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Introducción
En 2017, el 32% de los homicidios a escala global fueron cometidos con armas cortas y ligeras (SALW, siglas de small arms and light weapons) (Muggah & Aguirre Tobón, 2018, p. 8). En América Central el porcentaje de asesinatos perpetrados con armas de fuego fue del 67%; en América del Sur del 53% y en el Caribe del 51%. Como contraste, la proporción de homicidios cometidos con arma de fuego en Asia del Este fue de solo el 3% (Muggah & Aguirre Tobón, 2018, p. 8). En algunos países el uso de armas en homicidios presenta una tendencia creciente. En México, por ejemplo, la proporción del uso de armas en homicidios dolosos ha aumentado de forma desproporcionada. En 2017, el porcentaje de hombres entre 18 y 29 años asesinados con arma de fuego fue del 72.3%, una cifra extremadamente alta a escala global (INEGI, 2019, p. 9). Ante este panorama cabe preguntarse: ¿son las armas el factor que atiza la violencia en la región?, ¿puede su disponibilidad y circulación explicar al menos parcialmente los altos índices de violencia?, ¿cuánta de la violencia en América Latina está relacionada con la disponibilidad de armas?
El objetivo de este artículo es examinar la relación entre violencia y disponibilidad de armas cortas y ligeras entre civiles en América Latina.1 Por lo tanto, se revisa extensamente la literatura académica al respecto y se ponen en perspectiva los principales temas y debates alrededor de esta compleja relación.
El argumento de quienes ponderan el factor de la disponibilidad de armas como catalizador de la violencia en América Latina se sintetiza en la siguiente afirmación: a mayor número de armas de fuego disponibles, mayores índices de violencia. Sin embargo, ¿es válida esa afirmación para América Latina?, ¿funciona en todo el continente?, ¿cuál es la evidencia empírica que la avala? Este artículo pretende dar respuestas a estas interrogantes. No lo hace a partir de un nuevo estudio de caso o de investigación comparada, sino de una extensa revisión de la literatura académica. En este sentido, más allá de realizar una contribución empírica, el artículo sintetiza y analiza críticamente las aportaciones hechas por la bibliografía especializada en el tema. Al hacerlo así, el artículo contribuye a la discusión académica alrededor del papel de las armas en la crisis de seguridad en la región. Esto, en tanto que, aunque existen informes y documentos relevantes sobre el papel de las armas en la región (Sáenz Breckenridge, 2007; UNODC, 2019), aún no se ha producido un análisis integral del impacto de las armas sobre la violencia en América Latina.2
El argumento central del artículo es el siguiente y se desdobla en dos partes: la premisa de que mayor disponibilidad de armas entre civiles llevará a mayores índices de violencia no se sostiene para todo el continente bajo cualquier circunstancia; no es el número total de armas en circulación lo que determina los niveles de violencia, sino el contexto alrededor del cual estas armas están disponibles. En otras palabras: la pregunta clave para inquirir sobre la relación entre violencia y disponibilidad de armas es por el contexto en el cual las armas circulan y no la cantidad disponible per se.
La primera parte del artículo es una breve discusión sobre la naturaleza de la violencia en América Latina. Se presentan dos tipos de consideraciones: uno relacionado a la forma en la que se suele conceptualizar la violencia en América Latina y otro sobre los problemas metodológicos alrededor del problema que supone la medición de la violencia. La segunda parte expone un diagnóstico sobre la disponibilidad de armas en la región y analiza los principales problemas relacionados con las armas en América Latina. Se enfatizan dos: la circulación ilegal de armas en circuitos de corrupción institucionalizada, y el contrabando hormiga de armas, así como sus componentes y consumibles. El tercer apartado revisa el debate teórico y los trabajos empíricos más relevantes acerca de la relación entre violencia y disponibilidad de armas. Se examinan tanto las teorías que señalan que la disponibilidad de armas tiene efectos positivos en reducir la criminalidad y por tanto la violencia, como los estudios que buscan demostrar el argumento contrario. A partir de esa discusión, el cuarto apartado analiza la evidencia empírica sobre la relación entre armas y violencia en América Latina. En la última sección se desarrollan las conclusiones, así como posibles vetas de investigación futuras.
La naturaleza de la violencia en América Latina: un análisis conceptual
La imagen de América Latina como una región con serios problemas de violencia se sustenta, entre otras, en las siguientes cifras: 1) con el 8% de la población mundial, en América Latina suceden el 33% de los homicidios globales, repartidos mayoritariamente en Brasil, Colombia, México y Venezuela (Muggah & Aguirre Tobón, 2018, p. 2). En tanto que la tasa de homicidios en la región (21.5 por cada cien mil habitantes) es casi cuatro veces más alta que el promedio global (6.1 por cada cien mil habitantes), entre hombres con edades de 18-19 años la tasa de homicidios es de 46 por cada cien mil habitantes en la región (UNODC, 2019, p. 19). 2) Según datos de 2017, 17 de los veinte países donde ocurrieron más asesinatos están localizados en América Latina. 3) Una encuesta de victimización de 2016 mostró que el 36% de los ciudadanos latinoamericanos han sido víctimas de algún crimen; ninguna otra región del mundo tiene datos remotamente similares (Muggah & Aguirre Tobón, 2018, pp. 1-9). 4) Además del daño humano y social ocasionado por la violencia, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo económico de la inseguridad podría rondar el 3.5% del producto interno bruto de la región. Aunque se trata de una medición un tanto problemática, esta sí alcanza a dar cuenta del costo económico que supone la crisis de violencia para América Latina (Izquierdo et al., 2018, pp. 196-197).3
Tales números no hacen difícil concluir que América Latina es esencialmente una región violenta. Sin embargo, antes de asumir como válida esa tesis, creemos necesario hacer ciertas precisiones normalmente ausentes en trabajos académicos sobre el tema y que ayudan a matizar las cifras expuestas líneas arriba. La primera serie de precisiones tiene que ver con la forma en la que se define y conceptualiza la violencia. La segunda se asocia a los problemas metodológicos para medir la violencia en América Latina.
Consideraciones conceptuales sobre la violencia
En primer lugar, está la pregunta por cómo conceptualizar y medir la violencia en su conjunto, un problema recurrente en la filosofía y en las ciencias sociales, al menos desde Thomas Hobbes. Alrededor de ello han girado estudios históricos importantes (Eisner, 2003; Spierenburg, 2012), así como otros esfuerzos por diferenciar analíticamente entre los significados, propósitos, alcances y naturaleza de la(s) violencia(s) (De Haan, 2008; Krause, 2009; Bufacchi, 2011). Para América Latina se han hecho esfuerzos similares (Johnson et al., 2013); de todos ellos sobresale el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud publicado en 2002, el cual define y considera la violencia desde una perspectiva de salud pública (Organización Panamericana de la Salud, 2002).
A pesar del carácter contencioso de la definición de violencia, gran parte de la literatura coincide en que una buena manera de distinguir analíticamente y operacionalizar el concepto es a partir del propósito con el que la violencia se ejecuta. Así, habría cuatro tipos centrales de violencia: política, económica (o criminal), social e interpersonal. La violencia política referiría a prácticas como el terrorismo y el conflicto armado, temas propios de la ciencia política y las relaciones internacionales. La violencia económica referiría al actuar de grandes y pequeñas formas de organización criminal, tema de análisis asociado a la criminología. La violencia social se relacionaría a eventos como el hooliganismo, el vandalismo y otras formas de ejercicio de la llamada violencia ritual, fenómenos propios del análisis antropológico y sociológico; por último, estaría la violencia interpersonal, paraguas en el que se incluye la violencia doméstica, la violencia sexual y algunas formas de violencia de género.4
Esta tipología no está exenta de inconvenientes. El más obvio se encuentra en la superposición de estas categorías. Así, por ejemplo, la violencia política puede estar asociada al control sobre recursos naturales o tierra y, por tanto, ser eminentemente económica. Del mismo modo, la categoría de violencia interpersonal resulta tautológica en tanto que “toda violencia es interpersonal en el sentido de que envuelve una víctima y un perpetrador” (Krause, 2009, p. 340). De modo similar podría señalarse que la violencia de género es transversal a todas las categorías (Krook & Restrepo Sanín, 2016).
En este artículo lo que interesa es señalar que los estudios sobre la violencia en América Latina no suelen distinguir entre estas u otras categorías. Se asume implícitamente que altos grados de violencia con propósitos económicos están correlacionados con altos grados de violencia interpersonal, social o política, una hipótesis sin evidencia empírica suficiente. Así, mientras las cifras expuestas al principio de esta sección, por poner un ejemplo, dicen mucho sobre la violencia económica, apenas dicen algo sobre otras formas de violencia.
Lo anterior es relevante porque al estudiar la compleja relación entre armas y violencia necesitamos diferenciar entre categorías. La mayor o menor disponibilidad de armas podría tener efectos distintos en cada forma en la que se practica la violencia. Si esto es cierto -y más adelante se presentará evidencia en esa dirección-, la pregunta sobre violencia y disponibilidad de armas necesita respuestas diferenciadas y, como se ha dicho antes, algo más complejas que las que acostumbran a sostener tanto defensores como promotores de leyes restrictivas de adquisición de armas.
Consideraciones sobre la medición de la violencia
Los problemas metodológicos que supone la medición de la violencia en América Latina han sido señalados extensamente por la bibliografía (Vilalta et al., 2016; Daudelin, 2017; Muggah & Aguirre Tobón, 2018). El más mencionado tiene que ver con los datos disponibles. La cifra negra del crimen en América Latina -hechos que no fueron denunciados y que por tanto no figuran en estadísticas formales- es una de las más altas del mundo. Así, por ejemplo, según una encuesta de victimización, en México no se reportaron el 89% de los delitos cometidos en 2018 (INEGI, 2018). En Perú la cifra de 2017 fue de 87.3% (Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, 2018). Los promedios regionales no son mucho mejores. Con una confianza promedio para toda América Latina de solo el 30% de la población en la policía (Muggah & Aguirre Tobón, 2018, p. 17), es difícil interpretar la asertividad de los datos judiciales disponibles. Otras fuentes de información como las encuestas de victimización o las estadísticas de los ministerios o secretarías de salud suelen tener otro tipo de problemas metodológicos serios.
Un segundo problema de igual gravedad -aunque quizás más complejo- tiene que ver con el frecuente uso de homicidios como proxy para la medición de la violencia. Al ser un delito que involucra no solamente al sistema policiaco, sino a varias instituciones de salud, y por las varias consecuencias legales, económicas y sociales que el homicidio acarrea, su cifra negra suele ser baja y en algunos países prácticamente inexistente. El inconveniente es que se asume -sin corroboración empírica- que mayores tasas de homicidio están relacionadas de manera directa con mayores índices de violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, violencia de género, etcétera.
Lo anterior ha sido puesto en duda por estudios que han mostrado la pobre correlación entre tasas de homicidio y otras violencias. Así, se ha enfatizado en la volatilidad como elemento central. Mientras el homicidio es en extremo volátil en regiones con tasas de homicidio altas -Ciudad Juárez, México, entre 2007 y 2012; Tijuana, México, entre 2010 y 2012; Fortaleza, Brasil entre 2004 y 2014-, los índices de violencia capturados por encuestas de victimización y trabajos etnográficos muestran movimientos más bien lentos (Daudelin, 2017, p. 41). Por decirlo de otra manera, “no hay correlación directa entre homicidios e índices de victimización” (Daudelin, 2017, p. 43). De esta forma, en Colombia la tasa de homicidios y secuestros disminuyó de manera consistente entre 2003 y 2013, 87 y 41%, respectivamente. Sin embargo, en ese mismo periodo creció la tasa de lesiones personales en 129% y aumentó levemente la tasa de violencia intrafamiliar (Mejía et al., 2015, pp. 6-7). En México, al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se redujo notablemente la tasa de homicidios, pero aumentaron los delitos de extorsión y robo.5
Al igual que la tasa de homicidios se utiliza como proxy para la violencia, en algunas investigaciones esta se utiliza como proxy para el crimen. Esto es, se asume que mayores tasas de homicidio están vinculadas a mayores tasas de otros delitos de alto impacto, incluyendo robo a casa habitación, robo con violencia y secuestro. Por tanto, la tasa de homicidio, en tanto que delito mejor reportado, serviría como buen indicador de los niveles de crimen. El problema es que los estudios empíricos disponibles han mostrado una débil relación entre homicidios y otros crímenes (Daudelin, 2017, p. 45). Chile tiene una tasa de homicidios de 3.5 por cada 100 mil habitantes y con ello la más baja de toda la región. Sin embargo, la tasa de robos es de 467 por cada 100 mil habitantes, una cifra que lo coloca como uno de los países con mayor incidencia de robos en el continente (Mejía, Ortega & Ortíz, 2015, p. 3). De la misma manera, Perú y Bolivia, con tasas de homicidio comparativamente bajas, presentan índices de victimización mucho más altos que Brasil, uno de lo de los países con mayores índices de violencia homicida (Daudelin, 2017, p. 46). La interpretación de la tasa de homicidios como proxy para crimen también obscurece importantes diferencias de género. Mientras la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio en América Latina son hombres, el porcentaje de mujeres víctimas de otro tipo de delitos con violencia -amenazas, extorsiones y robos- es más alto. En definitiva, cada tipo de delito tiene su propia “tendencia, estacionalidad y factores” (Vilalta et al., 2016, p. 21).
De todo lo anterior no se desprende que la tasa de homicidios no deba seguir siendo utilizada como una variable para entender la violencia o analizada como una de las formas más severas de su ejercicio. Sin embargo, sí se concluye que la tasa de homicidios ni es la única representación de la propensión de una sociedad a la violencia ni que su uso como proxy está exento de dificultades.6
Un tercer problema metodológico es la falta de énfasis en las enormes variaciones que hay en los niveles de violencia entre diferentes regiones e incluso al interior de países de la región. Mientras países como Chile tienen promedios de homicidios similares a los europeos, otros, como Honduras y Venezuela, puntúan con las cifras más altas del mundo. Del mismo modo, al interior de los países las variaciones pueden ser enormes. Así, mientras el estado mexicano de Colima tuvo en 2018 una tasa de homicidios de 98.4 por cada 100 mil habitantes, el estado de Yucatán -al sur de México- ha continuado con tendencias decrecientes en su tasa anual de homicidios: en 2018 la tasa de homicidios fue de 2.12 por cada 100 mil habitantes, menor a la de muchos países de Europa Occidental.7 ¿Cuál es la relación entre la disponibilidad de armas y tales variaciones? ¿Es la disponibilidad de armas una variante relevante para dar cuenta de ciertos picos de homicidio en ciertas partes del subcontinente?
Por último, otro problema recurrente al examinar la violencia en la región es el de no subrayar con suficiencia la naturaleza concentrada de la violencia criminal en algunos pocos clústeres. A partir del uso de herramientas de análisis espacial y de sistemas de información geográfica, varias investigaciones han mostrado cómo el 50% de los crímenes en América Latina se concentra entre el 3 y 7.5% de los “segmentos de vías”8 del continente y cómo el 25% de los crímenes están apenas concentrados entre el 0.5 y 2.9% de tales segmentos (Mejía et al., 2015; Jaitman & Ajzenman, 2016, pp. 4-5). Otros estudios a escala local, y centrados en eventos de violencia criminal en las ciudades, han mostrado resultados similares. En Cali, por ejemplo, el 50% de todos los homicidios entre 2012 y 2013 se cometieron en tan solo 635 de los casi 50 mil segmentos de vía que hay en esa ciudad, el 1.28% del total (Mejía et al., 2015, p. 8). Ante esta evidencia, y en lo relacionado a este texto, es necesario preguntarnos por el efecto que tiene la disponibilidad de armas sobre la concentración del crimen. Aunque una respuesta definitiva solo puede ofrecerse con estudios más detallados, más adelante en este artículo se buscará ofrecer algunas claves al respecto.
Armas en América Latina
Según un estudio de Aaron Karp publicado por Small Arms Survey e integrado a partir de varias fuentes de información incluyendo entrevistas, índices de confiscaciones, reportes oficiales y encuestas, en 2018 había 857 millones de armas cortas y ligeras en manos de civiles en todo el mundo (Karp, 2018, p. 3). Según los mismos cálculos, solo cien millones de esas armas, el 12% del total, estaban registradas. Del universo de 857 millones, aproximadamente 393 millones estarían en los Estados Unidos. En América Latina habría poco más de 70 millones de armas (Sanjurjo, 2020, p. 28). La lista la lideraría Brasil (17.5 millones), seguido por México (16.8 millones), Venezuela (5.8 millones) y Colombia (4.9 millones) (Karp, 2018). Del total de las armas en la región, el 86% estarían distribuidas en manos de civiles, el 10% en las de militares y solo el 4% en las de las fuerzas policiales (Sanjurjo, 2020, p. 28). Si bien el subregistro de armas es el principal obstáculo para tener una idea más clara del número de armas disponibles a escala mundial y, más en concreto, en América Latina, a partir de los datos de Karp podemos obtener algunas conclusiones preliminares sobre la cuestión de las armas en América Latina vis a vis otras regiones del mundo.9
A primera vista, los datos indican que la disponibilidad de armas legales e ilegales entre civiles no está especialmente extendida en América Latina. Por lo menos en comparación con otras regiones. Así, en Estados Unidos la proporción de disponibilidad de armas per cápita sería de 120 armas por cada cien habitantes. En México, la relación sería de 12.9; en Brasil de 8.3 (Small Arms Survey, 2018). Aunque existen enormes variaciones entre países, el promedio regional no supera las diez armas por cada cien habitantes. En comparación, en Europa Occidental se estiman 25 armas por cada cien habitantes (Gilgen, 2012, p. 32).10
Siempre siguiendo los cálculos de Karp, con la excepción de Uruguay (34 armas por cada 100 habitantes), ningún país de América Latina estaría entre los primeros 25 con mayor porcentaje de armas per cápita. Alemania, Finlandia, Islandia, Canadá, Francia y Suecia sí están en la lista (Karp, 2018, p. 4). En yuxtaposición, Bolivia y Perú tienen promedio de dos armas por cada cien personas, una de las cifras más bajas del mundo (Sanjurjo, 2020, p. 29). Lo anterior permite obtener una segunda conclusión: en América Latina la distribución de armas varía significativamente según el país.
¿Por qué hay relativamente pocas armas en el subcontinente? La explicación más plausible tiene que ver con la restrictiva legislación que opera con pocas diferencias en el subcontinente. En toda la región es preciso justificar la necesidad de poseer armas, aprobar exámenes psiquiátricos, así como renovar los permisos cada año. Además, la venta legal de armas -monopolizada por el Estado- está restringida a armas de pequeño calibre. Algunos países, precisamente aquellos con mayor prevalencia de armas, han legislado medidas aún más restrictivas. En Venezuela y Brasil solamente mayores de 25 años pueden postular a permisos para portar armas. En México, solo existe una tienda oficial de armas en la capital del país y los términos para su adquisición son complejos.
En los últimos años, sin embargo, han comenzado a resonar con más fuerza las voces de actores políticos que empujan hacia una relajación de los controles de acceso a armas. En Argentina (Jastreblansky, 2018), Brasil (Albertus, 2018) y México (Weigend & Pérez Esparza, 2019) estos discursos, si bien todavía minoritarios, han comenzado a ganar apoyos y en algunos casos se han convertido en iniciativas de ley.
A pesar de las leyes restrictivas y de mantener un número relativamente bajo de armas en circulación -en relación con otras regiones del mundo- se identifican dos problemas centrales en lo relacionado con las armas en América Latina que deben contemplarse al analizar la relación entre violencia y disponibilidad de armas: 1) el desvío de armas por parte de actores estatales como consecuencia de procesos de corrupción institucionalizada; 2) el contrabando hormiga de pequeñas cantidades de armas, municiones y partes a lo largo del continente.
Circulación ilegal de armas y corrupción institucionalizada
El primer problema se relaciona con el desvío de armas promovido y auspiciado por actores estatales. En su mayoría son eventos en los que armas compradas mediante mecanismos legales terminan en manos de organizaciones ilegales y/o abiertamente criminales. Aunque es posible hallar por toda la región casos de actores implicados en redes de tráfico de armas, los más dramáticos se han identificado en América Central. En Guatemala, redes de antiguos generales y altos mandos de inteligencia han monopolizado el comercio de armas ilegales en ese país (Goodman, 2013; Beltrán, 2018). A veces en alianza con grupos criminales provenientes de México, estas redes criminales se han aprovechado de la falta de protocolos para la preservación y mantenimiento de armas en cuarteles para robar municiones y pistolas de los grandes repositorios de armamento (UNODC, 2015, p. 61; Small Arms Survey, 2016b). La falta de procedimientos para el cuidado de estos repositorios es un tema que concierne al continente en su conjunto. En los últimos años, robos de armas y municiones se han identificado en Uruguay, Paraguay y Argentina.
De toda la región, una zona de riesgo en lo relativo al tema de la circulación ilegal de armas y procesos de corrupción institucionalizada es Venezuela, país en el que las fuerzas de seguridad han adquirido una enorme de cantidad de armamento y municiones con pocos controles internos y externos.
Contrabando hormiga de armas, componentes y consumibles
El segundo problema identificado es el contrabando de pequeñas cantidades de armas, así como sus componentes y partes en toda la región.
La mayoría de las armas que circulan en América Latina fueron importadas en cantidades pequeñas por grupos criminales capaces de operar transnacionalmente. Aunque depende de la región específica, algunos de estos grupos participan en otras actividades criminales, como el tráfico de drogas o de seres humanos.
Una cantidad importante de las armas recuperadas en escenas del crimen en América Latina fueron o bien manufacturadas en los Estados Unidos o bien importadas legalmente a los Estados Unidos y luego reexportadas ilegalmente a algún país latinoamericano. En Haití o Bahamas este porcentaje es del 98% (ATF, 2017a), en México del 70% (ATF, 2017c) y en América Central de aproximadamente 50% (ATF, 2017b).11
La frontera entre Estados Unidos y México es el lugar clave para el tránsito de armas ilegales. Cientos de armas son introducidas a México en cajuelas de automóviles provenientes de los estados fronterizos de los Estados Unidos (Pérez Esparza & Weigend, 2015; Small Arms Survey, 2016a). Sin embargo, no se trata ni del único punto de tránsito ilegal de armas en el subcontinente ni el automóvil la única forma de transporte.
Además de la frontera entre México y Estados Unidos, identificamos otros dos puntos claves de tráfico transfronterizo. El primero, la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina (Lohmuller, 2015). Esta región adquirió relevancia por la muy laxa regulación que durante décadas imperó en Paraguay, país al que era relativamente sencillo exportar armas y en el que la compra de estas apenas tenía controles (Dreyfus, 2006). Aun hoy, es fácil conseguir armas de origen estadounidense en Paraguay a precios bajos. Bandas criminales en la región continúan utilizando esta ventana de oportunidad para exportar a Argentina y Brasil casi con total impunidad (Parkinson, 2014; Bargent, 2016). El otro punto estratégico es la frontera entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Con un aproximado de 2.8 millones de armas no registradas y con los precios más bajos de rifles AK-47 en todo el continente -entre 200 y 400 dólares- (UNODC, 2012, pp. 62-63), esta región es, además, una de las zonas con mayores tasas de homicidio del mundo. En la triple frontera conviven las armas de asalto importadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética durante los años de guerras civiles en Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1992) y Nicaragua (1972-1990), con las armas modernas introducidas por redes de narcotraficantes en años recientes.
Armas y violencia: ¿qué dice la literatura?
Desde mediados del siglo XX, criminólogos y otros investigadores en ciencias sociales han explorado de manera sistemática la relación entre disponibilidad de armas de civiles y la violencia. La literatura es amplia, pero el consenso no es unánime (Cook & Ludwig, 2011; Stroebe, 2013). Mientras hay investigadores que señalan que la disponibilidad de armas tiene efectos positivos en reducir la criminalidad y ciertos tipos de violencia, otros han argumentado lo contrario: mayor disponibilidad de armas genera mayores niveles de violencia criminal, incluyendo homicidios, violaciones, robos, suicidios y asaltos.
Son dos las hipótesis más recurrentes para explorar la relación entre disponibilidad de armas y violencia: la sustitución de armas (weapons substitution hyphotesis) y la instrumentalización de las armas (weapons instrumentality hyphotesis). Como se verá a continuación, ambas presentan ideas yuxtapuestas.
¿Más armas, menos violencia?
La primera teoría -sustitución de armas- fue desarrollada a finales de la década de 1950 por uno de los criminólogos más influyentes en los Estados Unidos, Martin F. Wolfgang. En su libro Patterns in Criminal Homicide, Wolfgang analizó las tasas de homicidio en Pennsylvania en dos periodos distintos: 1924-1926 y 1948-1952. En ambos las tasas de homicidio eran muy similares (5.9 y 6.1 por cada cien mil habitantes, respectivamente), pero el porcentaje de homicidios que involucraban el uso de armas de fuego había cambiado drásticamente: de 68% en el primer periodo a 33% en el segundo (Wolfgang, 1958). A partir de estos datos, Wolfang desarrolló una teoría más amplia, aunque bastante discutida por la criminología moderna. A saber, que individuos que quieren hacer daño a otras personas van a encontrar la manera de hacerlo sin importar si tienen acceso a armas de fuego o no. Si la lectura del caso de Pennsylvania es correcta, el acceso a armas por parte de los agresores no tendría impacto sobre el nivel de homicidios. Los agresores usarían otros medios y herramientas para realizar sus objetivos.
Algunos criminólogos han ido un paso más allá al sugerir que la mayor disponibilidad de armas entre civiles tiene efectos positivos en reducir los niveles de crimen y violencia (Kleck & Gertz, 1995). Según esta teoría, la idea de que las potenciales víctimas puedan estar armadas aumenta el riesgo de cada acto criminal y, por tanto, reduce su frecuencia; esto es, habría un efecto disuasorio.
El estudio más célebre y controvertido es el de John Lott y David Mustard (1997), investigadores que tras analizar las dinámicas de crimen en 3054 condados de los Estados Unidos entre 1977 y 1992 intentaron demostrar que, en aquellos lugares donde los ciudadanos podían transportar armas, las tasas de homicidio eran hasta 7% menores que en aquellos donde no podían hacerlo. Lott y Mustard llegaron a afirmar que podrían haberse evitado 1414 muertes y más de 4 mil casos de abuso sexual cada año si los estados de los Estados Unidos que en 1992 prohibían el transporte de armas hubiesen legislado su aprobación antes de ese periodo (Lott & Mustard, 1997, p. 64).
Aunque la validez interna del modelo de Mustard y Lott ha sido criticado ampliamente (Black & Nagin, 1998; Ludwig, 1998; Ayres & Donohue III, 2003), el estudio continúa siendo frecuentemente citado por quienes política o ideológicamente comparten las premisas del supuesto efecto disuasorio de las armas sobre eventos criminales. Entre otros, por la Asociación Nacional del Rifle, uno de cuyos eslóganes refiere a que una sociedad armada es una sociedad más respetuosa (“An armed society is a polite society”) (Dieterle & Koolage, 2014, p. 115).
¿Más armas, más violencia?
En contraposición a las ideas de Wolfgang, Mustard y Lott, otra línea de investigación ha afirmado que la mayor disponibilidad de armas de fuego entre civiles genera mayores índices de violencia. La llamada hipótesis sobre la instrumentalización de las armas (weapons instrumentality hyphotesis) parte de que lejos de haber un efecto de sustitución, la accesibilidad a armas de fuego produce más violencia que, por poner un ejemplo, el acceso a cuchillos u otras armas blancas (Zimring, 1968, 1972). En este sentido, las armas son conceptualizadas como un “facilitador fundamental de la violencia” (Sanjurjo, 2020, p. 2).
Bajo esta premisa se ha probado que es más probable que un arma en un hogar se utilice para matar a un miembro de una familia o en un acto suicida, que en lastimar o matar a un intruso (Hemenway, 2004). Asimismo, se ha probado tanto la relación positiva entre disponibilidad de armas y mayores índices de suicidio (Miller et al., 2007),12 como la relación positiva entre mayor disponibilidad de armas y lesiones no intencionales (Miller et al., 2001).
Estudios de salud pública han mostrado, por otro lado, que la sola presencia de un arma de fuego en un delito tiene repercusiones en los niveles de estrés y en las relaciones sociales de las víctimas. Un trabajo realizado en Filadelfia demostró que las víctimas que cargan armas tienen cuatro veces más posibilidades de morir en un asalto que quienes no las llevan (Branas et al., 2009). Otro análisis, basado en 1977 comunidades en los Estados Unidos, mostró una relación positiva entre disponibilidad de armas y casos de homicidio, robo, asalto y abuso sexual (Moore & Bergner, 2016). Un trabajo similar encontró una relación positiva entre mayores índices de homicidio y mayor disponibilidad de armas, pero no con otros tipos de crimen como abuso sexual, asalto, robo de vehículos y latrocinio (Cook & Ludwig, 2006). Por su parte, Siegel et al. (2013) encontraron que la posesión de armas es un predictor de homicidios con armas de fuego. Tras correr una regresión binomial negativa a un panel datos que incluía información sobre posesión de armas e índices de homicidios en cincuenta estados de los Estados Unidos entre 1981 y 2010, concluyeron que el impacto de cada punto porcentual de posesión de armas era de 0.9% sobre el índice de homicidio (Siegel et al., 2013, p. 2101). Por último, estudios comparados entre los estados de los Estados Unidos, contrariando a Mustard y Mustard, han mostrado, controlando por variables, que los estados con leyes más estrictas de posesión de armas tienen menores índices de homicidio que aquellos con leyes más laxas (Giffords Law Center, 2018; Donohue et al., 2019).
Armas y violencia en América Latina: ¿cuál es la relación?
La literatura sobre disponibilidad de armas y violencia presenta varios inconvenientes cuando se trata de pensar el caso latinoamericano. En primer lugar, la ya citada pero muy recurrente práctica de utilizar homicidios como proxy o como sinónimo de violencia. El segundo, la excesiva concentración de trabajos basados en los Estados Unidos como principal y a veces único caso de estudio. Una reciente revisión de 130 artículos sobre la asociación entre regulación de armas y lesiones por uso de armas a nivel mundial solo incluyó un estudio empírico realizado con base en información de un país latinoamericano, Colombia (Santaella-Tenorio et al., 2016). La consecuencia es que muchas conclusiones de la literatura no apliquen para América Latina. Así, los estudios analizados en el apartado anterior no distinguen entre disponibilidad ilegal y legal de armas; esto es, se asume que toda disponibilidad de armas es legal. Sin embargo, a diferencia de los Estados Unidos, la posesión de armas entre civiles en América Latina es mayormente ilegal y, por tanto, es previsible que el impacto sobre los niveles de violencia sea, por lo tanto, distinto.
Más grave es el problema estructural de los datos. La literatura sobre armas y violencia en la región sufre de la ausencia de registros confiables, del limitado intercambio de información entre académicos y autoridades policiales y judiciales, y del poco trabajo de campo existente. Con todo, cabe preguntarse: ¿qué podemos concluir de la relación entre armas y violencias para el caso latinoamericano a partir de la literatura disponible?
En primer lugar, que, en comparación con otras regiones del mundo, América Latina presenta bajos niveles de disponibilidad de armas entre civiles. Al menos a primera vista no existe una relación obvia entre la disponibilidad de armas y la cantidad de homicidios en América Latina. No hay evidencia para señalar que “es un hecho que donde hay más rifles y pistolas, hay más muertes causadas por armas de fuego” (Coss Nogueda, 2012, p. 30). Precisamente Uruguay -el país latinoamericano con mayor proporción de armas por habitante según los datos de Karp (véase supra)- es uno de los que menor tasa de homicidios registra. Paraguay, otro de los países con armas por encima de la media latinoamericana, mantiene niveles relativamente bajos de homicidio. La ecuación “más armas más homicidios” no se sostiene empíricamente; al menos no con esa sencillez.13
A partir de los estudios más holísticos sobre la violencia en la región, se propone, en segundo lugar, que no son las armas el factor central o único en la emergencia de situaciones violentas. Son otras las variables con mayor poder explicativo. Entre otras, la tendencia hacia la fragmentación de los grupos criminales, el pluralismo político, la incapacidad del Estado para ejecutar políticas públicas consolidadas, la urbanización desordenada y crecimiento desigual de muchas ciudades, la baja proporción entre policía y población en varias partes del continente, el pobre funcionamiento de los sistemas de justicia e investigación criminal, el débil orden normativo formal e informal que sirve de contención ante ciertas actitudes (anomia), la prohibición de las drogas, los procesos de militarización de la seguridad pública, los altos niveles de competición política a nivel local, así como la falta de certeza (que no de severidad) en la aplicación de la ley (Imbusch et al., 2011; Moncada, 2016; Hilgers & MacDonald, 2017; Bergman, 2018; Davis, 2018). Aunque queda fuera de las pretensiones de este artículo el análisis puntual de estas variables, en última instancia la pregunta clave a responder es sobre la relación entre disponibilidad de armas y cada uno de los factores señalados.
En tercer lugar, el tipo de armas importa. La noción de SALW -armas cortas y ligeras- es útil para emprender una discusión más general, pero no para realizar estudios empíricos más detallados. Las armas cortas y ligeras que utilizan los grupos contrabandistas en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil poco tienen que ver con las que utilizan las organizaciones criminales en el norte de México. Gracias a los estudios de huella balística en diferentes países de la región sabemos que son pistolas y revólveres las armas más utilizadas en crímenes violentos en varias partes del continente (Sáenz Breckenridge, 2007; Gilgen, 2012, pp. 25-26). Sin embargo, en zonas de tránsito de narcóticos en América Central y México es cada vez más frecuente el uso de rifles de asalto, incluyendo AR-15 y AK-47 (Nájar, 2019). En la última década, la presencia de estas armas en algunas zonas del norte de México ha sido clave para la perpetración de homicidios (Pérez Esparza & Weigend, 2015). En esa misma línea, un estudio para México demostró que los cambios en la política de armas de Estados Unidos a principios del nuevo siglo -específicamente en 2004 cuando terminó la prohibición a la venta e importación de armas de asalto en los Estados Unidos- resultaron en el incremento de la oferta de armas en la frontera mexicana lo que a su vez tuvo repercusiones en los niveles de violencia homicida en México.14 En definitiva, el tipo de armas y su letalidad son importantes para análisis más detallados.
Como cuarta hipótesis se avanza la idea de que en ciertos contextos urbanos la mayor disponibilidad de armas puede ser un factor explicativo de situaciones violentas. En América Latina, las zonas con mayor densidad poblacional tienden a ser proporcionalmente más violentas que las menos densas (Jütersonke et al., 2007, pp. 167-172).15 Asimismo, se ha demostrado que, en ciudades con tasas de homicidio altas, el uso de armas de fuego en la ejecución de los asesinatos es en especial preponderante.16 Igualmente, el uso de armas suele ser más común en ciertos días y coyunturas.17
Como es previsible, y a sabiendas de que existen variaciones importantes, territorios claves para el cultivo, producción, trasiego, consumo, importación y exportación de drogas suelen tener altos índices de violencia homicida (Durán-Martínez, 2018). Es cierto que los mercados ilegales de droga no siempre generan violencia (Reuter, 1985; Bergman, 2018), pero la evidencia empírica disponible deja ver que los individuos asociados a bandas encargadas de traficar drogas propenden notoriamente a utilizar armas que aquellos individuos no asociados a estos grupos (Decker & Pyrooz, 2010, p. 149). Con todo, aun es necesario estudiar más a fondo las relaciones entre los mercados ilegales de droga, la disponibilidad de armas y el uso de estas para perpetrar homicidios. Si dicho mercado en América Latina nutre la violencia de la región (Serrano & Kenny, 2012), entonces es urgente analizar más extensamente el vínculo entre el uso de armas y la violencia asociada al mercado de drogas.
Por último y en relación con lo anterior, se propone que los homicidios con armas de fuego se relacionan mayormente a eventos de criminalidad organizada. Todos los estudios coinciden en que una alta tasa de homicidios implica también un alto porcentaje de víctimas jóvenes. Lo anterior ha hecho concluir que “la combinación de armas de fuego y porcentajes de víctimas jóvenes más altos que la media esté influenciada por la delincuencia organizada y bandas criminales” (Vilalta et al., 2016, p. 26). En oposición, en ciudades con tasas relativamente bajas de homicidio como Quito, el medio más común de perpetración de asesinatos ha sido el uso de objetos punzocortantes (Vilalta et al., 2016, p. 27).
A partir de esta evidencia es posible concluir que los homicidios cometidos con objetos punzocortantes se relacionan con, los así llamados, conflictos interpersonales, mientras que los homicidios con armas de fuego se vinculan a la criminalidad organizada. Esos resultados coinciden con otras investigaciones que han demostrado cómo, con la excepción de algunos países como Cuba, el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego en América Latina no es solo desproporcionadamente alto, sino cómo esas altas tasas de homicidio conviven con altos porcentajes de homicidios cometidos con armas de fuego (Gilgen, 2012, pp. 11-12). En otras palabras, existe una correlación positiva entre alta tasas de homicidio y las altas tasas de los que se perpetran con armas de fuego.
Conclusiones
Este artículo ha examinado la relación entre violencia y disponibilidad de armas entre civiles en América Latina. Se trata, hasta donde se pudo identificar, del primer esfuerzo integral en la literatura académica por entender esta compleja relación en el contexto latinoamericano.
La primera parte exploró brevemente el problema de la violencia en América Latina, y las dificultades metodológicas que subyacen a su conceptualización y operacionalización. La segunda, presentó un panorama sobre la disponibilidad de armas en la región, así como de los principales inconvenientes asociados, incluyendo el tráfico ilegal de armas en circuitos de corrupción institucionalizada y el contrabando hormiga de armas, y sus componentes y consumibles. La tercera, abordó las principales teorías criminológicas alrededor de la relación entre disponibilidad de armas y violencia. La última sección se ocupó de la evidencia disponible sobre esta relación para el caso latinoamericano. Son cuatro las conclusiones principales del artículo.
En primer lugar, que la ecuación más armas es igual a más violencia no es válida en cualquier contexto y en cualquier situación. El impacto de la disponibilidad de armas sobre la violencia varía considerablemente en el tiempo y el espacio. En América Latina existen países, ciudades y barrios con altas tasas de disponibilidad de armas, pero relativamente poca violencia.
En segundo, el caso latinoamericano demuestra que legislaciones estrictas de armas no siempre garantizan la disminución en la disponibilidad de ellas. Por el contrario, la ausencia de mecanismos legales y transparentes para acceder a armas con cierta facilidad puede llegar a tener efectos perversos. Entre otros, la potencialización de mercados ilegales de armas cuyo dominio por parte de redes criminales puede ocasionar, por sí mismo, dinámicas violentas.
En tercero, sí hay elementos que permiten señalar que en ciertos contextos la alta disponibilidad de armas es un factor que cataliza situaciones violentas. La correlación entre altos porcentajes de homicidios cometidos con arma de fuego y altos promedios en las tasas de homicidio permiten afirmarlo. Asimismo, hay buenas razones para argumentar que en zonas de tránsito o cultivo de drogas ilegales la mayor circulación de armas cataliza situaciones violentas.
Finalmente, con la información disponible, es posible afirmar que en América Latina no existe precisamente un problema de alta disponibilidad de armas entre civiles. Como fue señalado en el artículo, la región tiene tasas comparativamente bajas de armas per cápita. El tema central es el contexto en el que circulan esas pocas armas que sí hay en la región, así como una serie de asuntos relacionados, incluyendo su tráfico en circuitos de corrupción institucionalizada, el contrabando hormiga de armas y su uso para apuntalar redes de tráfico de drogas. En última instancia la pregunta central debe girar alrededor del cómo se vincula la disponibilidad de armas con otros factores que la literatura secundaria ha considerado como estructurales para entender la crisis de violencia en la región.
Del artículo se desprenden también varias interrogantes y vetas de investigación futuras.
La primera observación tiene que ver con la dificultad en operacionalizar el concepto violencia y en cómo vincularlo con la disponibilidad de armas de fuego. La investigación secundaria ha inquirido en la relación entre disponibilidad de armas y violencia criminal, pero mucho menos en la que se da entre disponibilidad de armas y otras formas de violencia; en particular, violencia intrafamiliar o violencia de género. Aunque se trata de fenómenos más difíciles de explorar, nuevas investigaciones de carácter etnográfico podrían avanzar en esa dirección.
En segundo lugar, se apunta la necesidad de revisar con más énfasis las particularidades locales que hacen que la disponibilidad de armas entre civiles tenga mayor o menor efecto sobre la violencia en algunas zonas que en otras. En este sentido, se hace un llamado en mirar hacia lo local y revisar el efecto puntual de armas específicas en potencializar dinámicas violentas en lugares concretos. Investigaciones de corte diacrónico podrían ser especialmente útiles para tal fin.
Por último, este artículo examinó el posible efecto de las armas sobre la violencia, pero dejó de lado el papel de la disponibilidad de armas como factor que debilita la autoridad estatal. Una veta futura de investigación radica en estudiar cómo la disponibilidad de armas facilita comportamientos y prácticas que contravienen órdenes regulatorios en contextos con poca o nula presencia estatal; esto, en tanto que la proliferación de empresas de seguridad privada, y la obtención de armas ilegales por motivos de protección por parte de ciudadanos puede volverse, en el futuro, uno de los retos más serios de la gobernanza en la región.
