Introducción

La dinámica del antagonismo social en América Latina ha tendido a configurarse en torno a la disputa por los bienes comunes naturales durante las primeras décadas del siglo XXI. Frente a las estrategias de despojo movilizadas por el capital global, la defensa de la naturaleza como bien común fue adquiriendo centralidad en los ciclos de movilización social de la región. En este trabajo propongo reflexionar sobre uno de los conflictos que ha tenido lugar en los últimos años en Argentina, el cual está vinculado a la explotación de yacimientos de petróleo y gas no convencionales, en la que se utiliza una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Presento en particular un análisis del discurso dominante que impulsa la industria petrolera a partir del caso específico de la reciente experiencia de la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo, al centro-oeste de Argentina.

El avance de la industria hidrocarburífera hacia la explotación de yacimientos no convencionales a nivel global, ha sido impulsada por los Estados Unidos y puede ser entendida como la respuesta sistémica al declive que presentan los reservorios de hidrocarburos convencionales en el mundo, esto es, que es la manera que ha encontrado el capitalismo para “resolver” la crisis energética a la que se enfrenta el desarrollo de las fuerzas productivas debido a su histórica dependencia respecto del combustible fósil. Sin embargo, en Argentina el ingreso de la explotación no convencional se encuentra ligada a las condiciones que fijan sus determinaciones histórico-sociales como país dependiente (^{Di Risio, 2016}). Cabe destacar, en tal sentido, la centralidad que ha adquirido la explotación de yacimientos no convencionales como el de Vaca Muerta para los diferentes gobiernos que se sucedieron desde que dicho yacimiento fuera descubierto en 2010. Todos ellos, en cada caso bajo orientaciones diferenciales, apostaron al desarrollo de formaciones no convencionales. Lo que resulta indudable es que el desarrollo de Vaca Muerta generó grandes expectativas. Pues no se trata de una actividad extractiva en una zona determinada, sino que los límites de Vaca Muerta son más difusos, representa un megaproyecto de producción de energía que excede los límites del Estado argentino: “no solo por sus pretensiones de insertarse en el mercado mundial o por los insumos y desarrollos tecnológicos de los que depende, sino también porque los diferentes actores políticos, financieros y corporativos implicados se mueven con prioridades e intereses que están más allá de los límites nacionales y regionales” (^{Scandizzo, 2019, p. 6}).

Las complejidades que supone semejante escenario, organizado en torno a profundas desigualdades y asimetrías de poder, han generado conflictos territoriales a nivel local, nacional y global (^{Acacio & Wyczykier, 2020, p. 459}). Son preocupantes las tensiones que surcan el avance territorial del fracking. Los conflictos emergieron tempranamente en Neuquén, en 2013, a raíz del convenio entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Chevron para explotar la formación de Vaca Muerta. Dicho acuerdo fue ampliamente rechazado por la sociedad neuquina, debido tanto a la presencia de la empresa norteamericana -denunciada internacionalmente por los atropellos sociales y ambientales cometidos en Ecuador-, como por las cláusulas confidenciales que el acuerdo incluía. Además, las disputas territoriales con las comunidades mapuches de la Patagonia norte afloraron desde la explotación del primer pozo no convencional, a cargo de la empresa Apache, sin consentimiento, en el territorio de la comunidad Gelay Co (^{Svampa & Viale, 2014, p. 327}). A partir de entonces los conflictos territoriales se han multiplicado, incluyendo entre las preocupaciones los reiterados accidentes en pozos de diferentes bloques, el aumento de la sismicidad registrada, los efectos de una despiadada flexibilización laboral que, en los últimos quince meses, se ha cobrado la vida de ocho operarios.¹ Asimismo, la inquietud ante la dinámica de despojo que caracteriza al avance del fracking adquiere otras proporciones si, como señala Hernán Scandizzo, tenemos en cuenta las “sinergias extractivas” que rodean el desarrollo de Vaca Muerta. Desde ese punto de vista, el megaproyecto de Vaca Muerta puede ser visto como la punta de un iceberg bajo el cual hallamos una transformación territorial aún más profunda de lo que está a la vista en relación al riesgo de contaminación de agua, aire y suelo asociados a la técnica del fracking o la pérdida de tierras productivas, como en el Alto Valle de Río Negro (^{Scandizzo, 2017, p. 53}). Lo que se debe a que la infraestructura y logística que requiere la extracción masiva de gas y petróleo de yacimientos no convencionales proporciona también la viabilidad de otros proyectos extractivos tales como la minería o la producción agroindustrial a gran escala.²

Este trabajo propone reflexionar sobre la narrativa hegemónica que impulsa la explotación de no convencionales en Mendoza desde 2017. El ingreso del fracking en la provincia es reciente, y se encuentra aún lejos del desarrollo masivo que ha alcanzado en otras zonas como en la provincia de Neuquén. En julio de 2017, el gobierno local autorizó la primera prueba piloto para explotar cuatro pozos pertenecientes a la porción que comparte del yacimiento Vaca Muerta, mientras que la primera concesión de un área no convencional para explotación tuvo lugar en abril de 2019. No obstante, aunque incipiente, se trata de un proceso continuo sobre el que el gobierno y el sector empresarial muestran gran insistencia. La hipótesis de fondo sostiene que la iniciativa sobre el fracking impulsada por los sectores dominantes constituye un terreno propicio para reconocer algunos rasgos decisivos que jalonan los procesos de despojo ligados a la mercantilización de bienes comunes naturales. En tal sentido, el ingreso del fracking en Mendoza puede ser un caso testigo de las estrategias de acumulación que moviliza el capital, cuando procura expandir el dominio de la mercancía sobre asuntos que han sido construidos históricamente como bienes comunes, tal como sucede con el uso del agua en la provincia de Mendoza (^{Salomone & Canafoglia, 2019}). La iniciativa sobre los no convencionales supone, para el caso de Mendoza, una ampliación de la frontera extractiva; y como tal, alrededor de ella tiene lugar un proceso que asume los rasgos propios de la fase de acumulación originaria que describiera Marx a mediados del siglo XIX, un proceso histórico en el que adquiere visibilidad la violencia y los mecanismos poco “idílicos” con los que el capital se abre paso hacia nuevos territorios en el afán de garantizar la dinámica de la acumulación.

Por último, es importante realizar algunas precisiones teórico-metodológicas que organizaron este trabajo. El enfoque seguido en el análisis es profundamente deudor del pensamiento de Franz J. Hinkelammert, en específico, en referencia a la crítica que ha desarrollado a lo largo de su obra de la racionalidad económica, en tanto lógica formal que tiende a reducir todo juicio acerca de la racionalidad de una acción a la relación lineal medio-fin (costo-beneficio). Ahora bien, dicha crítica no se reduce a mostrar el carácter “crematístico” que envuelve a la economía de mercado y la ofensiva extractivista que toma nuevo impulso en momentos de relegitimación neoliberal, es decir, el sentido pecuniario de los discursos que la sostienen. Por el contrario, aquí la crítica de la racionalidad económica procura conceptualizar los efectos de una lógica en la cual su sentido pecuniario constituye tan solo uno de sus pliegues, sin duda el más visible, precisamente porque corresponde al criterio de racionalidad que guía la acción directa. En términos de Hinkelammert, se trata de atender los efectos indirectos de la acción directa medio-fin que organiza los intercambios en el mercado, señalando el grado en que esos efectos, aunque no deseados, son su resultado forzoso. Por ende, la crítica de Hinkelammert configura la base de la conceptualización que este trabajo hace de la narrativa dominante ligada al avance del fracking. A partir de allí se desprenden las dos características que interesa enfatizar: la primera, señalar que el fracking forma parte de una estrategia de desarrollo que es presentada como el resultado de las fuerzas compulsivas de los hechos (una realidad inexorable); la segunda, advertir que también por efecto compulsivo, toda resistencia al fracking es denunciada como un obstáculo al desarrollo (el lugar de una pura irracionalidad). La perspectiva de Hinkelammert, desde una tradición francfortiana, permite cuestionar lo que denomina la irracionalidad de lo racionalizado y, en tal sentido, es esencial para reflexionar sobre los atolladeros civilizatorios que atraviesa la humanidad en nuestra época.

Desde el punto de vista de las decisiones metodológicas que subyacen a este trabajo, cabe también una breve nota. En primer lugar, he procurado exponer el análisis con base en la reunión de cierto material empírico correspondiente al avance del fracking en Mendoza. Así, la exposición se desarrolla mediante el análisis de recortes del discurso producido desde los sectores dominantes, en particular desde diferentes áreas del Poder Ejecutivo provincial y el sector empresarial. Dicho material ha sido producido rastreando en diferentes registros, como la prensa gráfica local (diarios Mdz y Los Andes³), documentos públicos gubernamentales y declaraciones de las cámaras empresariales. En segundo lugar, vale señalar que se trata de manifestaciones públicas de los actores involucrados realizadas en momentos clave de la configuración del conflicto. En efecto, se encuentran motivadas y tienen por función intervenir en el debate y la disputa en la agenda pública: forman parte de una palabra adversativa, como llamara Eliseo Verón a la dimensión polémica que es propia del discurso político (^{Verón, 1987}). En tercer lugar, hay que enfatizar la hegemonía discursiva (^{Angenot, 2012}) que podemos encontrar entre esas diferentes formaciones narrativas construidas desde la prensa gráfica, el gobierno y las empresas. Resultan verdaderas apuestas sociales tendientes a fijar los marcos de todo lo que se puede decir y pensar en un momento determinado sobre este asunto. Por último, he tomado tres periodos en la configuración del conflicto por el fracking en Mendoza para analizar la narrativa dominante. El primero corresponde a 2013, año en el que aparecen los primeros interrogantes y discusiones públicas motivados como resonancia de una coyuntura nacional (la polémica por el acuerdo YPF-Chevron para la explotación de Vaca Muerta). El segundo refiere al proceso de su habilitación por el Ejecutivo provincial, iniciada con la autorización de una prueba piloto en julio de 2017, una controvertida “audiencia pública” en diciembre de ese año y su final reglamentación por decreto en marzo de 2018. El tercero remite a la etapa de aumento de los cuestionamientos e intensificación de la protesta y la movilización social, entre abril y mayo de 2018. En este periodo la protesta se extendió a la totalidad del territorio provincial, a través de un variado repertorio de acciones colectivas que incluyó la realización de marchas en diferentes localidades y ciudades, cortes de ruta informativos, charlas, así como la utilización de recursos legales por canales institucionalizados, como la presentación de recursos de amparo y un proyecto de ley de prohibición del fracking en la legislatura provincial.⁴

La producción de energías extremas y los hidrocarburos no convencionales en Argentina y Mendoza

Para pensar la problemática del fracking resulta crucial el debate que tiene lugar alrededor de lo que Michael Klare ha denominado energías extremas, en un intento por dar cuenta de la manera como la industria petrolera actualmente desafía o, como veremos, más bien desconoce los límites físicos del planeta (^{Klare, 2010}; ^{Roa & Scandizzo, 2017}; ^{Oilwatch, 2017}). Ese debate permite reconocer el tipo de proyecto que está en juego alrededor de la industria de los combustibles fósiles. Se trata de emprendimientos a gran escala que buscan relanzar el ciclo de acumulación de capital ampliando la frontera extractiva hacia la explotación de hidrocarburos no convencionales. Una iniciativa a nivel global que, en dicho afán, pretende llevar la frontera del extractivismo energético al límite de lo posible, pues frente al agotamiento de reservorios de “fácil” extracción (yacimientos convencionales), ahora la industria redobla la apuesta en busca de reservorios más profundos, alojados en formaciones compactas de difícil acceso o localizados en aguas marítimas cada vez más alejadas de la costa. Por supuesto, todo ello entraña mayores riesgos geológicos y socioambientales, entre otras razones, porque requiere metodologías cada vez más extremas, como el fracking, para perforar la roca a altas temperaturas e inyectar agua con diferentes productos químicos bajo una presión extrema. A su vez, la mayoría de esos yacimientos se ubican en zonas alejadas tanto de los lugares de manufactura como de los centros geográficos de consumo. Estas largas distancias imponen, como condición para la extracción, el desarrollo de una infraestructura extrema: barcos más grandes, aviones más potentes, oleoductos más largos de mayor capacidad. Según Nicholas Hildyard, se trata de la construcción de corredores de infraestructura de gran envergadura, alrededor de los cuales confluyen diferentes sectores vinculados al extractivismo extremo -megaminería, agronegocio, etcétera-, para garantizar que el capital tenga la posibilidad de trasladarse a cualquier parte del mundo en busca de mejores oportunidades: materias primas, mano de obra barata, exenciones impositivas. Ahora bien, eso no es todo, pues este tipo de actividades redunda en un aumento de los costos de producción y de la consiguiente necesidad de unas finanzas extremas, promoviendo alianzas y enfrentamientos entre capitales en vistas de nuevas formas de especulación financiera (^{Hildyard, 2017}).

Al igual que ocurre con otras formas de despojo de bienes comunes naturales (megaminería, agronegocio), todo lo que rodea la producción de este tipo de actividades extractivas supone una intensa reorganización de los territorios en procura de convertir enteramente esas geografías en espacios para la acumulación de capital. La literatura existente ha señalado la violencia colonial que sostiene los procesos extractivos que movilizaron una nueva fase de acumulación por desposesión durante las últimas décadas sobre el sur del mundo. En ella América Latina ocupa un lugar importante (^{Seoane, Taddei, & Algranati, 2013}; ^{Lang, López, & Santillana, 2013}). “Como ha sucedido también desde su gestación en el siglo XVI la guerra, la conquista territorial, la destrucción de mundos de la vida y el despojo son momentos constitutivos de esta nueva expansión del capital en el mundo” (^{Roux, 2008, p. 69}). Tal como sucedió hace más de 500 años con el “descubrimiento” del Abya Yala, la actual fase de expansión del capital global se lanza a una conquista territorial que reedita un auténtico proceso de recolonización de Nuestra América.

Los proyectos de producción de energías extremas son un caso ejemplar. Un boletín publicado por Oilwatch Sudamérica pone de manifiesto el colonialismo que atraviesa y resulta inherente a los proyectos hidrocarburíferos que están en curso en diferentes zonas de la región latinoamericana, como la extracción offshore vinculada a los yacimientos del Presal en Brasil, la expansión de la frontera extractiva sobre la zona intangible del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, o la insistencia por apostar a la extracción de crudo pesado en Colombia. Todos ellos son casos testigos de las dinámicas que adquiere el despojo bajo la expansión de la frontera extractiva vinculada a la producción de energía. El saqueo y contaminación de bienes comunes naturales, principalmente el agua; el avance sobre tierras comunales de pueblos indígenas y campesinos, desconociendo derechos como la consulta previa, libre e informada; la desaparición o el desplazamiento de formas productivas previas; las presiones del lobby empresarial en busca de nuevos beneficios; la falta de rigurosidad en los procesos de evaluación de impacto ambiental y otorgamiento de licencias a las empresas; la persecución política de miembros de organizaciones y movimientos sociales que oponen resistencias. Todas ellas son aristas que han formado parte del avance del fracking en diferentes lugares del mundo.

Circunstancias similares podemos encontrar en el hallazgo de nuevos yacimientos no convencionales en Argentina, entre los que se distingue la formación más conocida de Vaca Muerta, ubicada en el subsuelo de la Patagonia norte. Vaca Muerta pertenece a la cuenca neuquina y es compartida por cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, Chubut y Mendoza. Es el único proyecto de explotación masiva de gas y petróleo de lutitas que ha alcanzado un desarrollo comercial por fuera de Estados Unidos y Canadá (^{Scandizzo, 2017}). En Argentina, el ingreso de la explotación de hidrocarburos no convencionales está articulado al contexto de la crisis energética que vivió el país hacia 2011. Una crisis que estuvo determinada por la conjugación de las tendencias contrarias del paulatino incremento del consumo energético interno ligado a la reactivación económica que experimentaba el país desde 2003 y la sostenida caída en la extracción de gas y petróleo que observaba la industria petrolera desde hacía algunos años, como consecuencia de las políticas neoliberales que afectaron al sector. En este contexto, el “potencial” no convencional hallado en la cuenca neuquina fue anunciado como la única alternativa para solucionar los problemas de autoabastecimiento de Argentina, e incluso como la ilusión de generar saldos exportables (^{AA. VV., 2014}; ^{Svampa & Viale, 2014}; ^{Scandizzo, 2017}; ^{Kofman & López, 2018}). Así, la narrativa dominante tendió a presentar la explotación de no convencionales como la transformación de Argentina en un país petrolero (^{AA. VV., 2014, p. 51}).

En efecto, los cambios introducidos por el gobierno de Cristina Fernández hacia 2012 refieren a un contexto en el que la crisis del sector energético se había convertido en un problema macroeconómico nacional. El aumento de la importación de combustibles había llegado a representar el 23% del consumo interno para 2014, afectando seriamente la balanza comercial (^{Kofman & López, 2018, p. 45}). En ese marco, por ejemplo, tuvo lugar la promulgación de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que contemplaba la expropiación del 51% de las acciones de Repsol-YPF, como intento de recuperar el control estatal de la empresa, y la apuesta por la explotación masiva de no convencionales. Además, el Estado intervino a través de una política de subsidios para el sector petrolero -por ejemplo, Plan Gas de 2013-, a fin de que fuera posible el despegue de Vaca Muerta, al financiar un precio-estímulo que garantizara cubrir la diferencia de costos que existe entre la explotación convencional y la no convencional (^{Kofman & López, 2018}). Vaca Muerta y otros reservorios no convencionales fueron identificados, desde el comienzo, con la posibilidad de un enriquecimiento rápido y acelerado. Así, eran presentados como el mejor medio para traccionar la producción, a la vez que se cerraba toda discusión profunda en términos económicos, ambientales y sociales sobre la conveniencia o no de llevar a cabo su explotación (^{AA. VV., 2014}; ^{Svampa & Viale, 2014}; ^{Scandizzo, 2017}; ^{Kofman & López, 2018}).

Ahora bien, desde 2015, el gobierno de Mauricio Macri impulsó un giro en la política energética que reflejó su modelo económico profundamente regresivo. Ese giro se evidencia, principalmente, en un cambio de prioridades en la política pública. En primer lugar, el ajuste que impulsa el gobierno de Cambiemos se expresó en el recorte de los subsidios energéticos, uno de sus ejes centrales. Pero eso no quiere decir que desaparecieran los estímulos económicos a las empresas para favorecer la explotación de no convencionales. Más bien fueron reemplazados por otros instrumentos como los “tarifazos”, esto es, el aumento de las tarifas energéticas (gas y luz) que operó como un importante mecanismo de transferencia de ingresos a favor de empresas prestatarias de servicios públicos y del capital financiero, afectando seriamente el poder adquisitivo de los/las trabajadores/as asalariados/as (^{Kofman & López, 2018, pp. 23-42}). En segundo lugar, el cambio de prioridades quedó expresado en la rejerarquización de las metas que comenzaba a perseguir la política del sector: la mira ya no estaba puesta en lograr el autoabastecimiento (mercado interno) sino que había sido reorientada a la exportación, a la vez que se producía el desplazamiento de YPF, en favor de la diversificación de las empresas operadoras del sector (^{Kofman & López, 2018, pp. 43-63}).⁵ Por su parte, el gobierno de Alberto Fernández, iniciado en diciembre de 2019, ha mostrado un renovado interés en la explotación de Vaca Muerta, ahora motivado por las exigencias que impone el crecimiento desmedido de la deuda externa que dejó Macri. En este contexto, las exportaciones que pudiera generar la explotación de hidrocarburos no convencionales ocupan un lugar prioritario para obtener divisas extranjeras para pagar la deuda en moneda extranjera.

Por su parte, el ingreso del fracking en Mendoza es todavía más reciente y su desarrollo se encuentra en etapa embrionaria. Tiene su comienzo efectivo en julio de 2017 cuando el gobierno local autorizó la ejecución de una prueba piloto en el yacimiento de Puesto Rojas, al sur de la provincia, en el departamento de Malargüe. El proceso de habilitación de la fractura hidráulica en el escenario local estuvo teñido de importantes irregularidades, las cuales incluyeron anomalías en el otorgamiento de la licencia ambiental, el ocultamiento premeditado de información, artilugios legales-administrativos para evadir una auténtica evaluación de impacto ambiental y la negación insistente, por parte del gobierno, de un auténtico espacio u oportunidad de consulta popular. Todo ello provocó un fuerte rechazo en amplios sectores sociales, que fue configurando un conflicto alrededor del cual se articularon diversos colectivos y organizaciones. Entre abril y mayo de 2018 ese conjunto heterogéneo de colectivos sociales protagonizó un destacado ciclo de protestas y acciones colectivas. No obstante, el gobierno avanzó con la iniciativa y, en marzo de 2019, otorgó la primera concesión para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el territorio provincial.

El despojo como efecto compulsivo o cómo una realidad potencial se torna necesidad inexorable

El primer rasgo a destacar en la narrativa dominante que impulsa la iniciativa del fracking es el carácter compulsivo que conlleva, lo cual es reconocible en la tendencia que he referido como llevar la explotación “al extremo de lo posible”. El discurso dominante presenta los no convencionales como una excelente oportunidad para Mendoza. Para ello recurre a fórmulas conocidas: la diversificación de la matriz productiva, la creación de empleo formal, los mayores controles estatales, todo en el marco de una política ambientalmente sustentable. Es entonces un discurso que promociona los hidrocarburos no convencionales como “un gran potencial a desarrollar”. Así lo hace, por ejemplo, la cámara empresarial vinculada al Consejo Empresario Mendocino (^{CEM, 2017}). Pero es una visión compartida también por el gobierno provincial: “Si bien las reservas de hidrocarburos convencionales están en un proceso de declinación, en Mendoza existe un gran potencial aún por explorar en las reservas del no convencional” (^{Gobierno de Mendoza, 2017}). En efecto, tanto desde las cámaras empresariales como desde los ámbitos gubernamentales, se presenta a los yacimientos no convencionales como un potencial, esto es, como una realidad que todavía no es pero que tiene la posibilidad de ser en un futuro.

Sin embargo, pronto esa oportunidad se convierte en una necesidad ineludible, adquiriendo el ímpetu de un destino a cumplirse sin contemplaciones ni miramientos de ningún tipo. Ese pasaje de una realidad posible a otra inexorable obedece a que, bajo la narrativa dominante sobre el fracking, ese potencial está pensado desde una racionalidad en la que la explotación no convencional es un medio para impulsar el crecimiento económico y la atracción de inversiones. Así lo afirmaba la Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros: “el desarrollo de nuevos reservorios de baja permeabilidad […] constituye el gran desafío y la plataforma de lanzamiento de un proceso de mayor crecimiento económico para la provincia elevando la calidad de vida para sus habitantes” (^{CAMESPE, 2017}).⁶ Pero es algo que también forma parte de la narrativa oficial: “El grado de actividad de la industria en el no convencional de Mendoza va a depender de cuán eficiente sea el trabajo en conjunto entre Gobierno, empresas y sindicatos para lograr hacer rentable esta actividad y que la misma genere empleo e ingresos adicionales para la provincia. Hoy el Gobierno está acompañando a los sectores involucrados para facilitar estas inversiones […]” (^{Gobierno de Mendoza, 2017}); “El potencial del petróleo no convencional es muy alto. En términos de inversión, con sólo un desarrollo no convencional de mediano tamaño se puede traer inversiones en el orden de los 1.000 millones de dólares y prácticamente duplicar el nivel de actividad en la Provincia” (^{Gobierno de Mendoza, 2018a}).

En tal sentido, los discursos hegemónicos siguen al pie de la letra lo sustancial de la racionalidad económica que Hinkelammert ha conceptualizado como racionalidad formal (relación medio-fin), propia de la lógica por la que se orientan los individuos cuando intercambian en el mercado. Allí cada individuo concibe su acción vinculando de forma lineal medios y fines, en busca de definir así la relación más racional con el objetivo de juzgar acerca de los medios utilizados. Supone una noción de racionalidad que reduce todo juicio al cálculo instrumental (medio-fin). El criterio de racionalidad formal juzga acerca de los medios según un criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo de medios. En efecto, el fin decide sobre la eficiencia de los medios. Es el cálculo de maximización de la ganancia que impone como mecanismo de funcionamiento la empresa capitalista (^{Hinkelammert, 2017}). Cuando la lógica del mercado logra hegemonizar las relaciones sociales, toda la sociedad se organiza por el criterio de una racionalidad medio-fin y, en tal sentido, la competitividad y la eficiencia se imponen como valores supremos que deciden sobre la validez de los demás valores (^{Hinkelammert, 2006, p. 37}). La mundialización capitalista de finales del siglo XX, referida en los noventa principalmente como globalización, es el proceso por el cual la lógica del mercado, esa racionalidad formal, tendió a colonizar prácticamente la totalidad de la vida social y la naturaleza.

Ahora bien, el problema con esta racionalidad es que cualquier consecuencia de la acción que exceda el campo de la relación medio-fin queda excluida de la consideración racional. Es decir, se trata de una acción que no problematiza sus efectos (^{Hinkelammert, 1998}, ²⁰⁰⁶). Es incapaz de hacerlo. Porque es un tipo de racionalidad que permite juzgar acerca de los medios más eficientes para lograr un determinado fin, pero no puede emitir juicio alguno acerca de cuáles fines debemos perseguir: “La competitividad y la eficiencia se transforman en los valores supremos que deciden sobre la validez de los demás valores. Lo que se llama racionalidad de la acción se resume, pues, en la competitividad y la eficiencia. […] La competitividad como valor supremo no crea los valores, sino que es el criterio de su validez. Por esta razón puede aparecer como si no fuera un valor” (^{Hinkelammert, 2006, p. 37}). Es decir, dentro de esa racionalidad económica, que es formal e instrumental, el desarrollo se transforma en una estrategia que no encuentra ningún tipo de límites. Por su propio efecto de estructura, el criterio de la eficiencia presupone la abstracción de sus efectos indirectos, incluidos los riesgos que implica sobre las condiciones de posibilidad de la vida humana y de la naturaleza. Este borramiento de los efectos indirectos que supone la racionalidad medio-fin es lo que produce el desplazamiento por cuyo medio una realidad presentada en principio como “potencial” -en tanto opción/posibilidad- deviene ahora realidad inexorable. Así, es convertida en una necesidad, en algo ineludible, pues lo que es eficaz por eso mismo es necesario y bueno (^{Hinkelammert, 1998, p. 268}). A partir de allí, como resultado, la iniciativa del fracking forma parte de una estrategia que procura llevar el desarrollo -el crecimiento, la productividad y la ganancia- al extremo de lo posible.

Aquí ya no hay lugar para ningún tipo de dudas o cuestionamientos. El Consejo Empresario Mendocino lo decía del siguiente modo: “¿Se puede dudar, acaso, de la necesidad de la creación de empleo formal bien remunerado? ¿De la necesidad de agregar valor a nuestra producción? ¿De la explotación responsable de los recursos naturales?” (^{CEM, 2017}). La prensa gráfica, por su parte, acentúa la misma dirección. Por ejemplo, el diario Mdz afirmaría que la explotación de no convencionales es “una actividad que todo el mundo sabía que es necesaria y que en algún momento se tenía que desarrollar” (^{Gajardo, 2017}). Estamos frente a un potencial transformado en imperativo categórico, donde todo lo que ha logrado ser técnicamente posible se torna obligatorio. Porque una vez que se han borrado sus efectos, lo único que traba ese mecanismo de funcionamiento se reduce a un problema técnico-instrumental: “Si bien los recursos del shale se conocían desde hace más de 70 años, no era posible extraerlos porque no se contaba con la tecnología necesaria. Ahora sí se cuenta y por eso el shale comienza a ser una realidad” (^{Troncoso, 2013}). Además, para saber qué se puede hacer, hay que hacerlo. De allí que para la habilitación del fracking en Mendoza el punto de partida fue la autorización, por parte del Ejecutivo provincial, de una prueba piloto.

Podríamos decir que, para la narrativa dominante, en tanto racionalidad medio-fin, apenas aparecen los límites en la estrategia de acumulación del capital. Y si lo hacen, será de forma específica: bajo la ilusión de poder calcular el límite de lo aguantable, preguntarse hasta dónde se podrá seguir con la estrategia de la acumulación de capital sin que colapse el sistema o la naturaleza (^{Hinkelammert, 2006, p. 346}). Hinkelammert nos advierte que se trata de una pregunta retórica, pues tal límite resulta un cálculo imposible de realizar. Más bien crea la ilusión de que se podría seguir con la estrategia de acumulación -explotando la naturaleza hasta que se llegue a dicho límite- justo al borde, moviéndonos para siempre a lo largo de la línea imaginaria que fijaría el límite de lo soportable, esto es, el punto en el que se quiebra el ecosistema. Pero el problema es que ese límite es incalculable, dado que no puede conocerse antes de haberlo cruzado. Solo lo podemos conocer ex post, una vez que ha sido franqueado. Pero entonces no hay vuelta atrás, estamos frente a un punto de no retorno.⁷ Lo primordial es comprender que, en ese supuesto cálculo del límite de lo aguantable, nunca aparece el sistema cuestionado, el fundamento de su estrategia. Por el contrario, más bien todo se pone a prueba para extender el límite lo más que se pueda, llevando la acumulación de capital al extremo de lo posible.⁸ En 2013, por ejemplo, las asambleas socioambientales impulsaron, en algunos municipios de la provincia, ordenanzas de prohibición del fracking. En ocasión de uno de esos debates, frente al dilema ¿prohibir el fracking o controlarlo?, un concejal decía: “Yo pienso que hay que regularlo y ver hasta dónde llegamos” (^{Romanello, 2013}). Toda acción debe ser llevada hasta el límite de lo posible para que todo lo posible sea realizado.

Ahora bien, es central advertir que el motivo de tal abstracción no obedece a un simple “olvido”, sino que es el resultado forzoso de las categorías de pensamiento de una racionalidad que hace invisible sus efectos indirectos. Son efectos no intencionales de la acción intencional que retornan sobre el actor y ejercen sobre él un efecto compulsivo: “En su sentido estricto, se trata de fuerzas compulsivas de los hechos (Sachzwänge) que obligan al reconocimiento de un orden que surge a espaldas de los actores a través de estas leyes” (^{Hinkelammert, 1996, p. 243}). Estamos frente a una tendencia que exige aceptar las consecuencias no intencionales del orden económico-social surgido a partir de las relaciones mercantiles como leyes necesarias de la historia (fuerzas compulsivas). Tendencias que otorgan al desarrollo la apariencia de una realidad inevitable: “Las enunciadas, y muchas más, son ‘políticas de desarrollo’. No necesitan pactos, necesitan que se incorporen a la cultura social y a los objetivos comunes, es decir, que se conviertan en irrenunciables y no negociables” (^{CEM, 2017}).

La resistencia al fracking como obstáculo al desarrollo y la supresión del conflicto por fuerza compulsiva

La iniciativa sobre el fracking como estrategia de desarrollo es definida, desde los sectores dominantes, desde una racionalidad medio-fin que tiende a imponer la eficiencia como único criterio de la acción. En efecto, su principal problema es que, con la mira puesta en la maximización de beneficios (crecimiento y desarrollo), no se hace responsable de sus efectos indirectos, como puede ser la posible contaminación de aguas subterráneas, el aire, la eliminación progresiva de formas (re)productivas previas o la creación de “zonas de sacrificio”. Es por esa única razón que el desarrollo puede presentarse como una estrategia de crecimiento económico al extremo de lo posible y sin límites.

No obstante, aunque la racionalidad formal no pueda registrarlos, es claro que no por ello los límites realmente desaparecen. Lo que sucede es que ahora ellos no aparecen de la mano de la racionalidad económica y del orden social que promueve, sino exclusivamente de los seres humanos y movimientos de resistencias que se oponen al proceso destructivo producto del cálculo medio-fin. Por este motivo, el conjunto de cuestionamientos y críticas que se hacen a la estrategia de desarrollo y el progreso aparecen como irracionalidades, y no pueden sino ser considerados meras distorsiones de una acción racional definida en términos de la eficiencia, el productivismo, la maximización de la ganancia.

En la narrativa dominante sobre el fracking ello se presenta fundamentalmente imputando todo cuestionamiento a la fractura hidráulica como obstáculo al desarrollo. Algo que podemos reconocer en las diferentes apuestas discursivas aquí analizadas: la del gobierno, las empresas del sector y la cobertura mediática de la prensa gráfica. Así, por ejemplo, en 2017 el Poder Ejecutivo provincial autorizó la primera prueba piloto del fracking en Malargüe. Frente a ello, diferentes organizaciones sociales presentaron recursos de amparo solicitando que previamente se llevaran a cabo la correspondiente evaluación de impacto ambiental y audiencias públicas contempladas en la normativa ambiental vigente. La respuesta desde los sectores dominantes fue la siguiente. La Federación Económica de Mendoza, una cámara empresarial, afirmó: “no creemos que con amparos contribuyamos al desarrollo de Mendoza, al contrario, la paralizamos” (^{FEM, 2017}). Por su parte, el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo, apuntaba en la misma dirección: “no podemos permitir que intereses ambientalistas afecten nuevamente nuestra actividad perjudicando a todos los mendocinos, significando que de poner obstáculos al desarrollo de la actividad, se van a ver seriamente perjudicadas las Arcas de Mendoza en recibir menos regalías” (^{SPJPC, 2017}). En los medios hegemónicos circuló el mismo discurso. El diario Los Andes decía: “Estamos durmiendo sobre una cuna de oro, y tenemos gente con hambre; y todo por algunos que ponen trabas” (^{De la Rosa, 2018}). En el Mdz pudo leerse: “Existe un sistema técnicamente probado y si se aplican los controles, como en toda industria, no debe tener problemas. Entonces, por qué poner ‘palos en la rueda’ para que se desarrolle el fracking” (^{Gajardo, 2017}).

Las fuerzas compulsivas de los hechos como tales exigen el sometimiento de los sujetos a sus requerimientos y la colaboración con ellas, sin tomar en cuenta ninguna de las consecuencias que esto implique. Pretende sujetos indefensos frente a los efectos indirectos de la acción medio-fin. Por el contrario, enfrentar esos efectos no solo es visto como una distorsión de la acción racional y un obstáculo al progreso, sino como un acto de rebeldía. Hinkelammert observa que la afirmación de la vida frente al circuito medio-fin ha sido considerada siempre como hybris (orgullo) (^{Hinkelammert, 2006, p. 65}). En la antigüedad, el pecado de hybris estuvo ligado a la arrogancia de quienes disputaban y despreciaban el poder de los dioses desde un acto de orgullo y presunción desmedida. Eso mismo está en juego frente a la ética absoluta del mercado y la promesa divina del crecimiento infinito. Cuestionar y osar oponer resistencia a las inexorabilidades del progreso, así sea mediante los canales institucionales estipulados (presentación judicial de amparos, presentación legislativa de proyectos de ley), se identifica como parte de una acción insolente ligada a la falta de moderación y a la desmesura.

En la narrativa dominante sobre el fracking, se reconoce la construcción de una dicotomía que opone una pretendida “objetividad racional” -apoyada en argumentaciones científico-técnicas-, frente a una supuesta “ideología irracional” -sostenida en informaciones falsas, opiniones desmesuradas y temores infundados-. Así la observamos en la cobertura mediática: “Mientras los que tienen el conocimiento técnico avalan el método y señalan que -tal como en todas las actividades industriales- con los cuidados y control es posible realizarla sin dañar el ambiente, por otro lado surgen los discursos que apelan al temor y los recursos judiciales para frenar cualquier desarrollo” (^{Gajardo, 2017}). Pero es un discurso que también se encuentra en las filas del propio gobierno: “Frente a este oscuro panorama de total desinformación, algunos protagonistas, acreditados técnica y científicamente, pudieron derribar mitos sobre esta técnica que se usa hace décadas en nuestro país […] Pido por favor que nos informemos; hablar desde la ignorancia es sólo para generar miedo” (^{Gobierno de Mendoza, 2018b}). Por supuesto, es una mirada presente en el sector empresario: “los debates que se originen en nuestra comunidad deben realizarse de manera pacífica, en un marco de convivencia cívica, y sustentados por los más elevados estándares de rigurosidad técnica y científica que se puedan alcanzar […] las informaciones que circulan por las redes sociales contienen inexactitudes evidentes, resultando claramente exageradas, y no contribuyen al esclarecimiento del tema y a obtener conclusiones que impliquen un progreso” (^{CEM, 2018}).

En efecto, el conjunto de voces disidentes, cuestionamientos y protestas contra el fracking es tratado como acciones irreflexivas que pecan de cierto orgullo temerario. Como reacción a la emergente movilización y protesta social que tuvo lugar a comienzos de 2018, entre abril y mayo, el gobierno implementó una fuerte campaña publicitaria que buscaba desacreditar las críticas a la iniciativa del fracking. Acusó de “terrorismo” a la campaña de contrainformación que circulaba por las redes sociales y de “fundamentalistas” y “metemiedos” a quienes cuestionaron públicamente la explotación de hidrocarburos no convencionales. “Por su parte, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Martín Kerchner, aseguró que se está realizando ‘una campaña terrorista que solo busca implantar el miedo’ en la sociedad” (^{Serrano, 2018}); “Me parece que la falta de información hace que la gente dude, nosotros hemos brindado toda la información […] debería haber un poco más de tranquilidad y confianza porque claramente nosotros no vamos a permitir que pase algo. Lo demás es terrorismo” (^{Gobierno de Mendoza, 2018c}).

Sin embargo, cabe destacar que la iniciativa del fracking como resultado de fuerzas compulsivas no conlleva únicamente la desacreditación de los discursos contrahegemónicos, sino que obliga -también por fuerza compulsiva- al intento de supresión de todo acto de resistencia. Al igual que en la antigüedad, la hybris debe ser castigada. La ideología del desarrollo, en tanto estrategia que tiende a impulsar procesos de mercantilización al extremo de lo posible, hace igualmente inevitable la supresión del conflicto social. Pues de otra manera su reconocimiento haría imposible continuar con la estrategia de acumulación de capital. Así, en el caso analizado, frente a la intensificación de los cuestionamientos al fracking y el aumento de la movilización social, el gobierno provincial acompañó la campaña de desacreditación de las voces disidentes con una política de criminalización de la protesta social que dejó como saldo varias imputaciones judiciales a manifestantes en diferentes oportunidades. A fines de abril de 2018, por ejemplo, un grupo de aproximadamente cuatrocientos vecinos/as cortaron la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos (departamento de San Carlos), para impedir el tránsito de camiones que trasladaban tanques a la zona de Puesto Rojas, donde se estaba realizando la prueba piloto. Un juez federal ordenó el desalojo de la ruta mediante un operativo que involucró a la gendarmería nacional y arrojó un total de once imputados/as. Por esos días también fue imputada una docente por haber enviado un audio de WhatsApp a su grupo familiar, que luego se “viralizó” por las redes sociales. En el audio la mujer trataba de explicar a su familia cómo la iniciativa del fracking implicaba hacer de Mendoza una “zona de sacrificio”. Además de estas imputaciones, en diferentes oportunidades en las que se realizaron marchas por la ciudad, el municipio aplicó multas a las organizaciones convocantes -e incluso personalmente a algunos de sus referentes- por alterar el normal funcionamiento del tránsito y producir ruidos molestos. Un reciente informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierte que la “respuesta desde el Estado a estas expresiones fue la persecución, la represión y la criminalización de la protesta, empleando para ello toda una gama de estrategias” (^{CORREPI, 2019}).

Por último, en este punto hay que mencionar la sanción de un nuevo Código Contravencional que impulsó el gobierno en octubre de 2018. Esta iniciativa expresa claramente la necesidad de castigo de todo acto de rebeldía (hybris) que, forzosamente, supone el circuito medio-fin si quiere extender al límite sus márgenes de acción. La nueva normativa fue ampliamente rechazada por una diversidad de sectores sociales, debido a que está orientada a promover un fuerte disciplinamiento social, mediante el establecimiento de un control policíaco del espacio público con una perspectiva marcadamente punitiva. Para la organización Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el Código Contravencional va en contra de la democracia y el Estado de derecho, ya que su matriz resulta inconstitucional tanto en la concepción general de la normativa -“severamente antidemocrática”-, como en varios de los tipos penales que atentan contra la “libertad de acciones que no perjudican a terceros” (^{Xumek, 2018}). El trasfondo ideológico del nuevo Código Contravencional, propuesto como una política de “seguridad ciudadana”, hace inocultable que busca reforzar los mecanismos de control social y constituirse en un dispositivo de la regulación de los conflictos sociales.

Reflexiones finales

Propuse analizar la narrativa dominante sobre la iniciativa del fracking tal como se ha presentado recientemente en la provincia de Mendoza, a partir de la idea de que esta experiencia podía ser una ventana desde la cual reconocer ciertos rasgos del discurso hegemónico sobre las políticas de desarrollo, en específico en el marco de la ofensiva neoliberal que atraviesa la región latinoamericana, intensificada por el proceso de derechización de los últimos años. Así, expuse cómo, desde los sectores dominantes, la explotación de yacimientos no convencionales ha sido promocionada como un potencial de Mendoza para espolear el crecimiento económico. Sin embargo, se trata de una opción que pronto se impone como resultado de fuerzas compulsivas. En tal sentido, el fracking es algo que está llamado a hacerse realidad más allá de toda voluntad política: el “potencial” petrolero es un hecho inexorable. Por ello, toda resistencia al fracking es vista desde estas posiciones como un obstáculo al desarrollo, como un escollo que es preciso suprimir para que la estrategia de acumulación pueda continuar su infalible marcha. En efecto, el impulso del fracking supone, también por fuerza compulsiva, el descrédito de las voces disidentes y la tendencia a la criminalización y judicialización de la protesta social.

La herencia intelectual de Franz J. Hinkelammert, en particular su crítica a la racionalidad formal medio-fin, resulta crucial para señalar los peligros de la razón instrumental que domina el mercado y los riesgos que enfrentamos hoy, en momentos en que dicha racionalidad amaga con cerrar, una vez más, en tanto “pensamiento único”, las alternativas societales que asoman en el horizonte cultural de nuestro tiempo: el sumak kawsay o sumaq qamaña (buen vivir), los debates sobre poscrecimiento, o los aportes del feminismo en relación a una economía del cuidado, por mencionar algunos. El peligro de la racionalidad medio-fin ha sido graficado por Hinkelammert mediante la metáfora “Cortar la rama del árbol sobre la que se está sentado”. En términos de esa razón formal, instrumental, puede haber racionalidad al cortar la rama del árbol y, aún más, con los aportes de la ciencia podemos ser extremadamente eficientes al hacerlo. No obstante, al lograr el objetivo, el resultado de la acción es la caída y la muerte del/la actor/a. Para Hinkelammert, la racionalidad medio-fin deriva en la irracionalidad de lo racionalizado, el momento en el que el progreso produce un salto al vacío: “El petróleo no calma la sed”, afirman quienes rechazan y enfrentan hoy la técnica del fracking. En tal sentido, celebramos la racionalidad y la eficiencia y, sin embargo, en el mismo movimiento, destruimos las condiciones que hacen posibles nuestras vidas sin poder reflexionar siquiera sobre la racionalidad que la sostiene.

Dicho enfoque inscribe el pensamiento de Hinkelammert en la tradición de la teoría crítica y de las reflexiones de la primera generación de la escuela de Fráncfort, durante la llamada “medianoche del siglo XX” (europeo).⁹ Comparte entonces el núcleo de tesis plasmadas por Adorno y Horkheimer en, por ejemplo, Dialéctica del iluminismo (²⁰⁰²): la caracterización de la racionalidad moderna como un proceso de autodestrucción de la razón. Desde esta perspectiva, bajo el iluminismo asoma un proyecto civilizatorio que, como su racionalidad es capaz de combinar la perfección técnica con una completa ceguera (^{Adorno, 2001, p. 53}), deviene responsable de haber desatado una lógica irracional, desmesurada y autodestructiva, que tiende a enfrentar a sociedad y naturaleza a inminentes catástrofes, como pueden ser la guerra o la crisis ambiental.