En el presente artículo planteo tres reflexiones. La primera tiene que ver con la relevancia que significa ser gobierno comunitario a partir de la experiencia del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres (en el estado de Guerrero), para analizar las nuevas formas de hacer política y de construir un poder horizontal mediante la figura de la asamblea comunitaria frente a las resistencias que se expresan en discursos y prácticas racistas, clasistas y discriminatorias por parte de la oposición representada por la élite política y mestiza. En la segunda reflexión expongo cómo se diseña la nueva estructura del gobierno comunitario, sus comisiones y el tránsito del H. Ayuntamiento a la Honorable Casa de los Pueblos desde una distancia de las categorías hegemónicas de la entidad administrativa municipal (notas de campo, 2020 y ^{Aragón, 2019}), para lo cual retomo la figura del concejo y, a dos años de gestión, refiero a la obra pública y a la rendición de cuentas comunitaria a partir de la localidad de San José la Hacienda. En la tercera reflexión pongo énfasis en las violencias políticas en razón de género contra las mujeres autoridades que ocupan altos puestos, como el caso de Patricia Ramírez Bazán (representante del pueblo mestizo), quien preside el Concejo de Seguridad y Justicia; de Demetria Basurto Silva (representante del pueblo mè`phàà) y de Rufina Jiménez Avilés (representante del pueblo na sávì), ambas de la Comisión Municipal Comunitaria de la Mujer.

En términos metodológicos, he continuado con el trabajo de campo comprometido, colaborativo y mandatado por autoridades comunitarias. También he realizado una revisión exhaustiva de las obras públicas que el Concejo Municipal Comunitario ha implementado en las 140 localidades del municipio durante sus dos primeros años de gestión. He asistido, junto con el Concejo de Autoridades de la localidad El Mezón y con la coordinadora municipal, a la conmemoración del 166 Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla y a colocar la primera piedra de la construcción del Hospital General de Ayutla; asimismo, he acudido al cambio del bastón de mando del Concejo de Autoridades para 2020 y a puntuales asambleas municipales convocadas por el Concejo de Seguridad y Justicia (que no han sido públicas, sino que mi acceso ha respondido al trabajo comunitario que he llevado a cabo previamente en Ayutla). Por último, me he apoyado en el registro etnográfico de visitas a la Honorable Casa de los Pueblos (expalacio municipal), donde he sostenido diálogos interculturales con autoridades; en enlaces comunitarios y en el registro de las localidades de San José la Hacienda, aglutinada en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y El Mezón, perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social (UPOEG).

Para iniciar, expongo un breve contexto acerca del cambio de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos, que es reciente en Guerrero. La primera experiencia se remonta al 9 de junio de 2012 en el municipio de San Luis Acatlán de la Región Montaña, donde años atrás (en 1996) surgió la CRAC-PC (Policía Comunitaria). En esta experiencia la ruta jurídica fue encabezada por Bruno Plácido Valerio, promotor de la UPOEG, y por Manuel Vázquez Quintero, el abogado comunitario que más tarde encabezó el proceso jurídico en el municipio de Ayutla. En esta primera búsqueda por el derecho a la libre determinación y al autogobierno se encontraron diversos obstáculos jurídicos relacionados con la negativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC-Guerrero), a partir de lo cual se presentó una demanda de juicio ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF (SUP-JDC-1740/2012). De acuerdo con Warnholtz se realizó una consulta que no prosperó debido a prácticas racistas “la consulta se llevó a cabo entre el 2 y el 15 de febrero de 2015 y el resultado fue de 784 votos a favor de la elección por usos y costumbres, 1 556 en contra y 90 abstenciones; solamente participó el 9.7 por ciento de los electores” (Warnholtz, 2017: 31). Se sumaban a este escenario, tanto los conflictos entre líderes y la escisión de la CRAC-PC, como el contexto de violencia estructural que permea(ba) en la región. Sin embargo, fue a partir de esta experiencia que, según Vázquez Quintero, se aprendió de los errores organizativos y políticos para comenzar el mismo recorrido jurídico en la Costa Chica.

El panorama en Ayutla no era muy diferente del de San Luis Acatlán, ya que desde el inicio prevaleció el descrédito hacia las autoridades locales, promotoras del pleno ejercicio del derecho al autogobierno, y se efectuaron campañas de desprestigio contra la UPOEG:

Que los usos y costumbres eran cosa de la UPOEG, se engañaba a la gente diciendo que con los usos y costumbres se eliminaría la ayuda que recibían de los programas sociales, que los usos y costumbres eran cosa de cuadrilleros [Rosario, entrevista personal, 2020].

El escenario en Ayutla era cristalino: desde el principio existieron tensiones y facciones visibles de grupos de oposición protagonizados por grupos caciquiles de las comunidades vinculados a partidos políticos; por la élite mestiza, económica y política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la cabecera municipal; por el crimen organizado y por poderes fácticos.

Sin duda, para analizar este cambio de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos, es importante resaltar algunos antecedentes clave en el ámbito político-electoral, como el ambiente de conflictividad que se vivía en toda la entidad y la crisis de representatividad que se acentuó a partir de 1998 cuando gobernaba Guerrero Ángel Aguirre Rivero. El gobierno de Aguirre Rivero estuvo marcado tanto por la criminalización hacia los pueblos indígenas como por la masacre en la comunidad de El Charco de 11 jóvenes “supuestos guerrilleros”, ejecutados por militares, 25 campesinos detenidos y más de 3 000 indígenas mixtecos de las comunidades de Piñal y Ocote Amarillo quedaron por varios días bajo cerco militar (^{Comisión Nacional de los Derechos Humanos, s. f.}). En el plano municipal, también gobernaba Ayutla el PRD, con el mandato de Fortino Caballero Villalobos (19992002), quien ganó con 7 871 votos, mientras que el PRI obtuvo 5 585; este gobierno se caracterizó por continuas tomas del Ayuntamiento por parte de campesinos de 56 comunidades que demandaban la destitución y cárcel en contra de su alcalde por un “presunto fraude por 3 millones 826 mil 603 pesos” (^{Cervantes Gómez, 2001}). El siguiente periodo presidencial fue perdido por el PRD (con 5 322 votos) frente al PRI, que ahora iba en coalición con el PVEM (ganó con 5 654 votos) y se eligió al expriísta Cutberto Quiñonez Castro (2002-2005); en estos años, el municipio se remilitarizó con la instalación de campamentos en los poblados de Barranca de Guadalupe y Barranca Tecuani. Además, en 2002 el escenario se recrudeció con los casos de violación y tortura por soldados del ejército mexicano hacia las mujeres indígenas, como fueron los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. A raíz de este hecho, los pueblos mè`phàà y na sávì exigieron arduamente la salida del ejército. Para el siguiente periodo (2005-2008), la fuerza electoral del PRI y del PVEM disminuyó (el primero obtuvo 4 376 sufragios y el segundo 303); la ciudadanía otorgaba un voto de confianza nuevamente al PRD, llevando a la presidencia municipal a Homero Lorenzo Ríos con 9 133 votos, quien también fue candidato a diputado local (y asesinado un mes después de que culminó su periodo presidencial). La siguiente administración estuvo presidida por el PRI, bajo el gobierno de Armando García Rendón (2009-2012), con 5 162 votos a favor, seguido del PVEM con 5 020 y del PRD con 4 809. En estos años, el municipio de Ayutla estuvo marcado por la represión policiaco-militar contra comunidades indígenas, por lo cual fue importante la visita de una delegación de Amnistía Internacional a la región para atender la situación de criminalización que enfrentaban los actores indígenas Raúl Hernández, miembro de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá, quien se encontraba preso; Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas (asesinados en febrero de 2009). Para el periodo 2012-2015, el PVEM resultó electo con 7 188 votos, seguido de la coalición PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) con 6 089, y del PRI con 2 856; aquí fue electo presidente municipal Severo Castro Godínez, en cuyo gobierno se vivió una ola de violencia que se expresaba en robos, asaltos, asesinatos, extorsiones, secuestros, pero sobre todo en el cobro de cuotas (derecho de piso) a comerciantes, transportistas y ganaderos. En 2012, las comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas se organizaron mediante la constitución del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana y su Policía Ciudadana (SSyJC-PC) de la UPOEG para la defensa de la territorialidad; este gobierno se mantuvo en constante conflicto con dicho sistema de seguridad comunitaria. Para el último proceso electoral por la vía de sistema de partidos políticos (2015-2018), Ayutla tuvo por primera vez una presidenta municipal, Hortencia Aldaco Quintana, de la coalición PRI-PVEM, quien obtuvo 8 972 votos, seguido del PRD con 8 687. La alcaldesa carecía de credibilidad y legitimidad por su parentesco con el presidente saliente (esposa); durante su gobierno hubo gran descontento social, señalamientos y acusaciones por “actos de corrupción y nepotismo” (notas de campo, 2019).

Como se vio reflejado de 1999 a 2018, la clase política tradicional tomó las decisiones sobre la administración municipal de Ayutla, y se leía un escenario de criminalización hacia los pueblos indígenas, lo que detonó una baja participación de la ciudadanía. Por ejemplo, en el último proceso electoral por la vía de partidos políticos (2015) la participación ciudadana en la elección de ayuntamientos fue de sólo 56.47 por ciento. Además, era ostensible la desconfianza hacia las y los actores de los partidos políticos tradicionales:

En mi comunidad había desacuerdo, ya que siempre se priorizaba sólo a un grupo, a quienes apoyaban a los partidos políticos. Sus prácticas fueron llenas de corrupción y de favoritismos. Los partidos saquearon al municipio por muchos años dejándonos en la miseria [Rosario, entrevista personal, 2020].

La opresión política se ejercía mediante mecanismos como la discriminación institucional, una legislación excluyente de ciertos colectivos o la política fiscal y de gasto público regresiva (^{La Parra y Tortosa, 2003: 63}). Como ya se vio, el hartazgo colectivo y las formas autoritarias y jerárquicas de los partidos políticos tradicionales fueron los detonantes para que los pueblos, en cuanto sujetos políticos, buscaran nuevas maneras de hacer política y de construir un poder horizontal; se apostó por formas más apegadas a las realidades de las comunidades azotadas por múltiples violencias, ya que los gobiernos predecesores, como se demostró con hechos desde 2012, tenían una complicidad en actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. A partir de 2014, las localidades se organizaron, en términos jurídicos, para configurar una democracia participativa y proponer liderazgos indígenas legitimados desde el ámbito comunitario y nombrados mediante los mecanismos de sistemas normativos internos.

En Ayutla se dio un cambio sustancial y después de la judicialización de la lucha colectiva se ha logrado que se les reconozca el derecho a la libre determinación (^{Vázquez, 2020}), expresado en la elección del 15 de julio de 2018 donde se nombró, a mano alzada, a la Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades, conformada por 280 propietarios (140 hombres y 140 mujeres), para el trienio 2018-2021. Sin embargo, la elección de un gobierno regido mediante sistemas normativos internos no ha significado la panacea a las múltiples violencias que prevalecen en un municipio de 69 123 habitantes, donde 69 por ciento de aquellos mayores de 3 años habla lengua indígena y español, 29 por ciento habla lengua indígena y no habla español y 10.05 por ciento se autorreconoce como afrodescendiente (^{INEGI, 2020}); un municipio en el cual imperan los conflictos agrarios y religiosos, y escenarios de violencias contra las mujeres, sobre todo en las comunidades de Arroyo del Zapote, Juquilita, Ocotlán, Poyul y en la cabecera municipal, donde se han registrado la mayoría de los asesinatos de mujeres, por lo que no es casual que desde 2017 se emitiera una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Estas problemáticas tienen que ver con las raíces estructurales de la cultura patriarcal androcéntrica y con las prácticas violentas protagonizadas por poderes fácticos que han fragmentado el tejido social comunitario y que, de manera intermitente, se encuentran en disputa por el control territorial. Hasta la fecha, la elección de un gobierno comunitario no ha significado que el municipio esté exento de disputas políticas; por el contrario, predomina un panorama de conflictos tanto en las comunidades como en la cabecera municipal.

La búsqueda de hacer política a partir de ejercicios plurales, mediante la figura de la asamblea, no es reciente, tiene su raíz en las resistencias en contra del neoliberalismo desde la década de los noventa. La lucha colectiva de las comunidades de Ayutla, a diferencia de otras emprendidas por la búsqueda del autogobierno, se enmarcó en el campo exclusivamente jurídico y obedeció́ a un mandato jurisdiccional emitido por la Sala Regional Distrito Federal en la sentencia SDF-JDC-545/2015, derivado del medio de impugnación que interpusieron ciudadanas y ciudadanos del municipio, es decir, se recurrió al TEPJF, además de hacer uso de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos indígenas (notas de campo, 2019). El avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas debe analizarse con base en los tratados y convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que permitieron el acceso hacia una representación indígena y hacia la construcción de proyectos autonómicos en México. Mientras que, en el nivel estatal, el marco jurídico que sustentó el cambio de modelo de elección de autoridades municipales en Ayutla se encontró en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y en la Ley 701.

A continuación expongo la relevancia que significa ser gobierno comunitario a partir de la experiencia del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla. Analizo cómo esta lucha colectiva nos convida un pensamiento crítico y en constante movimiento, como los ciclos de la siembra. Las comunidades de Ayutla han demostrado que no tenían una meta, sino un horizonte político; era, en este sentido, la transformación del poder lo que estaba en juego (notas de campo, 2019).

Después de un panorama de disidencias entre la ciudadanía y de tensiones políticas en el municipio, el 10 de julio de 2018 se llevó a cabo un Pacto de Civilidad firmado por Aldaco Quintana, expresidenta municipal de Ayutla, y Vázquez Quintero, representante de autoridades civiles y agrarias del municipio, ante la presencia de Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, con el propósito de garantizar las condiciones políticas y sociales para el adecuado ejercicio de la próxima elección mediante un sistema normativo interno; y del 11 al 14 de julio de 2018 se realizó perifoneo en las localidades para informar a la ciudadanía respecto del proceso electivo y se distribuyeron 2 000 ejemplares del semanario Veraz en español y en lenguas originarias mè`phàà y tu’un savi (<sup>IEPC-Guerrero, 2018</sup>). Así, la elección del 15 de julio de 2018 tuvo una asistencia de representantes que, según origen étnico, fue de 48.2 por ciento mestizos, 33.1 por ciento na sávì (mixteco), 18.5 por ciento mè`phàà y 0.2 por ciento afromexicanos, lo cual significó un ejercicio de democracia participativa, entendida esta democracia como “una política paralela de acción social, que crea y mantiene nuevos espacios para la toma de decisiones -o sea, el autogobierno- de parte del pueblo en temas que afectan directamente su vida” (Santos, 2005: 103).

Previamente a la elección municipal se efectuaron diversas asambleas informativas para elegir en cada comunidad, delegación y colonia a dos representantes propietarios de distinto género con sus respectivos suplentes del mismo género y para proponer una forma de nombrar la nueva estructura del gobierno comunitario. “Este cambio desde el lenguaje significaba también que no somos iguales a las otras administraciones de partidos políticos” (Rosario, entrevista personal, 2020). En la localidad de El Paraíso se recibieron siete propuestas para el cambio de nombres de los cargos dentro del H. Ayuntamiento, que se discutieron, analizaron y votaron posteriormente. El cambio de nombre del Ayuntamiento como órgano de gobierno implicaba una estructura y una figura fuera de las lógicas de los partidos políticos, por lo cual se pasaría de presidenta/e, síndica/o y regidor/a a coordinador/a, representantes y enlaces comunitarios, además de conllevar la modificación de prácticas interculturales y sentidas desde las propias comunidades, “este cambio nos ha llevado a vivirnos sintiéndonos parte de este gobierno, no sólo los representantes, sino todos en las comunidades” (Rosario, entrevista personal, 2020). Es decir, se proponía el uso de figuras más acordes con las prácticas de las comunidades para alejarse de las figuras coloniales y hegemónicas del H. Ayuntamiento que se ha impuesto en ellas (^{Aragón, 2019}). Fue de este modo que en la localidad de Te Cruz se aprobó por unanimidad con 374 votos a favor el cambio de nombre del H. Ayuntamiento a la Honorable Casa de los Pueblos y, como órgano de gobierno, se eligió a la Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades, de la cual se derivarían dos concejos: el Municipal Comunitario y el de Seguridad y Justicia (^{Alonso, 2020}). En un contexto de violencia estructural, esta transformación conllevaba consigo relámpagos de luz para la ciudadanía de las comunidades que habían batallado históricamente ante la dinámica burocrática de la partidocracia:

Cuando era H. Ayuntamiento significaba un lugar burocrático, por ejemplo, nosotros los de comunidades no podíamos tener acceso, ya que en las administraciones pasadas los cargos los ocupaban personas de la cabecera, y nos trataban mal, eran groseras. Y si eras persona indígena no tenías intérprete, se recibían malos tratos [Rosario, entrevista personal, 2020].

En la misma localidad de Te Cruz, a las y los representantes del gobierno comunitario se les tomó protesta. De acuerdo con el modelo de elección, no se realizaron “campañas políticas”, sino que fueron nombrados por la asamblea de sus respectivas comunidades. El nombramiento respondió a sus trayectorias y al cumplimiento de cargos dentro de la organización comunitaria:

Se compromete a trabajar de manera conjunta con su pueblo, respetando siempre los acuerdos emanados de las asambleas de sus comunidades y colonias. Se compromete a respetar los principios de obedecer y mandar, de representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir, no destruir, bajar y no subir, proponer y no poner, todos ellos como principios rectores del nuevo gobierno [^{Alonso, 2020}].

Posteriormente, el IEPC-Guerrero emitió las constancias para las y los representantes electos, y se acordó que los conflictos serían resueltos por un comité de mediación. En cuanto a la estructura, del Concejo Municipal Comunitario, coordinado por Longino Julio Hernández (na sávì) e Isidro Remigio Cantú (mè`phàà), se desprenden las comisiones (antes direcciones) de Obras Públicas, Asuntos Indígenas, Ecología y Medio Ambiente, Educación, Salud, Rastro Municipal, Catastro, Panteones, Desarrollo Rural, Registro Civil, Juventud, Agua Potable y Alcantarillado, Tesorería, Participación Social, la Mujer, Deporte y Cultura, Espectáculo, Comercio y Abasto Popular, Comunicación Social, Oficialía Mayor, Gestoría Social y Jardinería Pública. Mientras que el Concejo de Seguridad y Justicia, que coordina Patricia Ramírez Bazán, del pueblo mestizo, está conformado por las comisiones de Protección Civil, Guardia Comunitaria, Reglamentos, Tránsito y Vialidad, Transporte, Alumbrado Público, Asuntos Agrarios, Dirección Jurídica, Parque Vehicular, Asuntos Jurídicos, Vigilancia, Inspección y Auditoría. La elección de las comisiones estuvo relacionada con los intereses, las habilidades y las aptitudes de cada representante.

Se puede percibir que el gobierno comunitario es un revulsivo en un nuevo proceso de hacer política y, al mismo tiempo, fortalece identidades colectivas. También ha llevado consigo un proceso organizativo y jurídico complejo, primero por su propio nombre, que responde a concepciones comunitarias de normas y principios de resignificar la política, y de construir un poder horizontal, mediante la figura de la asamblea comunitaria, donde se toman acuerdos, se rinden cuentas y se establecen sanciones. Esto permite ver “que existe un proceso de pluralización cultural y de reconocimiento de nuevas identidades que tiene como consecuencia profundas redefiniciones de la práctica democrática, que están más allá del proceso de agregación propio de la democracia representativa” (^{Santos, 2003: 44-45}). Por ejemplo, ahora las gestiones pueden realizarse y solicitarse en las lenguas indígenas predominantes en la región.

¿A qué me refiero cuando hablo de la asamblea y de un poder horizontal? La asamblea, conformada por la ciudadanía, representa una figura colectiva, ancestral, donde se expresan las contradicciones, las negociaciones y los acuerdos para resolver conflictos civiles y agrarios. Su objetivo principal es la resolución de conflictos para lograr un bien colectivo. En el gobierno comunitario, el órgano y la máxima autoridad es la Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades. Desde aquí se diseña el poder horizontal, donde las decisiones no recaen sobre una figura individual, sino en la colectividad que permite a la ciudadanía participar de manera directa en la toma de decisiones mediante consultas (notas de campo, 2019). Este poder horizontal posibilita, en términos de Boaventura, impugnar las formas de regulación social dominante para, a partir de ahí, reinventar la emancipación social y materializar los cambios para la construcción de una sociedad más justa, incluyente y democrática, donde la noción de consulta, de diálogo, de justicia y de género son los ejes interculturales primordiales. Se trata, pues, de un autogobierno que, en el marco de un contexto de violencia estructural, está formando un orden político nuevo, que tiene, pese a las críticas, una legitimidad porque está cambiando e interpelando las estructuras de poder y donde se muestra cómo la interculturalidad es el resultado de un acto político consensuado entre grupos étnico-culturales muy distintos con un pasado histórico de relaciones que, a pesar de su inherente violencia, abre, en la presente coyuntura, una ventana de oportunidad para un futuro diferente (^{Santos, 2010: 98}).

Sin embargo, el camino recorrido durante los dos primeros años de gestión del gobierno comunitario no ha sido fácil, sobre todo a la hora de dialogar con las instituciones gubernamentales, debido a que ha predominado la visión individualista en el sistema de partidos políticos, que ha recaído en la vieja figura del presidente municipal y que ha tenido como consecuencia disputas políticas, según lo sostiene la coordinadora Patricia, “a los políticos tradicionales les ha costado mucho entendernos, incluso, al propio gobernador”:

Cuando llegábamos a las reuniones con el gobernador nos ofrecían una sola silla y respondíamos que no, que necesitábamos tres sillas porque nos íbamos a sentar tres porque éramos y somos tres representantes de tres pueblos de Ayutla [Patricia, comunicación personal, 2019].

Con este testimonio se ilustran las resistencias que prevalecen dentro de las instituciones gubernamentales al aceptar la estructura del gobierno regido bajo un sistema normativo interno, la cual ha sido constantemente cuestionada “por ser cosa del pasado” (notas de campo, 2019). De aquí que las comunidades exigen a la institucionalidad reconocimiento y respeto a la asamblea como máximo órgano de gobierno de los pueblos indígenas y afromexicano. De acuerdo con la Ley 701, en el artículo 26 se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a:

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.

Otra noción de gran relevancia prevaleciente en la estructura del gobierno comunitario es la del concejo. En el caso del municipio de Ayutla, la estructura organizativa de las comunidades está conformada por un Concejo de Autoridades, que a su vez tiene el apoyo moral del Concejo de Principales, que desempeña la función de aconsejar y proponer la resolución de conflictos civiles, agrarios o de seguridad. Para ser concejal debe cumplirse con el sistema de cargos comunitarios y, en el caso de las mujeres, cuya mayoría, debido a una cultura patriarcal y a entramados comunitarios, no ha ocupado cargos de comisarías, se toman en cuenta otros factores, como los conocimientos y la edad. En este sentido, el concejo representa una figura simbólica que acompaña y media. Es una figura ancestral que se encuentra en la estructura del gobierno comunitario y en el nombre de la misma, es decir, el concejo es la referencia histórica del papel de las y los principales (sabias y sabios), quienes tienen la tarea de aconsejar a las y los representantes y autoridades de la Honorable Casa de los Pueblos ante situaciones complejas, siempre en armonía con los acuerdos consensuados en asamblea; como dicen en las comunidades, “el pueblo manda, el concejo obedece” (notas de campo, 2019).

Para continuar con el hilo analítico de lo que implica ser gobierno comunitario es importante subrayar, además de las figuras expuestas, dos elementos que caracterizan la estructura del gobierno comunitario: la obra pública y la rendición de cuentas. Este punto lo registro de manera somera, a partir de la selección de San José la Hacienda, ubicada a siete kilómetros de la cabecera municipal y aglutinada a la CRAC-PC. De acuerdo con Rosario Carbajal, enlace comunitario y quien pertenece a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la rendición de cuentas comunitaria implica exponer ante las comunidades el presupuesto asignado para cada obra pública. Hasta el segundo año de gestión, todas las localidades del municipio han recibido obra pública, que se determina según las problemáticas de cada población, a diferencia de antes cuando, señalan, “las obras ni nos llegaban” (notas de campo, 2019).

En esta localidad, en el año 2019 se pavimentaron 210 metros de calle principal e instalación de sistema de drenaje; en el año 2020 se pavimentaron 390 metros de calle y se rehabilitó la tubería de agua, y para el año 2021, se solicitó pavimentación de 340 metros de calle, la construcción de un puente y rehabilitación de la tubería de agua potable. Cada año se gestionan 140 obras, una por comunidad, por ende, durante el trienio de este gobierno se tendrán 420 obras [notas de campo, 2019].

Dentro de las obras comunitarias de mayor impacto social se encuentra el Hospital General, el cual dará atención a más de 63 000 habitantes de la Costa Chica y contó con una inversión de 152.4 millones de pesos.

Por otro lado, el Concejo de Seguridad y Justicia es de suma relevancia en la estructura del gobierno comunitario y refleja la huella que dejaron las comunidades, que desde 2012 emprendieron acciones para expulsar a los “chicos malos”¹ de sus territorios. Resulta impensable aludir al gobierno comunitario sin analizar los antecedentes históricos de los sistemas de seguridad ciudadana y comunitaria del municipio. En el caso de Guerrero, no es un mito que la UPOEG ha sido el principal sujeto político que escombró los senderos hacia la construcción de un modelo de autonomía indígena que se gestó, sin dudas, en escenarios complejos y en el marco de violencias, entendidas a partir de estructuras sociales que producen distribuciones inequitativas del poder y de los recursos (Weigert, 1999 cit. en ^{La Parra y Tortosa, 2003: 70}).

¿Por qué el Concejo de Seguridad y Justicia lo preside una representante de El Mezón? En términos antropológicos, no fue casual que las y los representantes eligieran a Patricia Ramírez como coordinadora de este concejo. Por una parte, El Mezón ha sido una comunidad no sólo emblemática para la lucha colectiva, sino también impulsora de articulaciones en defensa de la territorialidad. Patricia es oriunda de esta localidad, donde nueve años atrás se organizaron para hacer frente a la problemática social que atravesaban las comunidades debido a las violencias protagonizadas por el crimen organizado: “Es aquí donde nace todo y desde aquí se pensaron los ideales del proyecto de desarrollo integral de los pueblos” (Gallardo, 2012 cit. en ^{Tabares, 2020: 45}). En aquellos años permeaba el miedo colectivo a causa del hostigamiento hacia los ganaderos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa. Fue en esa misma comunidad que durante enero de 2012 y sin presupuesto económico se organizaron para capturar a 54 personas de diversos municipios, vinculadas al crimen organizado, quienes fueron resguardadas en la comisaría de El Mezón. Posteriormente, el 31 de enero de 2013, las 54 personas se presentaron ante los medios de comunicación en la Primera Asamblea del Tribunal Popular, donde los policías del pueblo participaron como grupos de autodefensas (^{Tabares, 2020}). Este hecho fue histórico porque las víctimas dieron sus testimonios (verbales y escritos) de las atrocidades protagonizadas por el crimen organizado.

Por otra parte, la elección de Patricia como coordinadora se debió asimismo a su activismo y agencia: “no nací con el gobierno comunitario”, expresión que remite a su militancia en el Movimiento Afromexicano desde 2011. A partir de esta plataforma, fue adquiriendo una relevancia simbólica tanto para las mujeres como para los hombres por su interés, dinamismo y “porque siempre ha estado muy activa” (notas de campo, 2019), pese a que inició “repartiendo café en las asambleas” (Patricia, comunicación personal, 2020), es decir, el activismo que la llevó a configurar un perfil político siempre fue visible.

Hoy en día, siete años después, en la cancha frente a la comisaría de El Mezón, en el mismo lugar donde se realizó la Primera Asamblea del Tribunal Popular, se efectúan con frecuencia asambleas municipales del Concejo de Seguridad y Justicia, en las cuales los policías ciudadanos y comandantes evalúan el panorama de inseguridad que se vive en el municipio y proponen estrategias para enfrentar al crimen organizado.

El nombre del área de Seguridad (en la estructura tradicional del Ayuntamiento) cambió a Guardia Municipal Comunitaria, que depende y se desprende del Concejo de Seguridad y Justicia. Este sistema se pensó a raíz de la experiencia del SSyJC-PC de la UPOEG, que ha funcionado en la zona como catalizador de la paz para regresar la tranquilidad que se había perdido en las comunidades, debido al azote de la violencia estructural. El Concejo de Seguridad y Justicia tiene la tarea de brindar seguridad al municipio y lo hace coordinándose con los sistemas del SSyJC-PC de la UPOEG, al que pertenecen 90 comunidades, y de la CRACPC, al que pertenecen 30. Por tanto, la forma de impartir justicia se relaciona con el sistema de reeducación, inherente al sistema comunitario de los pueblos. Se encarna, pues, en esta estructura, el coraje y el hartazgo colectivos que impulsaron años atrás a las comunidades a la defensa del territorio para diseñar nuevos horizontes de emancipación social a partir de prácticas concretas en un contexto donde las violencias llegaban a cada rincón de las localidades y para dar respuesta a un problema concreto: la inseguridad en Ayutla. La incorporación de este Concejo de Seguridad y Justicia en la estructura del gobierno comunitario le ha valido aplausos, pero también críticas y resistencias, sobre todo con los señalamientos por parte de los viejos cacicazgos políticos y de poderes fácticos, punto que analizo a continuación.

El 1º de marzo de 2020 fue un día emblemático en Guerrero: se conmemoró el CLXVI Aniversario del Plan de Ayutla. Este evento se llevó a cabo en la cabecera municipal de Ayutla; en la mesa de presídium estaban los coordinadores del Concejo Municipal Comunitario, Longino Julio Hernández (na sávì) e Isidro Remigio Cantú (mè`phàà), la coordinadora del Concejo de Seguridad y Justicia, Patricia Ramírez (mestiza), el gobernador del estado, Héctor Astudillo, junto a diputados y senadores. Entre algarabía y música de tambores se realizaba el desfile cívico donde participaban las diversas comisiones del gobierno comunitario, las escuelas y los policías ciudadanos de la UPOEG y de la CRAC.

También desfiló un grupo minoritario de opositores mestizos que protestaban contra los usos y costumbres, provenientes de las colonias de la cabecera: La Villa, Nueva Revolución, Cruz Alta, Miguel Hidalgo y Barrio Nuevo. Algunos llevaban pancartas exigiendo la intervención tanto del IEPC-Guerrero como del Instituto Nacional Electoral para realizar una consulta para seleccionar el método de elección en el próximo proceso electoral (2021). Mientras desfilaban, insultaban a las autoridades comunitarias, en especial a la coordinadora Patricia, por ser joven y por ser una cuadrillera. Este concepto conlleva una connotación negativa y en él opera la colonialidad del poder, mediante el racismo como fórmula: “dicen que este gobierno es de indios, que es de los cuadrilleros, los que somos de comunidad, que nos larguemos a gobernar a nuestros pueblos, y a las mujeres nos agreden más” (Patricia, comunicación personal, 2019). Éste no es el primer acto de resistencia que enfrenta el gobierno comunitario. He documentado, en términos etnográficos, diversos eventos de disputas políticas a lo largo de los tres años de gestión. Patricia explicó: “estos actos de racismo y clasismo los vivimos diario; según los mestizos, no merecemos estar en un puesto de toma de decisión porque no tenemos el poder político y económico que ellos sienten perdido”.

Por su parte, Rosario Carbajal (entrevista personal, 2020) señaló actos de discriminación: “que somos personas sucias, que no hablamos bien el español, que las mujeres representantes somos ‘putas’, que nos metemos con hombres del concejo por dinero”. Estas expresiones racistas reflejan cómo cultural e históricamente se han construido los roles asignados a las y los actores indígenas y afromexicanos. Es innegable que este discurso de que los cuadrilleros “deben estar en sus comunidades o vendiendo en el mercado” (notas de campo, 2019) encuentra una “justificación ideológica de la jerarquización de la fuerza de trabajo y de la redistribución sumamente desigual de sus recompensas” (^{Wallerstein, 2013: 68}). Empero, prevalece una especie de aceptación por parte de la élite política mestiza y son “solidarios con ellos” únicamente en su dimensión específica de campesinos. Aquí entiendo al racismo como el “conjunto de enunciados ideológicos combinados con un conjunto de prácticas continuadas cuya consecuencia ha sido el mantenimiento de una fuerte correlación entre etnia y reparto de la fuerza de trabajo a lo largo del tiempo” (^{Wallerstein, 2013: 68}). Ahora, los pueblos indígenas y afromexicano cuestionan la “normalidad” de los actos y discursos racistas que han prevalecido en la vida cotidiana del municipio, y así rompen con el discurso de antaño de “normalización y sujeción”.

Hasta la fecha, este grupo de oposición continúa realizando confrontaciones, protagonizadas sobre todo por Rutilio Espíndola Castro, delegado de la colonia Barrio Nuevo, quien presentó impugnaciones durante la etapa jurídica del proceso; además ha promovido, junto a 20 actores más, vinculados con la expresidenta de Ayutla, Hortencia Aldaco, una consulta para que “regrese” el sistema de partidos políticos: “estamos solicitando una nueva consulta pública, porque salieron peor que con los partidos políticos” (^{Guzmán, 2019}). Este grupo de oposición, que se ha aglutinado en el Frente por la Democracia de Ayutla, tiene entre sus principales inconformidades que la UPOEG es el “brazo derecho” del gobierno de usos y costumbres, y ha lamentado que el control de la seguridad no corresponda a la policía municipal (^{Guzmán, 2019}).

Si bien es cierto que el proceso de disputa jurídica que duró cuatro años (de 2014 a 2018) fue encabezado por Manuel Vázquez, nombrado por el Concejo Municipal de Autoridades Civiles, Agrarias y Promotores, la UPOEG, como sujeto político, no forma parte de la nueva estructura del gobierno comunitario. Sin embargo, las resistencias y tensiones señaladas no nacieron con el gobierno, sino que existieron desde la etapa organizativa; muestra de ello se reflejó en los resultados de la primera y segunda consultas efectuadas por las autoridades electorales. En la primera hubo 5 987 votos a favor del sistema electoral de usos y costumbres y 5 521 a favor del sistema electoral de partidos políticos, con 476 abstenciones (Acuerdo 196/SE/22-10-2015), mientras que en la segunda consulta resultaron 7 223 votos por el modelo de elección de representantes sin la participación de los partidos políticos, frente a 5 971.

Ahora tocaré las violencias políticas de género. Las mujeres indígenas y afromexicanas tuvieron una participación previa a la elección del 15 de julio de 2018 para la definición del modelo de elección por usos y costumbres. Según consta en las actas de cada asamblea comunitaria, 6 964 mujeres emitieron su opinión en la consulta, frente a 6 724 hombres. En esta participación por comunidades y delegaciones, se identificó que en la zona rural la participación femenina fue menor: 5 185 mujeres (49.94 por ciento) en contraste con 5 197 hombres (50.06 por ciento). Mientras que en cada colonia la participación de las mujeres tendió a ser más efectiva y hubo mayor presencia de ellas en las asambleas: 1 779 mujeres (53.81 por ciento) a diferencia de 1 527 hombres (46.19 por ciento).

Con relación a las mesas de debates, instancias encargadas de coordinar los trabajos en las asambleas, se percibió que aún era escasa la presencia de las mujeres respecto a la preponderancia de los hombres (^{IEPC-Guerrero, 2018: 114-115}). Esto significa que la participación política de las mujeres en la zona rural en comparación con la urbana era minoritaria debido a la falta de acceso a la educación, a los altos índices de analfabetismo y al desconocimiento de sus derechos político-electorales:

En ambos casos, la ausencia del hombre (esposo) en los hogares, ha obligado que la mujer asuma los roles de jefa o cabeza de familia, lo que la coloca en el estatus de asumir las responsabilidades con la colectividad, es decir, cumplir compromisos con la comunidad-colonia, que son asignados en la asamblea comunitaria [^{IEPC-Guerrero, 2018: 114-115}].

En este sentido, se llevaron a cabo dos talleres orientados a promover los derechos político-electorales de las mujeres, con el título: “Participación ciudadana con perspectiva de género en el proceso electivo por sistemas normativos propios 2018”, donde se capacitó un total de 110 personas (35 hombres y 75 mujeres); la identificación de su asistencia por origen étnico fue de 44 mestizas, 12 de origen mè`phàà o tlapaneco, 14 de origen tu’un savi o mixteco, una afromexicana y cuatro no especificaron, la mayoría entre 20 y 50 años. De ellas, ninguna había sido comisaria o suplente, siete se habían desempeñado como funcionarias municipales, 57 como representantes o promotoras de su comunidad o colonia y 11 como consejeras de su colonia, comité del pueblo o delegada (^{IEPC-Guerrero, 2018: 118}). Se observó que las mujeres se han topado con un sinfín de desafíos, como se registró, previo al proceso electivo, de manera puntual en la comunidad El Piñal, donde los ciudadanos manifestaban que no había mujeres para que se pudieran postular al cargo de representantes, debido a que la mayoría eran casadas, con hijos y responsables del hogar, lo que les dificultaría cumplir con el cargo encomendado (^{IEPC-Guerrero, 2018: 118}); asimismo hubo comunidades en las cuales las mujeres señalaban que “necesitaban el consentimiento del esposo”. En los escenarios donde las mujeres jóvenes indígenas encontraron mayores dilemas fue clave la participación de las ancianas y los ancianos (denominados principales) “que en ese momento hacían el llamado a dar oportunidad que también las mujeres saben gobernar y cumplir con las obligaciones comunitarias” (^{IEPC-Guerrero, 2018: 118}). Una de las violencias políticas contra las mujeres en razón de género que han enfrentado las mujeres autoridades ha sido la invisibilización de sus aportaciones: “mucho en las asambleas hemos reclamado que la lucha no es de hombres, que hay mujeres que estamos participando y merecemos el reconocimiento” (Patricia, conversatorio virtual, 2020). Enseguida expongo de manera breve, a partir de tres casos, cómo las mujeres, en cuanto autoridades, lidian con mayores obstáculos estructurales que los hombres a la hora de ejercer un cargo comunitario.

El primer caso corresponde a Patricia Ramírez Bazán, quien en calidad de coordinadora municipal ha enfrentado, a diferencia de sus compañeros coordinadores, mayor violencia política de género en el ejercicio de sus funciones públicas. Ella asume el Concejo de Seguridad y Justicia y constantemente es atacada en redes sociales mediante campañas de desprestigio; narra cómo también existe la violencia política dentro del propio Concejo Municipal:

Yo creo que se vive la violencia también al interior con los mismos compañeros, aunque ellos tienen el mismo rango que tú, no falta el compañero que te dice “sírveme la comida”, el hecho de que nosotras somos mujeres autoridades no nos exime de violencias hacia las mujeres, el ser una mujer autoridad no garantiza que no te van a discriminar [Patricia, conversatorio virtual, 2020].

Otro experiencia de violencia política que vivió Patricia fue cuando actores del Concejo Municipal trataron de destituirla de sus funciones debido a pleitos internos y a que tenía permiso y licencia por maternidad y problemas de salud, pese a que había informado en tiempo y forma de “su situación de salud y recomendaciones médicas a las cuales estuvo sujeta”. En abril de 2020 se convocó una asamblea donde como quinto punto del orden del día se analizó “su inasistencia en los diversos momentos de las sesiones desarrolladas en meses anteriores” y donde se sometieron dos propuestas: a) si seguía desempeñando sus funciones de coordinadora municipal y b) si entraba en funciones Sara Olivera Tomás, coordinadora suplente, a desempeñar el cargo de coordinadora titular. La asamblea decidió: 183 votos a favor de que Patricia continuara con sus funciones como coordinadora propietaria, 29 votos en contra y 65 abstenciones. Sin duda, las mujeres autoridades enfrentan el cruce de sistemas de opresión y desigualdades interseccionales en el marco de una cultura patriarcal, ya que la coordinadora, al igual que los coordinadores que han tenido problemas de salud, han informado mediante oficios, pero a ellos nunca se les ha cuestionado ni se ha planteado la posibilidad de destituirlos como a Patricia (notas de campo, 2020).

El segundo caso es el de Rufina Jiménez Avilés, representante de la colonia Justicia Agraria -ubicada en la cabecera municipal-, y quien fue elegida por la asamblea de su colonia. Rufina se fue involucrando en el proceso de lucha colectiva para la búsqueda del derecho a la libre determinación y cuenta cómo, a partir de que asumió su cargo como enlace entre su colonia y el gobierno comunitario, empezó a identificarse con mayor orgullo con su pueblo na sávì. Recuerda que antes sabía que era indígena, pero era tímida y le daba vergüenza ser juzgada en una colonia de “puros mestizos”: “mi madre era orgullosamente una mujer ñuu savi del pueblo de la lluvia”, su madre siempre la impulsó a “no avergonzarse de sus orígenes”. Rufina es la representante de la Comisión Municipal Comunitaria de la Mujer, y junto con otras mujeres autoridades ha fomentado cursos y foros para impulsar una vida libre de violencia. Sin embargo, a ella misma le ha costado afrontar esta temática dado que es una mujer indígena que vive en una colonia mestiza, lo cual le ha valido más críticas que reconocimientos, y ha estado expuesta a “chantajes y presiones” por parte de habitantes de su colonia en razón de su identidad.

Las mujeres indígenas que viven en la cabecera, y a diferencia de las mestizas, debido al racismo estructural son marcadas con la categoría de las otras, que se traduce en pobres, campesinas, sin razón, pata rajada, cuadrilleras y son arduamente criticadas (notas de campo, 2019). Estas descalificaciones racistas se expresan en la praxis y en los discursos de la clase mestiza y política tradicional. Rufina reflexionaba sobre las dificultades que tienen las mujeres y lo difícil que ha sido dialogar con quienes no comparten la visión del gobierno comunitario, primordialmente los basificados (trabajadores contratados por la anterior administración), y narra que desde que comenzó su tarea comunitaria siempre está recibiendo “chantajes laborales” por parte de las personas representadas: “si no haces esto bien, te sacamos”, “eso pasa por haber elegido a una india”, “hubiéramos elegido a una mestiza”, “a la hora que queramos te vamos a remover del cargo”, “no sirves como representante”, “no nos comunica nada” (notas de campo, 2019). Parecieran expresiones simples, pero conllevan una carga de violencia de género y producen estrés a las mujeres autoridades, ya que prevalece la normalización de una cultura de violencia contra la mujer en el municipio debido al entrecruzamiento de sexismo, etnicidad, androcentrismo, machismo y género.

El último caso registrado atañe a Demetria Basurto Silva, del pueblo mè`phàà; es madre soltera y representante de la colonia La Esperanza (ubicada al lado de la cabecera municipal); pertenece a la Comisión Municipal Comunitaria de la Mujer y ha estado expuesta a chantajes laborales y presiones por parte de las autoridades locales. Mientras desayunábamos en el mercado de la cabecera municipal, narraba cómo ha enfrentado múltiples violencias a lo largo de su vida, lo cual le ha permitido “tener un carácter más fuerte”. Demetria contaba que las autoridades de su colonia, nombradas mediante asamblea, la invitan a “apoyar” a la comunidad mediante “un recurso económico obligatorio cada mes”, con el argumento de “apoyo solidario para la comisaría o para los policías ciudadanos SSyJC”. Este hecho significa una violencia política de género que se disfraza, en términos de la representante, de un discurso de “apoyo comunitario”. Sin embargo, ella ha expresado su inconformidad, pero, al igual que otras mujeres autoridades, es “casi obligada” a aportar 500 pesos al mes; al mismo tiempo, narró que de forma habitual quieren chantajearlas: “si no dan su cooperación, se les puede remover de su cargo” (notas de campo, 2019). Esta problemática se denunció con mayor énfasis durante el curso “Gobernanza comunitaria con perspectiva de género”, realizado en 2019, donde varias mujeres autoridades indígenas testimoniaron que viven la misma violencia política que Demetria y que este tipo de violencia está, en la mayoría de los casos, normalizada, invisibilizada y aceptada culturalmente en las comunidades.

Por último, quiero plantear cuatro reflexiones. La primera tiene relación con las disputas y las resistencias, pues, como se vio a lo largo del análisis, a raíz de un gobierno comunitario salen a la luz estructuras racistas que han operado de manera invisible en la cabecera municipal y que nunca han sido cuestionadas bajo el sistema de partidos políticos. En este sentido, la participación del sujeto indígena movilizado en el campo político resulta “ofensiva”, porque es un lugar que históricamente le ha sido negado en la construcción del Estado-nación. Ahora, los pueblos indígenas y afromexicano, como colectividad, cuestionan la “normalidad” de actos racistas y la dominación étnica y de género para construir nuevas formas de resistencia al hacer y ser gobierno comunitario. Hacer y ser gobierno comunitario no ha resultado sencillo, y quienes han sido más violentadas son las mujeres autoridades, como el caso del asesinato de Carolina García Macario, contralora interna del Concejo Municipal Comunitario, ocurrido el 11 de diciembre de 2020.

Esto se vincula con la segunda reflexión: el significado de la paridad en el gobierno comunitario aún enfrenta desafíos debido a la cultura androcéntrica, es decir, la paridad de género está vigente como principio garante de la participación política de las mujeres en las mismas condiciones materiales y simbólicas que los hombres, no obstante, este principio se encrudece en la realidad. La participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la estructura del campo político implicó un cambio, por ello, la participación de las 140 mujeres, de las cuales sólo 11 ocupan cargos de toma de decisiones, trae consigo conflictos y dilemas. Por tanto, se suele escuchar reclamos entre las gobiernas:² “tenemos voto, pero no voz” (notas de campo, 2019).

Como tercera reflexión, hay que reconocer la pluralidad de ideologías en las comunidades y los dilemas actuales que prevalecen debido a alianzas políticas entre liderazgos indígenas y afromexicanos y liderazgos mestizos de los partidos políticos para “atacar y deslegitimar” a las y los representantes electos mediante asamblea. También es menester reconocer los diferendos dentro del propio Concejo Municipal, como fue el reciente hecho que desembocó en que la coordinadora Patricia y el coordinador Longino cesaran de sus funciones al coordinador de la zona Mè`phàà por señalamientos de supuesta “corrupción y mal manejo de recursos”. Empero, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero restituyó en sus funciones al tesorero municipal comunitario, Isidro Remigio (Resolución TEE/JEC/066/2020).

Por último, pese a que la oposición política y mestiza ha solicitado al IEPC-Guerrero que se efectúen consultas para determinar el modelo de elección de autoridades municipales de Ayutla, las elecciones municipales del proceso electoral 2020-2021 se realizaron mediante sistemas normativos internos, lo que significa la vigencia de las normas, los procedimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. Es decir, el gobierno comunitario confronta la “ideología global” que ha justificado la desigualdad (Wallerstein, 2013), resignifica la praxis política y marca una ruptura con un sistema que ha alimentado histórica y sistemáticamente la inequidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afromexicano de Guerrero.