Investigación antropológica

 

Actores y procesos en la gestión de la bibliodiversidad*

 

Actors and Processes in Bibliodiversity Management

 

Ivana Mihal**

 

** Doctora en Antropología. Universidad de Buenos Aires. Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Integrante del Programa de Antropología de la Cultura, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. Docente de la Maestría en Gestión Educativa, Universidad Nacional de San Martín.

 

* Artículo recibido el 14/10/11
Aceptado el 15/02/12.

 

Abstract

An analysis of cultural diversity and, in particular, to the so-called bibliodiversity, related to cultural policies of reading and its implications for different actors: national and local States, private sector (publishing houses and groups of independent publishers). Emphasis is placed on the position of these different actors, inquiring as well on the perspectives on the subject and on the intermediaries (librarians, promoters, bosses, employees, volunteers, members and associative directors) who interact with libraries in the City of Buenos Aires.

Key words: cultural diversity, books and readings, reading intermediaries, libraries, State, private sector, voluntary sector.

 

Resumen

Se analiza la diversidad cultural y, en particular, la denominada "bibliodiversidad", en relación con las políticas culturales de lectura y sus implicaciones para distintos actores: el Estado nacional, el Estado local, los sectores privados (editoriales y coaliciones de editoriales independientes). Se hace hincapié en las posiciones de estos distintos actores, indagando a su vez las perspectivas sobre el tema en los intermediarios de la lectura (bibliotecarios, promotores, "referentes", jefes/as, empleados, mediadores, voluntarios, integrantes, miembros y directivos de asociaciones) de las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires.

Palabras clave: diversidad cultural, libros y lecturas, intermediarios de la lectura, bibliotecas, Estado, sectores privados, sectores asociativos.

 

Introducción

En uno de los ciclos de cine y literatura que organiza anualmente el Programa "Bibliotecas para Armar", dependiente de la Dirección General de Promoción Cultural (DGPCul) del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (MCGCB),¹ estuvo como invitada a una charla² la escritora Andrea Ferrari, autora de la novela El complot de las flores, obra que la hizo merecedora del premio internacional³ que anualmente otorga Ediciones SM, un grupo editorial de procedencia española con fuerte presencia en el espacio iberoamericano.⁴ La novela trata acerca del impacto de la "crisis de 2001"⁵ en una familia de Buenos Aires, que la obliga a mudarse a un pueblo casi perdido en el interior del país. El lugar quedó incomunicado luego de que el ferrocarril dejó de pasar por allí, con graves riesgos de convertirse en una localidad fantasma, acontecimiento a partir del cual se desencadena la trama. En ese marco, la escritora comentó que uno de los motivos por los que creía haber obtenido esa premiación se relacionaba con el tema desarrollado, pues la crisis del año 2001 en Argentina fue un suceso de resonancia internacional. Asimismo subrayó que, por ser española, la editorial puso en discusión algunos argentinismos; por ejemplo, "vereda" tiene otro sentido en España, ya que a ésta se la designa con el sinónimo "acera". Sin embargo, como su novela ya había sido premiada por el jurado del concurso, resultaba difícil introducir modificaciones, así que en la edición se aclaró y justificó que los modismos argentinos se habían mantenido.

Esto me hizo pensar hasta qué punto la diversidad cultural ha devenido en una problemática de ineludible importancia en las políticas culturales, sobre todo a partir de las dos guerras mundiales, cuando la liberalización del comercio se transforma en la consigna de los organismos internacionales en relación con los intercambios entre países. Sin embargo, el punto máximo de repercusión respecto de la diversidad cultural se alcanzó cuando en 2005, en París, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.⁶ Si bien esta Convención es un instrumento jurídico central que se entiende a partir de la pregonada liberalización del comercio por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC),⁷ esto atenúa la cuestión, pues constituye el resultado de un largo proceso en el que tomaron parte distintos actores sociales. Teniendo tal encuadre como punto de partida, este artículo se centra en la diversidad y, en particular, en la denominada bibliodiversidad en relación con las políticas culturales de lectura. Cabe preguntarse entonces cuáles medidas se están llevando a cabo al respecto en la ciudad de Buenos Aires, y sus implicaciones para los distintos actores: Estado nacional, Estado local, sectores privados (mediante las editoriales, coaliciones de editoriales independientes) y organismos internacionales. Por último, se hace hincapié en las posiciones de estos distintos actores, indagando también las perspectivas –en relación con este tema– de los intermediarios en la lectura (bibliotecarios, promotores, "referentes", bibliotecarios, jefes/as, empleados, mediadores, voluntarios, integrantes, miembros y directivos de asociaciones) de las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires.

 

La diversidad cultural: un caballito de batalla

Como parte de las políticas culturales, la cuestión de la diversidad cultural presupone que ésta "no refiere sólo a la heterogeneidad étnica, sino a la de género, la de preferencias sexuales, la diversidad originada por tradiciones históricas particulares y otras formas de expresión que es necesario considerar en una política cultural democrática" (Jiménez, 2006: 104). El reconocimiento y puesta en práctica de políticas culturales orientadas a la consideración de la diversidad, sin embargo, es una cuestión distinta. La diversidad cultural constituye uno de los tópicos fundamentales de las políticas culturales, pues cada vez más los organismos estatales de cultura, los organismos internacionales y los sectores privados la utilizan como un "caballito de batalla", a la vez que apelan a ella como un "recurso" con valor económico y político (Yúdice, 2002). Así, la diversidad cultural es visualizada como riqueza, como patrimonio común de la humanidad, fuente de creación e innovación, como un bien que proteger y promover. Con frecuencia se la restringe a exotismo, particularidad, color local, valor que agregar a los productos, marca de originalidad (para distinguir ciudades, productos, bienes, servicios, entre otras modalidades). En el plano global, los mercados tienden a activar determinados aspectos de la diversidad cultural en detrimento de otros (bienes, grupos sociales, expresiones simbólicas), invisibilizando u obstaculizando determinadas expresiones si éstas no sirven a sus intereses comerciales (Bayardo, 2006), lo que por otro lado afecta a la ciudadanía de modo restrictivo y jerárquico.

Por su alta incidencia en la conformación de la cotidianidad y de las subjetividades en las industrias culturales, incluyendo la del libro,⁸ el espacio que se otorga a las distintas formas de la creatividad asociada a la diversidad cultural pasa a ser un eje sobre el cual gira la realización de los derechos culturales y el ejercicio de la ciudadanía. Por todo esto, es ineludible que las políticas de los Estados involucren activamente a las industrias culturales. Éstas son muy relevantes, pues reúnen ambas características: la de crear bienes y servicios en producción masiva, y la de preferir contenidos intangibles. Representan así a un sector económicamente lucrativo, al vincularse con la fabricación, circulación y comercialización de bienes y servicios culturales, a la vez que implican elementos constitutivos de las identidades y de los intercambios creativos y simbólicos (Getino, 2008; Lacarrieu, 2005).

Entendida como problemática, la diversidad cultural involucra distintos aspectos devenidos centrales en los últimos años. La Declaración Universal de la Unesco sobre Diversidad Cultural (2001)⁹ y la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales (2005) son instrumentos internacionales que ponen en el tablero la relevancia de esta cuestión. Esto ha sido posible luego de una serie de debates y recorridos en los cuales la Unesco se ha inclinado en favor de que los Estados-nación consensúen la adopción de tales instrumentos. En ello han intervenido, en las últimas décadas, numerosos movimientos sociales (vinculados con derechos indígenas, de mujeres y niños, de género, lingüísticos y de religión, etcétera) y asociaciones empresariales (por ejemplo las alianzas por la diversidad cultural, y las redes regionales como la Red Internacional para la Diversidad Cultural –RIDC– y la Red Internacional de Políticas Culturales –RIPC–). La puesta en valor de la temática se vincula también con documentos relacionados con los derechos culturales.

Algunos cambios a nivel mundial han configurado nuevos procesos y escenarios donde lo local ya no puede considerarse separadamente de lo transnacional. La globalización, la fusión de conglomerados económicos (de índole cultural y de otros rubros), inciden con fuerza en el plano de la cultura y, más específicamente, de la diversidad cultural. Según Pitombo "esse novo panorama implica não só a conformação de novas topografias como também a reconfiguração mesma de instituições tradicionais como o Estado-nação e os organismos internacionais" (Pitombo, 2009: 35). Por ello, la diversidad cultural actualmente es una problemática que involucra un amplio conjunto de actores de las políticas públicas (desde Estados nacionales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, hasta coaliciones de editoriales independientes), con diferentes posicionamientos e intereses al respecto. De hecho, las preocupaciones acerca de la diversidad cultural, que han dado lugar a la Convención de la Unesco, son la síntesis de un largo proceso en el cual los distintos países tomaron posturas diferentes, a veces antagónicas, acerca de los bienes y servicios simbólicos. La controversia generada por la cláusula sobre "excepción cultural", promovida por Francia, Canadá y la Unión Europea con la finalidad de proteger su industria cultural audiovisual, ante los avances del libre comercio promovido por la OMC, constituye uno de los antecedentes más relevantes al respecto.

En 1986, Francia planteó la necesidad de establecer regulaciones en la circulación de contenidos audiovisuales en los intercambios entre distintos países, objetando la liberalización comercial indiscriminada de los bienes culturales. Esto se entiende a la luz del predominio de Estados Unidos en las producciones audiovisuales, que en la actualidad constituyen el 90% a nivel mundial. Frente a este panorama, algunos Estados nacionales, con Francia liderando esta cuestión, procuran poner coto a la introducción de películas extranjeras (de Hollywood en particular) al país, para salvaguardar la industria nacional. En la Ronda de Uruguay (1986-1994) del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, actualmente OMC), Francia se rehusó a aceptar la liberalización del tráfico de producciones culturales, y se reservó 51% de las cuotas de pantalla para sus audiovisuales nacionales; y Canadá, 50%. Como sostiene Mattelart, "el problema radica en que al destacar la necesidad de someter al sector audiovisual a las reglas de la liberalización del comercio internacional de todos los bienes y servicios, el GATT ha planteado la de suprimir los dispositivos implantados por Europa y por cada país en concreto para proteger un espacio audiovisual propio" (Mattelart, 2002: 58). Por tanto, la posición sobre la "excepción cultural", como señala Pitombo (2009), se amparaba en la conceptualización de las obras audiovisuales como vehiculizadoras de significaciones e identidades, al igual que, como plantea Lacarrieu (2005), otros bienes y servicios de las industrias culturales. Sin embargo, el debate no se agota con esta cláusula de alcance limitado. Por ello, la Unesco comienza a realizar reuniones y tratados internacionales para tomar medidas que frenen las acciones de la OMC y que aseguren la diversidad cultural. En efecto, como afirma Mattelart (2002), en 1985 Estados Unidos y el Reino Unido se retiran de la Unesco argumentando la "politización" del organismo.

Los acuerdos de la OMC apuntan a la liberalización total de los bienes (GATT), los servicios (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios –GATS–) y los derechos de propiedad intelectual (Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –TRIPS–). Estos instrumentos procuran liberalizar globalmente los mercados para que los países no pongan barreras a los productos, a los servicios y a las inversiones extranjeras. Pitombo (2009) subraya que, a fines de la década de los noventa e inicios de 2000, las relaciones entre cultura e intercambios comerciales se vuelven parte de la agenda pública internacional. Los enfrentamientos no se agotaron con la cláusula de excepción cultural y, de hecho, la OMC a través de otras negociaciones (la Ronda de Doha) siguió apuntando a la eliminación de las barreras al comercio, como da cuenta el MAI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) en el marco de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) en 1995. En la cláusula de "Nación más favorecida" se establece que el beneficio preferente de un país a otro debe hacerse extensivo a todos los inversores extranjeros, quienes serán tratados con los mismos beneficios que los nacionales. En ese momento se produce un giro en el que la Unión Europea, como estrategia para lograr mayor consenso, según esta autora, realiza una "operación semántica" en la que es desplazado el término "excepción cultural" (asociado a Francia) por el de "diversidad cultural", apuntando con ello a la idea de garantizar la preservación y desarrollo de políticas en favor de dicha diversidad, como una preocupación compartida por varios países.

Sin embargo, es en la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, adoptada en su 31ª Conferencia General (París, 2001), donde se confirma que los bienes y servicios culturales no son mercancías. Lo que los distingue de éstas es precisamente el carácter específico que revisten, pues condensan sentidos "en términos de valores, creencias e identidades..." (Bayardo 2008: 25). Se establece la especificidad de los bienes y servicios culturales, así como la necesidad de que los Estados nacionales procuren asegurarla mediante políticas acordes. Entre sus objetivos se propone:

ayudar a la creación o a la consolidación de industrias culturales en los países en desarrollo y los países en transición y, con este propósito, cooperar en el desarrollo de las infraestructuras y las competencias necesarias, apoyar la creación de mercados locales viables y facilitar el acceso de los bienes culturales de dichos países al mercado mundial y a los circuitos de distribución internacionales [Declaración Universal de la Unesco sobre Diversidad Cultural, anexo II-17].¹⁰

Posteriormente, en la 33ª Conferencia General de la Unesco (París, 2005) se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, instrumento jurídico internacional que fue adoptado con 148 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y cuatro abstenciones (Australia, Honduras, Nicaragua y Liberia), que entró en vigor hasta 2007, cuando se alcanzaron los 30 países necesarios para su ratificación. El carácter inaugural de esta Convención constituye un punto clave del derecho internacional, al reconocer que los bienes y servicios culturales no son como los de cualquier otro tipo. Por otra parte, afirma la soberanía de los países para establecer sus propias políticas en favor de la diversidad cultural así como las regulaciones para las industrias culturales. Desde la Convención, se sostiene que la diversidad cultural involucra: "a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades" (art. 4). La diversidad cultural se manifiesta tanto en las formas heterogéneas en que se enuncia, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad, como a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de esas expresiones, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. Esto se vincula estrechamente con los actores involucrados en las políticas culturales de la lectura (Estado, editoriales, asociaciones relacionadas con éstas, entre otros) y con la denominada "bibliodiversidad".

 

"Bibliodiversidad": libros y lecturas en el foco de la diversidad cultural

A nuestro parecer, la bibliodiversidad atañe tanto a la variedad de la obra escrita, como a las lecturas y soportes pues, en la relación lectura-ciudadanía, los libros son uno de los elementos simbólicos relacionados con los textos, pero no los únicos. Los organismos internacionales y los nuevos actores emergentes de la sociedad civil –como las ya mencionadas asociaciones de editores independientes– instalan la discusión, concentrándose en la defensa y el apoyo de lo que se ha dado en llamar la bibliodiversidad. Éste es un término que se está utilizando internacionalmente y ha sido promovido por la Unesco y por otros actores –entre los cuales destaca la Alianza Internacional de Editores Independientes, creada en 2002)–,¹¹ que hace referencia a la extensa variedad de libros. Ambos proponen, a través de distintas acciones, la inclusión de la bibliodiversidad como una cuestión que atañe en particular a la industria del libro.

Con ese cometido, en 2002, la Unesco lanzó la iniciativa Alianza Global para la Diversidad Cultural, destinada a apuntalar el surgimiento o consolidación de industrias culturales, entre ellas la del libro, y la bibliodiversidad. Dicho impulso apunta a la producción y distribución de los bienes y servicios de las industrias culturales locales, tanto en los espacios de mercados nacionales como en los internacionales, ayudando específicamente a la creación de partenariados entre sectores públicos y privados; la protección de los derechos de propiedad intelectual y el favorecimiento del diálogo entre los distintos actores para el desarrollo de políticas y legislaciones relativas a las industrias culturales.¹² Esta Alianza Global no se ocupa de financiar proyectos locales, pero promueve su viabilidad, a fin de que puedan ser desarrollados en los distintos países, para la creación, elaboración y distribución de la obra cultural. Reconociendo las desigualdades en los intercambios comerciales, y entendiendo a las industrias culturales como un factor de desarrollo económico y social, la iniciativa apunta a asegurar la diversidad en aquellas naciones en las que tales prácticas se hallan poco desarrolladas. No obstante, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales creó un Fondo para la Diversidad Cultural al que tienen acceso preferente esos casos.

Por otra parte, la Alianza Internacional de Editores Independientes fue creada como una asociación sin fines de lucro, conformando una red internacional que comprende editoriales y colectivos de editores de 45 países. En este sentido,

la Alianza contribuye a la promoción y la difusión de las producciones desde el Sur y hacia el Norte e intenta, modestamente, invertir el sentido único de los flujos comerciales. De esta forma, la Alianza participa en mejorar las posibilidades de acceso a obras e ideas y a la defensa y promoción de la bibliodiversidad.¹³

Constituida por redes lingüísticas (arabófona, anglófona, lusófona, hispanohablante y francófona), funciona organizando encuentros internacionales y acciones en favor de la edición independiente. En la Declaración de los Editores Independientes y Solidarios (firmada en Dakar en 2003), en la que participaron profesionales del ramo de 35 países (entre los cuales estuvieron presentes Uruguay, Brasil, México, Chile –Argentina no participó–), se afirma el papel clave del libro en el desarrollo social y académico, en la elaboración de imaginarios educativos y en la construcción de ciudadanía.

A resultas de ello, tanto la Unesco como la Alianza ponen de relieve la necesidad de mancomunar esfuerzos, a fin de proteger y favorecer la diversidad cultural relacionada con los libros y otros materiales bibliográficos. Con ello se pretende reforzar la urgencia de establecer medidas, por parte de los Estados nacionales, que favorezcan la circulación de ideas y autores, de oferta y de nueva literatura en el mercado interno e internacional. Apuntalando a la edición independiente como estrategia principal de la bibliodiversidad, subrayan el hecho impostergable de que los países establezcan medidas de apoyo a las editoriales independientes, así como acuerdos con el sector privado, acciones fiscales y financieras, entre otros rubros.

En la Declaración Internacional de Editores Independientes por la Protección y Promoción de la Bibliodiversidad (signada en París en 2007)¹⁴ dos de los aspectos tratados se vinculan con las políticas culturales de lectura y resultan clave para entender hacia qué rubros de la diversidad se están enfocando esos actores:

[1] Debe respetarse y aplicarse el derecho soberano a establecer políticas y leyes en favor del libro, y para proteger y promocionar las industrias culturales independientes, derecho que nos comprometemos a defender. Dichas políticas deberían, por ejemplo, promover leyes de precio único para el libro, incentivos fiscales, desarrollo de bibliotecas públicas, protección y promoción de las librerías independientes, compras estatales de libros producidos localmente, tarifas nacionales preferenciales para el transporte de libros.

Se afirma entonces la necesidad de que el Estado contribuya al apoyo de las editoriales independientes –que constituye también uno de los reclamos del sector en Argentina–, así como al establecimiento de otras disposiciones favorables a ello, como políticas de fomento a la institucionalidad cultural (mediante las bibliotecas), medidas financieras, entre otros aspectos. Se insta a los Estados a que formen parte de la discusión "pública", es decir, que incorporen la lectura como un asunto público, orientando un conjunto de acciones y recursos que beneficien a las editoriales independientes. Por ello, se subraya además que:

[2] es imperativo que los editores independientes puedan acceder a las compras estatales en sus países. La edición de textos debe confiarse de manera prioritaria a los editores locales independientes, por un lado para favorecer el desarrollo económico del sector y por otro porque es esencial que los contenidos y los libros sean concebidos y producidos localmente.

La industria del libro se halla mayoritariamente en manos de grandes conglomerados transnacionales, de ahí la importancia del papel que cumple el Estado interviniendo, tratando de equilibrar las desigualdades que genera el mercado. Actúa así en este complejo escenario, donde hay vastos sectores excluidos, siendo uno de los actores de mayor peso en dos sentidos: orientando acciones hacia una determinada área o sector (la industria del libro y empresas conexas), o a través de intervenciones específicas (programas de fomento a la lectura, proyectos de difusión de autores, campañas publicitarias, entre otros aspectos).

La monopolización de los canales de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios culturales, por parte de esos conglomerados, no sólo afecta la producción económica local, sino también la posibilidad de elaborar imágenes, cosmovisiones del mundo y de los otros: la configuración de la subjetividad propia (Bayardo, 2008) y, por ende, los derechos culturales individuales y colectivos en la construcción de la ciudadanía. Los países no están en igualdad de condiciones de poder en las negociaciones internacionales –como tampoco las regiones o espacios locales tienen el mismo peso en los distintos niveles de negociación–, lo que conduce a que los mejor posicionados sean los que usufructúan los mayores beneficios. Como ha afirmado García Canclini (2002), las industrias culturales en el ámbito latinoamericano están manejadas mayoritariamente por transnacionales a través de megacorporaciones. La existencia de un flujo desigual en los intercambios atenta directamente contra la diversidad cultural, pues no hay un equilibrio entre las naciones centrales y el resto de los países (Smiers, 2004). A través de dichos intercambios, la diversidad de contenidos simbólicos queda cercenada, y se construyen mensajes culturales que con frecuencia poco tienen que ver con "lo local" y con la diversidad ciudadana de los países más débiles.

Según cifras publicadas en 2009 por el Servicio de Información Estadística Regional (SIER), del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), sobre el comercio del libro en Iberoamérica, los principales exportadores del mundo son las naciones europeas, con el Reino Unido, Alemania, España y Francia liderando 38% del total. En cambio, en los países latinoamericanos las exportaciones hacia esos países sólo representan 2.9%. Por el lado de las importaciones, de los libros que Iberoamérica importó en ese año, 73.8% corresponde a América Latina.¹⁵ En relación con ello, en un estudio sobre el libro, el Cerlalc junto con varias entidades españolas¹⁶ plantean que:

la inversión extranjera que ha llegado a la industria, desde Europa y Estados Unidos a toda la región iberoamericana, no ha sido una especie de colonización bárbara que entra y arrasa con lo establecido. Por el contrario, las demandas de bienes editoriales en los mercados locales guardan especificidades que sólo es posible atender con una oferta adecuada de esas necesidades y preferencias, y la misma ha sido preservada por la mayor parte de los nuevos competidores. [...] Una discusión que ha querido plantearse, casi en términos ideológicos, opone la actividad empresarial de las grandes empresas editoriales a la de las que se ha dado en llamar independientes [Cerlalc, 2006: 16-17].

Aunque desde el Cerlalc se intente justificar que las inversiones extranjeras no atentan contra las producciones locales, esto resulta difícil de sostener. Como indican las cifras que se han expresado líneas arriba, los flujos de exportación e importación son encabezados por un reducido número de grupos empresariales en manos de países del Norte, y dependen de su arbitrio. Incluso en esos mismos países europeos, como España, se generan grupos de colectivos independientes (del estilo de Edinar) en oposición a los grandes grupos inversores. Gómez-Escalonilla (2004) realiza un análisis de la industria española del libro, el cual es interesante porque, si bien España es uno de los principales compradores de casas editoriales en muchos de los Estados latinoamericanos, al interior del propio país también se ha desarrollado un proceso en el que son pocas las editoriales que no han sido absorbidas por otras de mayor tamaño.¹⁷ De hecho, en 2009 se realizó en Sevilla el I Foro Iberoamericano sobre Bibliodiversidad, en el cual se planteó el fuerte desequilibrio de los intercambios comerciales, de uno a 50 entre América Latina y España.

Por otra parte, un conjunto de editoriales en lengua castellana,¹⁸ según Danieli, desde 1998 se han asociado con la finalidad de enfrentar los avances de las grandes casas editoras de España sobre América Latina. Esto les ha implicado sumar esfuerzos coeditando ejemplares en dos países, y lo han hecho sobre todo:

para la compra de derechos de autor, para el uso común de traducciones y de manuscritos ya editados; les enriquece a nivel profesional con la información sobre el mundo editorial y empresarial que aporta cada una de las editoriales sobre sus propias realidades; les abre posibilidades al participar colectivamente en ferias y salones, etcétera [Danieli, 2006: 131].

Asimismo, refiere que durante el desarrollo del Salón del Libro Iberoamericano (realizado en Gijón en el año 2000) tuvo lugar el Primer Encuentro de Editores Independientes de América Latina, mismo que fue apoyado por la Unesco, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el sector cultural de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Participaron editores provenientes de 14 países (americanos, europeos y africanos), entre ellos Argentina.¹⁹ También formaron parte de la discusión las intenciones de la OMC respecto de la total liberalización comercial de los bienes culturales, que afecta a la diversidad cultural. Esta reunión constituyó el puntapié inicial para el surgimiento de otras asociaciones de editores independientes: Liga Brasileira de Editoras (Libre) en Brasil; Editores de Chile (Edin) en Chile; Red de Editoriales Independientes Colombianas (REIC) en Colombia; Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI) en México; Alianza Peruana de Editores Independientes (Alpe) en Perú, y Edinar en Argentina.

De este conjunto de iniciativas, conviene destacar la Declaración Internacional de Editores Independientes por la Protección y Promoción de la Bibliodiversidad, que pone de relieve la cuestión de la diversidad desde dos vertientes distintas y complementarias entre sí. Por un lado, la variedad de materiales para las bibliotecas, entendidas éstas como espacios prioritarios para la formación de públicos lectores: "las bibliotecas públicas son un eslabón primordial de la cadena del libro; a través de sus adquisiciones deben reflejar la diversidad cultural y facilitar el desarrollo de la edición local, al mismo tiempo que cumplir su papel social de formador de lectores". Las bibliotecas son incorporadas como una de las vías de promoción del libro, debiendo tener un patrimonio bibliográfico diversificado; sin embargo, los intermediarios de la lectura en los distintos tipos de bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires plantean también otras concepciones y prácticas tendientes a asegurar la diversidad cultural en estos ámbitos. Lejos están de considerarse parte de la "cadena del libro"; el cometido no está centrado en favorecer los intereses económicos de la industria independiente del libro, sino en el público lector y otros posibles públicos que aún no han logrado integrarse a las bibliotecas. Los intermediarios de la lectura conciben a las bibliotecas como espacios culturales tendientes a dar lugar a la ciudadanía. Ubicar a las bibliotecas como parte de la industria del libro tiene, en cambio, otras implicaciones. En ellas, el binomio lectura-ciudadanía es reemplazado por la relación biblioteca-libro pues, aunque en las declaraciones y portales web de las editoriales independientes el carácter económico se diluye frente a la posición que asumen como empresas de carácter cultural, los editores apuntan al mejoramiento de la industria editorial independiente y a la rentabilidad de su negocio, lo que –aun cuando tenga en cuenta la diversidad cultural– no deja de ser parte del sector privado y del beneficio de particulares.

Por otro lado, el segundo aspecto contenido en esa Declaración enfoca el libro y las posibilidades de realizar traducciones y publicaciones en lenguas minoritarias:

el libro y la edición forman parte de una herencia cultural local pero también universal; la difusión de las obras debe realizarse de modo prioritario –más aún cuando los niveles de desarrollo son desiguales–, por medio de la coedición solidaria y la cesión de derechos de autor. Consideramos necesario fomentar la publicación de libros en lenguas locales o minoritarias y nos sentimos identificados con los editores que editan en ellas [Declaración Internacional de Editores Independientes por la Protección y Promoción de la Bibliodiversidad, 2007: s/p].

En lo referente a la cesión de derechos de autor, sucede que las articulaciones y negociaciones se dan, en gran medida, sobre la base de acuerdos en favor de la adquisición (apropiación) de derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Este tema merece una discusión aparte que, por razones de espacio, no se puede desarrollar aquí; no obstante, nos interesa señalar que, en la puja de intereses entre los grandes holdings y las editoriales independientes, lo que está en juego son esos derechos y que, al respecto, como sostiene Nivón Bolán, existe todavía una gran carencia en las políticas culturales:

preocupante aún es que, en este campo, entre los actores principales no se encuentren los Estados nacionales salvo en el caso, repito, de la renovación de las legislaciones. Empresas, sociedades de gestión, asociaciones de usuarios, creadores, medios de información, organismos internacionales, han tenido una agitada participación en este debate. Sin embargo, parece ser que se ha abandonado la intervención pública al considerarse que éste es un campo básicamente comercial y no cultural [Nivón Bolán, 2008: 66].²⁰

Si la relación Estado-derechos de autor y propiedad intelectual constituye una de las principales cuestiones sobre la cual se requieren nuevas definiciones en materia de política cultural, la bibliodiversidad, en cuanto problemática, apenas comienza a posicionarse, aunque con diferentes sentidos y prácticas. A modo de ejemplo puede citarse lo que ocurre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que desde el Estado nacional y el local se han llevado adelante medidas dirigidas a mejorar ciertos aspectos conflictivos por los que atraviesa la industria del libro, con disímiles alcances.²¹ Estas acciones contribuyen ya sea directa o indirectamente a la bibliodiversidad, pues si bien algunas procuran generar una nueva institucionalidad cultural en materia normativa, como la Ley Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Nº 25.446 –que fue sancionada en noviembre de 2001, promulgada parcialmente en enero de 2002, pero aún no ha sido reglamentada–, en otros sentidos la reducen significativamente: dicha ley, relativa al acceso a materiales en soportes auditivos y en sistema braille en bibliotecas, no contempla un panorama más amplio que incluya textos en tipografías adecuadas para públicos poco alfabetizados. Asimismo, se ha planteado la creación de nuevas instituciones (de concretarse la fundación del Instituto Nacional del Libro Argentino –INLA– anunciada por el secretario de Cultura de la Nación en 2009) vinculadas con la promoción del libro y la lectura. Otras acciones estatales apuntalan el sostenimiento de programas, como el denominado Opción Libros, que surgió para apoyar la bibliodiversidad mediante la promoción del catálogo de editoriales locales en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y, finalmente, algunas otras dirigidas a la implementación y/o apoyo de acciones puntuales de distinta índole: traducciones a las que han brindado apoyo el Estado local y el nacional –generalmente del castellano al inglés, como el caso de la presentación argentina en la Frankfurter Buchmesse,²² con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, en 2010−; subsidios para la participación en ferias internacionales; y elaboración de materiales de difusión de librerías y editoriales. Si bien la diversidad de libros y la lectura están presentes en varias de estas acciones, éstas no dejan de ser un conjunto de lineamientos aislados que no influyen decisivamente en aspectos fundamentales de la bibliodiversidad desde una mirada que atañe a los derechos culturales y la diversidad cultural de la ciudadanía.

 

Bibliodiversidad y bibliotecas: la diversidad cultural en relación

Desde otro ángulo, la bibliodiversidad tiene estrecha relación con las bibliotecas existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con las políticas culturales de fomento a la lectura. Pues si, como sostiene García Canclini, en los procesos actuales de desdibujamiento y redefinición de los campos culturales –y de las relaciones entre lo nacional y lo global– ha de tenerse en cuenta a los actores transnacionales y a las estrategias usadas para "clasificar lo social", esto no puede basarse exclusivamente en "un análisis particularista, sólo atento a la diversidad de escenas y a las variaciones de los actores" (García Canclini, 2007: s/n).²³ También es cierto, por otra parte, que es en la cotidianidad de las instituciones donde estas políticas de lectura pueden ser entendidas como una construcción social. Es en la práctica cotidiana donde los intermediarios de la lectura en las bibliotecas plantean distintas situaciones en las que ciertos aspectos problemáticos de la bibliodiversidad ponen en tensión la diversidad cultural en relación con los públicos²⁴ que concurren a ellas. Pero de igual manera estos intermediarios resignifican constantemente los lineamientos de otros actores estatales, o de sectores privados y asociativos, y demandan acciones que pongan en el centro de la cuestión a la ciudadanía, sobre todo a los sectores más desfavorecidos.

La bibliodiversidad se vincula con los temas, las ediciones, los autores, pero además involucra las posibilidades de construir imaginarios, idiosincrasias, visiones del mundo, creaciones, ideas, sentidos simbólicos individuales y colectivos, y experiencias que definen la variedad humana. Si los derechos de autor terminan siendo propiedad de las grandes multinacionales, ello implica que las editoriales locales tienen menos capacidad de incidir en las publicaciones que circulan en el mercado externo e interno. Para visualizar tal incidencia resulta oportuno traer a colación lo que una intermediaria de la lectura²⁵ planteaba al respecto:

el problema con algunos libros, y esto es cada vez más, es que son traducciones de otros países, que usan palabras distintas a las nuestras y que ni usamos nosotros acá. Cuando trabajás con chiquitos eso es un problema, porque si bien está bueno que aprendan distintos sinónimos... como que no siempre está bueno que no puedan relacionar lo que leen con el ámbito donde viven. Uno siendo grande "se banca" más que las novelas y lo que leés vengan con modismos españoles y palabras que nada que ver, pero lo que es "un bajón" es que eso también se da y cada vez más en los libros para chicos.

Los derechos de autor y sus traducciones tienen estrecha relación con la diversidad, pues lo que mi interlocutora objeta es la uniformación del idioma con las traducciones españolas. Éstas restringen las posibilidades de obtener y decidir acerca de la elección de libros (y otros materiales de lectura) asociadas en este caso al castellano argentino, con modismos propios, constitutivos de las identidades locales. La tendencia resulta sobre todo más marcada en las cadenas editoriales que responden a fusiones de empresas de grandes conglomerados, quedando poco margen para el estilo y expresiones nativos, que encuentran en las editoriales independientes uno de los medios de su publicación.

En cuanto al tratamiento del libro en el que abrevan los discursos de las editoriales independientes, en su diferenciación de las transnacionales, otra intermediaria de la lectura²⁶ problematizaba la siguiente cuestión: "si te ponés a pensar, se habla y se habla de las editoriales independientes, que no digo que no tengan buenos materiales porque muchas de las cosas que ofrecen para los pibes están buenísimas, pero también son muy caras. Si nosotros no tuviéramos el subsidio anual de la Conabip para comprarlos en la feria del libro, no podríamos tenerlos". Los costos son un tema de preocupación porque, para tener una oferta diversificada que responda a los intereses del público que concurre a estos espacios, o atraer a potenciales lectores, resulta clave incorporar y renovar permanentemente los materiales.

Por otra parte, con motivo del cierre de año de gestión 2008, la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura (del MCGCB) realizó un evento en el que sus autoridades expusieron la importancia de la lectura para la sociedad actual, y señalaron su gratitud a las editoriales que habían apoyado con su participación dicho evento. Asimismo, reconociendo la trascendencia de que el libro sea un elemento cotidiano, una funcionaria de esta institución planteó que regalar libros era una forma de contribuir al desarrollo de las editoriales locales. Frente a esto, una bibliotecaria sostenía que,

en realidad, se habla mucho de la importancia del libro, pero los libros están carísimos, no son baratos como para que la gente los pueda regalar. Un libro sale (en) 60 pesos, lo mismo que una familia "tipo" se siente a comer una pizza y una gaseosa. Si quieren que la gente compre libros, que los rebajen; que en la semana del libro y todo ese tipo de actividades que hacen, ¡que los vendan un 10 o 15% más barato!, lo que pasa es que las empresas no quieren perder ganancias.

Sin embargo, los costos para la adquisición de libros no fueron un tema tratado en el evento, ni tampoco el hecho de que éstos son sumamente caros para los ciudadanos con menos recursos, como en efecto ponía en cuestión mi interlocutora. En este sentido, otra intermediaria de la lectura²⁷ planteaba que:

los libros que a los chicos les gustan son los más caros, los libros álbumes, los que tienen ilustraciones, tipografías grandes... "¡va!" A las madres también son los que más les gustan. Y esos libros por la Campaña Librada no llegan, en realidad pocos donan esos libros porque son hermosos y muchos son importados. También hay algunos de editoriales independientes de acá, pero son igual de inaccesibles.

Esto que ambas intermediarias mencionan forma parte de la bibliodiversidad, y ocupa un lugar secundario cuando ésta pasa sólo por la mirada de los editores y la de otros actores vinculados con la industria del libro, quienes sostienen que su precio es barato comparado con otros consumos culturales (como ir al cine, un ejemplo que ponen reiteradamente al hablar del tema), y justifican su costo en los gastos operativos que demandan su producción y distribución.

Los intermediarios de la lectura, problematizando algunas acepciones y prácticas en torno a la variedad de libros y lecturas, cuestionan sus alcances a partir de la interacción cotidiana con el público lector que concurre a las bibliotecas, dando cuenta de distintas implicaciones que la bibliodiversidad tiene para la ciudadanía. Una de las cuestiones más importantes de la Ley del Fomento del Libro y la Lectura Nº 25.446 es que apunta hacia una "política integral del libro y la lectura" (art. 1),²⁸ impulsando el acceso a distintos textos a personas con alguna discapacidad física. De este modo, plantea tanto el acceso al libro –incluidos archivos, documentación, materiales auditivos y en sistema braille– como a las bibliotecas públicas y comunitarias. Al respecto, una intermediaria de la lectura²⁹ sostenía que, en su biblioteca: "el mayor problema que tenemos con los libros es que muchos tienen una letra muy chiquita que la gente no llega a leer; las letras [de] imprenta y mayúsculas se usan en libros infantiles, pero no en libros [para] adultos y, en realidad, acá hay mucha gente que no tiene anteojos o los tiene, pero igual no ve ¡y no podemos ofrecerles nada!". La diversidad también tiene esta arista ligada a las diferentes capacidades físicas para el acceso a la lectura; la sola homogeneidad en la tipografía de los libros no posibilita que un mismo texto sea accesible para los distintos formatos, según las necesidades de los lectores.

Por otra parte, esta Ley tiene en cuenta lo perentorio de promocionar la variedad de autores y libros en el contexto nacional, la del Mercosur y la internacional en general. No obstante, lleva implícita una omisión relevante en materia de diversidad cultural, pues excluye referencias vinculadas con la necesidad de fomentar y apoyar el desarrollo de materiales de lectura en lenguas de pueblos originarios o de minorías étnicas. Si bien se hace explícita la intención de dar a conocer los autores y la producción de la cultura nacional, resulta poco claro si esto los involucra. A su vez, un intermediario de la lectura³⁰ planteaba que a su biblioteca concurría público (generalmente niños) que hablaba quechua y guaraní y, sin embargo, no contaban con libros ni otros textos bilingües editados que ofrecerles. Con esto último se destaca la carencia de medidas de traducción que favorezcan la diversidad lingüística del país, en el marco de los derechos culturales y de la construcción de ciudadanía, como apuntan las bibliotecas. Según Martín-Barbero:

los permanentes homenajes a la diversidad cultural que encontramos hoy, no sólo de parte de los gobiernos y de las instituciones públicas internacionales, sino también de organizaciones del ámbito empresarial de las industrias culturales, son inversamente proporcionales a lo que sucede en el plano de las políticas que protegen y estimulan esa diversidad. Pues todo o casi todo queda en aquellos niveles de decisión a los que ni tienen acceso los actores del plano local, ni se cuenta con verdaderos mediadores de lo mundial [Martín-Barbero, 2007: 1].

A partir del abordaje de los distintos actores relacionados con la bibliodiversidad, los intereses y posiciones frente a esta problemática oscilan entre las perspectivas que priorizan los intereses comerciales que se ocultan detrás de los sectores privados, hasta las que enfatizan el reconocimiento de los derechos culturales de la ciudadanía. Bajo el término bibliodiversidad, las empresas editoriales tienden a activar algunos aspectos de la misma, como sucede con otros bienes y servicios del sector cultural, en el que se maquillan u obstaculizan determinadas expresiones si no reportan réditos comerciales (Bayardo, 2006). De este modo, la apelación a la diversidad de libros apunta a establecer regulaciones y acuerdos que favorezcan los intercambios comerciales y las adquisiciones de derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Inclusive, estos derechos son los que afirman los colectivos y alianzas de actores independientes (locales e internacionales). Pareciera primar una lógica que apunta a la variedad de producciones pero no tanto a la diversidad cultural, lingüística e identitaria de la ciudadanía, quedando el tema focalizado en la "nueva literatura" o los nuevos autores.

Con todo, los intermediarios de la lectura, en distintas bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires, plantean una dimensión más aprehensiva y holística de la diversidad cultural, objetando la visión de la bibliodiversidad ligada exclusivamente a las ediciones independientes, y subrayan otros aspectos trascendentes como: la necesidad de contar con textos adecuados a las discapacidades visuales de aquellos que no pueden ser considerados como "ciegos" pero que tampoco tienen acceso a la lectura; la problemática de la uniformización del castellano con la propuesta léxica de España, y las dificultades de encontrar textos que respondan a modismos argentinos e intereses locales, así como el de la carencia de libros y otros materiales que cubran la diversidad lingüística (bilingües) del público que concurre a las bibliotecas y otros potenciales usuarios. Éstas son algunas de las cuestiones que atraviesan los quehaceres cotidianos de estas instituciones del sector cultural, relevantes a la hora de pensar en políticas de lectura que tengan en cuenta la diversidad cultural, no sólo en la retórica sino también en lineamientos en materia de libros y lecturas que conduzcan a su puesta en práctica.

 

Reflexiones finales

La Unesco y otros actores internacionales han participado de un largo recorrido hasta lograr la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, intentando con este instrumento frenar los avances de la liberalización del comercio de bienes y servicios culturales, y promoviendo el desarrollo de políticas favorecedoras de los derechos culturales en los Estados nacionales. Asimismo, en lo que respecta a la diversidad cultural relacionada con libros y lecturas, las acciones de distintos actores –como los editores independientes agrupados en colectivos nacionales e internacionales y la Unesco– han alertado acerca de las repercusiones del apoyo a la diversidad de las producciones locales, mediante lo que se ha llamado bibliodiversidad. Sin embargo, el enfoque de estos actores también resulta limitado, puesto que el eje de la discusión pasa más por los libros (comercialización, distribución, traducción, derechos de autor y de propiedad intelectual) que por la preocupación de las implicaciones de asegurar la bibliodiversidad en el marco de políticas culturales de lectura que conduzcan a asegurar la diversidad cultural de la ciudadanía.

Los derechos y la diversidad culturales constituyen una cuestión que no convoca a los distintos actores de la misma manera. Pues aunque existe un reconocimiento de carácter internacional, como señalaba Martín-Barbero (2007), éste consiste más en un homenaje internacional que en una puesta en marcha concreta de políticas concomitantes. En este sentido, hasta ahora, predomina la bibliodiversidad como una preocupación que ha activado la concertación de consenso entre actores asociativos, privados y de organismos internacionales, más que de los propios Estados. Por otra parte, Martín-Barbero plantea que los actores locales tienen poco poder de acción frente a los ámbitos internacionales en donde se dirimen acuerdos y declaraciones. Éste es el caso de los intermediarios de la lectura de los diferentes tipos de bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes proponen una mirada más amplia sobre la diversidad de libros y lecturas. Ellos recrean y resignifican sentidos de la bibliodiversidad para que ésta también constituya un elemento fundamental en la variedad y pluralidad de la ciudadanía. Los alcances de sus problematizaciones y de sus ámbitos de actuación, no obstante, se dan en el marco de la vinculación del espacio local con los sectores culturales (áreas vinculadas con las bibliotecas) con las que se relacionan.

Los intermediarios de la lectura, desde su práctica cotidiana, han puesto de relieve aspectos que afectan las posibilidades de responder a los requerimientos de los públicos lectores que concurren a sus bibliotecas y también las de otros usuarios potenciales, a través de cuestiones relativas a dificultades físicas, económicas, idiomáticas, que ponen en juego las capacidades de las bibliotecas y los materiales bibliográficos, en distintos soportes y lenguajes, para dar cuenta de la bibliodiversidad. Esos aspectos que señalan son centrales, porque subrayan las actuales limitaciones de las políticas para el abordaje de la relación lectura-ciudadanía desde una perspectiva que abreve en la diversidad cultural. Ni el Estado local ni el nacional han realizado acciones decisivas, sistemáticas, para revertir estas tendencias que obstaculizan la bibliodiversidad en la oferta de bienes y servicios culturales de las bibliotecas.

La bibliodiversidad en materia de políticas públicas de lectura conlleva cuestiones ligadas a los contenidos y a la circulación (autores, ideas, temas, etcétera) de los libros, tanto como a la construcción de sentidos, la simbolización y las experiencias colectivas. Es este doble aspecto el que sustenta la necesidad de intervenciones estratégicas de las políticas culturales del Estado, en interrelación con actores estatales de los distintos niveles locales y regionales; con grupos de la sociedad civil, organismos internacionales y el sector privado, que prioricen esta problemática en la agenda pública. Por la relevancia e incidencia de las industrias culturales, y la del libro en particular, en la conformación de la cotidianidad, de las identidades y de los imaginarios y subjetividades, la actuación del Estado respecto de la diversidad cultural, y en concreto sobre la bibliodiversidad, constituye un eje clave sobre el cual gira la vindicación y realización efectiva de los derechos culturales y el ejercicio de la ciudadanía.

 

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Notas

¹ En la Ciudad de Buenos Aires existen tres tipos de bibliotecas con características y lógicas de acción diferentes que pertenecen a distintas dependencias gubernamentales del sector cultural: las bibliotecas públicas municipales, las comunitarias y las populares. Las primeras son instituciones estatales dependientes de la Dirección General del Libro y Promoción de Lectura (DGLyPL) del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (MCGCB). Las comunitarias están encuadradas en la Dirección General de Promoción Cultural (DGPCul) mediante el Programa "Bibliotecas para Armar" del MCGCB; algunas son asociaciones civiles, otras están ubicadas en instituciones del Estado; su heterogeneidad es sumamente significativa. Las populares son asociaciones civiles que cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip) de la Secretaría de Cultura de la Nación (SCN).

² Encuentro cuya modalidad era una charla abierta a los participantes con entrada libre y gratuita, y que fue llevado a cabo en el Museo del Congreso de la Nación en noviembre del año 2007 (Reg. Obs.)

³ Premio Barco de Vapor, uno de los más importantes para escritores de literatura infantil y juvenil.

⁴ Sobre todo a través de libros de texto y de literatura infantil y juvenil. El grupo editorial está conformado por 11 empresas que desarrollan distintas líneas editoriales. En Argentina, SM inició sus operaciones en 2001. Para mayores referencias véase <http://www.grupo-sm.com/inicio.asp>.

⁵ Conocida popularmente como "crisis del 2001", se refiere a la crisis del proyecto económico neoliberal agudizada entre 1999 y 2002, con graves consecuencias sociales y de inestabilidad institucional en el país, siendo el 2001 el año en que renuncia el entonces presidente Antonio De la Rúa.

⁶ <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf>.

⁷ La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un organismo internacional que surge en 1994 para desregular todos los intercambios comerciales, incluidos los culturales.

⁸ Actualmente no hay un consenso definido respecto de si la industria del libro entra en la conceptualización de industrias culturales o en la de industrias creativas. Este último término, surgido en Inglaterra, no desde la academia sino desde las políticas gubernamentales, se propone en los últimos años como un concepto más inclusivo que el de industrias culturales. Sin embargo, como destaca Miguez (2007), su adopción por parte de distintos países se ha dado de manera acrítica, implicando sentidos diversos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires esto puede visualizarse en una de las áreas del Ministerio de Cultura, pues el OIC era el Observatorio de Industrias Culturales pero hoy en día con esa misma sigla se denomina al Observatorio de Industrias Creativas.

⁹ <http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

¹⁰ Asimismo, esta Declaración, como plantea Pitombo (2009), constituye un punto de avance respecto de las iniciativas que la Unesco había venido desarrollando desde mediados de los años noventa con el lanzamiento del Informe "Nuestra Diversidad Creativa" (Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, creada en 1993).

¹¹ <http://www.alliance-editeurs.org/?lang=es>.

¹² La Alianza Global trata de contactar distintos actores relacionados con las industrias culturales, ofreciendo apoyo técnico: "a) creando partenariados público-privados entre sus miembros con el fin de brindarles la ayuda necesaria para impulsar iniciativas culturales, así como el intercambio de experiencias y competencias profesionales; b) trabajando en favor de la protección y el respeto de la propiedad intelectual, sin la cual artistas y creadores no podrían proteger su trabajo o convertir su creatividad en un negocio viable; c) impulsando y acompañando procesos de diálogo y concertación entre las autoridades públicas y los interlocutores privados, favoreciendo así el establecimiento de políticas sectoriales y marcos normativos adaptados a las necesidades de las industrias culturales". Disponible en <http://portal.unesco.org/culture/es/ev.phpURL_ID=24504&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.

¹³ Disponible en <http://www.alliance-editeurs.org/?lang=es>, sitio en el que se incorporan noticias relativas a los avances en esta materia en distintos países.

¹⁴ <http://sinca.cultura.gov.ar/archivos/documentacion/investigaciones/Declaracion.pdf>.

¹⁵ <www.cerlalc.org>.

¹⁶ Ministerio de Cultura de España. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas; Federación de Gremios de Editores de España, FGEE; Grupo Iberoamericano de Editores, GIE.

¹⁷ Uno de estos casos es "Bibliodiversidad, Comisión de Pequeñas Editoriales, Asociación de Editores de Madrid", que agrupa 129 casas editoras cuyo objetivo es dar a conocer las publicaciones que tales empresas realizan. Para mayores referencias véase <http://www.bibliodiversidad.net/quienes.htm>.

¹⁸ Ediciones Era (de México), Lom Ediciones (de Chile), Ediciones Trilce (de Uruguay) y Txalaparta Editorial (del País Vasco-España).

¹⁹ Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, México y Uruguay y, como observadores, editores de Francia, Gran Bretaña, España, Estados Unidos y África del Sur.

²⁰ De hecho, derechos de autor y derechos de propiedad intelectual constituyen uno de los grandes temas de debate de organismos internacionales como el Cerlalc, la OEI y la Unesco.

²¹ Para una mayor profundización véase Mihal (2011).

²² La Feria del Libro de Fráncfort es la de mayor importancia mundial dado que allí se reúnen los principales agentes de la industria del libro para negociar derechos autorales, de publicación, de traducción y de reproducción de obras. En 2010, la Argentina asistió como invitada de honor pues fue designada país-tema, en coincidencia con la celebración del Bicentenario.

²³ No figuran números de páginas en el original. Disponible en <http://nestorgarciacanclini.net/industrias-y-politicas-culturales/82-conferencia-qsobre-objetos-sociologicamente-poco-identificadosq>.

²⁴ En relación con los públicos, Rosas Mantecón (2009) propone que las ofertas de bienes y servicios culturales de las instituciones se planean teniendo en cuenta un público implícito; sin embargo, público es aquel que logra pasar diversas trabas para poder relacionarse con dicha oferta. En este trabajo, se recupera la perspectiva de los intermediarios de la lectura respecto de los públicos con los cuales se encuentran, así como sus consideraciones con aquellos otros que no logran su vinculación con la oferta cultural y pueden ser entendidos como públicos potenciales, que forman parte de la ciudadanía y de las preocupaciones de estos actores, para darles cabida en el marco de sus instituciones.

²⁵ De un espacio de lectura adscrito al Programa "Bibliotecas para Armar" (MCGCB).

²⁶ Integrante de una biblioteca popular adscripta a la Conabip (SCN).

²⁷ Intermediaria de un espacio de lectura adscrito al Programa "Bibliotecas para Armar" (MCGCB). Menciona la "Campaña Librada", aludiendo a las adquisiciones bibliográficas de las bibliotecas comunitarias, las cuales no provienen de compras, sino de esta campaña de recolección de materiales que se difunde en distintos medios de comunicación y que consiste en un día en el cual se fija un lugar de recepción de los materiales abierta tanto al público en general como a las editoriales.

²⁸ <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68006/norma.htm>.

²⁹ De una biblioteca comunitaria adscrita al Programa "Bibliotecas para Armar" (MCGCB).

³⁰ De una biblioteca pública municipal de la DGLyPL (MCGCB).