Introducción

Este trabajo tiene por objetivo analizar y describir las condiciones de vida urbana de un conjunto de familias indígenas que se instalaron a fines de la década de 1970 en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Como objetivo secundario, se repensará la etnicidad en espacios urbanos y las modalidades de acceso a la tierra al reunir las experiencias migratorias asociadas con el proceso de urbanización. En este sentido, se vuelve necesario indagar los reclamos actuales con objeto de que nos permitan comprender lo que denominamos doble negación identitaria (invisibilización-negación), en cuanto acción y modalidad de interpelación que enmarca las relaciones interétnicas.

Primero se ofrecerá una breve descripción histórica de la formación del Estado nacional, con el fin de comprender las bases de la doble negación identitaria. En segundo lugar se problematizará el sentido de "ascenso social" y su vinculación lineal (surgida en las entrevistas de campo) con la noción de ciudad moderna; situación contraria a las condiciones de vida en las periferias de los grandes conglomerados. Por otro lado, el proceso de urbanización -entendido como inversión de excedente de capital- encuentra fuerza explicativa al abordar la migración interna y, además, como base fundamental que le otorga sentido "positivo" a esos desplazamientos.

Todo esto para, por último, expresar un conjunto de reflexiones que intentan apoyarse en la necesidad teórica de vincular la etnicidad y la clase social, dado que el conjunto de reclamos indígenas no sólo responde a la identidad y al territorio, sino que se ve atravesado por el acceso a la salud, la vivienda, el trabajo y la educación.

La práctica etnográfica se desarrolló con un conjunto de comunidades situadas en el partido de Almirante Brown, desde 2008 (véase más adelante el mapa 1). En él se localizan la comunidad tupí-guaraní Cacique Hipólito Yumbay, la kolla Guaguajni Jallpa -ambas de la localidad de Glew- y la toba-mocoví Nogoyin Ni Nala -de Rafael Calzada-.¹Se retoma, finalmente, la experiencia de la comunidad qom 19 de Abril, del partido de Marcos Paz (véase mapa 1), cuyo recorrido de participación política posee similitudes con las comunidades mencionadas.

Fuente: Ministerio de Educación <http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.4.html>.

Mapa 1 Distribución de partidos que forman el Gran Buenos Aires o Conurbano Bonaerense, específicamente de Almirante Brown y Marcos Paz 

Con la intención de indagar sobre el proceso migratorio, la forma de organización y representación política actual y el conjunto de exigencias a nivel local se realizó trabajo de campo continuo con las 20 familias tupí-guaraníes de Cacique Hipólito Yumbay. La observación participante, la realización de entrevistas semiestructuradas y en profundidad con los miembros mayores y de otras generaciones se complementó con el registro de las actividades cotidianas de distintos espacios (predio comunitario, reuniones en el municipio, talleres, eventos, etcétera). Los vínculos que esta comunidad poseía con otras comunidades, organizaciones sociales e instituciones municipales, provinciales y nacionales posibilitó ampliar el campo etnográfico. La segunda etapa de trabajo etnográfico incluyó a representantes, presidentes y caciques del pueblo qom, mocoví y kolla del distrito, funcionarios políticos locales, vecinos y referentes de partidos políticos barriales.

El conjunto de fuentes primarias fue enriquecido con la lectura de materiales escritos por la población indígena local, de medios gráficos periodísticos y de trabajos académicos sobre la temática. Por último, cabe aclarar que desde hace tres años la práctica etnográfica se ha articulado con trabajos de extensión universitaria bajo el marco de distintos proyectos UBANEX² y la puesta en común con especialistas de la temática indígena³ -como parte del proceso de formación doctoral.

La doble negación identitaria

Invisibilizar a la población indígena en la Argentina es un hecho recurrente en espacios rurales y urbanos. Sin embargo, en el segundo contexto es doblemente negada. Dicha situación es parte de la vida diaria de comunidades y nucleamientos que desde hace varias décadas se instalaron en el ámbito citadino, y enmarca las relaciones con sus vecinos, funcionarios municipales y organizaciones sociales.

Cabe preguntarse si esta forma de concebir e interpelar -de manera negativa- a los indígenas urbanos es parte de un presente coyuntural o si es consecuencia de ciertos procesos históricos. Con gran acierto, en un trabajo pionero sobre el tema, Liliana Tamagno introduce la noción de censores de indianidad ⁽¹⁹⁹¹⁾, entendidos éstos como los criterios por los cuales se define la pertenencia étnica o no de un grupo; explica que están atravesados por un conjunto de supuestos y nociones ahistóricas de "lo indígena". Para el imaginario del sentido común o para el discurso hegemónico, tales supuestos -que no se ven representados en la imagen que reproduce la población indígena local- terminarían por invalidar, cuestionar y, a la vez, constituir la base argumentativa de la doble negación a la que aludimos. Ello, además, repercute en las relaciones interculturales e interétnicas, ya que, a modo de doble vínculo (^{Bateson, 1998}), termina solapando la complejidad y heterogeneidad de historias y significaciones en una imagen esencializada y folclórica. Esto significa que las relaciones interétnicas en zonas urbanizadas se alimentan desde la configuración o representación que el exterior tiene sobre ellos, para luego reproducirlo a fin de "garantizar" la credibilidad de su identidad. Con la finalidad de comprender esa modalidad debemos describir cómo surgen esas nociones esencialistas para, luego, abordar las condiciones de urbanidad de la población indígena en el AMBA.

La consolidación del Estado nacional argentino, ocurrida entre finales del siglo XIX y principios del XX es fundamental, si se quiere abordar y entender las condiciones y la distribución actual de la población indígena y su negación/invisibilización. La violencia del poder político-militar (campañas militares), la expropiación de vastas extensiones territoriales y la relocalización de grandes contingentes poblacionales hacia zonas improductivas y aisladas -en Patagonia o en la región del Gran Chaco- caracterizó, entre otros hechos, su formación. Pero también la movilización de la población étnica hacia centros más poblados y urbanizados fue un fenómeno fuertemente vinculado al rompimiento de las economías domésticas locales y a la necesidad de incorporarse al mercado de trabajo. De forma simultánea, se dio un proceso de expansión de determinadas relaciones de producción, cuya hegemonía buscaba "refuncionalizar" procesos de trabajo y reproducción previos, hacia formas particulares de transferencia de valor. Estos espacios, que Hugo Trinchero denomina formaciones sociales de frontera (^{Trinchero, 2007}), se corresponden con un modelo de expansión doble: primero de la frontera agropecuaria y, en segundo lugar, de la frontera político-militar, bajo la premisa de incorporación del territorio nacional a las exigencias del mercado mundial. En Argentina, y de acuerdo con el autor citado, los dos procesos expansivos del territorio estuvieron arrogados bajo el supuesto de que había que "dominar, conquistar y colonizar, pues se encontraba ocupado, 'señoreado' por las poblaciones indígenas originarias" (^{Trinchero, 2007: 163}). A simple vista, la frontera con el indio no sólo se constituyó como primera cuestión de fronteras a resolver en el proceso de formación del Estado-nación, sino como uno de los ejes que definió la burguesía -en cuanto proyecto "modernizador" y a la vez centralizador del Estado (^{Trinchero, 1999})-. Este fenómeno expresa la relación entre capital, trabajo y territorio, e ideológicamente se fundamentó desde un discurso negador de la población indígena (^{Tamagno, 1991}; ^{Radovich y Balazote, 1999}).

La paradoja de la identidad nacional es que negó la diversidad cultural del territorio argentino, pero no procedió igual con la diversidad de nacionalidades europeas que arribaron para hacer de nuestro país "la Europa de América". La migración europea que venía a "enriquecer" la nación de "blancos" y "trabajadores" fue legitimada a partir de la necesidad de "poblar" un territorio. Consumado el proceso de conquista de las fronteras internas,⁴ fueron la burguesía nacional y los sectores de élite quienes llevaron a cabo dicho proceso. Miguel Bartolomé, al citar los datos de Maeder, describe la importancia que tuvieron las leyes de inmigración (1871-1914) ya que, de 5573100 inmigrantes, 2720400 emigraron nuevamente; dejando un total de 2852400 de argentinos nuevos. En su mayoría provenían de Italia y España y, en menor medida, de Francia e Inglaterra. Si a ello se suma el crecimiento vegetativo, para 1914, el total de la población ascendía a 8253097 de habitantes; lo que triplicaba la cifra de 1880 (^{Bartolomé, 2003}), y daba como resuelto el objetivo propuesto de considerar a la Argentina como un país "blanco". Así se reemplazó a la población indígena y la restante se invisibilizó bajo las nuevas relaciones de trabajo que operaron como mecanismos que ocultaron su identidad bajo nociones del tipo "campesinos" o "peones rurales". En consecuencia, "lo indígena" no sólo pertenecía a un pasado lejano, sino que era un "recuerdo" del cual se podía, se debía, prescindir.

En síntesis, el proceso de formación de la identidad nacional negó la diversidad étnica y la despojó de su territorio. Dicha heterogeneidad fue subsumida a un ideal de ciudadano que, por muchas décadas, y a causa de los altos niveles de discriminación, inhibió los procesos de adscripción y visibilización étnica. Estos procesos históricos, entre otros, implicaron la reproducción de un conjunto de estereotipos sobre la población originaria, que hoy en día actúan a través de su cosificación. En consecuencia, las representaciones de un "país blanco" y las esencializaciones hacia el sector desatan la dinámica de la doble negación tanto en las áreas rurales, pero, con mayor énfasis, en el contexto urbano, como lo expresa el siguiente testimonio:

Las comunidades urbanas estamos metidas en un pedacito de la sociedad dominante. La sociedad dominante es de otra cultura, no es la nuestra. Entonces vos tenés que salir todos los días y afirmar tu identidad. Cuando yo iba por la calle, una nenita le dice a la mamá: mira, mira una india... Hay que sentar presencia todos los días [cacique mujer qom].

Reflexionar acerca de esta condición -que entraña la afirmación constante de la identidad- es lo que nos lleva a proponer la noción de cuestión étnica urbana. Si bien trataremos este concepto con mayor extensión en las reflexiones finales, destacamos que surge de la necesidad teórica de abordar clase y etnicidad.

Urbanización y población indígena

En 2010, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas informó que, de un total de 12171675 de hogares, 3.03% se reconoce con una o más personas indígenas o descendientes de pueblos originarios. No obstante, si discriminamos la región centro⁵ de las demás regiones del país, vemos que habitan en ella 52.7% de la totalidad de hogares con población indígena. Pero si sumamos los valores del AMBA y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) obtenemos 28.8%, cifra que resulta aún más sorprendente (^{Weiss, Engelman y Valverde, 2013}). Aunque desde el punto de vista metodológico los datos censales deben ser entendidos como "señales parciales",⁶ es imposible negar que la población indígena es parte de la realidad urbana de la provincia de Buenos Aires o de otras ciudades del interior y sus periferias. Cabe, entonces, interrogarnos acerca de porqué esos valores demográficos -cuando se dan a conocer- generan el asombro de la población en general. Repasemos brevemente el proceso de urbanización de la CABA.

Sin importar la adscripción étnica de la población migrante, el proceso de urbanización tiende a centralizar grandes porciones de población cuya identidad es heterogénea. En la CABA, es a partir de 1910 cuando se comienza a verificar un proceso de suburbanización en la periferia citadina vinculado a una mejoría y expansión de los servicios y el transporte.⁷ Posteriormente, entre 1930 y 1976, aumentan los niveles de inversión en el marco de un modelo económico y político cuyo objetivo fue fomentar la industrialización interna. Es durante ese periodo, denominado sustitución de importaciones, que la provincia de Buenos Aires concentró 60% de la industria del país (^{González Lebrero, 2003}) y desató uno de los mayores incrementos demográficos a mediados del siglo XX. De esta manera, la suburbanización de la ciudad y la formación de la periferia deben entenderse en relación con ese aumento de la tasa de urbanización, la afluencia migratoria y la suma de tres factores promovidos en esa etapa: el acceso a la tierra urbana y a la vivienda, la radicación de la industria y el desarrollo de la red de transporte. Un ejemplo de esto último fue la nacionalización del ferrocarril en 1948 -durante el peronismo- y la expansión de líneas de ómnibus que favorecieron el desplazamiento de la población trabajadora dentro del tejido urbano (^{Di Virgilio y Vio, 2009}). También hay que mencionar el conjunto de políticas sociales hacia el sector obrero,⁸ que benefició el consumo y el incremento del mercado interno para el sector industrial y la consiguiente expansión de la actividad productiva, que consolidó el pleno empleo. Todo esto estuvo acompañado, además, por medidas de ampliación de los sistemas públicos de salud y educación y la construcción de viviendas financiadas por el Estado y los llamados "loteos populares", que facilitaron el acceso a la propiedad en zonas del conurbano. "Como podemos ver, esta situación y las mejores posibilidades de vida en las ciudades explica la continuidad en el proceso de urbanización cuyo resultado fue que hacia 1955 un 70% de la población viviera en áreas urbanas" (^{González Lebrero, 2003:53}).

En esa coyuntura se producen los primeros desplazamientos de la población indígena hacia la CABA y el AMBA. Residir en la ciudad, a simple vista, representa un mejoramiento de las condiciones de vida, debido a sus ventajas comparativas respecto de las zonas pauperizadas del campo o de centros menores del interior del país. Aquí ubicamos los testimonios de los sujetos indígenas que explican las causas de la migración como la posibilidad de disminuir los niveles de violencia, de inserción laboral, salud o educación de las nuevas generaciones. Empero, lo urbano "no se agota en el concepto de ciudad, sino que abarca los sistemas espaciales que integran la reproducción necesaria de la vida social y material" (^{Gravano, 2003:13}). Es decir, la urbanización como proceso de inversión que retroalimenta el capitalismo.⁹

En uno de sus recientes libros, David Harvey menciona que "desde siempre las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción" (2013: 21). La inversión de capital -sea extranjera o nacional- impacta y delinea el tejido urbano. La reconfiguración de la geografía urbana, en palabras de Harvey, trae consigo grandes cambios ya que "la calidad de vida urbana se ha convertido en una mercancía" (2013: 34). La ciudad -como marca de lo urbano, pero no su única manifestación- implica hablar de un sistema espacial determinado, cuya contradicción se da entre el carácter necesariamente socializado de su existencia material (la ciudad como recurso); simbólica (la ciudad como un derecho) y la apropiación privada de su espacio (^{Gravano, 2003}). Desde allí podemos problematizar el carácter utópico de plena integración y acceso a los servicios -de los testimonios indígenas- que ofrece el contexto urbano. Es real que "la ciudad moderna" reproduce contextos de mayor división, fragmentación y conflicto; pero al mismo tiempo ofrece nuevas posibilidades respecto de los lugares de origen de la población migrante.

Una aproximación crítica, para dicho tratamiento, supondría, primero, distinguir que los procesos de urbanización no son todos generalizables a un mismo tipo y, en segundo lugar, rastrear las particularidades que los caracterizan.

Para el caso aquí analizado, si consideramos las condiciones de los espacios de procedencia, veremos que el avance de una diversidad de actividades productivas -ligadas al capital agroindustrial- tuvo consecuencias en la expansión de la frontera agropecuaria y desencadenó una mayor concentración económica en las distintas estructuras rurales. Efecto que repercutió en las capacidades de reproducción de pequeños productores, ocupantes tradicionales de tierras fiscales y privadas, comuneros, pueblos indígenas y aparceros precarios (^{Trinchero, 2010}). La mayor parte de los testimonios, de quienes iniciaron el proceso migratorio hacia la zona del AMBA, coinciden en que durante ese periodo fue cuando se incrementó el nivel de violencia de las relaciones interétnicas. Situaciones de expropiación territorial con intervención de la gendarmería, el robo de escrituras o la simple expulsión de sus lugares de origen fueron algunas de las causas que determinaron la necesidad de trasladarse. Como vemos no se trató de una decisión propia, consensuada o premeditada.

Cabe destacar que los procesos migratorios no fueron azarosos. No sólo las relaciones de parentesco y filiación encauzaron la movilización, sino que ellas fueron las que indujeron, en primera instancia, su ubicación en los distintos barrios en el AMBA. Esto es, en ocasiones, parte de la familia ya se encontraba en la provincia de Buenos Aires, lo que benefició y garantizó el acceso a terrenos periféricos, a redes de trabajo y a una contención emocional para los recién llegados.

"Menor nivel de discriminación", "mejores oportunidades laborales y de educación" o una mayor "garantía en las mejoras de las condiciones de vida" irrumpen como argumentaciones que legitiman el proceso migratorio en las entrevistas etnográficas. Aunque no podemos negar que, si el punto de referencia son los lugares de origen, la ciudad presenta posibilidades insospechadas, es inevitable no mencionar que las nuevas generaciones no conocen su lengua,¹⁰ que los niveles educativos alcanzados por los miembros de las comunidades son bajos y que la inserción laboral, casi siempre, es en trabajos informales, precarios e inestables.

Párrafos atrás mencionamos que la ciudad abarca los sistemas espaciales que integran la reproducción necesaria de la vida social y material (^{Gravano, 2003}), cuya contradicción, en el capitalismo, se componía de tres aspectos. Creemos que dicha paradoja contiene una posible respuesta al interrogante de si verdaderamente el contexto citadino garantiza o no al "ascenso social" en cuanto argumento válido que legitima la migración indígena. El primer componente -la ciudad como recurso- expresaría al proceso de urbanización en cuanto sinónimo de desarrollo gracias al cual (sólo por estar en la ciudad) el sujeto accedería de forma cuasi lineal y carente de conflicto. El segundo componente -la ciudad como un derecho- se corresponde con la autodefinida noción de ciudad moderna. Es decir,

"como sinónimo de civilización, de cultura [...], de ámbito excelso de la libertad" (^{Gravano, 2003:52}). Si hasta el momento consideramos ambas, y retomamos el planteamiento según el cual el Estado se formó bajo un discurso negador e invisibilizador de la población indígena en nuestro país, no resulta desacertado aseverar que la ciudad no garantizaría el ascenso social de un sector étnico bajo el respeto de su diferencia siendo que a "simple vista" es minoritario. Léase: si tres de cada diez indígenas vive en la CABA y en el AMBA, y esto es una realidad no difundida, podemos decir que se enfrentan a una segunda invisibilización en la ciudad. Pero, sobretodo, y a modo de cierre, el tercer componente, que es la apropiación privada del espacio urbano, complejiza aún más las posibilidades de acceder a ese "estilo de vida" urbano -o mercancía-, puesto que no sólo la ciudad no rima con indio, sino que tampoco lo hace la propiedad privada.

Acceso a las tierras y condiciones actuales de urbanidad de la población indígena

La población indígena del partido de Almirante Brown está localizada en diversos barrios relativamente cercanos. Cada comunidad o nucleamiento¹¹ de familias accedió a la tierra de manera diferencial, en parte por su historia migratoria y en función de la red de parentesco y afinidad a su arribo -al menos durante las primeras décadas-. Aunque su ubicación actual es consecuencia de un conjunto de contingencias casuales y premeditadas, resulta insoslayable no mencionar la importancia que tuvo sobre ellas el proceso de urbanización y la formación de la periferia del AMBA. Es decir, los predios a los cuales dicha población tuvo acceso se ubican aproximadamente a 30 km de la CABA y a distancias considerables de los centros comerciales locales.

Por lo general, los primeros que llegaron, durante la década de 1970, se asentaron en la Capital Federal. Los barrios elegidos fueron Monserrat, Flores, Parque Chacabuco, La Boca, Nueva Pompeya, Isla Maciel y Dock Sud -ambas del Partido de Avellaneda-.¹²Todos ubicados en la zona suroeste de la ciudad (véase mapa 2).

Fuente: Ministerio de Educación <http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.5.html>.

Mapa 2 Barrios de la Ciudad de Buenos Aires donde se instaló la población indígena a su llegada junto a la zona de Dock Sud e Isla Maciel en el partido de Avellaneda 

Lo propio de esta segunda migración urbana interna (^{Engelman, 2010}) fue una dinámica de desplazamientos constantes -hasta su localización final-, definidos por la imposibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, dentro de una tendencia -como cualquier otro grupo de afines- de circular por espacios similares geográfica y socialmente. Por ejemplo, además de las redes parentales, otra vía de cohesión fue la institucional. Creada en 1974, la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) se constituyó como punto de referencia en la CABA. Ubicada en el barrio de Parque Chacabuco, llevaba a cabo tareas orientadas a resolver problemas de hermanos y hermanas a su arribo. Surge como lugar de encuentro colectivo y reunión en la década de los sesenta y toma forma -como espacio de discusión política y visibilidad sobre la cuestión indígena- en los setenta.¹³ Además de expresar un conjunto de demandas etnopolíticas de alcance nacional e internacional, la AIRA hospedaba a quienes lo necesitaban e incluso ayudaba en temas de gestión administrativa; tarea que hoy en día continúa. Algunos representantes indígenas de Almirante Brown y otras localidades del Conurbano -como Marcos Paz-14¹⁴ concurrieron a su sede a hospedarse o a colaborar.

Experiencias migratorias similares, espacios colectivos de concurrencia y formas de autogestión de problemáticas específicas fueron, entre otras causas, el sustrato que originó el actual tejido de relaciones intraétnicas. Tanto pasadas como actuales, dichas modalidades de organización refuerzan la presencia de población indígena en la CABA y el AMBA -por lo menos desde la década de 1960- y el interés por cuestionar su negación identitaria y delinear un conjunto de reclamos sobre derechos conculcados. El "origen" étnico de la población indígena urbana, entonces, no responde a una adscripción tardía como algunos sectores argumentan, ni a meras estrategias utilitarias a fin de obtener recursos; pues se ancla en reivindicaciones históricas y en la necesidad de visibilizar sus condiciones de vida contemporáneas.

En cuanto a las modalidades de acceso a la tierra en el ámbito urbano podemos mencionar, al menos, tres. En primer lugar, aquellos que accedieron a un terreno de forma individual y cuya familia migró posteriormente. Por ejemplo la comunidad kolla Guaguajni Jallpa, cuyas etapas migratorias comienzan con la movilización de uno de los hijos desde la provincia de Salta. Se instala en Buenos Aires al comienzo de los años ochenta y, después, viaja el padre con sus hermanos a la localidad de Glew. Acceden a la compra de sus terrenos actuales gracias a la venta de otros que poseían en la provincia de origen. En este caso, su adscripción étnica no juega un papel esencial en el reclamo territorial, sino que será su condición de clase trabajadora lo que les permitirá asentarse definitivamente en un terreno propio. Además, cabe aclarar que no fue hasta 1994 cuando la población indígena fue reconocida como sujeto de derecho, al modificarse la Constitución nacional.¹⁵

La segunda modalidad de acceso al territorio es el resultado de un proceso de organización y adscripción étnica consecuencia del reconocimiento institucional que dispuso la reforma. Con el objetivo de describirlo, retomaremos el caso de la comunidad tupí-guaraní Cacique Hipólito Yumbay que, luego de años de disputa, logró la propiedad comunitaria. Su proceso migratorio, antes de arribar a Glew, estuvo definido por diferentes etapas tanto en el interior del país como dentro de la CABA. Su arribo al AMBA se produce a mediados de la década de 1980 mediante la ocupación de unos terrenos que, para aquel entonces, se encontraban poco poblados. A diferencia de Guaguajni Jallpa, las familias guaraníes se vieron obligadas a migrar a causa de una expropiación territorial en su provincia de origen. Al recibir en 1991 una orden de desalojo -de quien fuera la propietaria de las tierras- se inicia una disputa territorial que finaliza en 2001. En el año de la reforma, la comunidad comienza a tramitar su personería jurídica ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para presentar un recurso de amparo y, desde un procedimiento judicial, solicitar la compra de los terrenos. El proceso, que se prolongó diez años, se estructuró entre la visibilización, el fortalecimiento y la organización colectiva de las familias que integraban la comunidad. En este sentido, la etnicidad sí fue el eje fundamental de la exigencia para acceder a las tierras y, por ende, evitar ser expulsados.

Por último, mediante la entrega de "planes de vivienda social", se da la tercera y última modalidad de acceso a la tierra en el espacio urbano. Como vía institucional, por un lado, comprende la entrega de viviendas, pero, por el otro, la relocalización de la población indígena en el tejido urbano. En 2007 la comunidad qom 19 de Abril es trasladada a un predio de cinco hectáreas con 20 viviendas -ya construidas a partir de 2004- producto del Plan Federal de Viviendas¹⁶ en el partido de Marcos Paz. De esta manera, todas las familias que provenían de la localidad de Dock Sud (Avellaneda) tienen acceso a un espacio territorial propio. Liliana ^{Tamagno (2001)} describe un proceso comparable, pero cercano a la ciudad de La Plata. Se trata de un plan de viviendas de autoconstrucción otorgado a un conjunto de familias qom de la denominada Villa IAPI, en el partido de Quilmes. Aquí, a diferencia de Marcos Paz, los miembros comunitarios serán quienes edificarán sus viviendas a partir de una labor colectiva y como fuerza de trabajo, sorteando diferentes instancias burocráticas y administrativas. Por último, otro ejemplo que podemos mencionar es el de la comunidad kolla Guaguajni Jallpa. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en 2006, le otorgó los medios para construir un conjunto de viviendas en el partido de Almirante Brown. En torno a las dos últimas modalidades, debemos aclarar que las comunidades debieron tramitar sus personerías jurídicas ante el INAI, con objeto de poder acceder a las tierras. Ello expresa parte de la dinámica actual que la etnicidad posee en relación -y articulación- con el Estado y las diversas políticas públicas. Sin embargo, requiere precisarse que la aplicación de este tipo de políticas no está dirigida hacia los indígenas en particular, sino más bien a toda la población.

La casuística mencionada expone la heterogeneidad y la complejidad que conlleva el acceso a la tierra urbana por parte de la población indígena. El tránsito de un pasado de expropiaciones territoriales nos sitúa en un presente donde la propiedad privada actúa de forma limitante. En este sentido, la coyuntura actual ha de abordarse mediante la articulación teórica de la etnicidad y la pertenencia de clase de la población indígena urbana. No se trata del pedido territorial legitimado por la ancestralidad o la permanencia histórica en los territorios; lo que se busca es un espacio urbano para "poder vivir en comunidad todos juntos". Por tanto, el carácter colectivo del pedido territorial -configurado en experiencias históricas y recientes- se ve legitimado por una red parental y de alianza étnica, que no sólo revierte la imagen de dispersión, sino que rompe con el supuesto de que la población indígena pierde su cultura en el tejido urbano. Pero, a su vez, ese carácter colectivo no inhibe una apropiación del territorio donde el reclamo se vuelve la base de mejores condiciones habitacionales, así como en la garantía de mayores instancias de formación educativa y en el acceso al trabajo y a la salud.

El hecho de que las comunidades indígenas -abordadas en el presente trabajo- posean un territorio en el contexto urbano no implica que la problemática territorial haya sido saldada. El aumento demográfico en la composición familiar y la migración de nuevos miembros pone al descubierto una crisis habitacional que trae consigo el aumento de los conflictos internos y externos. Por ejemplo, en el reducido espacio de una vivienda, llegan a convivir tres generaciones en un contexto barrial donde los niveles de violencia se han incrementado. Esto quiere decir que no son ajenas las problemáticas vinculadas al alcoholismo, las drogas o la delincuencia tanto en algunos miembros de las comunidades como en sus vecinos. Las viviendas son en su mayoría de material y, en ocasiones, de madera o chapas. La inexistencia de un sistema de cloacas, de agua corriente y de distribución de gas muestra un déficit de los servicios urbanos, lo que compromete las condiciones mínimas de salud e higiene y los expone a situaciones de peligro.

El hacinamiento se complementa con el aumento de la población del partido.¹⁷ En parte por la electrificación inicial del tramo Constitución-Glew (en los años ochenta) de la línea de Ferrocarriles General Roca y, posteriormente, por el tramo Glew-Alejandro Korn del año 2002. Este acceso directo a la CABA modificó la geografía urbana de los barrios donde se asentaron las comunidades indígenas a su llegada. Los centros locales no se vieron transformados del todo, pero sí sus periferias, debido al aumento demográfico. En la actualidad, la creciente demanda de tierras, no sólo aumentó el precio de la propiedad sino que disminuyó su disponibilidad.

A falta de estadísticas precisas, retomaremos una variable específica del Censo 2010 para estimar de forma muy general las condiciones laborales. De acuerdo con el cuadro de población indígena en viviendas particulares por cobertura de salud, en el área de los 24 partidos del Gran Buenos Aires -que incluye a Almirante Brown-, de un total de 186 640 habitantes, 78 657 no poseen cobertura (^{INDEC, 2012}). Es decir que 42.15%¹⁸ de la población indígena del conurbano bonaerense es desempleada o realiza tareas informales sin cobertura de salud. Aunque hay hospitales en la zona y salas de emergencia en los barrios, esas cifras estimativas dan cuenta de un alto grado de vulnerabilidad. Los empleos en general son temporales, de baja remuneración y se limitan al espacio local. Por otro lado, los ingresos económicos en los últimos diez años fueron reforzados a través de la implementación de políticas públicas. En este sentido, el beneficio de subsidios, ayudas sociales o planes no son políticas dirigidas al sector indígena, sino que son universales.

En resumen, la diversidad de tareas e ingresos propios o estatales garantizan parte de su reproducción diaria y al corto plazo (^{Engelman, 2013}).

A principios de 2015 se organizó un encuentro en el barrio Kanmar de la localidad de Glew con el objetivo de debatir sobre la problemática territorial (foto 1). Realizado en un club zonal, concurrieron diversos representantes indígenas de basta trayectoria política del AMBA. Actualmente algunos de ellos son activos miembros de direcciones o coordinaciones de pueblos originarios en distintos municipios.¹⁹ El acto se inició con una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra), llevada a cabo por una hermana y un hermano del pueblo kolla, bajo el respeto de la tradición dual andina (hombre-mujer). Una vez finalizada, se debatió la necesidad de reclamar la entrega de unos terrenos que fueron relevados por el INAI en 2010. El argumento esgrimido por los diferentes representantes indígenas fue que el uso del predio no sólo estaría destinado para que se trasladaran familias de las comunidades sino, también, vecinos que estuvieran transitando la misma situación de hacinamiento. El carácter intercultural del reclamo territorial, entonces, expone un conjunto de hechos por describir: primero, la adscripción étnica no sería requisito exclusivo para acceder al territorio, ya que además se privilegian las condiciones de vida de la población en general; en segundo lugar, queda en evidencia que ofrecer un espacio urbano es sinónimo de poder político, pues el intercambio de favores es una estrategia que legitima el lugar de los dirigentes. Y, finalmente, que dicha disputa se enmarca bajo un relevamiento realizado por un organismo público, el INAI, que garantiza el carácter legal del mismo.

Foto 1 Encuentro de comunidades y miembros indígenas en el barrio Kanmar de la localidad de Glew el 17 de enero de 2015. 

Foto 2 Tierras que se encuentran bajo el pedido territorial del Consejo Indígena de Almirante Brown en Glew. 

Que la ley 26.160²⁰ sea el inicio del reclamo territorial se debe a que las comunidades sortearon positivamente un conjunto de instancias administrativas previas. En otras palabras, sólo fueron relevadas aquellas que poseían personería jurídica. El incremento de la visibilización y la reorganización de las familias indígenas en el espacio local no es producto, entonces, de un proceso librado al azar; sino que representa la decodificación del mensaje estatal que se transforma en la obligación de ser reproducido para el reconocimiento identitario. En este sentido, el uso estratégico de la identidad es una expresión de resistencia de la población indígena y no la consecuencia de un proceso etnogenético. El ejemplo mencionado posiciona a la burocratización de la praxis política como parte fundamental de la etnicidad, y al esfuerzo de visibilización y de fortalecimiento étnico urbano en Almirante Brown como resultado de muchos años de trabajo activo de una población indígena migrante organizada y atravesada por diversas instancias institucionales.

En síntesis, en este contexto se producen las modalidades de acceso a la tierra, la afirmación étnica y los reclamos relativos a su pertenencia de clase. La vulnerabilidad de la población indígena en el contexto urbano desmitifica a la ciudad en cuanto constructo que permite la "libertad" y "el ascenso social". Lejos de sus lugares de origen, nuevas problemáticas se suman a su vida diaria como la dependencia del uso del dinero, la expresión más voraz de la propiedad privada y la doble negación identitaria (invisibilizadacuestionada) del contexto urbano.

Reflexiones finales

El destino urbano de la emigración indígena acompañó a los procesos de inversión de capital. La crisis de las economías rurales, la expansión de la frontera agropecuaria y el quiebre de las economías domésticas impulsaron el proceso migratorio hacia ciudades y localidades cercanas con el objetivo de mejorar las condiciones de reproducción social. La urbanización y la formación de la periferia de la CABA surge de la inversión y concentración de capital para el desarrollo industrial y productivo del país. En esa coyuntura se incorpora la población indígena migrante al contexto urbano -en la década de 1960-, de la mano del proceso de urbanización como mecanismo de reproducción y de resignificación de la marginalidad étnica en una nueva marginalidad social.

Abordar las condiciones de vida, como establecimos al inicio del trabajo, nos lleva a describir lo que denominamos cuestión étnica urbana. Cuestión remite al incremento de la visibilidad de la población indígena urbana en el ámbito local y en otros espacios, como consecuencia de su propia capacidad transformadora y resistiva. La lucha por el reconocimiento permitió nuevas instancias de participación política en la estructura estatal. Aunque casi siempre las reivindicaciones estatales son retóricas y no prácticas, es innegable que "la cuestión" indígena está instalada en nuestro país y es parte de una agenda por tratar.

En segundo lugar, es étnica porque entendemos que la identidad no está vinculada al fenómeno cultural que la define. Es un juego entre el pasado idealizado y un contexto actual que permite adscribirse como "guaraní" y, al mismo tiempo, como trabajador de la construcción. Una no es excluyente de la otra, ya que "la identidad étnica no refiere necesariamente a un momento histórico específico sino al estado contemporáneo de una tradición" (^{Bartolomé, 1997:76}). Esta aproximación teórica dinamiza la relación entre etnia y clase puesto que no habría contradicción, sino una complementación en la práctica, entre los diferentes roles sociales de los sujetos. Sin embargo, hay contradicción cuando la representación externa de lo étnico subsume la heterogeneidad de roles a la doble negación (invisibilizada-cuestionada) como valor arquetípico negativo.

Sus condiciones de existencia en la periferia, finalmente, definen la característica urbana. En su mayoría excluidos del circuito formal de trabajo, son parte del proceso de desproletarización contemporáneo y expansión de la precariedad de la ciudad. Esto acarrea privaciones materiales, dificultades familiares y repercusiones personales. Son relegados a barrios donde los recursos públicos y privados disminuyen, en un contexto donde el aumento de la inmigración de naciones vecinas y del interior del país intensifica la competencia por el acceso a los bienes colectivos. Se suma a ello la creciente estigmatización cotidiana del discurso público que iguala su identidad étnica a su condición de pobreza, por vivir en barrios degradados y degradantes (^{Wacquant, 2013}). En consecuencia, la desvalorización y desconfianza de la identidad étnica en el contexto urbano se articula con la estigmatización territorial y el efecto negativo que éste tiene en las relaciones interétnicas, y se desestiman las posibilidades a futuro dadas la degradación simbólica y el deterioro físico de los barrios populares. Son zonas evitadas por la inversión de capitales pero, también, fáciles de olvidar. Así, las condiciones de vida y las representaciones negativas "estimulan [...] estrategias sociófugas de evitamiento mutuo y puesta a distancia que exacerban los procesos de fisión social, alimentan la desconfianza interpersonal y minan el sentido de destino necesario de la comunidad para emprender acciones colectivas" (^{Wacquant, 2013:47}).

En conclusión, las características de la cuestión étnica urbana se refieren a la horizontalidad teórica y epistémica que el análisis entre identidad y materialidad histórica de la población indígena en la ciudad debe tener. Dicha propuesta no es innovadora, de hecho, se enmarca en trabajos pioneros sobre la temática (^{Bigot, Rodríguez y Vázquez, 1991} y ^{Tamagno, 2001}). Promover una visión que recupere la complejidad sociocultural de los indígenas urbanos junto a las diversas problemáticas que los atraviesan -reclamos actuales y formas de adscripción y visibilización identitaria- es el inicio del camino. Así, su lucha diaria por el reconocimiento se enriquecerá y la aceptación y tolerancia de su diferencia se verá favorecida.