La década de 1990 es el periodo en el que se intensifica y cobra atención un perfil de la presencia migratoria de nacionales de Centroamérica en México diferenciado de otros concurridos, histórica o coyunturalmente, desde la región. Aquel conformado por los flujos de población no documentada en tránsito, preponderantemente oriundos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que han tenido como destino el propio país pero que en su mayoría se han dirigido hacia Estados Unidos. Tras casi tres décadas, e incentivados por la precarización socioeconómica y el incremento de la violencia social, dichos desplazamientos se han mantenido y han adquirido notoriedad y visibilidad en los últimos años.

Aunque con una mayoritaria composición masculina, la participación de las mujeres ha sido constante en este semblante de la migración intrarregional, incluso algunos estudios estiman que se ha incrementado hasta representar en la actualidad un aproximado del 20% de quienes lo conforman. Sobre las migrantes centroamericanas, además de los riesgos que conlleva la movilidad en sí misma, pesa un encadenamiento de vulnerabilidades: su posición dentro del orden de género, marginación económica, situación de irregularidad, y en algunos casos ello se agudiza por su pertenencia étnica.

Mujeres, migración centroamericana y violencia: un diagnóstico para el caso de Puebla, coordinado por Almudena Cortés y Josefina Manjarrez , se inserta en el acervo de conocimiento alrededor del colectivo centroamericano en tránsito -una categoría cada vez más desdibujada-. En lo que va de la última década ha crecido el conjunto de estudios en torno a este flujo migratorio; sin embargo, el foco puesto en las mujeres es más reciente. Aún son contadas las aproximaciones desde la academia que han apuntado a las circunstancias particulares de las migrantes de Centroamérica que hacen parte del éxodo intentando alcanzar la frontera norte mexicana.

En este sentido, el trabajo coordinado por Cortés y Manjarrez es un aporte porque examina con solidez teórica-empírica las condiciones de las mujeres centroamericanas a su paso por México, articulando la comprensión de marcos estructurales en los países de origen y tránsito, y las experiencias migratorias. Parte además de focalizarse en un espacio local, el estado de Puebla, ubicado en la región centro del país. Recae en ello uno de sus aportes cardinales, que permite poner en perspectiva el contexto nacional y los contextos locales, sobre todo considerando el entretejimiento de espacios no tradicionales que actualmente devienen estratégicos en las rutas y presencia de esta migración, como consecuencia del acrecentamiento de los peligros y el control migratorio en los trayectos convencionales.

Concretamente, el propósito que da norte a la obra descansa en examinar la violencia de género que envuelve a las mujeres centroamericanas en su tránsito por México, y en particular, por Puebla. Se encuadra en el ámbito de estudios en torno a las condiciones y especificidades de las mujeres en la migración, que ha pugnado por urdir analíticamente los fenómenos de migración y género. También en la tradición de la antropología aplicada, al desenvolverse como un diagnóstico social encauzado a hilar conocimiento para la incidencia sociopolítica. Tres premisas fundamentan y marcan el rumbo de la investigación que se presenta a lo largo del libro. La limitada exploración que ha recibido la violencia de género relacionada con la migración en los estudios migratorios. La necesidad de enfocar la migración centroamericana desde una perspectiva feminista y de género. Y una tercera centrada en inquirir sobre el papel del Estado mexicano. En la dimensión metodológica sobresale la labor documental, a la par de una extensa labor etnográfica desplegada en Puebla con actores del sector público y de la sociedad civil, así como con las y los migrantes, durante el lapso de tres años a partir de 2015.

El libro está compuesto de dos partes, cada una con cuatro capítulos. La primera parte está orientada a discernir el enfoque teórico y a trazar un contexto de la migración centroamericana en México y Puebla, al tiempo que de la violencia de género en los países del continuo migratorio implicado mediante diversos datos y cifras proporcionados por organismos públicos y de la sociedad civil. En la segunda parte se realiza un balance de la política de género y la política migratoria del Estado mexicano, como preámbulo para abordar en los dos últimos capítulos las trayectorias migratorias y las experiencias de violencia, aunado a la identificación de necesidades específicas y elaboración de un conjunto de recomendaciones. Se trata de un estudio de carácter interinstitucional, llevado a cabo mediante la colaboración entre el Centro de Estudios de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, que resulta en un intercambio nutritivo de trayectorias investigativas y conocimientos en la cuestión de género y migración.

Las autoras y los autores retoman, como primer eje teórico, la perspectiva de género a modo de herramienta heurística para mirar las migraciones. Desde el referente de género, si bien las raíces e implicaciones del proyecto y tránsito migratorio pueden traslaparse, devienen estructuralmente divergentes para las mujeres como para los hombres, y están atravesadas por relaciones de poder jerárquicas y generizadas. Así, en torno a las mujeres migrantes se configura un conjunto de vulnerabilidades y riesgos específicos que de acuerdo a la mirada analítica de este estudio suelen decantar en expresiones de violencia.

Siguiendo la línea argumentativa, la violencia de género encuentra como sustrato “la existencia de desequilibrios de poder en determinados contextos sociales y culturales, formas de control interpersonales, posiciones de desventaja social frente a los hombres, […] pautas de construcción y orientación de la identidad, […] y se caracteriza por su invisibilidad, normalidad e impunidad” (Manjarrez, 2017, p. 47). En las narrativas y experiencias de la movilidad de las mujeres recogidas en la investigación, se manifiesta, entre otros aspectos, en la propensión a sufrir hostigamiento y violencia sexual, así como a caer cooptadas o secuestradas por redes de tráfico y trata para explotación sexual, con la implicación de diferentes actores en tales transgresiones: crimen organizado, autoridades migratorias y civiles, coyotes, compañeros de viaje. Se expresa también bajo distintas formas vivenciadas dentro de los entornos familiares y sociales de los lugares de origen, delineándose como motivaciones esenciales del desplazamiento.

El eje relacional violencia de género y migración da pie a seguir reformulando las preguntas tradicionales de investigación y aporta en la comprensión de los contextos y mecanismos que se conjugan en los procesos migratorios de las mujeres centroamericanas. Permite volver a pensar unos hechos previamente catalogados “[…] que presentan el papel de la violencia criminal como causa fundamental de la migración centroamericana, presentada como metanarrativa que oculta el papel de la violencia de género en la migración de las mujeres centroamericanas” (Cortés & Manjarrez, 2017, p. 13).

Otra categoría medular a la que se acude en el análisis de los marcos políticos y socioculturales es la de regímenes de movilidad; inquiriendo a partir de esta en las características del régimen de movilidad EE.UU.-México-Centroamérica. Si los avances en la legislación relativa a la migración en México se han mostrado hasta cierto punto sustanciosos e incluyentes de una óptica de derechos humanos, la política migratoria fáctica se ha desenvuelto en un sentido paradójico. Dentro de un régimen de movilidad regional caracterizado por la criminalización de las migraciones no documentadas y la securitización fronteriza, la política migratoria en México se ha enfocado en medidas de seguridad nacional, acción policial y contención, por un lado; por otro, en esquemas de atención de la población migrante mexicana y la población de retorno, para responder y paliar los efectos del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

En lo relativo a determinados perfiles de la inmigración, así como a los flujos en tránsito, los cursos de acción del gobierno mexicano se manifiestan en un aumento de las detenciones y deportaciones, y en la exacerbación de un ambiente de violación de derechos de los flujos centroamericanos. El matiz de estas políticas se refleja en los números de repatriación de los migrantes originarios de Centroamérica, de los cuales se muestra una duplicación en el lapso de un lustro, pasando de una constante de aproximadamente 65 mil personas repatriadas entre 2010 y 2013, a 117 mil en 2015.¹

Desde otro ángulo, se observa que pese a la integración a convenios internacionales y la conformación de una política de género -aún débil en Honduras-, tanto México como los países del norte de Centroamérica se han visto marcados por el aumento de la violencia social, y la violencia de género junto con su expresión más agravante, el feminicidio. Con base en las fuentes documentales de la investigación, Puebla presenta a nivel nacional uno de los índices más elevados en violencia física y sexual contra mujeres. En este escenario, la aproximación etnográfica entrevé que la violencia de género estructural que afecta a las mujeres mexicanas en dicho Estado se extiende y reproduce sobre las mujeres migrantes en tránsito. Deparándose la migración forzada como una situación liminal que intensifica la vulnerabilidad.

Las mujeres migrantes están circunscritas a un entramado complejo de invisibilización. Como parte de sus estrategias migratorias buscan permanecer desapercibidas. Bajo estas circunstancias, puede disminuir el riesgo de coacción sexual pero no desaparece, pues llega a convertirse en un medio de “negociación” y sobrevivencia que viene de coyotes o compañeros de viaje. Además es una población que, vinculado preponderantemente a su estatus migratorio “irregular”, no suele denunciar las exposiciones de violencia. Paralelamente, prevalece una omisión institucional, de manera que en la política de género federal como la del gobierno poblano no se contempla la presencia y condiciones de las mujeres y niñas centroamericanas. Mientras que de forma generalizada, la situación de la población centroamericana no es considerada dentro de los mecanismos de la política migratoria a nivel de este estado, la cual está enfocada a la atención de la emigración poblana. Hay un sobreprecio para las mujeres en la migración -apuntan las autoras y los autores- agudizado en el régimen de movilidad EE.UU.-México-Centroamérica; al tiempo que inquieren en el papel activo de estas mujeres para resistir y afrontar el mismo mediante múltiples estrategias.

El aporte etnográfico del libro es valioso, no obstante debe repararse en algunos aspectos que a mi parecer resultan aún poco trabajados. De manera entrelazada al análisis que se vierte, teniendo como uno de sus ejes de sustentación la narrativa de la experiencia migratoria, resulta escasa la exposición de la voz directa de las mujeres y las personas migrantes, así como de algunos de los actores públicos entrevistados; aspecto que, abordado de manera cuidadosa y sensible, puede apoyar la comprensión cualitativa de los procesos tratados, a más de secundar de forma abierta a dar voz política a las actoras y los actores, específicamente aquí a las migrantes.

Por otro lado, la focalización general en el fenómeno -el carácter sistémico de la violencia de género en la migración de mujeres centroamericanas en tránsito por Puebla- encuentra dificultades, al menos en lo expuesto dentro del texto, para palpar determinadas diferencias y particularidades relacionadas con la nacionalidad. ¿Se pueden visualizar divergencias cruzadas con la nacionalidad en relación, por ejemplo, a recursos de diversa índole, prevalencia de redes sociales, o estrategias de afrontamiento, entre las mujeres guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas? Esto se encuentra ligado al débil análisis interseccional que se mantiene. Aunque se reconoce su centralidad en la argumentación teórica, queda pendiente en relación a los hallazgos empíricos. Así, además de la nacionalidad, deviene relevante entender la configuración de la violencia generizada y las desventajas que se superponen como consecuencia del origen étnico, color de piel, o bien, la edad de las mujeres migrantes. La mirada interseccional se divisa esencial en lo concerniente a las mujeres garífunas provenientes de Honduras, asimismo a las migrantes indígenas, por lo regular pertenecientes a grupos étnicos de variante maya, que emprenden la movilidad desde Guatemala.

La investigación desde su planteamiento mantiene el propósito de contribuir al conocimiento aplicado. Lanza un llamado a la reflexión, voluntad y acción política por parte de los poderes públicos, la sociedad civil organizada, la academia, así como de la ciudadanía, mediante una triangulación de sinergias. En este tenor, elaboran una serie de recomendaciones que buscan incidir en la erradicación de la violencia contra las mujeres migrantes centroamericanas. Todavía son muy generales, sin embargo, abren intersticios para dimensionar el tema y deliberar sobre mecanismos de atención y diseño de políticas públicas desde los espacios locales, en este caso el estado de Puebla, con un enfoque de derechos humanos y de género.

En específico considero sustancial una de estas recomendaciones, además de transversal a las otras que se elaboran: la necesidad de empatar, en distintos niveles y aristas, la agenda política de género y la agenda política de migración, reconociendo la complejidad y el carácter de los movimientos migratorios que se dan en el país, dentro de un régimen fronterizo regional. Dicha articulación, hasta el momento endeble, demanda tanto el involucramiento de las autoridades estatales directamente implicadas, como de las organizaciones feministas, de derechos humanos y de migración, al igual que del ámbito académico para la generación de información útil encaminada a la toma de decisiones. Algunos de los aspectos concretos enunciados en esta dirección apuntan a promover espacios de reconocimiento público de la situación de la migración centroamericana en Puebla, ampliar el papel de las autoridades estatales en el eje género-migración, implementar la capacitación de actores institucionales para atender y reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes, elaborar protocolos específicos con perspectiva de género y derechos humanos para la identificación y atención de cada grupo vulnerable, así como implicar actores políticos, académicos y sociedad civil de Centroamérica.

Más allá de las limitantes señaladas, la obra contribuye a ampliar los marcos de comprensión del perfil y procesos que caracterizan a la movilidad centroamericana en México. Colocando la lente de género, coadyuva al entendimiento de las vulnerabilidades específicas de las mujeres migrantes en tránsito, y las lógicas que toma la violencia generizada en este contexto migratorio. Contexto que a su vez se inscribe en las tesituras de la gestión migratoria en el régimen neoliberal global. Aun cuando no se alcanza a hilar un análisis interseccional, la lente exhibe, asimismo, la vulnerabilidad de otros grupos como las niñas, niños, personas LGBTI, población afrodescendiente, garífuna, indígena. El texto deja abiertas, en este sentido, rutas de investigación desde la mirada al tema y el trabajo etnográfico elaborados. Apuntala la urgencia de enlazar la generación de conocimiento con la apertura y fortalecimiento de cauces de acción, de manera sensible para eliminar las violencias de la experiencia migratoria femenina.