Introducción

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) es un mecanismo complejo de movilidad entre México y Canadá, que forma parte de un modelo de migración laboral que el gobierno canadiense ha implementado con diversos países para dar solución a la carencia de trabajadores en sectores con condiciones laborales precarias; a la vez, controla la inmigración con la finalidad de continuar la construcción de una nación que selecciona con minuciosidad aquellos cuya inmigración conviene y aquellos de los que sólo se requiere la fuerza laboral de manera temporal (^{Simmons, 2010}).

Para México, el programa representa un mecanismo para paliar la crisis en la que se encuentran familias que tradicionalmente vivían de la agricultura no industrializada, pero que, a raíz del Tratado de Libre Comercio, enfrentaron problemas de sustentabilidad. En 2020, México cumplió 46 años en el PTAT y en 1989 se incorporaron mujeres. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en 2019 migraron 25 637 hombres y 770 mujeres.

El riguroso reclutamiento y la flexibilidad del contrato laboral son claves para que el programa sea aprovechado por los empleadores canadienses, las instituciones mexicanas e incluso organismos internacionales que lo consideran una buena práctica de movilidad laboral: ordenada, segura y regular (^{STyPS, 2018}). Para ser reclutado es indispensable:

ser de nacionalidad mexicana y residir en territorio nacional, ser jornalero agrícola o campesino y vivir en zona rural, tener entre 22 y 45 años, contar con una escolaridad mínima de tercero de primaria y máxima de primero de preparatoria, ser casado o vivir en unión libre y tener hijos, preferentemente. Asimismo, pueden ser candidatos los solteros que demuestren tener dependientes económicos [^{STyPS, 2019}].

Estos requisitos son muy importantes para asegurar la estabilidad y eficiencia del programa, salvaguardando así los intereses de los distintos actores canadienses involucrados. Los familiares aseguran que el trabajador volverá a su país de origen. Con el nivel de estudios solicitado se garantiza que tengan habilidades de lectoescritura para entender las indicaciones de los empleadores y que dichas habilidades no sean suficientes para hacer valer sus derechos. Por tanto, se busca sólo que obedezcan y se centren en el aspecto laboral (^{Castracani, 2018}).

Si se analiza el éxito del programa desde una perspectiva que considere distintas dimensiones, éste es relativo. Por ejemplo, desde la situación de precariedad, explotación e incertidumbre que viven la mayoría de los jornaleros, podríamos argumentar que no ha sido del todo benéfico. Se ha documentado cómo los migrantes que pertenecen a los esquemas de trabajo de bajas habilidades comparten experiencias comunes de explotación, concluyendo que ésta no es aislada ni anecdótica, sino que es endémica, sistémica (^{Díaz Mendiburo et al., 2017}; ^{Faraday, 2012}). Asimismo, los activistas han denunciado la violación de derechos por los empleadores y por las instituciones que administran el programa.

Pese a todas las denuncias de abusos, el PTAT recluta cada vez más trabajadores, y los gobiernos canadiense y mexicano se amparan en un memorando de entendimiento que justifica la legalidad del programa y en el aval de organismos internacionales que lo consideran un modelo a seguir. Las condiciones de precariedad, discriminación y explotación se encuentran cada vez más normalizadas por los distintos actores involucraos en el funcionamiento del programa: empleadores, comunidades, servidores públicos e incluso por los propios trabajadores. Estos últimos experimentan una incertidumbre constante, pues están constreñidos por diversas reglas formales e informales que regulan su vida personal y laboral y que, de no cumplir, ponen en riesgo su contratación.

Canadá y México, a partir de una red de instituciones, están muy presentes en la cotidianidad de los trabajadores. Debido a que éstos son imprescindibles para la agroindustria canadiense y su competitividad a nivel global, entre otras cosas, los gobiernos de ambos países han recurrido a medidas de control para asegurar la flexibilización de su trabajo y de sus condiciones de vida desde el momento en que son reclutados, pasando por su estancia en Canadá y hasta su retorno.

Al ser “el estado” un concepto tan impreciso (siguiendo a García Reyes y Sanabria, escribimos “estado” con minúscula deliberadamente para reflejar desde la escritura que “el estado” es una idea abstracta, de carácter “contingente e histórico” [2016: 19]) abonamos a su entendimiento a partir de las prácticas estatales implementadas por los países del PTAT. Este artículo se centra en la teoría de la antropología del estado, la cual considera a éste un ente abstracto y afirma que no es un objeto material, sino una idea que se presenta en el entramado de las relaciones sociales cotidianas, mediante prácticas localizadas y técnicas que posibilitan que esa “idea del estado” (^{Abrams, 1988}) se concrete (^{Abrams, Gupta y Mitchell, 2015}).

Partimos del supuesto de que el estado se construye a partir de las relaciones sociales entre los trabajadores, burócratas, empleadores y comunidad, las cuales se establecen, perpetúan e internalizan para que dichas prácticas parezcan “naturales”, como si fueran emanadas de un pensamiento lógico-racional (^{Betrisey, 2012}), pero que en realidad están fundamentadas en relaciones desiguales de clase y etnicidad, de la disparidad y ventaja negociadora entre ambos estados, y que esconden intenciones de dominación. Asimismo, existe una historicidad de las relaciones entre ambos estados que permite las manifestaciones de poder y disciplinamiento de los trabajadores, e incluso de los propios representantes de las instituciones mexicanas, quienes por lo general ceden a las exigencias del mercado canadiense en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Nos preguntamos cuáles son las formas en las que los gobiernos de Canadá y México, así como ciertos sectores de la sociedad canadiense manifiestan su poder de control en la vida diaria de los trabajadores. También se exploran las reacciones de los jornaleros ante este poder estatal.

Al entender al “estado” como una idea abstracta construida a partir de las relaciones sociales en el entorno cotidiano, en este artículo “estado” se refiere a México y a Canadá, ya que los acuerdos entre ambos países, así como las prácticas burocráticas y sociales que los sustentan, son complementarias, se fortalecen y tienen la misma intención: reproducir la explotación de jornaleros provenientes de países considerados en vías de desarrollo, anclados a una lógica de capitalismo global que utiliza como estrategia los programas de trabajadores temporales.

Metodología

El artículo tiene como objetivo identificar los mecanismos a través de los cuales los estados ejercen control en la vida de jornaleros a partir de prácticas cotidianas. Utilizamos la etnografía para obtener datos cualitativos que contribuyan de manera sustancial a la construcción del conocimiento que ayude a explicar la experiencia del trabajador ante los dispositivos de control ejercidos por el estado. Entonces, empleamos la etnografía como un método que aborda de forma flexible una realidad desde tantas facetas como sea posible (^{Jociles, 1999}). La realidad que se ha observado (y en la cual se ha participado y construido junto con los migrantes en un plano de cotidianidad profunda), vista como el reflejo de las dimensiones de la vida íntima y social, de las dimensiones socioantropológicas (que aunque inherentemente tengan una exposición pública, o una ingenua observación), no se visualiza sin la reflexión profunda (^{Carrera, 2020}). Este ejercicio de reflexión nos aporta datos vinculados con los imaginarios, las representaciones, las identidades y, por supuesto, las prácticas sociales y culturales donde identificamos los mecanismos de estado para controlar a los jornaleros.

El trabajo etnográfico con mujeres y hombres migrantes, sus familiares, empleadores y representantes de las instituciones administradoras del programa ha sido de corte longitudinal desde 2007 y se ha llevado a cabo en Canadá y México, en concreto en Ontario y Quebec, Canadá, y en Guanajuato, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.¹ Se hicieron entrevistas semiestructuradas, historias de vida, observación participante y no participante. Este tipo de investigación nos ha permitido trabajar con los mismos actores durante varios años, y por tal razón los insumos de investigación alcanzan para analizar los instrumentos de dominación y las reacciones de los trabajadores a lo largo del tiempo, además de constatar cómo el estado va afianzando su control.

La idea de estado en la antropología

El estado ha sido estudiado desde distintas disciplinas, sin embargo, no hay consenso en cuanto a qué nos referimos con “el estado”. Así, mientras que para algunos éste se define a partir de separarle de la sociedad y entender el funcionamiento de la administración pública, la política y los valores que la rigen (^{García Reyes y Sanabria, 2016}), para otros se entiende como una construcción surgida de lo social, de una serie de interacciones cotidianas, cuyo propósito es la dominación y la legitimación de la idea misma de estado (^{Sharma y Gupta, 2006}; ^{Rose, 2000}).

Las reflexiones marxistas sobre el estado resumen las dos interpretaciones prevalecientes hasta hoy: por un lado, pensarlo en tanto una estructura real y, por el otro, como un ente que se construye a partir de una serie de mecanismos que dan lugar a una “idea” de estado, negando su existencia material (^{Abrams, 1988}). El análisis aquí expuesto parte de esta última interpretación, sustentada sobre todo por los estudios generados desde la antropología del estado.

Esta disciplina reflexiona sobre las dos interpretaciones anteriores, pues el principal problema es si el estado debe ser estudiado como un constructo social o, bien, pensado como algo material, que existe y puede ser equiparable a un objeto. Esta diferenciación es de gran relevancia, pues de ella dependen los distintos planteamientos teóricos y las formas de análisis de otros objetos de estudio cuya relación con el estado es inevitable, por ejemplo, poder, sociedad y ciudadanía (^{Abrams, Gupta y Mitchell, 2015}). En el marco de esta disciplina, el estado no es un objeto material, sino “sitios poderosos de reproducción simbólica y cultural” (^{Gupta y Ferguson, 2002: 981}). Por consecuencia, el estado no es un ente que de facto existe, sino que se constituye a partir de interacciones cotidianas, al tiempo que las permea, por lo que el estado es “contingente y endógeno a las relaciones sociales” (^{García Reyes y Sanabria, 2016: 19}). Así, logra insertarse en la imaginación y en la vida diaria a partir de interacciones de la gente común, “de las prácticas cotidianas de las burocracias, como la construcción discursiva del estado en la cultura pública” (^{Gupta, 2015: 73}).

En este orden de ideas, la ideología es un término de interés. Para Gramsci, la ideología es una concepción del mundo emanada desde grupos hegemónicos que es interiorizada colectivamente y permite organizar a los distintos grupos sociales e “imponer significados, valores y comportamientos” (^{Giménez, 2005: 60}). Su eficacia radica en que esta concepción es integradora y unificante (^{Gramsci, 1975}; ^{Giménez, 2005: 18}). Otro concepto importante es el de mentalidad, el cual es un cambio de rol proveniente de modificaciones de las circunstancias externas y que provoca una transformación de las prácticas y normas sociales existentes (^{Giménez, 2005}). Ahora bien, el rol es subjetivo, no individual, pues aglomera el cambio de prácticas de una colectividad que comparte una determinada cultura. Así, el estado logra imponer una ideología que transforma prácticas sociales, lo que modifica las mentalidades de los gobernados.

El estado no se constituye sólo por una creencia subjetiva, sino que ésta necesita de refuerzos dados a partir de representaciones visibles, como la arquitectura de edificios públicos, el lenguaje jurídico, los uniformes de las fuerzas armadas, los controles fronterizos, el urbanismo de las ciudades, etcétera (^{Scott, 2006}; ^{Mitchell, 2015}). El estado, entonces, se percibe como una “práctica” (^{Abrams, Gupta y Mitchell, 2015}) que está “haciéndose” en toda interacción social.

Para Abrams, la mejor forma de entender al Estado es olvidándose de su existencia real y natural, y pensando que es una “idea”, un “hecho social” y un “proyecto legitimador” (1988: 94). De acuerdo con el autor, el éxito de que el estado se perciba como un objeto radica precisamente en su ocultamiento, pues para él, el estado es una “máscara” que sirve para disfrazar los intereses dominantes de una clase y esconder esta intención bajo la idea del bien común y así legitimarse. Sin embargo, bajo la idea de estado se oculta una realidad histórica de relaciones desiguales de sometimiento y dominación que las hace parecer como naturales y socialmente dadas.

Para entender el poder del estado, desde la perspectiva foucaultiana, no debe ser el centro de los análisis del poder, sino que existen instituciones públicas y privadas -la escuela, los hospitales y las prisiones, los medios masivos de comunicación- que sirven para disciplinar al sujeto y su comportamiento en la vida social de manera no coercitiva (^{Foucault, 2015}), con el objetivo de que actúe conforme a los intereses estatales, los cuales se representan como el “interés público”, es decir, el interés de todos los gobernados.

Es a partir de su propio ocultamiento que el estado logra presentarse como una entidad cohesionada cuya pretensión es representar intereses públicos. No obstante, este estado “unitario” no tiene una fundamentación empírica, sino por completo ideológica (^{Sharma y Gupta, 2006}). El estado debe legitimarse para obtener el consentimiento del ciudadano hacia la forma de gobernarle, por lo que debe simular que él mismo constituye el factor para mantener la unidad y cohesión y condensar sus contradicciones internas (^{Abrams, 1988}). El estado debe demostrar que es capaz de proteger a sus ciudadanos, cuando en realidad representa un ejercicio de dominación y control moral que ha sido mistificado, poco entendido y confundido con la cotidianidad (^{Abrams, 1988}). Debido a la dominación cultural, algunos conceptos que forman parte de la base fundacional de los estados encuentran su legitimidad cuando la sociedad los toma como conceptos dados, naturales; por ejemplo, el concepto de justicia (^{Castro Neyra, 2009: 29}), pues pensamos que entendemos tan bien lo que significa, que no nos preocupamos por desenvolver el concepto.

Ciertas obras proponen que el estado logra su legitimación a partir de las relaciones sociales y que una entidad clave son las prácticas burocráticas que hacen presente al estado en las vidas de los individuos, por ejemplo, en cualquier trámite administrativo, como la obtención de pasaportes o documentos oficiales (Shar ma y Gupta, 2006). Sin embargo, la legitimidad y el poder del estado también se fragmentan y se manifiestan mediante entidades que, en apariencia, no pertenecen propiamente al estado, como Iglesias, organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación (^{Abrams, 1988}). De hecho, la supuesta división entre el estado y los otros (sociedad civil, empresas y comunidad en su sentido abstracto) sirve para mantener un orden social (^{Sharma y Gupta, 2006}) y una coherencia institucional donde, una vez más, el estado logra separarse de la sociedad, por lo menos en el imaginario.

Debido a lo anterior, las organizaciones civiles o las instituciones no estatales deben analizarse como parte del entramado de la gubernamentalidad transnacional, donde a veces estas organizaciones sirven al estado, otras veces lo vigilan, lo complementan y en ocasiones son la misma cosa. Este entramado institucional puede tomar varias formas y son los estados quienes producen esta jerarquía y supuesta división de funciones entre lo “estatal” y lo “no estatal” (^{Gupta y Ferguson, 2002}).

La gubernamentalidad transnacional es una forma de ejercer lo que ^{Rose y Miller (1992}) llaman “poder político más allá del estado”. De acuerdo con los autores, éste abarca esferas sociales no estatales a partir de alianzas, redes y otro tipo de colaboraciones que implementa el estado para maximizar su control social, no a partir de la coerción, sino del convencimiento. Estos autores trabajan sobre el concepto de gubernamentalidad de Michel Foucault, quien argumenta que para que exista un disciplinamiento no coercitivo debe contarse con “dispositivos”, entendidos como discursos, decisiones, reglamentos, disposiciones administrativas, entre otros, que, en conjunto, conforman una red que se instrumentaliza bajo una racionalidad y un objetivo específico (^{Agamben, 2011}).

Una forma de control social se da a partir de la responsabilización del sujeto mediante los consejos o recomendaciones oficiales emitidas por los estados y reforzadas por entidades no estatales. Es decir, a partir de que el estado hace pública una recomendación, en realidad no es sólo un consejo que pueden o no tomar los gobernados, sino que se espera que sea adoptado. Aquí, el papel de los organismos no gubernamentales es difundirla y apoyar su cumplimiento. Si resultara que las recomendaciones no se siguieron, entonces los gobernados serían responsables de lo que pueda sucederles por su “falta de buen juicio”, al ignorar las recomendaciones estatales (^{Löwenheim, 2007}; ^{Rose, 2000}).

Otra consecuencia de las prácticas de actores gubernamentales y no gubernamentales es la creación de “sujetos sociales” (^{Betrisey, 2012: 68)}, que predispone a los distintos miembros de una comunidad a interactuar de cierta forma. Por ejemplo, el otorgamiento de visas temporales laborales hace saber que los extranjeros permanecerán sólo un tiempo determinado y que deberán regresar a su país, por lo que la perspectiva de entablar con ellos relaciones de larga duración se ve mermada (^{Betrisey, 2012}). Es de este modo que el estado puede imaginarse y volverse una “institución traslocal” (^{Gupta, 2015: 98}), extendiendo su poder más allá de sus fronteras. La idea central es que, a partir de las categorizaciones (inmigrantes/migrantes temporales; extranjeros/ciudadanos; trabajadores/ empleadores) el estado determina las prácticas e interacciones sociales que pueden tenerse entre los gobernados. Rescatamos tres aspectos que resaltan la presencia del estado en la vida cotidiana de los individuos, en este caso, de los migrantes.

Iniciamos con la construcción de sujetos sociales, es decir, cómo las prácticas cotidianas y las políticas públicas perpetúan una idea de quién es el migrantetrabajador-temporal y, de esta manera, poder legitimar su explotación y control en ámbitos no sólo exclusivos del trabajo, sino en todos aquellos que conforman su vida social. Después, exponemos la responsabilización y disciplinamiento de los jornaleros y sus relaciones sociales. Seguimos con la gubernamentalidad transnacional y, por último, evidenciamos algunos ejemplos de reacciones de las personas migrantes ante las dominaciones estatales.

La construcción de sujetos sociales como migrantes del PTAT

Las labores agrícolas en Canadá históricamente han sido delegadas a grupos marginados, como prisioneros de guerra, huérfanos, etcétera (^{Preibisch y Encalada Grez, 2010}). Por tanto, partimos de la premisa de que los trabajadores migrantes son percibidos como sujetos coloniales y, por ende, “necesitados”, “pobres” y “carentes” de agencia. Esta percepción permite la reproducción de prácticas de explotación y discriminación.

Para los empleadores, contratar jornaleros originarios de países que ofrecen poca seguridad social les permite precarizar sus condiciones laborales y de vida, argumentando que están mejor en Canadá que en sus países. En la práctica, a ellos no se les aplican los marcos jurídicos canadienses para trabajadores nacionales, ni para los migrantes que no se dedican a la agricultura, cuyo trabajo no es temporal, ni considerado “de bajas habilidades”. Esta construcción trasciende las interacciones desiguales entre los empleadores y trabajadores y se vuelven políticas del propio estado. En los siguientes extractos de entrevista se manifiestan elementos de la construcción mencionada.

Mis mexicanos parten el 15 de diciembre y hago venir a cuatro guatemaltecos el día 14 para que se conozcan un poco y después mis mexicanos parten todo el invierno. Nosotros somos responsables de ellos por ocho meses [empleadora quebequense]. En términos generales las condiciones de vida no son malas, están mejor que en sus países. El salario aquí es mucho mejor que en sus países [empleador quebequense].

El estatus de “temporalidad” y la construcción social de su representación como “temporal” -aunque pasen alrededor de ocho meses en Canadá- es una piedra angular de la política del estado canadiense, que limita a los trabajadores la posibilidad de inmigrar de manera permanente, colocándolos en posiciones de vulnerabilidad que enfrentan día a día durante su estancia en ese país (^{Díaz Mendiburo, 2014}).

Otro de los factores que vulnerabilizan a las y los migrantes es el propio estatus migratorio de “trabajador” o “trabajadora”, pues, en el imaginario de los involucrados en el PTAT y de los habitantes de las comunidades receptoras de migrantes, los jornaleros sólo van a Canadá a trabajar, pues es lo que “saben hacer”, es por lo que migran, y este sacrificio es en beneficio de su familia (^{Díaz Mendiburo, 2019}). Por consecuencia, cualquier otra actividad que no sea laboral, difícilmente es relacionada con los jornaleros y, por ende, aceptada; simples ejemplos de esto son la prohibición tácita respecto al establecimiento de vínculos afectivos entre los trabajadores mismos, o bien con otras personas de las comunidades canadienses o simplemente manifestar sus prácticas culturales. Esto lo ilustran los siguientes fragmentos de entrevista.

El patrón nos puso una nana. O sea, a mujeres adultas, señoras, y nos ponen una nana. Entonces la nana toma la decisión de irse a vivir allá donde estaban las casas, lleva su traila, y la instala enfrente de todas las casas y ahí vivía, y nos decía aquí no pueden entrar visitas, no pueden entrar hombres, o sea absolutamente nadie [migrante mexicana].

Ellos se reagrupan, hacen juntos su vida aquí, desgraciadamente tratan de hacer una fiesta los fines de semana y algunas veces son grandes fiestas, traen muchas bebidas, son borrachos y se producen incidentes, cosas que no son correctas, se pelean y hacen venir al propietario de la tierra para que los detenga, esto pasa porque están en grupo, generalmente esta gente cuando viene aquí no se conocía [comerciante quebequense].

Las mujeres jornaleras enfrentan una doble discriminación: por su estatus migratorio de “temporales”, y por su género (^{Hennebry, 2017}). Las mujeres siguen representándose como trabajadoras con ciertas habilidades manuales que “funcionan” siempre y cuando sean más jóvenes que los hombres y utilicen sus manos para labores que “requieren un toque delicado”, como la horticultura y empacar frutas (^{Preibisch y Encalada Grez, 2010}).

Existe una finca donde hay ciento cincuenta mujeres que tienen prohibido hablarle a cualquiera que no sea de la finca, si un día van a comprar alimento y encuentran algún conocido de su comunidad o un pariente y le hablan, son sancionadas, esto hace que vivan en un confinamiento total, aislamiento social y que no puedan desarrollarse humanamente durante el periodo del contrato de trabajo [trabajador del sindicato United Food and Commercial Workers International Union, quebequense].

Cabe resaltar que estas construcciones de los sujetos no inician en Canadá. La STyPS en México enfatiza a los trabajadores que sólo irán a Canadá a trabajar, y que “deben portarse bien”, pues son la representación de México en el exterior, idea que también refuerzan los funcionarios consulares en Canadá cuando se reúnen con los trabajadores (^{Sook Lee, 2003}; ^{Valenzuela-Moreno, 2012}; ^{Binford, 2019}).

Se observa cómo la creación de sujetos sociales se da a partir de la imposición de las categorías de migrante, trabajador, temporal y mujer; el entramado del estado crea sujetos sociales vulnerabilizados, sobre los que existen expectativas de comportamiento y papeles sociales asignados. De esta forma, se espera que los trabajadores se limiten a trabajar y no sostengan otro tipo de relaciones, además de no permitirles demandar derechos debido a la temporalidad de su estancia, precarizándolos aún más y remarcando la idea de su “otredad”, al imposibilitarles una permanencia más prolongada o un cambio de trabajo. De ahí que su inserción a la comunidad canadiense se dé de manera fragmentada.

Así, el estado, representado a partir de las relaciones entre burocracias, empleadores y miembros de las comunidades, confiere a los migrantes un papel a desempeñar y con ello expectativas de su comportamiento y de su modo de relacionarse con los otros que, de ser incumplidas, ameritan un disciplinamiento por parte de todos estos actores. Para construir al sujeto social del modo deseado, el estado debe indicar al sujeto cómo comportarse, a partir de la categorización de los grupos sociales y la emisión de recomendaciones oficiales, como se verá a continuación.

Responsabilización del sujeto y disciplinamiento de las relaciones sociales

Las instituciones que forman parte del PTAT en México y en Canadá implementan varios mecanismos para responsabilizar a los migrantes de los problemas que se generan en torno al programa, sobre todo aquellos relacionados con los conflictos entre compañeros trabajadores y empleadores, pero, en realidad, muchas de estas problemáticas surgen por la estructura misma del programa, lo que puede percibirse al realizar investigación cualitativa longitudinal. Hemos podido identificar en los distintos discursos los mecanismos de control que hábilmente se presentan como consejos o recomendaciones “para el propio bien” de los migrantes.

Como ejemplo, tenemos los discursos institucionales de los funcionarios consulares que, aprovechando su posición de representantes de estado, hacen recomendaciones a los migrantes a manera de “consejos” o “sugerencias”, pero que en realidad esperan que los acaten, pues a su juicio es como deben comportarse. Los funcionarios reproducen un discurso de estado el cual, a su vez, se alimenta de la construcción del sujeto migrante-trabajador-temporal.

En el documental El contrato (2003), de la directora Mink Sook Lee, aparecen ejemplos de este discurso. A continuación mencionamos algunos.

El supervisor nos pidió venir y platicar con ustedes sobre un problema que él no quiere que se convierta en un problema más grande, que lo que él quisiera es que se midieran en cuanto al alcohol.

Miren estamos lejos de nuestro país, cada uno de nosotros es un embajador del país porque así los van a juzgar a todos, cómo son los mexicanos, pues yo conozco a uno, y es así y asado.

Otras muestras de esto se pudieron apreciar en las diferentes capacitaciones prepartida a cargo de la STyPS, donde se les recomendaba “portarse bien”, “administrar su dinero”, “no emborracharse”, “llevar la fiesta en paz”, “hacer lo que el empleador mande”. Estos consejos se daban con la intención de que los mexicanos no perdieran lugares dentro del programa, pues, según las autoridades mexicanas, es prioritario que haya más trabajadores mexicanos que de otros países como Guatemala, quienes se convirtieron en “el contrincante” y, desde discursos oficiales, se incentivaba a los mexicanos a impedir que sus lugares fueran ocupados por los guatemaltecos. Esto fue comentado por varios jornaleros en conversaciones informales sostenidas en Quebec, provincia con el mayor número de jornaleros guatemaltecos.

De lo anterior, se concluye que el consejo a seguir bajo el PTAT es obedecer, trabajar lo más posible y no reclamar, pues hay muchas personas que desean ser reclutadas.

Tenía que echarle todos los kilos, no mostrar que estoy embarazada. Lo que me pasara en mi persona es mi problema y tenía que controlarlo. Si no lo controlaba sabes que tiene, vete a tu casa o vete a México y ése era el miedo, que mostrara mi debilidad y mi cansancio y me dijeran lárgate a México [migrante mexicana].

Porque si tú hablas, dices, te regresan a México, así de fácil. Como mujer embarazada no les sirves para su trabajo, para ellos es más fácil mandarte a México y traer a otra [migrante mexicana].

Estos extractos de entrevistas ilustran, por un lado, que las recomendaciones emitidas por una autoridad del estado son en realidad consejos con carácter obligatorio, pues, de no seguirlos, los trabajadores corren el riesgo de ser sancionados. El siguiente testimonio evidencia el disciplinamiento para que las mujeres se abstengan de tener parejas sexuales, sin embargo, algunas consideran que son normas totalmente absurdas que van en contra de sus derechos, y por ello no las acatan.

Éramos muchas mujeres, más de cien mujeres, muchos hombres y se da lo mismo, relaciones, parejas, de salir a escondidas, porque ahí nos tenían bien vigiladas, incluso hasta nos llegaban a poner un policía en la entrada de las casas. (...) no pueden entrar visitas, no pueden entrar hombres, o sea absolutamente nadie, es más, ni siquiera de la iglesia, tenían prohibido entrar a visitarnos. Si queríamos verlos a los de la iglesia teníamos que verlos por la parte de afuera. Todo el terreno estaba cercado, era alambre. La capataz dijo: el patrón dijo que deben rendir en su trabajo, porque, si no, ustedes se desvelan y no rinden en el trabajo, no dan lo que deben de dar [migrante mexicana].

Así, se observa que el estado, al permitir las relaciones de poder y dominación entre trabajadores y empleadores, utiliza el control de la vida personal como herramienta para la explotación laboral. Entonces, los empleadores y sus medidas para restringir las relaciones afectivas y sexuales de los trabajadores son indispensables para que estos últimos cumplan su rol de trabajadores precarios dentro de la economía global.

Gubernamentalidad transnacional: el papel de los medios

El estado se constituye de instituciones, discursos y prácticas para legitimar sus políticas y ejercer el control de sus gobernados; dichas políticas, valga decirlo, por lo general están alineadas con intereses supranacionales que responden a tendencias económicas globales. Así, el conglomerado de las prácticas y discursos de otras instituciones forman lo que Foucault denomina “dispositivos”. Nos interesan en particular los medios de comunicación, tanto en Canadá como en México, que perpetúan una imagen positiva del PTAT.

De acuerdo con ^{Salazar (2017: 200)}, existe una “red de poder global que tiene como fin conducir las conductas de los sujetos a través de los medios masivos de comunicación”. Él denomina a esta red “dispositivo mediático de gubernamentalidad” y señala que tiene una racionalidad capitalista y colonial, pues no es gratuito que, a lo largo del planeta, los mensajes transmitidos por los medios sean similares: apuntar al consumo como una forma de vida aspiracional. De este modo, los medios de comunicación masivos constituyen una fuerza central para apoyar los proyectos del estado (^{Mei-hui Yang, 2002}). La facilidad con la que éstos pueden llegar a las personas en todo el mundo los convierte en un dispositivo ideal.

Si bien los medios han mostrado mayores críticas al programa en años recientes (^{Mojtehedzadeh, 2019a} y ^2019b), algunos mantienen una postura preponderantemente de apoyo al PTAT. Esta visión es compartida por algunas organizaciones civiles, instituciones de gobierno y privadas, e incluso la academia, que muestran una visión paternalista del PTAT, infantilizando a las y los trabajadores, lo que en el discurso los ubica en una situación de codependencia, siendo muchas veces subyugados por los empleadores bajo la imagen del padre proveedor (^{Basok, 2002}).

Otra imagen colonial bien instrumentalizada por los medios es la del “mexicano necesitado”, que deja ver que su experiencia en Canadá es cualitativamente mejor a lo que vive en México. La forma en que resaltan las buenas acciones de los empleadores y el apoyo que reciben por los grupos religiosos y organizaciones civiles reproducen la construcción del sujeto migrante sin capacidad de agencia, al tiempo que legitiman la existencia de un régimen de derechos laborales desigual entre migrantes y residentes, al reforzar la idea del mexicano pobre y con una fuerte necesidad de empleo. Esta imagen sirve para que Canadá se proyecte como un país respetuoso de derechos de migrantes y de fomento a oportunidades que no tienen en su país de origen, minimizando el argumento de que la agroindustria canadiense requiere trabajadores extranjeros y escondiendo de nuevo las vejaciones a las que los trabajadores están sujetos.

Este discurso es puesto en práctica por medios de ambos países de manera diferenciada, cada uno refuerza ideas coloniales, que al final siguen la racionalidad de presentar al PTAT como una opción viable gracias al esfuerzo y coordinación de ambos estados. Por varios años, los medios en Canadá y México se encargaron de difundir la idea de que los trabajadores la “pasaban bien” en aquel país.

Del lado canadiense, el ejemplo más evidente es la mención de los apoyos que ofrecen empleadores y comunidades locales, que van desde los servicios de envío de dinero mediante diferentes empresas, el surtido de productos originarios de México, Guatemala o de otros sitios de donde provengan los migrantes, hasta personal de apoyo para hacerles traducciones, misas en español, etcétera. Se deja entonces de lado que, si bien la comunidad mexicana se beneficia de estos servicios, también hay una ganancia para los proveedores de los mismos, pues en los trabajadores encuentran consumidores cautivos de sus productos. Por tanto, los jornaleros no sólo sirven a los intereses de la industria agrícola, sino que apoyan la creación de nuevos negocios.

A continuación, se citan algunos testimonios extraídos de diarios de circulación gratuita en el municipio de Les Jardins-de-Napierville, Saint-Rémi, Quebec (^{Díaz, 2013: 235-236}), donde está una de las concentraciones más grandes de jornaleros agrícolas migrantes.

Antes de partir a México, M. Le Blanc invitó a su nuevo amigo a comer (se refieren a Félix Barrera Ortega, trabajador agrícola). Después se fue de compras con él. Poco a poco se convirtió en su proveedor de tarjetas telefónicas. Más adelante agrega el señor Barrera: “gracias a Bernardo nosotros podemos ver TV Azteca” [^{Poulin-Goyer, 2006}].

Louise Guinois está convencida de que cada uno de nosotros tiene una misión en la tierra. La suya es mejorar la vida de los mexicanos y guatemaltecos que trabajan en los campos de la región [^{Asselin, 2007}].

Otras notas remiten a acciones concretas de empleadores para mejorar las condiciones de trabajo. Esta narrativa promueve la idea de que los canadienses hacen esfuerzos adicionales a los que exigen los acuerdos gubernamentales y de que son personas con intereses nobles. No obstante, las motivaciones de los empleadores para emprender esfuerzos están lejos de tener el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, por el contrario, muchas de las acciones son implementadas para obtener de ellos un mejor rendimiento y controlarles de mejor modo; por ejemplo, que los empleadores aprendan español, más que un acto de buena voluntad, resulta práctico para entender conversaciones de los trabajadores y que ellos comprendan mejor las instrucciones.

La Sra. Belle (de Lancôt & frères) también está tratando de mimar a sus trabajadores. Les da cantimploras de agua y paletas de hielo cuando hace calor, los lleva a Mont Orford para pasar un día al aire libre y a Bromont para deslizarse en los trineos, además de invitarlos a un día de campo con perros calientes y hamburguesas [^{Poulin-Goyer, 2007}].

En contraposición, encontramos que hay menos notas que señalan las omisiones de los empleadores, incluso violando los acuerdos suscritos, entre otros, la falta de capacitación y suministro de equipo de seguridad (como guantes y cubrebocas) para manejar pesticidas y demás químicos o, bien, las condiciones insalubres y deterioradas de las viviendas que les rentan los empleadores.

Por su parte, los medios en México siguen la misma racionalidad de apoyo al programa, pero con otros discursos. En general, reproducen los supuestos beneficios del PTAT para los trabajadores y la eficiencia del gobierno mexicano en procesar solicitudes y defender sus derechos, como se menciona a continuación:

Señaló [la STyPS] que adicionalmente se auxilia a los jornaleros en todos sus trámites para que obtengan sus pasaportes, permisos de trabajo, logren su asignación a un contrato, cuenten con sus pasajes aéreos y que se aseguren de que en Canadá tengan la protección consular necesaria, a fin de garantizar el respeto de sus derechos humanos y laborales [^{Jiménez, 2020}].

Esta acción se realizará a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), “como una alternativa de movilidad laboral segura, legal y ordenada” y para vigilar el respeto a sus derechos laborales [^{Vergara, 2020}].

Además, los medios se empeñan en recalcar al PTAT como una alternativa de movilidad segura y respetuosa de los derechos, que cuenta con el aval de la STyPS. Esta narrativa oficial, respaldada por los medios, enmascara la realidad de la precariedad de las opciones laborales en territorio nacional. Lo cierto es que, para miles de jornaleros, el programa se ha convertido en su principal y, en ocasiones, única fuente de ingresos, pues sin estas remesas con toda seguridad muchos de ellos hubieran tardado más años en construir sus viviendas o no hubieran tenido la oportunidad de dar educación formal a sus hijos.

En una visión crítica, el costo social generado a cambio de estos beneficios económicos es completamente inequitativo. El impacto psicosocial en los migrantes y familiares es demasiado alto, pues las instituciones mexicanas se encargan de enviar a los migrantes, pero, cuando el mecanismo falla, los migrantes suelen ser repatriados sin contar con apoyos institucionales, ya que no existe un mecanismo de contención y las pocas instancias que podrían servir como soporte no cuentan con la capacitación, disposición o recursos necesarios para hacer frente a la problemática.

Reacciones ante la dominación del estado

Algunos investigadores han analizado estas reacciones desde el enfoque de resistencia (^{Paz Ramírez, 2013}; ^{Smith, 2005}; ^{Cohen y Caxaj, 2018}; ^{Encalada Grez, 2018}). Nuestra aproximación es distinta. Durante el trabajo de campo identificamos diversas maneras en las que los migrantes han respondido ante los mecanismos estatales, mismas que a veces buscan resistir y otras sobrevivir. Empero, aquellas manifestaciones de resistencia, observadas durante nuestro trabajo de campo, resultan aisladas y poco consistentes. Por tanto, concordamos con que por lo general los trabajadores demuestran prácticas “de ‘performatividad de subordinación’, como estrategias de supervivencia para ser exitosos en el programa...” (Basok, 1999 y McLaughling, 2010 cit. en Paz Ramírez, 2013: 64). Encontramos que estas prácticas no buscan un cambio en las reglas del programa ni una transformación del sistema de explotación del trabajo agrícola, sino recuperar la dignidad y la humanidad que se ven en riesgo por los mecanismos estatales antes descritos.

¿Dónde queda mi derecho a socializarme, mi derecho a divertirme? Sí, está bien, yo soy una trabajadora migrante, pero no dejo de ser ser humano, no dejo de ser una mujer, y tengo derecho de venir también a divertirme, a distraerme, a conocer, entonces yo no sé por qué muchos patrones nos quieren quitar esos derechos, y ahí eso era lo que pasaba, entonces, ¿qué te queda?, tú, como ser humano o como hombre o mujer pues escaparte [migrante mexicana].

Algunas reacciones van encaminadas a buscar momentos de ocio: asistir a los bares, salir en bicicleta, jugar futbol. Otras, a establecer vínculos sociales, recibir visitas en sus casas, entablar relaciones sexoafectivas, asistir a eventos organizados por grupos de apoyo. Otras acciones tienen un tinte político, como frecuentar los centros de apoyo vinculados con el sindicato United Food and Commercial Workers International Union o grupos defensores de derechos de los trabajadores. En suma, las estrategias de afrontamiento son diversas y no siempre buscan la resistencia.

Conclusiones

El PTAT constituye una muestra del “estado como máscara”, ya que, a través de la construcción del sujeto trabajador-migrante-temporal, los distintos mecanismos utilizados para su disciplinamiento y la gubernamentalidad transnacional ejercida por los medios ocultan las relaciones de poder y normalizan la precarización del trabajo de los jornaleros. Este enmascaramiento es posible gracias a diversas prácticas que implementan burocracias de ambos países, empleadores, medios de comunicación y organismos internacionales, que siguen una racionalidad de productividad exigida por una economía global capitalista. Los medios y la narrativa que propagan del “migrante necesitado”, complementada con la de los empleadores como sujetos que apoyan al trabajador más allá de lo legalmente exigible, ocultan la explotación e incluso la proyecta como una buena práctica laboral.

El PTAT constituye un engranaje en el entramado de diversas acciones que materializan la idea del estado como proyecto legitimador, al hacerlo parecer un programa en el que las estructuras gubernamentales funcionan de modo ejemplar para beneficiar a empleadores, trabajadores y la industria canadiense, conforme una filosofía de ganar ganar. Además, lanza la idea de que los dos países actúan bajo la premisa de un interés público y refuerza la imagen de nación que ambos quieren proyectar. Por un lado está México, que brinda opciones laborales “seguras” y “bien remuneradas” a su población, a la vez que defiende sus derechos en el exterior. Por el otro, Canadá sigue fortaleciendo su imagen de país multicultural que ofrece grandes oportunidades laborales a migrantes de países menos desarrollados.

Ante esta dominación, los migrantes se percatan de que existen estructuras de poder con las que muchos no comulgan y buscan distintas opciones de responder. Algunas son más adaptativas y otras se erigen más en un tono de resistencia y de transformación.

Por último, encontramos que la antropología del estado funciona como marco teórico para analizar otros esquemas de movilidad laboral internacional y “desenmascarar” las prácticas que conforman los dispositivos utilizados por el estado para regular relaciones sociales y legitimar estos programas, a pesar de sus deficiencias.