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Perfiles latinoamericanos

versión impresa ISSN 0188-7653

Perf. latinoam. vol.19 no.37 México ene./jun. 2011

 

Ensayo

 

Diagnósticos opuestos sobre la izquierda latinoamericana contemporánea

 

Contrasting Assessments of the Latin American Left

 

Paul Lawrence Haber*

 

* Doctor en Ciencia Política por Columbia University, New York City; profesor del Departamento de Ciencias Políticas, University of Montana, Missoula. Montana C.P. 59812 Estados Unidos Tel. (01 406) 243 4862 paul.Haber@umontana.edu

 

Recibido el 4 de junio de 2010.
Aceptado en noviembre de 2010.

 

Resumen

En el presente artículo se analiza y discute sobre la capacidad de la izquierda electoral latinoamericana para avanzar en la agenda de la justicia social. Se identifican dos corrientes de opinión significativas: una generalmente favorable a la que muchos llaman hoy la izquierda blanda y aquella de naturaleza crítica desde una perspectiva radical. El argumento se explora en relación con Brasil, El Salvador y Bolivia. El centro del debate es la relación entre movimientos sociales y partidos de izquierda: ¿deben colaborar los movimientos sociales con partidos y gobiernos de izquierda? Aunque los especialistas formulen preguntas y se preocupen para dilucidar las limitaciones de ese gradualismo, no ofrecen una estrategia viable para avanzar. El texto concluye señalando que la naturaleza de esa colaboración es un asunto susceptible de propuestas de debate y reforma serias.

Palabras clave: izquierda latinoamericana contemporánea, justicia social, estrategia política, movimientos sociales, partidos políticos.

 

Abstract

The ability of the Latin American electoral left to make substantial progress on the social justice agenda while in office is much disputed. Two significant schools of thought are identified: one generally sympathetic and the other critical. This essay explores this argument with reference to Brazil, El Salvador, and Bolivia. At the heart of the debate is the relationship between social movements and political parties of the left. Should social movements collaborate with political parties of the left? While the critics raise important questions and concerns that are useful to illuminate the limitations of gradualism they do not present a viable strategy forward. The article concludes with the observation that the nature of this collaboration is a worthy subject of serious debate and reform proposals.

Key words: contemporary Latin American left, social justice, political strategy, social movements, political parties.

 

Introducción

¿Cómo avanza hoy la izquierda en América Latina? Identifico dos corrientes importantes de pensamiento que responderían dicha pregunta. Son interesantes en sí y aún más interesantes cuando se comparan entre sí. La primera corriente de pensamiento es generalmente favorable a lo que muchos llaman hoy la izquierda blanda y suave o la izquierda socialdemócrata. Uno de los primeros (y más leídos) defensores de este enfoque es Jorge G. Castañeda. La segunda corriente es crítica de la izquierda blanda desde una perspectiva marxista militante, cuyo enfoque lo representa muy bien la obra de James Petras y sus colaboradores (en particular, Henry Veltmeyer).

Castañeda divide a la izquierda entre una buena izquierda, moderna y abierta, y una mala izquierda autoritaria, populista y cerrada (2006 y 2008). Mientras que Castañeda y otros críticos hablan de los movimientos sociales (a menudo no muy halagüeñamente), esos movimientos no son de interés primordial en su evaluación de la izquierda latinoamericana.

Todo lo contrario ocurre con James Petras y colegas, ya que ellos están sumamente interesados en los movimientos sociales, en su relación con los partidos de izquierda y con el Estado. Petras concluye que las relaciones entre los movimientos sociales de izquierda, los partidos y gobiernos de la izquierda blanda han sido malas para aquellos movimientos, así como para la agenda de la justicia social. Petras llega a esta conclusión después de una serie de investigaciones empíricas. Él averigua si la disposición de los movimientos a prestar su apoyo político a los partidos de la izquierda blanda y a los funcionarios electos

ha aumentado la calidad y cantidad de bienes, servicios y poder político recibido por sus electores, y ha ampliado su control del Estado y la economía [...] y si estas alianzas han mejorado la posición estructural de las masas en la economía, han creado nuevas formas de representación directa, han contribuido a aumentar su capacidad de movilización social, han reducido la fiscalidad regresiva y los aumentos arbitrarios en los precios de los transportes y servicios públicos o si por el contrario han llevado a la desmovilización de los movimientos, la cooptación de sus dirigentes, la división y la fragmentación (Petras, 2008: 482).

La evidencia presentada conduce a Petras a advertir a la izquierda social acerca del peligro de contaminarse por una izquierda político–electoral reformista.1

Si se evalúan los logros de la izquierda desde una posición exigente de justicia social, resulta difícil no dejarse llevar por el análisis de Petras, en el sentido de que el progreso ha sido lento en el mejor de los casos y extremadamente vulnerable a las crisis internacionales. Sin embargo, esto no conduce automáticamente a concordar con su estrategia alternativa, es decir, la acción colectiva militante de base clasista. Petras y otros especialistas coinciden en que no se toman el trabajo de evaluar la validez de sus sencillas recetas militantes porque descuidan la ardua tarea de realizar un cálculo sobrio de si la estructura de oportunidad política recompensaría una estrategia militante.

En mi opinión, las críticas incisivas como las de Petras son útiles analíticamente para iluminar las limitaciones del gradualismo socialdemócrata en América Latina, mas no ofrecen una estrategia viable para avanzar en su ideario político. De hecho, me temo que contribuyen a una parálisis política, derivada del fracaso de la izquierda antineoliberal para articular un modelo de economía política posneoliberal, que realmente posea la capacidad de hacerlo mejor y de progresar más rápido en la agenda de justicia social realista, así como una estrategia y una táctica para llevarla a cabo.

En lo concerniente a los objetivos de la izquierda, existen diferencias; sin embargo, sugiero que éstas, en relación con sus objetivos, no son tan importantes como las diferencias acerca de la estrategia y las tácticas. Existe un amplio consenso acerca de que los avances en la agenda de la justicia social son lo más relevante. El hecho de que se abrace una forma de capitalismo o cierta modalidad del socialismo, depende de cuál se considere que está en mejores condiciones de avanzar en la agenda de justicia social. Quizá lo más importante para la mayoría de la gente son las mejoras laborales para la población urbana, la mejora de los resultados de producción y acceso a mercados para los habitantes rurales, así como un mejor acceso a servicios sociales básicos para los habitantes de las zonas rurales y urbanas. El respeto de los derechos civiles y políticos a menudo también se consigna en la agenda política. Un número cada vez mayor de personas que se identifican como de izquierda, está cada vez más preocupado por el medio ambiente. También existe preocupación sobre la condición psicológica de los individuos y las colectividades.

Yo diría que la única manera de lograr las transformaciones estructurales necesarias y superar no sólo las restricciones fiscales derivadas de la relación de América Latina con el capitalismo globalizado, es mediante la presencia de fuertes movimientos sociales que trabajen eficazmente con los partidos políticos de izquierda. Además, esto es aún más cierto cuando se trata de la tarea vital de superar las tendencias conservadoras reaccionarias, no sólo de la élite, sino también de amplios sectores de su electorado. Cabe considerar que trabajar con eficacia no necesariamente implica hacerlo en colaboración completa o con ausencia de conflicto. Los movimientos y los partidos son especies diferentes y funcionan bajo diferentes limitaciones, además de que necesitan lograr cuestiones diferentes para alcanzar el éxito. No debemos esperar que esta relación siempre sea fácil, ni que deba ser así.

El problema es que, cuando los líderes del movimiento se insertan en la política electoral en el contexto de la democratización, el resultado más común ha sido un colapso total del movimiento y sus organizaciones, o un colapso parcial en cuya situación ulterior el sector de los movimientos pierde la totalidad o gran parte de su poder para, primero, trabajar interactivamente con el partido en la generación de nuevas ideas y, segundo, movilizar una presión pública lo suficientemente fuerte para influir significativamente en la política gubernamental.2

 

Brasil

Echemos un vistazo a Brasil. Evidentemente se trata de un caso destacado, quizás el más importante para estudiar si se quiere profundizar en las posibilidades y limitaciones de la izquierda socialdemócrata en América Latina actual. Desde 2002, el gobierno lo ha encabezado el Partido de los Trabajadores (PT), un partido con profundas raíces en el movimiento social. Es ya lugar común en la izquierda –tanto dentro como fuera de Brasil– criticar la trayectoria de Lula por ser demasiado conservador. Petras documenta lo que él considera que constituye "un abrazo sincero a los parámetros neoliberales establecidos por el régimen anterior de Cardoso" (2008: 490). Esto incluye el respaldo de un acuerdo con el FMI firmado por Fernando Henrique Cardoso durante la campaña de Lula de 2002, una continuación de la manía privatizadora, la designación de ejecutivos corporativos y bancarios a la cabeza del Banco Central, los ministerios de Economía, Comercio, Hacienda y Agricultura, una política salarial extremadamente conservadora y una importante reducción de las pensiones de los empleados públicos. Petras caracteriza el programa brasileño de asistencia pública mediante pago en efectivo a las familias pobres, llamado Bolsa Familia, como una red de "clientelismo" y de alineamiento con los imperialistas en los foros internacionales –incluyendo una referencia a la conducta de Lula en el Foro de Davos 2006.

Los líderes de izquierda como Lula que interpretan que la estructura de oportunidad política recomienda precaución, siempre corren el riesgo de sufrir fracturas internas. Y ha habido algunas, como la defección de un grupo de funcionarios electos y la creación del Partido Socioalismo e Liberdade (PSOL). Tal vez el movimiento más relevante de oposición a Lula ha sido el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el cual critica a Lula, en general, por continuar favoreciendo a la agroindustria, por encima de su preocupación por asegurar la tenencia de la tierra y el apoyo gubernamental para los pequeños agricultores –especialmente la decisión de reducir significativamente el número de familias favorecidas en el marco de la Ley Nacional de Reforma Agraria–. Dicha reducción obligó al gobierno de Lula a ofrecer una explicación; aunque el planteamiento de esa medida no satisfizo al MST, la presión que ejerció sobre el gobierno para que se pronunciara al respecto y el hecho de continuar presionando para que se realicen más asentamientos en el futuro, fortalece a la democracia brasileña.

Este tipo de relación movimiento–partido lo he calificado como útil desde la perspectiva de la justicia social. Si uno otorga a Lula el beneficio de la duda, es decir, que las acciones de su administración representan lo mejor que se ha logrado en la actual estructura de oportunidad política, entonces también debe tenerse en cuenta que la actual estructura de oportunidad política se encuentra parcialmente conformada por el equilibrio interno de fuerzas, y que la responsabilidad de la izquierda social es la aplicación de una fuerte presión sobre los reformadores estatales, como lo ha sido Lula. Al hacerlo, cambian el equilibrio de fuerzas y la estructura de oportunidad política, permitiendo que avance más y mejor la (plausible) agenda de justicia social.

James Petras analiza estos mismos hechos y ofrece una interpretación muy diferente: contempla la relación entre el gobierno de Lula y el MST, entre 2002 y 2007, como una que condujo a un debilitamiento del segundo, en términos de movilizar la disrupción institucional. Según la opinión de Petras, este error era evitable, un error de juicio político de los líderes del MST derivado del costo de hacer negocios con un neoliberal y pensar que saldría algo bueno de esto. Petras concluye que los triunfos electorales de los gradualistas como Lula perjudican la agenda de justicia social, ya que incluso si se hacen ciertas concesiones en favor de los pobres, éstas implican un costo muy elevado: la desmovilización de los movimientos, minando su militancia, su fuente de mayor fortaleza. Simplemente, no vale la pena.

Los analistas que favorecen a Lula, como Alexandre Fortes, reconocen lo obvio: que el MST se ha vuelto cada vez más crítico de Lula y de sus políticas de gobierno, y ha estado más dispuesto a participar en las protestas callejeras en contra de dicha políticas. Sin embargo, sostiene que

el MST y los otros movimientos similares que han proliferado en los últimos años se han beneficiado de la mejor predisposición de sus aliados históricos en la izquierda del PT que en la actualidad controlan el Ministerio de Desarrollo Agrario, y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. Esto se evidencia en el incremento, aunque lento, en el número de asentamientos y, sobre todo en la creación de condiciones para su viabilidad económica (Fortes, 2009: 120–121).

Petras caracteriza estos hechos como una clara y decisiva ruptura con Lula por parte del MST, el cual "finalmente habría vuelto a sus cabales, al ver por fin la inutilidad de alinearse con un régimen de centro–izquierda como el de Lula" (Petras, 2008: 493).

Son particularmente interesantes los esfuerzos de Lula para asumir el liderazgo en el cambio de las condiciones de la globalización y las interpretaciones divergentes que ofrecen los puntos de vista de Fortes y Petras. En la medida en que es cierto que los jefes de Estado de la izquierda blanda moderan sus políticas, en gran medida debido a las limitaciones del capitalismo globalizado actual –el capitalismo neoliberal internacional deja muy poco margen para abandonar el neoliberalismo a nivel interno en la mayoría de los Estados, si quieren evitar provocar una crisis de capital a través de la pérdida de inversión en dólares–, los intentos por cambiar los términos de la globalización deberían ser de particular importancia para la izquierda.

En cambio, los intelectuales de izquierda simpatizantes de Lula no tienen problema para encontrar pruebas en apoyo de una nueva política externa brasileña. Señalan, por ejemplo, el liderazgo de Lula en el movimiento contra el libre comercio en América y los esfuerzos simultáneos para reactivar el Mercosur, así como la creación de la União de Nações Sul–Americanas (Unasul). Las pruebas también se encuentran en el liderazgo de Lula en el Grupo de los 20, en la OMC y su fuerte posición en contra de la política exterior de Bush en Irak. A Petras esto no lo convence del todo y considera la política exterior de Lula como poco más que un apoyo velado al nuevo imperialismo liberal.

Tal vez lo más polémico de todo esto, dentro del movimiento de izquierda en Brasil, ha sido el conservadurismo fiscal del gobierno de Lula, una de las características de su neoliberalismo que más ha atraído la ira de la izquierda. Los partidarios de Lula señalan que, en lugar de acciones de riesgo que se traducirían en un populismo fracasado, la administración de Lula ha optado por incrementar las reservas internacionales y por la ejecución de otras políticas fiscales y monetarias que han conducido a una reducción de las tasas de inflación, mientras que, al mismo tiempo, se han ampliado los programas sociales. Como señala Fortes, las políticas macroeconómicas conservadoras no han impedido la expansión gradual del gasto social "a través de medidas tales como el acceso al crédito subsidiado para poblaciones de bajos ingresos, la expansión del apoyo a la agricultura familiar, un programa para facilitar el acceso universal a la electricidad, la expansión de acceso subvencionado a la educación universitaria, la ampliación del sistema universitario federal y otras reformas parciales pero eficaces" (Fortes, 2009: 113). La estabilización económica y el aumento del gasto social –incluyendo el de Bolsa Familia, que beneficia actualmente a doce millones de familias– se ha combinado con los aumentos del salario mínimo nacional para reducir los índices de desigualdad en 21 por ciento, medido por el índice de Gini (Fortes, 2009: 112–113).

Gabriel Ondetti (2008), en su extenso estudio sobre el MST, concluye que la elección de Lula tuvo como resultado nada menos que un cambio bastante significativo en la estructura de la oportunidad política, que permitió el resurgimiento del movimiento, después de un periodo de decadencia durante la administración de Cardoso. Mi interpretación sobre el presupuesto participativo en Brasil es que, si bien está lejos de ser una panacea para avanzar en la agenda de justicia social, no obstante, representa, en conjunto, un avance positivo (Abers, 2000; Avritzer, 2002; Baiocchi, 2003 y 2006; Nylen, 2003).

Por parte de la izquierda dura hay críticas a los presupuestos participativos, por ejemplo, Henry Veltmeyer (2007: 77), sostiene que

La participación popular en la toma de decisiones es una trampa diseñada por el Banco Mundial y otros agentes de desarrollo del capitalismo neoliberal. Esta trampa se ha implementado mediante la incorporación de las organizaciones de base, a través de las ONG, en la toma de decisiones a nivel local, a condición de que esa participación se limite a cuestiones que son locales. Así, el barrio y las asociaciones cívicas son invitados a "participar" en las decisiones sobre cómo gastar los recursos disponibles dirigidos a aliviar la pobreza. A cambio de esta participación, las políticas macroeconómicas se mantienen en manos del gobierno central y todas las organizaciones con una agenda antiestatal o antisistémica, como los sindicatos o los movimientos sociales de clase, son desarticulados o destruidos, a menudo con la complicidad de los intelectuales y los consultores de las ONG. Estas ONG pueden ser perfectamente etiquetadas como "agentes del imperialismo".3

Las estrategias de los gradualistas como Lula las defienden quienes sostienen que ésta es la mejor manera de construir un progreso social significativo y duradero: que es de vital importancia mantener altos niveles de apoyo público que se perderían si se intentaran políticas de izquierda más llamativas (encuestas recientes sitúan el apoyo popular de Lula en casi 70 por ciento). Argumentos similares son esgrimidos por los defensores de la concertación en Chile, e incluso de Obama en Estados Unidos.

Amplios sectores de los movimientos y de los intelectuales de izquierda siguen sin convencerse. Empero, yo diría que, dados los resultados obtenidos por Lula, les corresponde a ellos articular una visión que vaya más allá de las prudentes reformas de los autonombrados socialdemócratas. Es posible justificar la afirmación de que las políticas de Lula no han convertido a Brasil en una democracia social real, y que este tipo de gradualismo no es satisfactorio. Sin embargo, resulta más difícil y más importante que las izquierdas sociales y políticas sumen sus fuerzas, desarrollen y articulen públicamente un paradigma posneoliberal y, lo más importante de todo, una estrategia política realista para alcanzar dicha democracia. El recurso común de la apelación a una militancia de base clasista me parece inaceptable (o por lo menos insuficiente), incluso en el contexto actual de recesión económica, que sin duda pone en riesgo la viabilidad del enfoque gradualista.

 

Observaciones sobre otros casos nacionales

Empecemos con El Salvador. ¿Qué mejor lugar para observar la política de un movimiento transformado en partido, que luego alcanza un significativo poder estatal? El 15 de marzo de 2010, el candidato del FMLN y ex periodista de televisión, Mauricio Funes, ganó la presidencia de este país, poniendo fin al prolongado gobierno de arena, que comenzó a gobernar antes del acuerdo de paz negociado en 1992. Evidentemente, es prematuro sacar conclusiones firmes, sin embargo, muchos dudan –dentro y fuera de El Salvador– que se avecinen cambios significativos, al menos no en el corto plazo.

En un artículo reciente, Forrest Colburn (2009: 144) señalaba que

Probablemente será difícil implementar un cambio social y político arrasador. En cambio, las restricciones políticas y económicas son susceptibles de dar lugar a una sorprendente –incluso, tal vez, vergonzosa– continuidad en la política pública. Las ventajas de esta continuidad serían paz y estabilidad, de gran valor en cualquier país. La desventaja es que los acuciantes problemas –la pobreza, la desigualdad y la delincuencia– es probable que persistan. Seguramente habrá cambios "en los márgenes." Existe incluso la posibilidad de que imprudentemente la nueva administración ignore las limitaciones existentes, al menos hasta que se enfrente a una crisis previsible. Sin embargo, este escenario es poco probable.

Colburn considera que esto es improbable por varias razones: la primera, porque ve que el FMLN ha madurado significativamente desde la derrota contundente del ex comandante del FMLN y candidato presidencial en 2004, Schafik Handal, y su posterior fallecimiento por causas naturales en 2006 (Colburn, 2009: 146). La derrota de Handal motivó un debate interno entre reformistas y ortodoxos acerca de cómo debía concurrir la izquierda a las siguientes elecciones presidenciales, y los reformistas ganaron. Funes obtuvo la elección presidencial con 51 por ciento de los votos contra 49 por ciento de arena, pero gobierna sin mayoría legislativa. Esto limitará iniciativas políticas de más alcance. El FMLN no desarrolló una campaña basada en promesas de cambio radical. Esto fue así en parte como reconocimiento al hecho de que la población salvadoreña, con una edad promedio de 23 años –se ha despolitizado significativamente y muchos no recuerdan o quieren olvidar la década de los ochenta–.4 En palabras de Colburn: "Por último, no hay ahora ningún modelo, ningún proyecto, de cambio radical" (2009: 148).

En mi opinión, esta última afirmación es la más reveladora y la que hoy plantea el desafío más profundo a las izquierdas social y política de América Latina. Sin una fuerte alternativa coherente y realista, ¿qué tipo de izquierda puede ser ésta? El Salvador es un buen lugar para hacer esta pregunta. ¿Cómo debe ser la izquierda para responder a los pragmáticos como Colburn, que argumentan que abordar la desigualdad "implica riesgos"? y ¿por qué riesgos? Bueno, según los pragmáticos, porque

La élite económica de El Salvador es una élite productiva, a menudo a la vanguardia de iniciativas cruciales como la búsqueda y explotación de nichos en el mercado internacional y la introducción de prácticas de negocio más sustentable. Esta élite está también políticamente bien organizada, y es probable que responda rápidamente a cualquier amenaza a su bienestar (Colburn, 2009: 151; véase también Colburn y Sánchez, 2000).

La desigualdad puede analizarse esencialmente de dos maneras: en primer lugar, se afrontaría implementando rápidamente la redistribución de los ingresos: nacionalizaciones, tomando la riqueza basada en la evasión de impuestos, aumentos significativos en los tipos impositivos o más eficazmente con la recaudación de impuestos y similares; en segundo lugar, se afrontaría de manera más moderada a través de una combinación de los mayores ingresos fiscales que acompañan a una economía en crecimiento: aumentos graduales en las tasas de impuestos individuales y corporativos, así como la institucionalización de una recaudación más eficaz de los ingresos fiscales; transferencias presupuestarias inter e intraministeriales para redirigir el gasto existente hacia políticas públicas eficaces en beneficio de los pobres; préstamos internacionales y captación de ayuda exterior, todo ello en un esfuerzo por crear nuevas oportunidades de desarrollo económico accesibles para los pobres y para las clases trabajadoras, asimismo un acceso moderadamente mejorado de los servicios públicos.

¿Existe una tercera opción? Sin una ¿es de extrañar que la izquierda en el poder, haya optado por la vía más moderada? Si hubiese una tercera opción –que simplemente no se ha concebido–, estaríamos hablando de una falta de imaginación. Esto se puede arreglar y probablemente se arreglará, sin embargo, si estamos hablando de una estructura de oportunidades políticas que excluye transformaciones radicales, o incluso reformas profundas, esa es una cuestión muy diferente. Si esto último es así, la izquierda debe enfatizar más en mejorar la calidad de la administración pública.

Tan importante como los empleos, los ingresos y el acceso a los servicios sociales, lo es la relevancia de los problemas de seguridad pública. ¿La izquierda sabe cómo tratar mejor este tema que la derecha? De no ser así, está dejando de lado una cuestión extremadamente importante para lograr un progreso real en la agenda de justicia social, además de relevante en términos de construcción de su credibilidad política ante el electorado. Continuar argumentando, en esencia, que la delincuencia es culpa del neoliberalismo, sin presentar un modelo posneoliberal creíble, cuando menos sí es problemático. No sé mucho al respecto, sin embargo, compartiré mi observación de una estrategia de vigilancia comunitaria organizada por una ONG de izquierda, en un barrio popular en el sector sur de Guayaquil, Ecuador, lo cual sugiere que construir solidaridad comunitaria en busca de mejorar la seguridad pública, debe ser un terreno natural para la izquierda. Se pensaría que esta área cuenta con un potencial de colaboración entre las izquierdas sociales y políticas, sobre todo cuando el problema es el crimen callejero operado por delincuentes de poca monta o por pandillas. Una vez que el mismo alcanza el nivel de sindicatos del crimen armados fuertemente y bien organizados, se trata de otro nivel del problema, mucho más difícil de resolver.

 

* * *

Ahora prestemos atención a Bolivia. La izquierda militante está profundamente decepcionada por la negativa de Evo Morales en lograr cambios radicales en colaboración con una izquierda social altamente movilizada. Esto no sorprende, ya que la derecha no respondió a la elección de Morales simplemente "metiendo la cola entre las patas" y retirándose. Según Petras, entre 2005 y 2008, la derecha "socavó la Asamblea Constituyente, dominó el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias, y obligó al régimen de centro–izquierda del mas a una retirada absoluta, abandonando casi todas sus promesas socioeconómicas" (Petras, 2008: 493). Particularmente condenable es la acusación de que la retirada de la agenda militante con la que Morales llegó al poder no era inevitable, sino el resultado de "las políticas y prácticas del régimen de centro–izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera" (Petras, 2008: 493).

Según Petras, el primer error cometido por el régimen del mas fue el exitoso esfuerzo por canalizar toda la política en las instituciones estatales, socavando así el poder del movimiento, que se encuentra, por supuesto, en sus tácticas de acción directa. En segundo lugar, el equipo de Morales y García Linera erró al llevar a cabo una serie de concesiones innecesarias a la oligarquía y al capital extranjero –principalmente en el establecimiento de normas y procedimientos para la Asamblea Constituyente.

Esta última fue de primordial importancia para los grupos indígenas que sentaron las bases de la victoria electoral de Morales. La Asamblea estaría compuesta de representantes elegidos directamente de "los movimientos sociales, comunidades indígenas y pobres rurales y urbanas" (Petras, 2008: 494). Sin embargo, Morales y García Linera traicionaron este pacto y en su lugar concedieron, bajo la presión de la oligarquía, que hubiera delegados elegidos sobre una base territorial. Esto permitió a los partidos de derecha movilizar sus maquinarias clientelares y su monopolio virtual de los medios de comunicación. Además, durante el periodo de confección de normas anterior a la Asamblea Constituyente, acordaron exigir un umbral de voto de dos tercios para cualquier propuesta de artículos. Una vez que la Asamblea estaba sesionando y la derecha fue capaz de bloquear efectivamente cualquier modificación significativa de fondo, Morales y García Linera intentaron revertir esta decisión y sustituirla por una mayoría simple, pero fracasaron.

Es evidente que no todos los observadores coinciden con esa evaluación pesimista de la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, Kevin Healy, que ha trabajado en Bolivia desde hace años en el desarrollo de base, escribe un resumen general favorable de los acontecimientos, con especial atención a las cuestiones de género. Tras elogiar el carácter participativo del proceso, señala que la nueva Constitución contiene, entre otras, las siguientes disposiciones: reconoce el trabajo en el hogar, exige igualdad de remuneración e igualdad de oportunidades de empleo para ambos sexos; prohíbe la discriminación sexual, pone fuera de la ley la violencia y la discriminación domésticas y comunitarias, y define los derechos de propiedad de las campesinas, quienes históricamente no tenían ninguno (Healy, 2009: 47).

Petras observa que este enfoque sobre el indigenismo, con particular atención en los derechos políticos y culturales, sirve como cobertura para "negar cualquier pretexto de la transformación de la propiedad y las relaciones, o la expropiación de capital extranjero, o los 25 millones de hectáreas de propiedad de los agronegocios y los elementos financieros que componen la clase dominante boliviana (Petras, 2008: 495–496). Este énfasis en la autonomía local y los derechos culturales ha incidido directamente en favor de los esfuerzos de la derecha para lanzar un movimiento de secesión en seis departamentos ricos en minerales, lo cual socava las posibilidades efectivas del gobierno de Morales de aumentar los recursos federales y la redistribución a las clases subalternas. Además, a pesar de su retórica, el gobierno del mas ha abandonado los planes de nacionalización de los intereses petroleros que se encuentran en manos privadas, sustituyéndolos por tibios esfuerzos por aumentar "regalías e impuestos hasta los niveles existentes en la mayoría de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de las tasas de Oriente Medio, Asia y partes de África (Petras, 2008: 496).

Otras evidencias aportadas por Petras incluyen la firma de un acuerdo con la multinacional Jindal para explotar una de las tres mayores minas de hierro y manganeso de América Latina, bajo unos términos que este politólogo califica como desfavorables para Bolivia; una traición a las promesas de buscar una reforma agraria seria5 y la ruptura de las promesas hechas de elevar el nivel de vida (incluida la promesa de campaña de 2005 de duplicar el salario mínimo, así como aumentar sustancialmente los salarios de los trabajadores y los sueldos de los maestros y trabaja– dores de la salud).

Pero, ¿qué habría ocurrido si Morales hubiese seguido una estrategia de mayor confrontación?, ¿fue sólo una falta de voluntad política mezclada con torpeza, quizá como resultado de la inexperiencia de Morales? Las voces críticas parecen sugerir que las tácticas militantes hubieran permitido avanzar mucho más en la agenda de la justicia social de lo que ha resultado de la alianza de la izquierda social con el centro–izquierda. Lamentablemente, dichas especulaciones no se comprueban con la formulación precisa y el riguroso pensamiento científico social, el cual utiliza, en una aplicación de alta calidad, el análisis contrafactual (Gaventa, 1980).

Como Héctor Aguilar Camín ha señalado, la izquierda sigue desconfiando de los capitalistas y del capitalismo, pero hasta ahora ha fracasado en desarrollar un medio alternativo para la generación de riqueza (Aguilar Camín, citado en Colburn, 2009: 148).

Por otra parte, Colburn observa que

El FMLN, en efecto, sigue mostrando un desdén por el sector privado, al parecer lo acepta sólo como un mal necesario. Tras su victoria electoral, el FMLN publicó en su sitio web un "manifiesto", pero carecía sorprendentemente de prescripciones de política. No hay ninguna sugerencia de formas alternativas de generar las divisas que son tan necesarias para el bienestar del pequeño país (2009: 148).

¿Las limitaciones que impone el capitalismo globalizado son realmente tan grandes que un país como El Salvador no tiene más alternativa que malbaratar la mano de obra –a través de su exportación a Estados Unidos, donde radica el mayor porcentaje (casi 25 por ciento) de salvadoreños–, y dar la bienvenida a la inversión extranjera directa que también explota la mano de obra salvadoreña en su propio territorio?

 

¿Qué hacer?

Existe un gran potencial a disposición de la izquierda para abrazar la búsqueda efectiva de reformas que permitan un acceso favorable a los mercados para los pobres. Esta es la tarea del desarrollo de base. Los socialistas se resisten a menudo a la llamada de los proyectos locales, porque no se definen como prácticas socialistas tradicionales. A menudo, los socialistas ven el rápido crecimiento de las ONG en América Latina como la señal de una desafortunada disminución del poder del movimiento social. Como acertadamente ha señalado Henry Veltmeyer, el nuevo paradigma de desarrollo participativo "no debería ser no sólo socialmente más incluyente, equitativo y sustentable, iniciado desde abajo y desde dentro de la sociedad civil, sino que debería también empoderar a quienes participan en el proceso" (Veltmeyer, 2007: 55). Sin embargo, continúa condenándolo, porque, en su opinión, el desarrollo participativo

tiene poco que ver con el movimiento popular para el cambio social. Se trata de sostener el modelo dominante de desarrollo capitalista y la globalización [...]. El objetivo implícito de los defensores [...] es apartar a los pobres y a las organizaciones de base de un enfoque de confrontación con el cambio social sistémico, es decir, no se trata de cambiar la estructura del sistema, sino a las propias personas, buscar el cambio y promover el desarrollo dentro de los espacios locales de esta estructura (Veltmeyer, 2007: 55).

Además, en referencia a Brasil, afirma (sin documentarlo) que "muchos, si no [es que] la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, volvieron a la vieja política del clientelismo" (Veltmeyer, 2007: 76).

Durante casi un año (2006–2007), residí en la región andina participando con algunas ONG que trabajan en alternativas de desarrollo de base. La mayoría de estas personas están motivadas por preocupaciones de justicia social, es decir, el PAN y la sal de la izquierda bien entendida. Muchos de ellos participaron en el pasado en la política partidista de la izquierda, o son cercanos a militantes de ésta. Sin embargo, me llamó la atención la diferencia –la falta de comunicación, por no hablar del trabajo en colaboración– que existe entre ellos y la izquierda social organizada, y más aún los políticos de izquierda. Mientras existe colaboración entre las ONG locales y la izquierda, cuando ésta se encuentra en el poder en el ámbito local, rara vez existen profundas relaciones de colaboración en el plano estatal o nacional. Sin duda, aquí hay diferencias reales.

Los críticos del desarrollo participativo tienen razón cuando observan que el trabajo de los proyectos de desarrollo de base rara vez incluyen tácticas de confrontación, por lo menos de confrontación suficiente para satisfacer los apetitos de los militantes. Si se contempla el hecho de que los proyectos de desarrollo necesitan financiación y que las fuentes de los proyectos de desarrollo rara vez se interesan en la financiación de militancia, no cabe ninguna duda de que aquí hay una fricción real.

Sin embargo, con base en mi experiencia personal de trabajo con las ONG de desarrollo, también sé que muchas de estas personas simpatizan con la militancia eficaz; como ya lo he dicho, muchos de ellos han participado en ésta en el pasado. Su giro hacia el trabajo de desarrollo no es tanto una señal de refutación de la militancia como tal, lo que indica es que se ha abrazado otra estrategia para promover la agenda de justicia social.

Muchas ONG de desarrollo las atienden personas que también han decidido que volver accesibles los beneficios del capitalismo a los pobres es más productivo que la agitación en favor de una transformación socialista, pues ellos mismos concluyen que simplemente ésta no es realista, dadas las limitaciones de las actuales estructuras de oportunidad política.

Modificar la naturaleza conservadora de la opinión pública entre los votantes es una tarea tanto de las izquierdas políticas como de las sociales. Con esto en mente, se refuerza el argumento de la colaboración mutua. Muchos teóricos y especialistas han atribuido a la nueva importancia de la política electoral de la izquierda el debilitamiento de la izquierda social durante los años noventa –incluyendo casos como el nuevo sindicalismo en Brasil y los movimientos urbanos populares en México–. Sin embargo, existe la necesidad de desarrollar las estrategias y tácticas que permitan reformar la relación existente entre partidos políticos y movimientos sociales, para que ambos estén mejor posicionados para lograr avances sustanciales en la agenda de la justicia social, la cual ha estado (y sigue estando) en el corazón de cualquier definición significativa de la izquierda.

 

Bibliografía

Abers, Rebecca Neaera, 2000, Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil, Boulder, Lynne Rienner.         [ Links ]

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Notas

1 Petras ha ofrecido este consejo durante décadas (Petras, 1989).

2 Lo cual, ciertamente, no significa el final de los movimientos sociales (Motta, 2009).

3 Veltmeyer, en alusión a la obra de Abers (2000), concede la posibilidad de que el célebre caso del presupuesto participativo en Porto Alegre ha sido "algo diferente", es decir, más positivo, aunque por razones que siguen siendo poco claras para él. Aunque rápidamente advierte contra la generalización de este caso especial (Veltmeyer, 2007: 78–83).

4 Esta afirmación la cuestionan los activistas del movimiento (entrevista del autor, Washington, D.C., 11 de octubre de 2009).

5 Petras cita cifras del PNUD que afirman que cien familias extensas poseen veinticinco millones de hectáreas de tierra más fértil que dos millones de pequeños agricultores y campesinos, quienes poseen sólo cinco millones de hectáreas (Petras, 2009: 498).