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Alteridades

versión On-line ISSN 2448-850Xversión impresa ISSN 0188-7017

Alteridades vol.24 no.47 México ene./jun. 2014

 

Investigación antropológica

 

Tus amigos son mis amigos: agentes y Estado en un paso de frontera argentino*

 

Your Friends are my Friends: Agents and State in an Argentinian Border Crossing

 

Brígida Renoldi**

 

** Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Investigadora asociada al Núcleo de Estudos em Conflito, Cidadania e Violência Urbana, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Tucumán 1605, Posadas, 3300, Misiones, Argentina <brire@hotmail.com>.

 

Artículo recibido el 27/02/13
Aceptado el 26/09/13.

 

Resumen

Los pasos de frontera con Paraguay que caracterizan a la provincia de Misiones, Argentina, se han constituido como lugares privilegiados para la circulación de personas y mercancías en formas no siempre legales. A partir de diversos episodios ocurridos en trabajo de campo, se analizará el modo en que prácticas calificadas como ilegales, llevadas a cabo por habitantes y comerciantes de las ciudades fronterizas o por agentes de seguridad y de Estado, se inscriben en un universo más amplio de tradiciones políticas y formas de disidencia dentro del territorio argentino, y en referencia al Estado y a la nación.

Palabras clave: contrabando, legitimidad, ilegalismos, ciudades fronterizas.

 

Abstract

Border crossings with Paraguay that characterize the province of Misiones, Argentina, are now privileged places where people and merchandise move in ways that are not always legal. From diverse episodes that happened in the fieldwork, this paper analyzes the way in which inhabitants and retailers on the border cities —or security and State agents— carry out activities that are considered illegal. These practices belong to a wider universe of political traditions and dissent within the Argentinian territory, and in reference to the State and the nation.

Key words: contraband, legitimacy, illegalism, border cities.

 

Un gesto humano pero ilegal

Un día de invierno de 2005 llegué a la estación portuaria del río Paraná, de donde cada hora salía una lancha de Posadas (capital de la provincia argentina de Misiones) hacia Encarnación (capital del departamento paraguayo de Itapúa), cuando todavía el paso por agua era una de las vías más utilizadas para cruzar. El río Paraná, que separa y une Argentina y Paraguay, es históricamente el símbolo de sentimientos diversos que han marcado las relaciones locales de negación, reconocimiento, proximidad, conflicto, asociación, parentesco y amistad. En cierto modo materializa lo ambiguo, lo liminal, característico de toda frontera. Es la síntesis inefable de las semejanzas y diferencias, de la oposición entre dos ciudades enfrentadas que puede disolverse en la idea de que son gemelas: una misma esencia partida en dos cuerpos, escindida por un límite internacional que hace a la vez de herida, costura, cicatriz y divergencia.

En el contexto de un estudio sobre el control del tráfico de drogas en la región, había entrevistado a algunos funcionarios de la Prefectura Naval, la fuerza de seguridad federal que opera en las vías navegables interiores del país y del mar argentino. En aquellas visitas me habían recibido bien, aunque con ciertos resguardos. Seguramente porque no era frecuente que los antropólogos se interesaran por el trabajo policial. Mi curiosidad por entender el trabajo propio de control en la frontera los sorprendía, así como a mí los grados de organización internos (sobre todo asociados a las jerarquías de las autoridades formales) y la importancia de las ceremonias de afirmación cotidianas, como el saludo a la bandera, que tanto énfasis hacían en cierta idea de Estado nacional.

En tales ceremonias quedaba claro el nivel que englobaba un nosotros que expresaba el valor de lo federal y no local o, en todo caso, la instancia en donde lo local se subsume a lo federal, a lo nacional. Se trata de un nivel de integración que no omite la existencia de otros niveles, que pueden incluirse o no en éste más amplio y, a su vez, manifestarse a través de condiciones étnicas, económicas, ideológicas. Como señala Gustavo Lins Ribeiro al referirse a los diferentes niveles de integración y a las condiciones que los posibilitan:

ser miembro de totalidades más amplias y complejas supone la pertenencia a segmentos más pequeños. Inclusive la presencia de una potente fuerza de unificación, como el Estado-nación, no es suficientemente poderosa para anular todos los segmentos heterogéneos pre-existentes o la producción de nuevos. Este reconocimiento es particularmente importante pues nos lleva a ver que, de formas contradictorias y frecuentemente violentas, fuerzas homogéneas y heterogéneas coexisten [1997: 6; traducción mía].

Veremos cómo tales niveles operan en el ejercicio cotidiano de la seguridad, cuando ésta compromete el nivel del Estado nacional.

Las fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal) colaboran con el resguardo de la integridad del Estado. A su trabajo se suma el de las aduanas, encargadas de controlar el movimiento de ingreso y egreso de mercaderías. Un derecho específico (aduanero) regula estas dinámicas comerciales para garantizar el pago de impuestos en cada país.

Sin embargo, las leyes pueden mantenerse bajo un halo de desconocimiento y omisión por parte de quienes realizan actividades comerciales o asociadas al comercio (como el traslado de mercaderías evadiendo los controles en las fronteras o rutas nacionales), desarrollando prácticas que se distancian del centro del Estado -definido por la formulación explícita de los principios legales- para afirmarse en sus márgenes, que también lo constituyen como tal (Das y Poole, 2004; Badaró, 2002; Grimson, 2000a y 2000b).

Para quienes residen en Posadas (Argentina) existen restricciones sobre las compras en el país vecino. Se permite adquirir productos de estricta fabricación paraguaya y otro tipo de mercancías sólo hasta un determinado monto mensual. Son pautas que, a pesar de ser muy claras en sus formulaciones legales, no rigen todo el tiempo ni para todas las personas. Pude ver, por ejemplo, a gente transitar con equipos electrónicos valuados en montos mayores a los permitidos, sin que se evidencie cuándo ni en cuánto se puede exceder el valor reglamentario. En algunos casos se trató de personas conocidas mías y desconocidas de los agentes, por lo cual se descarta la hipótesis de que se trataba de favores a los amigos.

Motivada por los habitantes locales a visitar la ciudad "vecina", aproveché que necesitaba una grabadora y otros accesorios (cintas de grabación, trípode) y, aun con la duda sobre cuáles serían los márgenes reales de compra, me aventuré a cruzar el río. Se sabe de forma generalizada que esta frontera propicia un tipo de intercambio comercial que configura contrabando según las leyes. Incluso así se admite con cierta naturalidad, porque la práctica que lo antecede (encarnada en su momento por las conocidas paseras), originalmente circunscrita al paso de frutas y verduras de Paraguay a Argentina, marca la dinámica de la región desde tiempos inmemoriales.1

Pero, además -y esto era para mí lo más curioso-, sobre aquel vaivén de cosas y personas que dinamizaban los pasos fronterizos formales no recaían juicios negativos por parte de la población, sino todo lo contrario (en ocasiones significaban gratos gestos de osadía en quienes los realizaban); ni siquiera por aquellos agentes que custodian -a partir de la implementación de las leyes vigentes- la integridad de los valores que definen el Estado. Empecé a pensar que el arraigo de una relación tomada por natural entre "ilegalidad" e "inmoralidad" quizá no fuese generalizado, a pesar de que podría vislumbrarse si considerásemos el Código Penal como la enunciación de un código moral que nace con (o se impone por) la comunidad nacional de un Estado democrático.2

En 2005 aún no se habían producido los cambios que resultaron de los avances para finalizar la represa Yacyretá, cuya obra comenzó en 1983 como un proyecto binacional argentino-paraguayo.3 Todavía existía el puerto de donde salía cada hora la lancha hacia Encarnación. Allí la Prefectura Naval se ocupaba de las inspecciones de equipajes y elaboraba un registro migratorio. Al llegar me sorprendió encontrar en el área de control a una de las personas que había entrevistado. Nos saludamos con cordialidad y yo, que iba acompañada de dos amigos brasileños, le pregunté qué era exactamente lo que se podía ingresar a través de la frontera por aquella vía. El hombre formuló sintéticamente las reglas que ya expuse e inició un intercambio de amables comentarios sobre Brasil y sobre las universidades, el futbol, la selva y la belleza del lugar, que en pocos minutos crearon un clima agradable y humorístico. Tras suspender la frialdad y la distancia que suele marcar la interacción entre civiles y agentes de seguridad cuando éstos se encuentran en su función, le dije que, además de lo que yo iba a buscar, mis amigos necesitaban algunos electrónicos y accesorios para realizar un documental institucional. Él me miró y, con una sonrisa cómplice y gentil, me dijo, dirigiendo también el comentario hacia ellos: "Tus amigos son mis amigos".

Después nos presentó con el jefe del servicio, encargado de supervisar los controles aduaneros; le advirtió que estábamos llevando a cabo un trabajo para la universidad y, sin decir nada más, se retiró deseándonos buen viaje. El intercambio se restringió a aquellas palabras. La situación en la que nos envolvimos no se configuraba como nada ilegal, si bien se integraba a la lógica en la que todo parecía suceder día a día en aquel paso de frontera. Luego supimos que nuestro retorno e ingreso a Argentina había sido diferente del de otra gente, pues algo en particular de aquel evento ya lo había marcado. ¿Qué expectativas lo habrían pautado? El vínculo que se dio al interactuar tal vez escapó a la formalidad, lo que pudo tener sus consecuencias. ¿Estaría en juego el valor de la universidad como un integrador de bien superior que, por promover el conocimiento, podía colocarse por encima de las leyes en vigor? Si se hubiera tratado de un favor, ¿cuál sería la deuda creada al aceptarlo? Lo cierto es que en aquella situación podríamos haber salido hablando bien de los agentes, por este gesto humano que nos involucraba, pero también podríamos haber salido hablando mal, y por lo mismo. Si de reputación se trataba, ¿en qué nivel se comprometía el acuerdo de que sería un gesto favorable para él como agente o para la institución como agencia?

Evocando un poco a Michael Herzfeld (1985), la pregunta que nos vino a la cabeza fue: ¿y si en vez de hacerle favores a los amigos él estuviera haciendo favores para hacer amigos? Ello invertiría la lógica de la reciprocidad supuesta en el principio del interés de beneficio personal, sobre todo económico, que se reconoce en las prácticas calificadas con el término corrupción, en cualquiera de sus grados (Granovetter, 2004; Gupta, 1995). En esta hipótesis: ¿cuáles serían las implicaciones de este desvío de la teoría social del desvío?

Las derivaciones de tales interrogantes para el entendimiento de la administración y burocracia del Estado nacional me llevaron a pensar en cómo opera la diferencia entre la "agencia personal" de quienes trabajan para una institución -sobre todo cuando ésta se orienta a la seguridad pública- y su "agencia institucional". Si junto con Alfred Gell (1998) comprendemos por "agencia" el potencial y la capacidad de afectación de algo o alguien sobre otra cosa o persona, podremos captar el modo en que una secuencia de acciones, circunstancias y cosas configura resultados no previsibles o, si son previsibles, no causados por lo que pudo ser imaginado. Intentaré poner esto en evidencia a través de los relatos que expondré más adelante.

 

Controlar la frontera

Son muchas las cosas y personas distribuidas en el ambiente singular de las fronteras (geopolíticas, étnicas, nacionales, institucionales), y también las formas legales e ilegales de legitimarlas. Esta afirmación parte de que tanto cosas como personas sólo son reconocidas cuando adquieren nombres, permisos, evidencias y accesos: es el caso de los niños que nacen en Argentina cuyos padres son paraguayos, de los inmigrantes y argentinos no documentados, de las mercaderías que ingresan sin registro aduanero, entre otros. Son estatus de ilegalidad que limitan el acceso a determinados recursos y que pueden revertirse por medio de procedimientos diversos (por ejemplo obtener documentos nacionales de identidad a través de estrategias como el parto, mediante conocidos que atestigüen la residencia permanente cuando no la hay, etcétera). Inclusive situaciones o estatus de ilegalidad pueden invertirse o disimularse mediante procedimientos explícitamente ilegales: compra de documentos de identidad, multiplicación de la identidad para realizar actividades comerciales transfronterizas con mayor frecuencia, uso del mercado de influencias para acelerar la emisión de documentos, documentación apócrifa para vehículos robados, protección para montar comercios con mercadería de "contrabando", y muchos más.

Para hablar con pertinencia de estas formas de operar hay que mirar la manera en que el Estado (instituciones, personas, momentos, objetos y cosas) controla y juzga cierto tipo de delitos, teniendo en cuenta que la ley es interpretada en todo momento y lugar, de modo que en ese margen puede haber diferentes desenlaces.

En el caso de la frontera estudiada, son muy elocuentes los delitos de contrabando y de transporte y comercio de drogas ilegales. A través del modo en que se regulan es posible entrever cómo "se hace" el Estado en la confluencia de los tres poderes, junto con las personas que circulan por los ámbitos que éstos controlan y reglamentan: el Poder Ejecutivo con el Judicial, teniendo como marco el Legislativo en lo que respecta a la Constitución nacional, y a los códigos Penal y Procesal de la nación, que establecen las prohibiciones y penalizaciones, así como las formas de proceder para realizarlas de manera legal.

En términos jurídicos hay acuerdo al calificar como ilegales las acciones que atentan contra el bien que cada ley protege. Se espera que en un Estado de derecho los ciudadanos, haciendo uso de sus derechos y responsabilizándose por sus obligaciones, atiendan los principios legales a los que están obligados una vez que, a través del voto, participan en el proceso representativo propio de las sociedades democráticas. La falta configura lo que se conoce como "delito" y "crimen". Ambos definen cierto tipo de conductas inaceptables y están inscritos en el nivel de la criminalización (formulación de las leyes penales). Una vez reconocidos son tratados en el nivel de la incriminación -propia de la intervención de las instituciones policiales y judiciales, las cuales aplican técnicas y procedimientos legales orientados a pronunciar juicios y sentencias (Misse, 2005 y 2007)-. La existencia de leyes y de agentes e instituciones que intervienen para su cumplimiento crea expectativas de comportamiento y con frecuencia produce cierta anticipación clasificatoria, no sólo en los agentes legales y policiales, sino también en la población en general, procedimiento que Michel Misse ha calificado como sujeción criminal por asociar determinado tipo de delitos a cierto tipo de personas.4

En este contexto se espera que los agentes que componen las instituciones de garantía legal (funcionarios públicos, agentes policiales y judiciales) sean los primeros en defender los bienes o valores de la comunidad nacional, representados por las leyes federales vigentes a través del voto. Basados en este principio, cuando las prácticas ilegales involucran a agentes del Estado, solemos hablar de "corrupción". En el caso de las ciencias sociales, no es raro que al mismo tiempo que intentamos describirlas nos abandonemos a la tentación de querer corregirlas.5 En este segundo esfuerzo disipamos parte del potencial comprensivo. Ya lo dijo Pierre Clastres al reconocer como principal adversario de la investigación antropológica al "etnocentrismo", que "mediatiza toda percepción de las diferencias para identificarlas y finalmente abolirlas" (2008: 15).

¿A dónde llegaríamos si renunciáramos provisoriamente a las interpretaciones e hipótesis que descansan en la idea de que las bondades del Estado de derecho son virtudes en sí mismas y que los bienes que éste protege son para todos? ¿Alcanzaríamos a entender de qué tipo de organización se trata, a pesar de la distancia que podría evidenciar con el ideal que defendemos de Estado?

En esta dirección me propongo enfatizar los aspectos que cuestionan la distinción entre lo legal y lo ilegal, antes que cuestionar las prácticas que se apartan de lo legal. Para ello, en primer lugar, es necesario repensar qué quiere decir Estado, y para quién. Entonces podremos decir que la diferencia entre lo que el Estado es, en términos de orden y reglas, y cómo se hace, en cuanto posibilidad, incluso contraria o amenazadora de lo que debería ser, se vuelve central para entender toda dinámica socioeconómica que pueda ser encuadrada en la ilegalidad o, para ser más precisos, en los ilegalismos, tal como son entendidos por Michel Foucault: prácticas que se derivan de las prohibiciones y que ocurren en los márgenes que crean las mismas leyes cuando entran en vigor (Foucault, 1989).6

En el marco de un Estado de derecho el control público de las actividades ilegales compete al hacer policial y judicial. Todo lo relacionado con el hacer remite a la toma de posición (dada por la experiencia) que crea autoridad en los agentes de seguridad, pero también a los modos en que esa autoridad "relativiza" ciertos principios formulados como centrales para el Estado, achicando o ampliando su alcance, redefiniendo las relaciones internas de los postulados que rigen las formas legales de proceder. Entre dichos principios se encuentran la neutralidad decisoria, la autonomía de los poderes y el principio jurídico básico que separa el hecho y la persona (Renoldi, 2013).

Intentaré mostrar cómo esto se hace visible en este paso de frontera para entender que cuando se habla de Estado no siempre se habla de lo mismo, y que las personas que constituyen las instituciones oficiales pueden, por momentos, actuar por fuera de los valores ideados para definir un auténtico Estado, o un auténtico Estado nacional.

 

Evitar los controles

Las imágenes de la frontera, cuando se configuran a la distancia, suelen presuponer espacios descontrolados y propicios al desorden, cuando no carentes de Estado, de historia y hasta de civilidad. Los estudios etnográficos, al acercarnos a cada sitio en particular, evidencian las singularidades políticas y administrativas constituidas en procesos históricos diferenciados que, de acuerdo con Josiah Heyman (1994), son opacados por los esfuerzos por construir modelos analíticos sobre la frontera. Como sostienen Thomas Wilson y Hastings Donnan (1998), una antropología de la vida cotidiana en las fronteras es una antropología del Estado, precisamente en la dimensión en que éste "se hace" día a día a través de acciones, pasiones y elecciones de los agentes en ambientes con historias específicas, y en la medida en que las políticas de Estado contribuyen materialmente con la configuración de relaciones.

Para vislumbrar los aspectos de las dinámicas transfronterizas a los que me referí antes, detengámonos una vez más en la vieja práctica de las paseras, conocida después como contrabando hormiga, que caracteriza la dinámica del lugar y que se constituye como fundamental para el mantenimiento del mercado local, tanto del lado argentino como del paraguayo, hasta prolongarse en los mercados urbanos que sustentan a muchos comerciantes. Se trata de una forma de ganar dinero que, desde la perspectiva de las leyes que definen el Estado, podría distinguirse como informal e ilegal, y que pone en riesgo la pertinencia de la categoría "trabajo" para referirse a ella.

Hasta 2011, diariamente (y varias veces por día), sobre todo mujeres de distintas edades atravesaban el río Paraná en lancha, motos o colectivos para comprar o entregar mercancía en diferentes circuitos de venta. En la actualidad lo hacen a través del puente que une las dos ciudades. Sólo en algunos lugares, en especial en accesos fluviales por medio de puertos precarios localizados hacia el norte de la provincia, aguas arriba de la represa, se mantiene el paso en canoas y lanchas.

Del lado argentino, en la ciudad de Posadas, un espacio físico conocido popularmente como el Mercado Modelo La Placita, creado en la década de los sesenta para ubicar el mercado de paraguayos que no obtenía autorización del gobierno para instalarse en la ciudad, es ahora el principal centro de compras. Todo tipo de productos puede ser encontrado, muchos provenientes de China (juguetes, electrónicos), medicamentos naturales de origen paraguayo (yuyos) y cigarrillos. La Placita es un mercado legal de aproximadamente 300 puestos de venta, donde se exhiben productos legales cuyo ingreso en muchas ocasiones no ha pasado por los controles aduaneros reglamentarios, de modo que se tornan, jurídicamente, de circulación ilegal.

Existe un control relativamente riguroso en el paso terrestre a través del puente Roque González de Santa Cruz que se divide, y en cierto modo se disputa, entre la aduana (fiscalizadora de toda mercancía que ingresa y egresa del país) y la Gendarmería Nacional (fuerza de seguridad militarizada que cuida todas las fronteras secas y rutas nacionales). Esta última está presente en el puente para proteger la seguridad de la infraestructura y de las personas que se encuentran trabajando en o transitan por el paso. Pero la intervención de la gendarmería, mucho más evidente años atrás, se da apenas en situaciones de conflicto, o cuando las paseras escapan a los controles formales, desatándose verdaderas carreras detrás de las mujeres que se mueven de prisa para evitar que las intercepten.

No es raro que las personas pasen con mercadería adosada al cuerpo (sobre todo electrónicos, cigarrillos y ropa) o con una gran cantidad de bolsas pequeñas que manipulan, llegado el momento, como verdaderas malabaristas; adhieren con cinta teléfonos y paquetes de cigarrillos a las piernas y al torso, y visten ropas de tallas más grandes para disimularlo. Pueden ponerse varios pantalones o camisas como estrategia para pasar más prendas, y aún encimarlas para pasar más de una pieza. En todos los casos, por tratarse de pocas cantidades, la diferencia económica real se alcanza después de varios viajes. Ellas suelen cobrar por viaje, pues en general no son quienes invierten en la compra de los productos. Hasta hace unos años, conociendo el terreno, arrojaban los paquetes hacia la ladera del puente, donde casi siempre niños, familiares o personas asociadas los recogían y los entregaban en territorio seguro, calles adentro del paso fronterizo.

El traslado de electrónicos de mayor tamaño, como equipos de audio, computadoras, televisores, usualmente lo realizan los hombres, y es común utilizar el medio acuático, en canoas particulares que ahora han debido superarse en tamaño y capacidad motora para atravesar el embalse que se tornó peligroso para embarcaciones muy pequeñas. La ciudad tenía varios puertos no reconocidos por el Estado (calificados de manera oficial como clandestinos, a pesar de que su funcionamiento era conocido incluso por los propios agentes de seguridad) preparados para la recepción de estos productos, entre los que también se incluía la mariguana que, además del uso local, ingresa, aun hoy en día, a algunos centros urbanos del resto del país. La reforma urbana producida por las obras de la represa reconfiguró estas formas de intercambio y de transporte, diversificando el público que actualmente circula por el puente para sostener parte de la economía urbana.

Con este panorama, podemos preguntarnos cómo permanece tal movimiento, a pesar de existir tantos controles. Alejandro Benedetti y Esteban Salizzi analizan, para el caso de la frontera argentino-boliviana, los conceptos de movilidad, territorio y frontera, señalando la interconexión entre el espacio y las relaciones sociales que determinan el territorio y, en consecuencia, las dinámicas fronterizas.

La movilidad -hacia y desde- es una estrategia de encuentro, un tipo de relación que se establece entre uno y otro espacio. La continuidad se puede asociar a la movilidad, a facilitar la fluidez. La discontinuidad engendra, momentáneamente al menos, inmovilidad, fijeza. La frontera es un punto inmovilizante, para clasificar qué puede salir o entrar y qué no. Allí, entonces, opera un sistema de legalidad/ilegalidad, un filtro. En la medida que cada país puede establecer su propio sistema legal, aun cuando exista otro definido por el sistema de naciones, lo que es lícito en uno (lo que se acepta como factible de ingreso/ egreso) no siempre coincide con el otro [Tejeda, 2004 cit. en Benedetti y Salizzi, 2011: 154-155].

En este entorno de movilidad y de sistemas de legalidad, habitantes de uno y otro lado, así como agentes del Estado, interactúan a diario. Hay que apuntar, además, que en cada país las prácticas muchas veces tampoco coinciden con lo que las leyes han definido como parámetros correctos de conducta. Aquí, lo que los autores citados entienden como un punto de fijeza dado por la frontera tal vez lo sea en un plano formal, ya que los datos presentados evidencian que la movilidad es inherente a la agencia estatal, si bien no hemos explicitado todavía cuáles son los niveles e implicaciones en que ésta actúa. Agregaría que la fijeza a la que los autores se refieren está dada cuando se mira la frontera desde el punto de vista del Estado. Si suspendiéramos por un momento esta mirada, manteniendo la frontera como foco (resultado de -y condición para- los Estados), podríamos decir que la movilidad no se daría "hacia y desde", sino que sería un atributo incluso de la frontera, porque en cierto sentido ella también se mueve y lo hace a partir de acciones concretas que pueden omitirla o transferirla territorio adentro, una vez que se ha traspuesto el límite internacional.

Insistiré en la apreciación que solemos hacer de los ilegalismos representativos de estas fronteras y en la particularidad de que en la mayoría de los casos, al hablar de prácticas ilegales, hacemos uso de la epistemología sustentadora del Estado de derecho, que presupone la asociación mencionada entre lo ilegal y lo inmoral, en función de un concepto universal de comunidad y de un ideal generalizado de óptima administración. Podemos preguntarnos si una mirada que ponga en suspenso los valores positivos que le atribuimos al Estado nos permitiría apreciar mejor las situaciones concretas en aquellos ambientes que, por sus características geopolíticas, exponen de manera indisimulada los intersticios que en realidad lo hacen posible, ya sea en su forma ambigua, de márgenes difusos, y a veces tan distante de la formulación ideal que defendemos. Así, al observar el desempeño de las personas en sus propios ambientes, poco contribuiría el uso de palabras acusatorias, como la de corrupción, por ejemplo. Frecuentemente con este término se busca resumir un complejo conjunto de prácticas de agentes institucionales que, cuando ocurren en las regiones de fronteras, ambientes propiamente liminares, se tornan en cierto modo más evidentes. Son espacios donde todo, aunque aparenta estar claramente definido y legislado, ocurre en márgenes que redefinen los principios de legalidad y soberanía de cada Estado nacional. Son, de muchas formas, experiencias que responden a diversos procesos y que van más allá de la mera obediencia o desobediencia de las leyes. Sería posible rastrearlas en la historia de los países y en la dinámica local.

Hoy vemos un ágil intercambio en un mercado llamado informal que se constituye en la trama de dimensiones políticas y económicas, definido como aquel que no responde a las formas legítimas de reconocimiento por parte del Estado. Se trata de actividades que necesariamente se hacen posibles a través del intercambio y la circulación de "mercancías políticas", porque éstas permiten mantener prácticas tradicionales (o nuevas) informales o ilegales, en contextos en apariencia cada vez más regulados. Michel Misse (2006: 220) reconoce la "economía de la corrupción" como un tipo de mercancía política porque el recurso político usado para producir u ofrecer es derivado del Estado y utilizado de manera no institucional por el agente que lo ofrece. Es curioso que cuando el intercambio en este movimiento no se traduce en ganancias materiales el término corrupción se diluye.

Volviendo al intercambio sutil con el agente relatado al inicio de este trabajo, ¿cómo calificar un gesto de permisión, disfrazado de distracción o de tolerancia por parte de un agente de control? A modo de conjetura, podría haber aquí un recentramiento de valores, una nueva jerarquización de lo aceptable e inaceptable y, quizá, ni uno ni otra sean ingenuos, así como tampoco de estricto orden individual. Los datos empíricos de las formas de trabajo policial en las fronteras me llevan a considerar que en cada "distracción" o "tolerancia" se juega cierta pugna con la fuerza histórica del centro nacional, jerárquicamente marcada entre la capital nacional y las provincias. Quizás este aspecto ocupe un lugar más relevante del que se le ha dado hasta ahora; pero con esto no se pretende afirmar que no existen también las acciones particulares motivadas por el lucro dentro de las instituciones estatales.

 

La "periferia" en la frontera es el "centro"

Muchas veces me ha llamado la atención el uso de dos expresiones comunes en Misiones: se trata de los programas sociales que vienen "de nación" o "de provincia" para ser desarrollados en el nivel local. Cuando en la provincia se hace referencia a Nación7 se señala la histórica desigualdad, marcada de modo jerárquico, entre la capital y las provincias. Cada que un programa nacional debe ser implementado abundan los conflictos expresados en las tensiones propias de medidas pensadas desde el centro para ser aplicadas en lugares que, por lo general, son poco conocidos. Éste es el argumento que prevalece con frecuencia en el ámbito provincial. La justicia federal y las fuerzas de seguridad federales que, por su carácter de "federales", actualizarían el poder del centro en esta región fronteriza no están fuera de la historia. Al mismo tiempo que son consideradas superiores (por evocar una autoridad nacional), son dudosas en cuanto a la representatividad que pueden ejercer de las realidades locales. Me arriesgo a pensar que en este aspecto residan algunas claves para entender el fenómeno de la circulación ilegal de personas y mercancías en la frontera.

Una decisión puntual tomada por agentes que representan al Estado nacional, cuando se orienta contra los principios que formalmente éste defiende, nos habla de la disidencia respecto de valores centrales que, en la provincia, suelen homologarse con los intereses de la capital del país. Es entonces cuando el concepto de Estado se ve cuestionado. En esta área de frontera, la regulación formal del mercado por parte del Estado está discutiendo un aspecto primordial de la trama social y económica regional. Intervenir para desestabilizar estrategias de vida se vuelve para muchos de estos agentes un acto de injusticia, principalmente si consideramos que la mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad federales que actúan en esta región (sobre todo quienes trabajan en los cargos más bajos del escalafón) nacieron en el lugar y conviven desde siempre con las actividades tradicionales de comercio fronterizo.8

Esta dinámica que constituye el ambiente crea un orden que no es paralelo, pero sí articulado con el Estado, a través de "mercancías políticas". Las mercancías políticas no son cosas, sino relaciones con valor y a veces con precio. Ellas son los vínculos y crean los términos que quedarán asociados (la pasera y el gendarme o el prefecto, por ejemplo). Para las situaciones que analizo este tipo de mercancía antecede las relaciones ideales entre un supuesto Estado y una supuesta sociedad. Con ellas se configura la agencia local, por la que actos como favores, tolerancia, protección, arreglos y distracciones cuestionan los principios que sustentan un modelo de Estado ajeno a los movimientos propios del lugar.

Podemos observarlo cuando, aun organizadas en operativos de manera conjunta, las fuerzas de seguridad y las instancias judiciales, en intentos de allanamiento a La Placita, no obtienen "buenos" resultados. Ya sucedió que tras la iniciativa de estas fuerzas de incautar cigarrillos y otros productos que circulan evadiendo las cargas impositivas obligatorias, los vendedores crearon cercos de personas organizadas en torno al mercado, armando cadenas para retirar las mercaderías del predio, pasándolas de mano en mano hasta ocultarlas en las casas del barrio con la colaboración de los vecinos. Las operaciones se suspenden cuando los comerciantes se arman con piedras para atacar a los interventores, porque continuar adelante con la medida amenaza con generar enfrentamientos violentos con consecuencias indeseables para ambas partes. ¿Qué lógica entonces está soportando tal escenario? Desde luego, ni la autoridad ni el gobierno son en ese momento el Estado, al mismo tiempo que sus agentes reconocen un punto límite en el que el Estado no siempre es "sus agentes". Así, el monopolio de la fuerza atribuido al Estado se presenta, a veces, sólo como nominal. Algo semejante sucede cuando se realizan piquetes9 en el puente para exigir mejoras salariales o de condiciones de trabajo, y los gendarmes afirman: "nos mandan a levantar los piquetes, pero nosotros los conocemos a todos, ¡son vecinos nuestros, son parientes, amigos!", lo que hace patente la dificultad de imponer un orden vertical en un ambiente de relaciones cotidianas.

En ese punto la institución se aparta de la gente, originando reglas consensuadas de ordenamiento más allá de los marcos formales. Observamos así la distancia entre la gendarmería (en cuanto institución) y los gendarmes (en cuanto agentes), que permite trazar la distinción equivalente entre las contrabandistas (categoría legal) y las paseras (categoría local). Como he señalado en otro lugar (Renoldi, 2007), la gendarmería y la aduana están para evitar y reprimir a las contrabandistas, mientras los gendarmes y aduaneros lo hacen con las paseras. En un desplazamiento de la seguridad hacia el hacer seguridad, los gendarmes y aduaneros actúan con registros no sólo aprendidos como técnicas en su entrenamiento. De acuerdo con las contribuciones de Tim Ingold (2000), podríamos decir que las emociones y percepciones de los agentes en cada circunstancia y en el tiempo son tan importantes como la formación policial para la resolución de situaciones específicas como condiciones dadas por el "habitar" un medio del que no pueden considerarse separados ni externos bajo ninguna hipótesis de análisis.10 Ellos conocen bien lo que hacen y quiénes son las paseras. Porque aunque la ley prohíba ciertas prácticas, algunas son admitidas y defendidas como propias del lugar. Esto quiere decir que se regulan con criterios que sólo funcionan en ambientes específicos, conocidos y de algún modo confortables para quienes los habitan.

Lo mismo ocurre, en un movimiento o desplazamiento similar del centro hacia la periferia, a la hora de emitir un juicio legal. En la fundamentación de una sentencia, que el acusado sea misionero, paraguayo o porteño11 será esencial para pensar la configuración de los hechos, y seguramente no tendrá un peso banal para los jueces federales, a pesar de que esta distinción no debería existir en el ámbito judicial, por la garantía que proporciona el principio básico jurídico que separa al hecho de la persona.

En este ambiente de fronteras la acción del porteño está más cargada que las otras, porque en él recaen historias anteriores asociadas al centro, a través de otros porteños. He podido observar, en algunos casos judiciales, el uso informal de expresiones despectivas para referirse a ellos: resaltan que pretenden hacer dinero fácil, desconociendo las particularidades y controles del sitio. Tales expresiones marcan con desprecio el lugar de superioridad en el que -según jueces, secretarios y gendarmes- se colocan los porteños (y en el que también son colocados justamente por serlo). Se traducen aquí los mismos reproches que tiñen toda recepción de programas sociales que llegan "de nación", como ya indiqué. En esta activación de lo central (la ley federal bajo la forma de justicia federal o de prevención por parte de las fuerzas de seguridad) en la periferia (la región de frontera y su percepción por los jueces federales, gendarmes y prefectos), toda decisión está localizada inevitablemente, recreando así la referencia de centro en cada gesto, cada idea, cada forma de interpretar la ley (Renoldi, 2008; Geertz, 1994), y cuestionando en los intersticios posibles los fundamentos de las bases históricas que trazaron las diferencias entre la capital y las provincias.12

El protagonismo de las instituciones federales, como importantes operadoras del Estado en Argentina, no puede pensarse fuera de la historia por la que se constituye el Estado nacional. Menos aún al tratarse de instituciones situadas en territorios de frontera internacional, donde se establece el límite de la soberanía. En una provincia como Misiones actúan, con gran visibilidad, los agentes principales de seguridad en el nivel nacional. Por ellos también se localizan los principios y valores proclamados como símbolos de la pertenencia nacional, y defendidos oficialmente como unívocos. Es entonces cuando conceptos que suelen pensarse desde formulaciones más teóricas esbozan perspectivas diferentes que pueden ser vistas desde el "centro oficial" (inscrito en las leyes, por ejemplo) como injustificadas, inadmisibles o equivocadas.

 

Conclusión

Se puede afirmar que en la región de fronteras estudiada todo es frontera. Las fronteras son divisiones con mayor o menor visibilidad material, pero que a través de determinadas marcas instituyen separaciones y uniones, expresan la continuidad de las diferencias (como el país de nacimiento, que creará desemejanzas irreversibles entre los ciudadanos nacidos aquí o allá) y, asimismo, las diferencias en la continuidad (que la humanidad se disuelva o afirme en adscripciones nacionales o grupales, llegando a crear alteridades plenas, por ejemplo).

Miguel Bartolomé propone entender el concepto de frontera como "construcciones humanas generadas para diferenciar, para marcar la presencia de un 'nosotros' distinto de los 'otros' (...) la frontera conforma un espacio diacrítico que a la vez crea su opuesto, ya que sólo puede existir -contradictoriamente- en un punto de encuentro" (2006: 280). Por eso, tal vez, así como diferencian y distancian, también asemejan y aproximan. En esta línea podemos pensar la construcción de distancia que el término amistad disuelve de manera fugaz. Mis amigos brasileños se transforman por un instante en los amigos del agente de seguridad que me conocía. Fue un acto metonímico de creación de un nosotros a partir de algo en común, y mi lugar como membrana de contacto diluyó la distancia fundamental que le otorga sentido a aquellas fronteras geopolíticas, que se afirman en su negación cotidiana. Cuando el agente dice "tus amigos son mis amigos", transforma la otredad y la incorpora. En este caso, la mercancía política (el permiso implícito) opera como integradora, y no se reduce a un gesto diádico, sino metonímico. No pretende crear reciprocidad en el nivel de los individuos; aspira a crear unidad más allá de la diferencia nacional y a ganar a cambio buena reputación humana, más allá de la función que debe cuidar dentro de la prefectura, de la gendarmería o de la aduana, y sobreponiendo un valor superior al que define la soberanía a través de sus funciones. De este modo, la "disfunción" institucional para los principios formales del Estado se traduce en una "funcionalidad" específica que, reinventando las mercancías políticas, valoriza principios informales que regulan la dinámica local, trans- e internacional.

Está claro que el gesto del prefecto configura, aunque en forma sutil, una ilegalidad que podemos calificar de ilegalismo. Cuando me refiero a la ilegalidad como un evento circunstanciado (y no como un estado de cosas) pretendo enfatizar la separación entre ilegalidad e inmoralidad, ya señalada. Me interesa reforzar la idea de que la condición de permanencia o identidad delictiva que marca a la persona una vez que ha sido reconocida públicamente como transgresora de la ley está anclada en el procedimiento metonímico que aproxima la dimensión moral de la persona (en forma degradada) al hecho calificado como delictivo. Este procedimiento es muy claro en la dificultad reiterada que se observa en los procesos judiciales para mantener la separación entre el hecho y la persona (principio legal explícito). Evidencia que cuando se trata de hechos hay siempre hacedores, y la acción humana es formulada, desde el derecho, como una acción siempre y prioritariamente intencionada. La "agencia" es vista como una propiedad exclusiva del individuo, lo que la inscribe en una cosmovisión plenamente antropocentrada. Esta manera de formular la vida social de los hombres y las cosas, característica de la dimensión legal de un Estado, tiene sus consecuencias.

A partir del relato que origina estas reflexiones quise discutir los aspectos antropológicos involucrados en el entendimiento de prácticas cotidianas en el ámbito específico de la frontera argentino-paraguaya (que tal vez no difiera en mucho de otras fronteras o sociedades). Busqué enfatizar la variación en que pueden ocurrir los intercambios entre personas, cosas e instituciones, para concluir que no sólo la norma y su desvío pautan las elecciones personales en el curso de una acción, así como tampoco lo hacen de forma exclusiva los intereses particulares cuando se someten a la estricta elección racional. Al referirme a las distintas maneras de circulación de las mercancías políticas, y a la diversidad de su contenido, no pretendí negar la existencia de formas de enriquecimiento ilícitas que pueden involucrar sobornos o amenazas por parte de agentes del Estado. Sin embargo, éste no ha sido el objeto de la presente cavilación. Antes bien, me han preocupado acciones concretas que, por medio de una interpretación pautada por las teorías del orden y del Estado, son despojadas de sus auténticas motivaciones y sometidas a un análisis mecanicista capaz de calificarlas de erróneas porque se distancian de las normas legales reconocidas como legítimas.13

Aquí pueden repensarse los presupuestos asociados al bien común sobre los que descansa el Estado de derecho en cuanto valor universal, para indagar cómo operan en el plano epistémico en nuestros análisis y descripciones, a veces oponiendo resistencia a miradas comprensivas sobre procesos y fenómenos que con frecuencia son considerados inmorales por no responder a la moral que defiende el derecho estatal. Las prácticas ilegales, clasificadas sobre la base de los conceptos de sociedad y gobierno (el primero imaginado como el alma del Estado y el segundo como su cabeza), muestran su complejidad al desafiar los conceptos básicos de los que emergen. Repensar esta dimensión quizá nos permita ver cuál es la sociedad que el derecho no imagina, en qué consisten las formas de gobierno y a dónde, en qué y por quiénes son promovidas. Una mirada en esta dirección ayudará a entender los fenómenos que muchas veces son vistos apenas como prácticas de intencionalidad premeditada, que ponen en riesgo los bienes comunes y colaboran con el minado del Estado de derecho y de las democracias.

El uso de términos como crimen, clandestino, delito y tráfico presupone valores, a pesar de que en algunas situaciones los actos "delictivos" no sean estimados en cuanto tales por carecer de víctimas humanas. Éste es el caso del Estado que, aunque es personalizado permanentemente (al decir que el Estado "hace", "olvida", está "ausente" o "presente"), no es percibido como víctima, a pesar de que la ley lo define así frente a cierto tipo de prácticas económicas que comprometen su integridad. Pero, al mismo tiempo, el Estado no es visto como la comunidad, sino que muchas veces es tomado por todo lo contrario: como una amenaza. Tal vez no sea tan claro que, aun siendo pensado teóricamente como un sistema administrativo que representa y protege a la comunidad, el Estado es una experiencia histórica y materializada en acciones, cosas y relaciones localizadas y en movimiento. Valdría preguntarse entonces cuáles son los fundamentos de esta recurrente percepción colectiva, e indagar por qué y de qué maneras se configuran garantías en formas intersticiales entre la burocracia del Estado y la vida de las personas en sus ambientes cotidianos, creando formas de gobierno que a veces se oponen, aunque muchas más se complementan con las instituciones y agentes de lo que se puede llamar un Estado nacional en ejercicio de su soberanía.

 

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Notas

* Este trabajo es resultado del proyecto del Instituto Nacional de Ciência e Tecnología (Brasil) sobre Mercados ilegais, mercadorias políticas e organização social do crime, inscrito en el proyecto mayor Violência, democracia e segurança cidadã, con el que colaboré hasta junio de 2012. Agradezco el apoyo del programa Drogas, Seguridad y Democracia, del Social Science Research Council, para finalizar esta versión.

1 Las paseras son conocidas históricamente como mujeres paraguayas que llevaban primero frutas y verduras, y luego otros tipos de mercaderías, de Paraguay a Argentina, por medio de embarcaciones pequeñas y después en transporte público, hasta incluir el puente Posadas-Encarnación como vía de acceso (Schiavoni, 1993). Hoy en día, el término incluye a hombres y a argentinos, además de referenciar diferentes modos de pasar mercadería, a veces superando lo que es considerado "hormiga" (por las pequeñas cantidades que esta palabra evoca). El término empresario interfrontera también se utiliza para referirse a este nuevo tipo de paseros. Respecto a las formas actuales que este comercio ha adoptado, hay estudios que reconocen con los nombres de chiveros y paquitos a quienes realizan esta actividad propia de la frontera (Diez y Carísimo, 2012).

2 Eric Gustavo Cardin analiza la dinámica de la frontera tripartita de Brasil, Argentina y Paraguay, donde observa diversas formas de comercio que lo llevan a cuestionar las bases ideológicas de la distinción entre lo lícito y lo ilícito (2010: 28). Tal indagación no sólo es pertinente, sino necesaria, para comprender la relación entre las economías locales y las diferentes formas de administración y de gobierno. En la misma dirección, Fernando Rabossi (2004) se refirió al comercio en las vías públicas de Ciudad del Este (Paraguay) y a la manera en que éste puede ser visto del otro lado de la frontera.

3 Yacyretá es una usina hidroeléctrica ubicada en las ciudades de Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay), sobre los saltos de Yacyretá Apipé, del río Paraná. La obra demoró más de 30 años en terminarse porque además de las inversiones propiamente relacionadas a la represa hubo que relocalizar grandes contingentes de personas desde el centro urbano donde habitaban hacia diferentes lugares de la ciudad. Aún hoy el proyecto está en obras en lo que respecta al reordenamiento urbano. Para comprender la fase inicial del proyecto véase Gustavo Lins Ribeiro (1999), y para considerar sus impactos socioambientales véase Omar Arach (2005) y Leopoldo Bartolomé (2001).

4 Cuando se dice "los villeros son todos chorros (ladrones)", "los políticos mueven plata del lavado (de dinero)", "los jefes de policía son corruptos", opera el principio de sujeción criminal, en la medida en que se relaciona un tipo de delito a un perfil de persona, calificado previamente como proclive a cometerlo. Opera como expectativa, como juicio anticipado, y acaba ocupando un lugar importante en todo juicio al producir asociaciones entre hechos y personas, previas a las evidencias rigurosamente judiciales que se basarían en pruebas. En este sentido, el indicio que nace en la sujeción criminal puede guiar el curso de un proceso, orientando la selectividad de elementos hacia la realización del juicio en una dirección que puede, a veces, estar vislumbrada con anterioridad.

5 Véase Sabina Frederic (2008) para una síntesis del papel de las ciencias sociales en el estudio de las fuerzas de seguridad.

6 El uso del término ilegalismo por parte de Michel Foucault permite referirse a determinadas prácticas sin la impronta moral que se les imprime al utilizar los términos propios del derecho, ilegalidad o ilícito, que son en sí mismos acusatorios y prevén corrección.

7 Vale resaltar que no es "la nación", sino "Nación", usado el término como nombre propio.

8 Como referencia comparativa véase en John Gledhill (2001) la propuesta de escribir historias locales descentradas, informadas por procesos e historias más amplias, donde se analizan procesos de regionalización del poder y el modo en que operan en el nivel nacional y en relación con el centro político y presidencial en México.

9 En Argentina se denomina piquetes a los cortes de la vía pública realizados por activistas que reclaman derechos laborales. Hoy en día estas formas de expresión comportan grados de organización política variables.

10 Me refiero al concepto de habitar en el sentido que se le ha dado en la fenomenología, no como una operación por la que el hombre ocupa el medio ambiente o interviene en él, sino como una condición previa y posibilitadora: "Las formas en que la gente construye [build], ya sea en la imaginación o en la tierra, surgen del flujo de sus actividades, involucradas en los contextos relacionales específicos de su compromiso [engagement] práctico con su entorno [...] La gente no introduce [import] sus ideas, planes o representaciones mentales en el mundo, ya que ese mismo mundo, para tomar prestada una frase de Merleau-Ponty (1962: 24), es la patria de sus pensamientos. Sólo porque ya en él habitan pueden pensar los pensamientos que hacen" (Ingold, 2000: 186; traducción mía).

11 Gentilicio del habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

12 Edward Shils (1996) propone una mirada analítica sobre la distinción centro/periferia que supera su referencia objetal o simplemente asociada a la concentración de poder en lugares específicos. Plantea un argumento que se puede desarrollar en dirección al concepto de agencia, al evidenciar que la periferia puede tornarse centro cuando los valores que son vistos como distantes del centro adquieren relevancia en un momento dado y en un contexto político significativo. Esto queda claro en el caso de decisiones judiciales que afectan la dimensión nacional y que son tomadas en lugares distantes del centro geopolítico nacional, por ejemplo, en la medida en que ciertos delitos adquieren allí mayor visibilidad y, con ello, se accionan formas locales de interpretación que dependen de la familiaridad, la frecuencia y las características de los hechos, una vez encuadrados en las leyes que operan como prisma para emitir juicios legales.

13 En 1974, Jeremy Boissevain (1987) reconocía el peso de los modelos analíticos y su perjuicio para la comprensión antropológica. Mientras se distanciaba de la propuesta del funcionalismo estructural (proponiendo la dimensión del individuo que actúa de acuerdo con sus propios intereses), apelaba a una etnografía que visibilizara a quienes debían tomar decisiones, elegir entre reglas en conflicto que debían manipular para orientarlas al beneficio propio. Yo agregaría que si bien en toda acción humana existe un interés, éste no siempre es utilitario o se vincula a beneficios, entendidos como ventaja, lucro o ganancia de algún tipo. Las motivaciones del interés pueden variar al punto de atribuir valor a aquello que el etnógrafo deberá esforzarse por comprender, si es que pretende priorizar la perspectiva nativa antes que sus propios juicios.

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