Introducción

¿Por qué en algunos contextos de violencia prevalece la autocensura en la prensa mientras que en otros se continúa informando sobre la acción de grupos delictivos y las políticas de seguridad? La ciencia política ha estudiado recurrentemente los impactos de la proliferación de la violencia sobre las instituciones democráticas y la legitimidad de los regímenes (^{Carreras, 2013}; ^{Ley, 2017}; ^{Pérez, 2004}), pero los esfuerzos para entender sus consecuencias sobre el periodismo son aún incipientes (^{Bartman, 2018}; ^{Brambila & Lugo Ocando, 2019}; ^{Flores et al. 2012}; ^{Hughes & Márquez, 2017}).

La estrategia de enfrentamiento contra el crimen organizado que emprendió el gobierno federal mexicano a partir de 2006 ha provocado el recrudecimiento de la violencia, incluyendo la proliferación de ataques contra periodistas y el empeoramiento de las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo. Ello ha traído consigo una percepción generalizada de que el silencio se ha instalado en las redacciones de los estados más violentos, dejando a la sociedad desprovista de información sobre la evolución de las condiciones de seguridad pública. Esta situación ha conducido a hablar del surgimiento de “zonas silenciadas” (^{CIDH, 2017}); y aunque el uso de este concepto empieza a extenderse (^{Pérez, 2013}; ^{Jacobson, 2017}; ^{De Mauleón, 2017}), su existencia no se ha documentado sistemáticamente, ni se han explorado sus causas.

El repunte de la violencia ha hecho que, efectivamente, algunos medios hayan renunciado a informar sobre las actividades del crimen organizado. Por ejemplo, los periódicos Zócalo de Coahuila comunicaron públicamente que se abstendrían de difundir toda información relacionada con el crimen organizado “en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo” (^{Aristegui Noticias, 2013}). Otros redujeron su cobertura, pero sin hacer noticia pública de ello; y otros más se negaron a abandonar su función informativa, acudiendo a otras estrategias de reporteo. Un ejemplo es Noroeste, de Sinaloa que, en 2010, después de un ataque contra el edificio del diario y una llamada amenazadora de un supuesto integrante del cártel de los Beltrán Leyva, no solo no admitió las condiciones del chantaje, sino que respondió con una editorial y la frase “No vamos a ceder” publicada a ocho columnas (^{Lozano, 2010}). El diario además ha difundido un decálogo con nuevos criterios para continuar reportando, pero minimizando el riesgo. El periódico El Sur, de Guerrero, es otro de los que se han resistido a caer en la autocensura; y su director admite que, aunque ya no se realiza “periodismo de investigación”, el diario intenta “apegarse a principios periodísticos generales, como contrastar información y buscar diversas fuentes” (^{Romero, 2015}) para no renunciar a su función informativa.

Estos testimonios, junto con evidencia cualitativa generada por investigaciones académicas (^{González, 2020}), muestran que la autocensura no es una reacción automática ni generalizada frente a la violencia. La variación en las reacciones de la prensa frente a este fenómeno hace pensar que las zonas de silencio son producto de elementos adicionales que merecen ser explorados.

Cuando la violencia se instala, la confusión reina y se alcanzan conclusiones rápidas e imprecisas; por ejemplo, que la violencia siempre procede de los criminales, o que conduce a una sumisión mecánica por parte de la sociedad civil y el periodismo. Ni una ni otra son precisas.

Distinguir entre los incentivos y móviles de los distintos agresores permite arrojar luz sobre las consecuencias de la violencia. Aunque el crimen organizado es responsable de la mayor parte de las muertes de periodistas (^{Artículo 19, 2014, p. 6}; ^{Holland & Rios, 2017}), los funcionarios públicos continúan siendo los principales agresores de la prensa (^{Artículo 19, 2019}). Estas dos lógicas deben ser entendidas de manera distinta en sus causas y consecuencias.

^{Schedler (2015, p. 12)} menciona que, incluso en entornos de guerras, los civiles “tienen recursos de movilización y resistencia”. Lo mismo podría decirse de la prensa. A diferencia de lo que generalmente se asume, la presencia de crimen organizado no es una condición suficiente para que la prensa se retraiga y deje de reportar sobre temas de violencia. La prensa, concebida como un actor estratégico (^{Salazar, 2019}; ^{Shoemaker & Reese, 2013, p. 100}; ^{Sparrow, 1999}), con recursos y capacidades propias, busca seguir realizando su misión por diversas razones. Algunas tienen que ver con la preservación de su función informativa; otras con la rentabilidad financiera.

En este artículo se sugiere que para comprender el surgimiento de las zonas de silencio no basta con atribuir la autocensura a la intimidación que produce el crimen organizado. Es necesario incluir en el análisis las configuraciones políticas locales, que establecen incentivos y obstáculos puntuales para que los periodistas continúen realizando su función, incluso en contextos violentos: y concebir a la prensa como un actor político y no como un elemento estructural que resiente pasivamente los embates criminales.

El argumento es que el escenario más nocivo para la prensa es aquel en el que se conjuntan tanto la acción del crimen organizado como la presencia de patrones autoritarios en el ejercicio del poder local. Es decir, el surgimiento de zonas de silencio no estaría asociado necesaria ni exclusivamente a la existencia de un clima violento, sino a que este se presentara dentro de lo que la literatura ha llamado un régimen autoritario subnacional (^{Gibson, 2012}; ^{Montero, 2007}; ^{Rebolledo, 2011}; ^{Snyder, 1999}), o régimen híbrido local (^{Behrend, 2011}; ^{Gervasoni, 2011}).

Para comprobar lo anterior, este trabajo analiza el efecto de la violencia delincuencial y los patrones no democráticos sobre el contenido de los periódicos. Para ello, se toma como base el análisis de contenido de los titulares de los dos periódicos de mayor circulación de cada una de las 31 entidades federativas1¹ en el periodo comprendido entre 2011 y 2013.

Las zonas de silencio: ¿cómo las identificamos?

Aunque desde hace tiempo se habla de zonas de silencio, el término comenzó a extenderse a partir de que en 2010 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyera en su informe anual dicha noción:

Hay zonas de México en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales. En esta situación de riesgo especial, resulta extremadamente difícil que los periodistas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares (^{CIDH, 2011, párr. 700}).

En 2017 la RELE de la CIDH elaboró un documento especial denominado Zonas Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión (^{CIDH, 2017}). A partir de entonces, los medios de comunicación y los organismos internacionales continuaron utilizando el término, generalmente para referirse a las regiones en las que se han concentrado, o bien las actividades de los grupos criminales (como en Tamaulipas, por ejemplo), o bien las agresiones contra la prensa (como en Puebla), o ambas (como en Veracruz), asumiendo que estas zonas corresponden con una retracción automática de los periodistas para reportar. Sin embargo, esto no se ha probado con un análisis sistemático de los contenidos de los periódicos ni de las reacciones de los periodistas que permitiera mapear efectivamente en dónde la violencia ha redundado en autocensura y si esta se distribuye de manera homogénea a lo largo de todas las zonas con actividad criminal.

Cuando irrumpió la guerra contra el crimen organizado, una de las primeras reacciones de la prensa fue resistir los embates, negándose a caer en la autocensura, si bien mostrando un comportamiento “errático e inconsistente” para cubrir sucesos relacionados con la violencia (^{Lozano, 2016, p. 14}) por tratarse de una circunstancia sin precedentes. Después de ataques y represalias del narcotráfico, y de críticas de las audiencias por “fungir como voceros de los delincuentes al reproducir sus mensajes” (^{Lozano, 2016, p. 17}), 715 medios del país firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV), en el que los adscritos reconocían que “requerían de una estrategia que les permitiera continuar realizando su trabajo en un contexto de alto riesgo”.²

Organizacionalmente, el ACIV pretendía instaurar pautas homogéneas de cobertura,³ si bien su adherencia constituía un pacto de buena fe, sin obligaciones expresas ni medidas de supervisión. Así, su aplicación quedó a discreción de cada uno de los medios adheridos, con un deseo legítimo de enviar un mensaje de responsabilidad y profesionalismo, y una búsqueda común de criterios para lograr una mejor cobertura de los sucesos relacionados con el crimen organizado (^{Lozano, 2016, p. 17}).

A pesar de las recomendaciones del ACIV, los medios solían seguir incurriendo en la función de vocería involuntaria de los grupos criminales, prejuzgando culpables, o difundiendo datos personales sobre las víctimas (^{Lozano, 2016}). Incluso en términos de la sola decisión sobre cubrir o no sucesos de violencia hay variaciones importantes, a pesar de que el ACIV enfatizaba el no renunciar a esta función. Estas heterogeneidades, que persistieron durante la vida activa del ACIV (2011-2013), se presentan gráficamente a partir del número de titulares que refieren a la violencia para los dos periódicos de mayor circulación por estado, y de manera simultánea con la tasa anual de homicidios violentos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Si el surgimiento de zonas de silencio estuviera asociado automáticamente a la magnitud de la violencia, esperaríamos encontrar una menor cobertura en aquellos estados más violentos, según el indicador del INEGI. Ahora, si el ACIV hubiera funcionado, se vería una correspondencia más o menos cercana entre zonas violentas y cobertura de violencia. Las brechas muestran que ni una ni la otra se presentan necesariamente.

Una zona de silencio se observaría en la Gráfica 1 como brechas entre el indicador de homicidios y los titulares de violencia, como sucede para Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz. A primera vista, todos estos estados tienen un bajo nivel de noticias relacionadas con violencia y crimen organizado, aunque simultáneamente tienen niveles altos de homicidios por arma de fuego. En cambio, encontramos estados como Baja California, Sinaloa o Tamaulipas en donde los principales periódicos no han dejado de publicar contenido relacionado con crimen organizado, a pesar de desempeñarse bajo condiciones de violencia. En esta misma gráfica se observa un tercer grupo de estados, como Aguascalientes, Campeche o Yucatán, que podríamos clasificar como estados pacíficos para el periodo de análisis, y en donde tampoco hay un gran número de titulares que hablen sobre violencia.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (https://cutt.ly/1z5OD9F).

Gráfica 1 Titulares sobre violencia y homicidios violentos 

Este panorama da cuenta, entonces, de una heterogeneidad estatal que merece ser explorada, y desafía la idea de que todos los estados violentos se transforman, automáticamente, en zonas de silencio.

¿Qué explica el contenido de los medios? Algunas hipótesis

Desde la sociología de los medios de comunicación es recurrente la pregunta por los determinantes de los contenidos mediáticos y por la manera en la que estos “reflejan” la realidad. Desde la década de 1970, diversos autores comenzaron a estudiar las noticias como variable dependiente, aislando las influencias que afectaban el contenido de los medios a lo largo del tiempo; o bien, de un medio a otro. Una de las líneas de investigación más comunes estaba relacionada con las distorsiones y la medición de sesgos (^{Hove et al., 2013}; ^{Shoemaker & Reese, 2013, p. 3}). Así, la noción de que la construcción mediada de los acontecimientos tenía variaciones importantes puso de relieve la necesidad de contar con teorías que explicaran los propios contenidos, que no podían admitirse como dados, o como reflejos precisos de la realidad.

La literatura sobre el establecimiento de la agenda mediática (^{McCombs, 2005}; ^{McCombs & Shaw, 1972}, ¹⁹⁹³) que busca responder por qué algunos asuntos deciden publicarse en los medios y otros no, también se inserta en esta corriente, así como los estudios que toman al “encuadre noticioso” como una variable a explicar. Asimismo, se han generado hipótesis que aducen a las razones comerciales detrás de los determinantes de las noticias (^{Gandy, 1982}; ^{Hamilton, 2004}; ^{McManus, 1994}). Según esta línea de argumentación, las audiencias, los anunciantes y los subsidios son los elementos más poderosos detrás del contenido de las noticias.

Una de las principales limitaciones de estos estudios es que han sido elaborados desde y para el análisis de los medios en democracias avanzadas, y suelen encontrar las variables explicativas para el contenido mediático dentro del propio mundo de los medios, asumiendo que las interferencias externas son raras o no afectan demasiado las decisiones que se toman al interior de las redacciones.

^{Shoemaker & Reese (2013)} reconocen la existencia de distorsiones externas al mundo de los medios para estudiar los determinantes de su contenido. La propuesta de “jerarquía de influencias”, que retoma la idea de “estructuración” de ^{Giddens (1984)}, sostiene que las estructuras que rodean al quehacer de los medios pueden ser restrictivas o habilitadoras para hablar o no de un tema determinado. Estos investigadores señalan que los contenidos de los medios están influidos por otras instituciones y fuerzas sociales, que incluyen la intervención de actores políticos, audiencias o grupos de interés (^{Shoemaker & Reese, 2013, pp. 8-9}).

La propuesta es interesante porque entrelaza elementos sociales y políticos junto con la impronta de las propias organizaciones mediáticas y las rutinas profesionales, lo que proporciona un entendimiento más preciso de la configuración de los contenidos mediáticos. Esto es en especial importante para entender qué hay detrás de los temas publicados en democracias no avanzadas, en las que hay una interferencia mayor de factores que pertenecen a esferas no mediáticas, sobre todo a la de las instituciones sociopolíticas.

Aunque este enfoque, al reconocer la importancia de las influencias políticas y al visualizar las estructuras como elemento restrictivo, resulta más compatible para analizar las causales de la autocensura, no es suficiente para entender las heterogeneidades locales particulares; por ejemplo, para responder por qué diarios que comparten una misma cultura periodística reaccionan distinto frente a amenazas de actores que pertenecen a la esfera de influencias sociopolíticas.

Para el caso específico de los efectos de la violencia, la evidencia cualitativa muestra que, si bien hay una fuerte tendencia hacia la autocensura, esta no es la opción que prevalece en todos los casos. A partir de 93 entrevistas semiestructuradas con periodistas mexicanos, ^{González (2020, p. 278)} ha documentado el dilema que se ha impuesto a aquellos que se desempeñan en zonas asoladas por el crimen organizado: o se opta por dejar de reportar sobre acontecimientos violentos, o se adoptan prácticas de profesionalización que procuran la protección y la prevención de riesgos. La exploración de las motivaciones detrás de la decisión por una u otra alternativa aún están latentes. ^{González & Reyna (2019)}, utilizando también una metodología cualitativa, han señalado que los periodistas son más propensos a la autocensura cuando perciben abandono o indiferencia de parte de la sociedad civil. En esta hipótesis, queda pendiente de analizar el efecto de otras variables de corte politológico.

Los regímenes híbridos como la pieza faltante: hacia una propuesta teórica

La heterogeneidad de respuestas mediáticas frente a la violencia no se puede entender de manera completa tomando solo elementos de la literatura de medios. En este texto se subraya, siguiendo a ^{Stein & Kellam (2016}) y a ^{Godhes & Carey (2016)}, la necesidad de incorporar variables políticas para explicar las acciones y reacciones de los medios de comunicación, especialmente en circunstancias relacionadas con el deterioro en la libertad de prensa. La violencia no solo incrementa los riesgos para los periodistas cuando estos cubren sucesos relacionados con el crimen organizado, sino también cuando, de manera deliberada, los propios actores violentos buscan enviar mensajes a través de la prensa, lo que coloca al periodista en una postura en la que se pierde la neutralidad informativa y se incrementa sustantivamente la vulnerabilidad (^{Cottle, Sambrook, & Mosdell, 2016, p. 3}; ^{González, 2020}).

Se requiere entonces aproximarse, por un lado, a las diferencias en las motivaciones que tienen los actores estatales y no estatales para intervenir en los contenidos de la prensa (^{Charles, 2020}; ^{Gohdes & Carey, 2016}), y a la comprensión de las configuraciones locales de manejo de recursos y de poder (^{Behrend, 2011}; ^{Gibson, 2012}; ^{Giraudy, 2010}). Es decir, es necesario dejar de concebir a los medios como simples receptores pasivos de influencias y comenzar a analizarlos como actores con poder de agencia, de negociación y de decisión; y, sobre todo, en interacción con otros actores que tienen recursos propios y distintas motivaciones para intervenir en la prensa.

Dentro de la esfera de influencias sociopolíticas, ^{Shoemaker & Reese (2013, pp. 108-125)} refieren una serie de actores e instituciones que afectan los contenidos de los medios, entre los que figuran funcionarios de gobierno, empresarios, activistas sociales, o grupos de interés. Cada uno tiene distintos incentivos para buscar intervenir en los medios, restringiendo o colocando contenidos. Algunos de ellos pretenden posicionar nuevos temas en la agenda pública; otros, presentar narrativas alternas a los problemas públicos, deslegitimar discursos de los oponentes políticos, o evitar que trasciendan en los medios asuntos que puedan afectar sus intereses, su popularidad o sus apoyos. Igualmente, cada uno de estos actores tiene distintas estrategias de intervención y diferencias en los recursos a movilizar, incluyendo recursos ilegales, como los sobornos o la coerción violenta.

Si bien la amplia propuesta de ^{Shoemaker & Reese (2013)} no pretende explorar los detalles puntuales de cada una de las capas de influencias, el modelo provee una base muy útil para profundizar en las implicaciones teóricas que tienen las distintas motivaciones e instrumentos de los actores para intervenir. Asimismo, el modelo no contempla explícitamente la influencia que pueden ejercer actores criminales pues, como se mencionaba más arriba, está inspirado en ambientes democráticos, pero es lo suficientemente flexible como para sopesar la innegable intervención que estos desempeñan sobre el trabajo periodístico en entornos violentos. Así, partiendo de esta propuesta, y retomando investigaciones dedicadas específicamente a explorar el desempeño del periodismo en contextos violentos, en este trabajo propongo que es necesario diferenciar los incentivos de los actores políticos respecto de los incentivos que tienen los actores criminales.

Aunque hay una amplia literatura que ha explorado los efectos de la violencia sobre los hábitos y las prácticas periodísticas (^{Chalaby, 2000}; ^{Charles, 2020}; ^{Gohdes & Carey, 2016}; ^{González, 2020}; ^{Hughes et al., 2016}; ^{Hughes & Márquez, 2017}; ^{Nerone, 1990}; ^{Relly & González de Bustamante, 2014}; ^{Waisbord, 2002}), e incluso sobre la salud mental de los periodistas (^{Feinstein, 2012}; ^{Flores et al., 2012}), pocos trabajos han diferenciado entre las lógicas de la intervención de los criminales violentos y la intervención de los actores estatales sobre la prensa. Menos estudiadas aún son las consecuencias de la violencia criminal sobre los contenidos concretos de los medios.

En su trabajo sobre la violencia contra periodistas como predictor de represión futura, ^{Godhes & Carey (2016)} distinguen entre las motivaciones que tienen distintos actores para intervenir en la prensa. Esta propuesta es valiosa en tanto pone de manifiesto que existen diferentes lógicas de la represión dependiendo de los intereses del perpetrador, de lo que se desprende que también las consecuencias de estas lógicas son distintas. A partir de este trabajo, aquí se proponen dos tipos de incentivos diferenciados para intervenir en la prensa, a partir del tipo de actor que la lleve a cabo.

Por un lado, los actores estatales buscan intervenir en la narrativa mediática para asegurarse de que la imagen de su mandato difundida en los medios corresponde con aquella que es más conveniente para las ambiciones profesionales del gobernante, aun si eso significa presentar distorsiones sobre la popularidad o la viabilidad de una política pública, acallar los cuestionamientos de la oposición o del propio medio e incluso desincentivar el periodismo crítico y de investigación. Generalmente, los gobiernos evitan que sus estrategias de intervención en la prensa sean visibles, especialmente si se valen de amenazas, violencia o instrumentos clientelares. Así, la intervención sobre los medios busca principalmente restringir los contenidos sobre cobertura de violencia, en tanto genera mala imagen para el gobernante en turno, afectando sus aspiraciones políticas.

Por otro lado, los grupos criminales también buscan intervenir en la narrativa pública, pero, a diferencia de los actores gubernamentales, optan por la visibilidad pública, para que los actos de coerción funjan como instrumento de envío de señales, ya sea de poderío frente a otros grupos criminales, ya de advertencia al gremio periodístico para que su narrativa sea la única que prevalezca.

Además, los criminales no solo marcan la pauta de qué acontecimientos violentos cubrir, sino de cómo cubrirlos. En una investigación realizada a partir de entrevistas con paramilitares colombianos, ^{Charles (2020)} encuentra que la principal motivación detrás de las agresiones criminales contra periodistas es la preservación de intereses económicos. Los paramilitares, señala el autor, afirman respetar a los periodistas, pero no pueden permitir que el gremio “actúe como policía o detective”. De este modo, las agresiones están dirigidas a desincentivar cierto estilo de coberturas.

^{Valdez (2016)} documentó cómo en territorios en disputa entre grupos criminales, estos incluso hacen llegar fotografías y otros materiales a las redacciones para asegurarse de que los sucesos se relaten de acuerdo con su “ángulo”. Los criminales, en estos contextos, “de manera perversa, regulan el derecho a la información” (^{Illades, 2017}). De acuerdo con estas nociones, la intervención de estos actores no busca restringir la información que se publica, sino distorsionarla activamente colocando contenidos.

Además de considerar los diferentes incentivos de los actores, en este trabajo se sostiene que también es necesario analizar las diferencias en los entornos en los que se desarrolla la violencia criminal. ^{Waisbord (2002)} ha señalado que la violencia contra la prensa suele ocurrir en enclaves donde la presencia del Estado es débil o inexistente. En el mismo sentido, ^{Hughes & Márquez (2017)} han encontrado que, además de la violencia criminal, la existencia de regímenes locales caracterizados por la corrupción es uno de los predictores detrás de las agresiones contra la prensa. Estos hallazgos, discutidos también previamente por ^{Bjørnskov & Freytag (2016)}, y por ^{Asal et al. (2016)}, demuestran que la heterogeneidad en la penetración estatal y el establecimiento irregular de la democracia parecen ser elementos que deben formar parte del estudio de la prevalencia de la violencia y las consecuencias de esta.

En ese sentido, la literatura sobre regímenes híbridos locales es útil para comprender las dinámicas de manipulación sobre la prensa estatal, incluyendo las diferencias en las reacciones de esta frente a la violencia, comprendida como una restricción impuesta por el entorno político. Como se ha dicho en el apartado anterior, gran parte de la literatura que estudia los factores que determinan el contenido de los medios asumen condiciones democráticas, en las que las redacciones pueden decidir qué contenidos se publican, prácticamente sin interferencia de ninguna influencia política. En los regímenes híbridos, sean nacionales o locales, sucede lo contrario: la manipulación política de la prensa, o el abierto control de ella, es uno de los rasgos a los que recurrentemente se ha aludido para caracterizarlos (^{Diamond, 2002}; ^{Levitsky, 2010}; ^{Schedler, 2002}).

Como regímenes híbridos se entienden a aquellos en los que, bajo el mantenimiento de una fachada democrática que consiste básicamente en la celebración de elecciones regulares, subyace un control de las oportunidades políticas y una manipulación de las instituciones, incluyendo la prensa (^{Diamond, 2002}; ^{Giraudy, 2010}; ^{Karl, 1995}; ^{Levitsky, 2010}; ^{Schedler, 2002}; ^{Schmotz, 2013}). Los regímenes híbridos, además, se caracterizan por un manejo patrimonialista de los recursos y del poder, lo cual implica corrupción y abusos sistemáticos. Típicamente, podemos considerar dos dimensiones para la caracterización de un régimen híbrido: concentración del poder y manipulación de las instituciones (^{Giraudy, 2010}; ^{Schedler, 2002}, ²⁰¹³), que pueden analizarse a partir de cuatro dimensiones de control: institucional, presupuestal, legal y de uso de la fuerza.

En este trabajo se propone que la existencia de zonas de violencia armada no es condición suficiente para que la prensa se autocensure y deje de reportar sobre estos temas. Dado que los grupos criminales no son los únicos actores que esgrimen estrategias de intervención sobre la prensa, es necesario también tomar en cuenta la dimensión del control político. Así, el efecto de autocensura ocurre en territorios en los que existen ambas condiciones: presencia de violencia provocada por grupos criminales y una caracterización de regímenes híbridos, contemplando las cuatro dimensiones de control especificadas arriba. Esto es lo mismo que decir que el efecto de intimidación ocurre si y solo si la violencia ocurre en territorios en los que los gobiernos locales esgrimen paralelamente estrategias de intervención en los contenidos mediáticos.

Dado que se asume que a) los medios deberían reflejan la realidad, y que b) los grupos criminales tienen incentivos a colocar sus propias narrativas en los diarios valiéndose de amenazas, entonces:

H1. La violencia criminal incrementa la publicación de contenido sobre crimen organizado en los periódicos locales.

Por otro lado, dado que a) los gobernantes tienen incentivos para restringir los contenidos que afecten su reputación, y que b) en regímenes híbridos los límites institucionales para evitar intervenciones sobre la prensa son débiles, entonces:

H2. En estados donde la violencia criminal ocurre simultáneamente a la existencia de un régimen híbrido, la publicación de contenido sobre crimen organizado disminuye.

De la segunda hipótesis podemos derivar las siguientes hipótesis particulares:

H2a. En estados en los que el poder se encuentra concentrado en el Poder Ejecutivo, el contenido mediático sobre crimen organizado disminuye. H2b. En estados donde la violencia criminal y el clientelismo ocurren simultáneamente, el contenido mediático sobre crimen organizado disminuye. H2c. En estados donde la violencia criminal y la intimidación legal ocurren simultáneamente, el contenido mediático sobre crimen organizado disminuye.

H2d. En estados donde la violencia criminal y la represión ocurren simultáneamente, el contenido mediático sobre crimen organizado disminuye.

Análisis empírico

Para comprobar de manera empírica las hipótesis propuestas se tomó el contenido de los dos periódicos de mayor circulación diaria para cada una de las 31 entidades federativas (los principales 62 periódicos estatales en términos de su tiraje, según lo reportado por el Padrón Nacional de Medios Impresos). Para captar de manera significativa la esencia del contenido de los periódicos locales se reconstruyó una semana de manera aleatoria para cada diario y para cada uno de los tres años comprendidos entre 2011 y 2013, que integran el periodo de análisis (^{Riffe et al., 2005}). La pertinencia de este periodo está justificada por varias razones. En primer lugar, permite cubrir los últimos dos años del sexenio del presidente Felipe Calderón (2011 y 2012) y los primeros dos años de mandato de Enrique Peña Nieto (2012 y 2013). Para esos años, nueve estados no habían presentado alternancias, mientras que en tres esta había sido doble. Así, se logra incorporar en el análisis una variedad de características políticas y de ejercicio del poder local, útil para poner a prueba las variables independientes. En segundo lugar, este fue el periodo en el que el ACIV se mantuvo activo emitiendo recomendaciones hasta diciembre de 2013 (^{Lozano, 2016, p. 17}). Esto supondría una base común de operación para la cobertura de violencia, y es útil para resaltar las variaciones en el fenómeno a explicar.

La base de referencia quedó integrada por un total de 1302 fechas de ejemplares de diarios estatales. El espacio analizado fueron los titulares porque constituyen un elemento estratégico de actuación de los medios impresos, son una referencia que suele ser retomada por otros medios impresos y no impresos (por ejemplo, en el recuento radiofónico o televisivo de los titulares del día); y son el recurso principal para atraer la atención de lectores.

Variable dependiente

Como lo que se pretende comprobar es la propensión de la prensa a autocensurarse creando zonas de silencio, la variable dependiente son los contenidos mediáticos sobre violencia y crimen organizado. Para operacionalizar dichos contenidos se creó una variable dicotómica para identificar los titulares que hacen referencias explícitas al crimen organizado violento. Se asigna un valor de 1 a los titulares que reportan actos de violencia atribuidos al crimen organizado, tales como enfrentamientos entre policía/ejército y actores presumiblemente vinculados a grupos delincuenciales; ataques de grupos privados armados a instalaciones públicas o privadas; o “ejecuciones” en las que la víctima fue asesinada con armas de grueso calibre, presenta huellas de tortura, o se encontró acompañada por mensajes atribuibles a grupos delictivos.⁴ También se incluyen titulares que hacen referencia explícita a actores del crimen organizado. Algunos ejemplos son: referencias genéricas a organizaciones del crimen organizado (como “cártel” o “narcos”), a nombres de las organizaciones del crimen organizado (como “Zetas”), a sus miembros (como “polizetas”), a personas que cumplen funciones genéricas en el crimen organizado (como “sicario” o “capo” o “narcopolítico”), o a instrumentos y/o formas de operar comúnmente relacionadas con el crimen organizado (“narcofosas”, “armas de alto calibre”).⁵

Variables independientes

Variables de control

Para aislar efectos de otras variables que puedan estar afectando la cobertura de noticias en la prensa estatal, se introducen como variables de control las características de los mercados locales y las características socioeconómicas de la entidad:

Modelos

Para explorar los determinantes de la variable de interés (publicación o no de contenidos relacionados con crimen organizado), se estimaron cinco modelos logit. Los modelos logit arrojan la propensión de los diarios analizados a publicar titulares sobre crimen organizado, dados los predictores incluidos en cada uno de esos modelos. Los errores estándar se agrupan por estado para corregir por autocorrelación espacial. Para todos los modelos se realizan pruebas de una cola para concentrarnos en la direccionalidad que toman las variables según las hipótesis.

En el modelo 1, que es el modelo base, solo se incluyó la magnitud de la violencia criminal como explicación a la publicación de titulares relacionados con crimen organizado (H1). El modelo 2 está basado en la dimensión de concentración del poder, pues incorpora como variables explicativas el margen de victoria con el que el gobernador accede a su cargo, la distancia a la mayoría parlamentaria y el grado de independencia judicial (H2a). Los modelos 3, 4 y 5 evalúan el efecto de la manipulación institucional en tres vertientes: el clientelismo, las leyes restrictivas de la libertad de expresión, y las agresiones contra periodistas. Se valora el efecto de cada una de estas estrategias en su versión lineal, pero también se incluye una versión interactiva con los homicidios para presentar el efecto de ellas en combinación con la existencia de violencia (H2b, H2c y H2d). En los cinco modelos se controla tanto por las características de los mercados locales de periódicos como por los rasgos socioeconómicos de las entidades federativas. Los resultados se concentran en la Tabla 1.

Discusión de resultados

El primer elemento que destaca en los cinco modelos es que la violencia no es un elemento que por sí mismo provoque silencio. Todo lo contrario: la relación positiva y estadísticamente significativa entre niveles de violencia y contenidos sobre violencia refleja que, a pesar de la expansión de la noción de autocensura, continúa habiendo una correspondencia entre la realidad mediática y los hechos violentos. Ello comprueba la H1 en el sentido de que no hay evidencia estadística que permita sostener que los entornos violentos han provocado un retraimiento generalizado de la prensa para informar. Esta evidencia agregada no implica desestimar los testimonios individuales sobre autocensura; por el contrario, fortalece la necesidad de explorar con más detalle cuáles son las configuraciones particulares que, más allá de la violencia, están conduciendo a ese escenario. Precisamente, los modelos restantes buscan añadir elementos adicionales que logren explicar los escenarios en los que la autocensura sí se verifica.

Con respecto a los elementos relativos a la concentración del poder (modelo 2), tanto el dominio del Congreso local como el grado de sometimiento del Poder Judicial afectan de manera negativa la publicación de titulares sobre crimen organizado. El cálculo de probabilidades marginales arroja que, por ejemplo, si el partido del gobernador tiene el 20% de las curules en el Congreso local, la probabilidad de que se publique un titular sobre crimen organizado es de 14.3%, pero cuando este posee el 85% de ellas, la probabilidad solo es del 5%, manteniendo el resto de las variables constantes. Paralelamente, cuando el grado de sometimiento judicial es el mínimo considerado, la probabilidad de publicación de un titular sobre crimen organizado es de 4%, pero cuando el Poder Judicial alcanza el máximo nivel de sometimiento considerado por la escala utilizada, la probabilidad es de 1.6%. Las Gráficas 2a y 2b muestran las probabilidades marginales predichas por el modelo 2. En ellas puede verse cómo la probabilidad de que se publique un titular de crimen organizado disminuye a medida que el gobernador ejerce controles sobre el Congreso local y las instituciones judiciales estatales, respectivamente. El margen de victoria no resulta estadísticamente significativo.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2 Concentración del poder y publicación de titulares sobre crimen organizado 

En cuanto a la dimensión de manipulación institucional, los modelos 3 y 5 muestran que tanto el clientelismo como la violencia inciden negativamente en la publicación de titulares sobre crimen organizado cuando se les considera de manera individual. Y si las estrategias de manipulación se consideran en conjunto con los homicidios, incluyendo la intimidación por leyes de censura (modelo 4) además de las dos mencionadas, hay un efecto negativo y estadísticamente significativo en los tres casos, lo que comprueba las hipótesis H2b, H2c y H2d. El análisis de los efectos interactivos se presenta en las Gráficas 3a, 3b y 3c.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3 Efectos interactivos de violencia y estrategias de manipulación institucional 

Resulta llamativo que, a pesar de que la violencia está relacionada de manera positiva con la publicación de titulares sobre crimen organizado, la probabilidad de que se publiquen estos contenidos disminuye conforme se incrementan los valores para cada una de las estrategias consideradas. Como referente se toman los valores mínimo, intermedio y máximo que alcanza cada estrategia en el periodo analizado. Por ejemplo, en la Gráfica 3a se ve que para 140 muertes por arma de fuego al año, cuando el gasto en publicidad oficial equivale al 0.01% del PIB estatal (valor mínimo, línea obscura), la probabilidad de que aparezca un titular sobre crimen organizado es de 25%, pero cuando el gasto aumenta a 0.06% del PIB (valor promedio, línea intermedia), esta probabilidad se reduce a 11%, y a solo .0004% cuando el gasto en publicidad alcanza el valor máximo de la muestra, que es el 0.34% del PIB del estado (línea clara). Para la intimidación que se ejerce por leyes restrictivas de la libertad de expresión, el escenario es paralelo. En la Gráfica 3b se ve que la misma cifra de muertes por arma de fuego, cuando no se tienen sentenciados por delitos contra el honor, la probabilidad de un titular sobre crimen organizado es de 6%. Cuando se registran dos sentenciados (valor medio), la probabilidad es de 1.6%; y solo cuando se tienen 22 sentenciados (valor máximo) es prácticamente cero. Finalmente, para la Gráfica 3c en la que se expresa el efecto interactivo de violencia y agresiones contra periodistas cometidas por funcionarios públicos, se observa que, para 140 homicidios con arma de fuego, la probabilidad de que se publique un titular sobre crimen organizado es de 70% cuando no hay periodistas agredidos, de 57% cuando hay 6 periodistas agredidos (valor medio), y solo de 0.05% cuando se alcanza el valor máximo de 38 agresiones a periodistas.

Reflexiones finales

Este artículo demuestra que, en contra de la creencia extendida de que la violencia criminal por sí misma ha erosionado la labor informativa de la prensa, este factor no es suficiente para explicar el surgimiento de zonas de silencio. Los modelos estadísticos confirman que la prensa continúa publicando contenidos sobre crimen organizado, incluso en entornos violentos. Esto no quiere decir que no haya evidencia para hablar de las zonas de silencio. Los análisis confirman que la direccionalidad del efecto de la violencia se vuelve negativo cuando se le valora en conjunto con el despliegue de estrategias de manipulación gubernamentales sobre la prensa; es decir, mientras que la violencia vista de manera aislada resulta un factor que provoca que la prensa hable sobre violencia, esta inhibe la labor de la prensa cuando converge con intentos de cooptación, intimidación o de agresiones cometidas por funcionarios públicos.

Estos hallazgos coinciden con evidencia cualitativa obtenida en entrevistas con periodistas de Sinaloa y Veracruz. En una entrevista se señala que “las limitaciones para cubrir la nota roja vienen de la censura sutil que ejerce el gobierno, cuando pide que no se afecte el turismo o la idea de que las cosas están cambiando” (Entrevista, enero 2020). En otra se señala que está la idea de que “el narcotráfico es el que manda, cuando en realidad es el alto grado de colusión entre autoridades y criminales lo que hace peligroso el ejercicio del periodismo” (Entrevista, mayo de 2020). Sería necesario continuar recogiendo evidencia cualitativa sistemática que permita confirmar estos testimonios y ahondar en los mecanismos causales de las relaciones aquí encontradas.

Adicionalmente a esa dinámica, los análisis mostraron que hay otros dos elementos que restringen la publicación de información sobre crimen organizado: el predominio del partido del gobernador en el Congreso local y la falta de independencia de las instituciones judiciales locales. Estos elementos se traducen, respectivamente, en la anulación de los contrapesos parlamentarios y en la incapacidad de imposición de sanciones, lo que redunda en falta de controles e impunidad. Ello lleva a señalar que las configuraciones políticas locales importan para entender cómo operan las zonas de silencio, comprobando lo que otras investigaciones también han señalado respecto a que los enclaves híbridos locales son los peores escenarios para la libertad de prensa (^{Hughes & Márquez, 2017}).

Los análisis estadísticos refuerzan la idea de que la prensa tiene poder de agencia. Sin embargo, las conclusiones no son necesariamente optimistas. Aunque las variaciones estatales pueden ser síntoma de que la prensa cuenta con capacidad de decisión y resistencia frente a los ataques (^{Garcés et al., 2019}; Hughes & ^{Brambila, 2019}; ^{Salazar, 2019}), también esto puede ser consecuencia de una estrategia proactiva de los criminales de colocar contenido en los medios locales (^{Valdez, 2016}). La metodología cuantitativa y el enfoque macroscópico que sustentan el presente estudio no permite distinguir en qué situaciones concretas la publicación de información sobre crimen organizado responde a la intimidación de criminales y no a una preservación de la labor informativa de la prensa. Queda pendiente complementar estas intuiciones teóricas con estudios cualitativos, como entrevistas en profundidad tanto con reporteros como con directivos de medios, que permitan explorar, no solo si la prensa continúa reportando sobre la violencia, sino arrojar luz sobre las formas concretas que esta cobra en las narrativas mediáticas locales.

A más de diez años de que se iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico, las lógicas de colusión entre criminales y gobernantes se han profundizado, y los estilos autoritarios en la forma de ejercer el poder local se han ido asentando (^{Gervasoni, 2018}; ^{Paxman, 2018}). Esta combinación perversa pone en mayores riesgos a los periodistas y coloca a la prensa en una situación de mayor proclividad hacia la censura si no hay un fortalecimiento de los frenos y contrapesos locales. Si bien los indicadores utilizados aquí contemplan una parte institucional (las características de jure de los tribunales estatales, por ejemplo), la evidencia de este artículo pone de relieve la importancia de monitorear el desempeño de otros actores de contrapeso para respaldar al periodismo, como los Congresos locales y la sociedad civil.