Introducción¹

¿Cuáles son los efectos de la victimización delictiva sobre la participación política particularista? La violencia criminal tiene efectos variados y hasta contradictorios sobre el capital social y la calidad democrática. Por una parte, la exposición a la violencia afecta negativamente la confianza interpersonal generalizada (^{Cassar, Grosjean & Whitt, 2013}), la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas (^{Blanco, 2013}; ^{Corbacho, Philipp & Ruiz-Vega, 2015}), y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (^{Carreras, 2013}; ^{Fernandez & Kuenzi, 2010}). Por otra, la victimización y la exposición a la violencia también han sido asociadas a una mayor participación política.

Los estudios acerca de los efectos de la violencia criminal sobre la participación política se han concentrado en tres modos de participación de las víctimas: cívica, partidista y electoral, y dejan sin explorar la participación política particularista. El recurso por parte de los ciudadanos del contacto directo con políticos y burócratas para resolver sus problemas y acceder a beneficios de política pública es un modo de participación política especialmente relevante en contextos de baja calidad del gobierno, entendida esta como imparcialidad de las instituciones del Estado. Este trabajo analiza los efectos de la victimización por delito sobre la participación particularista y argumenta, en primer lugar, que en contextos de baja calidad del gobierno -baja imparcialidad y alta corrupción- la victimización delictiva será un incentivo para este modo de participación política; y en segundo, que la relación entre victimización por delito y participación política particularista es moderada por el nivel de imparcialidad del Estado.

El análisis se basa en datos de encuestas nacionales recogidos en dieciocho países de América Latina como parte del estudio Barómetro de las Américas. América Latina ofrece un buen caso para estudiar los efectos de la calidad del gobierno sobre la relación entre la victimización delictiva y la participación política por varias razones. Primero, porque se ha convertido en la región más violenta del mundo: desde la tercera ola de democratización, casi todos los países latinoamericanos han experimentado un incremento dramático en los niveles de violencia delictiva. De acuerdo con un estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia criminal: en 2012, aproximadamente el 30% de los homicidios de todo el mundo tuvo lugar en América Latina, aunque la población de esta, de 574 millones, sea solo el 8% del total mundial (^{UNODC, 2014}). En segundo, porque en esta región hay altos niveles de violencia y corrupción, una amplia variación en las tasas de victimización, en la calidad del gobierno y en los modos de participación política. Los resultados de los análisis son consistentes con la hipótesis propuesta: la victimización delictiva tiene un efecto positivo sobre la participación política particularista y la intensidad de este efecto decrece conforme los niveles de imparcialidad del Estado se incrementan.

El artículo está organizado de la siguiente manera. Primero se propone un argumento para explicar por qué la calidad del gobierno afecta la proclividad de las víctimas de delitos a participar políticamente de manera particularista, en específico, a contactar directamente a los funcionarios públicos. En la segunda sección, se presentan los datos y luego la estrategia de análisis. El tercer apartado describe y discute los resultados de los análisis acerca de la relación entre victimización y participación particularista y del efecto moderador del nivel de imparcialidad sobre esa relación. Las conclusiones resumen los hallazgos y plantean preguntas para futuras investigaciones.

Participación política de las víctimas de delitos y violencia

Las víctimas de delitos buscan satisfacción a una serie de necesidades vinculadas al hecho de la victimización: apoyo emocional, acceso a servicios médicos y sociales, acceso a la justicia y buen gobierno, y diseño de estrategias para la prevención (^{Waller, 2010}). El cumplimiento de estos derechos o la satisfacción de estas necesidades se dan, entre otros mecanismos, a través de la participación comunitaria, social y política de las víctimas.

La participación social y política es multidimensional. ^{Booth & Seligson (2009)} distinguen seis modos de participación: activismo comunitario, activismo cívico, participación en protestas y elecciones, activismo partidista, y contacto directo con funcionarios públicos. Los estudios acerca de la relación entre victimización y participación política se han concentrado en la participación comunitaria y cívica en organizaciones políticas partidistas o no gubernamentales, y en la participación electoral y en protestas. Los hallazgos de estas investigaciones muestran que las personas que han sido víctimas de delitos o han estado expuestas a la violencia participan en organizaciones comunitarias y políticas más que quienes no han sido víctimas. En Sierra Leona, las personas que fueron víctimas directas de la violencia durante la guerra civil se comprometen más con sus comunidades y participan en asociaciones comunitarias y políticas (^{Bellows & Miguel, 2009}). En Burundi, las personas que estuvieron expuestas al conflicto despliegan comportamientos y actitudes más altruistas hacia sus vecinos (^{Voors et al., 2012}). En Uganda, los jóvenes que fueron secuestrados y forzados a incorporarse a las milicias, una vez liberados, tienen niveles más altos de participación en actividades de organizaciones comunitarias y políticas (^{Blattman, 2009}), y los residentes de distritos más afectados por la violencia durante la guerra participan más en reuniones políticas (^{De Luca & Verpooten, 2015}). En Nepal, luego de una guerra civil de diez años, las comunidades más afectadas por la violencia muestran más comportamientos altruistas y de cooperación por medio de su contribución a la producción de bienes públicos (^{Gilligan, Pasquale & Samii, 2014}). A su vez, las víctimas de delitos también se comprometen políticamente más que quienes no han sido victimizados, y este compromiso se expresa en una mayor participación en grupos comunitarios y políticos, y en protestas (^{Bateson, 2012}). A diferencia de los efectos sobre la participación comunitaria y cívica, el impacto de la violencia sobre la participación en el ámbito electoral no es uniforme. En algunos casos, se ha encontrado que la violencia produce un incremento de la participación electoral (^{Bellows & Miguel, 2009}; ^{Blattman, 2009}) y otros una reducción o ningún efecto, tanto en contextos de guerra civil (^{De Luca & Verpooten, 2015}), cuanto de violencia criminal (^{Trelles & Carreras, 2012}).

La participación en organizaciones comunitarias y políticas permite a las víctimas acceder al apoyo social que ayudaría a aliviar las consecuencias emocionales de la victimización (^{Bastian, Jetten & Ferris, 2014}; ^{Jennings & Andersen, 1996}; ^{Jennings, 1999}). Y por medio de la participación en organizaciones políticas, partidistas y no gubernamentales, las víctimas buscan cambios institucionales y de políticas públicas ligados a las circunstancias o los crímenes que sufrieron (^{Bateson, 2012}).

Calidad del gobierno y participación política particularista de las víctimas de delitos

Una forma de participación política ignorada por la investigación acerca de los efectos de la victimización es el contacto directo con políticos y funcionarios públicos. Este tipo de participación ha sido interpretada como comportamiento clientelista porque los ciudadanos participan contactando directamente con funcionarios y legisladores para peticionar y promover intereses particulares mediante el cabildeo (^{Booth & Seligson, 2009}). La participación particularista tiene una relación curvilínea con forma de U invertida con la legitimidad, entendida como apoyo a las instituciones democráticas, lo que indica que quienes menos recurren a modos particularistas de participación son los ciudadanos más críticos con el régimen y los que más apoyan las instituciones del gobierno. Mientras que los ciudadanos indiferentes con las instituciones democráticas son quienes más buscan el contacto directo con los funcionarios públicos (^{Booth & Seligson, 2009}). Los estudios sobre tal tema han hallado que ello se encuentra asociado a la edad, el género (femenino), a la exposición a los medios, y al miedo al delito y a la victimización delictiva (^{Booth & Seligson, 2009}).

Este trabajo argumenta que la inclinación de los ciudadanos que han sido víctimas a participar políticamente de modo particularista usando el contacto directo con funcionarios públicos varía entre los sistemas dependiendo de la calidad del gobierno. En sociedades con alta calidad del gobierno, donde las instituciones públicas proporcionan servicios con imparcialidad, los ciudadanos que han sido víctimas de un delito pueden satisfacer las necesidades de acceso a servicios de salud y sociales y de acceso a la justicia por medio de los canales institucionales. Mientras que donde las instituciones del Estado son parciales o corruptas los ciudadanos que han sido victimizados buscan resolver sus necesidades mediante formas particularistas de acceso (^{Buehler, 2016}) debido a que tienen bajos niveles de confianza en las instituciones y de confianza interpersonal generalizada.

^{Rothstein & Teorell (2008)} conceptualizan la calidad del gobierno como imparcialidad en el ejercicio del poder público, lo cual consiste en que, al implementar leyes y políticas, los funcionarios del gobierno no deben tener en cuenta nada sobre el ciudadano/caso que no se encuentre estipulado en la política o la ley. Para que las instituciones políticas sean imparciales tienen que descansar sobre la norma básica de universalismo, donde la integridad pública se entiende como el trato igualitario de los ciudadanos, independientemente del grupo al que pertenecen (^{Mungiu-Pippidi, 2006}). La imparcialidad asimismo es un atributo de las medidas adoptadas por los jueces, los funcionarios públicos y demás miembros de la burocracia del Estado. Esta concepción de la calidad del gobierno como imparcialidad descarta toda práctica particularista como la corrupción, el clientelismo, el patronazgo y la discriminación (^{Rothstein & Teorell, 2008}). La corrupción y las violaciones del Estado de derecho son acciones parciales porque benefician a ciertas personas, ya sea porque estas pagan un soborno o porque pertenecen a una red clientelar o partido político en particular. La imparcialidad como principio legitimador puede abarcar diversas prácticas administrativas. Por ejemplo, aplicada a las decisiones sobre el reclutamiento para el servicio público implica que la selección debe basarse en los méritos y calificaciones necesarios para el puesto; pero si se basa en contactos personales clientelistas, afinidades políticas, sobornos o identidad étnica, se viola el principio de imparcialidad. La corrupción, que puede ser entendida como una forma de violar la imparcialidad, transgrede normas universales y las reemplaza con otras que promueven beneficios particularizados (^{Graeff & Svendsen, 2013}).²

La calidad del gobierno tiene un efecto positivo sobre la confianza en las instituciones y la participación política por medio de mecanismos formales; y ha sido asociada positivamente con el apoyo que el ciudadano otorga a un gobierno (^{Anderson & Tverdova, 2003}; ^{Dahlberg & Holmberg, 2014}; ^{Dahlberg & Linde, 2016}; ^{Dahlberg, Linde & Holmberg, 2015}), y con la estabilidad democrática (^{Rose & Shin, 2001}). Los escándalos de corrupción y el uso de la burocracia y la obra pública con fines electorales han sido asociados a la pérdida de confianza en los políticos (^{Bowler & Karp, 2004}), en los servidores públicos (^{Anderson & Tverdova, 2003}), en las instituciones políticas (^{Chang & Chu, 2006}; ^{Inoguchi, 2002}; ^{Linde, 2012}; ^{Linde & Erlingsson, 2013}; ^{Morris & Klesner, 2010}; ^{Seligson, 2002}), y a la inhibición de la participación electoral (^{Dahlberg & Solevid, 2016}; ^{Miles, 2015}; ^{Stockemer, LaMontagne & Scruggs, 2013}; ^{Sundström & Stockemer, 2015}). Si los ciudadanos votan no para beneficio personal, sino por la satisfacción de cumplir con un deber cívico, la información acerca de políticos corruptos disminuye el valor de ese deber cívico y desincentiva la participación electoral (^{Chong et al., 2015}).

La calidad del gobierno, por otra parte, afecta la confianza interpersonal generalizada (^{Rothstein & Stolle, 2008}; ^{Rothstein, 2011}). Algunos arreglos institucionales producen normas que refuerzan la confiabilidad. Por ejemplo, no tolerar la corrupción contribuye a que los ciudadanos sean más confiados (^{Putnam, 2000}; ^{You, 2012}). Pero donde las instituciones no tratan a la ciudadanía de manera imparcial generan el efecto opuesto: ciudadanos que desconfían de los otros y son menos proclives a cooperar (^{Herreros & Criado, 2008}; ^{Rothstein & Stolle, 2003}). Por ejemplo, si alguien comete un acto ilegal contra otro ciudadano, ignorando los términos formales de un contrato, en un contexto institucional de Estado de derecho y baja corrupción, el transgresor será castigado. Si las dos partes en tal contrato conocen las consecuencias de violar el contrato -y por consiguiente, las leyes que lo protegen- saben que romper las reglas no trae beneficios y, en consecuencia, ajustan su conducta. Con el tiempo, los agentes han aprendido que es mutuamente beneficioso respetar los contratos (^{Graeff & Svendsen, 2013}). La corrupción impacta negativamente sobre la confianza interpersonal generalizada (^{Richey, 2010}; ^{Rothstein & Uslaner, 2005}; ^{Tao, Yang, Li & Lu, 2014}) y refuerza la confianza particularista, esto es, la confianza entre los miembros de los grupos de pertenencia. Así, en contextos de alta corrupción del gobierno, los ciudadanos no confían en los extraños, sino solo en las redes estrechas de conocidos (^{Uslaner, 2008}).

Por lo tanto, en contextos de baja calidad de las instituciones del Estado, baja imparcialidad, baja confianza en las instituciones y confianza interpersonal restringida a los grupos de pertenencia, las víctimas tienen incentivos para buscar la satisfacción a sus necesidades usando modos particularistas de participación. Las hipótesis para poner a prueba son las siguientes:

Para evaluar empíricamente estas hipótesis analizo los efectos de la victimización delictiva sobre la participación política particularista, y otros tres modos de participación no particularistas -electoral, partidista, y contenciosa- en México, un país con niveles bajos de imparcialidad en América Latina. Y además exploro el efecto moderador de la imparcialidad de las instituciones del Estado sobre la relación entre victimización y participación particularista en distintos países de América Latina.

Datos

Los datos para los análisis que siguen provienen de la encuesta del Barómetro de las Américas recolectada en dieciocho países de América Latina en 2012. Las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Latin American Public Opinion Project, LAPOP) tienen varias virtudes: son construidas muy cuidadosamente a fin de maximizar su representatividad y utilizan el mismo cuestionario en los diferentes países de la región. Una de las grandes ventajas de estas encuestas para comprender las tendencias de opinión pública en América Latina es su amplia comparabilidad. En los distintos países se hacen las mismas preguntas a los encuestados, lo que facilita un análisis para la región. La encuesta proporciona información acerca de la situación de victimización, participación política, y características sociodemográficas. Los datos se basan en las experiencias de victimización reportadas por los encuestados que son menos propensas al subregistro que las estadísticas oficiales de delincuencia.

La variable dependiente es la participación política particularista. Y para operacionalizarla sigo el procedimiento de ^{Booth & Seligson (2009)} y construyo un índice aditivo con las respuestas a las siguientes preguntas que buscan capturar el contacto directo de los ciudadanos con los políticos:

Para poder resolver sus problemas, alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación:

Adicionalmente, para explorar el efecto de la victimización sobre los modos de participación política no particularistas, los análisis incluyen las formas de participación política electoral, partidista y contenciosa. En tanto que para medir la variable dependiente participación electoral solo se usan las respuestas a una pregunta sobre el comportamiento electoral en la elección presidencial previa: VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2006?

En cuanto a la medición de la participación política partidista construí un índice aditivo con las respuestas a las siguientes preguntas:

La tercera forma de participación política no particularista, esto es, la participación política contenciosa, es medida con las respuestas a la siguiente pregunta de las encuestas del LAPOP:

La variable independiente principal es victimización. Las víctimas son personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen las leyes penales vigentes, incluida la que proscribe el abuso de poder (^{UNDP, 2010}). Para capturar la victimización por crimen, este estudio usa las respuestas a la siguiente pregunta:

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos doce meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos doce meses?

La variable independiente principal a nivel de país es la imparcialidad de la administración pública. Si la hipótesis del efecto condicional de la victimización por crimen sobre la participación particularista diera cuenta de la participación debemos esperar que los niveles más altos de imparcialidad del gobierno moderen esa relación. En las sociedades donde las instituciones públicas proporcionan servicios de modo imparcial, las víctimas de delitos deberían ser capaces de satisfacer sus necesidades -de apoyo con servicios sociales, de acceso a la justicia- utilizando los canales institucionales. Cuanto más imparciales sean las instituciones, menor deberá ser el efecto de la victimización sobre la participación particularista porque las víctimas accederán a los servicios sociales y de justicia sin necesidad de contactar a funcionarios o políticos. Pero si las instituciones del Estado son menos imparciales, la participación política particularista de las víctimas se intensificará. Para medir la imparcialidad de las instituciones del Estado recurro a la medida elaborada para la Base de datos de la calidad del gobierno (Quality of Government Dataset). Esta evalúa qué tanto las instituciones del gobierno ejercen su poder con imparcialidad. La norma de imparcialidad se presenta y define “Cuando implementan leyes y políticas, los funcionarios del gobierno no toman en consideración ninguna otra cosa acerca de los ciudadanos/casos más que lo que está estipulado por la política pública o la ley” (^{Dahlberg et al., 2016}). La encuesta de expertos evalúa la posición de los países en cuanto al cumplimiento de la norma de imparcialidad. El índice se construye sumando cada medida ponderada por el factor obtenido con un análisis de componentes principales. Los valores perdidos son imputados a nivel de los expertos individuales y los valores para cada país se obtienen promediando las respuestas de los expertos. Las posibles respuestas van de 1 a 10, con los valores menores indicando niveles más bajos de imparcialidad y los mayores, niveles más altos de imparcialidad. El índice de imparcialidad proporciona medidas para todos los países de América Latina. En 2011, el país más imparcial fue Chile con un puntaje de 5.59, y el menos imparcial Venezuela con 2.01.

Fuente: Elaboración propia con datos de Quality of Government Dataset (^{Dahlberg et al., 2016}).

Figura 1 Imparcialidad de las instituciones del Estado en América Latina, 2011. 

Los modelos también incluyen variables para controlar por la presencia de pandillas, que se recoge a través de una pregunta de la encuesta que pregunta:

Por último, los análisis estadísticos consideran variables de control sociodemográficas relacionadas con las variables dependientes e independientes: sexo (varones = 1, mujer = 0), residentes urbanos (1 = urbano, 0 = no), edad, ingresos y años de educación.

Victimización y participación política en México

Para poner a prueba las hipótesis acerca de los efectos de la victimización y la imparcialidad de las instituciones del Estado sobre la participación política, primero estimo el efecto de la victimización sobre la participación política particularista utilizando el método cuasi experimental de pareamiento por puntaje de propensión (propensity score matching, PSM) con los datos de la encuesta del LAPOP en México para 2012. En segundo término, analizo el efecto de la variable contextual imparcialidad de las instituciones del Estado sobre la relación entre victimización y participación particularista con modelos jerárquicos lineales para los datos de dieciocho países de América Latina en 2012.

Un reto en la estimación de los efectos causales en los estudios sociales es la causalidad inversa o endógena. En el caso de este artículo, ello puede expresarse en varias relaciones causales. Por un lado, como hipotetizamos, la victimización por crimen puede tener un efecto sobre la participación política particularista, pero la relación inversa también es posible: individuos con más lazos políticos podrían ofrecer más oportunidades para la victimización por delincuencia. Con el objetivo de sortear estas limitaciones, aquí se recurre al método de pareamiento por puntaje de propensión (PP) que permitirá reducir el potencial sesgo asociado con las variables observables. El método de pareamiento por PP da pauta para comparar pares de sujetos, sujetos víctimas y no-víctimas, que son similares en los factores que conducen a la victimización, de forma que después de diseñar los pares, los individuos son diferentes en su situación de victimización. En este caso, por medio del PSM, se identificó una serie de pares de personas similares en las características observables que predicen el ser víctima de la delincuencia, pero con la excepción de que uno de ellos habría sido efectivamente víctima de la delincuencia, y el otro no. Los modelos logísticos para el análisis de propensión incluyen controles para las variables que predicen el ser víctima del delito: residencia urbana, características personales y socioeconómicas de los individuos, y la percepción de la presencia de las pandillas. Una vez que se estimó el modelo, se obtuvo la probabilidad predicha de ser víctima, y el puntaje de propensión de cada individuo en la encuesta. Enseguida se calcula el efecto promedio del tratamiento en los tratados (ATT) sobre la participación política, dependiendo del puntaje de propensión, igualando cada víctima con una no-víctima de propensión similar. Para ello usamos los tres métodos convencionales en la literatura: vecino más cercano, kernel, y estratificado.

En cuanto al análisis de propensión para evaluar los efectos de la victimización sobre la participación política particularista he seleccionado el caso de México, un país con niveles bajos de calidad del gobierno medida esta como imparcialidad de las instituciones del Estado. México ofrece un caso adecuado para estudiar la relación entre victimización y participación en un contexto de baja imparcialidad de las instituciones del Estado. En primer lugar, desde 2007 México ha experimentado un incremento dramático de las tasas de delitos. La de homicidios intencionales creció de 11 por cada cien mil habitantes en 2006 a 18 en 2010 y alcanzó un pico de 24 en 2011. Los homicidios totales se incrementaron de los diez mil en 2006 a los veintisiete mil en 2011. Además crecieron los homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado, otros delitos de alto impacto -secuestro y extorsión- y los delitos comunes. Entre 2006 y 2012, el crimen en general creció 13%, y los delitos de alto impacto, 21%. En segundo lugar, en México, la corrupción ha estado omnipresente durante el régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tanto a nivel de alta política como en los intercambios entre servidores públicos y ciudadanos. La democracia no ha traído cambios en los niveles de corrupción y México permanece entre los países con los índices más bajos de transparencia (^{Morris & Klesner, 2010}). En la medida de calidad del gobierno, México tiene un puntaje de 2.71 en el Índice de Imparcialidad, a poco menos de una desviación estándar de la media de 3.47 para la región de América Latina.

Para llevar a cabo un análisis de propensión, primero se debe estimar un modelo de regresión logística para predecir la probabilidad de que un individuo dado sea una víctima, que es la variable tratamiento de interés en este trabajo. La Tabla 1 describe los resultados del modelo de regresión logística y muestra que ciertas variables se asociaron significativamente con la victimización por delincuencia. La presencia de bandas, la residencia urbana, la edad, ser de sexo masculino y el ingreso se asociaron de manera positiva y significativa a la victimización por delincuencia.

Como muestra la Figura 2, que describe el soporte común de los casos pareados, para cada individuo que fue víctima de algún delito se ha encontrado una observación similar en términos de sus covariables que no ha sido víctima.

Fuente: Cálculos propios con datos del LAPOP 2012.

Figura 2 Soporte común 

Para calcular el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados (Average Treatment Effect, ATT), se aplicaron los métodos de vecino más próximo, kernel y estratificado. Los resultados (véase Tabla 2) proporcionan evidencia acerca de la relación causal entre la victimización por delincuencia y la participación política particularista y la no relación entre la victimización y las otras formas de participación política. Los sujetos víctimas de delito son más propensos a la participación política particularista. Son resultados estadísticamente significativos con los tres métodos. Por el contrario, en tres formas restantes de participación política -electoral, partidista y contenciosa- no se registran diferencias significativas entre víctimas y no víctimas. Las primeras tienden a contactar directamente a los políticos para peticionar y para buscar soluciones a los problemas más que las segundas.

Imparcialidad del gobierno y participación política de las víctimas del delito en América Latina

Como se argumentó arriba, el efecto individual de la victimización sobre los modos particularistas de participación política no debería ser uniforme en contextos diversos con respecto a los niveles de calidad del gobierno.

La variable independiente principal a nivel de país es la imparcialidad de la administración pública. Si la hipótesis del efecto condicional de la victimización por crimen sobre la participación particularista diera cuenta de la participación cabría esperar que los niveles más altos de imparcialidad del gobierno moderen la relación entre victimización y participación particularista. En las sociedades donde las instituciones públicas proporcionan servicios con imparcialidad, las víctimas de delitos deberían ser capaces de satisfacer sus necesidades -de apoyo con servicios sociales, de acceso a la justicia- vía los canales institucionales. Cuanto más imparciales sean las instituciones, menor deberá ser el efecto de la victimización sobre la participación particularista porque las víctimas accederán a los servicios sociales y de justicia sin necesidad de contactar a funcionarios o políticos. Mientras que si las instituciones del Estado son menos imparciales, el resultado debería ser contrario.

Los análisis que siguen se basan en información de 29 255 encuestados de los estudios del LAPOP de 2012 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todas las encuestas son representativas a nivel nacional para los adultos en edad de votar (18 años y mayores). El tamaño de la muestra para cada ciclo es de alrededor de 1 500 observaciones.

Los modelos controlan por factores de nivel individual que afectan la participación política y la victimización incluyendo una batería de indicadores socioeconómicos (edad, nivel educativo, género, ingresos autorreportados, residencia urbana) que, de acuerdo con los hallazgos de estudios previos, podrían determinar las probabilidades de ser víctima y la participación política. Añado un indicador para controlar por la presencia de pandillas (^{Corbacho et al., 2015}). La Tabla 3 presenta los estadísticos descriptivos de estas variables para la muestra completa de países latinoamericanos.

Las observaciones individuales de las variables dependientes, los modos de participación, y de la experiencia de victimización se encuentran anidadas en contextos políticos con diferentes niveles de imparcialidad de las instituciones del Estado. En otras palabras, los individuos están anidados en contextos nacionales diferentes. Por este motivo, la estrategia de modelación más adecuada son los modelos jerárquicos lineales. Así, para la construcción de los modelos multinivel, se comprobó si, y en qué medida, la variable dependiente varía en los dos niveles de análisis: personas y países. Es decir, si la participación política varía entre los encuestados individuales y entre los dieciocho países latinoamericanos. Para ello, se descompuso la variación total en los cuatro modos de participación política entre la varianza a nivel individual y la del nivel de país mediante un análisis de varianza (ANOVA) que revela diferencias significativas entre los países. Ello implica que, aunque hay mayor variación en los factores a nivel individual, también hay importantes fuentes de variación entre los países. Si se omitiera la naturaleza anidada multinivel de los datos, se podría crear una serie de problemas estadísticos tales como la subestimación de los errores estándar, entre otros (^{Raudenbush & Bryk, 2002}; ^{Snijders & Bosker, 1999}).

Para dar cuenta de la estructura anidada de los datos y de las fuentes de variación en los niveles de análisis, y modelar los efectos de interacción entre estos últimos, especifico modelos multinivel de efectos fijos con dos niveles: individual y país. Los efectos individuales se estimaron con la siguiente ecuación:

Esta ecuación modela la participación política (un modelo para cada modo de participación) como resultado de la media del país (β_0j) y las desviaciones individuales originadas en los efectos de las variables independientes y del error a nivel individual.

A su vez, la media del país es modelada como una función de variables macro del país para analizar el efecto de las diferencias en los niveles de imparcialidad:

Esta ecuación pone a prueba la hipótesis de que el nivel promedio de participación política particularista será mayor a medida que declina la imparcialidad de las instituciones estatales.

Por último, la hipótesis principal es que el efecto positivo de la victimización por crimen sobre la participación política particularista se verá moderado por la imparcialidad de las instituciones. Para evaluar este efecto, un segundo modelo incluye un término de interacción entre imparcialidad y victimización. La ecuación que sigue modela el efecto de la victimización en cada país j sobre la participación política particularista como función de los niveles de imparcialidad del Estado. Esta es una segunda ecuación a nivel país donde β_1j es la diferencia estimada entre víctimas y no-víctimas en el país j:

Esta ecuación modela la hipótesis según la cual el efecto de la victimización sobre la participación política particularista es moderado por la imparcialidad de las instituciones del Estado.

En la estimación de los modelos, todas las variables de nivel individual -con excepción de la variable victimización- fueron centradas en la media del país.

Para poner a prueba la hipótesis propuesta, en este análisis se estiman dos modelos cuyos resultados se recogen en la Tabla 5. En el primer modelo se evalúa el efecto directo de la victimización de los individuos y de la imparcialidad de las instituciones de los países sobre la participación particularista para el sujeto promedio de las encuestas. El segundo modelo incluye el término de interacción descrito en la tercera ecuación del apartado previo. Este modelo pone a prueba la hipótesis principal de este artículo según la cual la participación política particularista de las víctimas de la delincuencia es mayor en países con instituciones menos imparciales que en sistemas más imparciales.

A nivel individual, el hallazgo destacado es que, en promedio, la victimización por crimen induce una mayor participación política particularista. Este resultado en sí ya constituye una contribución a la literatura sobre los efectos de la victimización por crimen sobre la participación política, la cual había identificado efectos positivos de la victimización sobre la participación política electoral, y en grupos políticos y comunitarios (^{Bateson, 2012}; ^{Bellows & Miguel, 2009}; ^{Blattman, 2009}), pero había ignorado la posibilidad de participación de las víctimas por medio de modos particularistas.

En los efectos a nivel individual de la victimización sobre la participación política particularista subyacen importantes diferencias entre los países latinoamericanos. En específico, como se hipotetizó, el efecto positivo de dicha victimización es moderado por la calidad del gobierno. El segundo modelo de la Tabla 5 incorpora el término de interacción entre la imparcialidad de las instituciones del Estado y la victimización. Los resultados indican que el efecto de la victimización por delito sobre la participación particularista decrece cuando la imparcialidad de las instituciones se incrementa. Esto es, en países con niveles más bajos de imparcialidad de sus instituciones, los incentivos de las víctimas para recurrir a los funcionarios públicos son mayores que en los países con instituciones más imparciales. Allí donde los ciudadanos pueden confiar en las instituciones y pueden recurrir a ellas esperando un tratamiento imparcial, la participación política particularista es menor. En cambio, en los países donde la imparcialidad es baja la victimización tiene un impacto mayor en el recurso de buscar el contacto directo con funcionarios. Las pruebas de comparación de devianzas proporcionan evidencia adicional de que el término de interacción entre imparcialidad del gobierno y victimización contribuye de modo significativo a la explicación de la participación particularista.

Por último, cabe señalar que los coeficientes de la mayor parte de las variables de control a nivel individual son consistentes con los estudios acerca de la participación política y la victimización por crimen, tienen el signo esperado y son estadísticamente significativos. La participación política particularista crece con la presencia de pandillas, la edad y la educación y se reduce con la residencia urbana y el ingreso.

¿Cuánto importa la imparcialidad de las instituciones del Estado para la participación política particularista de las víctimas del delito? Con el fin de ilustrar que el efecto de la victimización sobre la participación política varía según los niveles de imparcialidad de las instituciones, se ha graficado el nivel predicho de la participación particularista para víctimas y no víctimas de la delincuencia junto al resto de las variables en los modelos en su media. La Figura 3 muestra que las víctimas reportan niveles más altos de participación particularista que quienes no han sido víctimas, que las víctimas participan de modo particularista a mayores tasas en países menos imparciales y que el efecto de la imparcialidad sobre la participación particularista para las no víctimas es positivo -el efecto opuesto al registrado entre las víctimas-. En países con niveles más bajos de imparcialidad la participación particularista de las víctimas es mayor que en países donde las instituciones del Estado son más imparciales. Los modelos predicen que, en los países con una administración pública menos imparcial, las víctimas participarán en modos particularistas más de cinco puntos (en una escala de cien puntos) por encima de quienes no han sido víctimas de delitos, mientras en el país más imparcial, la diferencia en los niveles de participación entre víctimas y no víctimas se reduce. En suma, los resultados apoyan fuertemente la hipótesis de que la victimización por crimen induce una mayor participación política particularista y que la magnitud de este efecto es moderada por la imparcialidad de las instituciones del Estado.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3 Efectos predichos de la imparcialidad sobre participación política particularista en víctimas y no víctimas de delito 

Por último, exploro los efectos de la imparcialidad de las instituciones sobre la relación entre victimización y los modos de participación política no particularistas: electoral, partidista y contencioso. La investigación existente acerca de la relación entre victimización y participación política ha ofrecido evidencia del impacto de la exposición a la violencia y el delito sobre la participación comunitaria, cívica, partidista y, en algunos casos, hasta electoral. Este trabajo argumenta que en contextos de altos niveles de corrupción o baja imparcialidad de las instituciones del Estado, las víctimas recurren a modos particularistas de participación política para resolver sus necesidades de acceso a servicios sociales y a la justicia. Pero no esperamos que el contexto de corrupción o imparcialidad afecte de la misma manera la relación entre victimización y participación política no particularista. Para explorar el efecto de la imparcialidad sobre la asociación entre victimización y participación política no particularista, se han especificado tres modelos cuyas variables dependientes corresponden a cada uno de los modos de participación política no particularista: electoral, partidista y contenciosa. Y se ha incluido un término de interacción entre niveles entre el índice de imparcialidad de las instituciones de cada país y la experiencia de victimización de los sujetos.

Los modelos de la Tabla 6 muestran que la victimización por crimen está asociada a una mayor participación política en los tres modos no particularistas, en consonancia con los estudios en otros países (^{Bateson, 2012}; ^{Bellows & Miguel, 2009}; ^{Blattman, 2009}). Y que, a diferencia de la participación política particularista y como se esperaba, la relación entre victimización y estos tres modos de participación no particularista no se ve afectada de modo significativo por el nivel de imparcialidad de las instituciones. Los coeficientes de los términos de interacción entre niveles entre el índice de imparcialidad y victimización son negativos, pero no alcanzan niveles convencionales de significancia estadística. Es decir, que la participación política no particularista, electoral, partidista y contenciosa, es estimulada por la experiencia de victimización y es independiente del nivel de imparcialidad de las instituciones del gobierno.

Conclusiones

La investigación acerca de las consecuencias de la exposición a la violencia -criminal y política- sobre el capital social muestra que la victimización estimula la participación política en diversas modalidades -comunitaria, cívica, partidista, entre otras- dejando sin explorar la participación particularista, el contacto directo de los ciudadanos con políticos o funcionarios públicos. Este artículo argumenta que en contextos de altos niveles de corrupción las formas particularistas de participación son especialmente relevantes, y propone que, en tales contextos, la victimización por delito estaría asociada a una mayor participación particularista, y que la relación entre la victimización y la participación particularista se verá moderada por el nivel de imparcialidad de las instituciones del Estado.

El artículo explora este argumento analizando el impacto directo de la victimización sobre la participación a través del contacto directo de los ciudadanos con políticos, y el efecto moderador de la imparcialidad de las instituciones políticas sobre esta relación entre victimización y participación particularista. El análisis se basa en los datos de la encuesta 2012 del Barómetro de las Américas. Los resultados son consistentes con la hipótesis propuesta. En el análisis de la relación causal entre la victimización por delito y los modos de participación política en México -un país con altos niveles de corrupción y baja imparcialidad de las instituciones- mostraba efectos significativos en el caso de la participación particularista y la ausencia de relación causal en el de los modos de participación no particularista. Por otra parte, la intensidad de este efecto decrece a medida que los niveles de imparcialidad del Estado se incrementan; el efecto de la victimización sobre este modo de participación se reduce a medida que las instituciones son más imparciales.

La investigación acerca de los efectos de la victimización por delito y la participación política es todavía incipiente y sería deseable que futuras investigaciones atiendan algunas preguntas que se abren a partir de este estudio. En primer lugar, es necesario explorar qué tipo de necesidades buscan resolver las víctimas mediante el contacto directo con funcionarios del Estado. En segundo, sería recomendable ampliar y poner a prueba el argumento con un mayor número de países, incluyendo otras regiones que ofrezcan mayor variabilidad en la calidad del gobierno.