A la memoria de Angela Giglia,

amiga y maestra imprescindible

para la comprensión de lo urbano

En las últimas décadas, la seguridad y la inseguridad asociadas a actividades consideradas criminales se han establecido como un problema medular en las ciudades contemporáneas y, por ende, en objeto de preocupación e interés recurrente en amplias esferas de lo social, que ha transformado y transforma los modos de vida.

La complejidad de este par conceptual con fronteras indefinidas que aquí manejamos como (in)seguridad se revela en varias dimensiones. Por señalar algunas, pensemos en cómo define la orientación de diferentes políticas públicas y económicas; cómo influye en las áreas de intervención y acción de organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales; cómo promueve la vigoro sa expansión del mercado de la seguridad con multiplicidad de ofertas de bienes y servicios; cómo se ha convertido en la materia central de la cobertura y producción de contenidos mediáticos; y, finalmente, en cómo devino uno de los principales temas de consternación cotidiana entre los más diversos tipos de habitantes urbanos, que reconfigura y organiza sus afectos, relaciones, significados y prácticas, y que habla de un contexto social tanto conflictivo como complejo, atravesado por la violencia interpersonal y su espectralidad acechante, así como por distintas desigualdades y exclusiones.

Con mucha frecuencia, la (in)seguridad emerge en discursos y conversaciones como una categoría autoevidente. Es decir, se encuentra inscrita en la producción de renovados sentidos comunes que no sólo fijan definiciones, asociaciones y exclusiones sobre los sujetos, objetos y lugares, sino que también establecen campos, problemáticas y soluciones. Sin embargo, esta aparente dimensión consensual da cuenta del alcance de cierta posición hegemónica de un proyecto sociocultural de seguritización de las sociedades, que no ha sido ajeno a los procesos de neoliberalización de las últimas décadas.

Esta situación hace imprescindible una antropología de la (in)seguridad¹ que, desde la reflexividad crítica propia de la investigación etnográfica, permita comprender tanto la heterogeneidad de procesos, experiencias y sentidos como las contradicciones, conflictos y disputas en los que se despliega la (in)seguridad a ras de piso, en la vivencia cotidiana de la gente. Esta antropología de la (in)seguridad debe ser capaz de revelar las relaciones de poder y sus implicaciones con la economía-política y con procesos y condiciones de desigualdad, de privilegio y exclusión; de permitir desmitificar los conceptos y planteamientos normativos; y desnaturalizar los sentidos comunes, como las categorías dicotómicas opuestas a través de las cuales se estructura su definición en distintos discursos dominantes: legal-ilegal, ciudadano-criminal, policía-delincuente, Estado-caos, orden-violencia (^{Goldstein, 2010}; ^{Moctezuma Mendoza y Zamorano Villarreal, en prensa}).

Los cinco artículos de este dossier participan de este esfuerzo. Se trata de análisis etnográficos sobre procesos donde la (in)seguridad ocupa un lugar central:² ya sea porque constituye una dimensión fundamental de la transformación histórica de la vida urbana en las últimas décadas y un elemento que marca los afectos y la experiencia cotidiana (Grimaldi y Moodie), así como porque -en contextos riesgosos, bajo la sombra de la violencia - la gente tiene que recurrir a distintas estrategias de seguridad en la lucha por forjar la continuidad de sus prácticas, a menudo fundamentales, no sólo para su reproducción social, sino también para la reproducción de la vida urbana. Esto se revela tanto en el abasto alimentario (Hayden) y la operación del Estado en lo cotidiano, a nivel de calle (Díaz), como en diferentes políticas e intervenciones socioespaciales con implicaciones profundas en la gubernamentalidad y la producción de espacios y lugares (Zamorano y Agudo).

El conjunto de los artículos que conforman este dossier traza un panorama amplio de la cuestión, con diversidad de dimensiones y aristas, que permite realizar algunas reflexiones críticas y, a la par, generar interrogantes y líneas de investigación por explorar en el estudio de la (in)seguridad. Empezaremos precisando algunas de las contribuciones teóricas y empíricas en los trabajos individuales, para después ofrecer algunas sugerencias en su lectura transversal.

Grazzia Grimaldi y Ellen Moodie, analizando la ciudad de San Salvador en la posguerra, proponen la triada conceptual saber, no-saber y desconocer, para entender la transformación de las condiciones de inseguridad y la dinámica de incertidumbres y “certezas” que estructuran su experiencia, en la medida que los actores se esfuerzan por hacer predecibles los peligros. Este saber y no-saber debe enmarcarse, sin embargo, en relación con el desconocer, entendido como los ejercicios de poder que construyen narrativas y representaciones que informan el “saber” de la inseguridad, ocultando relaciones estructurales de desigualdad, así como intereses y vínculos políticos que la constituyen.

Tiana B. Hayden, enfocándose en un eslabón de la cadena de abasto alimentario: los comerciantes mayoristas de la Central de Abasto de la Ciudad de México, profundiza en el análisis y conceptualización de la intermediación. Se trata de un tema que ha sido central en la teoría antropológica. Entre otros aspectos, su trabajo muestra que la intermediación, siempre marcada por la opacidad, sirve para conectar y aproximar actores, bienes y recursos en el espacio físico y social, pero, además, en contextos de fuerte inseguridad puede servir también como un mecanismo deliberado de distanciamiento, protección y cuidado (que, pese a ello, no logra conjurar por completo las sospechas e incertidumbres).

Arturo Díaz analiza cómo burócratas de bajo rango, que laboran a nivel de calle, enfrentan la inseguridad en un vecindario en el que imperan fuertes violencias y animadversión contra el Estado. El autor muestra cómo difuminan su carácter de funcionarios y los marcos normativos que rigen su actividad y, paralelamente, configuran su relación con la población local en términos de reciprocidad e intercambio de favores. La seguridad se entiende como uno de los objetos tácitos de intercambio que los agentes estatales esperan recibir. Asimismo, la seguridad y las relaciones establecidas por estos actores, caracterizadas más bien por la informalidad, los vínculos personales y afectivos se revelan como claves para facilitar la operación de otras instancias del gobierno en el ámbito local.

Se ha planteado que uno de los efectos principales de la inseguridad, en particular en contextos marcados por violencias, es la ruptura de lazos sociales y la pérdida de capital social comunitario derivado del desconocimiento, la falta de confianza y la sospecha mutuas. No obstante, la desconfianza no es simplemente una fuerza corrosiva de todo vínculo social (^{Carey, 2017}). Los trabajos de Hayden y Díaz muestran estrategias diversas a partir de las cuales los actores, atravesados por la desconfianza, (re)construyen relaciones y proximidades indispensables para la continuidad de sus prácticas.

Las dimensiones de la (in)seguridad no sólo se revelan en los modos de socialización entre los diversos actores que conforman lo urbano, sino también en los territorios, que son intervenidos para ser “gobernados”. Éste ha sido el caso de los muy estudiados “espacios fortificados” (^{Caldeira, 2007}) y la llamada “arquitectura del miedo” (^{Davis, 1991}). En una continuación crítica al debate sobre la inseguridad y la producción del espacio, Claudia Zamorano examina las lógicas de producción y de mantenimiento de paisajes de seguridad en la Alameda Central de la Ciudad de México y sus alrededores, un espacio que dista de la lógica de “lo cerrado”. Aquí se exploran las consecuencias de una triada conceptual entre renovación urbana, gentrificación y segurización, donde, si bien la arquitectura y el urbanismo no erigen fronteras agresivas que establecen una clara distinción entre el adentro y el afuera, no dejan de producir espacios excluyentes, tanto por el control de poblaciones y prácticas que se han dado, como porque, de manera más sutil, se forman estéticas que, siguiendo a ^{Rancière (1996)}, participan de un orden sensible que ha naturalizado la distribución desigual de agentes, objetos y lugares.

El punitivismo y la represión policial hacia los sectores populares es un tema central en la investigación de la (in)seguridad contemporánea, junto a las agendas económico-políticas que se persiguen a través de distintas medidas y políticas gubernamentales de seguridad (^{Wacquant, 2010}). Sin embargo, ésta no es la única forma en la que el Estado y otros actores pretenden establecer condiciones de seguridad en los espacios locales.

El artículo de Alejandro Agudo nos aproxima a esfuerzos por implicar la participación vecinal en la prevención del delito, a través de programas de “policía de proximidad”. En estas políticas se involucran una pluralidad de actores: organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades de gobierno y poblaciones locales, todos ellos con diferentes posiciones e intereses respecto de los objetivos, alcances y significados de las medidas; es decir, de la forma de construir “seguridad” y de lo que la seguridad conlleva. Si bien estos programas pretenden crear espacios democráticos de interlocución y participación con y entre la comunidad local, Agudo muestra que, lejos de ello −entre las disputas y negociaciones−, las autoridades de seguridad pública lo gran mantener su posición dominante y verticalidad, extendiendo a través de estos programas su control territorial (mediante la instrumentalización de los vecinos involucrados) y reproduciendo distintas violencias y desigualdades del ejercicio policiaco (e. g. estigmatización y criminalización de poblaciones, revictimización, formación de relaciones clientelares).

Estas síntesis nos permiten ver cómo cada uno de los cinco artículos que conforman este dossier entraña distintas contribuciones singulares al debate multidimensional de la (in)seguridad. Empero, también queremos invitar a los lectores a su lectura transversal, pues el rejuego temático y de escalas que presentan la colectividad de los artículos del dossier permite poner en cuestión distintas prenociones y asunciones conceptuales presentes en el campo, además de plantear reflexiones y preguntas que contribuyen a avanzar en una aproximación antropológica crítica a la (in)seguridad en la experiencia cotidiana de las poblaciones urbanas. A continuación, queremos establecer algunas ideas y líneas de investigación organizadas en tres rubros: 1) el carácter polisémico, contradictorio y disputado de la (in)seguridad; 2) las relaciones entre el Estado y la (in)seguridad; y 3) las relaciones entre la (in)seguridad y las desigualdades socioeconómicas.

En primer lugar, la heterogeneidad de contextos, situaciones y procesos que exponen los diversos artículos, no sólo da cuenta de que la (in)seguridad es un objeto complejo, sino también contradictorio, atravesado por disputas, relaciones de poder y desigualdades.

La seguridad y la inseguridad no tienen un sentido sucinto, sino que se encuentra abierto, sujeto a discrepancias, controversias y discusiones. En los artículos de Díaz y Zamorano, por ejemplo, se hace evidente un conflicto entre la seguridad impulsada por las medidas y acciones del Estado vinculadas a la regulación y ordenamiento del espacio público y las necesidades y estrategias de sobrevivencia de los sectores populares vinculadas al trabajo callejero. En el caso de Zamorano encontramos que, mientras se generan condiciones de seguridad para los negocios y el consumo de sectores acomodados, se vulnera y coloca en situaciones de inseguridad a los desposeídos urbanos que acceden a ingresos a través del trabajo en la vía pública.

Identificamos también que los proyectos y acciones orientadas a la producción de seguridad tienen distintos intereses políticos en diferentes direcciones: Grimaldi y Moodie muestran que el gobierno salvadoreño es capaz de obtener réditos electorales no a través de la desaparición de la violencia criminal vinculada a las bandas, sino mediante su administración a partir de negociaciones clandestinas. Zamorano da cuenta de intereses económicos detrás de las medidas seguritarias. Y Agudo nos informa de dos proyectos políticos contrastantes en torno a los programas de policía de proximidad: por un lado, el impulsado por el grupo de activistas vinculados a una organización no gubernamental que imaginaron procesos de movilización y organización política comunitaria, con la conformación de instancias propias de representación y deliberación frente a las autoridades; por el otro, el de las autoridades gubernamentales que vieron la posibilidad de extender su “legibilidad” del territorio a través de la vinculación aislada de vecinos con la policía.

Una dimensión esencial de la experiencia de inseguridad es la ilegibilidad de los “otros”, lo que hace de la seguridad una situación frágil e inestable. Como muestran los trabajos, tanto las personas como los aparatos del Estado movilizan distintos recursos y estrategias para navegar cotidianamente en entornos percibidos como peligrosos o inciertos (Grimaldi y Moodie), ya sea transformando los paisajes urbanísticos para convertirlos en zonas “seguras” (Zamorano), haciendo uso de intermediarios para evitar el contacto con potenciales criminales (Hayden), estableciendo relaciones de familiaridad e intimidad (Díaz) o reconfigurando las relaciones policiaco-ciudadanas (Agudo). Lo cierto es que, en todos esos casos, las aspiraciones y expectativas por consolidar una seguridad suficientemente firme, sólida y definitiva se ven frustradas y sobrepasadas, en gran me dida, porque la fuente de los miedos está nutrida por figuras espectrales y difusas que emergen una y otra vez en interacciones sociales inevitables: por más que se invisibilice a los trabajadores domésticos o de limpieza, su trabajo es indispensable para conformar esos paisajes higienizados y sanitizados; del mismo modo, la intermediación trae consigo nuevas sospechas e ilegibilidades, así como las relaciones entre los burócratas de calle y las policías de proximidad nunca dejan de suscitar tensiones con las poblaciones estereotipadas y estigmatizadas.

Esta ilegibilidad se expresa también en el desdibujamiento de ciertas categorías y conceptos. Pensemos, entre otras, en categorías como la sociedad, los vecinos, los criminales, los funcionarios de gobierno, que a menudo se imaginan y aparecen en distintos discursos y análisis como aisladas e independientes, pero no así bajo la mirada etnográfica. Tanto Grimaldi y Moodie como Agudo muestran la forma en que en las comunidades locales se extienden lazos y complicidades de distintos tipos entre actores vinculados con actividades criminales y otros de los vecinos. Díaz señala cómo las autoridades piden una “mordida” a los comerciantes de Barranco que se encuentran en cierto incumplimiento legal, a cambio de no aplicar las sanciones reglamentarias, lo que algunos entendían como “un favor” y otros más bien como una “extorsión”, reforzando la asociación que habitantes de este barrio hacen de los funcionarios de gobierno como “rateros” o “ladrones”.

Esto último nos conduce a un segundo rubro relevante para analizar e interrogar, la relación entre el Estado y la seguridad. Como ha señalado ^{Goldstein (2010: 492)}, muchas investigaciones y planteamientos sobre el tema asumen al Estado como el “locus singular de la seguridad y el agente que la produce”. Los artículos nos presentan una realidad más compleja y contradictoria.

Se puede iniciar puntualizando que en los últimos años nos encontramos ante una dispersión de actores involucrados en la producción de seguridad en complementariedad con el Estado, o en sus márgenes, por ejemplo: 1) La proliferación de un mercado de agencias privadas de seguridad (^{Zamorano Villarreal, 2019}). 2) El despliegue de distintas políticas neoliberales, como los programas y proyectos de policía de proximidad estudiado aquí por Agudo, que suponen esquemas de coproducción de la seguridad trasladando a las comunidades locales y a los individuos la responsabilidad de la seguridad. 3) Diversas medidas y estrategias sociales para construir condiciones de protección, como las descritas por Hayden (véase también ^{Auyero y Kilanski, 2015}; ^{Díaz Cruz, 2019}; ^{Moctezuma Mendoza, 2019}). Estos aspectos convocan a una reflexión profunda sobre el Estado y el poder y “el rol que instituciones ‘no-estatales’, comunidades e individuos juegan en los procesos mundanos de gobernanza” (^{Sharma y Gupta, 2006: 9}).

Se tendría que continuar señalando que los agentes y acciones estatales también suelen ser significados y experimentados por distintas poblaciones no sólo como fuentes de inseguridad sino como perpetradores de violencia. Por un lado, nos encontramos con los procesos de estigmatización y criminalización de ciertas poblaciones, como los comerciantes callejeros (Díaz y Zamorano) y los jóvenes en condiciones de marginalidad (Grimaldi y Moodie y Agudo) objeto de persecución y represión policial. Por otro lado, con el propio involucramiento de agentes estatales con actividades y actores criminales persiguiendo intereses particulares (^{Auyero y Sobering, 2021}), lo que se presenta de forma especulativa a través de la circulación de “rumores” en el trabajo de Grimaldi y Moodie.

Además, la inseguridad vinculada a la proliferación de actores armados con gran capacidad de violencia muestra asimismo distintos límites de la soberanía estatal. Resultan significativos, en este sentido, los pactos y negociaciones del gobierno salvadoreño con distintos grupos pandilleriles en el artículo de Grimaldi y Moodie, así como, en el texto de Díaz, en una escala micro, las distintas estrategias de “evitación” con la que funcionarios estatales locales buscan eludir riesgos, pasando por alto distintas omisiones a la ley que tendrían que reportar.

Lo anterior, sin embargo, no contradice que, como señala ^{Goldstein (2010)}, la seguridad sea “una herramienta principal de la formación de Estado y la gubermentalidad en el mundo actual, aunque se trate de una que es constantemente retada y negociada por un rango de actores locales y de sujetos estatales” (487).

Para finalizar, es importante destacar, si bien de una manera somera por cuestiones de espacio, que, como se ha podido ver, existen distintas relaciones entra la (in)seguridad y la producción y reproducción de desigualdades. Para concluir queremos subrayar tres puntos.

En primer lugar está la estigmatización de distintos grupos de los sectores populares, así como la criminalización de sus prácticas, lo que tiene múltiples implicaciones en su vida diaria, además de ser constantemente hostigados, perseguidos y detenidos por la policía. Esto último, como ha señalado ^{Fassin (2019)} al revelar la discrecionalidad del trabajo policial, muestra que, más que hacer cumplir la ley, estas acciones policiacas refuerzan un orden social, recordando de manera ininterrupida a estos grupos su posición subalterna en la sociedad.

Al mismo tiempo, no obstante, como se ha resaltado en múltiples investigaciones, lo anterior no implica por fuerza que los habitantes de vecindarios marginados, hostigados una y otra vez por la policía, rechacen llanamente el trabajo policial. Por el contrario, a menudo demandan más atención del Estado y más trabajo policiaco, pero uno que se desarrolle de otro modo (^{Sampson, 2008}; ^{Díaz Cruz y Moctezuma Mendoza, en prensa}).

Por último, para cerrar la presentación del dossier, apuntamos que las desigualdades del orden social se refuerzan también en la extensión entre la población de ciertos discursos dominantes que sitúan las causas de la inseguridad en dimensiones morales e individuales, responsabilizando a los individuos y sus familias (en especial a las madres de familia), mientras que se desconocen las dimensiones estructurales y la distribución desigual de las desventajas.

La sección Investigación antropológica contiene cuatro artículos que tratan temas atractivos y novedosos. En los dos primeros se pone de relieve un diálogo sobre las condiciones y posibilidades epistemológicas dentro de la disciplina antropológica, pero también reflexionan sobre cómo las formas de producir conocimiento tienen repercusiones concretas en la manera en que construimos e interpretamos el mundo social. Así, en “Etnografías feministas en México: críticas de las nuevas generaciones de antropólogas”, Marisa G. Ruiz cuestiona la influencia que han generado las investigaciones antropológicas feministas en el quehacer etnográfico de las últimas décadas. Por medio de una revisión documental, Ruiz recoge algunos postulados centrales del pensamiento feminista desde la propia disciplina, mostrando la diversidad y pluralidad de sus contribuciones. Dicha pluralidad se manifiesta en la generación de un conocimiento interdisciplinario, el cual echa a andar recursos y tradiciones provenientes de distintos campos: teoría literaria, los estudios culturales, el cine, la poesía, el performance, entre otros; pero, además, el artículo subraya cómo el pensamiento transfeminista supone una ética y una política que, si bien parte de una crítica a los regímenes patriarcales y heteronormativos, extiende su potencial para pensar sobre otros modos de explotación y de desigualdad: capitalismo, colonialismo, racismo, clasismos. Así, el artículo sugiere que una de las principales contribuciones de las etnografías feministas consiste en abrir horizontes y posibilidades para concebir y “fabular otros mundos, cuerpos, territorios, sexualidades, experiencias, antropologías y devenires posibles”.

Por su parte, en el texto “Lucha de saberes. Lo posible como metáfora de interculturación en la educación superior comunal-comunitaria”, Susana Vargas explora ciertas narrativas comunitarias que aluden a la posibilidad de construir formas de conocimiento locales, promoviendo con ello la educación intercultural. Basada en un trabajo de campo que incluye entrevistas a egresados de la Maestría en Educación Comunal, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la autora examina las experiencias de las personas egresadas, con el propósito de analizar las trayectorias biográfico-educativas tras haberse formado en “proyectos etnopolíticos”. El trabajo describe y subraya los esfuerzos y labores llevados a cabo para constituir unas formas de conocimiento que partan de una reflexividad sobre la historia local, y que cuestionen los modos de generación de conocimiento hegemónicos. Recuperando algunos planteamientos de la pedagogía crítica y de los relatos de las personas egresadas del programa en cuestión, Vargas propone pensar en la metáfora de lo “posible” como “una forma de visibilizar conocimientos con una matriz cultural, que forman parte de las subjetividades históricas de las sociedades que han atravesado por procesos de colonización”, de modo tal que aparezca en el horizonte político la posibilidad de recuperar y elaborar saberes estructurados en un proceso de interculturación y descolonización.

Las dos colaboraciones restantes de esta sección coinciden en abordar el tema del desplazamiento y los cambios espaciales como estrategias que emplean las personas para navegar y enfrentar situaciones de vulnerabilidad. En ambas atisbamos cómo los sujetos, al ver en riesgo su propia integridad y la de sus familias (por enfermedad y/o precariedad), se ven forzados a llevar a cabo cambios en su vida cotidiana, al extremo de desplazarse territorialmente para hallar condiciones propicias para subsistir.

En “Trayectorias migratorias de los aymaras del altiplano peruano”, Duverly Joao, Javier Santos y Cliver Cahuanihancco parten de historias de vida de algunos aymaras emigrantes, que abandonaron el altiplano y buscaron en las zonas urbanas del Perú las condiciones materiales que les permitieran mejorar su condición social. Los autores examinan el éxodo provocado por la sequía de los años 1991 y 1992 en la región del lago Titicaca, lo que trajo consigo una crisis agrícola, pastoril y alimentaria. A través de las historias de vida expuestas, observamos los itinerarios de las personas que emigraron en aquellos años y los procesos biográficos por los cuales los aymaras fueron ajustándose a un entorno más próspero, como son las ciudades, pero el cual también manifiesta una herencia colonial hostil y discriminatoria hacia ellos. A pesar de las dificultades que han enfrentado, los autores muestran cómo los aymaras, forjando “espacios de inserción” entre ellos mismos, han alcanzado un reconocimiento social que les proporciona un lugar en la estructura económica urbana, lo cual es valorado entre ellos por lo que esto significa para las nuevas generaciones aymaras de migrantes.

Por último, en el artículo “Movilidad y condiciones de vida de pacientes en tratamiento de tuberculosis pulmonar”, Evangelina A. Bidegain rastrea las estrategias espaciales que siguen algunas personas en tratamiento farmacológico para enfrentar tuberculosis en Ensenada, Baja California. La etnografía se basa en un trabajo de campo efectuado con observación participante, entrevistas y acompañamientos en la vida diaria a quienes han estado sometidos al tratamiento, así como a miembros del personal médico en los centros de salud. El texto describe las distintas restricciones en la movilidad que supone el ser paciente de este tipo de tratamientos, debido a los riesgos percibidos por los mismos pacientes y sus círculos cercanos. Así, la autora detalla cómo las experiencias de estas personas están marcadas por procesos de aislamiento y segregación, pues se ven obligados a modificar sus rutinas cotidianas en cuanto a qué lugares pueden ir o no (si son espacios abiertos o cerrados), y subraya cómo surgen reacomodos y negociaciones sobre el habitar los espacios residenciales. A propósito de esto último, se exponen algunos cambios de uso del espacio al interior de las viviendas dada la presencia de un paciente de tratamiento anifímico. Adicionalmente, los recaudos y arreglos familiares al respecto llegan al grado de implicar mudanzas temporales encaminadas al aislamiento físico de los pacientes. El artículo representa un aporte relevante y novedoso que entrelaza las discusiones de la antropología médica y los estudios sobre movilidad en las ciudades.

El número de la revista cierra con dos reseñas, la primera, elaborada por Ivan Ismael Escoto, nos ofrece un comentario crítico al trabajo de Dominic Boyer (2019) intitulado Energopolitics: Wind and power in the Anthropocene. Se trata de una investigación etnográfica multisituada que pone sobre la mesa las tensiones políticas, económicas, sociales y culturales en torno a la producción de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Escoto pone el acento en dos contribuciones de este libro: un método etnográfico y un conjunto de conceptos novedosos en torno al Antropoceno.

Por su parte, Susana M. Naranjo reseña Los hijos de Gregoria: Relato de una familia mexicana, publicado en 2020 por Regnar Kristensen y Claudia Adeath. Es una obra de etnografía situada en una colonia popular de la Ciudad de México, donde los autores compartieron ocho años con una familia a cuya cabeza está Gregoria, madre sola de siete hijos. Sin duda, el libro lleva a pensar -quizá porque es un subtexto- en Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, no sólo por el estilo de escritura en relato directo, sino por las controversias potenciales que entraña.