Investigación antropológica

 

Dinámicas de poder y saber en la reconstrucción de la Ciudad Sagrada de Quilmes (Tucumán 1977-1981)*

 

Power and Knowledge Dynamics in the Reconstruction of Ciudad Sagrada de Quilmes (Tucumán 1977-1981)

 

María Florencia Becerra,^† Carolina Crespo,^‡ María Victoria Pierini,^§ Violeta Ramírez,** Lorena Rodríguez,^†† Bettina Sidy,^‡‡ Sandra Tolosa^§§

 

^† Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)/Instituto Superior de Estudios Sociales/Instituto de Arqueología y Museo. San Martín 1545, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina <florenciabecerra@gmail.com>.

^‡ Conicet/Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano/Universidad de Buenos Aires (UBA). 3 de Febrero 1378, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (1426) <carolcres@gmail.com>.

^§ Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)-UBA. Puan 480. CABA (1406), Argentina <victoriapierini@gmail.com>.

** Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 190-198 Avenue de France, 75244 París cedex 13 <paravioleta@grnail.corn>.

^†† Conicet/UBA. Puan 480, CABA (1406), Argentina <rodriguezlo@hotmail.com>.

^‡‡ Conicet/Instituto de Altos Estudios Sociales/UBA. Paraná 145-Piso 5, Buenos Aires (1017) <b_sidy@yahoo.com.ar>.

^§§ Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti/FFyL-UBA. Moreno 350, CABA (1091) <cahsandra@gmail.com>.

 

* Artículo recibido el 08/08/12
Aceptado el 08/06/13.

 

Abstract

The activation of the archeological site of Ciudad Sagrada de Quilmes is analyzed as cultural patrimony of the province of Tucumán, and its reconstruction for touristic purposes during the 70s. It aims to demonstrate how -through the relationship of state agents, landowners, archeologists and local population- several control mechanisms and power exercises took part in the ideological model in which the Argentinian government at the time took action; as well as other subordination modes carried out at other times. Emerging strains during the process are also highlighted.

Key words: Indian community of Quilmes, reconstruction of archeological site, power relationships, control mechanisms.

 

Resumen

Se analiza la activación del sitio arqueológico Ciudad Sagrada de Quilmes como patrimonio cultural de la provincia de Tucumán y su reconstrucción con fines turísticos en la década de los setenta. El propósito es mostrar cómo -a través de las relaciones entre agentes estatales, terratenientes, arqueólogos y pobladores locales- se expresaron distintos mecanismos de control y ejercicios de poder que formaron parte del modelo ideológico a partir del cual se sustentaron las acciones impulsadas por el entonces gobierno de facto en Argentina, así como modalidades de subordinación ensayadas en otras épocas. También se señalan las tensiones emergentes en el proceso.

Palabras clave: Comunidad India Quilmes, reconstrucción del sitio arqueológico, relaciones de poder, mecanismos de control.

 

Introducción***

En enero de 2008, la Comunidad India Quilmes (CIQ o Comunidad) de la provincia de Tucumán decidió ocupar y administrar el sitio arqueológico denominado hoy en día Ciudad Sagrada de Quilmes (Ciudad o Ciudad Sagrada), ubicado en la localidad homónima dentro de los valles Calchaquíes (véase mapa). Desde hacía varios años, la CIQ reclamaba al gobierno provincial la restitución y administración de este espacio como parte de su pasado. En el curso de este reclamo, la Comunidad había firmado una Carta Acuerdo con el Instituto de Arqueología y Museo (IAM)¹ de la Universidad de Tucumán en la que ambas partes se comprometían a trabajar en forma conjunta en "todas las tareas relacionadas con la preservación del patrimonio cultural y natural" (Manasse y Korstanje, 2010:140).

En 2007 la directora del IAM nos convocó para integrar un proyecto interdisciplinario que permitiera acompañar a la CIQ en este proceso de restitución. Desde entonces comenzamos trabajos de extensión, investigación y transferencia "con" y "para" la CIQ. El presente artículo es resultado de esta interacción y está vinculado con aquel reclamo. Surge a petición del Consejo de Delegados de la Comunidad que solicita una investigación sobre el proceso de reconstrucción del sitio arqueológico, llevado a cabo entre 1977 y 1981 por el último gobierno de facto de Tucumán (1976-1983). Este tema, poco conocido hasta el momento, merece ser puesto de relieve para responder la demanda específica de la Comunidad² y para desprender reflexiones de orden más general, relativas a aspectos asociados con los procesos de activación patrimonial del pasado indígena en Argentina y su papel en la construcción de identidades. Asimismo, es una contribución al conocimiento sobre las políticas culturales y patrimoniales implementadas por el último gobierno dictatorial tucumano.³

En líneas generales, la mayoría de las investigaciones académicas en torno a la dictadura militar suelen examinar -con diferentes acentos- lo referente a las políticas de terror y represión impuestas. Esto obedece, claro está, a la violencia ejercida por el gobierno de facto.⁴ Sin embargo, han sido menos exploradas las acciones promovidas en la esfera estrictamente cultural y su relación con las medidas socioeconómicas y de control llevadas a cabo.⁵ En el caso de Tucumán, estas políticas culturales tuvieron como objetivo la "reorganización" de la conciencia nacional desde una ideología nacionalista de raíz conservadora. Con este propósito, el gobierno provincial creó un Programa de Recuperación del Patrimonio Histórico Cultural de Tucumán y, como parte del mismo, fundó varios museos; también emprendió acciones que reivindicaban de manera señalada el mundo hispánico. Asimismo, se determinó mostrar desde un punto de vista turístico algunos aspectos del pasado indígena que en otras épocas había sido invisibilizado por el poder oficial. Así, ciertos sitios o vestigios arqueológicos prehispánicos, como los Menhires y la Ciudad Sagrada de Quilmes, comenzaron a ser centro de atención para revalorizar turísticamente los valles y atraer, cuanto antes, a turistas que asistieran a la Argentina para participar del Mundial de Futbol de 1978 (Mastrángelo, 2001; Sosa, 2007; Slavutsky, 2009).⁶

Hacia 1975, en la provincia se dictaron varias normas sobre los recursos arqueológicos que posicionaban al gobierno provincial como autoridad para convocar a académicos a realizar el trabajo de reconstrucción e investigación de los sitios locales. En 1975, se declaró a la Ciudad Sagrada como Monumento Histórico (Ley 4398/75). Pero, además, en 1976 se dictó la primera ley de patrimonio cultural de la provincia (Ley 4593/76), en la cual se dispuso que las ruinas, yacimientos y vestigios de interés arqueológico, paleontológico, antropológico, histórico, científico y turístico eran de propiedad provincial (Chambeaud, 2007; Endere, 2007).⁷

En esta ocasión nos proponemos examinar la activación del sitio arqueológico Ciudad Sagrada de Quilmes como patrimonio cultural provincial y su reconstrucción con fines turísticos en la década de los setenta. El propósito es exponer cómo -a través de las relaciones entre agentes estatales, terratenientes, arqueólogos y pobladores locales⁸- se expresaron distintos mecanismos de control y poder que constituyeron el modelo ideológico sobre el cual se asentaron las acciones impulsadas por aquel gobierno de facto, aunque también las modalidades de subordinación ensayadas en otras épocas y las tensiones que emergieron en el proceso.

Para ello, recurrimos tanto a relatos orales actuales que revisan aquel periodo -relevados durante nuestra estadía en el campo en los años 2008 y 2009-como a documentos escritos y a fotografías de aquella época. Asimismo, cruzamos esta información con algunos planteamientos realizados por distintos autores que abordaron tangencialmente el proceso de reconstrucción de este sitio.⁹ La triangulación de fuentes se realiza con el fin de indagar en la diversidad de posiciones que ofrecen esos cruces, en el entendido de que en las coincidencias, disidencias y contradicciones que surgen de la polifonía se encuentra la verdadera riqueza en la construcción del conocimiento.

 

Condiciones laborales y relaciones de poder

A fines de 1977, el gobierno dictatorial de la provincia de Tucumán firmó un convenio con el Instituto Interdisciplinario de Tilcara (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) para poner "en valor turístico y cultural" el sitio arqueológico de Quilmes.¹⁰ La financiación de las obras procedió de los estados provincial y nacional. El secretario de Turismo de la provincia en ese entonces, el delegado comunal de Colalao del Valle, el director de aquella institución académica y el director del Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone" dirigieron la reconstrucción de la Ciudad Sagrada (Pelissero y Difrieri, 1981).

El proyecto de activar la Ciudad como patrimonio cultural y turístico involucraba resolver varias cuestiones. En primer lugar, dadas las dimensiones del sitio arqueológico y las condiciones en que se encontraba, había que delimitar el espacio que sería objeto de reconstrucción y exhibición turística e iniciar las tareas de desmalezamiento. Esta primera problemática fue zanjada parcial e informalmente en una etapa previa al convenio con la Universidad por el delegado comunal de la localidad de Colalao del Valle.¹¹

En segundo lugar, se dispuso la expropiación estatal de las tierras donde se emplazaba el sitio, lo que conllevó precisar los límites que alcanzaría la zona. En efecto, el sitio se encontraba dentro de la propiedad de un familiar del delegado comunal de Colalao.¹² La modalidad en que, según diversas fuentes, se realizó esta expropiación¹³ -de manera lenta, conflictiva y engorrosa-, y la abultada suma de dinero pagada -juicio mediante- por parte del Estado provincial a esta familia de grandes terratenientes ponen de manifiesto el poderío que este linaje ha ejercido en la arena local. Desde el siglo XIX, esta familia poseía no sólo un gran poder económico en la zona, sino también un fuerte poder político que sin duda explica la posibilidad de haber obtenido tanto el valor monetario de la tierra como el valor histórico de las "ruinas", denunciado hoy, públicamente, por los miembros de la CIQ:

Posteriormente esta familia [...] inició un juicio al estado provincial y reclamó el pago por la conservación del sitio. En 1989, la provincia pagó una suma millonaria a los demandantes. Para determinar el monto, se calculó la cantidad de metros de las construcciones que habían hecho nuestros mayores hace siglos (casas, represas, acequias, cementerios, caminos, etc.) y esto fue convertido a pesos, sobre la base de su valor arquitectónico [CIQ, 2007: 46].

El fallo judicial favoreció a esta familia terrateniente, la cual "cobró no sólo por las 206 hectáreas sino también por las construcciones que hicieron nuestros abuelos" (CIQ, 2007: 46).

A estas problemáticas se sumaban las relativas a la modificación de las modalidades de uso de ese espacio y los sentidos otorgados al mismo por los pobladores locales. Antes de la reconstrucción de la Ciudad, algunos pobladores que vivían en sus cercanías utilizaban el área como lugar de paso y como zona de pastoreo de sus animales a cambio de un pago de yerbaje al terrateniente. La activación de este espacio en cuanto patrimonio arqueológico provincial implicó -tal como lo señalaron ciertos entrevistados- una serie de transformaciones en sus rutinas y prácticas cotidianas que, se decía, deterioraban el estado general del sitio:

había paredes caídas, todas volteadas, había sido por las lluvias, por viento, por las cabras. Incluso nosotros mismos también, como por decirte, decíamos a la gente de la zona ya que no, que no eche las cabras, no hagan pasar por ahí las cabras porque volteaban las paredes [entrevista a un trabajador del sitio, 2008].

Los sentidos otorgados al sitio fueron variando en la medida en que la restricción de este espacio se sumó no sólo a la propuesta de tornarlo objeto con valor de cambio y exhibición en el mercado, sino también al hecho de que muchos de los pobladores y otros de localidades vecinas fueron convocados como empleados de baja jerarquía para trabajar bajo contratos temporales en la reconstrucción de la Ciudad. En efecto, este último aspecto se vinculaba con otro problema al que se enfrentaban quienes dirigían las tareas de la reconstrucción; la dirección de la mano de obra. En este sentido, el reclutamiento y la dirección de la mano de obra merece especial atención. Si bien la responsabilidad de las acciones desarrolladas en esta empresa correspondía a la Secretaría de Turismo de la provincia, el delegado comunal nucleó en su persona tanto las tareas de reclutamiento de los trabajadores como la organización del trabajo en el lugar. El criterio para seleccionar el personal fue, según él, la "voluntad, cercanía y conocimiento del lugar", ya que facilitaba el traslado y se aprovechaba la experiencia que los lugareños tenían de las técnicas de construcción de los originarios o antiguos; por ejemplo, las técnicas de construcción en piedra y el conocimiento del terreno y de la vegetación local. Al parecer, el gobierno provincial habría dispuesto enviar a personas desempleadas residentes de San Miguel de Tucumán, pero esta propuesta fue rechazada por el delegado, pues no sólo consideraba que la gente del lugar era más idónea para realizar el trabajo, sino que también estaba sin empleo. Esta cuestión se vinculaba con la crisis económica que, desde mediados de los años sesenta, experimentaba la principal fuente de trabajo de la provincia: la industria azucarera.¹⁴ A dicha crisis se sumaba el problema de la estacionalidad que caracterizaba al trabajo en la zafra. Por lo tanto, a fin de paliar esta situación, el gobierno tucumano implementó el denominado "plan interzafra" e insertó en él el trabajo de reconstrucción de la Ciudad, entre otras labores de obras públicas: "fueron elegidos, en cuanto a la mano de obra, pobladores que durante el período interzafra queda[ba]n sin ocupación" (La Gaceta, 8 de mayo de 1978: 10) (foto 1).

Ahora bien, durante la primera etapa, el delegado comunal seleccionó personalmente a los obreros y además se ocupó de cuestiones de logística como el traslado de los trabajadores de las localidades de Colalao del Valle y El Pichao al sitio, el aprovisionamiento de agua y el pago de los jornales. Entendemos que esta forma de contratación y reclutamiento se basó en vínculos personales de tipo patrón-cliente que nos remiten a aquéllos impuestos históricamente por los terratenientes a los campesinos. En consecuencia, es posible observar cierta continuidad entre la modalidad de reclutamiento de la fuerza de trabajo para la zafra, dominante al menos hasta la década de los cuarenta, y la llevada a cabo por el terrateniente y delegado comunal de Colalao del Valle en la reconstrucción. Durante las primeras décadas del siglo XX, la manera habitual de explotación de los latifundios fue afectada por el auge de la industria azucarera en Tucumán, el cual impulsó el éxodo de mano de obra hacia el trabajo zafrero. Ante la imposibilidad de competir con los poderosos ingenios por la mano de obra que tradicionalmente utilizaban, los terratenientes reorientaron su poder constituyéndose en contratistas o comisionistas que proveían de obreros a los mismos, aportando así a un sector de la economía más amplia (Herrán, 1979; Santamaría, 1986). Esto ratifica la continuidad planteada, porque la contratación durante la reconstrucción fue temporal y sin beneficios o aportes sociales, igual que para el trabajo en la zafra. Así, pese a las duras condiciones de vida experimentadas en los ingenios, muchos sostienen que se veían obligados a ir a la zafra como resultado de la autoridad ejercida por el terrateniente y de la necesidad de obtener recursos económicos. Algo similar ocurrió durante la reconstrucción; cuando el delegado contrataba a la gente del lugar la trasladaba personalmente hasta el sitio y le pagaba los jornales. Varios testimonios dan cuenta del vínculo paternalista establecido por aquel delegado-terrateniente:

Él era el delegado comunal. Él nos buscó por trabajo y, bueno, hemos ido a trabajar. Nos llevaba. Él tenía el tractor y el carro, y nos llevaba en el carro a trabajar y nos traía por la tarde. Por la mañana nos llevaba y nos traía por la tarde al domicilio [entrevista a un trabajador, 2008].

Mientras en las entrevistas aparecen algunos relatos sobre los lazos personales y directos establecidos con el delegado respecto de la relación laboral, el vínculo con el arqueólogo que dirigió la reconstrucción luego de firmado el convenio parece ser más distante, y los testimonios se refieren, tal como veremos en el siguiente apartado, casi exclusivamente al problema de las piezas arqueológicas. Esta diferencia se funda, creemos, en dos aspectos, por un lado, en que este investigador fue el encargado de "bajar" vertical y formalmente el proyecto provincial. A la vez, desempeñó tareas distintas de las del delegado comunal, como diseñar el proyecto junto con el director del Instituto de Geografía y, según él mismo, realizar el trabajo más visible de todo el proceso: la anastilosis.¹⁵ Por otro lado, influyó su posición externa a la comunidad -muchos lo recuerdan bajo el apodo de el Gringo-, expresada en tres características: era porteño, residía sólo de manera temporal en el valle y representaba el saber académico en boga, que no consideraba relevante que la comunidad local se involucrara en la producción de conocimiento científico. Si bien en la actualidad el arqueólogo remarca que la gente del lugar participaba "aportando ideas" o con la utilización de técnicas constructivas "inmemoriales" -"es prácticamente la misma técnica que utilizan para hacer su propia casa"-, sus dichos revelan una concepción sobre los pobladores locales como herederos de un pasado estático e inmodificable y no como activos constructores de conocimiento; idea que, en varias ocasiones, los propios trabajadores pusieron en tensión al señalar la imposibilidad de reproducir exactamente la misma técnica que se utilizaba antaño:

Sí, bueno, pircaban, ahí imitaban casas, bueno, cuestiones de cómo eran los antepasados, cómo le ponían, pero ya era distinto el trabajo porque lo hacía la gente, algunos ya le inventaban otro sistema de pirca, ¿ha visto? [entrevista al hijo de un trabajador, 2008].

Nos mandaron a buscar especialmente a nosotros porque yo y mi hermano podíamos imitarlos a ellos, a los originarios. Imitarlos a ellos era difícil, porque el indio, el veterano [...] Primero sí dicen que querían imitar pero éstos no, querían avanzar y era medio lerdo para llevar a imitarlo porque lo hacían originariamente, se ve cómo trabajaban, bien bonito trabajaban [entrevista a un trabajador, 2008].

En síntesis, por la celeridad con que fue llevado a cabo y por el contexto socioeconómico y político en que se realizó, el proyecto de reconstrucción de la Ciudad Sagrada implicó desafíos para quienes dirigieron la tarea e impactó directamente en la población local; sobre todo en la medida en que constituyó una significativa fuente laboral. Hay quienes recuerdan las duras condiciones del trabajo: falta de agua, continua exposición al sol, intensos esfuerzos físicos, aparición de enfermedades e incluso muertes atribuidas a eventos y creencias sobrenaturales,¹⁶ contratos temporales, mala paga, etcétera. Sin embargo, tanto los responsables como otros que participaron en la reconstrucción señalan, en líneas generales, la buena recepción que tuvo el proyecto en la zona, o al menos la ausencia de objeción por parte de los pobladores locales. Desde luego, el contexto represivo sumado a la profunda crisis económica, los altos índices de desocupación, la comparación con la labor en la zafra -más dura, inestable y con el agregado de tener que alejarse por largas temporadas de sus hogares- o, en definitiva, la trayectoria de relaciones laborales de subordinación a las que históricamente se vieron sometidas las poblaciones locales, sin duda convirtieron el trabajo en la Ciudad en una alternativa de empleo hasta cierto grado atractiva.

Como se pudo apreciar, la reconstrucción de la Ciudad Sagrada fue el nuevo escenario sobre el que se montaron y resignificaron los mecanismos de control y los conflictos vigentes. A continuación examinaremos cómo, además de las dinámicas de poder locales analizadas en este apartado, determinados ejercicios de poder, sospechas y conflictos eclosionaron y afloraron concretamente alrededor del problema de las piezas arqueológicas.

 

Las piezas arqueológicas como expresión de los conflictos

En el apartado anterior avanzamos algunas ideas que explican las tensiones en el modo diferencial de organización y control implementado sobre los trabajadores por los dos responsables del proyecto en sus distintas etapas. No obstante, estas tensiones, rastreadas a partir de los testimonios, no son planteadas de manera explícita por los entrevistados. De un modo muy distinto, el problema del manejo y destino de las piezas arqueológicas halladas en el sitio aparece como el locus de conflicto por excelencia y se constituye en un espacio de denuncia de formas de control y discriminación ejercidas sobre la población local.

Para los sectores oficiales, las "sospechas" de huaqueo de piezas han recaído, a lo largo de la historia, sólo sobre los lugareños. Manifestación de esta desconfianza y estigmatización fue la efectiva implementación de mecanismos estatales de avasallamiento y control en aquellos años. Algunos testimonios describen la irrupción de la gendarmería en las casas de los pobladores, al inicio del proceso de reconstrucción, para "recuperar" piezas arqueológicas allí depositadas:

[Durante la dictadura] nos han mandado quitar, teníamos ollitas, cacharritos ¿no? [...] han agarrado, han organizado la gendarmería llamando casa por casa a quitarle las cosas, a quitar [entrevista a un comunero, 2008].

El delegado comunal afirma haber ordenado a la gendarmería realizar estas acciones para resguardar el patrimonio arqueológico de la zona, pues, con el apoyo de otros terratenientes locales, había proyectado la instalación de un museo en Colalao del Valle. Empero, los pobladores indican que fueron los organizadores del museo quienes los impulsaron a recolectar piezas arqueológicas con la promesa de una compra que nunca ocurrió; en cambio -como lo señala el testimonio recién citado-, la gendarmería se apoderó de las mismas sin entregar nada a cambio.

A partir de la firma del convenio, los mecanismos de control durante las tareas de reconstrucción fueron formalmente ejecutados mediante la asignación de un cuerpo de policías, del gobierno provincial, cuyo propósito era evitar que los trabajadores se llevaran los hallazgos del sitio durante sus labores. No obstante, en la práctica, la policía que se suponía debía controlarlos se dedicó -según los testimonios de muchos trabajadores- a acompañar y respaldar el trabajo del arqueólogo y de los demás responsables o a realizar tareas administrativas, como llevar el inventario de las piezas halladas:

Y subíamos con dos policías. Ésos eran guardianes nuestros para que no toquemos nada [...] Policías para que nos custodien a nosotros [...] Pero allá hacían otra cosa. Allá no nos custodiaban a nosotros. A nosotros allá nos dejaban y se iban con los arqueólogos a embalar todas las cosas [...] y lleven todo lo que quieran [...] ¡El arqueólogo se lo llevó todo! Y nosotros tontos e ignorantes ¡¿cómo no los paramos!? Pero la policía no nos iba a dejar tampoco [entrevista a un trabajador, 2008].

Así, la policía aparece vinculada al trabajo del arqueólogo, quien es señalado por la CIQ como el principal responsable de desaparecer las piezas encontradas durante la reconstrucción. Esta acusación podría responder a la responsabilidad del arqueólogo en cuanto encargado del destino de las piezas, así como a las características de la tradición académica hegemónica de la época que, como ya fue señalado, no involucraba a la población local en la construcción del conocimiento ni del patrimonio. El trabajo del arqueólogo se realizaba sin dar explicaciones a los pobladores locales sobre el uso y destino de los materiales encontrados. La tarea "misteriosa" del profesional que se llevaba piezas para hacer estudios adquiere a la distancia cierto viso de sospecha: "Él llevaba, porque él trabajaba con carbono 14, ¿puede ser? [...] entonces decía yo me llevo esto porque tengo que hacer un estudio" (entrevista a un trabajador, 2008). "Y bueno, se las llevaban ellos para hacer estudios, no nos dejaban tocar las piezas esas" (entrevista a un trabajador, 2008).

En líneas generales, los testimonios respecto de la trayectoria de las piezas son confusos, evasivos y describen varios itinerarios posibles, que dificultan su ubicación precisa.¹⁷ Ahora bien, la responsabilidad que los pobladores locales atribuyen enfáticamente a este arqueólogo por sobre cualquier sujeto¹⁸ invisibiliza, a nuestro entender, procesos de mayor profundidad temporal, a la vez que opaca la posible intervención de otros actores en esta situación. Consideramos que el hecho de que la reconstrucción se constituya en un hito fundamental en la memoria de los pobladores se debe a varias razones: la intensidad que habría adquirido la extracción de piezas en aquel momento, la intervención oficial del Estado provincial, el recuerdo cercano de aquellos que trabajaron durante la reconstrucción, etcétera. Así, por ejemplo, en la mayoría de los relatos no surgen referencias sobre la actividad que, desde fines del siglo XIX, otros arqueólogos y coleccionistas desarrollaron en el valle Calchaquí. Como lo han señalado diversos autores (Scattolin, 2000; Tarragó, 2003), la acción inaugurada por éstos contribuyó a que buena parte de los objetos extraídos se haya perdido o se encuentren diseminados en museos del exterior. Finalmente, un aspecto esencial de la actual confusión e incógnita acerca del destino de las piezas radica en el accionar sobre el sitio arqueológico y la colección del museo por parte de las administraciones que siguieron al proceso de reconstrucción (foto 2).¹⁹

Además, entendemos que existió tensión entre el delegado comunal y el arqueólogo. El primero era el responsable en la fase inicial de las tareas y poseía un interés personal en temas arqueológicos e históricos. Con la llegada del arqueólogo designado por la provincia, las acciones del delegado se vieron reducidas. El desplazamiento del poder del delegado puede apreciarse en tres aspectos: la organización de las tareas, ya que su función se redujo exclusivamente al pago de los salarios desde su puesto de delegado comunal; la iniciativa intelectual del proyecto, pues se desconocen sus gestiones con los "especialistas" locales para diseñarlo y realizarlo;²⁰ y su labor como gestor cultural y salvaguarda del material arqueológico local. Una vez más, son las piezas el significante a través del cual se pone de manifiesto la competencia de poderes. A partir de la llegada del arqueólogo, el delegado se vio "obligado" a entregarle tanto las piezas recolectadas en Quilmes durante la primera etapa de limpieza a su cargo como el conjunto de piezas que iban a constituir el museo de Colalao del Valle:

Entonces [el arqueólogo] me manda la orden como diciéndome este [...] por favor acuérdese de la orden del gobernador, quería que traigamos todas las cosas, entonces hice un inventario y se las llevé y entregué; todas las cosas quedaron ya en manos de [el arqueólogo]. Él es el que organizó todas las cosas en el museo [entrevista al delegado comunal, 2008].

Como puede observarse, el tema de las piezas es nodal para nuestro análisis, en la medida en que condensa una serie compleja de significados pues alrededor de ellas se vincula activamente a los diferentes actores involucrados. Los relatos sobre el control, el manejo y el recorrido de las piezas expresan cómo operaron las relaciones de fuerza y las tensiones que se produjeron. En primer lugar, el uso de la fuerza pública en las dos fases de reconstrucción evidencia el modo en que los sectores oficiales culpaban a los lugareños. En segundo lugar, aparece lo inverso: que los trabajadores responsabilicen a los encargados "visibles" de la reconstrucción. Además, se asoma una disputa de poder entre los responsables del proyecto. Las narrativas acerca de las acciones asociadas a las piezas permiten trazar un mapa de la configuración de las dinámicas de poder activadas en este proceso y de la desigualdad experimentada.

Todavía hoy, el destino de las piezas es un misterio no resuelto para los diversos actores en juego y se constituye en objeto de reflexión por parte de la CIQ acerca de la necesidad de su restitución. Sin ir más lejos, la solicitud de investigar esta etapa histórica de la Ciudad Sagrada por parte de la Comunidad se relaciona con su interés por conocer dónde se encuentran muchos de los objetos hallados en este sitio. El escenario en torno a las piezas se enmarca en un proceso más amplio de reclamos y cuestionamientos que en los últimos años están efectuando algunas comunidades indígenas sobre el patrimonio arqueológico en Argentina -y pueblos indígenas en otros países-, dirigidos tanto hacia el Estado como a la academia (Di Fini, 2001; Curtoni y Endere, 2003; Slavsky, 2007, entre otros). A la vez, es parte de un proceso abierto de reclamos de derechos de la CIQ, en el que la restitución de la Ciudad Sagrada es fundamental.

 

Conclusiones

A lo largo de este escrito hemos analizado las dinámicas de poder desplegadas en el proyecto de reconstrucción de la Ciudad Sagrada, la forma en que éstas operaron en la organización del trabajo, el destino del material arqueológico hallado, el control ejercido sobre los trabajadores y las tensiones que se fueron expresando en este contexto.

Si tenemos en cuenta que la reconstrucción se efectuó durante la última dictadura militar, podemos entender que la lógica represiva que regía en los planos nacional y provincial atravesó dicho proceso. Tucumán fue epicentro de una fuerte política represiva que había comenzado incluso antes de la instalación del gobierno de facto. El Operativo Independencia, llevado a cabo por el general Bussi en 1975 con el fin de acallar todo tipo de protesta popular que pusiera en riesgo el proyecto político neoliberal, se constituyó en un plan sistemático de desaparición de personas, tortura y represión, que se intensificaría durante el posterior gobierno militar (Pucci, 2007). En el transcurso de la reconstrucción, esta lógica represiva operó -incluso- sobre modalidades de relaciones de poder ya existentes en la zona. Diversos mecanismos de control como la sospecha, la culpabilización y el miedo fueron utilizados sistemáticamente para reducir la capacidad de desarrollo de cualquier tipo de acción social y/o política. De hecho, formas de organización ensayadas por la propia población de Quilmes en la década de los setenta, orientadas a recuperar derechos territoriales, fueron coartadas con violencia mediante la prohibición de la libertad, y la tortura.

Ahora bien, la memoria no es un depósito objetivo de recuerdos, sino una reconstrucción disputada por desiguales agentes sociales a partir de los imperativos del presente en pos de expectativas futuras, aunque también tamizadas por condicionamientos pasados (Johnson et al., 1982; Koselleck, 1993; Trouillot, 1995, entre otros). Así, el relato del proceso de reconstrucción difundido hoy por los pobladores que intervinieron en él adquiere una significación particular que no puede aislarse de las condiciones y experiencias de subordinación vividas ni del momento político que atraviesa hoy la Comunidad. El proceso de reapropiación del sitio arqueológico y las polémicas negociaciones que se llevan a cabo desde hace años con el Ente de Turismo de la Provincia de Tucumán son el marco dentro del cual se intenta construir un discurso histórico e identitario sobre el sitio y la Comunidad como tal. De allí también parte la petición concreta de investigar el proceso de reconstrucción de 1977 y la sugerencia de entrevistar a los viejos trabajadores, con miras a aclarar puntos oscuros de esa historia. Asimismo, es importante agregar que las luchas por el patrimonio arqueológico se articulan con procesos de reivindicación territorial más amplios y con mayor data en la trayectoria de estos sectores. Los logros en el terreno patrimonial apoyan y fortalecen aquellos reclamos territoriales, a la vez que se constituyen en la fuerza motora de la organización y profundizan la conciencia político-identitaria de la Comunidad.²¹

Como ya se señaló, los reclamos activados no son casos aislados. En los últimos años, en los que se ha producido una importante autoafirmación étnica y se reconocen legalmente ciertos derechos indígenas, asistimos a varios procesos de demanda de restitución de recursos arqueológicos por parte de distintas comunidades indígenas en Argentina y a cuestionamientos tanto a la historia oficial transmitida como a ciertas prácticas y discursos académicos. Los conflictos señalados en torno de las piezas y las críticas sobre el proceso de expropiación del espacio donde se encuentra la Ciudad Sagrada se insertan en este proceso. Sin embargo, junto a estas interpretaciones críticas de la memoria dominante comulgan otras menos cuestionadoras; por ejemplo, aquellas que recuerdan el trabajo en el sitio como una buena fuente de ingresos, a pesar de las duras condiciones laborales y del contexto político-social de la época. Y es que, de la manera en que sostiene Briones (1994), como producto de una trayectoria de subalternidad, condiciones sociales más favorables pueden generar tanto memorias que confrontan la historia oficial como otras que reproducen prácticas y discursos hegemónicos.

La dinámica discursiva de las relaciones y experiencias vividas en el proceso de reconstrucción de la Ciudad Sagrada es compleja, diversa en función de los posicionamientos de sus actores y cambiante según las circunstancias. El análisis que aquí se realiza es, ni más ni menos, un examen acerca de la forma en que se configuró la memoria y el pasado en aquella época, pero también y, principalmente, un ejercicio de memoria realizado desde el presente, en un contexto de conflictos y exigencias de diversa índole.

 

Bibliografía

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Notas

*** Queremos agradecer al Fondo Nacional de las Artes de la República Argentina por su apoyo para financiar parcialmente la investigación que posibilitó este artículo, a la licenciada María de Hoyos y sobre todo a la Comunidad India Quilmes.

¹ El acuerdo fue firmado en 2004 por el cacique Francisco Chaile de la CIQ y el doctor Fernando Prado, decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de Tucumán. Sobre la historia de esta interacción y los móviles institucionales de encarar este proyecto conjunto, véase Manasse y Korstanje (2010).

² En julio de 2009 presentamos a la CIQ un informe escrito sobre la investigación realizada y diseñamos un taller con la finalidad de exponerlo y de seguir pensando conjuntamente con los miembros de esta comunidad los eventos ocurridos en el sitio. El taller resultó una experiencia enriquecedora de mutuo aprendizaje.

³ Es posible advertir aspectos comunes y diferentes en torno a las políticas públicas entre los niveles de estatalidad nacional y los provinciales. En este sentido, si bien no desarrollaremos de manera específica esta cuestión, puesto que excede los objetivos de este trabajo, resulta pertinente la propuesta teórico-metodológica de abordar las "formaciones nacionales y provinciales de alteridad" y las "geografías estatales de inclusión y exclusión", tal como las define Claudia Briones (2005: 19-21).

⁴ Desde 1976 hasta 1983 se extendió la última dictadura militar, autonombrada Proceso de Reorganización Nacional. Este periodo se distinguió por la implementación de una política económica neoliberal, la difusión de discursos y acciones fundadas en un nacionalismo conservador y por una fuerte represión y ejercicio de disciplinamiento y control social en todas las esferas. Aunque, tal como se mencionará más adelante, en Tucumán las políticas represivas se practicaron desde la década de los sesenta, fue el Operativo Independencia -llevado a cabo por el general Bussi en 1975- el que inició un periodo de extrema violencia, que se intensificaría durante el posterior gobierno militar (Pucci, 2007).

⁵ Para el espacio tucumano, de todas formas, existen algunos trabajos al respecto. Véase, por ejemplo, Mastrángelo (2001), Chambeaud (2007) y Slavutsky (2009).

⁶ Los proyectos en pos de revalorizar tanto el pasado indígena (en especial los ya mencionados en el sitio arqueológico de Quilmes y el Parque de los Menhires en el Valle de Tafí) como el hispano (entre los que destacan la restauración de las Ruinas Jesuíticas de la Banda y de las de San José de Lules, así como los trabajos arqueológicos realizados en Ibatín, el primer asentamiento de la ciudad) fueron intensamente anunciados y promocionados a través de la prensa local. Al menos entre 1977 y 1980 en el diario tucumano La Gaceta se sucede una serie de artículos sobre los avances en este sentido. En otro trabajo, algunos miembros de este equipo analizamos el modo en que fueron presentadas las noticias sobre la reconstrucción de Quilmes en este medio (Becerra et al., 2009).

⁷ En los años setenta varias provincias de Argentina sancionaron diversas leyes relativas al patrimonio arqueológico y paleontológico. Para una mayor profundización, véase Berberián (1992) y Endere (2000).

⁸ Utilizaremos el término genérico de pobladores para referirnos a la diversidad de sujetos involucrados en el proceso, entre los cuales se incluyen diversas categorías socioétnicas y laborales: criollos, indígenas, arrenderos, jornaleros, peones. Cabe señalar que si bien en los años setenta algunos pobladores locales comenzaron a reclamar ciertos derechos apelando a una identidad indígena esto no estaba generalizado y la represión impuesta por la última dictadura militar (1976-1983) limitó las posibilidades de acción, interrumpiendo este proceso de reivindicación étnica. Sólo después de la reapertura democrática (1983) gran parte de quienes trabajaron en la reconstrucción se conformaron dentro de lo que hoy día se conoce como la Comunidad India de Quilmes. Sobre esta temática véase Pierini (2011).

⁹ En líneas generales, se trata de trabajos que abordan la reconstrucción dentro de objetivos o marcos temporales más amplios, como la historia del sitio arqueológico y los antiguos pobladores, la temática del patrimonio en relación con el turismo y la identidad, y reflexiones sobre el rol de los científicos sociales, en particular de los arqueólogos (Boullosa, 2001; Marchegiani et al., 2003; Endere, 2007; Sosa, 2007). Asimismo, otros trabajos se centran en la crítica que, desde el punto de vista arqueológico, supuso dicha reconstrucción (González, 2000; Tarragó, 1999, cit. en Marchegiani et al., 2003).

¹⁰ Significativamente, la Universidad Nacional de Tucumán permaneció ajena a este proceso a pesar de que el artículo tercero de la Ley de Declaración como Monumento Histórico de la Ciudad Sagrada facultaba de modo expreso al Poder Ejecutivo para celebrar convenios con dicha universidad. Sobre la historia de esta institución véase Manasse y Korstanje (2010).

¹¹ La localidad de Colalao del Valle es cabecera política del departamento al que pertenece Quilmes.

¹² Desde el siglo XIX, gran parte del territorio vallisto estuvo en manos de grandes latifundistas que obligaban a los pobladores locales a pagar -en especie, con dinero o con trabajo- el arriendo de las tierras que ocupaban, así como la posibilidad de utilizar los recursos naturales -por ejemplo, pasturas, agua, leña, etcétera-, entre otras cosas. La familia que nos ocupa constituía una de las grandes familias terratenientes locales. Pero a su vez, tal como fue mencionado, ejercía el poder político en la zona, sea porque sus integrantes solían participar activamente en la vida partidaria local -como ocurría en esta época- y desempeñarse como funcionarios, o porque estaban aliados con las fuerzas de seguridad y control estatal.

¹³ Se realizó en 1982 a través de la Ley 5401 y alcanzó alrededor de 200 hectáreas; es decir, sólo una parte de toda la extensión que había ocupado la Ciudad (Endere, 2007).

¹⁴ Las políticas económicas impulsadas desde el gobierno dictatorial de Onganía (1966-1970), basadas en la eliminación de subsidios a la industria azucarera y el fortalecimiento de los productores de caña de azúcar más concentrados, habían traído aparejado el cierre de una gran cantidad de ingenios y una alta tasa de desempleo, que se profundizó aún más durante la última dictadura militar (Healey, 2003).

¹⁵ Definida como la reconstrucción de un objeto desde sus fragmentos dispersos. Se efectúa únicamente cuando todos los fragmentos de una parte o la totalidad de una construcción han sido preservados y pueden volver a juntarse con la certeza de que la forma original es restaurada (Philippot, 1976).

¹⁶ Muchas narraciones de los trabajadores revelan el peligro que suponía trabajar en la Ciudad: campanas, silbidos o gallos que se escuchaban a medianoche, luces en movimiento o vapores desprendidos al desenterrar objetos o cuerpos (que ellos llaman "antimonia"), contaminación de la tierra por la sangre derramada de quienes allí habitaban, voces escuchadas entre los cerros, enfermedades desconocidas (tener "susto", "secarse") que habrían llevado a la muerte a muchos de los que allí trabajaron.

¹⁷ De forma esquemática, el derrotero de las piezas parece haberse iniciado cuando se las agrupaba bajo toldos improvisados in situ para luego ser enviadas, en un primer momento, a la hostería de Colalao del Valle (aún bajo el mando del delegado) o a la hostería de Amaicha del Valle (lugar donde el arqueólogo se hospedaba durante su estancia). Un segundo destino parece haber sido la Secretaría de Turismo en la ciudad de San Miguel. La intención última de estos movimientos era que las piezas volviesen al sitio para formar parte del museo que estaba proyectado. Como lo relatan muchos testimonios y autores contemporáneos, y como se desprende de nuestra propia experiencia en cuanto visitantes del museo de sitio en años anteriores, la agónica muestra exhibida no reflejaría en absoluto la cantidad y calidad de las piezas que numerosas personas describen haber visto.

¹⁸ Si bien los pobladores locales también sugieren que otras personas han sido responsables de las pérdidas de piezas, las acusaciones más fuertes se dirigen en especial al arqueólogo responsable del proyecto.

¹⁹ En palabras del delegado comunal: "Estos cambios de que yo era, estaba, me fui, no está, cambió, cambió a uno, cambió a otro, ha cambiado turismo, manejaba una cosa, después se adjudicó, en este caso, a un empresario local por ejemplo que manejaba la parte, entonces no sé qué es lo que se le ha entregado" (2009).

²⁰ El delegado cuenta que contactó a dos profesores, uno de Cafayate y otro de Santa María. En este último caso, las gestiones avanzaron hasta el punto en que uno de estos investigadores locales, en un telegrama del 28 de mayo de 1978, y luego de adjuntar una serie de documentos e informes técnicos para elevar al gobierno provincial, agregaba: "Ratifico lo que le manifesté verbalmente [al delegado]. Con mucho gusto voy a trabajar ad-honorem en la dirección y planificación en que Ud. está empeñado" (archivo personal del entonces delegado comunal). El proyecto que finalmente se llevó a cabo no sólo desconoció esta información recabada y las propuestas para "restaurar las ruinas", sino que ese profesor no participó en absoluto en la reconstrucción.

²¹ En este sentido, la CIQ impulsó la toma de tierras en localidades adyacentes a Quilmes, como Colalao del Valle (2009), que han permanecido en manos de comuneros hasta el presente, a pesar de la represión policiaca que, en respuesta a estos reclamos, sufren de manera constante.