La última década del siglo veinte y la primera de este siglo fue una época de amplio desarrollo de las políticas culturales en América Latina y de la institucionalidad cultural. Tras la salida de una oscura etapa autoritaria y de la década perdida de los ochenta, en los años que siguieron se vivió un periodo de apertura hacia la participación y de reconocimiento de derechos. No creo equivocarme al sostener que la renovación de las políticas culturales en la región tuvo su punto de partida en la respuesta a las movilizaciones indígenas de los años ochenta y noventa y en la adopción de múltiples declaraciones y convenciones en favor del reconocimiento y respeto de sus culturas. Cuando los Estados latinoamericanos se abrieron al pluralismo étnico todas las demás expresiones de diversidad hubieron de ser aceptadas e incorporadas a la normatividad y a las políticas públicas.

En un estudio sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el jurista Pedro Salazar comprende las transformaciones realizadas en las constituciones de la región desde fines de los ochenta como expresión del modelo democrático constitucional que consiste en un reconocimiento amplio de derechos políticos y sociales, en las reglas para el acceso y gestión del poder político y en los mecanismos de control constitucional sobre las leyes. Basado en los estudios de Rodrigo Uprimny, Salazar considera que desde las transformaciones constitucionales de Brasil en 1988 hasta la de Bolivia en 2009, éstas pueden ser inscritas en esta perspectiva.

Para la cultura, los cambios fueron relevantes. Entre 1985 y 2015 prácticamente todos los países de América Latina constituyeron ministerios de cultura en sus respectivas administraciones gubernamentales y desarrollaron instrumentos normativos con la intención de responder a las nuevas circunstancias de la democracia. Por ejemplo, a partir de la constitución colombiana de 1991 se produjo una interesante ley de cultura (Ley 397 de 1997) que estableció derechos, instrumentos institucionales y responsabilidades públicas que sirvieron de modelo a muchos países latinoamericanos. Pero fue la experiencia de Cultura Viva de Brasil, durante el gobierno de Lula, la que abrió el paso a un esquema de intervención desde las propias comunidades culturales. El robustecimiento de la institucionalidad cultural fue parte de ese proceso. Además, la cooperación cultural vivió una época muy activa a partir de las iniciativas adoptadas en las cumbres iberoamericanas.

Luego, tras la crisis de 2009 fue enfriándose el furor experimentado en las dos décadas anteriores. El giro hacia gobiernos menos entusiastas de la diversidad y la autonomía cultural se ha traducido en un debilitamiento de las instituciones culturales. Brasil, Argentina y Paraguay suprimieron sus respectivos ministerios de cultura, y en Brasil se ha entablado una guerra cultural al considerar que el campo de la creatividad es adverso a las políticas conservadoras y unitarias que ahora se pretenden. Este número de Alteridades propone varios trabajos que buscan hacer visibles la crisis que presenciamos en América Latina.

Albino Rubim ofrece un cuadro muy completo de la transformación de la política cultural en Brasil a partir de la elección de Messias Bolsonaro en 2018, en el que pone de manifiesto los ataques a la democracia, la cultura, los agentes del campo cultural, las políticas culturales vigentes entre 2003 y 2016 y el intento de imponer una cultura autoritaria, conservadora y fundamentalista, con valores opuestos a la preservación y promoción de la diversidad cultural, el respeto a la di versidad social y los diálogos interculturales. El mismo gobierno ha llamado a esta ofensiva guerra cultural, pues es claro que hay una disputa por la hegemonía político-cultural. Un rasgo optimista ante este panorama, según Rubim, es que, hasta ahora, el nuevo gobierno no ha logrado conformar una política cultural eficaz en contraste con las construidas en Brasil durante los años de la democracia. Por su parte, a partir del cambio político presenciado en Argentina (2015), Brasil (2016) y Uruguay (2019), Federico Sequeira y Victoria Lembo, de Uruguay, reflexionan sobre algunos puntos críticos que están en el debate cultural en América Latina: ¿qué Estados para qué derechos culturales?, ¿intervención del Estado o prescindencia de éste? o ¿cuál será el enfoque de las políticas y derechos culturales pospandemia?, interrogantes que muestran las perspectivas actuales de las políticas culturales. El artículo “Crisis en las políticas públicas de cultura. La planeación cultural del gobierno de López Obrador”, referente a México, sostiene que en este país se desarrolla una crisis en la política pública de cultura, la cual puede observarse en que, a pesar de la diferente definición de objetivos y metas que ha realizado el gobierno de López Obrador como parte de la crítica al periodo neoliberal, en la práctica los objetivos son semejantes a los definidos en los años previos, lo que produce una tendencia al predominio del discurso y poca precisión en las prácticas que se intentan adoptar. La crisis de 2020 ha tomado al sector cultural en una situación difícil que se está traduciendo en un proceso de desinstitucionalización de los programas culturales debido a problemas presupuestarios. Gran parte de las dificultades que padece el sector no son exclusivas de México, por ello el interrogante más significativo es si estamos viviendo una tendencia internacional y hacia dónde está llevando este proceso el compromiso público por la cultura.

En lo que toca a la problemática de la gestión cultural, Tomás Peters expone un caso muy interesante centrado en los museos y espacios culturales de la ciudad de Santiago de Chile próximos a la zona de las movilizaciones sociales donde se escenificó el estallido social en 2019. Es un texto relevante en cuanto que muestra el comportamiento de las instituciones culturales ante las movilizaciones sociales, las cuales se mueven en un continuum de dependencia-autonomía según el carácter de la institución cultural. En contraste, aunque no necesariamente en contradicción con el trabajo anterior, Elodie Bordat-Chauvin analiza la capacidad para tomar decisiones que pueden tener los actores individuales que laboran en entidades públicas pese a los condicionamientos estructurales. Estas actitudes pueden ser de lealtad, que implica el convencimiento de poseer una cierta capacidad de gestión para reorientar el funcionamiento institucional de acuerdo con las condiciones que se les imponen; voz, en la medida en que hay actores que consideran que es posible, en diálogo con actores externos a las instituciones, cambiar el rumbo de desarrollo, y salida, que supone una decisión de excluirse de las instituciones cuando no se encuentra un rumbo institucional a su desacuerdo.

Otros trabajos coleccionados en este número tratan temas muy trascendentes en el análisis cultural. Efrén Sandoval Hernández se interesa por la lógica del consumo de sectores populares en Monterrey. En “Por qué la gente compra fayuca en los tianguis de Monterrey” estudia las condiciones sociales de la acción de comprar bienes impulsada por la necesidad física o psicológica. En su trabajo, el lugar de consumo resulta importante, en cuanto permite sostener vínculos sociales. Con observación directa de los consumidores, registra el proceso de compra y venta de productos no legales, proceso que se vincula a tendencias globales, pero aún anclado en la satisfacción de un cierto tipo de práctica social familiar o familismo.

Con el título de “Teología de la inocencia: corporeidad, trance e indeterminación en el fidencismo”, Alejandra Aguilar Ros reflexiona, a partir de la categoría de intersubjetividad corporizada, sobre experiencias como el trance en el culto del Niño Fidencio. Su investigación avanza en la distinción de cuerpo y corporeidad, la primera individualizada y la segunda referida a las disposiciones corporales cultural e históricamente situadas.

También asociado con el tema del cuerpo, Gabriela Gil ofrece un muy sugerente estudio sobre la transformación de los arrejuntamientos (matrimonios) en una comunidad rarámuri. La colaboración “Los tres cuerpos: la influencia de la MIB en los matrimonios rarámuri” es muy interesante porque está centrado en el cambio de esta institución a lo largo de setenta años marcados por la tarea evangelizadora católica (de la Misión Indígena Bawinokachi) en la región. Los cambios están relacionados con la acción misionera, pero sobre todo con las transformaciones en la organización productiva desde la producción artesanal, la agricultura y el pastoreo tradicional en un momento a la presencia de la migración y el narcotráfico en otro. La influencia de los padres en la decisión de arrejuntamiento se ve diluida con el tiempo y las dimensiones del cuerpo -individual, social y política- se expresan de modo distinto.

Al leer el trabajo de Mariana Borja Hernández, Fernando Limón Aguirre, Máximo Abrahán Bá Tiul y Omar Felipe Giraldo Palacio “Tzuultaq’a: defensa territorial y diferencia radical entre los mayas q’eqchi’” queda patente la reflexión sobre la continuidad y la ruptura en el análisis del cambio. Los autores exponen las presiones sufridas por las comunidades mayas q’eqchi’ por la imposición de proyectos extractivos. Su análisis se cruza con las corrientes actuales sobre la colonialidad y contrasta las maneras diferentes de las comunidades indígenas en su relación con la naturaleza, la cual implica posturas epistémicas, ontológicas y éticas distintas de las de los grupos dominantes.

Completan este número de Alteridades una muy interesante reseña de Saúl Millán del libro de Abdennur Prado, Genealogía del monoteísmo. La religión como dispositivo colonial publicado en 2018. Prado ha sido en España y, sobre todo, en Cataluña un impulsor del diálogo entre las religiones y un estudioso del conflicto interreligioso. Millán considera que este libro no deja sin tocar algunas convicciones teóricas sostenidas hasta hoy. El libro de Fiorella Mancini Asir incertidumbres. Riesgo y subjetividad en el mundo del trabajo, de 2017, es reseñado por Leonardo Salas Domínguez. Es un texto de amplio aliento sobre el trabajo en América Latina y los cambios considerados por algunos como devastadores en la estructura institucional de protección. Salas resalta los riesgos sociales que muestra el estudio según las diversas regiones que analiza y cómo se ha trastocado la vida de los trabajadores en lo material y lo subjetivo a partir de la globalización.