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Perfiles latinoamericanos

versión impresa ISSN 0188-7653

Perf. latinoam. vol.28 no.56 México jul./dic. 2020  Epub 30-Ago-2021

https://doi.org/10.18504/pl2856-004-2020 

Artículos

Participación política de víctimas: sujetos de reparación colectiva en Colombia

Political participation of the victims: Subjects of collective repair in Colombia

Alba Lucía Cruz Castillo* 

Justine Mariana Prieto Páez** 

* Magíster en Estudios de Familia y Desarrollo. Docente e investigadora del Programa de Trabajo Social, Universidad de La Salle (Colombia) | albaluciacruzcastillo@gmail.com

** Trabajadora Social por la Universidad de La Salle (Colombia) | jmarianaprieto@outlook.es


Resumen:

El artículo expone una investigación de tipo narrativo desarrollada con el Comité de Coordinación de Sujetos Nacionales de Reparación Colectiva, el cual, conformado por diversas organizaciones sociales, en el marco del conflicto armado colombiano, ha posicionado el papel de las víctimas en el proceso de paz y en la reconstrucción del país a través del diálogo y la participación en escenarios políticos. La investigación involucró a Afromupaz, la REDEPAZ, el IPC, la CTC y el colectivo de periodistas, y visibiliza las apuestas y logros de las iniciativas colectivas de las víctimas en el contexto de la Ley 1448.

Palabras clave: reparación colectiva; participación política; conflicto; víctimas; Colombia; paz

Abstract:

The present article exposes the narrative research developed with the Comité de Coordinación de Sujetos Nacionales de Reparación Colectiva, conformed by diverse social organizations of victims in the framework of the Colombian armed conflict; these organizations have positioned the role of victims in the peace process and in the construction of a country through dialogue and participation in political scenarios. The research was carried out with Afromupaz, REDEPAZ, IPC, CTC and the collective of journalists, and makes visible the bets and achievements from the collective initiatives of the victims within the framework of Law 1448.

Keywords: collective reparation; political participation; conflict; victims; Colombia; peace

A quienes persisten en vivir, y conocen la absurdidad de su existencia (se rebelan en contra de la monotonía y banalidad de su tiempo huérfano de utopías y cambios sociales), les queda la experimentación de otros futuros distintos a la condición absurda legada por el tiempo en que viven.

Brett & Cante (2012)

Introducción

Se puede afirmar que Colombia atraviesa un momento que promete la reconciliación como un espacio de encuentro y debate entre los ciudadanos, para superar así las prácticas violentas en la política. En este nuevo escenario, se requiere de escuchar la voz de todos los actores, entre estos, la de las víctimas colectivas del conflicto armado, las cuales tienen ya una trayectoria organizativa que ha aportado frutos en términos de reparación colectiva, entendida esta como el proceso en el que se intenta resarcir a las víctimas por los daños que recibieron en el marco del citado conflicto.

La investigación origen de este artículo tuvo como punto de partida la premisa de que el conflicto sociopolítico armado en Colombia ha impactado directamente en la población debilitando las dinámicas cotidianas en los territorios involucrados, ocasionando daños individuales y colectivos, e invisibilizando procesos de resistencia y organización al interior de las comunidades. Es en este punto que surge la necesidad de indagar en la trayectoria del Comité de Coordinación de Sujetos Nacionales de Reparación Colectiva (CCSNRC) que, como agremiación de sujetos colectivos, responde a intereses relacionados con la visión del Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle y de su grupo de investigación, la cual consiste en contribuir a la reflexión y análisis de la puesta en marcha del cambio social mediante principios como la emancipación, la justicia y la libertad, mismos que buscan la resolución de problemáticas sociales para lograr un pleno desarrollo del sujeto desde un enfoque de la calidad de vida y el goce pleno de los derechos humanos.

Las organizaciones de víctimas han avanzado en una defensa de los derechos humanos vinculada a estrategias de demanda, lo que las diferencia en sus repertorios de otro tipo de acción. Las estrategias de demanda se relacionan con las acciones que deciden emprender los actores colectivos y con la forma de afrontar el desafío de conseguir que sus reclamos sean visibles y eficaces. La teoría de los procesos políticos ha definido las prácticas de los movimientos y actores colectivos como repertorio, y a este como el uso combinado y sostenido de acciones políticas que corresponden a la “creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda” (Tilly & Wood, 2010, p. 22). El presente artículo expone en particular las iniciativas y acciones colectivas que se han constituido como repertorios en el marco de la movilización en el contexto de la paz en Colombia.

Escenarios de participación política de la víctima desde el Comité de Coordinación de Sujetos Nacionales de Reparación Colectiva

Para comenzar nuestro análisis, hay que partir de la mirada estatal, la cual se condensa en la Ley de víctimas y restitución de tierras de 2011 (Ley 1448), donde la participación de las víctimas queda explicada en el artículo 261:

Artículo 261. Participación. Se entiende por participación aquel derecho de las víctimas a informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria, en el diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y evaluación de las disposiciones previstas en la Ley 1448 de 2011 y los planes, programas y proyectos implementados para fines de materializar su cumplimiento.

Si bien en la legislación se establece el diálogo continuo con las víctimas en términos de reparación, los escenarios de participación aún se debaten entre la excesiva institucionalización y fenómenos como la estigmatización política de los participantes. En relación con esto, a las víctimas presentes en los procesos no se les ha dado la posibilidad de participar activamente en los ámbitos políticos, sociales y culturales que contempla la reparación, por lo que se les ha limitado a la mera exposición de los lineamientos institucionales, descartándose con ello la opinión y las dinámicas comunitarias. Todo esto implica una visión estática de las víctimas, ignorar su proceso histórico y su capacidad transformadora de los daños colectivos y del entorno.

Los procesos de reparación colectiva realizados hasta el momento han otorgado prelación a la evaluación cuantitativa de las diferentes fases; sin embargo, no se puede olvidar la profundidad de lo cualitativo: relatos, vivencias, sentires, pensares, que permiten tejer programas de verdad participativos. La participación política de las víctimas del conflicto armado en Colombia tiene una larga, fructífera y heterogénea trayectoria.

El CCSNRC es una de las tantas propuestas organizadas en el país con horizonte político y transformador: a través de teorías como la acción colectiva y la acción colectiva política es posible entrever varias relaciones con la actual movilización por la reivindicación de los derechos de las víctimas. Es desde esta base que nos proponemos comprender cuál es la perspectiva que rige en la participación de las víctimas y su relación formal, informal o insubordinada con la política. Los escenarios de participación política de las víctimas Sujetos de Reparación Colectiva con Incidencia Nacional representan un esfuerzo conjunto organizativo que ha logrado avances en espacios de reconocimiento y diálogo representativos para ellas y que contribuyen a una reparación efectiva.

Acciones e iniciativas de los sujetos de reparación colectiva desde el CCSNRC

Utilizando cada caso de los sujetos de reparación colectiva (SRC) se resaltan sus acciones teniendo en cuenta varios aspectos: sus actos a través de su recorrido histórico, apertura de escenarios políticos para la participación, creación de estrategias para la protección de la población con que trabajan, contexto político en que se desarrollan sus acciones, denuncias públicas ante violencia o maltratos por parte del gobierno u otras organizaciones, trabajo en red, procesos sindicales, y la exploración de iniciativas para la inclusión de otros grupos dentro de sus procesos de reparación. Asimismo, se identifican los hitos en común del CCSNRC, evidenciando que su accionar se enmarca en procesos históricos, sociales y políticos.

Incidencia política y fortalecimiento del trabajo en red

A la incidencia política se le entiende como un conjunto de esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos mediante la persuasión y la presión sobre las autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones del poder (Palacios, 2008). Por medio de la incidencia política, organizaciones o agrupaciones de la población civil pueden inducir a cambios significativos en la construcción de la ley y la formulación de políticas públicas, ya que estas son planes, cursos de acciones o regulaciones adoptadas por organismos gubernamentales para influir o determinar decisiones o procedimientos.

La incidencia política como herramienta es una técnica para identificar y promover soluciones para los problemas de una población por medio de los procesos electorales y las audiencias y comisiones especiales, con las que los actores sociales visibilizan sus actos e impactan en los procesos y tomas de decisión de forma democrática y sistemática (Palacios, 2008).

La incidencia política se refleja en la proyección de cada organización, por ejemplo, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ) enfoca sus acciones en la defensa de las soluciones dialogadas ante el conflicto, y en promover el posicionamiento de la inclusión y el pacifismo como principios rectores de las relaciones de toda clase, lo cual ha generado confianza dentro de las instituciones del Estado y ha permitido la apertura de escenarios políticos formales. Un ejemplo al respecto es que la REDEPAZ coordina la Semana por la Paz: “un escenario que busca hacer visibles los procesos y esfuerzos de miles de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el logro de la paz, la transformación pacífica de los conflictos y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida” (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, 2013).

Desde 1987 y de manera ininterrumpida, un importante grupo de organizaciones sociales y comunitarias, regionales y nacionales, defensoras de los derechos humanos, constructoras de paz, instituciones educativas, artistas, medios de comunicación, organizaciones gremiales, entre otras, dinamizadas en diferentes momentos de la historia por el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, REDEPAZ, la Conferencia Episcopal Colombiana, Pastoral Social van llenando año a año de contenido y sentido esta Semana, tocando diferentes temáticas relacionadas con la realidad que atraviesa el país. (Vargas Archila, 2017).

Para REDEPAZ, la Semana por la Paz es una actividad fundamental, debido a que por su medio invita a la inclusión de distintas posturas políticas que concuerden con la importancia de la paz y la propagación de sus intenciones, de tal modo que mediante la incidencia política y la apertura de escenarios políticos formales genera espacios para que se visualicen sus intenciones como organización, tal como lo expresa uno de sus directivos principales:

Pues independiente de que sea de izquierda o de derecha o de extrema derecha o de extrema izquierda, el aporte fundamental es acompañar a una organización al margen de la ley cuando decide apartar las armas de la política, cuando decide que va a buscar caminos de diálogo para construir ese país o para poder expresar esas ideas que quiere expresar con las armas en la mano (Vargas Archila, 2017).

Una expresión práctica de la incidencia política reside en las acciones e iniciativas del colectivo de periodistas, una agrupación que busca la reivindicación, la reparación y las garantías de no repetición para poder ejercer su profesión de forma segura y correcta. Este colectivo destaca el momento de la acción participante, ya que relatan que cada historia que escuchan de las víctimas significa que ellos mismos sienten la tragedia junto a las víctimas, lo cual los afecta y transforma: “Viajé a hacer unas crónicas para memoria histórica, unas crónicas con víctimas, y dentro de esas crónicas encontré muchas situaciones vividas por víctimas; yo conozco las víctimas, aprendí a tratarlas, yo soy víctima y soy periodista” (Callejas, 2017).

Al ser reconocido como SRC, dicho colectivo busca aportar al cumplimiento de lo prometido en términos de reparación colectiva a cada organización, grupo y comunidad víctima. Al no estar legalmente conformados como organización y ser una agrupación de distintos profesionales afectados por la violencia, se autodenominan como sujetos autónomos e independientes. Han tenido problemas dentro de su proceso organizativo, pero se les sigue llamando para la lucha por el esclarecimiento de la verdad, para llevar a cada rincón del país la información clara y transparente de lo que sucede en Colombia.

Según sus declaraciones, el colectivo de periodistas ha dejado de lado la corrupción que a veces también los atrapa y les deja huella, lo cual los ha llevado a interaccionar con líderes de la alta dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o a estar en las primeras mediaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Nuestras actuaciones tienen que ver mucho con la información” (Callejas, 2017). Aunque esto es motivo de persecución y violencia contra sus miembros, gracias a la constante tarea de este colectivo, el periodismo no ha caído en la influencia política alienante y ha conservado una posición crítica, argumentativa y del lado de la verdad. Entre sus aportes más significativos se encuentran la escritura y el uso verbal como herramienta de poder.

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, la incidencia política se entendería como un proceso acumulativo que requiere de estrategias variadas e implementadas en el tiempo con creatividad y persistencia. Este tipo de acciones políticas necesitan de iniciativas complementarias para conseguir su propuesta estratégica, es decir, mediante logros de menos envergadura en temas puntuales se va construyendo el poder social y la capacidad técnica necesaria para incidir en temáticas mucho más influyentes.

La incidencia política es fundamental al momento de luchar contra la evidente debilidad de políticas adecuadas en relación al contexto de la nación, vigencia de políticas nocivas frente al mismo y el incumplimiento sistemático de políticas existentes (Palacios, 2008). Por lo tanto, en el caso de Colombia se resalta cómo las características que forman la definición de incidencia política se adecuan dentro de cada caso de los SRC, en las expresiones prácticas de sus acciones y en las problemáticas coyunturales que envuelven actualmente al país.

La formulación y ejecución de estrategias metodológicas o prácticas son rasgos de algunas organizaciones, con las cuales crean propuestas o soluciones efectivas para que las poblaciones con las que trabajan aseguren sus derechos, todo esto con base en una sólida postura ideológica, tal es el caso de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz): “Toda la diversidad que al fin y al cabo es parte de este país y eso ha sido como todo lo que es Afromupaz, pero si te das cuenta en todo eso un tema de incidencia e incluso parte de eso nos toca hablar el feminismo diferencial” (María Eugenia, 2017).

Apostar por un feminismo diferencial significa una postura estructurada por los propios miembros de la organización, enfocada en los valores de libertad, cultura y valoración del cuerpo de la mujer como templo de respeto y sujeto de derechos. Se trata de una respuesta a un contexto inequitativo entre géneros, en el que se hace imperativa la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la creación de nuevos espacios para la redignificación, reparación y recuperación de la memoria de las mujeres de un modo diferencial.

Afromupaz expresa esta idea de inclusión a nivel práctico creando iniciativas para prevenir las violencias contra las mujeres; por ejemplo, cuenta con la estrategia llamada el Tambo, que consiste en la prevención y protección de Afromupaz desde una red de comunicación y construyendo puntos seguros denominados el tambo, donde se han establecido alarmas y ollas comunitarias como estrategia de seguridad en barrios o sectores en los que se encuentra en riesgo la integridad y la seguridad de las mujeres que hacen parte de dicha organización (María Eugenia, 2017).

El trabajo en red es otra forma en que el sujeto o agrupación construye canales o vínculos con otros sujetos; a nivel del sujeto, la red es “la constituyente de su espacio-temporal, su territorio, es un tejido de vínculos que representa su sistema afectivo y de comunicación, el área de ‘los otros significados’ y está sujeta a nuevas y continuas relaciones, tramándose continuamente” (Campos, 1996). Es decir, que el trabajo en red se refleja tanto en los sujetos como en la conformación de sus colectivos: “Por lo tanto, las redes se rigen como una forma de organización social que le permite a un grupo o colectivo el potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de sus problemáticas” (Trigo, 2013).

En relación con las formas prácticas del trabajo en red, organizaciones como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), uno de los movimientos sindicales más antiguos del país, con presencia en una gran cantidad de luchas en relación con la defensa de los derechos laborales de cada trabajador del país, hace frente ante las diferentes situaciones de desigualdad laboral, desde la defensa de grupos poblacionales minoritarios como las trabajadoras domésticas, hasta el acompañamiento de movilizaciones de variados actores políticos, así como alianzas con el sector público u otros. La CTC, aun con una experticia longeva, busca la alianza y la construcción de redes con otros sujetos políticos activos, no solo para la influencia dentro de la representación, sino para que por medio del apoyo de las luchas de otras organizaciones aumente sus fuerzas y movimiento a nivel nacional. Así lo expresa su representante:

No solamente los sindicatos, entonces también con la academia, con los estudiantes, con las organizaciones de campesinos, de afro, de indígenas, y así sucesivamente; justamente en este momento estamos trabajando con la CTC un tema en contra del asbesto, estamos buscando la prohibición del asbesto y eso es una red que se estaba constituyendo con diferentes personas, organizaciones y colectivos que también están en contra del uso del asbesto y todos los problemas que tiene contra la salud; entonces ahí nos sumamos y también buscamos, por ejemplo, que se haga un proyecto de ley que prohíba el asbesto, entonces que esos son los dos componentes: el político y el de movilización (Tovar, 2017).

La CTC brinda a las organizaciones y a los sujetos con los que trabaja y se vincula un apoyo de estatus, ya que le facilita al sujeto una conformación sobre la pertenencia e integración en su espacio, una compañía social, le posibilita la participación en actividades sociales (como la movilización) generando relaciones recíprocas y la capacidad de proporcionar apoyo (Campos, 1996). Este tipo de organizaciones, al crear distintas relaciones con entidades públicas, organizaciones internacionales y otros movimientos sociales, logra crear bases estables para su óptimo funcionamiento y garantiza su presencia en distintos mecanismos de participación.

La CTC, en alianza con las representantes de la cámara, de la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Fundación Bien Humano y la Escuela Nacional Sindical (ENS), convocó a la audiencia pública que verificaba las condiciones de empleo de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico (El Espectador, 2015), acciones que son un vivo ejemplo del trabajo en red, de la construcción de vínculos y de la incidencia política.

Por su parte, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) cuenta con una serie de herramientas que buscan aportar al constante desarrollo a nivel local y regional en el país, por medio de la investigación social y la educación popular, abarcando distintos temas del conocimiento. Por medio de la autoevaluación de los acontecimientos sucedidos a nivel nacional en las últimas décadas, el IPC ha podido crecer en temas como identidad política, movimiento social, opinión pública, etcétera. Su propósito ha sido fomentar la apertura de espacios en una sociedad que invisibiliza y acalla voces mediante la institucionalidad.

El tema de la identidad para organizaciones como el IPC es un eje trasversal, ya que permite la generación de posiciones políticas desde bases claras, lo cual da credibilidad a quienes hacen parte de la misma. La identidad genera confianza en los aliados y es una herramienta útil en momentos de crisis, como lo sucedido con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en los años ochenta: entonces el IPC aportó al fortalecimiento de dichas organizaciones (Herrera, 2017).

Se deben tener claros los principios, así como los objetivos y metas que se desean alcanzar para fortalecer y organizar las ideas por las que se lucha y que hacen parte de esa identidad individual y colectiva, fundamental para alcanzar el cumplimiento de procesos. Entre sus estrategias, resaltan el trabajo en red y los modelos conceptuales, que, basándose en otros, producen acciones encaminadas a que las organizaciones y comunidades se puedan autogestionar usando la praxis, lo que permite afirmar que es una actuación fundamentada.

Las estrategias propuestas en el plan de reparación colectiva están ligadas a los principios básicos de esta: rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición, desde la dimensión simbólica de reconstrucción de los hechos para que los actores reconozcan lo cometido -poder hablar de memoria y verdad- y que ello se articule con la justicia. Para esto es necesaria la incidencia política, un espacio donde los colectivos deben tener voz y voto en las decisiones, así mismo que se tengan en cuenta sus propuestas ya que ellos han ido generando su propia reparación mediante su lucha, hasta incidir en la conceptualización de la ley para impulsar los procesos a nivel nacional.

Fuente: Alba, Giraldo, Zapata & Prieto (2017).

Gráfico 1 Categorías de análisis de la incidencia política y el fortalecimiento del trabajo en red 

Procesos de fortalecimiento y formación política: apuestas para la trasformación social

Las organizaciones entrevistadas surgen entonces en medio de tensiones existentes en el contexto colombiano, y es desde aquí que han emprendido acciones para fortalecer iniciativas en representación de un colectivo y para crear condiciones de bienestar para las poblaciones y sectores sociales con quienes trabajan. Sin desconocer su ejercicio político, se han enfocado a tener presencia en los procesos de diálogo y negociación entre diferentes actores inmersos en el conflicto sociopolítico.

Es por esto que las organizaciones creen necesario llegar a las comunidades a través del trabajo conjunto y empoderándolas para que sean partícipes y responsables de tomar el futuro en sus manos, pues son ellas las que conocen la verdadera situación que atraviesan. La REDEPAZ tiene clara esta forma de accionar, que con frecuencia lo que requieren las comunidades es conocer las herramientas que tienen a su disposición, pues a falta de un acompañamiento pertinente que las oriente sobre cómo materializar sus iniciativas -sobre todo en las regiones más apartadas del país-, la participación de esos territorios se reduce. Es en este punto que las organizaciones entran a divulgar los mecanismos que fortalecen la legitimación de la democracia:

[…] uno de los aportes es haber podido, en muchos de los municipios donde hoy tenemos presencia, desarrollar el ejercicio de la participación de que las comunidades puedan entender, desarrollar su propio futuro o inclusive de entender que los seres que hacen parte del país tienen como unos derechos o unas obligaciones, es gente que tienen derechos, porque ese ha sido uno de los problemas que tiene este país, la mayoría de la gente, dentro de la exclusión política y económica de Colombia, mayoría desafortunadamente, nuestra población no es ni sujeto social ni se le tiene en cuenta para acción política, para la acción económica o para la implementación de la democracia, entonces siempre se pasa por encima de ellos, yo creo que ese ha sido de nuestros mayores aciertos, entonces otro de los grandes, o sea de los grandes aportes que se ha hecho con estas comunidades que nosotros llamamos una “pedagogía para la paz” (Vargas Archila, 2017).

La relevancia de estos esfuerzos radica en que han permitido crear escenarios para dialogar con las iniciativas que se llevan a cabo en comunidades específicas, y porque resaltan la necesidad de construir lazos con la sociedad en general. El colectivo de periodistas, por medio de su iniciativa “cambio de chip”, pretende transformar el lenguaje con el que ellos se desenvuelven y transmiten la información, pero, además, como esta se divulga de voz en voz, consideran imperativo conocer con puntualidad los hechos, lo que requiere de estar en el lugar e investigar y hablar con la gente para obtener información confiable. Así, al escribir cuentan con los argumentos para reconstruir la información con una mirada crítica de la situación en Colombia.

Callejas (2017) asegura que muchas veces los medios de comunicación polarizan la información para manejarla según sus posturas políticas, de tal modo que lo que se da a conocer se le convierte en otro conflicto por como se muestra ante el público. Esto no quiere decir que no se pueda tener posturas cuando se escribe, sino que es importante reconocer la perspectiva crítica, una apuesta de dicho colectivo frente a la coyuntura nacional: “El lenguaje lo tenemos que cambiar todos. Porque a la guerra contribuimos todos. Todo el país con hechos de guerra, intolerancia y violencia hemos contribuido a fomentar la actitud de guerra. El lenguaje tiene que cambiar. Todos tenemos que cambiar el lenguaje para lograr una actitud de paz” (Callejas, 2017).

Se observa en el anterior testimonio que las acciones e iniciativas se dirigen a cuestiones externas de la organización, que también pasan por la construcción de ellos mismos, en un diálogo permanente sobre cómo traducir sus intereses individuales de reparación a una propuesta más global de reparación colectiva, así como a estrategias para que su propio proceso no decaiga y muera; un riesgo alto si se observa a la luz de la diversidad de actores, el contexto político, la burocracia estatal y los juegos de poder internos.

La formación política entonces va encaminada al desarrollo de los procesos que llevan con las poblaciones con las que trabajan, lo cual se extiende a otras personas víctimas del conflicto armado. Así sucede con Afromupaz, cuyos ejes de acción, a través de estrategias de prevención y protección, se dirigen al empoderamiento económico, social y cultural en un contexto cotidiano para que las mujeres se liberen de los hechos de violencia que viven en sus hogares por parte de sus compañeros sentimentales.

Cada acción e iniciativa tiene esta directriz y genera un posicionamiento político e ideológico de creencias, convicciones y posturas de las organizaciones que defienden a las víctimas, en tal sentido tienen claras y definidas sus posturas en diferentes espacios de interacción.

Estrategia psicosocial desde lo diferente, desde lo diferencial, y es una estrategia que la llamamos “La huerta del perejil”, que es una estrategia psicosocial colectiva de lo que ahí le estamos aportando en la cartilla ahí la van conociendo, que la hemos venido haciendo con mujeres víctimas de violencia sexual, tortura, bueno, de todos los tipos de conflicto, pero nos hemos abierto ahora con la comunidad receptora que son víctimas indirectas (María Eugenia, 2017).

Son acciones que persiguen un impacto en la vida cotidiana de las mujeres víctimas que habitan en el territorio donde ellas tienen presencia. Y dado que actualmente se encuentran en un territorio urbano, también luchan por la reivindicación del papel de la mujer afrodescendiente y la recuperación de las tradiciones del trabajo y cultivo de la tierra, el cual tiene un valor ético-político desde un enfoque diferencial y cultural que direccionan el accionar de estas víctimas.

Por otro lado, las organizaciones fortalecen sus acciones impulsando el desarrollo y los derechos humanos como eje fundamental para el trabajo político, de tal manera que, por medio del reconocimiento de las diferentes posturas, creencias y posiciones que reivindican las condiciones de vida de cada población rural o urbana con las que trabajan, las lleva a repensar en formas de actuar que se acomoden a las dinámicas del contexto. De esta forma, el IPC manifiesta que se encuentra en una etapa de retroalimentar su plan estratégico de acuerdo a los desafíos de la transición política por la que atraviesa el país en relación con

[…] el tema del desarrollo, […] con un enfoque territorial y eso nos puso como a renovar un poco los ejes temáticos frente a los temas en educación y cultura política que va orientado a jóvenes, mujeres; el tema de ordenamiento territorial, el de seguridad democrática, derechos humanos y empresa, ese es un eje en el que estamos ahí fuerte y lo otro es sobre cultura urbana y seguridad en derechos humanos (Herrera, 2017).

Repensar sus formas de acción y resaltar la trascendencia del diálogo social para entablar relaciones y llegar a acuerdos en momentos de tensión, es importante para evaluar qué es lo que se está haciendo, qué se puede hacer, cómo se debería llevar a cabo y, en caso de que el proceso ya esté en ejecución, cómo se puede mejorar. Para la CTC se puede ver que este proceso se encamina a llegar a consensos en el marco de su principal objetivo que son los trabajadores:

La CTC somos muy reconocidos a nivel nacional por el tema del liderazgo social, que nosotros siempre queremos buscar salidas negociadas a todos los conflictos porque entendemos que finalmente cuando hay una confrontación o cuando hay un ser que sale afectado nuestro trabajador. Entonces siempre queremos hacer salidas negociadas a los conflictos, eso no quiere decir en ningún momento que no representa una realmente los intereses de los trabajadores y mucho menos. Sino que siempre buscamos salir a través del diálogo y la concertación porque pensamos que ese es el mejor camino (Tovar, 2017).

Fuente: Alba, Giraldo, Zapata & Prieto (2017, p. 32).

Gráfico 2 Acciones desde la formación política de los sujetos de reparación colectiva 

Las organizaciones concuerdan en que promover un cambio desde las bases a través del diálogo y la promoción de procesos autónomos necesita de trabajar con comunidades, territorios, colectivos y con otras organizaciones, para crear una relación de unificación de esfuerzos, que a su vez implica hablar en el mismo leguaje de concertación y diálogo. La REDEPAZ lo expresa con su propuesta específica sobre la conformación y el funcionamiento del CCSNRC:

Nosotros hemos participado en la creación y en el fortalecimiento de ese Comité pero no hemos sido únicos, a mí no me gusta sentir eso y no es por faltarle a la verdad porque ahí también está el IPC, están muchas otras organizaciones del orden nacional o del orden local, que con mucha fuerza han venido trabajando en que la reparación colectiva funcione; y se ha creado un comité en lo cual nosotros hemos sido muy insistentes en ese trabajo porque ese es nuestro ejercicio ¿no? Yo creo que nosotros estamos, siempre estamos en el ejercicio de la construcción, de lo que nosotros llamamos o lo que técnicamente se llama “infraestructura para la paz” (Vargas Archila, 2017).

Impulsar el CCSNRC no ha sido fácil; sin embargo, la infraestructura para la paz es una estrategia de formación en donde se espera que el país termine el conflicto presente durante décadas de manera “no militar y construir una paz duradera no basta solo con tener buenas voluntades o un proceso de negociación entre los actores armados. Se necesitan espacios permanentes dotados de legitimidad, autoridad y recursos con los cuales los diferentes actores de la sociedad, incluyendo las partes del conflicto, preparan la paz y la sostienen en el tiempo” (Pfeiffer, 2014).

Las organizaciones han estado trabajando constantemente en ese camino con su disposición a dialogar con el Estado para proponer y generar acciones conjuntas, esto las fortalece, además de que el Estado las legitima al reconocerlas como SRC. La evidencia de estos cambios se observa en la disminución de los ataques por contar con medidas de protección. Las organizaciones reconocen que luchar por estos procesos desde sus conocimientos aporta a construir una democracia sólida y a la formación de una sociedad partícipe en la toma de decisiones para el territorio donde se ubican.

Resistencia política: lucha y defensa de lo propio y lo común

Las acciones e iniciativas de los SRC tienen distintas connotaciones según el momento político y las razones que los lleven a realizarlas. Entre ellas se puede encontrar la resistencia como un modo de responder a determinado contexto social, en especial el político. Referirse a la resistencia entraña comprender la existencia de otro ente, institución, organización, colectivo, etcétera, que posee un gran poder que posiblemente lo ha hegemonizado y que lleva a cabo acciones que ponen en tensión a un colectivo o comunidad. El acto de la resistencia posee el espíritu de la lucha por las convicciones y, en el caso de los SRC, significa defender lo propio y nociones como justicia social y paz, a sabiendas de que estos actos o pueden producir cambios en la sociedad o acabar en la muerte, lo cual no es extraño que suceda en Colombia.

Asimismo, las resistencias denotan que hay alguien o algo contra quien se resiste; en cuanto a los SRC el Estado viene a ser el principal actor que origina las resistencias; y a él le sigue la universidad, a la que se critica por teorizar sobre una realidad en la que no está inserta y de la que desconoce las experiencias de vida de los sujetos que habitan el territorio.

Las razones que movilizan a actos de resistencia varían de una organización a otra. La REDEPAZ y el IPC son insistentes en construir la paz desde frentes como el trabajo directo con las comunidades y universidades, o bien defendiendo la paz en los altos niveles, es decir, abogar por el diálogo entre actores armados y el gobierno colombiano. Pese a apoyar hasta cierto punto las iniciativas del Estado respecto al cese del fuego de algunos actores, la construcción de paz se convierte en resistencia ante un Estado que ha sido dirigido por gobiernos que se valen de la violencia para mantenerse en el poder:

Acompañamiento que le hicimos en el proceso de negociación de las milicias populares de Medellín, como procesos de negociación urbana, de insurgencia urbana. El IPC estuvo acompañando un proceso de esos, pero en una idea de cómo participan las organizaciones y comunidades en los procesos, o sea, eso no puede ser solo entre armados, esos son sentidos de las negociaciones. ¿Y cuál es el papel de la sociedad civil? Entonces nosotros estuvimos muy ahí, particularmente en un proceso en Moravia, en El Bosque, que tenían una presencia de milicias en Medellín; estuvimos en ese proceso, crear el centro de resolución de conflictos, una estrategia de formación política para líderes, una propuesta de formación en capacidad de negociación con el Estado […] Es un barrio que queda al frente de la terminal de transporte, están estratégicamente muy bien ubicados y todo el mundo los quiere sacar, entonces es como cohesionar a la comunidad y que tengan la capacidad de negociar con el Estado a nivel local (Herrera, 2017).

Otro motivo es la defensa de lo colectivo, la cual se transforma en un imperativo en una sociedad en la que prevalecen los valores del individualismo y la competitividad, reduciendo el sentido de ciudadanía a votar, olvidando los espacios de encuentro con el Otro, mismos que permiten crear alternativas para la solución de demandas y necesidades como comunidad.

Yo creo que estar en este lado uno tiene que tener convicción, pues tener clara sus opciones. En su momento uno lo llama militancia. Eso generacionalmente ya no se habla tanto de eso, porque estas son generaciones que también van trabajando y van pasando, pero yo digo que creo en mucha convicción y mucha claridad como de opciones que uno tenga pues en la sociedad, en la vida, porque esto compromete parte de la vida individual, creo que eso cuando es una opción de varios, el colectivo te hace fuerte también, te cohesiona, yo creo que también los factores que generan identidad, pues a mí me molesta que haya injusticia actualmente, eso genera identidad, eso molesta. Entonces hay que hacer algo para que haya más justicia (Herrera, 2017).

La resistencia también es defender la soberanía sobre la propia identidad y la manera en que se desea ser reconocido. Muchas veces el Estado en su afán por crear normas, decretos, leyes, que puedan abarcar a toda la población generaliza obviando las particularidades de los grupos poblacionales. Esto es detentar el poder simbólicamente mediante la incidencia en la vida cotidiana de las comunidades. Específicamente, en Afromupaz se evidencia la lucha por dejar de pertenecer a la categoría de “víctimas” para ser reconocidas como “sobrevivientes”. Para las mujeres de este colectivo, este último concepto refleja más acertadamente su relación con el Estado, lo que demuestra su rol activo en la construcción de propuestas políticas y de vivencia de la vida cotidiana. Por su parte, REDEPAZ insiste en ser reconocida más allá de la etiqueta de “víctima” y que se valore el impacto político de sus propuestas.

Otro tipo de resistencias se niega a aceptar iniciativas del gobierno que denigren el medio ambiente o que sean lesivas para la población, como los tratados de libre comercio y las concesiones a multinacionales que se dedican a extraer masivamente los recursos naturales de un país. Una lucha que trasciende con creces el mero nivel organizativo, para afectar no solo las medidas legales del Estado, sino también la concepción de las personas para un futuro compartido.

El colectivo de periodistas, por su parte, hace hincapié en transformar las relaciones de corrupción de los partidos políticos del país y que permean las de profesionales y ciudadanos. Por eso se han negado a recibir dineros a cambio de callar información que perjudica al poder económico y político; incluso a pesar de las amenazas para ellos y sus familias.

Yo lo he dicho, lo digo y moriré diciendo: el día que me callen, me muero primero. No tengo ningún valor. A mí uno de los enemigos de los míos me puso 500 millones de pesos con tal de que lo dejara quieto; muchos dijeron “estúpido” y yo también, no dormí esa noche pensándolo. 500 millones con todos los problemas que tengo. Mi familia amenazada, yo amenazado: se lo recibo. Compro una finca, me llevo a mi familia […]. Entonces yo decía “le aseguró una carrera a mi nieta”, y no dormí esa noche pensando en los 500 millones de pesos. Y a las 6 de la mañana dije “¿y dónde está por lo que yo he peleado? Lo que yo defiendo, por lo que peleo, por lo que me amenazaron, por lo que todos los días digo en la radio y escribo. No recibo ni un peso. Mi dignidad, mis pensamientos, mi forma de ser no me lo permite. (Callejas, 2017).

Un factor movilizador en los procesos de resistencia consiste en construir otro tipo de poder con la capacidad de hacer frente a las actuaciones del Estado que omiten lo importante de respetar la integridad de los SRC, quienes ya han sido victimizados y buscan respuestas a hechos que no debieron suceder en una democracia. Así también se lucha contra la hegemonización del poder del Estado.

La resistencia se presenta de diferentes formas según la constitución y los objetivos de la organización: desde las que se cumplen obstaculizando otro acto hasta las que proponen modos alternativos de vida. En la primera, se encuentra el negarse al soborno para callar; en la segunda, de mayor amplitud, se aboga por trascender el lenguaje que fomenta la violencia, defender a los líderes propios ante instituciones estatales, emprender investigaciones que se acerquen más a las realidades contextuales y a la idea de cambiar de conceptos para ser más acordes con la identidad.

Como es evidente, la resistencia ante la hegemonización del poder conlleva riesgos simbólicos y físicos que recaen principalmente en ser estigmatizados o vulnerados en la integridad propia y en la de la familia. No todas las organizaciones sociales nacen con el fin de resistir a cierto tipo de tensiones; sin embargo, esa es la tendencia de los SRC. Su resistencia se usa para defender la construcción de paz, y que todos lo comprendan así desde posiciones distintas: como perdón o tolerancia, pero todos apuntando al respeto mínimo por la dignidad humana. También se evidencia que uno de los factores más tensionantes dentro de las resistencias es la cuestión del poder, y este como una forma de lucha por una construcción social que permita a los ciudadanos ser realmente soberanos de sus vidas.

Fuente: Alba, Giraldo, Zapata & Prieto (2017, p. 42).

Gráfico 3 Resistencia desde los sujetos de reparación colectiva 

Denuncia de la violación de derechos humanos y acompañamiento a las víctimas: formas de construcción de paz y reparación

Todas las organizaciones han sido claves en cuanto a la denuncia de la violación de derechos humanos, ya que han sido víctimas individuales y colectivas. Sus relatos de historias de vida y de sus trayectorias como organización se encuentran marcados por la fuerte violencia física y psicológica, por lo cual han luchado para obtener justicia y así ser parte de una reparación colectiva. Por tal causa se han interesado en dar acompañamiento a las víctimas que se acercan a ellas o a la comunidad receptora, por lo que la denuncia es un punto relevante en los objetivos comunes de unas y otras para la construcción de paz y la reparación.

Así, la REDEPAZ ha dado acompañamiento a las víctimas con un enfoque territorial y ha trabajado con la construcción de paz, aspirando a tener amplia incidencia política y sólido acompañamiento a las víctimas.

Afromupaz también utiliza estrategias para el acompañamiento de las víctimas, como la protección contra la violencia, la atención psicosocial, o la construcción de herramientas para visibilizar el rol de la mujer, apostando porque una mujer empoderada económicamente es menos susceptible a riesgos físicos y psicológicos, una cuestión que posiblemente se ha elaborado por el marcado machismo de la sociedad patriarcal, en el cual las mujeres han estado sometidas a quedarse en el hogar por razones económicas y encargarse de las tareas domésticas, lo que ha derivado en que se las ha sometido a violencia física y psicológica por parte de sus parejas. Este fundamental aspecto es el que Afromupaz ha buscado erradicar empoderando económica y personalmente a todas las mujeres de la organización.

El IPC ve en la posibilidad de denunciar un gran impulso para seguir llevando a cabo sus procesos; en la CTC hacen énfasis que casualmente donde hay alto impacto de violencia por determinado gobierno es donde se han impuesto más leyes contra los trabajadores y esto lo han conformado como un elemento clave de sus denuncias. Estas dos organizaciones han recurrido a la denuncia desde lo que ellas han sufrido a lo largo de su trayectoria; sus denuncias están dirigidas a las vulneraciones netas de sus derechos.

Pero el trabajo del colectivo de periodistas también es destacado. Ellos han trabajado de modo individual y colectivo para aportar al reconocimiento de las víctimas, para que todos los casos se conozcan con veracidad, sin daño y sin que se distorsione la información para que las experiencias de las víctimas se difundan: cómo ha sido su duelo y conocer cuáles han sido las soluciones probables a sus denuncias. Para ello los periodistas realizan crónicas de memoria histórica con las víctimas, lo que viene a ser un acompañamiento para ellas. Pero un hecho específico del colectivo de periodistas es que sus denuncias se dan a nivel individual, pues a pesar de que todos son víctimas cada uno maneja una perspectiva distinta de su historia: las experiencias que los han llevado a declararse como víctimas son de orden individual, en su historia de vida, es decir, no como víctimas que forman parte de una organización.

Aquí somos víctimas, pero somos diversos. Entonces todas las organizaciones son distintas, pero todas las organizaciones tienen unas expectativas y unos intereses distintos […], entran unos intereses políticos y unos intereses personales y unos intereses de agremiación, estamos en un país democrático donde todos esos derechos son posibles, pero yo lo miro desde otra perspectiva, o sea yo, vivo en función de lo que yo he vivido, me duelen las víctimas, trabajo por las víctimas; mi ruta es satisfacer esas víctimas en el buen sentido de la palabra, ¿no? (Callejas, 2017).

La denuncia de la violación de los derechos humanos es fundamental en la sociedad, aunque en ocasiones no se dé en gran cantidad porque la impunidad ha generado pérdida de confianza y credibilidad en la justicia colombiana. Indignan las respuestas de los funcionarios ante una denuncia de acoso o de violencia física o sexual que padecen algunas mujeres y muchas de las líderes de las organizaciones tema de este artículo: por ejemplo, las lideresas de Afromupaz han sido víctimas de hechos violentos, pero señalan que denunciar no es suficiente debido a que esta no se procesa y a que no se garantiza la no repetición, la protección o la atención psicosocial. Por eso ellas enfatizan en la autorreparación con la que cambian la visión de sí mismas, lo que luego trasmiten a su comunidad receptora.

Así mismo, el colectivo de periodistas ha sido víctima por su participación en la denuncia de violación de derechos, sus noticias cargadas de información clara y directa sobre la situación nacional y los intereses escondidos, y por sus denuncias sobre lo que han tenido que vivir al buscar justicia para estos hechos. Denunciar es un paso más allá de hablar, significa asumir las consecuencias de lo relatado, exponerlo a la luz pública, y en su labor como periodistas estos sucesos los han perseguido constantemente y son el blanco de muchos personajes políticos vinculados con estas victimizaciones.

Por último, hay que resaltar que de las diversas formas en las que las organizaciones realizan sus denuncias existe un aspecto similar: todas van más allá del marco jurídico. Además sus formas de resistencia sintetizan los procesos de cómo generan denuncias de la violación de sus derechos y los de sus comunidades; luchan por tener voz en los procesos de participación para desde ahí exponer los hechos de victimización.

Las organizaciones de sujetos de reparación colectiva nacen, luchan y se mantienen con el fin de generar pequeños cambios en las dinámicas que han estado mediadas por el conflicto. De esta forma las acciones e iniciativas que se desarrollan están pensadas para promover la participación de las comunidades, los territorios y la sociedad colombiana en general para que se articulen procesos que visibilicen las voces de los sujetos. Se trata de que no solo se recojan cifras y datos de los efectos del conflicto, sino de emprender labores que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.

Fuente: Alba, Giraldo, Zapata & Prieto (2017, p. 23).

Gráfico 4 Acompañamiento a víctimas. 

A manera de conclusiones

Los aportes a la participación política parten desde las organizaciones de sujetos de reparación colectiva cuando estas inician un proceso de reconocimiento y aclaración de los hechos y continúan con su lucha por las reivindicaciones sociales ya sea en el campo de los derechos laborales, la reivindicación del papel de la mujer diversa, la investigación social, la educación popular, o el análisis de las coyunturas económicas, políticas y sociales que atraviesan el país. Su propósito es que se divulgue información certera y clara con perspectivas más amplias y relacionadas con la construcción de paz.

Dichas organizaciones ven este proceso de reparación colectiva como una oportunidad para exigir al Estado que cumpla con su papel de protector y garante de derechos humanos, además de que pueden así reivindicar sus luchas sociales, y participar en diferentes escenarios para generar incidencia política; sin embargo, muchas veces estos últimos son espacios que restringen los temas y posiciones a discutir. Hay organizaciones, como Afromupaz, que más allá de estar involucradas con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), desean producir procesos autónomos con estrategias que les permitan superar los momentos por los que han sido consideradas víctimas, por ejemplo, la autorreparación.

Por otra parte y desde una perspectiva institucionalizada, la reparación colectiva comienza con el reconocimiento estatal, paso con el que se permite que el gobierno establezca relaciones con las organizaciones, grupos y/o comunidades, aceptando los daños ocasionados a las poblaciones, tanto por la disminución de su capacidad para gestionar sus procesos y llevarlos a cabo -lo que se vincula con sus habilidades y recursos para participar en distintos escenarios-, como por el reconocimiento del daño, lo que se encamina a reconstruir las fracturas de las relaciones sociales entre las organizaciones y los sujetos con quienes realizan sus procesos, fracturas debidas a la pérdida de credibilidad, una cuestión que tiene su origen en las amenazas que estas organizaciones reciben, o por la estigmatización de pertenecer a grupos insurgentes -IPC, CTC, REDEPAZ-, obligados a callar por una labor de acceso a la información -colectivo de periodistas- o por ser una mujer diversa en una sociedad que invisibiliza la interculturalidad propia de los colombianos -Afromupaz.

Estos daños no son eventos aislados de cada organización, sino que responden a dinámicas derivadas del contexto sociopolítico del país que en ocasiones se dan al margen del conflicto armado, provocando la ruptura de tejidos sociales mediante la difusión del miedo y la incertidumbre, y convirtiendo los hechos en un ciclo de violencias que repercute en el funcionamiento de las organizaciones y de las comunidades con las que trabajan.

La pertinencia de la reparación se cuestiona ante un contexto plagado de persecuciones y de violencias simbólicas y físicas. Esto lleva a afirmar que la democracia en Colombia está en duda. Una democracia implica la libre elección de lo que se quiere ser, así como una libre participación en diferentes espacios en los que se pueda llegar a acuerdos. Los diferentes gobiernos colombianos se han encargado de que esto no suceda, y han evitado a toda costa la participación autónoma de las organizaciones sociales, entre estas, las que se conforman de SRC.

En los diferentes secciones de este artículo se ha dejado en claro que las exigencias de las organizaciones de personas víctimas son el reclamo de cuestiones básicas como la reparación colectiva y la garantía de sus derechos básicos, pero que ello se ha respondido con la negligencia del Estado, y con acciones de mala fe como el cierre de espacios de participación y el intento de debilitarlas. Y que también se las ha estigmatizado para legitimar la violencia sistemática que se usa contra ellas, lo cual no es gratuito: existe la intención de hacerlas callar, ya que representan los intereses de un segmento específico de población y tienen la capacidad de recoger las demandas de múltiples sujetos y de suficiente movilización política para poner sobre la mesa temas espinosos para los gobernantes en turno o para el funcionamiento del Estado. Probablemente una de las mayores pruebas del alcance del poder de lo colectivo se encuentre precisamente en el temor de los gobernantes de tener que enfrentarse a ideas y argumentos que nacen en medio del diálogo de saberes por medio de estrategias políticas alternativas.

Las ideas y convicciones de las organizaciones se enfrentan al poder del silenciamiento por medio de la censura en medios de comunicación y las balas; la palabra contra la violencia. Una democracia en la que los espacios de participación no son suficientes, y los que existen responden a intereses ajenos a los deseos de la población, no es una democracia real, sino apenas una cortina que oculta intereses capaces de moverse por medio de todo tipo de vejación.

Como es de esperar, se ha afectado la confianza depositada por los SRC en el Estado; y ella no se podrá recuperar hasta que se demuestre una voluntad política real de apoyar las transformaciones que protejan el bienestar de las comunidades y sujetos. Es decir, solo se podrán tejer plenas relaciones de confianza entre organizaciones sociales e instituciones cuando haya una voluntad real por parte del Estado de reconocer sus propias responsabilidades y sea consecuente con las medidas que se deben tomar para respetar la autonomía y dignidad de las organizaciones y de sus miembros, sin ponerles ningún obstáculo burocrático o de violencia.

La construcción de redes es un ejercicio que las organizaciones practican en su mayoría; es una estrategia para entrelazar saberes, empalmar procesos y poder recoger nuevos aliados, con el fin de crear unión entre los distintos sectores que apoyan la paz en todas sus expresiones. Es este uno de los sentidos de la REDEPAZ como organización: crear la unión con diferentes actores que deseen tomar la vía pacífica para darle fin al conflicto sociopolítico armado. Esto destaca la importancia de que existan organizaciones que jueguen el papel de nodo, que entiendan la lógica en que estamos viviendo y que se debe trabajar por la reconstrucción del tejido social.

Existen diferentes formas con las que se aporta a la construcción de paz: por medio de la formación, mediante la construcción de vínculos o creando espacios adecuados para que las organizaciones de víctimas del conflicto sean reconocidas social y políticamente, pero siendo partícipes de tales herramientas, aportando experiencias y saberes para aprovechar las relaciones del Estado con la sociedad civil.

Referencias

Alba Díaz, L. H., Giraldo Marín, L. M., Zapata Henández, L. F. & Prieto Páez, M. J. (2017). Narrar desde lo colectivo: voces y apuestas. Aportes a la participación política de las víctimas en el conflicto colombiano desde las trayectorias de las organizaciones miembros del Comité de Coordinación de Sujetos Nacionales de Reparación Colectiva (CCSNRC). Trabajo de investigación: informe final de licenciatura de Trabajo Social, Universidad de La Salle, Bogotá. [ Links ]

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Recibido: 08 de Mayo de 2018; Aprobado: 09 de Septiembre de 2019

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