La industria agrícola en el marco de la globalización

La industria agrícola, sobre todo en los países económicamente desarrollados, ha creado estrategias de distinta índole para incrementar sus ganancias y competir en el mercado global. Una de ellas ha sido la importación temporal de hombres y mujeres provenientes de naciones en vías de desarrollo, lo que les brinda la posibilidad de tener mayor control en el proceso de producción.

Canadá es un ejemplo en la implementación de programas temporales con el propósito de importar mano de obra. Es bien sabido que en los países industrializados existe mayor dificultad y resistencia para que sus ciudadanos vendan su fuerza de trabajo ante un marco conformado por patrones de precariedad laboral.

Los trabajadores agrícolas temporales en Canadá

Los flujos migratorios con fines laborales, elemento característico de la globalización neoliberal, han sido importantes para el desarrollo económico de Canadá. Su trayectoria se remonta al siglo XIX con la llegada de migrantes chinos para la construcción de las vías férreas que comunicarían de este a oeste a la segunda nación más extensa del planeta. Desde entonces, han sido varios los países que han expulsado migrantes a Canadá.¹ Hombres y mujeres se han trasladado para laborar en diferentes actividades, pero el trabajo agrícola es el que mayor demanda ha tenido, debido, entre otras cosas, a la baja participación de los canadienses en dicho sector.

Las personas que laboran en la agroindustria canadiense provenientes de países de la Mancomunidad de Naciones, México, Tailandia, Guatemala y recientemente Honduras, entre otros, la han sostenido por medio de programas temporales, en el caso de México, a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, PTAT (Seasonal Agricultural Workers Program, SAWP).²

Es fundamental, ante tales hechos, plantearnos lo siguiente: ¿En qué condiciones se importa la mano de obra "no calificada" en Canadá? ¿Existe también vulnerabilidad en los trabajadores que cruzan la frontera con documentos durante su estancia en ese país? ¿Qué pasa cuando los trabajadores temporales regresan a México con alguna enfermedad contraída en tierras canadienses mientras desempeñan su labor? Éstas son algunas preguntas en las que nos centraremos en el resto del artículo.

Cabe señalar que los datos de corte cualitativo aquí expuestos son resultado de largos periodos de trabajo de investigación iniciados en 2005 como parte de nuestros estudios doctorales en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México (^{Díaz Mendiburo, 2013}) y en la Universidad de Toronto (^{McLaughlin, 2009b}), respectivamente. El trabajo etnográfico lo hemos llevado a cabo en distintos poblados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guanajuato y, respecto a Canadá, en Ontario, Quebec y Columbia Británica. De igual modo, hemos utilizado varios instrumentos para recolectar información, entre los cuales destacan entrevistas semiestructuradas, historias de vida y cuestionarios, además de apoyarnos en la observación participante. Debemos mencionar que en nuestras entrevistas no sólo colaboraron las y los jornaleros sino también empleadores, oficiales de gobierno, médicos residentes, miembros de grupos comunitarios y otros actores involucrados en el PTAT. Parte de este material ya ha quedado plasmado en otros trabajos (véase ^{McLaughlin, 2007}, ^2009a, ²⁰¹⁰; ^{Díaz Mendiburo, 2007}, ²⁰⁰⁹, ²⁰¹¹, ²⁰¹⁵).

La importación de mano de obra ha estado acompañada de políticas migratorias que han buscado su control y organización. Estas medidas han permeado la creación de los programas de trabajadores temporales: el PTAT, desde 1966, y otro de "bajas habilidades" perteneciente al Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (Temporary Foreign Worker Program, TFWP), introducido en 2002 y que incluyó en 2011 un nuevo esquema para la agricultura, con la finalidad de que la estancia de los trabajadores en tierras canadienses sea sólo "temporal". A partir de 2012, cerca de 40 mil empleos temporales en la agricultura fueron aprobados por el gobierno, de los cuales casi 30 mil a través del PTAT y diez mil de nuevos esquemas del TFWP (^{ESDC, 2014}). Su normatividad no sólo restringe la posibilidad de que los trabajadores soliciten la residencia permanente, sino que además no salvaguarda su integridad. La estancia de los trabajadores agrícolas temporales en Canadá continúa tiñéndose de vulnerabilidad y sus derechos siguen siendo trastocados.

Vulnerabilidad transnacional

El concepto de vulnerabilidad que utilizamos es del sociólogo Carlos H. Filgueira, quien la entiende como:

Una predisposición a descender de cierto nivel de bienestar a causa de una configuración negativa de atributos que actúan contra el logro de beneficios materiales (por ejemplo, ingresos, bienes, patrimonio) y simbólicos (por ejemplo, status, reconocimiento, identidades compartidas). Por extensión, la vulnerabilidad es también una predisposición a no escapar de condiciones de bienestar negativas. Así, ciertos atributos tales como la situación laboral, la ocupación, el grupo étnico, la edad o una combinación de estos serán indicadores de diversos tipos y grados de vulnerabilidad [cit. en ^{Tokman y O'Donnell, 1999: 154}].

Si bien este concepto nos ayuda a ubicarnos en la problemática de la vulnerabilidad, ya que considera factores económicos, sociales y culturales, sería necesario agregar que, en el caso de los migrantes de "mano de obra no calificada", la vulnerabilidad es una predisposición aún más difícil de analizar, pues entra en un juego de dinámicas que se mueven en espacios transnacionales ocupados por elementos contradictorios.

Por ejemplo, desde esta postura, el solo hecho de migrar bajo el esquema de "trabajador temporal no calificado" ya implica cierto grado de vulnerabilidad. Pero este proceso no encuentra aquí sus orígenes. Tanto los hombres como las mujeres que migran a través de un programa como el PTAT, con frecuencia son parte de una sociedad que enfrenta el desempleo, los bajos salarios, la falta de seguridad social o la exclusión; de hecho, la vulnerabilidad de las y los migrantes es un punto que la Secretaría del Trabajo considera para la contratación, ya que éste, en la práctica laboral, se convierte en un plusvalor.

Es innegable que casi todos los participantes del programa provienen de comunidades rurales donde la jornada laboral está desvalorada, tanto en términos salariales como del estatus social. De igual manera, los empleos en estas áreas han disminuido, pues ha mermado la actividad agrícola. Asimismo, en el plano nacional existe una mayor inclinación a importar alimentos que a producirlos; históricamente, las familias en las áreas rurales sembraban con fines de consumo doméstico, lo cual les permitía, en el ámbito alimentario, ser autosustentables; sin embargo, en la actualidad, esto tiende a desaparecer, lo que las hace cada vez más dependientes del consumo de alimentos industrializados. Por su parte, la mayoría de las mujeres que participan en el programa son madres solteras que, dada su misma condición, han enfrentado procesos de exclusión y una precaria seguridad social, por lo que para ellas incorporarse al PTAT es una manera de tener un aliciente y construir un mejor futuro para sus hijos. Todos estos elementos se ponen en juego al momento de integrar a hombres y mujeres al programa, utilizándolos para ejercer un mayor control hacia los participantes y, por ende, vulnerabilizarlos aún más.

No por el hecho de que los trabajadores temporales vayan a Canadá la vulnerabilidad desaparece, antes bien, en muchos casos, aumenta. Los migrantes, al ser deslocalizados y viajar solos, tienen que lidiar con un contexto cultural en el que por lo regular no cuentan con un soporte de redes como en su lugar de origen. Ya en Canadá, tienen que ir construyéndolas paulatinamente, lo cual se hace posible porque muchas veces las y los jornaleros provienen de o año con año migran a las mismas comunidades, además de la existencia de grupos de la sociedad civil o del sindicato, que son parte fundamental del soporte de los migrantes. Todo lo antes expuesto son ejemplos de cómo la globalización neoliberal mantiene a los jornaleros y jornaleras presos en un círculo donde su integridad en cuanto seres humanos se encuentra en constante riesgo.

Si bien es cierto que, según lo presentan algunos trabajos que analizan el PTAT (^{Durand, 2006}; ^{Reyes Trigos, 2004}; ^{Wells et al., 2014}) y testimonios de los trabajadores temporales,³ el programa ha traído beneficios económicos, no podemos ocultar que existen otros ámbitos en los que la vulnerabilidad de los trabajadores puede incrementarse, como en el de la salud.

Enfermedad y salud no pueden separarse del contexto social

Varias formas de opresión e inequidad están íntimamente conectadas a la salud (^{Baer, Singer y Susser, 2003}). De este modo, la salud se extiende más allá del acceso a los servicios cuando se está enfermo -principal enfoque de la biomedicina- para comprender la amplia gama de razones económicas y sociales de por qué la gente se enferma, punto fundamental en los derechos humanos.

^{Paul Farmer (2005: 8)}, médico y antropólogo, argumenta que "las raíces sociales de la enfermedad" deberían ser vistas como ejemplos de violencia estructural -término que toma de la teología de la liberación que incluye "las desigualdades económicas y sociales que determinan quién sufrirá del abuso y quién será protegido del daño", y que también abarca dimensiones de género, clase, raza, etnia, o alguna otra desigualdad-. Fuerzas económicas, políticas y sociales, como lo demuestra ^{Farmer (2005)}, limitan las opciones e influyen en los riesgos de padecer problemas de salud.

Condiciones estructurales en el PTAT que generan vulnerabilidad

El PTAT, como un programa que gestiona la migración, regula todos los aspectos de la movilidad de los trabajadores temporales -quiénes son seleccionados; cuándo y dónde tienen que viajar; con quiénes tendrán que vivir y trabajar; cuándo se les termina el contrato, y en qué momento deben regresar a su país-, lo que les permite al Estado canadiense y a la industria ejercer un amplio control de la fuerza de trabajo y asegurar el "justo a tiempo" en la producción.

El alto nivel de regulación presenta ventajas y desventajas para los trabajadores. Al contar con condiciones normalizadas por los gobiernos, los trabajadores se encuentran en una situación legal, lo que reduce las probabilidades de abusos y circunstancias peligrosas que por lo general enfrentan los (in)migrantes no autorizados. Por otro lado, existe la desventaja de que los participantes del PTAT no tienen el mínimo control del espacio a donde llegan.

Asignados para el trabajo con un empleador específico en cuya propiedad tienen que vivir, los trabajadores se hallan integrados en un sistema en el cual son profunda y estructuralmente vulnerables. La vulnerabilidad en problemas de salud y falta de poder para cambiar circunstancias no es un resultado aleatorio del programa, sino que es predecible y predominante por la manera en que está diseñado. En este aspecto, argumentamos que la vulnerabilidad de los trabajadores dentro del PTAT es estructural en sí misma (véase ^{Hennebry y McLaughlin, 2012}).

Los mecanismos que impulsan a los trabajadores a incorporarse al PTAT (proporcionándoles empleo e ingresos para sus familias) también generan distintas vulnerabilidades. Mientras que los participantes tienen un claro beneficio económico por la oportunidad de trabajar en Canadá, su estatus socioeconómico marginal los hace susceptibles de abuso.

Los trabajadores, por miedo a perder la posición tan codiciada de empleo, raramente objetan sobre las prácticas inseguras o peligrosas, y mucho menos dejan de laborar si se lastiman o se enferman (^{Basok, 2002}; ^{McLaughlin, 2009b}; ^{Hennebry y McLaughlin, 2012}; ^{Preibisch y Otero, 2014}). Esta disponibilidad sumisa para trabajar sin reclamos ante las condiciones laborales que los canadienses no aceptarían, incluyendo largas jornadas y actividades que causan enfermedades o lesiones, es parte de lo que otorga a la fuerza laboral migrante un valor particular a los ojos de los productores canadienses, lo cual ^{Basok (2002)} identifica como una necesidad estructural para la agricultura en Ontario.

Los participantes del programa son temporales y no se les permite circular libremente en el mercado laboral, por eso constituyen una forma de mano de obra migrante no libre (^{Basok, 2002}). De acuerdo con sus contratos legales, sólo pueden trabajar con el empleador especificado (a menos que su transferencia sea autorizada por las instancias correspondientes); si dejan o cambian de trabajo sin permiso del empleador y del gobierno, pueden ser deportados de inmediato.

A través de un ambiguo sistema de repatriación, sin ningún derecho de apelación o proceso de seguimiento, los trabajadores pueden ser despedidos y expulsados de Canadá. Si no han sido repatriados prematuramente, saben que están sujetos a las evaluaciones de los empleadores, quienes también influirán en su futura contratación.

Aunque los trabajadores agrícolas temporales tienen acceso al seguro de salud en Canadá, los que están enfermos son enviados a sus países intempestivamente y/o no son contratados para el año siguiente. Mientras los datos estadísticos sobre repatriación son bajos, la amenaza de expulsión del programa funciona como mecanismo de control de los trabajadores, ya que los mantiene alejados de tratamientos de asistencia médica y, por lo tanto, no son manifestados en los reportes de salud (^{McLaughlin y Hennebry, 2013}).

Al respecto, es un común denominador que los trabajadores no estén conformes con los servicios de salud que les corresponden debido a un sinnúmero de problemas, entre los que sobresale la falta de traductores. Hilda, trabajadora agrícola de la zona de Niágara, Ontario, comenta: "Yo por lo menos aquí no quiero enfermarme, siempre cuando estoy en México me reviso completa, me hago chequeo de todos aspectos para sentirme más segura y venir acá, porque sí es difícil, que si tú te enfermas, llegas a un hospital y que no haya traductores, tú a veces te quedas con muchas preguntas, con muchas dudas...". Por su parte, Miguel, trabajador en Leamington, Ontario, agrega: "En los hospitales es muy necesario, a la vez es urgente que hubiera médicos que hablaran el spanish y así pudieran entender nuestros problemas de salud".⁴

Diversas críticas hacia el PTAT han apuntado que Canadá ha colocado en segundo plano la defensa y promoción de los derechos de protección y seguridad de los participantes, pues a pesar de que éstos aportan a la economía canadiense, el país no ha ratificado algunos de los acuerdos internacionales más importantes para ellos.⁵ Además, al excluir a los trabajadores temporales de protecciones, consideradas como un estándar en otras industrias, las provincias canadienses han fracasado en la implementación o aplicación adecuada de la legislación que proteja los derechos y la salud de estos y de otros trabajadores agrícolas. En Ontario, donde asiste la mayoría de los participantes del PTAT, los trabajadores agrícolas han sido excluidos de muchas de las condiciones establecidas en el Acta de Estándares de Trabajo (véase ^{McLaughlin, Hennebry y Haines, 2014}). En últimas fechas, y sólo a través de la Corte, los trabajadores migrantes de Ontario, mediante la Unión Internacional de los Trabajadores de la Industria de Alimentos y del Comercio, fueron incluidos en el Acta de Seguridad y Salud Ocupacional (ohsa, por sus siglas en inglés). No obstante, continúan sin gozar del derecho a negociar y organizarse colectivamente.

Asimismo, los participantes del PTAT nunca han sido integrados como ciudadanos canadienses ni tienen el derecho de inmigrar, ni tampoco acceso a los servicios que disfrutan los nuevos residentes, por ejemplo la educación. A ellos se les obliga a migrar sin familia y se les ubica con otros trabajadores con los que probablemente no se llevan bien.

Muchos trabajadores encuentran esta experiencia migratoria llena de soledad y aislamiento. La mayoría de los mexicanos no aprende inglés ni francés y muy pocos ciudadanos canadienses de las comunidades rurales hablan español. El resultado es que son mínimas las oportunidades para entablar vínculos con los canadienses y hay muy pocos esfuerzos para integrar a los migrantes. Tal aislamiento incrementa la vulnerabilidad de estos últimos, pues no cuentan con un sistema de apoyo al cual puedan acudir en momentos de crisis. Aunque hay oficinas consulares (Montreal, Vancouver, Calgary, Dartmouth, Quebec, St. John, Toronto, Leamington), las pocas personas que laboran en ellas son insuficientes para atender a miles de trabajadores y no poseen la sensibilidad para desempeñar esa tarea. El solo hecho de dialogar con los trabajadores en ocasiones bastaría para reducir su estrés. La falta de disposición por parte de las autoridades consulares ha quedado registrada en varios estudios (^{Preibisch, 2000: 57-59}; ^{Basok, 2002: 112-114}; ^{Binford et al., 2004: 91}; ^{Pacheco Comer, 2004: 25}; ^{Díaz Mendiburo, 2008: 95}).

Salud y vulnerabilidad de los migrantes en Canadá

Distintas investigaciones han demostrado que los trabajadores agrícolas latinoamericanos en Estados Unidos enfrentan riesgos de salud y otras situaciones conflictivas. Al revisar la literatura, ^{Mobed, Gold y Schenker (1992: 367)} escriben que migrantes y trabajadores temporales son "una de las poblaciones más marginadas y menos estudiada, a pesar de que ésta es la que trabaja en una de las más, si no es que la más, peligrosa ocupación del país". Estudios recientes han documentado que los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, de los cuales 88 por ciento son hispanos (^{Villarejo, 2003}), experimentan afecciones sistemáticas de salud (^{May y Kullman, 2002}; ^{Villarejo, 2003}; ^{Frank et al., 2004}).

En Canadá, la literatura sobre problemas de salud relacionada con los migrantes temporales es incipiente. Aquí surge el cuestionamiento de si la naturaleza legalizada del PTAT, que incluye el acceso a prestaciones de salud, podría brindar cierta protección contra riesgos similares. Una defensa del sistema canadiense en comparación con el de Estados Unidos, que se basa principalmente en mano de obra migrante indocumentada, es que el PTAT ofrece una serie de protecciones legales para los trabajadores, así como un seguimiento de las mismas. Por lo tanto, sería factible postular que las preocupaciones y problemas de salud de los trabajadores pueden resultar menos frecuentes en Canadá.

En últimos estudios se evidenció que los problemas de salud que enfrentan los migrantes en Estados Unidos son semejantes a los que padecen los trabajadores temporales en Canadá, incluyendo aquellos vinculados con su ocupación, como problemas en la piel, los ojos, muscoloesqueléticos o respiratorios, y también los relacionados con salud sexual, reproductiva y mental (^{Edmunds et al., 2011}; ^{Hennebry, McLaughlin y Preibisch, 2015}; ^{McLaughlin, 2009a}, ^2009b; ^{McLaughlin, Hennebry y Haines, 2014}; ^{Narushima, McLaughlin y Barrett-Greene, 2015}; ^{Preibisch y Otero, 2014}).

Nuestra investigación pone al descubierto varias tendencias preocupantes en la salud de los migrantes temporales. Argumentamos que la vulnerabilidad de dichos trabajadores en Canadá es mayor dadas las condiciones que rodean tanto su vida como su trabajo. A continuación detallamos algunos de los factores cotidianos que plantean riesgos para su salud mientras están en aquel país.

Condiciones laborales

La industria agrícola es conocida como una de las más peligrosas en Canadá, en la cual se ha reportado 13 por ciento de muertes (^{Hartling, Pickett y Brison, 1998: 108}). Los trabajadores temporales enfrentan constantes riesgos en su salud debido a diferentes factores, por ejemplo, las posturas que deben mantener al desempeñar su labor; la exposición a químicos, tierra, plantas y animales; las extremas condiciones climáticas; el manejo de maquinaria pesada, y la realización durante lapsos prolongados de una sola actividad mecánica, en la línea de producción.

La actividad agrícola demanda que los trabajadores permanezcan largas jornadas sin reposo, o con el mínimo, y en sitios aislados, donde son recluidos por mucho tiempo en circunstancias, en numerosas ocasiones, insalubres -sin botiquines o sin apoyo para cualquier tipo de emergencia-. Las lesiones y enfermedades en los lugares de trabajo resultan comunes entre los trabajadores agrícolas, pero los más vulnerables son los temporales, quienes menos poder de control tienen sobre su situación, por lo que les son asignadas las tareas más peligrosas sin previa capacitación (véase ^{McLaughlin, Hennebry y Haines, 2014}; ^{Preibisch y Otero, 2014}).

Uno de los mayores riesgos que enfrentan los participantes del PTAT es la exposición a los pesticidas. Los cultivos de frutas y verduras en los cuales se desempeñan en general son tratados de manera intensiva con pesticidas. En nuestra investigación muchos de los trabajadores reportaron haber utilizado agroquímicos y la mayoría no había recibido capacitación para tan delicada actividad y mucho menos equipo adecuado. En algunos casos se les dieron instrucciones o capacitación, aunque no en español, por lo que resultó básicamente incomprensible. Los aplicadores regulares de pesticidas habían recibido mayor capacitación, pero mientras los pesticidas eran aplicados, otros trabajadores realizaban sus actividades, o también se les solicitaba aplicarlos, mezclarlos o desplazarlos de un sitio a otro sin ninguna protección.

La información y concientización que tienen los trabajadores respecto al manejo de pesticidas varía considerablemente. La mayoría cree que es algo peligroso, pero posee un limitado conocimiento de las consecuencias y el procedimiento que debe seguirse en caso de tener contacto de alto riesgo, así como poco poder para protegerse a sí mismo. Algunos se resistieron inicialmente a cubrirse la boca con pañuelos. Una gran generalidad de los que entrevistamos había tenido síntomas asociados al mal manejo de pesticidas, siendo los más comunes la irritación de los ojos, de la piel y de la garganta. No obstante, ellos aceptaban seguir manipulando pesticidas sin solicitar condiciones seguras o reclamar la falta de protección, debido a que no deseaban poner en riesgo su empleo.

Tanto algunos síntomas inmediatos como problemas de salud a largo plazo pueden vincularse con la exposición a los pesticidas. La revisión de la literatura basada en estudios sobre pesticidas en Canadá (^{Sanborn et al., 2004}) y en Estados Unidos (^{Alavanja, Hoppin y Kamel, 2004}) indica que la exposición a los químicos utilizados en la agricultura está relacionada con una gran variedad de serias afecciones de salud, incluyendo varios tipos de cáncer, impactos neurotóxicos, enfermedades respiratorias y problemas reproductivos. Si se tiene en cuenta esta diversidad de implicaciones, muchos padecimientos crónicos de los trabajadores del PTAT pueden estar ligados a dicho factor. Sin embargo, es difícil darle seguimiento a estos problemas a largo plazo o probarlos como causa de lo anterior, ya que, por un lado, hay personas que ya no participan en el programa y, por el otro, en México no se hace una revisión especializada y profunda para detectar químicos en la sangre de los trabajadores. La complejidad de los efectos de los químicos no permite llevar un registro y aumenta la dificultad para diagnosticarlos. Esta restricción también tiene implicaciones económicas en los trabajadores, ya que los limita de la posibilidad de recibir compensaciones por enfermedades relacionadas con la exposición a los pesticidas (véase ^{McLaughlin et al., 2014}).

La historia de Concepción⁶ es un ejemplo trágico de las consecuencias de manipular pesticidas sin capacitación ni protección. Su compañero de trabajo lo relata:

Trabajábamos con pura camiseta, no teníamos equipo. Pienso que eran pesticidas porque eran para matar las plagas de las plantas, nos decían que era jabón, que era puro detergente. Una ocasión que limpiamos los invernaderos, el difunto Concepción andaba con la esprayadora, con la que fumigábamos, entonces el patrón llegó y nos quiso apurar, que moviéramos las manos y que todo el trabajo más rápido, entonces el difunto agarró lo que era la esprayadora al revés, y como el viento estaba de allá para acá, todo lo que era el agua se le vino al cuerpo, entonces el patrón dijo que estaba bien, que no había problema, pero el difunto empezó a tener comezón en el cuerpo, el difunto dijo que le diera permiso para irse a bañar pero el patrón no quiso, dijo que lo que urgía era el trabajo. Al final del día, él se fue a bañar.⁷

Cuando los problemas de salud no son denunciados o investigados en el momento de un incidente, como ocurre con frecuencia, es difícil obtener una indemnización. Retomemos el caso de Concepción. Él nunca fue atendido por un médico después de haber sido rociado con pesticidas a pesar de que su salud se deterioraba continuamente. De regreso a México, él y su esposa, Alicia, no sabían a quién consultar para recibir apoyo, ya que no podían pagar los tratamientos médicos. No fue sino hasta su muerte, ocasionada por complicaciones derivadas de la insuficiencia renal, que alguien le sugirió a Alicia contactar a un representante del gobierno mexicano. La respuesta del funcionario público fue que nada se podía hacer porque su marido no había trabajado en Canadá los años suficientes como para ganarse la pensión y que, debido a eso, nada le correspondía. Alicia explica lo sucedido:

No lo conocía en el aeropuerto, ya después hasta que él me habló, eso fue en el 2003, él estaba bien pálido, casi sin sangre. Él pesaba como 86 kilos y bajó como 20 kilos. Los primeros años estuvo bien, el problema fue el último año, después del accidente, antes todo estaba normal. Él era sano.

Cuando él vino de Canadá vino con mucho dolor de cabeza, náuseas y, de la nariz, le salía bastante sangre. Tosía y tosía y el cuerpo muy desguanzado, no tenía fuerzas. Veía borroso, se desesperaba, no quería escándalo, decía que le estallaba la cabeza. Me dijeron que el hígado o el riñón estaban muy mal, le hicieron la diálisis, le sacaron líquido que olía muy mal. Él llegó en octubre, en diciembre se puso gravísimo y en febrero falleció.

Del dinero que él ganó con eso yo pagué, él no tenía seguro. Cuando me presenté a la Secretaría, ahí en Pino Suárez, mi cuñado habló con la señorita y de ahí nos mandaron a Tlatelolco, no me preguntaron nada más y fuimos con [el represente] y yo pasé, él llamó a Canadá y luego me dijo: no se te puede ayudar ni dar nada porque tu esposo no cumple 36 meses, tu caso no se puede hacer nada y, dice, ya me comuniqué y no se puede. Él me contestó en un modo agresivo y me fui llorando.

Alicia se pregunta por qué no existe un sistema para apoyarla como viuda de un trabajador. Su marido murió en 2004, y hasta el 2014 ni el gobierno de Canadá ni el de México han hecho algo para ayudarla. A través de Justicia⁸ y algunos empleos en los que se ha desempeñado ha podido reabrir su tiendita para solventar sus gastos y los de su hijo.

Condiciones de vivienda

Existen directrices en los ámbitos provincial y federal sobre las condiciones mínimas de vivienda que los empleadores deben brindar a todos los trabajadores. Las revisiones anuales realizadas por inspectores regionales de salud pública se hacen antes de que los trabajadores lleguen a las granjas y, al parecer, la situación ha mejorado a través de los años. Las inspecciones son en extremo importantes para asegurar un nivel mínimamente básico de estándares para los participantes del PTAT.

No obstante, hay dos problemas fundamentales: las directrices no son suficientes para hacer frente a las necesidades de los trabajadores (por ejemplo, no se estipula la temperatura a la que deben encontrarse las casas en época de verano ni el número de habitantes que debe vivir en la casa) y las recomendaciones no son siempre aplicadas de manera uniforme en todas las regiones. Como consecuencia de esta falta de transparencia, no es de sorprender que las condiciones de vivienda varíen ampliamente: mientras que algunos trabajadores están satisfechos, otros tienen más de un argumento para sentirse disgustados.

Muchos de ellos son alojados en tráileres, garajes, almacenes o graneros convertidos en "viviendas"; otros en casas o departamentos. Por otro lado, algunos granjeros hacen lo posible para garantizar comodidad al personal, sin embargo, hay empresarios que admiten que no podrían vivir en las condiciones que ellos mismos proveen a los trabajadores (véase ^{Hennebry, Preibisch y McLaughlin, 2012}; ^{Preibisch y Otero, 2014}). Algunos migrantes mencionan que las viviendas son "peores que las casas de los perros del patrón". Aunque los empleadores a menudo creen que es suficiente, porque debe ser mejor que "en la que ellos viven en sus lugares de origen", muchos trabajadores no están de acuerdo (véase ^{Díaz Mendiburo, 2014}).

Nuestras investigaciones reflejaron que dentro de las preocupaciones más comunes relacionadas con las viviendas están: 1) exceso de calor y falta de ventilación; 2) condiciones de hacinamiento; 3) falta de privacidad, baños y cuartos; 4) instalaciones inadecuadas, baños y cocina; 5) problemas de infraestructura, como goteras o escurrimientos a través de las paredes. Todo esto, además de atentar contra la dignidad de los migrantes, se suma a la serie de factores que afecta su salud. Por ejemplo, su nutrición se deteriora por las malas condiciones de almacenamiento de los alimentos y el poco acceso a los servicios para cocinar. Su sueño se trastoca por la falta de un lugar limpio, cómodo y tranquilo para descansar. Su salud mental se daña en varias formas debido a las condiciones de hacinamiento -que los priva del derecho a la intimidad- y a la carencia de medios para comunicarse con sus familiares o amigos (en ocasiones, el teléfono en la casa no es suficiente para que 20 personas lo utilicen en el poco tiempo que tienen para llamar, o bien, la caseta telefónica está a kilómetros de distancia de su vivienda). Su higiene se altera si no tienen ropa adecuada o la infraestructura necesaria en su vivienda para evitar la contaminación por el contacto con pesticidas. Su salud física es más difícil de mantener si están hacinados, ya que hay mayor probabilidad de que se propaguen enfermedades infecciosas. Si beben agua contaminada son susceptibles de contraer enfermedades transmitidas por ésta. Si su vivienda es caliente o fría puede contribuir a problemas físicos y emocionales. Los lugares húmedos o contaminados con productos químicos pueden producir problemas graves (véase ^{McLaughlin, 2009a}).

Aunque es muy poca la atención que se ha prestado a estos trabajadores en el contexto canadiense, las condiciones de vida, al igual que las de trabajo, son un elemento determinante de la salud (véase ^{Krieger y Higgins, 2002}). Los participantes del PTAT no eligen su lugar de residencia y a menudo son alojados en la misma granja. Si algo sale mal, se descompone el refrigerador, el agua potable está sucia, el techo tiene goteras, etcétera, la persona con la que deberán ponerse en contacto para solucionar el problema es su mismo empleador; sin embargo, ya se ha establecido que, debido a su vulnerabilidad estructural en el programa, la mayoría de los trabajadores teme quejarse con él. Por lo tanto, si quieren resolver algún asunto de la vivienda, pueden llamar a los inspectores locales (una cuestión viable sólo si están al tanto de las normas, saben que tienen el derecho de quejarse, cuentan con el número de teléfono y hablan inglés). Aunado a lo anterior, los inspectores están obligados a informar al empleador que un reporte ha sido presentado, por lo que los migrantes casi siempre tienen miedo de efectuar la denuncia. Así pues, no es extraño que los encargados de generar los informes raramente reciban quejas de los trabajadores, y las pocas que se han recogido han tenido lugar cuando el migrante estaba presente al momento de la inspección. Otra "alternativa" es recurrir a los representantes del gobierno y los funcionarios de enlace, pero los trabajadores no los ven como un recurso accesible ni seguro. Por desgracia, para los migrantes temporales, las normas relativas a la vivienda son muy laxas y ambiguas. Incluso si un trabajador es lo suficientemente valiente como para realizar una denuncia, por lo regular las autoridades no le hacen caso (^{McLaughlin, 2009a}).

El acceso a la atención de salud en Canadá

Cuando durante su estancia en Canadá los trabajadores presentan problemas de salud, una serie de obstáculos hace difícil su acceso a la atención médica, por ejemplo, el hecho de que se encuentran aislados en las granjas y, en ocasiones, los empresarios guardan sus tarjetas de salud (necesarias para acceder al servicio médico). También requieren permiso para ausentarse de sus actividades, así como del uso del transporte y servicios de traducción. En una encuesta a casi 600 trabajadores en Ontario, 19 por ciento manifestó no poder disponer de sus tarjetas de salud (^{Hennebry, McLaughlin y Preibisch, 2015}). En estos casos los empleadores, o bien no aplican para las tarjetas, o se las retienen a los trabajadores. De tal suerte, los empleadores actúan como intermediarios de la salud, por lo que mucho de su personal prefiere no decir cuando está enfermo o herido porque teme que esto pueda repercutir en su situación laboral. En tal contexto, el rol de intermediarios que asumen los empleadores pone en riesgo el acceso seguro y confidencial de los trabajadores al sistema de salud (véase ^{Hennebry, McLaughlin y Preibisch, 2015}; ^{Pysklywec et al., 2011}).

Si los trabajadores logran obtener atención médica, existen otras barreras adicionales. Los centros de salud en zonas rurales de Canadá, por lo general, carecen de personal y servicios. Es común encontrar médicos que no han recibido formación sobre las necesidades y vulnerabilidades, ni sobre las especificidades culturales de los pacientes. Las barreras del idioma son una preocupación constante ya que difícilmente hay traductores disponibles. Aun cuando los trabajadores son atendidos, a menudo se quedan con un sentimiento de insatisfacción, como si sus inquietudes no fueran tomadas en serio. Por ello, tienden a tratar sus afecciones con los medicamentos que traen de México, práctica que puede generar problemas en el futuro (^{McLaughlin, 2009a}).

Aparte del seguro de salud de Canadá, los trabajadores también pagan por uno complementario de enfermedad limitada, que cubre cosas como los medicamentos recetados. Asimismo tienen derecho a la indemnización por accidentes laborales o enfermedades, pero a menudo no reciben esta cobertura por diversas razones (véase ^{McLaughlin et al., 2014b}). Algunas veces no se puede probar el problema como una consecuencia directa del trabajo, y, en caso de fallecimiento, los familiares no se presentan para cobrar la indemnización durante el plazo estipulado, ya sea porque no sabían de este derecho o simplemente por los trámites burocráticos en donde se pierde la esperanza de recibir el apoyo.

Círculos de vulnerabilidades: ¿qué sucede cuando los trabajadores regresan a México?

Si conocemos el modo en que funciona el sistema de salud pública en México, no es difícil imaginar la respuesta. La mayoría de los participantes del PTAT no cuenta con el servicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni mucho menos con algún seguro privado. La única posibilidad que tienen, de acuerdo con su perfil económico, es adscribirse al seguro popular. Para darse de alta es necesario someterse a un estudio socioeconómico en el cual se determinará el nivel de pertenencia. Si esta evaluación se encuentra en los dos primeros niveles, el seguro no tendrá ningún costo. Del tercero al décimo nivel, la cuota anual por familia fluctúa entre 713.96 y 11 378.86 pesos. Cabe apuntar que el seguro sólo cubre ciertos padecimientos que están estipulados en la carta de derechos y obligaciones de afiliados.

De tal suerte, el resultado es que cuando los trabajadores vuelven a México con enfermedades de larga duración o lesiones, no hay ninguna forma de seguro de salud integral transnacional que los apoye durante un plazo prolongado. Ellos deben lidiar con el sistema mexicano de salud pública, que es insuficiente para cubrir muchos de sus problemas. Pero, al regresar gravemente enfermos, como Concepción, su situación de vulnerabilidad los conduce a la muerte. Si la enfermedad no es terminal, los familiares, sin el respaldo de ninguna figura del PTAT, tienen que buscar los caminos para enfrentarla; por ejemplo, el caso de Ricardo, participante del programa, quien regresó a México completamente paralizado después de una sola temporada de trabajo en Canadá (véase ^{Díaz Mendiburo, 2007}).

Conclusiones

En los campos que hemos explorado queda claro que la migración tiene consecuencias contradictorias para los participantes del PTAT. El programa de selección de trabajadores pobres y necesitados de empleo les proporciona un tránsito migratorio seguro y un gran apoyo económico para ellos y sus familias. Al mismo tiempo, su situación económica marginal hace que estén expuestos a abusos, ya que continuamente tienen miedo de perder su empleo y, por ende, el sustento de sus familias. De igual manera, no debemos olvidar que el PTAT regula todos los aspectos de la movilidad, por lo que los migrantes pierden toda posibilidad de empoderamiento y de decisión para elegir el lugar y las horas de trabajo, el empleador, el tiempo de permanencia, la posibilidad de denunciar malas condiciones laborales o de vivienda, o bien, rechazar actividades que pongan en riesgo su salud e integridad.

Es loable que se inspeccionen las viviendas proporcionadas a los trabajadores, sin embargo, las directrices son insuficientes para las necesidades de éstos, quienes no cuentan con ningún método razonable para emitir quejas o cambiar de residencia si se sienten incómodos o inseguros. También es positivo que tengan acceso legal a la asistencia sanitaria en Canadá, pero, una vez más, el control de los empleadores, junto con la falta de servicios especializados o accesibles a los trabajadores, pone en peligro su capacidad práctica para acceder a servicios de salud.

La migración a través de este tipo de programas no necesariamente disminuye la vulnerabilidad de los participantes, sino que cambian los mecanismos, de modo que el control, el poder, el miedo y el aislamiento son elementos que se visualizan en los procesos de vulnerabilización de los trabajadores del PTAT.