposición de lo urbano, concibiendo a este último como sinónimo de lo moderno, dinámico y desarrollado. Pero también está la idea romántica de lo rural como un espacio tranquilo, acogedor, bucólico y seguro, ajeno a las múltiples demandas que impone lo urbano. Esta dicotomía urbano-rural niega la profunda articulación de las dinámicas rurales con el mundo urbano, la cual conforma una fuerte red de interdependencias rural-urbanas, como intercambio de bienes y servicios, relaciones familiares o tránsito de personas, entre otros. Desde la perspectiva económica y considerando la estructura de empleo, se ha asociado tradicionalmente lo rural a una economía agrícola, sin embargo, a partir de la década de 1990 se han incrementado las cifras de fuentes de ingresos rurales provenientes de actividades no agrícolas. ^{Köbrich & Dirven (2007)} han aseverado que más del 35% de la población rural no tiene en la agricultura su principal motor económico, sino a una multiplicidad de actividades relacionadas con el manejo de los recursos naturales, como lo forestal, el turismo y la elaboración de artesanías, entre otros. Desde las estadísticas nacionales lo rural se ha definido a partir del tamaño de una localidad, es decir, que tenga menos de 2500 habitantes; el resultado de este criterio es que México está altamente urbanizado, pues más del 70% de su población vive en sitios con más de 2500 habitantes, una subrepresentación de lo rural frente a lo urbano que en la práctica conlleva a que la inversión pública no privilegie lo rural, sino lo urbano-centrista en el gasto público. Tres de cada cuatro personas pobres en los países en desarrollo habitan en zonas rurales (^{Fernández et al., 2019}; ^{Berdegué & Favareto, 2019}; ^{INTA, 2007}; ^{Martínez-Carrasco Pleite et al., 2014}).

Las definiciones tradicionales han mostrado ser insuficientes para abordar la complejidad que encierran las realidades rurales, de tal suerte que se vienen construyendo nuevos planteamientos que recuperan la diversificación productiva y la multifuncionalidad, alejándose de la dicotomía entre rural y urbano, en donde lo rural se define como oposición de lo urbano y no desde sus propias especificidades. Al respecto, ^{Kay (2009)} recorre las narrativas de la “nueva ruralidad” argumentando que en América Latina se deben a que la estrategia de desarrollo, centrada en el Estado, ha optado por la propuesta neoliberal basada en el mercado, ocasionando así la reestructuración de la economía rural. ^{De Grammont (2004)} abona a la discusión argumentando que en la era de la globalización del capital, las poblaciones rurales no agrícolas son plurifuncionales y desarrollan múltiples actividades económicas. ^{Van Der Ploeg (2016)} complejiza el debate, al exponer que, si bien la dinámica capitalista influye decisivamente en los modos de vida de las sociedades rurales, no hay que menospreciar el papel de los factores internos de la vida campesina en la gobernabilidad rural. En dicho contexto, el enfoque territorial aporta a una comprensión más integral de lo rural, contribuyendo a un nuevo quehacer en las políticas públicas de su desarrollo, orientado al impulso de cambios para reducir la pobreza y la desigualdad e incrementar las oportunidades de bienestar social. Ello exige una perspectiva interdisciplinaria y coordinación intersectorial para potenciar las oportunidades de construir un proceso más integral, equitativo y sostenible en las zonas rurales (^{Fernández et al., 2019}).

Para comprender el enfoque territorial es imprescindible aclarar el concepto de territorio. ^{Buzai & Baxendale (2011)}, ^{Alburquerque (2015)}, ^{Renault (2010}), ^{Schejtman & Berdegué (2004)} y ^{Porto-Gonçalves (2009)} coinciden al afirmar que el territorio es más que un espacio geográfico y que se configura como una construcción social caracterizada por una base de recursos naturales específica, un tejido socioinstitucional con identidad y formas de organización propias, y estilos de producción y distribución del ingreso, en donde los actores establecen el significado y apropiación del espacio físico y social con sus relaciones. La consideración del territorio como construcción social y su esencia relacional -relaciones entre actores, entre espacios, entre instituciones, entre estructuras, etcétera- señala la centralidad de los actores en este enfoque. Subrayamos que la configuración del territorio no se da exclusivamente por actores que cohabitan en el mismo espacio físico, sino que también pueden intervenir actores externos que se relacionan y forjan diferentes tipos de intercambios con él, de tal suerte que, según ^{Morales Barragán & Jiménez López (2018)}, para incluir a los actores en la definición del territorio se recurre a los vínculos que ellos tienen con los procesos que allí se desarrollan y no a su carácter de habitante, toda vez que el actuar de los agentes no se limita al ámbito de su nivel particular, sino hay una red de relaciones en donde lo local es influido e influye en lo regional y nacional.

Pasamos ahora a dilucidar los elementos clave que componen el enfoque territorial de desarrollo rural. Según ^{Berdegué & Favareto (2019)}, a pesar de la diversidad de propuestas para ello, hay en estas cinco elementos comunes: 1) reconocimiento del territorio como un conjunto de estructuras, instituciones y actores, es decir, el territorio como espacio socialmente construido; 2) reconocimiento de la diversidad sectorial de la economía rural, más allá de las actividades agrícolas; 3) reconocimiento de las relaciones rurales-urbanas, con la valoración de sus interdependencias y articulaciones; 4) reconocimiento de la necesidad de plantear estrategias de desarrollo desde abajo y desde el territorio mismo, aunque en diálogo y articulación con dinámicas extraterritoriales, dado que los territorios son construcciones sociales únicas y diferentes entre sí; y 5) reconocimiento de que la edificación de una agenda territorial supone la construcción de un actor territorial colectivo, con la coordinación de diferentes perspectivas sectoriales alrededor de una visión de futuro común, formalizada y exigible. No se puede pensar en una estrategia de desarrollo territorial partiendo de una suma de intereses particulares ni mucho menos desde las prioridades de los actores con mayor poder. Con estos referentes ^{Berdegué & Favareto (2019, p. 9)} retoman a Fernandez & Asensio (2014) al plantear al desarrollo rural como “un proceso de construcción social de un actor colectivo, expresivo del territorio, dotado de una estrategia de largo plazo y con capacidad y poder para intentar llevar adelante un programa de desarrollo”.

El enfoque territorial cobra relevancia cuando se adopta la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),² pues ambos coinciden en sus narrativas de intersectorialidad, articulación y participación social para erradicar la pobreza y la desigualdad, así como buscar sociedades con mayor bienestar que impulsen la conservación de los recursos naturales. Los ODS abren una oportunidad para promover el enfoque territorial, de tal suerte que los primeros pueden funcionar como una referencia estratégica y programática para los segundos, en un entorno de al menos dos cambios sustantivos del quehacer actual del desarrollo rural: i) la redefinición de su marco conceptual, y ii) la construcción de una renovada arquitectura institucional, que produzca agendas intersectoriales con mecanismos robustos de coordinación. No es un reto menor, sino más bien uno de los principales desafíos que enfrentan dichos enfoques para su implementación, al demandar la construcción de mecanismos institucionales que superen las lógicas de organización y funcionamiento compartimentalizados y articulen actores con diversidad de intereses bajo una visión común, es decir, que involucra cambios sustanciales en la manera de pensar y hacer de las instituciones (^{Berdegué & Favareto, 2019}; ^{RIMISP, 2018}).

Al referirnos a la reducción de las desigualdades se hace imprescindible una lectura de las que existen entre hombres y mujeres a nivel de los territorios, debido a su impacto negativo en la construcción de procesos de sostenibilidad local, toda vez que las inequidades de género, a la par que restringen las condiciones y calidad de vida de las mujeres, impactan en las desiguales posibilidades de desarrollo de los territorios y de sus habitantes. Un acercamiento a las dinámicas territoriales desde una perspectiva de género evidencia que las mujeres carecen de oportunidades para participar activamente en el desarrollo de sus comunidades, y de los beneficios de los resultados, lo que retroalimenta el círculo vicioso de la desigualdad social, expresada, entre otras, en las dimensiones económica y política. Asimismo, no existe un colectivo de mujeres en abstracto, dado que las mujeres rurales enfrentan importantes brechas comparadas con las urbanas, lo que pone de manifiesto una persistente desigualdad territorial, que mantiene a las mujeres rurales en peor situación relativa, toda vez que los territorios rurales han sido sistemáticamente excluidos de las dinámicas de desarrollo (^{Molina, 2018}; ^{Fernández et al., 2019}; ^{RIMISP, 2018}).

Retomando a ^{Calcagni & Cortínez (2017)}, en cada territorio se configuran distintos sistemas de género que favorecen o restringen las dinámicas de inclusión de las mujeres para el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, redes y responsabilidades, entre otros activos que determinan a priori las esferas de acción de hombres y mujeres. Desde luego, el acceso de las mujeres a un mayor número de activos da más oportunidades para los territorios en los que habitan, así como para sus habitantes, lo que genera una espiral virtuosa en donde el empoderamiento femenino es el motor para el fortalecimiento territorial. En virtud de ello, es imperativo que las políticas públicas hagan visibles las brechas territoriales y las de género, promoviendo la coordinación entre programas de desarrollo rural e igualdad de género, tomando en cuenta las exclusiones históricas que enfrentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos en los territorios rurales y el despliegue de estrategias novedosas para facilitarles su integración económica y capacidad de agencia, potenciando así su posición en los territorios. Si el enfoque territorial ya es un desafío, añadirle la perspectiva de género lo hace mayor para la institucionalidad de sus políticas y programas, sin embargo, es la clave para un abordaje más integral que lleva a cambios más inclusivos y sostenibles.

Los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS) y la igualdad de género

El agua y el saneamiento, además de ser servicios básicos que satisfacen las necesidades humanas, son derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales. Haciendo un breve recorrido por el proceso de visibilización de los derechos al agua y al saneamiento en el marco del derecho internacional, en 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) publicó la Observación General nº 15, titulada «El derecho al agua», en la cual afirma que: “[…] el derecho humano al agua inherente a cada persona le otorga el beneficio de tener suficiente agua, viable económica y físicamente, de manera segura y aceptable, para uso personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho.” (^{CDESC, 2003}).

En 2010 fueron aprobadas dos resoluciones por Naciones Unidas, ambas, al incluir el saneamiento, con un propósito más integrador que el de 2002. La primera la presentó Bolivia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en ella se reconocen los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS) como esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; y además exhorta a los países y a las organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades para los países en desarrollo, en aras de intensificar esfuerzos para avanzar hacia el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento. La otra resolución, firmada por el Consejo de Derechos Humanos, argumenta que los derechos humanos al agua y al saneamiento están indisolublemente asociados al derecho a la vida y a la salud física y mental (^{Héller, 2012}; ^{Becerra Ramírez & Salas Benítez, 2016}; ^{Obani & Gupta, 2015}).

A pesar de que los DHAS estén plasmados en la Constitución mexicana desde 2012, la problemática de acceso al agua y al saneamiento en zonas rurales y periurbanas marginadas es una asignatura pendiente. Si bien México acogió las resoluciones globales, haciéndose legalmente responsable de la implementación de esos derechos en su territorio nacional, aún no genera alternativas en pro de su justicia distributiva, de modo que los instrumentos jurídicos, el marco institucional, las políticas y programas, los mecanismos y estructuras de gobernanza, se articulen para garantizar en la práctica el ejercicio de esos derechos y viabilizar a que las personas los exijan con el respaldo del marco legal e institucional (^{Héller, 2017}; ^{Sultana & Loftus, 2014}; ^{WaterLex, 2017}).

El no ejercicio de los DHAS implica desigualdad de género debido a los roles asignados: los hombres se dedican más a actividades remuneradas y las mujeres mayormente a los quehaceres domésticos, en los que el acceso al agua y al saneamiento son claves. Dicha situación provoca discriminación, pues da origen a un espacio de negación que desdibuja e invisibiliza el trabajo femenino. Las formas tradicionales de organización social basada en la subordinación de las mujeres respecto de los hombres las mantiene en desventaja y alimenta el ciclo vicioso de exclusión que impide un avance integral hacia sus oportunidades de desarrollo e inclusión social. Además de tal desequilibrio con sus impactos diferenciados, la brecha entre los territorios rurales y urbanos coloca a las mujeres rurales en una mayor subordinación y desigualdad, dado que en donde viven hay más dificultad para garantizar servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento, con un efecto decisivo sobre su carga de trabajo, lo que, por otra parte, potencializa la exclusión que de por sí padecen (^{Molinares-Hassan & Echeverría-Molina, 2011}; ^{CEPAL, 2019}).

Ante la carencia de acceso a los servicios, el papel que las mujeres asumen en la administración doméstica del agua hará que su carga laboral y de salubridad sea más grande que la impuesta a los hombres. Si retomamos algunas variables de los DHAS³ podemos visibilizar las inequidades que se profundizan por esa carencia. Con relación a la disponibilidad, si no hay abasto suficiente, son principalmente las mujeres las que acarrean el agua al hogar. A nivel mundial esta actividad tiene la siguiente distribución: 64% mujeres, 24% hombres, 8% niñas y 4% niños. Ello les quita tiempo a las mujeres que podrían dedicar a tareas productivas o esparcimiento. Y si el abasto no es regular y hay tandeo, son las mujeres las que están al pendiente de los horarios de disponibilidad del agua, lo que les ocasiona estrés físico y emocional (^{CEPAL, 2016}).

En lo tocante a la calidad, si el agua está contaminada o no hay saneamiento adecuado, son las mujeres quienes principalmente se encargarán de las personas enfermas de la familia, perdiendo tiempo que podrían dedicar a otras actividades. La accesibilidad también tiene su impacto diferencial de género, pues si las fuentes de agua no están cerca de la casa, hay riesgo de violencia sexual en el camino, además del tiempo que se dedica al abasto o a la búsqueda de fuentes alternas de agua de calidad menos comprometida. Y, en cuanto al saneamiento, si las instalaciones están lejos, la gente no la usará, alimentando el círculo vicioso de las enfermedades con el incremento del trabajo femenino. La asequibilidad es un factor en especial limitante, dado que la pobreza tiene rostro de mujer. De hecho, en América Latina, por cada 100 hombres en extrema pobreza, hay 132 mujeres. Ello implica que los hogares con jefatura femenina son más pobres y tendrán más dificultades de hacerse cargo de los costos de agua y saneamiento (^{CEPAL, 2016}).

Uno de los principios transversales que rigen el acceso y disfrute de todos los derechos humanos, incluido los DHAS, es la no discriminación e igualdad sustantiva, la cual supone prevenirla tanto en la legislación como en las políticas y en la práctica modificando las circunstancias que impiden que las personas ejerzan plenamente sus derechos y tengan acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública. Previniendo la discriminación se visibilizan las inequidades en los procesos que garantizan el ejercicio de los derechos, entre ellas las de género. Al lograr la igualdad sustantiva, las mujeres disfrutarán de derechos en el mismo nivel que los hombres, con los mismos ingresos, adopción de decisiones e influencia política, y tendrán así una vida libre de violencia. El acceso a la información es otro principio transversal para el disfrute de los DHAS. Su cumplimiento implica que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos para exigirlos y ejercerlos, y que el Estado recurra a medios de comunicación efectivos para que todas las personas tengan acceso a la información, incluyendo las redes sociales y alternativas accesibles para zonas rurales aisladas (^{AECID, 2017}; ^{Luis Romero et al., 2013}).

Si bien el eje de dicha contribución se basa en los principios de los DHAS impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, no hay que obviar el debate que existe sobre la necesidad de territorializar el desarrollo con la valorización del espacio local como agente productivo recuperando su característica pluridimensional frente a la homogenización de lo global. Así, con la espacialización concreta de las propuestas se retoman y potencian los recursos propios de los territorios fortaleciendo los procesos de cohesión territorial, autogestión y autonomía (^{Sosa González et al., 2020}). ^{Juárez Alonso (2013)} argumenta que lo local debe ser el espacio desde el cual se orienten los esfuerzos de planeación y organización para solucionar problemas en aras de conseguir escalar a lo global. Es la escala micro, con su complejidad geográfica, organizacional, política, social, económica y cultural, la que permite construir una base sólida de desarrollo, en la cual se pueda decidir hacia dónde caminar sin tener que seguir orientaciones globales o paradigmas absolutos.

Metodología y caracterización de la localidad de estudio

Elegir el municipio de Zautla y en particular El Mirador para realizar esta investigación respondió a dos criterios. Primero, porque esta segunda localidad refleja las condiciones en las que se encuentra el ejercicio de los DHAS en un alto porcentaje de las zonas rurales del país, debido a su marginación y al abandono del municipio en cuanto a la prestación de dichos servicios, de modo que la población no ejerce sus derechos humanos al agua y mucho menos al saneamiento. Segundo, en dicha comunidad se construirán sistemas descentralizados para el acceso al agua y al saneamiento: cisternas para almacenar agua de lluvia, baños secos y biofiltros para el tratamiento de aguas residuales, mediante una iniciativa apoyada por el Conacyt e impulsada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la organización civil Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), la cual posee con la comunidad una larga trayectoria de acompañamiento.

Para el desarrollo de este estudio se revisó la literatura sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, enfoque territorial y de género. Posteriormente, se recurrió al Censo de Población y Vivienda del INEGI, para la información que caracteriza a la región en términos sociodemográficos y económicos, así como en sus condiciones de acceso a los servicios de agua y saneamiento.

Finalmente, se realizó trabajo de campo para recolectar datos empíricos; para ello se aplicaron entrevistas con las que se obtuvo información primaria relativa a percepciones sociales sobre el acceso al agua y al saneamiento en la localidad rural El Mirador, municipio de Zautla, sierra nororiental de Puebla. El diseño de las entrevistas contempló la definición de variables como la identificación de las personas informantes; actividades principales y fuentes de ingreso; acceso a los servicios de agua y saneamiento, tomando en cuenta la accesibilidad, disponibilidad, calidad, asequibilidad y acceso a la información. Se aplicaron 33 entrevistas semiestructuradas, 21 a mujeres y 12 a hombres, representantes de cada una de las viviendas de la localidad.

Como herramienta de investigación cualitativa, la entrevista permite obtener información sobre las percepciones de un grupo social sobre un tema específico. A partir de los criterios normativos de los derechos humanos al agua y al saneamiento, se definieron las categorías de análisis y variables que permitieran una articulación entre esos criterios, la igualdad de género y las percepciones sociales sobre el acceso a los servicios, la finalidad era construir una reflexión acerca de los avances en el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento en El Mirador y sobre el impacto diferencial entre hombres y mujeres del no ejercicio de los derechos, pero desde la propia voz de los actores locales. El propósito era analizar la operacionalidad de los DHAS en la práctica cotidiana de una comunidad rural. Según ^{Zerpa de Kirby (2016)}, la entrevista busca comprender aspectos de una situación social, en donde el/la investigador/a juega un papel primordial, al constituirse en el instrumento de recolección de datos, lo cual exige, además de la interacción directa con los sujetos de la investigación, sensibilidad y empatía para generar la confianza que permite el diálogo y la obtención de la información. Cabe destacar el carácter contextual de la investigación cualitativa, esto es, que se trata de la interacción en un espacio definido con una cultura particular.

Conocer las percepciones sociales acerca del acceso al agua y al saneamiento en la localidad de estudio posibilita acercarse a la subjetividad social para determinar las estrategias de la población para disponer de dichos servicios. En la medida en que toda percepción genera significaciones y que estas son atributos culturales procedentes de interacciones sociales, no hay una única situación objetiva en la localidad, sino diferentes interpretaciones sobre el acceso a los servicios, las cuales se darán en función de las vivencias particulares del grupo social (Durand, 2008). Sin embargo, ello permite una aproximación exploratoria a la comunidad con el fin de generar a mediano plazo propuestas encaminadas al ejercicio progresivo de los DHAS desde los propios sentires y necesidades locales, creando mayores oportunidades de que los actores locales se comprometan con el proyecto de incidencia.

El Mirador pertenece al municipio de Zautla, el cual se ubica en la región II de la sierra nororiental del estado de Puebla, que a su vez forma parte de la Sierra Madre Oriental. Zautla cuenta con 20 717 habitantes: 9828 hombres y 10 889 mujeres. Es un municipio, como el propio estado de Puebla, con alto grado de marginación, destacándose su vulnerabilidad en el acceso a servicios que conforman el indicador de marginación, esto es: salud, escolaridad, y servicios al interior de la vivienda: agua, drenaje, energía eléctrica y piso de tierra (^{Conapo, 2020}). La toponimia de la localidad tiene dos acepciones derivadas de la lengua náhuatl. Una primera versión propone que significa “Lugar de Zautic” -antiguo tlatoani precortesiano- y otra que el nombre Zautla deriva de tzahuitl, “hilar” o “tejer”, al que se une como sufijo el término tlalli, “tierra”, para significar “Lugar de los que hilan o elaboran tejidos.” Desde 1895 es un municipio libre (^{INAFEDI, 2010}). La orografía de la región se caracteriza por relieves montañosos, serranías y cerros, por lo que sus caminos y vías comunicación son en su mayoría de difícil acceso, situación que se agrava en la temporada de lluvias.

El Mirador tiene 146 habitantes: 65 hombres y 81 mujeres. Llama la atención que las mujeres sean más que los hombres tanto en Zautla, como en esta localidad. De hecho, la población femenina en El Mirador es del 56%. Ello se explica por los patrones migratorios de la zona, que históricamente ha brindado mano de obra masculina a los Estados Unidos, principalmente, y a otros estados de la república mexicana. El analfabetismo en El Mirador es de 10 personas, correspondiente a la población de 15 años y más, la cual se compone de un hombre y 9 mujeres. Si bien el nivel de analfabetismo no es tan alto, equivalente al 11% de la población femenina, el promedio de escolaridad tampoco es elevado: el masculino es de 5.36 y el femenino de 5.54 (^{INEGI, 2020}).

Fuente: Elaborado por Ricardo López, 2021.

Figura 1 Ubicación de la zona de estudio en la república mexicana. 

En cuanto al acceso a los servicios, del total de 32 viviendas habitadas, 31 cuentan con agua entubada en la propia vivienda, cinco cuentan con drenaje, la totalidad posee energía eléctrica y 18 tienen piso de tierra (^{INEGI, 2020}). Estos datos no coinciden plenamente con el trabajo de campo realizado en tres temporadas en el segundo semestre de 2019, por el cual se encontraron 33 viviendas habitadas, de las que ninguna cuenta con el servicio de agua dentro de la vivienda ni drenaje sino fosa séptica. La población de 12 años y más ocupada de la localidad es de 74 personas: 33 hombres y 41 mujeres (^{INEGI, 2020}). El dato contrasta con el del censo anterior (^{INEGI, 2010}), cuando se reportaron 27 personas ocupadas: 20 hombres y 7 mujeres, en coincidencia con la tradicional división sexual del trabajo, en la que los hombres fungen de proveedores y las mujeres se dedican a las tareas de reproducción de la unidad doméstica. De hecho, en el trabajo de campo encontramos muchas más mujeres que hombres en la comunidad, y nos indicaban que los hombres estaban trabajando y que ellas “no trabajaban”, invisibilizando así sus infinitas responsabilidades domésticas y familiares.

El acceso al agua y al saneamiento en El Mirador desde un enfoque de derechos y de género

En cada vivienda habitada de El Mirador se aplicó una entrevista sobre su acceso al agua y al saneamiento desde la perspectiva del ejercicio de esos derechos humanos. Se aplicaron 33 entrevistas, 21 a mujeres y 12 a hombres. El hecho de que el 64% de las personas entrevistadas hayan sido mujeres responde a que durante el día la comunidad es mayoritariamente territorio de mujeres, pues gran parte de los hombres sale a trabajar, como jornaleros agrícolas en los campos de caña de azúcar desplazándose a Veracruz, o como albañiles en los centros urbanos próximos. A pesar de que estas mujeres no logran visibilizar su contribución a la economía doméstica por autopercibirse como “no trabajadoras” y referir que solo los hombres trabajan, en realidad son ellas las que cotidianamente se encargan de las actividades reproductivas y productivas en el espacio doméstico cultivando gran variedad de hortalizas, o dedicándose a la crianza de animales de traspatio: gallinas, conejos, cochinos o chivos, mismos que, a la par que aseguran alimentación a la familia, funcionan a manera de “alcancía” que se vende llegado el momento. La totalidad de las viviendas cuenta con animales de traspatio en diferentes cantidades; y en todas se cultiva la tierra sembrando maíz, haba, cebolla, frijol, calabaza, cilantro, lo que contribuye a una dieta diversificada.

La comunidad se abastece de agua a través de un manantial ubicado a más de un kilómetro cuesta abajo, cuyo desnivel es de alrededor de 700 metros, lo que genera un alto costo de la energía eléctrica para subir el agua hasta los dos tanques de almacenamiento de la localidad, desde donde se distribuye el recurso hídrico mediante tuberías hasta la entrada de las viviendas. No hay grifos dentro de las viviendas, sino una manguera en el solar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que, para el ejercicio del derecho humano al agua, la fuente no debe encontrarse a más de mil metros de la vivienda y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debe superar los 30 minutos porque el tiempo para el abasto define la cantidad de agua que las personas podrán reunir, y determina si efectivamente usarán dicha fuente o buscarán otra más cercana y de más calidad (^{Albuquerque, 2014}). En El Mirador, si bien la fuente se encuentra distante, existe un sistema de bombeo y el tiempo de recogida no alcanza los cinco minutos. Por ello se acepta que las viviendas cuentan con buena accesibilidad al agua siempre y cuando no haya desperfectos en la bomba, porque, cuando se da este caso, los valores de la oms se ven sobrepasados.

Con relación al saneamiento, en El Mirador no hay un sistema de alcantarillado y cada familia resuelve la disposición de sus excretas y aguas grises, predominando el uso de letrinas, que, con mucha frecuencia, se reducen a un hoyo negro. De todas las viviendas solo en una se utiliza el agua en el baño para la descarga acarreándola hasta el inodoro. Mientras el acceso al agua es deficiente por cuestiones económicas, la comunidad carece de saneamiento no solo de modo efectivo, sino también en su imaginario; en su gran mayoría las personas no advierten como necesario el manejo adecuado de las excretas y aguas grises, pues no vislumbra las consecuencias para la salud ambiental y la humana. Las aguas grises de las viviendas son arrojadas al propio terreno, por medio de canales sencillos de tierra y en desnivel para que el agua corra y no se encharque cerca de la vivienda. Como los canales conducen a los sembradíos son aguas que se usan para el riego de los alimentos que la familia consumirá; es una práctica que no considera la posible contaminación y afectación de la salud familiar. Un entrevistado apuntaba: “pienso que esta agua no está sucia, porque ya viene con jabón” (A. M., comunicación personal, 15 de noviembre, 2019). Este tipo de respuestas refleja la urgente necesidad de información y fortalecimiento de capacidades sobre la relevancia del saneamiento para la salud ambiental y humana.

Respecto a la disponibilidad en El Mirador, como el agua se bombea desde el manantial y este servicio es costoso, el Comité de Agua lo activa cuatro veces por semana durante tres horas para el llenado de los tanques de almacenamiento y desde estos se distribuye a las viviendas. Son las mujeres quienes padecen por la escasez del agua y son ellas las que administran las estrategias de su manejo y uso en el espacio doméstico, y por lo tanto las responsables del suministro debido a los roles de género. Esta clasificación no es neutra. La asociación de los usos del agua con colectivos específicos está determinada por la división sexual del trabajo y tiene un valor simbólico implícito; en las economías capitalistas son más valorados los usos que los hombres dan al agua por generar valor de cambio (^{Abasolo & Montero, 2013}). Esto subordina a las mujeres en el sector, dado su evidente rol central como proveedoras y usuarias del agua, y sus conocimientos sobre el manejo del recurso; sin embargo, esta visibilización y reconocimiento casi nunca se reflejan en arreglos institucionales relativos a la gestión y los procesos de toma de decisión. Esta exclusión es más notoria en los territorios rurales, en donde predominan los comités comunitarios conformados por hombres pese a que los usos domésticos del agua sean un campo femenino. En Brasil, ^{Matos et al. (2021)}, en su investigación sobre los actores que participan en la gestión de los recursos hídricos en el ámbito de las cuencas hidrográficas, encontraron que el 73% de los representantes de comités de cuencas son hombres. El Mirador no es la excepción y cuenta con un Comité de Agua masculinizado, el cual se integra de cinco personas, de las que dos son mujeres con función de vocales, es decir, con cargos menores, no obstante que los hombres sean jornaleros y no estén en la comunidad gran parte del tiempo; así, aunque las mujeres conocen del manejo del agua deben esperar a que los hombres con puesto de toma de decisiones (presidente, tesorero y secretario) cuenten con el tiempo para dedicarse a sus responsabilidades en el Comité de Agua.

Todos los habitantes de la comunidad, sean hombres o mujeres, pueden acceder al agua, aunque el control y las decisiones relativas a su gestión las tomen los hombres del Comité. La existencia de una organización reguladora del acceso al agua para uso doméstico integrada sobre todo por hombres en los cargos de toma de decisión, en una comunidad en donde tanto su abasto y manejo en la unidad doméstica sea responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, refleja que son los valores sociales y estereotipos culturales los que guían las prácticas comunitarias de organización y gestión de los recursos (^{Soares, 2008}). De hecho, la exclusión de las mujeres en la toma de decisión en lo relativo al agua para uso doméstico no es exclusiva de El Mirador, está documentada también en diferentes regiones del país: ^{Kauffer & García (2003)}, ^{Mujer y Medio Ambiente (2008)}, ^{Siles (2011)} y ^{Vázquez-García et al. (2014)}.

En El Mirador existe una desigualdad “natural” en la distribución del agua, toda vez que las viviendas de las partes bajas reciben el agua en mayor cantidad y mejor presión, mientras que los hogares de las partes elevadas sufren con más frecuencia el desabasto, por eso las apremia más tener la suficiente cantidad de recipientes para el almacenamiento, pues de ello depende su acceso más regular al líquido. Lo constata nuestra contabilización de recipientes para almacenado, fue mayor su cantidad en las viviendas de la parte alta. No es el único factor, esto también depende del poder adquisitivo de la familia; sin embargo, la ubicación de la vivienda es relevante para decidir al respecto.

Las personas que viven en la parte alta manifiestan un cierto malestar por el acceso inequitativo del agua en la localidad. Es un descontento mediado por la subjetividad, pues en la gran mayoría de las entrevistas se identificó el reclamo por falta de solidaridad de quienes viven en las partes bajas con los de la parte alta. Una mujer que vive en lo más elevado de la localidad y, por consiguiente, padece más la escasez de agua, expresaba una percepción más empática hacia las demás: “la culpa no es de ellos, les tocó vivir allá abajo y tienen más agua, pero seguro que la usan con mucho cuidado, pensando que nosotros también la necesitamos. Por eso el agua llega hasta acá, porque piensan en nosotros” (C. R., comunicación personal, 15 de noviembre, 2019).

En esto consiste la cotidianidad de las familias, especialmente para las mujeres de El Mirador, con relación a la accesibilidad y disponibilidad del agua: estar al pendiente de las horas de bombeo para almacenarla en recipientes. Cuando hay algún desperfecto en las bombas, la comunidad regresa a los tiempos del acarreo. Ahí, con la ayuda de sus burros,⁴ son las mujeres quienes principalmente regresan al manantial para abastecerse. Como la reparación de las bombas es costosa y es el Ayuntamiento el que paga -a través de las gestiones comunitarias del Juez de Paz y del Comité de Agua-, suelen pasar hasta dos meses sin dicho servicio, mismos en los que se incrementa la carga de trabajo de las mujeres, que ven incrementadas sus ya innúmeras actividades de cuidado y reproducción de la unidad doméstica con las idas al manantial para llevar el agua a sus viviendas.

La definición del derecho humano al agua determina sus usos personal y doméstico. Sin embargo, la realidad rural es distinta a la urbana; en aquella la reproducción de la unidad doméstica está fuertemente vinculada a las actividades productivas de traspatio, las cuales surten de alimentos a la vivienda. Así, mientras que en el espacio urbano la familia no necesita del agua para alimentar animales o regar plantas, dado que los alimentos son comprados en tiendas, en los rurales se gestiona el agua para que todos los habitantes vivos del hogar accedan a ella. Según ^{Butterworth (2012)}, el uso de agua doméstica en actividades productivas de traspatio en las zonas rurales de los países pobres se aproxima al 50% del total del suministro. Entre los usos productivos de traspatio señala el riego de pequeños jardines con agua doméstica o con el agua residual del propio hogar y la que consume el ganado, el cual, según este autor, bebe mucha más que sus propios dueños.

Se necesita “territorializar” la definición del derecho humano al agua; la restricción de sus usos a lo personal y doméstico en zonas rurales pone en riesgo el derecho humano a la alimentación, pues no se dispone de este recurso para el riego o para los animales de traspatio. En la práctica es complicado impedir que las unidades domésticas dediquen el agua del sistema domiciliario a usos productivos, más bien hay que diseñar los sistemas contabilizando el total de usos que las familias dan al agua en las zonas rurales. ^{Butterworth (2012)} asevera que en algunas regiones etíopes el ganado tiene prioridad sobre las personas para su consumo. Si se toman en cuenta las especificidades territoriales y las dinámicas urbanas y rurales para el pleno ejercicio del derecho humano al agua en localidades rurales, habría que añadir a los usos personal y doméstico, el productivo de traspatio, una actividad casi exclusiva de mujeres, toda vez que los derechos humanos al agua y a la alimentación en los territorios rurales son indisociables. En El Mirador es evidente:

[…] pues cuando hay poca agua hay que alcanzar para la familia y también para los animales y las plantitas. Pues ni modo de dejarlos morir de sed, ¿verdad? Imagínese usted, si no doy de beber a mi burro, ¿cómo después él me lleva al manantial si ya va estar muerto de sed? Usted conoce por allá, ¿verdad? ¿Es una subida muy fea… Y cómo voy trabajar la tierra sin él? No, el agua es pareja para todos: mis hijos y mis animalitos. (R. V., comunicación personal, 16 de noviembre, 2019).

De las entrevistas observamos que la percepción general es que el agua tiene buena calidad por provenir de un manantial. Ninguna familia la compra de garrafón, sino que usa la de la manguera para todas sus necesidades, incluyendo la preparación de alimentos y su consumo. Resaltamos esto sin considerar posibles fuentes de contaminación del manantial y ante la inexistencia de estudios sobre la calidad del agua que avalen esa perspectiva. La carencia de enfermedades de origen hídrico es también un argumento que refuerza la buena calidad del agua. Y aunque muchos afirmaron que hierven el agua antes de tomarla, nuestra observación en campo muestra que no lo hacen y que la consumen directamente de la manguera. Por dicha afirmación existe la inquietud de brindar información “correcta” mediante pláticas en el centro de salud de la localidad sobre la relevancia de hervir el agua para evitar enfermedades. El que en El Mirador las personas usen el agua del sistema de distribución inclusive para beber contrasta con la tendencia nacional. Según ^{Pacheco-Vega (2015)}, la percepción generalizada en el país es que hay incapacidad para proveer agua de buena calidad por parte de los organismos operadores y/o comités comunitarios, de modo que se le ha sustituido con la compra de agua embotellada a transnacionales o empresarios locales. ^{Carrasco Lozano (2015)}, en su investigación enttre mujeres rurales y periurbanas del municipio de Tlaxcala, encontró que un elevado porcentaje compra agua de garrafón para beber, con repercusiones económicas negativas para los hogares.

En lo relativo a la asequibilidad, cada vivienda paga mensualmente cincuenta pesos al comité de agua para asegurar su acceso al servicio. Solo una mujer paga veinte pesos, se le dio un descuento por ser viuda, vivir sola y no contar con fuentes alternas de ingreso. Ninguna familia considera que este precio sea elevado, sino que refleja el pago por la electricidad. La oms ha fijado como valor de referencia para que el acceso al agua y al saneamiento no sea un obstáculo para las familias más pobres, que su costo no sea superior al 3% del ingreso total familiar (^{Albuquerque, 2014}). Sin embargo, dicho porcentaje genera controversias, ^{Obani & Gupta (2015)}, por ejemplo, señalan que este valor no aplica a economías rurales de países pobres, en donde pueden prevalecer estrategias no monetarias de pago, como la “mano vuelta”.⁵ Para El Mirador es muy válida la crítica, dado que es difícil calcular el porcentaje del ingreso familiar que equivale a los cincuenta pesos pagados al comité de agua, debido a la diversidad de ingresos, entre la que se encuentra la venta ocasional de animales de traspatio, que no se contabiliza formalmente como ingreso y es realizada por las mujeres. Un precio accesible del agua es fundamental para evitar la toma de decisiones que ponga en riesgo el bienestar familiar; según la ^{Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2011)}, en Port de Paix, Haití, si el agua es demasiado cara, sacan agua de los ríos, muy contaminados y llenos de basura, para cubrir sus necesidades domésticas; asimismo, algunas familias renuncian a bañarse o a cocinar para economizar el agua.

Si bien el marco internacional de los derechos humanos no establece que el suministro de agua deba ser gratuito, sí contempla que el Estado debe tutelar por lo menos la satisfacción de los niveles esenciales mínimos del derecho al agua, en caso de que la familia definitivamente no pueda pagar los costos del servicio. Así, la asequibilidad suele requerir de subsidios y de otros instrumentos financieros para asegurar el acceso al agua y al saneamiento a las poblaciones en vulnerabilidad económica (^{Obani & Gupta, 2015}). Ello no ocurre en El Mirador y tampoco en la mayoría de las localidades rurales de México, pero hay un vacío jurídico, pues en gran parte de los casos la prestación del servicio la realiza un comité local de agua autónomo y no el municipio, que es el que legalmente tiene la obligación de brindar el servicio. Así, las familias rurales están desamparadas jurídicamente, debido a que lidian con un ente que no está facultado para hacer lo que hace y, por lo tanto, no tiene obligaciones formales en la materia.

Acerca del acceso a la información tenemos dos variables: i) la información sobre el agua y el saneamiento brindada por el municipio, y ii) la ofrecida por el comité comunitario de agua. La totalidad de las personas asegura que el municipio está absolutamente ausente en lo que se refiere al agua y al saneamiento en El Mirador, solo da algún apoyo en situaciones críticas de desperfecto para bombear el agua. Por su lado, el comité comunitario de agua está al pendiente de los pagos e informa sobre el recibo por el consumo de electricidad, la necesidad de reparación de la bomba, y sobre los días y horarios de bombeo de agua; pero nada que tenga que ver con alguna capacitación para el manejo sostenible del agua y el saneamiento, este último no forma parte de sus atribuciones y tampoco está en el imaginario colectivo de la localidad. Este dato revela un gran vacío en cuanto al acceso a la información en El Mirador; ninguna de las personas entrevistadas ni siquiera conoce el significado de los derechos humanos al agua y al saneamiento, mucho menos que sean sujetas de esos derechos ni que tendrían que contar con acceso a los mecanismos adecuados para ejercerlos o, en su defecto, mecanismos de resarcimiento de daños y exigibilidad de justicia si advierten haber sufrido violaciones al respecto, a fin de que sus reclamos se escuchen y resuelvan.

Para dimensionar las responsabilidades asumidas por el Estado mexicano en torno al ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento es importante entender la complejidad que implica su operacionalización en los territorios rurales, y explicitar sus componentes para generar mecanismos que permitan evaluar los avances en la materia. La igualdad de género debe ser un eje primordial, a fin de evitar situaciones como las encontradas por ^{Carpio Clemente et al. (2015)}, cuya investigación en Tecoanapa, Guerrero, encontraron que no se consultó y capacitó a las mujeres en el desarrollo de un proyecto para la gestión de pozos y se les asignó las tareas de limpieza; sin embargo, los sistemas y equipos instalados les eran desconocidos y no sabían cómo manejarlos, de modo que estas mujeres los desmontaban en la recorrida del agua de los pozos y regresaban a sus antiguos métodos. La ley de aguas que está en proceso de elaboración tiene el gran reto de armonizar el modelo de gestión y gobernanza hídrica con los derechos humanos y la igualdad de género tomando como referencia los estándares propuestos en los instrumentos internacionales, de los cuales México es signatario (^{Jacobo-Marín, 2015}).

Conclusiones

Los resultados de esta investigación invitan a reflexionar la com pleja relación entre territorio, derechos hu manos y género. Desde una perspectiva territorial, en el caso de las zonas rurales, los usos del agua definidos en el derecho humano al agua quedan cortos y vulneran el ejercicio de otros. Se consideran universal e inherentemente los usos personal y doméstico. Sin embargo, se requiere de territorializar la definición del derecho humano al agua para que en los espacios rurales a dichos usos se sume el uso productivo de traspatio, dado que la dinámica de las unidades domésticas en las zonas rurales difiere por completo de la de las urbanas; recordemos lo arriba descrito sobre el traspatio como espacio reproductivo. La demanda de agua de la familia urbana difiere de la rural. Así, el no reconocimiento de las especificidades y necesidades diferenciadas de las familias que habitan territorios rurales en la definición del derecho humano al agua, conlleva al riesgo de que, al vulnerar el ejercicio del derecho humano al agua en espacios rurales, se comprometa el ejercicio del derecho humano a la alimentación.

Desde una perspectiva de género, el no ejercer el derecho humano al agua no solo incrementa la carga de trabajo femenina, sino que afecta el disfrute de otros derechos, como la educación. Hay estudios que documentan la deserción escolar femenina por la no disponibilidad de agua a causa de que la división sexual del trabajo asigna a las mujeres todas las actividades domésticas, entre estas el abasto de agua, ocasionando que ellas sean las primeras afectadas cuando falta el líquido. Así, frente a su desabasto ellas comprometen su tiempo dedicado a su escolarización. Esto tiene como consecuencia que se amplía la brecha entre hombres y mujeres, y entre mujeres rurales y urbanas, llevando a la feminización y territorialización de la pobreza.

Si bien las categorías intrínsecas que definen el contenido de los DHAS, así como los principios transversales que rigen su acceso y disfrute permiten el establecimiento de un marco discursivo que ejerce presión para un acceso equitativo, es imprescindible monitorear cómo se traducen estos lineamientos en la práctica por los innumerables desafíos inherentes a su operacionalización. En México se ha avanzado a nivel constitucional para incorporar los instrumentos al respecto de la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, la modificación del artículo cuarto carece de eficacia si no se implementan los mecanismos operativos para su cumplimiento desde una perspectiva de derechos humanos, entre ellos la nueva ley de aguas. Se ha dado un paso fundamental para que el Estado otorgue garantías ciudadanas al cumplimiento de sus derechos, pero todavía no se generan políticas públicas claras y acciones concretas que respondan a las necesidades y capacidades de cada territorio, de tal forma que aún estamos en el marco normativo del derecho, sin alcanzar su implementación en políticas públicas acordes a las distintas realidades locales y, como consecuencia, los derechos humanos al agua y al saneamiento todavía no han contribuido a la mejora de la calidad de vida en las localidades rurales marginadas de México.

El acceso al agua y al saneamiento en la localidad rural El Mirador no corresponde a la demanda de la población ni mucho menos al ejercicio de los derechos humanos. De las variables del derecho humano al agua investigadas, se cumple solo con la asequibilidad, pero quedan en entredicho la accesibilidad -cuando las bombas quedan sin funcionar, la comunidad regresa al lejano manantial-, y la calidad, pues no hay información que la avale, y definitivamente la disponibilidad no se cumple. El acceso a la información tampoco se ejerce ni en El Mirador ni en Zautla; el municipio es la instancia que legalmente debe brindar los servicios de agua y saneamiento en un marco de disponibilidad de información para la transparencia y rendición de cuentas, pero es el gran ausente. Con relación al derecho humano al saneamiento, el tema ni se conoce en El Mirador, ni como acceso al servicio ni como percepción de su relevancia. Así, el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento en esta localidad es un pendiente para el Estado. Hay que empezar brindando información para que la población pueda reclamarlos, aunado a la generación de políticas que reflejen una orientación hacia el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento y el combate de las inequidades de género desde un enfoque territorial.

El entorno social de El Mirador se caracteriza por un alto porcentaje de población con limitada disponibilidad de agua; que las viviendas ubicadas en las partes altas sufren más el desabasto; que el desperfecto ocasional del bombeo obliga nuevamente al acarreo con lo que la carga de trabajo de las mujeres se intensifica porque son ellas las encargadas de su abasto en el espacio doméstico. La división sexual del trabajo unida a los problemas de acceso al agua refuerzan las inequidades de género. Así, las estrategias para hacer disponible el agua no pueden plantearse desde un mero orden técnico, sino también desde el referente social, pues se necesita replantear la tradicional división sexual del trabajo y reducir las brechas de género, para, de este modo, generar una espiral virtuosa en la que el empoderamiento femenino se convierta en el motor para el fortalecimiento territorial.