Revisitar el multiculturalismo y aludir al posmulticulturalismo vigente es una tarea que no se acota al análisis de las transformaciones que se gestaron en la década de los noventa, que parecían reconciliarnos con la diversidad étnica que conforma nuestras sociedades nacionales. Lo que se anunciaba como un cambio de rumbo en la relación entre los pueblos indígenas y los estados nacionales del continente americano parecía augurar con la nueva retórica de la política pública hacia la diversidad cultural, en especial la indígena, que se lograrían disminuir los entramados simbólicos y eventualmente los materiales que sostienen y reproducen la desigualdad social, económica y política que ha marcado la historia de estos pueblos. Sin embargo, muy pronto pudimos ver que el elogio de la diversidad (^{Díaz Polanco, 2006}) tenía como trasfondo una dupla que hoy parece inseparable: reconocimiento e intervención, control y cooptación de los movimientos y disensos sociales, lo cual ha ocurrido en países neoliberales, como México, y posneoliberales o progresistas, como Ecuador, que son abordados en el dossier de este número de Alteridades.

El entusiasmo generado por el reconocimiento de derechos a minorías y pueblos indígenas, tanto en las filas de la academia como en los movimientos sociales, se fue desvaneciendo en tanto que de manera paralela se fueron gestando cambios en las estructuras de los estados nacionales, que mostraban que las soberanías nacionales se iban reconfigurado, y con ellas se abría una brecha en el cumplimiento de los derechos reconocidos, pues al mismo ritmo que se aprobaban reformas en materia de derechos culturales se realizaban transformaciones muy significativas en materia económica, sobre todo en el ámbito energético: minería, petróleo, agua, energía eólica, gas, hidroeléctricas, entre las más relevantes, con lo que se consumaba una nueva fase en el modelo de acumulación capitalista que echaba por la borda las conquistas normativas a favor de los pueblos indígenas. Transitamos del Consenso de Washington al de las Commodities, es decir, de la acumulación financiera a la acumulación por desposesión, en términos de ^{Harvey (2004)}. Este modelo de acumulación está basado prioritariamente en la explotación y apropiación de materias primas, en especial en los territorios del sur global, con lo que se han creado nuevos enclaves extractivistas que son el factor fundamental para desmantelar la década de reconocimientos. En prácticamente todos los países latinoamericanos la invasión y depredación de los recursos bioenergéticos se han ido configurando como los principales atentados contra los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas. De acuerdo con autores como ^{Gudynas (2009)} o ^{Herreño Hernández (2015)}, entre otros, en este giro, los estados han tenido un papel cardinal preparando los marcos normativos idóneos para atraer capitales transnacionales, que han sentado sus reales sobre los territorios latinoamericanos, generando nuevas dependencias y desigualdades con consecuencias políticas y ecológicas devastadoras. En este proceso, los estados se han constituido como los promotores, socios o cómplices de los intereses de las grandes corporaciones, lo cual ha gestado una diversidad de contestaciones sociales encabezadas por pueblos indígenas, organizaciones sociales, ambientalistas y muchos otros actores sociales.

Si bien se trata de un proceso global compartido, para reflexionar sobre sus particularidades en este número de la revista presentamos una serie de artículos que se han propuesto analizar, desde distintas perspectivas, las reconfiguraciones de los estados, los usos del derecho constitucional indígena y del derecho nacional para disputar viejos y nuevos derechos, en un marco donde el pluralismo jurídico o el uso estratégico o contrahegemónico del derecho, unido a la protesta social, se constituyen como una apuesta para defender las formas organizativas comunitarias, detener los despojos y los giros autoritarios y antidemocráticos que recorren el continente.

En este contexto, los artículos dedicados a México, “Justicia electoral en Oaxaca: entre los derechos de las mujeres y los derechos comunitarios”, de Laura Valladares, y “Las revoluciones de los derechos indígenas en Michoacán. Una lectura desde la lucha de Cherán”, de Orlando Aragón Andrade, tienen en común examinar los recursos de impugnación que son interpuestos ante las autoridades electorales, ya sea por personas o comunidades indígenas exigiendo su derecho a autorrepresentarse. En ambos casos se discute la importancia que actualmente tiene el Poder Judicial de la Federación, que se ha constituido como un contrapeso o generador de un mayor equilibro entre los tres poderes de la federación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los dos artículos enfatizan el rol que está jugando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano especializado del Poder Judicial que tiene la competencia de conocer y resolver los conflictos que en materia de representación política enfrentan los ciudadanos y los pueblos indígenas. Se trata de textos que reflexionan sobre la relevancia que tiene para los pueblos indígenas la disputa por los canales legales en la resolución de disputas que los confrontan ya sea como personas o como colectividades. Uno de los aportes más sugerentes de estos trabajos es mostrar la diversidad de situaciones y resoluciones de las autoridades electorales. Por su parte, Laura Valladares se concentra en analizar dos sentencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF a raíz de la interposición de juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por mujeres indígenas de dos municipios oaxaqueños, Santo Domingo Nuxaá y San Bartolo Coyotepec, quienes exigen su participación en las asambleas electorales.

Las sentencias dan cuenta de una paradójica situación: los magistrados de la Sala Superior del tribunal resolvieron esta controversias sustentados en lo que se denomina control de convencionalidad y de constitucionalidad, mostrando que no se retomaron las convenciones internacionales en materia indígena, por ejemplo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sino las relativas a los derechos de las mujeres, y en lo que se refiere al control de constitucionalidad, las sentencias del tribunal no se sustentaron en el artículo 2^o, es decir, la Ley Indígena, sino en el principio de la universalidad del voto, lo que indujo a las autoridades a desconocer los acuerdos de las asambleas comunitarias electorales de ambos municipios. Esto, de acuerdo con la autora, podría llevar a poner en entredicho y restar legitimidad al órgano más importante de los pueblos, comunidades y municipios indígenas para decidir autónomamente la forma de nombrar a sus autoridades, pues al desconocer los acuerdos emanados del consenso comunitario se está vulnerando la autonomía que la propia constitución federal y oaxaqueña otorgan a los pueblos indígenas. Concluye que en este tipo de resoluciones donde no se concilian los derechos constitucionales de pueblos indígenas con otras normas federales en materia indígena se generan nuevas tensiones, y en estos casos en particular, las sentencias resolvieron en sentido contrario al principio de la democracia representativa en donde las minorías deben acatar el acuerdo de las mayorías. Si bien estos casos parecieran excepcionales, son preocupantes y llevan a cuestionar los argumentos sobre los cuales una autoridad no indígena resuelve un conflicto indígena.

Afortunadamente esto no ocurre siempre, y como ejemplo se encuentra el artículo de Orlando Aragón donde analiza las resoluciones del tribunal electoral para el caso de la comunidad de Cherán, Michoacán, en 2011. Argumenta que los avances logrados en materia de reconocimiento de la autonomía indígena se han constituido como una revolución de los derechos indígenas, pues conllevaron no solamente el reconocimiento del derecho de los purépechas a elegir a sus autoridades sin la participación de los partidos políticos. En esta experiencia, la movilización social y el uso contrahegemónico del derecho ha tenido varios impactos significativos: por un lado, en la entidad michoacana se han realizado dos reformas constitucionales en materia indígena, y por otro, la lucha jurídica para la defensa de los derechos indígenas ha conducido a un desbordamiento del derecho a la autodeterminación. Es de tal envergadura este proceso que Aragón afirma que la experiencia y triunfo legal de los cheranguenses consiguió modificar la estructura de gobierno municipal, haciendo tangible el reconocimiento de un cuarto nivel de gobierno conformado por las autonomías comunitarias. En este sendero estaría también la experiencia de la submunicipalidad (tenencia) de Pichátaro, perteneciente al municipio de Tingambato, cuyas autoridades demandaron que se les permitiera administrar directamente y se les entregara de manera proporcional, en términos poblacionales, el presupuesto que les correspondía. Esta disputa también fue resuelta por la Sala Superior del TEPJF, cuyos magistrados atendieron el alegato que argumentaba que el derecho a la libre determinación no sólo tiene la dimensión de nombrar autoridades y revitalizar las formas organizativas propias de las comunidades, sino que además este derecho implica otras dimensiones que alcanzan esferas como el libre desarrollo económico de las comunidades. Por ello estos fallos positivos emitidos en las sentencias del tribunal electoral desbordan el entendimiento tradicional del derecho a la autodeterminación, yendo más allá de hacer efectivo este derecho.

Los tres artículos siguientes que conforman el dossier están dedicados a revisar los cambios que se registraron bajo el gobierno progresista de Rafael Correa en Ecuador, durante la denominada Revolución Ciudadana, mostrando los claroscuros del anunciado cambio de paradigma, de matriz económica y sobre la nueva relación con los pueblos indígenas, plasmado en la constitución del Estado Ecuatoriano aprobada en 2008. El artículo de Gema Tabares, “Dilemas y rupturas entre yachak y la figura del poncho dorado en Ecuador”, analiza la construcción de una élite interna en los pueblos y nacionalidades indígenas en ese país, debatiendo las tensiones que se expresan entre un movimiento indígena que tiene una larga trayectoria en luchar contra el Estado, y la incorporación de sus líderes más destacados en distintos cargos gubernamentales. Discute con profundidad sobre las categorías y modelos para el estudio de las élites intelectuales indígenas y los capitales que son acumulados y movilizados en la construcción de este sector social. Asume una perspectiva desde la antropología total planteada por Pierre Bourdieu, para el análisis de los agentes, los líderes ubicados en un campo, y privilegia un enfoque etnográfico del pensar entre dos, el yuyanacuna, para dar cuenta de la estratificación de clase presente y explicar el debilitamiento del movimiento indígena en Ecuador. Muestra algunas dimensiones relevantes en la relación del gobierno de la Revolución Ciudadana con los líderes y los pueblos y nacionalidades indígenas a fin de entender las rupturas que fueron ocurriendo con el paso de los años, como las relativas a la distancia percibida por las bases o población de los pueblos y nacionalidades que se origina con los líderes cuando acceden a un cargo político en la estructura del nuevo Estado plurinacional. Otra dimensión del disenso, ahora entre el presidente y los líderes indígenas, ha tenido que ver con la promesa incumplida en torno al cambio de matriz económica, pues aun cuando la nueva constitución incorporó la noción de Pachamama y los derechos de la naturaleza, por mencionar algunos, el giro extractivista y el control político del gobierno sobre los movimientos y organizaciones sociales iban resquebrajando las alianzas entre ambos sectores. La autora también da cuenta de la distancia, cuando no contradicciones, entre las epistemologías y ontologías indígenas acerca de la representación, la organización indígena y los horizontes de futuro sobre los contenidos que debiera tener un verdadero Estado plurinacional.

Desde una perspectiva igualmente crítica, el texto de Carmen Martínez Novo, “Discriminación y colonialidad en el Ecuador de Rafael Correa (2007-2017)”, se concentra en discutir la persistencia de dos maneras de discriminación en Ecuador: aquella que denomina ventriloquía, que ocurre cuando los no indígenas hablan por los indígenas, y la segunda relativa a las formas de represión basadas en la humillación pública a que son sometidos los indígenas, que recuerdan a los castigos y reprimendas que se registraban en el pasado colonial o en la etapa de las haciendas. Preocupa a Martínez Novo los debates que desde la academia se han gestado a partir de una postura decolonial, los cuales analíticamente aportaron, apostaron y asesoraron el proyecto de construcción de un nuevo Estado plurinacional, pero que, sin embargo, han guardado silencio ante el vaciamiento, trivialización y utilización política discursiva de nociones como sumak kawsay (buen vivir) y la Pachamama. Para Martínez Novo, estos conceptos, ahora preceptos constitucionales, son construcciones elaboradas por los intelectuales indígenas y la perspectiva de la ecología política, misma que no corresponde con las cosmovisiones indígenas. También preocupa a la autora el giro autoritario expresado, entre otras cosas, en el control de las organizaciones y movimientos sociales que interpelan al gobierno de Correa, así como el giro extractivista que pone en entredicho la estructura política, discursiva, autonómica y biocéntrica del novel Estado plurinacional.

Cierra esta sección con el artículo de Lizeth Pérez, “Participación política de mujeres indígenas en tiempos de la Revolución Ciudadana”, en el cual explora las nuevas configuraciones políticas que han llevado a que un mayor número de mujeres indígenas accedan a cargos de representación política, tanto en el plano local como en el nacional. Propone un acercamiento desde el paradigma de la interseccionalidad para mostrar la forma en que las condiciones de género, raza, clase y nación han incidido a lo largo de la historia para excluir a las mujeres de espacios de toma de decisiones. A partir de un recorrido sobre las políticas afirmativas de género y la construcción de vigorosos liderazgos femeninos -algunos se configuraron en el marco de las organizaciones más importantes de Ecuador, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana o el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-, las mujeres se constituyeron como líderes reconocidas por las propias organizaciones y en sus pueblos de origen. Sin embargo, la autora indica la persistencia de la subrepresentación de las mujeres en las organizaciones indígenas; por ejemplo, señala que, de las 243 organizaciones indígenas existentes en la región de Chimborazo, sólo siete tenían como presidente a una mujer. Lo mismo sucede en los niveles parroquial, cantonal y regional. Ahora bien, en el ámbito de la Asamblea Nacional, a pesar del establecimiento de cuotas de género desde 1998 con 30%, en 2003 se elevó a 35%, en 2007 a 45%, hasta llegar a la paridad (50-50%) en las elecciones de 2009 y 2017, lo cual manifiesta que ciertamente se han registrado avances, no obstante, cuando se incorpora la pertenencia étnica, las cifras de legisladoras indígenas electas caen de manera vertiginosa. Como el caso de la elección de asambleístas para el trienio 2013-2017, en el que de los 137 legisladores que conforman la asamblea, 80 fueron hombres, 57 mujeres y sólo cuatro de ellas indígenas. Además de su poca representación en la Asamblea Nacional, es reducido el impacto que logran tener para defender su agenda como representantes de sus pueblos y comunidades. En lo que corresponde al terreno local, Pérez afirma que existen procesos organizativos muy significativos, en donde las mujeres están posicionando una agenda de género, que si bien cuestiona las tradiciones que las excluyen, también, como en otros países del continente, su plataforma está cimentada en su identidad y pertenencia a un pueblo indígena. Esto se expresa actualmente en la lucha por la defensa de sus territorios frente a las políticas extractivistas que amenazan con desvanecer los avances alcanzados tanto en la etapa multiculturalista como en la progresista de la Revolución Ciudadana.

En la sección Investigación antropológica se han incorporado cuatro artículos que abordan desde diferentes perspectivas y miradas antropológicas la diversidad sea étnica, cultural y comercial en la era de la globalización. Se inicia con el trabajo de Luz Lozano Nathal, “La lucha por el agua y la generación de un nuevo tipo de panindianismo”, el cual, en sintonía con los artículos del dossier, da cuenta de la resistencia de los pueblos indígenas, tribus o primeras naciones de Norteamérica que se están rearticulando tanto al interior de Estados Unidos como de Canadá constituyendo organizaciones transnacionales, transclasistas e interétnicas para detener el despojo de los recursos de sus territorios ocasionado por los proyectos de construcción de gasoductos, de las explotaciones mineras o el despojo de sus aguas de sus territorios, lo que, de acuerdo con la autora, ha decantado en la configuración de un nuevo panindianismo militante. En Estados Unidos, este proceso de lucha ha articulado a los movimientos indígenas con otros movimientos recientes, como aquellos contra el racismo, la xenofobia y la violencia de género. Conforman, junto con el activismo académico y social en pro de los derechos de las minorías y los derechos humanos, una expresión de la preocupación por el giro abiertamente intolerante y depredador del actual gobierno norteamericano, lo cual está siendo contestado con lo que la autora llama un activismo transnacional. Asimismo, los lectores encontrarán una síntesis de las relaciones del Estado norteamericano con los pueblos indios a través de los tratados que han signado a lo largo de la vida de la Unión Americana, mostrando las tensiones y despojos históricamente vividos. La autora nos ofrece un recuento del reciente conflicto surgido por la amenaza de apropiación de los recursos hidráulicos de la reserva de Standing Rock, en Dakota del Norte, y la lucha por defender sus recursos desde lo que denomina como luchas que tienen como fundamento una ontología animista, que rechaza la visión mercantilista de los recursos de la naturaleza.

Desde otra mirada de las relaciones interculturales e interétnicas, el artículo de Itzel Sosa Sánchez, “Estratificación de la reproducción y violencia obstétrica en servicios públicos de salud reproductiva”, presenta, parafraseando el título de un trabajo de Rosario Valdez-Santiago et al. que cita Sosa en las fuentes, una “nueva evidencia a un viejo problema: el abuso de las mujeres en las salas de parto”, lo cual se estudia a través de las usuarias de las clínicas de la Secretaría de Salud procedentes de barrios populares de la ciudad de Cuernavaca y el municipio de Tepoztlán. A partir de entrevistas tanto a usuarias como al personal de las clínicas, expone las formas en que las representaciones sociales sobre maternidad en particular y sobre las mujeres en general reproducen las relaciones de violencia que se establecen en la interacción entre mujeres embarazadas-médicos y enfermeras que se expresa, por ejemplo, en el rol tradicional que deben cumplir las mujeres como “pacientes”, ya que las mujeres deben aceptar el trato discriminatorio y etnicizado que viven en el ambiente hospitalario. La muestra en la que basó su estudio le permitió demostrar el trato diferencial del personal médico de acuerdo con la condición económica, racial y de preparación escolar de las pacientes. Otro hallazgo significativo fue evidenciar que las prácticas de control de la natalidad siguen siendo inducidas o forzadas sin el consentimiento de las mujeres, lo que exhibe la brecha existente para que todas las mujeres, independientemente de su condición étnica, económica o social, puedan ejercer en condiciones de respeto sus derechos reproductivos.

Con una mirada desde dentro y con la distancia de la observación antropológica, Alberto Hernández, en “Tepito, capitalismo a la brava. La tenue frontera entre la legalidad y la ilegalidad”, nos lleva a recorrer pasillos, calles, comerciantes y productos de uno de los mercados populares más grandes del mundo, Tepito, cuyo origen se remonta a más de cinco siglos. El autor nos propone entender ese espacio desde la noción de lo (i)lícito -término acuñado por Abraham y Van Schendel- y la de la empresarialidad popular, que, de acuerdo con Gago -quien realizó un estudio en el mercado popular La Salada en Buenos Aires, Argentina-, se construye desde abajo, y una de sus características es la frontera borrosa entre lo legal y lo ilegal, pues son dimensiones que se sobreponen y empalman en el acontecer cotidiano. Hernández recupera a autores como Abraham y Van Schendel, y Lins Ribeiro, quienes proponen pensar lo procesos globales “no formales” en cuanto expresión de un neoliberalismo desde abajo. Nos convoca a pensar estos espacios populares comerciales como una manifestación de nuevas multiterritorialidades, siguiendo a Haesbaert, como espacios que articulan actores y mercancías en distintas geografías. En el barrio de Tepito, esa multiterritorialidad se extiende y vincula a centros productores que van desde o hacia la Ciudad de México, Shanghái, China, Corea o Estados Unidos.

Tepito es todo un microcosmos citadino en donde viven alrededor de 50 mil personas, hay entre ocho mil y 12 mil puestos comerciales semifijos, 17 calles están cerradas al tráfico de vehículos y existen 62 organizaciones de comerciantes, quienes reciben cerca de 150 mil personas a la semana en busca de algunos de los productos que allí se ofertan. Se trata de un artículo sugerente en donde el autor, originario de este barrio, nos invita a leer ese peculiar espacio comercial, alejándose de presentar una reiterada descripción estereotipada del micromundo globalizado y multiterritorializado que es Tepito, pues el foco está colocado en las redes globales y la forma en que se expresan otras globalidades no hegemónicas. En sus páginas, el lector podrá acercarse al recuento de los distintos procesos en la historia de este Barrio Bravo, hasta sus novedosas articulaciones transnacionales, en donde conviven y se han asentado desde viejos migrantes de otras entidades de la república, hasta chinos y coreanos que conforman las redes globales de mercancías.

Esta sección finaliza con el artículo de Laura Enif Martínez-Almanza y Fernando Limón-Aguirre, “Prácticas alimentarias del pueblo maya-chuj: entre la ‘comida de pobre’ y la ‘comida de rico’”, quienes desde el enfoque de la antropología de la alimentación rescatan las percepciones construidas sobre “la buena” y “la mala” comida para el cuerpo, la cultura y la naturaleza, recuperando la mirada de los propios maya-chuj tanto entre aquellos que tienen su residencia en la comunidad de Santa Rosa el Oriente, Chiapas, ubicada en la frontera México-Guatemala -esto como resultado del desplazamiento ocasionado por la guerra que sacudió al país vecino por tres décadas-, como en su territorio original en la aldea de Yalanhb’ojoch, localizada en el departamento de Huehuetenango, Guatemala. De acuerdo con sus pesquisas, la buena comida es la tradicional basada en una diversidad de hierbas que de forma natural les brinda su ecosistema, y como muestra de ello hablan de la presencia de una población muy longeva, por ejemplo ancianos que sobrepasan los 100 años. Para los autores, esto da cuenta de la existencia de una visión y una práctica contrahegemónicas frente al modelo global, al rechazar los productos disponibles en el mercado, que en su interés por ampliar sus mercados incorpora a nuevos consumidores a la ingesta de alimentos procesados, en cuyo proceso depredan la diversidad biológica, consecuencia del uso de herbicidas que empobrecen las tierras y la dieta. Por ello, desde su visión, la comida de “pobres” es la buena comida, frente a la comida de “ricos”, que es la mala comida, porque conlleva sabores, texturas y preparaciones desconocidas, que adicionalmente requieren de una inversión económica para acceder a ellos. En gran medida, esta nueva ingesta de la mala comida, de ricos, en el caso de los maya-chuj que viven del lado mexicano, es resultado de la sobrevivencia en el desplazamiento, la ayuda de organizaciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la diócesis católica de San Cristóbal de Las Casas y la ayuda humanitaria recibida de distintas latitudes. Martínez-Almanza y Limón-Aguirre muestran que la comida tradicional, la buena comida, es el resultado de un conocimiento cultural que manifiesta las diferentes formas de vivir en el mundo, de explicar la realidad, en donde lo bueno para comer se localiza en el territorio originario de los maya-chuj, en el cual cultura, cosmogonía, hombre y naturaleza han convivido por cientos de años y enfrentan y se defienden de los embates de las empresas transnacionales, quienes no sólo tienen impactos al aumentar los comensales para sus productos, sino que modifican sus entornos territoriales.

Cierra esta revista con dos reseñas que nos invitan a leer dos libros, la primera dedicada al de Adam Kuper Incest and Influence: The Private Life of Bourgeois England, elaborada por Saúl Millán. Esta obra tuvo como centro de reflexión las prácticas endogámicas en la sociedad inglesa en la etapa victoriana, periodo en el cual se debatió ampliamente acerca de los beneficios del matrimonio endogámico, sobre todo en el ámbito financiero y la preservación de los negocios familiares, frente a las nuevas teorías de la evolución que cuestionaban la endogamia consanguínea y sus efectos en la descendencia biológica. La segunda reseña, realizada por Sandra Rozental, habla de la obra colectiva (In)disciplinar la investigación: Archivo, trabajo de campo y escritura, coordinada por Frida Gorbach y Mario Rufer, publicada en 2016 con el sello editorial de Siglo XXI Editores y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Se trata de un ejercicio de reflexividad sobre la producción del discurso académico de la historia y la antropología, sobre lo no dicho y no escrito, con miras a humanizar el trabajo del investigador exponiendo las dudas, contradicciones e incluso las fantasía, pulsiones y fallas, es decir, hacer investigación desde otro lugar. Los capítulos que conforman el libro provienen de México, India, Colombia y Sudáfrica, con el interés de desmantelar la operación académica desde la reflexividad y un cuestionamiento ético. Sin duda, se trata de unos textos novedosos y relevantes que seguramente querremos tener cerca de nuestra mesa de lectura.