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Introducción
En 1917, el artículo 27 de la Constitución mexicana ordenó la restitución de tierras a las comunidades campesinas que hubiesen sido despojadas, así como la dotación a los pueblos que carecieran de ellas, dejando establecidas las bases legales para la reforma agraria (Andrade, 2009). Con estas medidas México se convirtió en un referente en todo el mundo: es el único país donde poco más de la mitad de su superficie (106 millones de hectáreas de los doscientos millones que conforman el territorio nacional) pertenece a cinco millones setecientos mil campesinos (GRAIN, 2014), entre estos, los dueños de aproximadamente 80% del total de los bosques del país (Barnes, 2009).
El ejido, principal forma de tenencia reconocida por la ley agraria, es definido como un sujeto colectivo y núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio (Andrade, 2009). La ley rescató la tradición instalada desde tiempos de la Colonia de dotar terrenos al jefe de familia, transmisibles por medio de la herencia, recreando así la visión de la tierra como patrimonio familiar. También se reglamentaron los principios de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de la parcela ejidal, de manera que el derecho debía trasmitirse a una sola persona, generalmente la pareja, algún hijo(a), u otro dependiente económico (Estrada & Mendoza, 2007). Dicha ley fue cambiada varias veces a lo largo del siglo XX en función del proceso de modernización del país. Una de las modificaciones más importantes fue la de 1992, año en el que se abandonó la concepción del ejido como patrimonio familiar, se canceló el compromiso del Estado de distribuir más tierras y se legitimó su venta a través del dominio pleno, figura que convierte a la propiedad social en privada mediante el voto mayoritario de la asamblea ejidal (Brown, 2004).
A cien años de haber sido creado, el ejido mexicano enfrenta la amenaza de la privatización de la tierra contenida en esta reforma, acompañada de políticas de apertura comercial que desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 han provocado migración, abandono del campo y una creciente urbanización (Barnes, 2009). Este artículo analiza cómo viven estos retos las mujeres y hombres de San Salvador Atenco, municipio ubicado en el Estado de México donde la Comisión Nacional del Agua promovió entre 2007 y 2014 la compra hormiga de 1957 ha para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Encinas, 2014).
El artículo hace dos contribuciones. La primera es aportar información sobre un tema del cual sabemos todavía poco, más allá del hecho de que, cuando se enfrentan a la disyuntiva, las mujeres prefieren rentar en lugar de vender sus parcelas (Zapata, Gutiérrez & Flores, 2006; Ruiz, 2006, 2012; Almeida, 2012a, 2012b). La segunda es que los datos fueron recopilados justamente en un municipio conocido por su defensa del territorio que, sin embargo, pertenece al escaso 4.4% del total de terrenos ejidales del país que ya adoptaron el dominio pleno (GRAIN, 2014). Los estudios con enfoque de género previamente realizados en el municipio se han centrado en la participación de las mujeres en la movilización de 2001 que derrotó el decreto expropiatorio emitido por el presidente Vicente Fox (Rivera, 2012; Guzmán, 2014); o en el abuso sexual de 46 mujeres durante el operativo policiaco que tuvo lugar al final de su gobierno (Carrillo, Zapata & Vázquez, 2009). Queda pendiente analizar la dinámica de género en el proceso de privatización de la tierra que tuvo lugar entre 2007 y 2014, posterior a estos hechos.
Propuesta conceptual: sistemas normativos e interseccionalidad de género
La tenencia de la tierra es un elemento clave para la equidad de género. En la Conferencia Mundial sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural organizada por la fao en 1979 ya se argumentaba a favor de los derechos agrarios de las mujeres (FAO, 1979). Asimismo, Agarwal (1994, 2003) ha sostenido que la propiedad en manos de las mujeres fortalece su capacidad de negociación dentro y fuera del hogar. La tierra contribuye no solo al bienestar y empoderamiento femenino sino también a la reducción de la pobreza, ya que amplía el control de las mujeres sobre los ingresos (Brown, 2004). Inversamente, la falta de acceso de las mujeres a la tierra incrementa sus dificultades para conseguir leña, agua y plantas importantes para la salud y seguridad alimentaria de sus familias (Behrman, Meinzen-Dick & Quisumbing, 2012).
Estudios realizados en América Latina también destacan la importancia de la tenencia de la tierra. Según Deere & León (2005), las campesinas con derechos agrarios tienen mayores posibilidades de elegir a sus parejas; una vez casadas, tienen mayor participación en las decisiones sobre el uso del predio, tanto en el ámbito productivo como en el uso de los ingresos, situación que contribuye al bienestar de todos(as) los integrantes de la familia. Una mujer con tierra también está en mejores condiciones de salirse de una relación abusiva y evitar la violencia de género. Al alcanzar la tercera edad, las mujeres con tierra tienen mayor autonomía económica, seguridad alimentaria y apoyo de sus descendientes durante la vejez.
A pesar de estos beneficios, tanto para las mujeres como para la sociedad rural en su conjunto, el número de mujeres con derechos ejidales en México es notablemente bajo: solo 20% del total del padrón de ejidatario(as) son del sexo femenino (Procuraduría Agraria, 2011). La viudez es la vía principal de acceso femenino a la tierra (Robles, Artis, Salazar & Muñoz, 2000), por lo que la mayoría de las ejidatarias son de edad avanzada: 66.9% rebasa los 50 años y 34.7% tiene más de 65, en comparación con 52.7 y 22.3% de los hombres, respectivamente (Robles, 2007). Cuatro de cada diez son viudas y cinco de cada diez transfieren en vida sus derechos agrarios a alguno de sus hijos (Costa & Velasco, 2012). Esto quiere decir que, independientemente de los cambios a la ley realizados en 1992 y del mercado de tierras que supuestamente se generaría con ellos, las familias campesinas siguen viendo a las tierras ejidales como su más importante patrimonio, y a las mujeres como los principales eslabones en la transmisión de la propiedad agraria.
Esta situación demanda un enfoque capaz de explicar la persistencia de la tierra como patrimonio familiar a lo largo de cien años de existencia del ejido mexicano. La relación de hombres y mujeres con recursos naturales ha sido estudiada desde distintas corrientes: el ecofeminismo, mujer, medio ambiente y desarrollo, y género, medio ambiente y desarrollo. La primera, con Mies & Shiva (2004) como sus principales exponentes, establece vínculos entre la opresión de las mujeres y la de la naturaleza a cargo del capitalismo y el patriarcado. Ha inspirado la movilización de las mujeres en defensa de los recursos y el territorio, pero ha sido criticada por asumir la cercanía de estas con la naturaleza, así como una inclinación casi innata para cuidar el medio ambiente. Mujer, medio ambiente y desarrollo se ha dedicado a documentar los roles de género en el aprovisionamiento de los recursos naturales, con el inconveniente de haber recreado la victimización de las mujeres ante fenómenos de deterioro tales como eventos de sequía y escasez de leña y agua (Rico, 1998). Es así que las imágenes de las mujeres rurales como virtuosas y encargadas del cuidado ambiental o como principales víctimas de la crisis se han visto permanentemente reproducidas en el discurso académico y político, en un aparente callejón sin salida (Arora-Jonsson, 2011).
La corriente género, medio ambiente y desarrollo ha tratado de buscar nuevas vías de desarrollo conceptual para atender las críticas hechas tanto al ecofeminismo como a mujeres, medio ambiente y desarrollo. Esta corriente parte de cuatro principios rectores: 1) las mujeres no conforman un grupo homogéneo sino diverso en su relación con los recursos naturales, por lo que es indispensable combatir el esencialismo y asumir que las mujeres tienen distintos intereses en el cuidado ambiental; 2) se requiere un enfoque materialista para analizar el acceso diferenciado a los recursos naturales por parte de mujeres y hombres; 3) el contexto político, económico y social de las comunidades, desde lo local hasta lo global, es clave para entender la relación con dichos recursos; 3) el tipo de ecosistema determinará los conflictos socioambientales que se presenten en cada lugar y la participación de las mujeres en ellos. Las principales exponentes de esta propuesta son Bina Agarwal, con el ambientalismo feminista (Agarwal, 2004); Leach, Joekes & Green (2004), con la microeconomía política del uso de recursos con perspectiva de género, y Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari, con la ecología política feminista (2004).
El enfoque utilizado en el presente artículo es el de la ecología política feminista debido a la centralidad que esta mirada otorga al poder en el análisis de las relaciones socioambientales. La ecología política feminista da particular importancia a los arreglos institucionales que conducen a la distribución desigual de los recursos, así como al análisis de los impactos diferenciados del deterioro ambiental (Yacoub, Duarte & Boelens, 2015). En concreto, esta perspectiva aporta dos consideraciones clave al presente artículo: 1) el énfasis puesto en el acceso a la propiedad agrícola, recurso clave para producir alimentos y promover prácticas de conservación ambiental. Interesa en particular la distinción que hacen las autoras entre derechos de facto y de jure para analizar la discriminación de género en el acceso a la tierra. Y 2) el reconocimiento de la interseccionalidad como parte esencial para entender y documentar las experiencias de las mujeres. En lo que queda de esta sección desarrollamos la utilidad de estos dos puntos para el análisis de los datos recabados en Atenco.
Los derechos de facto a la propiedad agrícola son los informales, generalmente no escritos, mientras que los de jure están plasmados en la legislación de cada país (Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari, 2004). La pregunta que hay que hacerse es cómo ambos sistemas normativos interactúan para incrementar o limitar el acceso femenino a la tierra, ya que los sistemas normativos expresan relaciones de poder y se traducen en prácticas sociales de discriminación (Kaijser & Kronsell, 2014). Por ejemplo, en la India la legislación escrita va en contra de los derechos informales de las mujeres a la tierra, ampliando así la dependencia de sus maridos (Agarwal, 1994). En este contexto, la titulación de terrenos agrarios es dañina para las mujeres porque los hombres suelen ser los principales beneficiados (Varley, 2010).
En el caso de México, ambos cuerpos normativos interactúan para reproducir la inequidad de género. Por un lado, los derechos de facto fijados por el sistema familiar mesoamericano (entendido como el conjunto de prácticas culturales que rigen la reproducción de las familias campesinas) limitan el acceso femenino a la tierra, al privilegiar la transferencia de la tierra por la vía masculina. Las normas de herencia dictan que el último hijo varón debe quedarse con la tierra al tiempo que las mujeres pierden contacto con sus familias de origen al casarse (Robichaux, 2002). Por otro lado, los derechos de jure plasmados en la legislación tampoco son conducentes a la equidad. La primera ley agraria determinó que las mujeres podían recibir tierra solamente si eran jefas de familia con hijo(as) que mantener, mientras que todo hombre adulto podía recibir tierra independientemente de su estado civil y/o número de hijos(as). No fue sino hasta 1971 que las mujeres pudieron recibir tierras independientemente de su estado civil. Lamentablemente estos cambios fueron instrumentados cuando quedaba poca tierra por repartir, por lo que significaron un avance en el papel y no una auténtica justicia agraria para las mujeres (Botey, 2000). La reforma de 1992 estableció que el ejidatario puede elegir a cualquier heredero o incluso vender la parcela, afectando así la principal vía de acceso femenino a la tierra que es la herencia del difunto esposo (Esparza, Suárez & Bonfil, 1996). En pocas palabras, ni el derecho de facto ni el de jure han contribuido a que la tierra se reparta de manera equitativa. Tanto el sistema familiar mesoamericano como la legislación agraria niegan el acceso de las mujeres a terrenos agrícolas como personas autónomas y por derecho propio. Sus capacidades para actuar sobre la propiedad siempre están más circunscritas que las de los hombres, y sus posibilidades de poseer una propiedad están íntimamente ligadas a su estatus de madres y esposas (Varley, 2010).
En relación con la interseccionalidad, se parte del reconocimiento de que las mujeres han sido conceptualizadas como personas incompletas, como seres para otros y al cuidado de los demás (Basaglia, 1987), al tiempo que los hombres son impulsados a negociar estatus y poder mediante la demostración pública de su virilidad (Rivas, 2004). La interseccionalidad es entendida como la interacción entre distintos factores de diferenciación social; la gente vive identidades múltiples que se derivan de la operación de distintas estructuras del poder (Kaijser & Kronsell, 2014). Esta propuesta surge en el seno de la discusión sobre las diferencias entre mujeres negras y blancas de Estados Unidos, argumentando que la experiencia de la discriminación no está asociada a una sola categoría sino a la interseccionalidad de varias de ellas, usando la metáfora del cruce de vialidades: “la discriminación, como el tráfico en un cruce de vialidades, puede venir de una u otra dirección. Si se presenta un accidente en ese cruce, puede deberse a que los autos viajan desde cualquier dirección o de todas ellas. De la misma manera, si una mujer negra es lastimada porque se encuentra en el cruce, el daño pudo haber venido tanto de la discriminación de género como racial” (Crenshaw, 1989, p. 149). Dicha discriminación puede deberse a distintas causas (violencia, imperialismo cultural, carencia de poder, marginación, explotación) (Hernández, 2017); en consecuencia, la resistencia a estos procesos también se expresará de distintas formas, mediante demandas relacionadas con la redistribución de recursos, el reconocimiento de identidades alternas o la participación en espacios de toma de decisiones (Fraser, 2008). El análisis interseccional busca exponer los diferentes tipos de discriminación y demandas en función de diversas identidades, y es el mismo contexto el que dicta la visibilidad o emergencia de una categoría sobre otras (Sales, 2017). El análisis de los datos recabados en Atenco me condujo a determinar las tres categorías clave para entender el proceso de diferenciación de las personas en su relación con la tierra y su capacidad para tomar decisiones en torno a ella: el género, la clase y la edad.
En el estudio de caso motivo del presente trabajo, la ecología política feminista ayudará a explicar la dinámica social configurada en torno al dinero recibido en Atenco a cambio de la tierra. El argumento consta de dos partes y está en función de dos temas: 1) cómo se repartió el dinero entre distintas personas que tenían legitimidad para recibirlo; 2) cómo se usó una vez que fue distribuido entre ellas. La primera parte demuestra que, ante la amenaza de la privatización, mujeres y hombres tomaron decisiones apegándose a la discriminación de género expresada en los sistemas normativos de facto y de jure que a lo largo de décadas han regido el acceso a la tierra en México. La segunda muestra cómo las prácticas sociales de uso del dinero terminaron reproduciendo las relaciones de poder entre personas de distintos géneros, clases y generaciones.
Zona de trabajo y metodología
El municipio de Atenco se ubica al nororiente de la Zona Metropolitana del Valle de México y tiene una población de 56 243 habitantes (INEGI, 2010). Su nombre quiere decir “a la orilla del agua” ya que fue fundado en tiempos prehispánicos a orillas del lago de Texcoco. Está compuesto por seis ejidos: Atenco, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, colonia Francisco I. Madero, Acuescomac y Zapotlán. Trabajé en los primeros cuatro primeros que son los más grandes y antiguos del municipio; juntos representan 88.45% de su superficie total (Sánchez, 1999). En sus terrenos se produce maíz, alfalfa y avena para uso forrajero, y cebada para venta a empresas cerveceras. Sin embargo, el paisaje del municipio está cada vez más entre lo rural y lo urbano debido a que las tierras agrícolas han cedido paso a viviendas de autoconstrucción, generalmente de hijos o hijas de ejidatario(as) que reciben herencia en vida, o incluso de personas provenientes de otras partes del país que rara vez tienen oficios agropecuarios.
El municipio ha tenido una intensa y prolongada relación con la Zona Metropolitana del Valle de México. Los anciano(as) acudían a los mercados de la ciudad a vender productos del lago de Texcoco; sus hijo(as) comenzaron a trabajar como obreros(as) en la empresa Sosa Texcoco o en maquilas textiles; sus nieto(as) adquirieron educación formal en alguna escuela o universidad de la ciudad. Los terrenos agrícolas de San Salvador Atenco siempre han sido atractivos para la expansión de la Ciudad de México, particularmente para la construcción de un aeropuerto, proyecto que tiene al menos cuatro décadas de existencia (Jazcilevich et al., 2015). La decisión de hacerlo fue una de las más polémicas del presidente Vicente Fox (2000-2006), cuyo plan se vino abajo por su incapacidad de negociar la compensación con los ejidos afectados. El presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) lo retomó después de haber logrado la compra de las tierras que Fox no pudo expropiar, operación igualmente polémica. Al momento de escribir estas líneas, la decisión de continuar o no con la construcción del nuevo aeropuerto había sido sometida a una consulta ciudadana donde ganó la suspensión de la obra con 70% de los votos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se encontraba buscando la mejor forma de minimizar la penalización por cancelación debido a lo incosteable del proyecto. El presupuesto original de la primera fase (tres pistas y una terminal) era de 169 mil millones de pesos (Encinas, 2014). Para principios de 2018 ya era de 212 mil millones (Fernández, 2018) y para octubre del mismo año, el monto ascendía a 285 mil millones de pesos (Ricardo, 2018).
El método utilizado para recabar información fue el etnográfico, entendido como aquel en el que el dato se construye en una relación dialógica con la gente, acercando al o la investigador(a) al sujeto, su contexto y su cultura. La etnografía con enfoque de género implica cuestionar el conjunto de prácticas que reproducen la inequidad y son asumidas como naturales (Oehmichen, 2014). En el caso del presente artículo fue indispensable problematizar la relación de hombres y mujeres con la tierra. Como residente de la región, durante año y medio (junio 2014-diciembre 2015) participé en diversos eventos relacionados con la vida política y comunitaria del municipio: asambleas, marchas, mítines, ceremonias religiosas y reuniones de un grupo de rescate cultural. Visité pueblos, parques, zonas arqueológicas y tierras de cultivo acompañada de personas del lugar. Además de la observación participante realicé entrevistas con figuras públicas de distintas características y afiliaciones políticas: Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, Antorcha Campesina, autoridades ejidales y municipales, maestros(as), cronistas, además de hombres y mujeres que habitan en los distintos ejidos, fueran o no dueños(as) de terrenos. Con los que sí lo eran recopilé información específica y detallada sobre el proceso de toma de decisiones relacionado con el uso del dinero producto de la venta de tierras.
El artículo utiliza nombres ficticios porque muchas personas proporcionaron información bajo la condición del anonimato. Realicé un total de cincuenta entrevistas, de las cuales 32 fueron grabadas, transcritas y codificadas con el programa Atlas-ti. Cuando no fue posible grabar, las notas de campo se ficharon utilizando los mismos códigos creados con el programa. Nueve fueron grupales o en pareja, y en once casos acudí varias veces con la misma persona por el interés de complementar o dar seguimiento a la información. Además, revisé los expedientes agrarios de los cuatro ejidos en las oficinas del Registro Agrario Nacional del Estado de México.
El análisis de la información no busca la representatividad con fines de generalización, sino más bien la construcción de teoría fundada a partir de datos cualitativos que arrojan luz sobre los significados de la acción humana. A pesar de las dificultades (no siempre es fácil hablar de dinero), el trabajo etnográfico de año y medio me permitió construir la suficiente confianza como para llegar al punto de la saturación teórica, a partir del cual los testimonios se empiezan a repetir y es necesario comenzar a identificar puntos en común. Es en estas coincidencias donde se encuentran los patrones de comportamiento dictados por relaciones de poder que la ciencia cualitativa tiene por objeto deconstruir y problematizar (Glaser & Strauss, 2006).
Venta de tierras y uso del dinero
Para vender tierras ejidales es necesario que los ejidos aprueben el dominio pleno que en estas localidades siempre estuvo asociado al nuevo aeropuerto, motivo por el cual se presentó en cadena: Ixtapan en abril de 2000; Nexquipayac en enero de 2010; Francisco I. Madero en marzo 2010; Atenco en junio de 2014. El orden no es gratuito: el dominio pleno en Ixtapan estuvo asociado con el fallido decreto de expropiación de Vicente Fox. Nexquipayac y Francisco I. Madero fueron en paralelo. Atenco, cuna de la resistencia contra el aeropuerto, fue dejado al final. La decisión de aprobar el dominio pleno fue sobre todo masculina, ya que las mujeres conformaron entre 26 y 31% del padrón con derecho al voto en las asambleas de Ixtapan, Nexquipayac y Francisco I. Madero. De Atenco no fue posible obtener estadísticas ya que el expediente del ejido estaba en litigio y por lo tanto no disponible en las oficinas del Registro Agrario Nacional. La decisión no solo fue masculina, sino también minoritaria, ya que votaron únicamente ejidatario(as) con derechos agrarios vigentes, situación que excluyó a la mayoría de la población.
En las asambleas de aprobación del dominio pleno ya se sabía que había un comprador seguro (era el único punto en la agenda) por lo que inmediatamente se procedió con la venta de tierras a la Comisión Nacional del Agua. La superficie total de tierras ejidales del municipio es de 4870 ha, de las cuales se vendieron 1957 (aproximadamente 40%), con variaciones importantes entre los ejidos, siendo Ixtapan (con una extensión total de 1755) el que más vendió. Las cantidades de dinero recibidas variaron en función de la capacidad de negociación de cada autoridad y el orden en el que se fueron presentando las ventas, con una fluctuación de entre 140 y 300 pesos por metro cuadrado. En algunos ejidos solo se vendió el uso común y todos(as) los(as) titulares recibieron la misma cantidad porque el recurso se repartió en partes iguales, mientras que en los ejidos donde también se vendieron parcelas individuales la cantidad varió. En Nexquipayac los(as) titulares recibieron alrededor de millón y medio de pesos por el uso común; en Francisco I. Madero y Atenco ejido cada titular recibió quinientos mil pesos bajo el mismo concepto, más una cantidad variable por parcelas de distintos tamaños; en Ixtapan cada titular recibió 4 750 000 pesos por la venta de parcelas individuales ya que no había terrenos de uso común. Cuando la persona era dueña de dos parcelas, esta cantidad se duplicó. Ixtapan fue sin duda el ejido a donde más dinero llegó.
El proceso de ventas tuvo lugar entre 2007 y 2014, poco antes del anuncio del aeropuerto realizado por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2014. Oficialmente las tierras fueron vendidas para el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. Así lo dijo el entonces director de CONAGUA, José Luis Luege Tamargo: “durante mi gestión se adquirieron 1,700 hectáreas para fortalecer la vocación reguladora del ex Lago de Texcoco frente a la temporada de lluvias en el Valle de México” (citado en Encinas, 2014, p. 69). En el anuncio del expresidente se supo que la tierra adquirida en realidad sería utilizada para el nuevo aeropuerto. Algunas personas siempre lo supieron y en dos de los ejidos (Nexquipayac y Atenco) todavía están en curso procesos legales para invalidar la adopción del dominio pleno. Así lo señaló Filemón Alemán, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra: “ahí hay un amparo… el dominio pleno no puede ser legal, en una asamblea no puede haber un dominio pleno, ni mucho menos en el uso común cuando no hay un deslinde territorial, usted no puede vender algo sin medir hasta dónde llega”.
Al día de hoy ejidatarios, ejidatarias y habitantes del municipio tienen posiciones encontradas sobre estos hechos. Por un lado, hay personas que argumentan que el problema fundamental siempre fue el precio, y que la diferencia entre lo ofrecido por Fox en 2001 por la expropiación (siete pesos por metro cuadrado) y lo que se cobró años después facilitó la aceptación de las ventas. Añaden que se trata de terrenos salitrosos y difíciles de cultivar, además de que los ejidatarios y las ejidatarias ya son de edad avanzada y sus hijo(as) tienen profesiones alejadas del campo: “al rato, ¿para qué van a querer todos esos terrenos?” (Javier Funes). También se manejó la idea de que al vender se podía heredar a toda la descendencia en partes iguales: “entonces ya no se lo dejo a un hijo, a todos les dejo un cachito’” (Javier Funes). Por otro lado, los opositores a las ventas sostienen posiciones mucho más conocidas que conciben a la tierra no como una propiedad a la cual se le puede poner precio, sino más como un recurso de valor intrínseco (de ahí la famosa consigna “la tierra no se vende, se defiende”). Esta postura está muy presente entre personas de mayor edad que tienen recuerdos asociados con la solicitud de dotación de los ejidos: “lo más, este, triste es que nadie sabe agradecer, no saben ni cómo se obtuvo ese terreno, no sabemos cuánto gastaron aquellos señores que lo gestionaron, si comían o si no comían” (Miguel León). Algunas personas que tenían esta opinión se dieron por vencidas cuando descubrieron que a su alrededor ya se había vendido todo y no podían seguir trabajando su terreno: “soy la única que no he vendido, no vendí, entonces no puedo sembrar porque ya todos vendieron” (Gisela Esparza).
Lo primero que hay que decir sobre el uso del dinero producto de las ventas es que solo en uno de los cuatro ejidos (Francisco I. Madero) se propuso hacer un fondo común para beneficio colectivo, en este caso, un pozo de riego. Para la inmensa mayoría de las personas entrevistadas, la dificultad para pensar colectivamente fue un serio agravante de la venta de tierras: “ustedes recibieron tanto, y ¿qué le dieron al pueblo? Vendieron trescientos ejidatarios, no tienen un auditorio en forma… una escuela en forma, no tienen deportivo. Qué les costaba… un fondo común de diez mil pesos, vamos a hacer un señor salón de baile… vamos a poner una biblioteca” (Rubén Canseco). El dinero generalmente fue utilizado por cada titular que lo recibió de dos formas: 1) se repartió entre hijo(as) y hermano(as); 2) se gastó en varios rubros (casas habitación, salud, negocios y entretenimiento). En la mayoría de los casos documentados hubo una combinación de formas y rubros. Lo interesante fue que las prácticas sociales de reparto y uso del dinero estuvieron marcadas por los sistemas normativos y principios de interseccionalidad de género descritos arriba, como veremos a continuación.
Los sistemas de facto y de jure y la discriminación de género
Esta sección analiza los patrones de género identificados en el reparto del dinero producto de la venta, así como las prácticas de resistencia encontradas en cuatro ejidatarias que se negaron a repartir el dinero o incluso a vender sus terrenos.
¿“Todos parejo”? La prevalencia masculina en el reparto del dinero
Uno de los argumentos utilizados por los asesores de la Comisión Nacional del Agua para convencer a la gente de que vendiera sus tierras fue que, a diferencia del derecho agrario, que solo puede ser transferido a una persona, el dinero se puede repartir, situación que permite evitar la discriminación entre hijos e hijas. Lo que estos representantes intentaron hacer fue explotar la visión de la tierra como patrimonio familiar argumentando que, al repartir dinero, todos y todas podrían quedarse al menos con un pedacito de ese patrimonio.
Ya sea por convicción o remordimiento, la gran mayoría de las personas entrevistadas, hombres y mujeres, eligieron repartir entre sus hijos e hijas parte del dinero producto de la venta. Se identificaron dos patrones. El primero fue el más común y se rigió por el principio de universalidad de derechos, en el que todos los hijos e hijas, sin distinción de edad o sexo, recibieron la misma cantidad (entre ochenta y trescientos mil pesos, dependiendo de las cantidades recibidas y el número de descendientes). Es el caso de un ejidatario que juntó a todos sus hijos e hijas para repartir el dinero por partes iguales: “cuando a mi papá le dieron ese dinero, nos juntó a todos nuestros hermanos, nos juntó a todos los que quedamos vivos y juntó a los hijos de los que habían muerto… y a todos les dio dinero… no nos dio mucho, nosotros sentimos que nos dio lo que es justo, nos dio ochenta mil pesos a cada hermano o hermana” (Heliodoro Artega). Amanda Casas hizo algo muy similar: “a cada quien le dije, aquí están los cheques, y al que venía le decía, mira, aquí está el cheque del otro… Parejo los cuatro” (trescientos mil pesos cada uno). Guillermina Contreras incluso le abrió una cuenta bancaria a una hija menor de edad con la misma cantidad recibida por el resto (cien mil pesos). Como puede verse, esta forma de repartir el dinero contravino la preferencia masculina contenida en el sistema familiar mesoamericano y la ley agraria, ya que hijos e hijas recibieron en partes iguales.
El segundo patrón sí distinguió entre hijos e hijas, y en el proceso se impuso la discriminación de género contenida en los dos sistemas normativos que rigen el acceso a la tierra en México. Por ejemplo, Gisela Esparza repartió entre cinco mujeres y un hombre de esta manera: “a dos que no tenían nada, bueno no tenían casa, no tenían nada, a ellas les tocó de a trescientos mil… a las otras… les tocó de a doscientos mil”. Al único varón le quedó el terreno donde viven sus padres y bastante más dinero en efectivo “para mantenernos a nosotros y para sus gastos”, con la cuenta bancaria a su nombre. Asimismo, Paulina Zurita dio a su hija “una mínima parte, sí, mi hija la de aquí, pues está conmigo”, mientras que otro hijo que también vive con ella “ahora sí que me dio baje, porque estaba estudiando su carrera de ingeniero civil… tenía la tarjeta y cuando quería dinero, se iba”. En ambos casos fueron los hijos quienes tomaron el control de las finanzas, ya fuera como titulares de la cuenta o como poseedores de la tarjeta de retiro.
Esta forma de repartir el dinero causó “demandas, reclamos” entre hijos varones: “si yo tenía a mi hijo y a mi hijo le daba cincuenta mil pesos y al otro le daba yo treinta, ¿oye papá, pero ¿por qué? Yo también soy tu hijo” (César Domínguez). “Yo soy el heredero, yo soy el sucesor del ejidatario que era mi padre, y a mí me la dio mi padre… pues dame algo, porque era patrimonio familiar o era de papá… hubo ese tipo de problemas”. Cuando esta situación se presentaba, el hermano que recibía el dinero era discrecional en el reparto: “son cinco millones de pesos, mira somos cuatro, bueno, a mí que me toquen dos y a ustedes uno” (Hugo Ramos). En resumen, los hijos varones hicieron uso del privilegio patriarcal otorgado por los dos sistemas normativos que rigen el acceso a la tierra en México.
“Estamos fregados y si alguien tiene, pues debe ayudar”. Ejidatarias que reparten a sus hermanos(as)
Fue muy interesante constatar que, a diferencia de los ejidatarios, algunas ejidatarias también repartieron el dinero de forma colateral (entre sus propios hermanos y hermanas). Esto no fue una decisión altruista, sino más bien, una respuesta esperada ante la herencia cultural que hace que las mujeres no se sientan dueñas de la tierra, al tiempo que otorga a los hombres el poder de arrebatar los derechos agrarios de las mujeres. Recordemos que ni los derechos de facto ni los de jure reconocen a estas últimas como legítimas poseedoras de la tierra.
Esta situación se ilustra claramente con tres casos: Eleonor Nava, Amalia Calderón y Sonia Zambrano. La primera dio cincuenta mil pesos a cada uno de sus diez hermanos y hermanas a expresa solicitud de uno de ellos, el más grande de todos, que la amenazó varias veces. Nava le dio más a sus hijos e hijas que a sus hermanos, a diferencia de Amalia Calderón, que actuó a la inversa (seiscientos mil para hermanos(as) versus trescientos mil para hijos(as). Sonia Zambrano solo tuvo un hijo, el cual recibió la mitad del dinero producto de la venta. La otra mitad fue utilizada para abastecer su papelería, hacer mejoras en su vivienda y compartir “con mi familia más que nada [hermanos y hermanas], porque si estamos fregados y alguien tiene, pues debe ayudar”.
Ni repartir ni vender. Ejidatarias que resisten la norma patriarcal
Algunos estudios han señalado que las mujeres suelen retrasar la decisión de a quien heredar la parcela (Zapata, Gutiérrez & Flores, 2006), en el entendido de que la tierra incrementa su posición de resguardo para negociar su acceso a recursos al interior de la familia (Agarwal, 2003). Esta estrategia fue utilizada por cuatro ejidatarias. Las dos primeras se negaron a repartir el dinero producto de la venta y las dos últimas incluso a vender. Sin embargo, las cuatro viven en constante presión por parte de sus parientes masculinos, ya que al definirse como legítimas poseedoras de la tierra contravienen cien años de prácticas patriarcales en la posesión y trasmisión de terrenos ejidales.
Natalia Ramírez y María Antonia Olvera son las dos ejidatarias que se han negado a repartir el dinero producto de la venta. Ambas viven en constante presión de parte de sus hijos o nietos: “les interesa el dinero, les interesa”. Uno en particular es más insistente: “no, que préstame. Le digo, si lo jubilaron, ¿para qué quiere dinero? Nunca le di a saber cuánto me dieron. ¿Cuánto te dieron, ma? Quién sabe, no sé, ya sabes que yo no sé leer, no sé ni cuánto me darían”. Las hijas, por el contrario, se saben no poseedoras de derechos y (aparentemente) cuidadas por un varón: “no queremos nada, con nuestros maridos tenemos” (Natalia Ramírez). En el caso de Olvera es el nieto el que la anima a guardar el dinero con el argumento de que ella debe disfrutarlo, “por algo Dios te dio ese dinero”. El muchacho insistió en comprar un automóvil para llevar a su abuela “a donde tú quieras, tú dime a dónde quieres ir” (María Antonieta Olvera). Olvera finalmente accedió, y aunque el auto ha sido utilizado para llevarla a algunas citas médicas, la verdad inobjetable es que ella sale muy poco y es el nieto el que realmente disfruta del vehículo.
Gabriela Camacho y Sophie Gutiérrez no solo no han repartido el dinero, sino que incluso se han negado a vender sus terrenos. Ambas se han visto sujetas a presiones similares y permanentes de parte de los hombres de su familia. El esposo de Camacho no se impone directamente, pero usa la estrategia de “calentarles la cabeza a mis hijos” para que sean ellos los que presionen (Gabriela Camacho). El marido de Gutiérrez sí lo hace abiertamente: “mi esposo, ya vende, qué cosa estás ahí guardando, ya vende”. Algunos de sus hermanos “no le hablan”: “luego no se crea, se acercan a mí, uno de mis hermanos, y me dice, cuando tú vendas esa tierra o algo acuérdate de mí. Pero no me dice, hermana, en tu maíz te voy ayudar a desyerbar… No sé qué creen, que yo tengo mucha necesidad de apoyarlos y ellos a mí no, ¿me explico?” (Sophie Gutiérrez).
La interseccionalidad de género en el uso del dinero
Como ya se dijo arriba, parte del dinero producto de la venta se repartió entre hijos(as) y hermanos(as), mientras que otra parte se gastó en casas habitación, salud, negocios y entretenimiento. Esta sección analiza cómo la interseccionalidad de género alimentó las prácticas sociales relacionadas con este proceso.
“Esto sí va a ser mío”: mujeres y vivienda propia
El gasto en vivienda fue predominantemente femenino. Se identificaron dos modalidades: 1) remodelación de la casa: “arreglarle su casa a mi abuelita, porque desde que la recibí, no le he hecho nada” (Elena Juárez); 2) construcción de una nueva vivienda, ya sea en el mismo terreno urbano o en terrenos agrícolas para hijos e hijas. En muchos casos la preferencia fue hacer una casa de dos pisos para vivir en el segundo y tener un negocio en el primero: “hacer unos localitos, unos cuartitos para rentar… ponerme un negocio yo misma” (Elena Juárez).
Esta decisión expresa los deseos de las mujeres de tener un lugar propio para vivir y una fuente de ingresos económicos. Entre las mujeres de la tercera edad, invertir en una vivienda con un local o accesoria para un pequeño negocio fue una estrategia para asegurar una vejez digna: “personas que ya no tenían hijos, o los tenían, pero ya están abandonados, pues formaron sus casitas e hicieron una accesoria” (Estela Jiménez).
Las mujeres coincidieron en que invertir en una vivienda es una forma adecuada de gastar el dinero: “yo creo que lo mínimo que puedo hacer… [es cambiar] la parcela por la casa en obra negra… entonces digo, mi dinero en sí no lo he gastado, digamos despilfarrado, porque está en las propiedades” (Esperanza Chávez). En contraste, los hombres cuestionaron este tipo de inversión: “en lugar de que compren terrenos o piensen en un negocio, están primero haciendo su casa” (Alonso Ponce). A pesar de estas diferencias, hombres y mujeres coincidieron en un punto: el gasto en vivienda ha cambiado el rostro de las localidades y ha impulsado el avance del concreto. Gisela Esparza critica el reemplazo de actividades agrícolas por pequeños negocios: “ahora las casas no son de un piso, ya son de tres, cuatro pisos... no les importa tener mucho terreno, porque ya no tienen animales, ya no crían nada, ya son diferentes”. Filemón Alemán coincide: “hay gente que ya acabó con sus tierras y lo único que tiene es casa, hubo muchos que empezaron a hacer casa y la dejaron en obra negra”.
“Principalmente para la enfermedad de él”: mujeres atendiendo a otros
Como se ha señalado arriba, el elemento definitorio de las mujeres es ser para otros y estar al servicio de los demás. Esta construcción de género fue evidente en el caso de tres ejidatarias que gastaron buena parte del dinero en enfermedades y entierros ajenos: “ahorita principalmente para la enfermedad de él lo poquito que queda, pero vivirá hasta que exista ese poquito” (Magda Cabrera). Así le hablaba Estela Jiménez a su marido diabético antes de morir: “tú estás aquí, tú no te mortifiques, tú eres un niño, tú tienes que comer, tienes pañales, tienes todo, tú no pienses en eso, el dinero, que se acabe” (Estela Jiménez). Finalmente, Nuria Rubalcaba se gastó todo el capital en misas para su difunta madre porque “era de mi mamá, no era mío”. Antes de hacerlo sus “seis o siete hermanos… le pedían”. Como ninguno “le ayudó” con el cuidado de su madre “cuando estaba enferma”, ella decidió no darles nada (Antonio Fernández). Sin embargo, Rubalcaba no se sintió con legitimidad de usar el dinero en necesidades propias. Lo gastó en misas dedicadas a garantizar el eterno descanso de su madre. Solo así pudo tranquilizar las demandas de sus hermanos: poniendo a Dios de por medio.
“Con ese dinero te vas a ir a pasear”: los viajes de las mujeres
Cuatro ejidatarias se gastaron el recurso producto de la venta en viajes. El destino estuvo íntimamente ligado con su clase social. Una visitó distintas vírgenes de la fe católica: Virgen de San Juan de los Lagos (Jalisco), Virgen de Juquila (Oaxaca), Virgen de Guadalupe (Ciudad de México). Otra hizo paseos con el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) en destinos de playa: “me fui a Cancún dos veces, me fui en el mismo año, dos veces me fui, me fui en mayo y luego me fui en octubre” (Amalia Calderón). Una mujer de mayores recursos fue a Europa (en concreto, el Vaticano) mientras que otra en las mismas condiciones todavía viaja frecuentemente a través de una agencia de viajes: “vamos puras mujeres… yo sí me di la oportunidad ahora que recibí mi dinero… les dije a mis hijos, qué creen, hay tal viaje, me voy a ir con mis amiguitas” (Esperanza Chávez).
“Nosotros no somos tontos, lo que nos falta es capital”: inversiones de hombres adultos
Los hombres invirtieron en negocios de tres tipos: 1) vehículos; 2) insumos agropecuarios; 3) terrenos para torneos deportivos y fiestas. En general, estas inversiones contribuyeron a una mayor concentración de la riqueza en manos de hombres que ya tenían previo poder económico. Por ejemplo, los que compraron combis para pasaje y tráileres y camiones para mercancías ya estaban en el giro y tenían capacidad para ampliarse. En palabras de Hugo Ramos, eran “caciques”: “muchos se fueron a los tráileres… tenemos un gran cacique del transporte del material… él es el comprador de minas”. Un ejidatario con la tienda mejor surtida y ubicada de uno de los ejidos “se compró unos camiones de transporte de pollo vivo… tres unidades… mi padre siempre ha tenido sus carros y los ha renovado, modelos 2009, 2010” (Heliodoro Arteaga). Este también es el caso de la inversión en insumos agropecuarios: “con el dinero que les llegó del ejido compraron maquinaria agrícola, tractores, segadoras, remolques, carros y más ganado… compraron esa maquinaria para mecanizar y facilitar el trabajo en el campo… han tenido éxito, sí, tuvieron éxito” (Hugo Ramos).
En contraste, los hombres con menor capacidad de inversión eligieron giros menos competitivos, por ejemplo, una cancha de fútbol y un salón de fiestas. La decisión fue difícil porque “arriesga uno la vida y ponemos una tlapalería, [hay] muchas tlapalerías, ponemos una tienda, [hay] muchas tiendas… todo está invadido ya” (Helio Arteaga). Además, siempre está viva la posibilidad de un asalto: “esa de tacos, apenas la pusieron y ya los fueron asaltar… Pobrecitos… había tres hombres, tres mujeres y unos chavitos” (Alicia Arteaga). Otros “tuvieron que vender sus carritos, ya no tienen dinero” (César Domínguez) por falta de recurso para darle mantenimiento a los vehículos. Es el caso de Alonso Ponce, quien adquirió “una camioneta para andar manejando, pero a los dos años ya te la desbielaron y ya le falta esto, ya le falta otro… entonces sabes qué, antes de que el carro se devalúe, mejor lo vendo”.
Como puede verse, el recurso otorgado por la Comisión Nacional del Agua a cambio de tierras condujo a una concentración de la riqueza en pocas manos, la mayoría masculinas, reproduciendo así las inequidades de clase y género previamente existentes en el municipio. Los pocos hombres que tenían capital suficiente para crecer y experiencia en determinados giros (transporte, producción agrícola) incrementaron ganancias mientras que los que se aventuraron en nuevos y primeros negocios fueron víctimas de la precarización. Desde la perspectiva de la ecología política feminista se constata que la intervención estatal condujo a un reparto desigual de la riqueza (Yacoub, Duarte & Boelens, 2015). Las diferencias de clase y género fueron fundamentales para que dicha intervención beneficiara a los que ya eran ricos en cada ejido: un puñado de hombres.
“Los chamacos se peleaban en las cantinas por pagar la cuenta”: los hombres jóvenes
Según el informante Hugo Ramos, hasta un 30% del recurso recibido se gastó en eventos sociales asociados al consumo del alcohol, con marcadas diferencias de género. No recopilé un solo testimonio donde se dijera que las mujeres gastaran en ello, mientras que en el caso de los hombres se presentó una especie de competencia para ver quién gastaba más: “entonces yo hacía una fiesta, traía buenos grupos, buena comida, el vecino decía, él hizo una fiesta, yo le voy a superar… como diciendo, yo también las puedo” (César Domínguez). Así explica Ramos este sistema de competencia masculina:
Hay que vanagloriar, hay que enaltecer… compré el chicharrón, compré las carnitas, un día de campo… [Una persona] mató veinte borregos para dar en una fiesta en barbacoa, hubo quien compró cinco reses y dio muchísimo, muchísimo vino, hubo quien compitió, tú compadre, eres ejidatario también, tú pones la cantina… hubo pues quien dio Torres 10, Torres 20, quien dio Etiqueta Azul, Cazadores… muchos se fueron al campo a festejar este triunfo [la venta de tierras]
Cuando se habla de ellos, los hombres jóvenes son descritos como flojos e indiferentes a la producción agrícola, dedicados a “malgastar” el dinero de sus padres o madres (Heliodoro Arteaga), “cerrando un bar” con cincuenta mil pesos, “de cierren las puertas y desalojen a los que no vienen conmigo, yo pago” (Hugo Ramos). Es bien sabido que para la masculinidad hegemónica “asumir responsabilidades” es fundamental para convertirse en un “hombre de bien” (Rivas, 2004), por lo que los adultos lamentan la aparente falta de vocación para el trabajo en sus hijos. Estos adultos no asocian la hombría con la capacidad de parrandear sino más bien, de defender la tierra. Es el caso de Miguel León y Filemón Alemán, los cuales comparten entre sí no solo ser jefes de familia sino también su negativa a vender sus parcelas: “pude haberme comprado un coche nuevo, pude haber andado con mujeres a la mejor, pero para qué” (Miguel León). “Unas cervezas y echando camarones, se sienten con billete… dicen por ahí que el que nunca ha tenido…” (Filemón Alemán). Es evidente que la venta de los terrenos no solo recreó y potenció las diferencias existentes entre mujeres y hombres, sino que también ocasionó rupturas generacionales entre padres e hijos destinados a pensarse, por primera vez en cien años, sin tierra.
Conclusiones
Este artículo se propuso analizar la dinámica e impacto de la privatización de la tierra, en particular el reparto y uso del dinero producto de su venta, en cuatro de los seis ejidos que conforman el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México (88% de su superficie total). Las ventas se produjeron en un contexto de creciente expansión de la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que los terrenos fueron adquiridos por la Comisión Nacional del Agua para la realización de un nuevo aeropuerto, cuya situación al momento de escribir estas líneas era indefinida debido a la posible cancelación de la obra. Se trata de un caso sumamente interesante porque los cuatro ejidos adoptaron la muy poco utilizada figura de dominio pleno para poder vender, a pesar de su reconocida trayectoria en la defensa de la tierra. La decisión de privatizar fue tomada por un grupo minoritario de la población, principalmente hombres.
El análisis fue presentado en dos grandes bloques: las prácticas sociales de reparto del dinero y cómo se gastó este. En relación al primero se utilizó la noción de derechos de facto y de jure propuestos por la ecología política feminista, entendidos como los dos sistemas normativos que han regido el acceso a la tierra en México. Dichos sistemas jugaron un papel determinante en la decisión de cómo, cuánto y a quién repartir. Se identificaron dos modelos: el de universalidad (todo el mundo recibe lo mismo) y el de unicidad (reparto en función de necesidades específicas). En el primero no hubo discriminación por género ni edad, mientras que en el segundo sí, y los hijos varones pasaron a controlar los recursos económicos producto de la venta. Asimismo, algunas ejidatarias, a diferencia de los ejidatarios, también repartieron entre sus propios hermanos y hermanas, además de hijos e hijas, debido a que las mujeres no son concebidas ni por ellas mismas como legítimas poseedoras de la tierra. Las que se resistieron a repartir o incluso a vender se vieron sometidas a presiones permanentes de parte de parientes masculinos de distintas filiaciones: hermanos, maridos, hijos e incluso nietos, demostrando las inacabables combinaciones de la diferenciación social que hacen posible que un nieto se imponga ante su abuela en el control del dinero de esta última.
Para el segundo bloque se utilizó el principio de la interseccionalidad, que sostiene que las experiencias de hombres y mujeres están marcadas por varios factores de desigualdad o diferencia social. En el caso de Atenco, las diferencias de clase fueron importantes para entender las distracciones de las mujeres, en particular sus destinos de viaje; así como el proceso local de acumulación de capital, donde los hombres con experiencia en transporte y producción agropecuaria se capitalizaron todavía más, mientras que aquellos con menor capacidad de inversión tuvieron poco éxito en sus emprendimientos. Asimismo, la variable edad fue determinante en las decisiones sobre gastos. Las mujeres de la tercera edad se orientaron hacia negocios asociados a la vivienda y trataron de retener el dinero en su cuenta, mientras que los hombres jóvenes “malgastaron” el dinero, mostrando así su supuesta incapacidad de convertirse en “hombres de bien”. Estas discrepancias nos hablan de un Atenco fragmentando no solo por género y clase, sino también por generación.
La ecología política feminista se distingue del ecofeminismo y de la corriente mujer, medio ambiente y desarrollo, por asumir al poder como tema central en el análisis de género, y por relacionarlo con los derechos agrarios y la diferenciación social a partir de la interseccionalidad. Este enfoque ayudó a explicar la persistencia de la discriminación de género en los sistemas normativos agrarios de México, así como las prácticas sociales que la reproducen cotidianamente. La ecología política feminista también ayudó a constatar que las intervenciones del Estado no solo no conducen al “desarrollo”, sino más bien contribuyen a la concentración de recursos en aquellos que ya los tienen, reproduciendo desigualdades previamente existentes de género, clase y edad. Las experiencias de hombres y mujeres de distintas edades y condición social resultaron clave para entender las múltiples formas en las que se expresa y ejerce el poder a nivel microsocial en el municipio de Atenco.
La información fue obtenida mediante el método etnográfico basado en el análisis de testimonios y documentos agrarios. La investigación cualitativa parte del supuesto de que, cuando se alcanza la saturación teórica, es posible identificar patrones de comportamiento socialmente construidos. En este caso fue posible determinar la influencia de sistemas normativos en el reparto del dinero, así como de principios de interseccionalidad en su uso. Queda pendiente seguir documentando los cambios en la conformación territorial de este municipio, además de averiguar si los procesos de privatización de la tierra se viven de la misma manera en otros ejidos de México.
