Breve recuento del combate de la pobreza en México

En la década de los cuarenta, cuando la industrialización de México era el proyecto económico del Estado, el discurso populista a favor de los obreros y los campesinos instrumentaba políticas de bienestar social por medio de instituciones que proporcionaban servicios sociales y asistencia social. Pero con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) el modelo neoliberal del Estado entró en práctica, y la estabilidad financiera, la apertura comercial y la reducción del gasto público fueron los objetivos principales (^{Revueltas, 1993: 220}). Lo que se proponía era reducir al mínimo a un Estado obeso, acabar con el intermediarismo, el autoritarismo y transferir muchas de las obligaciones estatales a la sociedad civil, además se buscaba que emergiera un sistema político verdaderamente democrático, abierto y plural.

Sin embargo, los efectos de la transición del Estado paternalista al modelo neoliberal han provocado desigualdades económicas cada vez más profundas. Los salarios han caído como nunca y, en algunas regiones del país, la migración y la economía informal han tenido un crecimiento desbordado. En este periodo, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional impulsaron programas de asistencia social dirigidos a sectores de la población en condiciones económicas desfavorables, con el fin de contrarrestar los efectos negativos del proyecto neoliberal.

Para combatir la pobreza extrema, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) el BM participó en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), creado para apoyar a los grupos más vulnerables que habían sufrido los estragos de la crisis económica de 1982. En el sexenio siguiente, el de Ernesto Zedillo (1994-2000), se puso en marcha el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), focalizado en la población que vivía en las peores situaciones de pobreza (^{Favela, 2003: 40}).

De 2002 a 2014 operó el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades), orientado a mejorar el nivel de vida de familias en situación económica desfavorable por medio de la coordinación de sectores e instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Los beneficiarios, por su parte, debían asegurar la asistencia de sus hijos a la escuela, a consultas médicas preventivas y a talleres educativos (^{Yaschine, Hernández y Núñez, 2007: 781}). Desde entonces, los programas sociales han tenido la modalidad de condicionar las transferencias monetarias al cumplimiento de estos requisitos (^{Rojas, 2010: 38}; ^{ONU, 2000}), con lo cual se pretende fomentar la corresponsabilidad del mejoramiento de su condición de pobreza de ingreso. A pesar de todo este esfuerzo, como señalamos al inicio, la pobreza y el desempleo han seguido creciendo de manera acelerada, aunque también es posible observar, aun en localidades aisladas y entre población en condiciones de pobreza extrema, el aumento de consumo de bienes que podrían clasificarse como “chatarras”.

La corresponsabilidad de los habitantes de una localidad se da por la transferencia institucional como nueva práctica impulsada por los diversos problemas a los que se enfrenta la población. Las políticas dirigidas a promover igualdad de oportunidades para el desarrollo socioeconómico han generado conceptos como capital social, vulnerabilidad e inclusión social, que sitúan a la población como corresponsable de su desarrollo (^{Guerra, 2004: 293}; ^{Zaremberg, 2007: 37-38}).

Con el fomento de la corresponsabilidad de la población para el mejoramiento de su condición vulnerable se identificaron variables que cuantificaran la efectividad de los apoyos otorgados. Desde 2001 se volvió obligatorio evaluar los resultados e impactos de los programas sociales federales, con el fin de conocer su desempeño y decidir su continuidad y financiamiento. Para esta evaluación fue necesario establecer criterios de elegibilidad (^{Orozco y Hubert, 2005: 11}; ^{Rojas, 2010: 38}; ^{Yaschine, Hernández y Núñez, 2007: 783}).

Este modelo no es exclusivo de México, en las décadas de los noventa y dos mil, en la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos pretendían reducir la pobreza e impulsar el desarrollo económico a partir de la articulación de diferentes factores y actores del proceso económico, que aseguraran la competitividad en tiempos de globalización económica. Instituciones supranacionales (entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, ONU) tenían como meta principal erradicar la pobreza extrema.

Los criterios de elegibilidad establecidos con fórmulas matemáticas y encuestas son utilizados de manera flexible tanto por las instancias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales como por la población. Aquí valdría la pena interrogarse: ¿qué se debe hacer para ser incluido en las políticas de combate a la pobreza de instancias supranacionales y nacionales? ¿Qué papel juegan el individuo y las identidades locales en los programas de asistencia social? Las políticas, los programas gubernamentales y no gubernamentales tienen guías de operación, formatos, informes en los que orientan y plasman su trabajo con un claro objetivo: combatir la pobreza. Por otro lado, nos encontramos con una diversidad de grupos sociales que son susceptibles de ser beneficiados. Aun cuando muchos de éstos no son los mismos de los que se habla en las políticas (en lo especificado en el papel o en los medios de comunicación), todos ven en los programas de asistencia social una posibilidad de mejorar su posición socioeconómica.

La emergencia del sujeto “vulnerable” o “elegible” sólo adquiere sentido cuando se hace visible a los ojos de su colectividad y de los aplicadores de los programas sociales. Y, como todo sujeto moderno, de un modo u otro busca reconocimiento social no sólo como desprotegido, sino además como una persona con ciertas capacidades. En tal virtud, el logro de reconocimiento también puede considerarse la obtención de la “gloria”. El deseo de mejorar su situación económica, mediante la consecución de recursos monetarios o bienes materiales significa el acceso a una mejor posición social y mayor prestigio como persona con capacidad para allegarse recursos.

En América Latina existen innumerables casos en los que es posible observar cómo la gestión exitosa de recursos para las comunidades locales se traduce en reconocimiento social para los gestores, quienes posteriormente pueden convertir dicho reconocimiento en poder político con alcances locales o regionales. De hecho, es ampliamente aceptado como uno de los efectos “positivos” por las agencias de financiamiento que aquellos individuos con mayor capacidad de gestión sean quienes ocupen los puestos de autoridad en sus comunidades. Para algunos autores se trata de una nueva forma de intermediación que se aleja de las prácticas caciquiles tradicionales (^{De la Peña, 2006}) y que, por lo mismo, puede juzgarse una nueva práctica ciudadana (^{Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006}). No obstante, merece señalarse que estos intermediarios a menudo convierten su prestigio en poder político, y su autoridad en una nueva forma de autoritarismo.

En efecto, en la actualidad es común encontrar ejemplos de nuevos liderazgos forjados al calor de la gestión “exitosa” de proyectos productivos o de pro gramas de asistencia social, así sucede en las ya bastante estudiadas organizaciones de productores y de mujeres de la región de Cuetzalan, Puebla, o de comunidades de Michoacán (^{Zárate y Baltazar, 2011}). Aunque es igual de frecuente localizar grupos de gestores exitosos, incluso familias, que han logrado ascender políticamente gracias a su buena y fructífera labor y a su vinculación con ciertos actores políticos nacionales. En estos casos el manejo de fondos les permite construir una clientela, que ellos afilian a algún partido político negociando ciertas canonjías para ellos y el grupo, obteniendo incontestables aplausos de sus seguidores y de las instancias gubernamentales que les ofrecen fondos para seguir invirtiendo. En lugares como la Sierra Gorda de Guanajuato y Querétaro, estos nuevos intermediarios han desplazado a las antiguas familias de caciques mestizos, asentados en las cabeceras municipales (^{Zárate, 2005}). Su reconocimiento y aclamación provienen de la eficiencia mostrada según los parámetros locales y de las agencias de financiamiento, y se manifiestan en frases como “saben hacer las cosas”, “él sí sabe cómo hacerle”.

Sin embargo, aun en comunidades donde cuentan con proyectos exitosos y líderes eficaces, siguen apareciendo formas de exclusión, y una gran parte de la población se mantiene en situación desventajosa. Para estas personas, alcanzar el “éxito” y el reconocimiento social es factible mediante lo que podríamos denominar la manipulación de la vulnerabilidad: hacer lo posible y necesario para representarse como una persona con carencias. Ya sea que se vinculen con algún intermediario, ya sea que por sus propios medios busquen ser sujetos de los programas sociales, estas personas se asumen y presentan como sujetos vulnerables. Esta manipulación incluiría desde adoptar ciertos signos y elementos distintivos, por supuesto una identidad como persona vulnerable o “carente de” (como lo ejemplifica el diálogo entre las comadres), hasta establecer relaciones instrumentales y estratégicas con personajes con capacidades para gestionar recursos. Es este segundo tipo en el que nos centramos en el presente trabajo.

Nos enfrentamos a procesos de reconocimiento individual donde, además del valor material de lo obtenido, lo importante es el efecto y la función que recompensa al sujeto haciéndolo visible en las esferas social, económica o política. Ese efecto simbólico positivo con el que se busca llenar una ausencia o una carencia es lo que llamamos gloria o aclamación.¹ La “gloria” es el dispositivo que evita el desfase entre las políticas de papel, su puesta en práctica y las formas en que la población se apropia de ellas. Sería el punto de contacto oculto a través del cual las políticas gubernamentales y la población se enlazan renovándose mutuamente (^{Agamben, 2008: 46, 341, 353 y 428}).

Una de las principales limitaciones de las políticas asistencialistas reside en que en el mundo global se promueve sobre todo una sociedad de consumo, de objetos efímeros, desechables. Este tipo de vida se divulga en los medios de comunicación masiva, creando necesidades y deseos de satisfacer la carencia de ciertos objetos materiales, de estatus o prestigio para lograr ser aclamado (glorificado), y, en cambio, los programas de apoyo a grupos vulnerables de la población aluden al poder del Estado y a la intención de dar un mejor nivel de vida optimizando su poder adquisitivo. La concepción de pobreza basada en el ingreso ha provocado que las políticas de asistencia social estén enfocadas a superar la pobreza aumentando só el poder de compra sin considerar la calidad de vida (^{Rojas, 2010: 36}).

Entonces, la búsqueda de aclamación, tanto del sujeto como del Estado, permite que esta circularidad funcione de manera fluida incluso con el desfase existente entre la vida cotidiana de la población y el sujeto susceptible de apoyo gubernamental en el papel. El desfase radica en que, desde la implementación de las políticas sociales del Estado paternalista mexicano, el sujeto se ha creado y recreado como sujeto-objeto del discurso institucional, aunque mantiene la capacidad de activar-desactivar las caracterizaciones que de ese “sujeto de papel” se han hecho en los programas de asistencia social que combaten la pobreza. Esta activación-desactivación se realiza en un contexto definido necesariamente de manera negativa o como si no tuviera ciertas capacidades o como si no fuera sujeto de derecho por las políticas sociales.

En este documento utilizamos el “como si no” para referirnos al doble momento entre el sujeto y la noción de uso que hace de su posición o condición jurídica. Una persona utilizando el “como si no” tiene la capacidad de convertirse en el sujeto que los programas de asistencia social estipulan en el papel, pese a que su condición sea distinta. Para lograrlo, la persona puede sostener tratos, tejer redes clientelares, negociar con los encargados de aplicar el apoyo monetario.

En las próximas líneas buscamos ilustrar nuestro argumento con el caso particular de la localidad de Zapotitlán Salinas, Puebla, donde la implementación de los programas de asistencia social ha incidido en la creación-recreación de la comunidad y el individuo. Empero, este proceso no es una simple respuesta a los cambios globales, tiene raíces históricas profundas entrelazadas con la conformación del poblado y con la búsqueda de distribución del poder que facilitará los medios para acceder a formas más redituables de ganarse la vida.

Zapotitlán Salinas

Zapotitlán Salinas (que es simultáneamente cabecera municipal y terreno comunal) se ubica al sur del estado de Puebla, es parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), la cual es reconocida por su alto porcentaje de cactáceas endémicas y por la situación económicamente deprimida en la que vive la población. Como municipio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con 46 localidades, 31 de las cuales son parte del terreno comunal (véase Figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Delimitación territorial del municipio y terreno comunal de Zpotitlán Salinas, con respecto a la RBTC. 

La adaptación de los habitantes de Zapotitlán a los cambios jurídicos y administrativos del territorio ha sido constante desde tiempos prehispánicos (pasó de señorío popoloca a cacicazgo en el siglo XVI y a mediados del XIX, en 1851, el terreno fue comprado a los herederos del cacicazgo). Con la constitución de su sociedad agrícola en 1886 y su posterior designación como terreno comunal en 1964, se pretendía un acceso igualitario a la tierra y a los recursos necesarios para solventar la vida de la población local.

Incluso con la poca información existente es posible sostener que, hasta entrado el siglo XX, en Zapotitlán Salinas se mantuvo la imagen de los herederos del cacicazgo, diferenciando niveles de estatus socioeconómico. La desigualdad entre la población ha venido de la mano de disputas por descentralizar el poder económico y político del municipio y el terreno comunal. Esta densidad histórica forma parte integral de la construcción de la colectividad, se nos presenta como una búsqueda del ideal de igualdad siempre anhelado, nunca cumplido, vinculado al proyecto de edificación del Estado-nación.

Zapotitlán Salinas ejemplifica cómo ciertos sujetos deciden unirse para hacer frente a su fragilidad económica mediante la adquisición de un terreno comunal. En sus inicios, los zapotitecos construyeron su comunidad mediante el control y usufructo legal del territorio. Ello les brindó, en la medida de lo posible, un acceso igualitario de uso de los recursos naturales para ellos y sus descendientes. Hoy en día, presentarse como “comunidad” se ha convertido en una de las estrategias utilizadas por los zapotitecos para beneficiarse de los proyectos que el Estado mexicano ha impulsado con fuerza a partir de la década de los ochenta del siglo XX. Como las reformas neoliberales ofrecieron mayor libertad para negociar el apoyo de instituciones promotoras de programas sociales, la comunidad, a pesar de las contradicciones o de los conflictos internos, se volvió el medio por el cual ahora expresan sus diversos intereses y aspiraciones. Se puede afirmar que, con el tiempo, su noción de comunidad se ha transformado, al grado de, en ocasiones, entenderse simplemente como un instrumento para satisfacer los requisitos gubernamentales necesarios para obtener algún recurso económico.

Con la descentralización del poder federal en la década de los ochenta, la cabecera municipal de Zapotitlán comenzó a recibir presupuesto federal para invertirlo en obra pública. Los grupos con poder económico y político realizaron alianzas para conservar la administración municipal, consiguiendo con ello robustecer su fuerza política, tanto en el interior del terreno comunal como en el municipio. La migración hacia Estados Unidos facilitó el surgimiento de familias con poder adquisitivo que poco a poco se abrirían espacios en el ámbito político. Con nuevos sujetos disputando el cargo de presidente municipal o comisariado de bienes comunales, apareció el faccionalismo político.

En consecuencia, resulta importante considerar -así sea como hipótesis- la emergencia de un sujeto que -sabiéndose vulnerable ante las dinámicas económicas del mundo moderno-, acude a la reinvención de conceptos como pobreza, ruralidad y empoderamiento ciudadano, para sobresalir en la esfera política, desdibujando a otros grupos de población más marginada económicamente. El autorreconocimiento de su potencial político está presente en el uso que hace de sí mismo como población marginada. Si bien la capacidad de adaptación frente a los cambios nacionales no es nueva, sí lo son las implicaciones que han tenido al incursionar en los modos de vida promovidos en el Estado neoliberal. Una vida exitosa será la que logre demostrar un poder adquisitivo suficiente para obtener prestigio.

Los programas de asistencia social en Zapotitlán Salinas

En las políticas públicas, los zapotitecos, comuneros y avecindados son homologados como ciudadanos con derecho ante los programas sociales promovidos por el Estado mexicano. Al estar en esta posición, una parte de la población ha visto la oportunidad de acceder a un recurso con el cual pudiera satisfacer sus necesidades económicas, de prestigio o estatus social; otros han decidido impulsar algún negocio para crear su propia fuente de empleo. Con el paso de los años, el cuidado y la valoración del ambiente desértico se ha convertido en un discurso dominante y el turismo se proclama como una alternativa viable para “sacar de la pobreza” a la comunidad.

La densidad histórica, sus costumbres, sus creencias, además de sus características biológicas han sido complementos de un discurso cada vez más complejo. La organización de las relaciones sociales se ha diversificado y fragmentado, desvinculando la noción de comunidad de la propiedad comunal, inclinándose a privilegiar al ciudadano individual. Las personas gestoras de programas de asistencia social, que se presentan ante las instituciones como miembros de una comunidad rica en historia y diversidad natural, suelen recibir los beneficios de manera particular.

Gracias a las políticas públicas promotoras de la participación ciudadana, las personas solicitan apoyo para mejorar su situación económica aludiendo a sus potenciales turísticos. Las propuestas de recuperar antiguas tradiciones y artesanías ensalzan la imagen de comunidad rural. Así, la utilización de la noción de “comunidad” y de su permanencia se desenvuelve en dos ámbitos: el cotidiano-local y el normativo-federal. De esta manera, las políticas promotoras del desarrollo local conforman nuevos escenarios locales. En la actualidad, la lucha por acceder a algún programa de asistencia social está relacionada con la fragmentación en la organización comunal y la diversidad de grupos de poder. El problema no sólo es institucional, se suscita entre los zapotitecos, los empleados municipales e incluso entre los prestadores de servicios que laboran para diferentes instancias gubernamentales.

Hay una costumbre aquí de bajar proyectos o hay una tradición, ya hay un conocimiento de cómo. Yo lo veo como externo. Ya hay mucha gente que baja proyectos, tiene líneas, tiene contactos y los bajan para sus grupos. […] todo eso que estaba bajando cada quien para cada quien pues lo bajará cada quien pa’ todos, dentro de una programación que fuera común para un bien común, pero eso no le convenía a ciertos personajes, a unos más a otros menos y eso generó tensiones [asesor técnico del municipio, 2 de febrero de 2010].

El municipio de Zapotitlán Salinas ofrece asesoría para gestionar apoyos gubernamentales, todos los habitantes pueden acceder en calidad de ciudadanos, siempre y cuando presenten su acta de nacimiento, su clave única de registro de población (CURP) y un comprobante de domicilio. “Bajar proyectos” entre los comuneros zapotitecos es una práctica común. Un excomisariado de bienes comunales considera que la gestión particular ha traído más problemas que beneficios a la comunidad.

Aquí [Zapotitlán] viene un técnico abusado y dice sabes qué, mira, yo te puedo hacer esto [proyecto] tú nada más haz tu grupo de gente, fírmame [documentos de propiedad que legitimen su posición de comunero] y que me autorice la autoridad, porque si no entonces no funciona. Y ahí va la borregada. Hace el equipo, dame tanto [dinero], el técnico, ¡híjoles!, se va bien cabezón con el proyecto […] y como se trata nada más de agarrar la lana [dinero] y el otro [comunero] sin conciencia, pues agarra la lana, compra su carrito, cosas que le hacen falta [excomisariado de bienes comunales, 7 de marzo de 2010].

Estos fragmentos de entrevistas señalan la existencia de canales informales de participación, creación de redes clientelares, compadrazgos. La cooperación y la participación social se traducen en términos monetarios, reduciendo la posibilidad de inclusión de sectores populares y agudizando las diferencias entre la población (^{Hernández Corrochano, 2003: 471}). Implementar o gestionar apoyos gubernamentales en zonas económicamente deprimidas en una localidad, en la que convergen el poder municipal y el comunal, es una tarea difícil tanto para los trabajadores de las instituciones como para los beneficiarios.² El discurso de la pobreza es para los zapotitecos el argumento que sostiene su interés por los programas de asistencia social. El “bajar proyectos” se ha convertido en una meta, un imaginario de éxito de lo deseable.

En este tenor, la mujer ha surgido como sujeto de acción que disputa un lugar en la política. A pesar de que no hay proyectos materializados o exitosos con cierta trayectoria, representan la esperanza de llegar a ser. La gestión es vista como una forma de ganarse la vida y como el medio que les posibilita ascender de estatus social y económico. La noción que se tiene sobre los proyectos gubernamentales es una construcción en la que intervienen el sujeto y la comunidad de la que se es parte. Ellos van actuando autónomamente, pero conscientes de que la forma en que se muestren dice algo de los otros (^{Taylor, 2006: 196-198}). El resultado son espacios ambiguos de exposición mutua, unos activos en el ámbito político, otros en la esfera social. De esta forma, la pobreza, como grado de insatisfacción, permanece ante el cambiante y demandante imaginario del éxito glorificador.

En muchos casos, el apoyo en especie y el dinero se han destinado a satisfacer los vacíos de prestigio. Se adquieren automóviles, se visita la ciudad de Tehuacán para comprar en centros comerciales o comer en lugares que estaban fuera de su alcance. Debido a la falta de inversión o ahorro, este estilo de vida dura poco. Los vecinos comienzan a hablar de los beneficiarios, ellos se percatan de que el capital se va acabando y, con él, se va desvaneciendo el prestigio obtenido.

Al tiempo que esto ocurre, en las políticas oficiales prevalece el discurso de ayuda a los sujetos con poco poder adquisitivo y modo de vida por debajo de los estándares nacionales e internacionales. En esta línea, la apropiación versus la desarticulación del discurso de unidad y de desarrollo comunitario se hace evidente. La unidad comunitaria se mantiene en tensión al oscilar entre su debilitamiento y su continuidad. Como puede desprenderse de lo expuesto, la obtención de buenos o malos resultados depende en gran medida de la “densidad” de la organización interna, lo que implica siempre el “control” (o la “pérdida de control”) del destino de los recursos que ingresan a la comunidad mediante programas o incluso por las remesas de los migrantes.

En este caso, la principal ambigüedad se da entre el uso particular que se hace de los recursos y el manejo de la noción de comunidad para obtenerlos. En otros lugares del estado de Puebla estos recursos se han vuelto estratégicos para el desarrollo local -como lo demostró ^{R. Smith (2006)} en su estudio sobre los ticuanenses en Nueva York y su inversión en obras públicas-, en la medida en que la comunidad misma, mediante sus autoridades legítimas, ejerce un fuerte control sobre su manejo. Lo que, por desgracia, no sucede en Zapotitlán ni en muchas otras localida des, donde se encauzan casi exclusivamente a proyectos particulares.

Alcanzar la gloria en Zapotitlán Salinas

Los representantes o líderes políticos que gestionan tanto proyectos particulares como los destinados al terreno comunal de Zapotitlán Salinas suelen ser los más favorecidos, no sólo económicamente, sino por el prestigio, por el reconocimiento obtenido. Puede decirse que ahí donde la “gloria de la pobreza” es reconocida por la “aclamación” social, la gestión de recursos se ha vuelto más importante que la generación de nuevos recursos mediante la inversión de los que se consiguen gracias a los programas sociales. En este sentido, es interesante resaltar la irrupción de las mujeres y los jóvenes profesionistas en la esfera política.

En Zapotitlán Salinas la mujer no tenía un lugar primordial en la esfera política. Su emergencia como actor político inició en el año 2000 con su participación en los proyectos de los fondos de ahorro apoyados por los Fondos para la Mujer Rural (Fomur), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el gobierno de Puebla, y tomó fuerza con la promoción e implementación del proyecto turístico impulsado por la Red Nacional de Mujeres Rurales (Renamur) y el apoyo de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en 2007-2008. En la organización de los grupos de trabajo administrativo y de divulgación, algunas mujeres destacaron por su iniciativa y capacidad discursiva.

Gracias a su asistencia a las capacitaciones, talleres y pláticas dados por la Renamur, su confianza, su aptitud discursiva y su desenvolvimiento en público se optimizaron considerablemente. El conocimiento que adquirieron sobre la gestión de apoyos de gobierno fue una experiencia que ellas consideraban “difícil” para un ama de casa sin estudios y de un pueblo pobre. Los viajes a Puebla, a la Ciudad de México, incluso al extranjero, sus nuevos negocios, remodelaciones a sus casas, fueron pruebas fehacientes de que la gestión era el camino más seguro para mejorar la situación socioeconómica de una persona y su familia. Otras mujeres han buscado seguir el mismo camino que las participantes en la Renamur, pero no todas tuvieron igual éxito, ya que no contaban con la misma red de conocidos ni con la preparación administrativa para solicitar recursos públicos.

Los jóvenes profesionistas son otro actor político emergente, algunos han ocupado puestos en la administración comunal o dentro del municipio. Quienes han fungido como autoridades locales también han visto en la gestión una oportunidad para ganar adeptos en la política regional. Los jóvenes tienen estudios universitarios y cierta irreverencia hacia los “viejos líderes políticos”, sus intereses suelen enfocarse en la mejora de la localidad y en tramitar apoyos externos de instancias gubernamentales estatales o federales. Estos personajes, mujeres y jóvenes profesionistas, son ejemplos de gente que ha alcanzado “la gloria” al ser reconocida por su experiencia, su conocimiento adquirido en la gestión, su ascenso socioeconómico, su prestigio. El desempeño, continuidad o fracaso de sus proyectos no es el único criterio de éxito. Es más, algunos zapotitecos señalan que si hubiera mejoras económicas visibles en Zapotitlán Salinas -a causa de la asistencia de programas gubernamentales- habría cada vez menos oportunidades para solicitar apoyo al gobierno.

De hecho, la no inversión en proyectos productivos por parte de quien recibe los beneficios de los programas sociales es vista como una de las causas del aumento de la pobreza (a pesar del alto gasto social que realiza el gobierno en programas asistencialistas). Además, en estos lugares es evidente el abandono de las actividades productivas primarias y el encauzamiento de la energía de las personas a la búsqueda de financiamientos externos.

A modo de reflexión

El caso de los zapotitecos que tan activamente participan en la consecución de los recursos de los programas sociales y otras fuentes de financiamiento ilustra con claridad cómo el ideal de una vida de consumo, en la época actual, incide en la conformación de nuevos arreglos y relaciones sociales en las comunidades rurales. Para quienes están metidos en obtener recursos para satisfacer necesidades particulares la vida está escindida entre 1) la vida que se vive y 2) la vida por la cual y en la cual se vive. La primera se refiere al conjunto de hechos y acontecimientos que definen cada biografía y cada historia. La segunda es lo que hace a la vida vivible, dándole sentido y forma (^{Agamben, 2008: 433}; ^{Ugarte Pérez y Agamben, 2005: 178}; ^{Žižek, 2005: 153}). Es en la vida por la cual y en la cual se vive donde se crean imaginarios sociales que posibilitan las prácticas dotándolas de sentido (^{Taylor, 2006: 13}), donde se construyen el deseo de gloria y las estrategias para conseguirla. La conversación de Lupita P. y María L. es un ejemplo de la búsqueda de satisfacción, de la necesidad de aclamación, que se logra poniendo en práctica el “como si no”: me presento como si no tuviera dinero, como si no tuviera casa, como si no tuviera coche, etcétera.

Llegar a ser reconocido permanece como el sueño a realizar, sin embargo, en el proceso de obtención va modificándose, haciéndose más complejo e inalcanzable, de tal manera que la insatisfacción puede perdurar. Su preservación cambiante es sostenida por el sistema de signos, significados, valores que dan sentido a las acciones (^{Taylor, 2006: 197}). Éste es el proceso de la glorificación mediante la permanencia del apoyo gubernamental a “los pobres que permanecen pobres”, a pesar del impulso de programas de asistencia social que pretenden combatir la pobreza.

La diferenciación entre quien o quienes se interesan en acceder a algún apoyo gubernamental y quienes no está dada por la estrecha relación entre la búsqueda de aclamación, la economía y las políticas gubernamentales de asistencia social, permitiéndole al sujeto administrar su vida a conveniencia, en el punto donde converge el desfase de las políticas de papel y su puesta en práctica. El sujeto mencionado en los discursos institucionales permanece hasta donde le es posible a costa de los sujetos que ocultan su deseo de obtener estatus, prestigio o reconocimiento efímero. Aquí lo más relevante no es el uso político de la pobreza, el “engañar” al Estado, sino que el(los) sujeto(s) que accede(n) al apoyo mantiene(n) su situación jurídica, social o económica transformándola en la forma del “como si no”.

La situación jurídica se mantiene gracias al ocultamiento del sujeto de la vida cotidiana y la exhibición del sujeto-objeto del papel. Al enfrentarse cara a cara como alguien que no cumple los requisitos de las políticas públicas se deja de ser el sujeto de la política y, por tanto, se invalida la posibilidad de hacer uso del desfase, anulando su derecho a acceder a dichas políticas. Lo paradójico es que el sujeto no hace uso de un derecho, es el uso sin derecho a lo que accede.

Ese no-uso de su derecho perpetúa el juego entre los programas paliativos que hacen “como si realmente te ayudara a salir de la pobreza” y el individuo que le da continuidad presentándose “como si no tuviera recursos materiales”. En otras palabras, no se persigue el derecho en sí mismo, sino servirse de él negando la vida en que se vive a fin de dar sentido a la vida por la cual (y en la cual) se vive, éste es el problema político al que nos enfrentamos.

La inalcanzable meta de acabar con la pobreza en México se presenta como la tragedia que deviene en el jugueteo de las leyes y el reclamo de derechos. No se trata sólo de la actuación del sujeto para representarse como pobre, sino de la creación de espacios propios donde la vida se escinde ante la búsqueda de gloria (reconocimiento) y el mostrarse como sujeto “carente de”. Estamos frente a la desactivación, a la inoperancia, del derecho al servirse de él de maneras diversas.

Para algunos autores, la posición de cada individuo o grupo de trabajo en cuanto a las políticas de gobierno se convierte en una disputa política entre los proyectos políticos, expresada, como escribe Evelina ^{Dagnino (2006: 225)}, en contiendas de significados respecto de la comunidad. Éstas pueden ser armas políticas que constituyen un terreno minado entre la participación social y la presencia del Estado a través de políticas públicas benéficas ante la población económicamente deprimida. La gestión de programas sociales, bajo la exigencia del derecho ciudadano, trae consigo el resurgimiento de lazos entre familias, permitiendo la inclusión, no siempre permanente, de actores políticos emergentes.

Las personas de diferentes estratos socioeconómicos crean estrategias y prácticas a partir de los requerimientos institucionales. Adquieren sus habilidades gracias a la experiencia, el conocimiento de derechos y de obligaciones, así como mediante el acceso a la información sobre las oportunidades ofrecidas por instancias gubernamentales. Este tipo de prácticas contribuye a la negociación o pugna de intereses comunes y particulares. Saber dónde, cuándo y con quién acercarse es un valor agregado frente a otros grupos que incursionan en la gestión de programas sociales.

Tenemos, por un lado, la construcción de nuevos tipos de relaciones sociales con ciudadanos como sujetos activos. Por el otro, las políticas neoliberales promueven los derechos del individuo y la participación social. Los dos forman parte, paradójicamente, del mismo proceso que ensalza la vida rural y la comunidad. Si bien se abren espacios a nuevos grupos, tratando de crear condiciones más igualitarias, el beneficio permanece dentro de una reducida red de relaciones de poder.

En el ámbito político, la participación social se remite casi exclusivamente a la gestión, en lugar de concebirse con objetivos de socializar efectivamente el poder (^{Dagnino, 2006: 228 y 232-233}). La fragmentación de una noción comunitaria va dando pie a prácticas particulares que devienen en conflictos internos de múltiples intereses por el acceso a programas sociales. Tal heterogeneidad de intereses contribuye al poco éxito de los proyectos ofrecidos por instancias gubernamentales. Sin embargo, es la misma carencia de casos “exitosos”, o los abundantes ejemplos de casos “fracasados”, lo que permite al Estado seguir justificando el apoyo.

Ciertas prácticas, exigencias de derecho, alusiones a la legalidad, la legitimidad de uso, el acceso a recursos que en un tiempo y contexto específicos fueron básicos para la construcción de un proyecto común -de cohesión comunitaria y conservación del territorio-, se transformaron en capacidades instrumentales, que han coadyuvado a la presencia de diversas nociones de comunidad. El imaginario de la gloria que promueve el mundo moderno tiene como destinatario al individuo, no a la comunidad. ¿De qué otra forma se destacaría entre la colectividad? La satisfacción de reconocimiento, de aclamación, no puede ser compartida a menos que se afecten intereses propios. Así, la importancia de la comunidad toma valor al ser materia prima de las estadísticas de la pobreza, sobre la cual se construyen planes de gobierno, los cuales serán aprovechados por personas que excluyen a otras a fin de no ser excluidas por éstas.

Finalmente, aquí hemos expuesto cómo, en este caso particular, el individuo ha encontrado en la pobreza una forma de conseguir o conservar reconocimiento de la colectividad. Mientras que el Estado mexicano salvaguarde este imaginario moderno, la circularidad de la acción y del discurso de los proyectos productivos prevalecerá inoperante. El caso de Zapotitlán Salinas nos ilustra la transformación de la idea de comunidad de la mano de construcciones individuales sobre cómo obtener bienestar común, en especial con la emergencia de nuevos actores como las mujeres, ahora un referente de gestión, o los jóvenes, los migrantes retornados a su lugar de origen con intenciones de crear proyectos propios, o bien, jóvenes con licenciatura que van por el mismo camino, buscando apoyo de asociaciones internacionales para promover y divulgar su trabajo. La forma de operar de cada uno de los grupos es un trabajo que deberá seguirse para hacer evidente las nuevas redes que han tejido desde su emergencia hasta la fecha. Sin duda, el tema no está agotado, habrá que seguir analizándolo.