Filosofía en el espacio público

 

Economía con sentido moral. Un sistema de monitorización y gestión de la ética para empresas y organizaciones*

 

Economy with Moral Sense. A System of Monitoring and Management of Ethics for Business and Organizations

 

Patrici Calvo

 

Universitat Jaume I, Departamento de Filosofía y Sociología calvop@uji.es

 

Recibido: 18-03-2015.
Aceptado: 20-08-2015.

 

Resumen

Conjugar ética y economía se ha convertido en uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Los procesos de globalización económica actuales exigen cada vez más respeto a los derechos, valores y principios universalizables que defienden las sociedades con un nivel postconvencional de desarrollo moral. De ello depende la credibilidad y legitimidad de la actividad y, por consiguiente, su correcto desarrollo. A pesar de ello, la teoría económica preponderante sigue percibiendo la reflexión moral como algo externo, y sus orientaciones como imposiciones cuyo seguimiento minimizan la satisfacción de un máximo beneficio. Por ello, el objetivo de este estudio será doble. Por un lado, mostrar la ética como una actividad constitutiva y necesaria para el correcto desarrollo de la economía a través de la propuesta integrativa de Peter Ulrich y, sobre todo, del enfoque hermenéutico-crítico de Jesús Conill. Por otro lado, proponer orientaciones para el diseño de un sistema de monitorización y gestión del ámbito moral de la empresa y organización económica que permita su aplicación e implementación en la práctica.

Palabras clave: organizaciones y empresas cordiales, bienes cordiales, participación cordial, racionalidad económica, gestión de la ética y el cumplimiento.

 

Abstract

Combining ethics and economics has become one of the greatest challenges of our times. Today's economic globalisation processes increasingly demand more respect for the universalisable rights, values and principles defended by societies with a post-conventional level of moral development. The credibility and legitimacy of the activity, and therefore its correct development, depend on this respect. However, the prevailing economic theory continues to perceive moral reflection as an external question, and regards its orientations as impositions which, if followed, minimise the satisfaction of maximum profits. For this reason the aim of the present paper is twofold: first, to show ethics as a constitutive activity, necessary for the economy to develop in the right way through Peter Ulrich's integrative proposal and especially through Jesús Conill's critical hermeneutic approach; and second, to propose guidelines for designing a system for monitoring and managing the moral climate in firms and economic organisations that can be applied and implemented in practice.

Keywords: cordial organizations and businesses, cordial goods, cordial participation, economic rationality, management ethics and compliance.

 

1. La necesidad de una economía con sentido moral

Los distintos procesos de globalización a lo largo del siglo XX trajeron consigo nuevos retos para las sociedades y los diferentes ámbitos de actividad humana. Entre ellos, la emergencia de una sociedad moralmente plural que socavaba cualquier intento de abordar la conflictividad subyacente desde un único punto de vista moral (Cortina, 2003, 13-14). Este hecho sembró las mimbres de un giro aplicado para la filosofía moral que, aunando esfuerzos con otros tres movimientos anteriores —el giro lingüístico, el giro hermenéutico y el giro pragmático (Cortina, 2003, 14)—, buscaba dar respuesta a las preocupaciones emergentes.

El giro aplicado surge durante los años 70 del siglo pasado tras el impacto que produjo en la sociedad el conocimiento del fatalmente conocido como experimento Tuskegee (Thomas y Quinn, 1501-1502), una investigación sobre la evolución de la enfermedad de la sífilis que, perpetrada e implementada por los Servicios de Salud Pública de Alabama a lo largo de 40 años (Katz et. al., 2009, 179-183), hizo servir seres humanos como cobayas de laboratorio. Denunciado por Peter Buxton en el Washington Star el 25 de julio de 1972 y definido posteriormente como "el estudio de investigación biomédica más infame en la historia de Estados Unidos" (Katz et. al., 2003, 3), la presión de la sociedad civil forzó la paralización del experimento, la promulgación de la National Research Act de 1974 y la creación de la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research de 1974, cuyas conclusiones sobre el experimento —recogidas en The Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research (1978)— se convirtieron en acicate de las distintas éticas aplicadas.

Si bien hasta ese momento la fundamentación había acaparado la mayor parte del interés de la reflexión moral, con la publicación del Belmont Report el 30 de septiembre de 1978 comenzó a crecer la preocupación de la sociedad civil por la posible aplicación sobre los distintos ámbitos de actividad humana de todo el bagaje alcanzado. Nacen, de esta forma, las éticas aplicadas; un saber preocupado por desentrañar y adecuar los presupuestos normativos que permiten justificar moralmente las acciones y decisiones en los distintos contextos de praxis social, concretar los métodos, procedimientos y mecanismos que permiten su aplicación y ofrecer pautas y orientaciones para abordar con éxito su implementación. Es, por consiguiente, un giro que surge como respuesta a las expectativas y exigencias concretas de la sociedad, de los Estados, de los ciudadanos, de los profesionales, de los académicos y de la red de organizaciones de la sociedad civil (Camps y Cortina, 2007, 445-446).

En lo concerniente a la economía, la reflexión moral empezó a preocuparse por orientar la actividad hacia el horizonte que le da sentido y credibilidad¹ para, entre otras cosas, ayudar en la difícil tarea de "hacer frente a los grandes retos de nuestro tiempo de manera más inteligente y efectiva" (Enderle, 1993, 92). Sin embargo, apoyándose en la idea de que la ética y la economía son dos mundos que, regulados y orientados por principios distintos e incompatibles —justicia y eficiencia— resultan irreconciliables, ya en sus inicios hablar de ética económica o ética empresarial² suscitó controversia, confusión y/o rechazo entre buena parte de los profesionales y académicos implicados en su emergencia y desarrollo (Cortina, 1993; Enderle, 1993). Es decir, si se entiende la economía como la gestión eficiente los recursos disponibles,³ resulta contradictorio tener en cuenta aquellos valores y principios extraeconómicos que, como los morales, distraen de tal labor; y si se desea una ética que oriente y critique tanto el conocimiento como la acción, no está justificada la inclusión de cuestiones y conceptos cuyo marcado carácter economicista les aleja de tal horizonte.

La controversia, empero, se ha venido apoyando en una visión parcial y deformada de la realidad, puesto que históricamente "la economía surge de la matriz ética, tanto en sus orígenes antiguos como modernos" (Conill, 2006b, 79). Es decir, si se parte de su desarrollo histórico (Conill, 2000a; 2000b; 2003b; 2006a; 2006b), es posible comprender tanto la relación intrínseca e inalienable que guardan ambos campos de reflexión como la necesidad existente de aunar esfuerzos en la concreción del horizonte de sentido que le es propio, puesto que "la tradicional primacía de la ética queda sustituida por el impulso económico, y, sin embargo, parece posible a la vez reorientar la economía mundial desde su entraña ética" (Conill, 2006b, 79). Por consiguiente, históricamente emerge una teoría económica ligada al uso de la razón práctica, a la búsqueda de aquellos argumentos que den razón de qué se debe hacer y orientaciones que ayuden en la tarea de cómo hacerlo.

Al respecto, la primera reflexión sobre el horizonte de sentido de la economía se halla en la Política de Aristóteles. En ésta se comprende la economía como una actividad dirigida a la realización de una buena sociedad, una buena polis, por lo que reflexionar sobre qué se entiende por buena sociedad resulta esencial para determinar si las metas y los medios utilizados para alcanzarla son los adecuados; de ahí que ética y política sean partes constitutivas de la ciencia económica.

Siguiendo esta idea, desde el Mundo Clásico a la Modernidad la economía mantuvo dos funciones básicas: la satisfacción de necesidades humanas y el logro del bien común de la polis, como bien muestra la distinción aristotélica entre oikonomia y crematística.⁴ Es cierto que durante la Modernidad se fraguó un modelo económico que daba la espalda a la mayor parte de las ideas clásicas sobre la economía. Entre ellas la estructura de esa ética, pasando de la ética holística de una sociedad conjuntada o polis a la ética contractualista de una sociedad que valora especialmente el individualismo (Conill, 2006b; Conill y Cortina, 2011). Sin embargo, el marco que la orienta y le da sentido, el bien común, continuó inalterable a pesar de que la teoría moderna centró sus preocupaciones en la libertad de acción del individuo, en tanto que condición de posibilidad de la eficiencia de los recursos disponibles, del funcionamiento de la actividad y de la mejora y desarrollo de la sociedad (Zamagni, 2006; 2007). Como teorizó Adam Smith al respecto (1976a; 1976b), una sociedad no puede prosperar si sus ciudadanos se dedican a la mera satisfacción de sus impulsos egoístas. Por ello, insta a diseñar e implementar un mercado que, garante de aquellas libertades que permiten a los individuos realizar transacciones comerciales dirigidas a la satisfacción del bienestar personal, logre la armonía y el buen funcionamiento de la sociedad y, por ende, su desarrollo.

Ahora bien, como se señala desde distintos estudios contemporáneos (Becchetti et al., 2011; Donati, 2013; Donati y Calvo, 2014; Conill y Cortina, 2011; Lozano, 2009; y Zamagni, 2014), con la consolidación de la teoría económica moderna emergió una corriente de pensamiento muy preocupada por la falta de un horizonte económico más amplio que fuera capaz de dar respuesta a las expectativas y necesidades de la sociedad. Karl Marx, por ejemplo, señala en sus Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844 (2004) que la teoría economía moderna, al haberse concretado dando la espalda a variables importantes y necesarias, adolece de un horizonte adecuado para abordar debidamente los retos de su tiempo. Su problema es, precisamente, que no cuestiona el marco dado, por lo que su principal reflexión se ha centrado tradicionalmente en el discernimiento y correcto funcionamiento de aquellos medios y mecanismos que permiten alcanzar mejor los objetivos económicos —subir o bajar los precios, controlar la inflación, etcétera— sin entrar a valorar si el marco que prescribe la actividad económica es coherente con el sentido actual de una buena sociedad o si los medios y mecanismos utilizados son los más apropiados para afrontar con garantías la resolución de problemas y conflictos y el logro de los fines.

Precisamente, la ética económica puede ayudar a la economía a reflexionar sobre su sentido actual, los presupuestos normativos que le subyacen, las virtudes y valores que orientan la actividad, los procesos crítico-reflexivos que permiten su justificación moral, y los métodos y mecanismos específicos que hacen posible la aplicación e implementación práctica de todo el bagaje alcanzado.

Por todo ello, el objetivo de este estudio será doble. Por un lado, proponer la economía ética hermenéutico-crítica desarrollada por Jesús Conill como modelo adecuado para la configuración del marco prescriptivo de esta praxis social y, por otro, dar orientaciones para su implementación en el ámbito práctico a través del desarrollo y complementación de distintos mecanismos de comunicación. Para alcanzarlos, en primer lugar se propondrá la ética discursiva desarrollada por Apel y Habermas como una propuesta plausible para abordar la fundamentación de lo moral. En segundo lugar se analizará el enfoque de ética económica integrativa que, basado en la ética discursiva, ha desarrollado Peter Ulrich como fundamentación moral de la práctica económica. En tercer lugar se irá más allá de la propuesta integrativa a través del enfoque hermenéutico-crítico desarrollado por Jesús Conill, una propuesta que además se preocupa por interpretar los contextos concretos de actividad humana para conocer y adecuar tanto los valores y principios que orientan la actividad hacia su horizonte de sentido como las motivaciones y las lógicas propias que permiten su desarrollo y potenciación. Finalmente, en cuarto lugar se propondrá un diseño adecuado de sistema de monitorización y gestión del ámbito moral de la empresa y organización económica para abordar en la práctica la implementación del enfoque de economía ética hermenéutico-crítica.

 

2. La posibilidad de sentido moral

A lo largo de la historia, la fundamentación de lo moral ha seguido caminos distintos entre quienes lo ven factible y necesario, ya sean aristotélicos, hegelianos, zubirianos, utilitaristas, modernos o neokantianos,⁵ y quienes lo rechazan, lo creen superfluo o lo consideran una actividad carente del rigor científico exigible, ya vengan los argumentos del racionalismo crítico, del etnocentrismo, del cientificismo o del postmodernismo como claramente reflejan las siguientes palabras de Alasdair McIntyre:

(...) estos intentos sólo podrían tener éxito si los conceptos morales fueran intemporales y ahistóricos, y si sólo hubiera disponible un único conjunto disponible de conceptos morales. Una de las virtudes de la historia de la filosofía moral es mostrarnos que esto no es verdad y que los mismos conceptos morales tienen una historia. Comprender esto es liberarse de toda falsa pretensión absolutista (McIntyre, 2006, 288).

Los argumentos esgrimidos por ésta y otras propuestas contrarias a la posibilidad de fundamentar lo moral contribuyen poco o nada a la resolución de los problemas y conflictos que requieren de respuestas universalizables, como es el caso de aquellos que surgen en sociedades cuya pluralidad hace imposible abordar tales cuestiones desde un único punto de vista moral. Por ello, es necesario centrar la atención en dirimir cuál de las distintas propuestas filosóficas que buscan dar razón del ámbito moral es capaz de justificar mejor los valores y principios compartidos por una sociedad, mínimos éticos cuyo respeto por parte de los ciudadanos hace posible tanto la convivencia pacífica como la concreción de objetivos comunes y la coordinación de la acción que es necesaria para satisfacerlos (Cortina, 1993, 208).

Al respecto, cabe destacar que tal preocupación ya se halla reflejada en distintos trabajos de Inmanuel Kant, quien propone el método trascendental como el más adecuado para fundamentar lo moral (2010). Su idea es, por una parte, que no se debe buscar un principio primero e incuestionable, sino las condiciones de posibilidad que hacen posible justificarlo y, desde ahí, universalizarlo (Cortina y Martínez, 1996, 143), y, por otra, que la autonomía de juicio y acción del ser humano se convierte en el centro de la fundamentación de lo moral (Cortina, 1990, 151); es decir, las personas, en tanto que dotados de una racionalidad práctica que les permite emitir juicios de valor y establecer "aquellos mínimos normativos que un ser racional debe cumplir, si es que quiere ser tenido por tal" (Cortina, 1993, 182), son competentes tanto para elaborar sus propias leyes como para orientarse por ellas. Este hecho los dota de dignidad; un valor absoluto en sentido moral que convierte en injusto su uso meramente estratégico para la satisfacción de fines particulares (Cortina, 1993, 206). De esta forma, para Kant los seres humanos se constituyen en el foco central de lo moral, un terreno que no conduce a la satisfacción de un máximo de felicidad o a la construcción de un carácter excelente, sino a la generación de una conciencia de deber (Cortina, 1993, 182), y la autonomía en condición suficientemente para justificar el hecho moral (Cortina, 1993, 206). Así, las normas morales serán aquellas que las personas podrían considerar como válidas para todo el mundo, aquellas que representan lo que cualquier ser humano "querría para toda la humanidad" (Cortina y Martínez, 1996, 146).

Partiendo de esta propuesta de fundamentación kantiana, durante el siglo XX surgieron dos corrientes de pensamiento filosófico que han sabido desarrollarse desde una ética cívica pública de mínimos compartidos: el liberalismo político y la ética discursiva, dos propuestas que si bien pueden discrepar en el método o la forma de fundamentar lo moral, recogen en sus diseños la ética formalista, universalista, deontológica y mínima del pensamiento kantiano (Cortina, 1993).

En cuanto al liberalismo político, éste utiliza el equilibrio reflexivo como método de fundamentación de lo moral. Según John Rawls,⁶ uno de los mayores defensores de la propuesta, en las sociedades democráticas existe un consenso cruzado sobre los principios de justicia compartidos por todos sus ciudadanos (Martínez, 1994, 178-184). Este consenso se establece adentrándose en lo que éste llama posición original, el espacio reflexivo donde las partes contratantes que disponen de la misma libertad ―en tanto que autonomía― y toman decisiones lo más racionales posibles teniendo en cuenta la satisfacción de sus propios intereses, deciden reorientar sus preferencias tras un velo de ignorancia para poder llegar a acuerdos colaborativos cuya implementación requiere de la aceptación de diversas restricciones, mínimos de justicia que son recíprocamente esperados y mutuamente aceptados (Habermas, 2000, 61).

Para el liberalismo político, la principal labor del filósofo en todo este proceso consiste en ofrecer aclaraciones y orientaciones que permitan a los ciudadanos de las sociedades liberales comprender mejor cuál es el contenido de ese consenso cruzado; es decir, desenmarañar el sentido de justicia que subyace a las diferentes democracias occidentales y que permite la convivencia pacífica y la relacionalidad entre personas con distintos proyectos de vida buena (Martínez, 1999, 95-107). Para ello, el liberalismo político propone dilucidar qué tradición lo justifica mejor para, desde ahí, configurar conceptualmente "un modelo que pueda devolverse a la sociedad para llevar a cabo la 'tarea social práctica' de reforzar sus convicciones morales" (Cortina, 1993, 207). Dicho de otro modo, partiendo del análisis de las convicciones que comparten los contratantes sobre lo justo dentro de la tradición democrática, el filósofo articula tales juicios para proporcionar a la sociedad una interpretación coherente de justicia que posibilite la generación y potenciación de una mayor cohesión posible.

Ahora bien, aunque la propuesta es interesante, resulta insuficiente para dar respuesta a los conflictos y problemas de aquellas sociedades donde conviven personas con distintos puntos de vista moral. Su principal problema es que da la espalda a esa facultad crítica de la razón que permite enjuiciar tanto el conocimiento como la acción. De esta forma la filosofía queda maniatada ante la imposibilidad de cuestionar la tradición liberal democrática; es decir, no puede hablar de su validez, sólo revelarla e interpretarla para generar solidaridad (Cortina, 1990, 109).

A diferencia del liberalismo político, la propuesta ético-discursiva desarrollada por Karl Otto Apel y Jürgen Habermas en los años 70 y 80 del siglo pasado se ha preocupado por incluir un momento crítico en el proceso de fundamentación de lo moral. Para ello, se ha apoyado en el método trascendental kantiano, puesto que entiende que éste puede servir tanto para desentrañar la racionalidad humana estratégica como para revelar la racionalidad comunicativa que hace posible concretar las bases racionales mínimas de una moral cívica en sentido dialógico (Cortina, 1993, 208).

A través de la teoría comunicativa y la pragmática formal ―trascendental o universal―, la ética discursiva propone un criterio de racionalidad con pretensión de universalidad desde el cual es posible tanto criticar una norma como desentrañar la validez moral que le subyace,⁷ su justicia y legitimidad (Cortina, 1990, 163-165). Las normas, principios y valores morales remiten por igual a todos los seres humanos (García-Marzá, 2004, 96), de ahí que para encontrar la justificación que permita su universalización la ética discursiva recurra a un hecho incuestionable: los seres humanos están capacitados de habla y acción para comunicarse con los demás y llegar a entenderse intersubjetivamente sobre diferentes cosas de este mundo (García-Marzá, 1992, 28-41).

Partiendo de este axioma, actuar racionalmente significa tener buenas razones para hacerlo, pero como en muchos casos tales comportamientos afectan a los demás, su justificación moral requiere ineludiblemente de la aceptación de todas las personas que son o podrían ser afectadas por éstos (García-Marzá, 1992, 56-66). Por ello, es necesario compartir esas razones, hacerlas públicas para conocer si gozan del respaldo necesario para ser justificadas, y eso sólo es posible a través del lenguaje, mediante el estableciendo de un proceso argumentativo abierto a todos los afectado y sustentado sobre ciertas reglas lógicas y un principio moral procedimental (D)⁸: "(...) solamente pueden pretender ser válidas las normas que en discursos prácticos podrían suscitar la aprobación de todos los interesados" (Habermas, 1999, 73; 1991, 101).

Así pues, la propuesta ético-discursiva de fundamentación de lo moral transforma discursivamente el principio formal kantiano de autonomía, pasando de un ser que piensa a unos ciudadanos que argumentan (Cortina, 1993, 170) a través de la construcción de un proceso forjado sobre dos conceptos básicos: el de persona ―que ahora se presenta como un interlocutor válido que, en tanto que afectado y capacitado para argumentar sobre lo justo e injusto, es necesario escuchar a la hora de decidir e implementar normas―, y el de igualdad ―en tanto que no es posible excluir a ningún afectado del diálogo sobre la norma criticada (García-Marzá, 1992, 131-140). Por tanto, para la ética discursiva el interés no está en descubrir e interpretar meramente cuáles son normas que logran coordinar la acción humana, sino en las condiciones de posibilidad que permiten discernir qué normas pueden ser consideradas como justas y, por consiguiente, universalizables (García-Marzá, 1992, 53-55). De este modo, el imperativo categórico kantiano se convierte en un principio de universalización (U) que adquiere en los discursos prácticos estatus de regla de buena argumentación:

(...) toda norma válida tiene que cumplir la condición de que las consecuencias y efectos secundarios que resulten previsiblemente de su seguimiento universal para la satisfacción de los intereses de todos y cada uno puedan ser aceptados sin coacción (y preferidos a las repercusiones de las posibilidades alternativas de regulación conocidas) por todos los afectados (Habermas, 2000, 142).

La ética discursiva es, pues, una propuesta pragmático-trascendental que, situándose en el nivel postconvencional de desarrollo de la conciencia moral, se apoya en la participación de todos los afectados y en un posible consenso racional para, dentro de un proceso de diálogo con ciertas reglas lógicas y un principio moral procedimental (Cortina, 1993, 208), discernir la universalidad de la norma aplicada o aplicable. A diferencia del liberalismo político, esta propuesta no se preocupa por desentrañar las normas que deben orientar la actividad en común, puesto que es una tarea que sólo compete a los afectados por ésta, sino precisar formalmente el proceso argumentativo por el cual es posible discernir cuándo una norma puede ser definida racionalmente como justa o injusta, correcta o incorrecta. La razón humana se muestra de esta forma como discursiva.

La tarea de la ética, empero, no acaba en la fundamentación moral. Como se ha comentado con anterioridad, la emergencia de distintos procesos de globalización a lo largo del siglo XX trajeron consigo nuevos desafíos tanto para las sociedades como para los distintos contextos de actividad humana, y, como argumenta Enderle (1993), la aplicación de todo ese bagaje alcanzado por la reflexión moral es una manera inteligente de afrontarlos.

En lo concerniente al ámbito económico, existen en la actualidad un buen número de propuestas de aplicación del saber moral sobre el nivel sistémico.⁹ Entre ellas, la ética económica integrativa desarrollada por Peter Ulrich durante los últimos 25 años, cuya "tesis principal es que hay que transformar los fundamentos normativos de la economía, desde el paradigma de la ética utilitarista al paradigma de la ética comunicativa (Lozano, 2013, 186). Se trata de una propuesta con un marcado carácter ético-discursivo que, a través de la implementación de un proceso autocrítico y autorreflexivo de la propia razón económica, cree poder superar la brecha que separa actualmente dos ámbitos de reflexión como el económico y el moral y que, como argumenta Amartya Sen (1989), afecta negativamente al desarrollo tanto económico como social y humano.

 

3. Un enfoque integrativo de economía con sentido moral

Peter Ulrich se apoya en la pragmática trascendental para diseñar una propuesta integrativa de ética económica que permita corregir el desarrollo económico sistémico mediante la transformación moral de la racionalidad económica. Para ello, por un lado propone la implementación de un proceso continuado de reflexión que permita a la racionalidad económica descubrir por sí misma la racionalidad ético-comunicativa que le subyace; un tipo de racionalidad que, junto a la estratégico-técnica y la calculativo-instrumental, conforma el esqueleto de una razón socio-económica que ancla sus raíces en un fundamento normativo de carácter discursivo y no contractualista o utilitarista. De este modo, la principal preocupación del enfoque integrativo no es el orden técnico o administrativo, sino "la racionalidad comunicativa del mundo de la vida" (Conill, 2006b, 68), un enfoque desde el cual poder reconciliar la economía moderna con la moral mediante un control democrático por parte de los afectados que permita impulsar una economía de carácter social sustentada en aspectos normativos —en tanto que ideas regulativas— y fácticos —en tanto que propuestas realizables— (Ulrich, 1993, 53-54).

La ética económica integrativa es un intento por superar la dualidad de mundos esquivos e irreconciliables surgidos tras la consolidación de la ciencia economía moderna: el de la racionalidad económica y el de la reflexión moral —extraeconómica—. Tras este interés subyace la preocupación por "la creciente problematización de los efectos globales para la praxis vital de la dinámica 'desencadenada' del sistema" (Ulrich, 1993, 7-8), un hecho que para Ulrich repercute negativamente en el desarrollo humano y social y cuyos efectos se ven agravados por la separación entre el mundo económico y el mundo moral (Ulrich, 1993, 9-10). Por ese motivo, su enfoque propone transformar la racionalidad económica para que ni excluya la reflexión moral ni opere al margen de un modelo económico neutral, autónomo y perfecto basado en la homogeneidad comportamental y motivacional del ser humano.

Según Ulrich, el intento por aunar ambos mundos —económico y moral —no es nuevo, y ha seguido a lo largo de la historia dos caminos distintos. Por un lado, el de una ética económica correctiva; una propuesta que, empero, no logra superar íntegramente la dualidad de mundos. Por otra, el de una ética económica funcional; una variante alternativa de la propuesta correctiva que, sin embargo, cae en el error de intentar fundamentar lo moral a través de una reflexión emancipada de toda influencia ética (Ulrich, 1993, 10-15).

Por ética económica correctiva, Ulrich entiende aquel conjunto de ideas y estrategias que ven "la ética como correctivo del fallo de la economía" y, por consiguiente, como "correctivo de la racionalidad económica" (Ulrich, 1993, 10). La propuesta, pues, trata de aplicar sobre el ámbito económico unos principios generales con el objetivo de subsanar aquellos problemas que, relativos a ciertas cuestiones, escapan a la legislación vigente (Ulrich, 1993, 11-12). Por ello, ésta se muestra como "(...) una comprensión premoderna de la ética, (...) como una forma parcialmente modernizada del modelo de autoridad tradicional de la relación entre la ética y la economía" (Ulrich, 1993, 14), puesto que ofrece soluciones que dan la espalda tanto a la racionalidad económica como al propio contexto económico.

Por ética económica funcional, Ulrich entiende el uso de la ética como mero factor de mejora del funcionamiento de los sistemas económicos. Esta propuesta, según Ulrich, es una variante del modelo preponderante de racionalidad económica, puesto que su principal interés es mostrar aquella moral inherente a la praxis económica que es condición de posibilidad del buen funcionamiento del sistema. Se trata, pues, de un enfoque preocupado por "señalar en qué medida y con qué alcance la racionalidad económica misma ya funciona en el sentido de una ética moderna o puede ser aprovechada para ello mediante parámetros sistémicos adecuados" (Ulrich, 1993, 15). Sin embargo, a pesar de que su aplicación e implementación permite desarrollar una eficiencia analítica para ciertas cuestiones, la ética económica funcional adolece de un marco de acción más amplio al no poder explicar ni fundamentar desde un punto de vista puramente económico "todas las presuposiciones normativas de un sistema económico apto para funcionar" (Ulrich, 1993, 28-29). Este inconveniente muestra los límites sistémicos de la aplicación de la propuesta como solución a la brecha abierta entre racionalidad económica y reflexión moral. Especialmente porque, al tratarse una concepción puramente teleológica de la ética, muestra un déficit deontológico importante que limita sus posibilidades de aplicación y desarrollo. También porque, al adoptar una metodología preferentemente individualista, adolece del punto de vista crítico que permite reflexionar sobre la validez de las propuestas empíricas. Y sobre todo porque, al acogerse a una perspectiva meramente sistémica, su perspectiva sobre el mundo de la vida es inadecuado o inexistente (Ulrich, 1993, 29-35).

Para subsanar las carencias de la ética económica correctiva —que se muestra como un limitador de la actividad económica— y ética económica funcional —que se preocupa exclusivamente de reflexionar sobre los mecanismos que mejor funcionan en la satisfacción de un fin económico concreto―, Ulrich propone aunar la racionalidad económica y la racionalidad práctica para desentrañar "los presupuestos normativos y axiológicos de la racionalidad económica misma" (Conill, 2006b, 70). Es decir, se trata de reconciliar ambas racionalidades para que se complementen en la difícil labor de a) concretar un carácter mínimo deontológico; b)fomentar el reconocimiento recíproco de las competencias comunicativas de los implicados y afectados para resolver la conflictividad existente a través del diálogo y el consenso; c) reflexionar críticamente alrededor de las preferencias que permita clarificarlas y ordenarlas racionalmente, de manera que la racionalidad económica autocritique sus propios presupuestos normativos y se haga consciente de su propia ética; y d) devolver a la racionalidad económica el sentido de las presuposiciones no sistémicas, retornando el sistema económico al orden político, institucional y del mundo de vida de la sociedad contemporánea (Ulrich, 1993, 40-48). Como argumenta Ulrich al respecto:

La racionalidad económica, como se 'da' desde la historia de los dogmas y de la teoría, no debe sólo delimitarse ni aplicarse sino transformarse ética-filosóficamente y así ubicarla inmediatamente dentro de la razón. Esto no es despectivo frente a la concepción original de la racionalidad económica, sino que expresa sólo el irrenunciable primado de la ética (como lógica normativa del reconocimiento incondicionado de las personas) antes que la economía (como lógica normativa de la cooperación condicionada entre individuos que actúan orientados estrictamente por la utilidad y el éxito propios). El primado de la ética se encuentra en la esencia del 'asunto' de una perspectiva general del quehacer económico racional como actuar racional (2008, 99).

Por tanto, la clave está en entender que, por un lado, existe una idea regulativa desde la que orientar la racionalidad en los procesos de actividad económica más allá del mero interés por el bienestar personal; por otro, que su principal preocupación se basa en buscar aquellos mínimos éticos que permiten la cooperación entre agentes económicos y, por tanto, el correcto desarrollo de la actividad económica; y finalmente, que estos mínimos morales ni son externos a la propia razón económica, puesto que son parte constitutiva de sí misma, ni se justifican por su capacidad para lograr mejorar los resultados del proceso económico, sino más bien del reconocimiento mutuo de la dignidad que como seres racionales merecemos (Ulrich, 1993, 45-46). Para ello, es preciso someter a la razón económica a un proceso de autorreflexión sobre su propia identidad, sobre los presupuestos que la constituyen. Una reflexión sobre sí misma que le permite redescubrir la existencia de una ética mínima que, lejos de haberle sido impuesta o ajena —extraeconómica—, se muestra claramente como parte constitutiva de sí misma.

En este sentido, para Ulrich la transformación ética de la racionalidad económica es posible desde un enfoque ético-discursivo de fundamentación de lo moral como el propuesto y desarrollado por Apel y Habermas, puesto que desde éste es posible abordar la reconstrucción de las pretensiones de validez de una actividad económica racional; es decir, aquellas condiciones pragmáticas del lenguaje que hacen posible "el acuerdo argumentativo sobre las aspiraciones legítimas de todos los implicados en el proceso de creación de valor o de afectados por el mismo" (Ulrich, 2008, 112). De este modo, la gestión racional de los recursos escasos —eficiencia― queda ligada intrínsecamente con aquellas cuestiones "sobre el trato ético racional de los conflictos sociales entre todos los involucrados —legitimidad―" (Ulrich, 2008, 112). Adoptar esta postura significa aceptar la imposibilidad de gestionar la eficiencia desde una racionalidad económica desprovista de reflexión moral, puesto que "la solución racional de los conflictos sobre la distribución de los costos y beneficios (internos y externos) del quehacer económico es un problema normativo que no se puede resolver en categorías de pura racionalidad económica" (Ulrich, 2008, 112-113). La legitimidad se convierte de esta manera en condición de posibilidad del desarrollo de la propia actividad económica y, por ende, de la sociedad y sus ciudadanos; una exigencia moral cuya satisfacción requiere de acometer un rediseño de la racionalidad económica que dé cabida y sentido a la ética como parte intrínseca de su estructura interna:

La exigencia moral incondicional que busca ser reconocida como condición normativa de todo actuar racional, es la de la legitimidad (...). Se trata entonces de extender la idea de racionalidad económica de modo que incluya la legitimidad 'racional' como condición ético-racional constitutiva. Con ello se alcanza la idea de orientación básica para la integración ética de la racionalidad económica (2008, 112).

Desde su irrupción, la propuesta integrativa de Peter Ulrich ha influido notablemente en el desarrollo de diversas corrientes de pensamiento y propuestas teórico-prácticas de aplicación de lo moral sobre el nivel macro y meso económico.¹⁰ Sin embargo, tal influencia no ha venido exenta de cierta crítica y de orientaciones para mejorar su adecuación y concreción en el ámbito práctico por diversas razones:

(i) En primer lugar, porque al reconocer la posición más formal y normativa kantiana como única posibilidad para alcanzar la objetividad en el ámbito económico, la propuesta desaprovecha otras importantes aportaciones del pensamiento kantiano (Conill, 2006b, 71). Por ejemplo, la emotividad que subyace al compromiso de respeto mutuo hacia la dignidad del otro, un reconocimiento recíproco que, comunicativo y emotivo al mismo tiempo, es condición de posibilidad de todo proceso de diálogo entre interlocutores válidos cuyo objetivo sea entenderse entre sí sobre algo del mundo (Cortina, 2010). También la insociable sociabilidad del ser humano, un concepto kantiano que "expresa un dinamismo histórico a través de las tendencias e impulsos naturales del hombre" que puede aplicarse también al mundo económico (Conill, 2006b, 206-210).

(ii) En segundo lugar, porque al centrar su argumentación sobre lo normativo y formal, el enfoque integrativo se olvida de profundizar en el nivel de la adecuación; es decir, interpretar los contextos y sus lógicas para "entender más adecuadamente la actividad económica, su racionalidad y algunas nociones a las que el propio Ulrich recurre para interpretarla en el mundo moderno (como, por ejemplo, las de libertad, persona y ciudadanía)" (Conill, 2006b, 72).

(iii) En tercer lugar, porque al reducir la ética aplicada a correctiva y funcional para criticarla y censurarla, la propuesta integrativa incurre en una argumentación falaz (por inducción precipitada, por ejemplo). Entre otras cosas, porque no es cierto que toda propuesta metodológica de aplicación de la ética se estructura alrededor dos mundos: justificación y aplicación; porque no es posible asociar todas las propuestas de éticas aplicadas existentes con un enfoque correctivo o funcional; y porque no es verdad que la propuesta integrativa sea una alternativa a la ética aplicada, puesto que en realidad no deja de ser un tipo concreto de ésta(Conill, 2003a, 122-123).

(iv) En cuarto lugar, porque al ceñir sus argumentos al conflicto normativo que subyace de la noción de económica moderna, el de la dualidad entre dos lógicas normativas, el enfoque integrativo acaba discriminando la razón experiencial frente a lo normativo y formal, una actitud que podría incurrir en falacia abstractiva (Conill, 2006b, 75).

(v) En quinto lugar, porque al focalizar su atención sobre la trasformación de la racionalidad perfecta y completa del homo oeconomicus mediante un proceso continuado de autocrítica sobre los presupuestos normativos y conceptos fundamentales que la configuran y le dan sentido y legitimidad, la propuesta integrativa se despreocupa tanto del desarrollo teórico de la economía (Panchi, 2004, 324) como del papel que juegan los sentimientos y las emociones en las acciones y procesos racionales de toma de decisiones económicas (Calvo, 2012; 2013).

(vi) Y en sexto lugar, porque al centrarse principalmente en la integración del nivel de la fundamentación y del nivel de la aplicación, el enfoque integrativo adolece de una reflexión necesaria sobre el nivel de la adecuación de los principios y normas universales; un nivel cuya principal tarea es velar por su correcta aplicación e implementación sobre los distintos ámbitos de actividad humana (García-Marzá, 2004, 124-128).

Por estos motivos, la ética económica integrativa resulta una propuesta interesante pero insuficiente de ética aplicada. De ahí que para Conill (2003b, 2006b), García-Marzá (2004) y Panchi (2004) entre otros es necesario concretar una propuesta de ética economía más adecuada, a la altura de las expectativas de los tiempos actuales. En este sentido, el enfoque hermenéutico-crítico propuesto y desarrollado por Conill se preocupa de corregir y/o subsanar los déficits apuntados del enfoque integrativo mediante ampliación del concepto de razón comunicativa, a través del uso de una razón experiencial que evite el exceso de formalismo y la carencia interpretativa y logre, de esta forma, mostrar el sentido moral de la actividad económica en los procesos reales y en la reflexión teórica tanto económica como ética (Conill, 2003a, 124).

 

4. Un enfoque hermenéutico-crítico de economía con sentido moral

Para Conill, el enfoque integrativo de economía ética desarrollado por Ulrich es pertinente como horizonte de sentido económico, puesto que se adentra en la lógica concreta de la actividad económica y no se deja llevar unilateralmente por el economicismo (2006b, 71). Sin embargo, también advierte que mantiene un déficit hermenéutico que limita su desarrollo teórico y aplicación e implementación práctica. Por este motivo, Conill diseña una propuesta de economía ética como ética aplicada que, partiendo como Ulrich de los presupuestos básicos de una ética en sentido discursivo ―el diálogo y el posible entendimiento entre los implicados y/o afectados por la norma― y apoyándose en un método adecuado de aplicación de lo moral ―el hermenéutico-crítico―, "se muestra capaz de captar las peculiaridades de la economía moderna, en particular, de su actual etapa de desarrollo" (Conill, 2003b, 9).

En cuanto al método adecuado de aplicación de lo moral, Conill (2000a; 2000b; 2003a; 2003b; 2006a; 2006b) propone un modelo hermenéutico-crítico forjado a partir de una idea fundamental: sólo la adecuación de lo universal, a través de un proceso circular de interpretación crítica, permite a la praxis llegar a convertirse en un momento concreto capaz de implementarse. Entre otras cuestiones, porque ni se puede desligarla la norma a aplicar del propio contexto de actividad que le da sentido, ni tampoco se puede pretender que ésta quede en un mero convencionalismo desprovisto del carácter crítico de la realidad global y plural sobre la que debe ser insertada (Cortina, 2003, 31). Es necesario, por tanto, desentrañar e interpretar críticamente los principios y valores propios de cada contexto, una profundización hermenéutico-crítica que "no sólo incita a ir creando las condiciones de aplicación de la ética discursiva (por ejemplo, en la situación de los que carecen de poder en la actual jungla global), sino también a abrirse a los otros, a las diversas culturas, a lo extraño (Conill, 2006b, 72).

Desde esta perspectiva hermenéutico-crítica, la aplicación no se relaciona meramente con un proceso deductivo, donde se intenta discernir los principios morales que han de guiar distintos ámbitos de actividad, o inductivo, donde se extraen y justifican las pautas máximas de comportamiento mediante observación empírica, sino circular, donde se aúna el sentido de ambas vías como un todo. Se trata, pues, de un movimiento continuado que, en primer lugar, penetra en la propia praxis profesional para interpretar los campos concretos de actividad y aprehender los principios, normas y valores que constituyen la ética cívica sobre la que se erigen, sustentan y desarrollan correctamente,¹¹ y, en segundo lugar, se introduce en el ámbito de la deliberación crítica para buscar su justificación moral y abordar su adecuación y posibilidades de concreción sobre cada contexto a aplicar.

En lo respectivo a la praxis económica, a través de la interpretación de las circunstancias concretas, de los procesos económicos y de las consecuencias de los mismos, el discurso hermenéutico-crítico se preocupa por averiguar si la norma moralmente justificada puede ser aplicable. Para ello, se introduce en la reconstrucción de dos niveles: el normativo y el fáctico. En cuanto al normativo, se trata de aclarar y justificar el marco que permite la armonización, robustez y perdurabilidad de las sociedades con un nivel postconvencional de desarrollo moral; es decir, los derechos básicos que garantiza tanto la convivencia pacífica de sus ciudadanos (Cortina, 1990, 239-253) como la coordinación de la acción que permite la concreción y satisfacción de objetivos comunes. En cuanto al fáctico, se trata de introducirse en los diferentes contextos concretos de acción para desentrañar el marco de acción que modula y orienta la actividad (Cortina y Martínez, 1996, 160-164). De este modo, la racionalidad económica emerge con la tarea de identificar tanto los principios éticos universales que conforman el marco normativo como los valores, virtudes y estrategias que permiten su correcto desarrollo (Cortina, 2003, 21).

Así, Conill se apoya en este modelo hermenéutico-crítico de fundamentación y aplicación de lo moral descrito para proponer un enfoque de ética económica como ética aplicada sin las carencias de la propuesta integrativa de Ulrich. Precisamente, mediante el análisis hermenéutico de los procesos de globalización económica —financiera y comercial— facilitados y potenciados por las nueva tecnologías ―informativa y comunicativa, Conill se introduce en la realidad económica actual para desentrañar un nuevo horizonte de sentido que es necesario tener en cuenta para no cometer el error recurrente de antaño: aceptar valores economicistas que han generado graves problemas tanto para la praxis económica como para la sociedad. Así, tras realizar una revisión de los presupuestos y conceptos fundamentales de la teoría económica preponderante sin dejarse influenciar por cualquier forma de funcionamiento anterior, Conill argumenta que la economía a) es una ciencia social e histórica, no natural y mecanicista; b) se ha empobrecido por desviar la atención del sentido que le es propio, el de una economía ético-política, por lo que ha perdido fuerza para realizar la tarea fundamental de intentar resolver la conflictividad derivada de los nuevos procesos de globalización económica; y c) mantiene una base de la información del análisis del hecho económico insuficiente cuyos efectos inciden negativamente en el desarrollo tanto propio como social y humano (Conill, 2003b, 14-15).

Para superar y/o corregir estos tres problemas desvelados, Conill propone la inclusión del enfoque de las capacidades de Sen (2000) y la perspectiva de la ética cívica pública de Cortina (1992, 2010). Por una parte, se trata de incluir el punto de vista seniano de libertad y justicia para lograr "reintroducir en la teoría económica un ineludible trasfondo ético" (Conill, 2003b, 15). Esta posición sintoniza perfectamente "con la transformación discursiva y hermenéutica de la concepción kantiana, especialmente en lo que se refiere a la atención de los afectados, a la vida real y a las bases de la información", puesto que permite comprender mucho mejor "las situaciones históricas y culturales de la vida humana, en que viven las personas concretas" (Conill, 2006b, 197). Por tanto, "a partir de la vida real histórica" se pude llegar a entender el "valor intrínseco y normativo de la libertad en las mediaciones de la vida económica y en las más diversas culturas" (Conill, 2006b, 197). Por otra parte, se trata de introducir la idea de Cortina de que los valores, principios y normas éticas emergen, enriquecen y purifican en el seno de las sociedades maduras a través del diálogo y el acuerdo intersubjetivo; es decir, se trata de prestar la atención y el respeto que merecen aquellos mínimos de justicia compartidos por ciudadanos con distintos proyectos de felicidad "que les llevan a considerar como fecunda su convivencia" (Cortina, 1993, 196). Una ética ciudadana, mínima y pública que se expresa a través de los "valores de libertad, igualdad y solidaridad, concretados en los derechos humanos, el valor de la tolerancia activa, así como la imposibilidad de proponer a otros el propio ideal de vida si no es a través del diálogo y el testimonio" (Cortina, 2000, 42).

Desde este marco de referencia configurado alrededor de la hermenéutica crítica, el enfoque de las capacidades y la ética cívica pública, Conill reconstruye el carácter de una economía con sentido moral capaz de afrontar adecuadamente los retos de un contexto mundial marcado por los procesos de globalización y sus consecuencias (Conill, 2000a):

1. Ethos solidario: Las penurias, marginaciones y discriminaciones injustas que se dan continuamente en una actividad como la económica, instan a fomentar una ética de la solidaridad que posibilite una economía comprometida en la erradicación de tales cuestiones; es decir, a la altura de lo exigible y deseable por una sociedad global y plural.

2. Ethos universal: Los intereses legítimos en juego, propios de "un nivel postconvencional en el desarrollo de la conciencia moral, en el orden económico, político y cultural" (Conill, 2000a, 6), demandan de una ética universal que permita satisfacer las exigencias y expectativas de una justicia universal.

3. Ethos institucional: Las claras evidencias de que continúan existiendo importantes grupos de excluidos de los beneficios económicos de la globalización, exigen una ética de las instituciones desde la que diseñar o rediseñar el Estado, el mercado, los medios de comunicación, el derecho o los estamentos internacionales desde un punto de vista moral de carácter postconvencional.

4. Ethos responsable: La consecuencias negativas del contexto global actual, reclaman una ética de la responsabilidad que fomente la preocupación por las consecuencias económicas, sociales y medioambientales derivadas de las acciones colectivas, aquellas "producidas por la aplicación de los conocimientos científico-técnicos y por las decisiones político-económicas" (Conill, 2000a, 7).

Desde un ethos solidario, universal, institucional y responsable, la economía ética universalista, procedimentalista, dialógica, hermenéutica y mínima que propone Conill reacciona a los nuevos horizontes económicos tratando de a) hallar su sentido de existir; b) captar las nuevas oportunidades y posibilidades existentes; c) determinar los procesos que posibilitan su cumplimiento; y d) encontrar las mejores formas de orientar tales procesos desde una perspectiva responsable y humanizadora; es decir, se preocupa de hacer posible una globalización ética a través de dotar la economía de sentido moral mediante la promoción y difusión de los valores fundamentales: la libertad y la justicia.

En definitiva, aunque la aplicación de un enfoque técnico ha resultado enormemente provechoso para la economía al mejorar su comprensión, sobre todo en lo referente al sentido que subyace de relaciones sociales básicas y necesarias para su actividad y desarrollo, ésta puede aportar mucho más para sí misma y para la sociedad prestando mayor atención a las cuestiones morales que le subyacen (Sen, 1989, 27); una economía que esté a la altura del sentido moral esperado, exigido y deseado por una sociedad global y plural como la actual. Y para ello se debe empezar revisando, modificando y/o desterrando definitivamente aquellos conceptos y presupuestos anacrónicos, erróneos o injustificados que convierten la economía en más imprecisa y menos enriquecedora para sí misma y para la sociedad. Entre ellos, que atender lo moral minimiza las posibilidades de alcanzar un máximo beneficio empresarial, que los agentes racionales son meramente autointeresados, o que los valores, sentimientos y principios morales son elementos externos a la propia praxis económica cuya gestión carece de interés.

Por todo ello, entiendo que el enfoque hermenéutico-crítico de economía ética que presenta Conill puede ser un camino válido de aplicación de la ética en la praxis económica. Ahora bien, para conseguirlo es preciso ir más allá de lo sistémico y adentrarse en la reflexión sobre su adecuación, concreción y despliegue en el nivel meso de las empresas y organizaciones económicas. Una ardua pero ineludible tarea que, entre otras cosas importantes, se preocupa por desentrañar, aplicar e implementar aquellos mecanismos de comunicación que, debidamente diseñados y complementados, permiten a las empresas y organizaciones económicas gestionar la dimensión moral que les subyace y que propicia la generación y desarrollo de un máximo valor tanto estratégico como cordial (comunicativo y emotivo) (Calvo, 2014, Calvo y Eriksson, 2014). A ello puede contribuir un diseño adecuado de sistema de monitorización¹² y gestión del ámbito moral como el que se propone a continuación.

 

5. Una propuesta para la monitorización y gestión del sentido moral de la empresa y organización económica

Entre los nuevos desafíos de la empresa u organización económica actual se halla la gestión de aquellos bienes de carácter cordial¹³ —comunicativos y emotivos—que son condición de posibilidad de su correcto desarrollo, como puede ser la confianza, la reputación, la reciprocidad, la afinidad, la participación o el compromiso. Especialmente porque los procesos de globalización económica exigen ir más allá de su dimensión técnica y estratégica y preocuparse, además, por la moral y afectiva que les subyace, una demisión que sólo es accesible a través del uso de una racionalidad cordial sustentada sobre el reconocimiento mutuo de las capacidades comunicativas —para hablar y llegar a acuerdos sobre algo en el mundo— y emotivas —para querer hacerlo tanto por uno mismo como por los demás—.

En este sentido, existen distintos mecanismos de comunicación que permiten la partición cordial de los stakeholder de la empresa u organización económica,¹⁴ como los códigos de ética y de conducta, las memorias de ética y responsabilidad social, los comités de ética y las auditorías éticas (Bestratén y Pujol, 2005; 2006). Precisamente, García-Marzá ha estado trabajando durante las últimas dos décadas en su adecuación y sistematización (2004, 229-240), una labor que se ha visto plasmada en el diseño de un sistema integrado de gestión de la ética para instituciones, organizaciones y empresas del cual subyace, precisamente, importantes aportaciones de la propuesta integrativa de Ulrich y hermenéutico-crítica de Conill.

a) Código ético y de conducta: Se trata de un documento formal donde la empresa u organización comunica a sus stakeholders los principios y valores que orientan su actividad hacia el horizonte de sentido moral que le es propio, los compromisos que asume para dar respuesta a las expectativas legítimas de sus grupos e interés, y las normas de conducta que concreta para satisfacerlos. Éste suele revisarse periódicamente a través de encuestas, focus groups y otros mecanismos pertinentes para comprobar su vigencia y validez.

b) Comité de ética: El comité de ética es el espacio de discernimiento de los grupos de interés dentro de la empresa u organización. En él se incluyen representantes de los diferentes stakeholders materiales de la organización, internos y externos, para llevar a cabo labores de control y seguimiento de los compromisos adquiridos, para la resolución de conflictos y para la reflexión crítica sobre los intereses comunes y generalizables cuya satisfacción permite discernir la legitimidad de la actividad realizada o realizable.

c) Memoria de ética y responsabilidad social: La memoria de ética y responsabilidad social es un proceso de autoconocimiento, mejora continuada y comunicación a los grupos de interés de los impactos económicos, sociales y medioambientales de la empresa u organización. En él se establecen tanto los mecanismos de recopilación y análisis de los datos materiales para cada uno de los aspectos como la difusión de éstos a través de un documento conciso, claro y comparable. Éste suele tener carácter anual y actualmente es común el uso de una metodología GRI (Global Reporting Iniciative).

d) Auditoría ética: La auditoría ética pretende valorar el grado de cumplimiento de las expectativas en juego; es decir, determinar la coherencia existente entre lo que la empresa u organización dice y lo que hace desde una perspectiva moral. Las auditorías éticas suelen hacerse de forma bianual o trianual y por una entidad externa a la propia empresa u organización.

La aplicación e implementación del sistema integrado de gestión de la ética propuesto y desarrollado por García-Marzá ayuda a las empresas y organizaciones económicas a satisfacer las expectativas legitimas de sus stakeholders cordiales¹⁵ mediante la apertura de espacios de diálogo que permitan el autoconocimiento de su altura moral y el posible acuerdo intersubjetivo entre las partes interesadas y/o afectadas (Calvo, 2014). Sin embargo, la realidad económica y social actual demanda un mayor control sobre las actividades de las empresas y organizaciones económicas ante la proliferación de casos de corrupción, nepotismo, falsedad, fraude, malversación y presión sectorial¹⁶ que merman la confianza y la reputación. Prueba de ello es la fuerza que están tomando algunos mecanismos de comunicación que, como el sistemas whistleblowing, buscan sistematizar los procesos de alertas y denuncias por incumplimiento de la normativa interna y/o externa para prevenir o corregir posibles casos de mala praxis.

El neologismo whistleblowing emerge en la década de los 70 del siglo pasado impulsado por la "llamada a la responsabilidad" promulgada por el activista político Ralph Nader¹⁷ el 30 de enero de 1971 (Boffey, 1971, 549-551). Su idea era concienciar a los profesionales de la necesidad de "monitorizar" el comportamiento de su organización y "alertar" de prácticas destructivas o inmorales que pudieran dañar a la sociedad. Sin embargo, aunque el juego de palabras parecía adecuado y seductor, lo cual produjo su rápida aceptación y utilización por teóricos, profesionales y medios de comunicación, la vinculación del concepto con otros términos cuyo significado era claramente peyorativo, como soplón o chivato (Hartmann, 1971, 34), generó un intenso debate sobre su conceptualización.

Uno de los primeros acercamientos vino de la mano del propio Nader, quien definió el término como aquel "act of a man or woman who, believing that the public interest overrides the interest of the organization he serves, publicly "blows the whistle" if the organization is involved in corrupt, illegal, fraudulent or harmful activity" (Nader et al. 1972, vii). Se trataba, por consiguiente, de dar nombre y visibilidad a aquellas actitudes comprometidas que, llevadas a cabo por los empleados, anteponen el interés general de la sociedad al interés particular de la organización pública o privada en la cual desarrollan su actividad.

El concepto, empero, resultaba un tanto ambiguo, por lo que fue madurando en los sucesivos años a través de otros investigadores. Éstos buscaron tanto concretarlo mejor como ampliarlo en sus bases, proponiendo diferentes características que dotaron el término de un sentido propio y diferenciador. Sisela Bok, por ejemplo, atribuyó carácter moral a la acción del denunciante al sugerir que ""Whistleblowing" is a new word in the glossary of labels generated by our increased awareness of the ethical conflicts encountered at work. Whistleblowers sound an alarm from within the very organization in which they work, aiming to spotlight neglect or abuses that threaten the public interest" (Bok, 1980, 277). También Marcia P. Miceli y Janet P. Near incidieron en el mismo sentido al definir el whistleblowing como "the disclosure by organization member (former or current) of ilegal, inmoral, or illegitimate practices under the control of their employers, to persons or organizations that may be able to effect action" (Near y Miceli, 1985, 4; Miceli y Near, 1992, 15). Al igual que Norman E. Bowie y Ronald F. Duska, quienes reconocen que el término "Whistleblowing is reserved conceptually only for those serious moral faults" (Bowie y Duska, 1990, 74). Estas y otras reflexiones al respecto dejaban claro que no se trababa de un acto emergente fruto del compromiso con los valores y principios de una comunidad concreta, aquella en la que el whistleblower vive y desarrolla sus proyectos de vida buena, sino el resultado del compromiso con aquellos mínimos de justicia que conforman la ética cívica pública de las sociedades plurales y globales.

Por otro lado, James C. Petersen y Dan Farell dotaron el concepto de cierto sentido comunicativo al vincularlo con "a member or former member of an organization goes outside the organizational goes or outside normal organizational chanels to reveal organizational wrongdoing, illegality, or actions that threaten the public" (Petersen y Farell, 1986, 5). Desde este mismo punto de vista parten las propuestas de Michael Chiasson, Gene H. Johnson y Ralph Byington en "Blowing the Whistle: Accountants in Industry", quienes lo definieron como "disclosing questionable practice involving the organization or its members, may be either internal or external. Internal whistleblowing involves informing relevant organization members about wrongdoing. External whistleblowing involves going outside the organization (...) to voice concerns over an organizational wrongdoing" (Chiasson et al, 1995), y de Roberta A. Johnson en Whistle-Blowing. When is Works— and Why, quien lo relaciona con aquel acto cuyo principal objetivo es hacer público un "posible or actual nontrivial wrongdoing in an organization" a través de un medio de comunicación (Johnson, 2003, 3-4). Todas ellas, por consiguiente, hacen hincapié en el carácter dialógico y relacional del whistleblowing, en tanto que mecanismo de comunicación interno y externo cuya aplicación e implementación ayuda y/o permite a la institución u organización estar a la altura de lo que exige la sociedad en la cual desarrolla su actividad, generando en el proceso valor añadido para sí y para sus partes interesadas.

También cabe destacar las aportaciones de Peter B. Jubb quien mostró en sus trabajos el perfil reflexivo, voluntario, proactivo y predictivo, además de comunicativo, del whistleblowing (Jubb, 1999, 77-94). De este modo, se concibe como aquel acto deliberado que no sólo busca denunciar un comportamiento moralmente inapropiado o ilegal, sino también mantenerse alerta para prevenir cualquier posible conflicto que pudiera emerger en el futuro fruto de la actividad interna o externa de la organización. Además de esto, Jubb sugirió que la correcta implantación e implementación de un sistema whistleblowing en una institución, organización y empresa requería de dos pilares fundamentales: un agente comprometido que emite información sobre malas prácticas de la organización en la que trabaja y un organismo independiente con capacidad de influencia que gestiona las alertas o denuncias por mala praxis; es decir, el whistleblower dirige la información hacia una organización externa e independiente que tenga la capacidad de poder corregir y/o prevenir tales malas prácticas.

Whistleblowing is a deliberate non-obligatory act of disclosure, which gets onto public record and is made by a person who has or had privileged access to data or information of an organisation, about non-trivial illegality or other wrongdoing whether actual, suspected or anticipated which implicates and is under the control of that organisation, to an external entity having potential to rectify the wrongdoing (Jubb, 1999, 78).

El concepto de whistleblowing, por consiguiente, ha ido madurando gracias al análisis y descripción de aquellas acciones altruistas o recíprocas que, fruto de principios y valores morales y de sentimientos reactivos como la indignación o la repugnancia, algunas personas activamente comprometidas son capaces de acometer aun conociendo los altos costes en juego, como, por ejemplo, la pérdida del puesto de trabajo, el final de una prometedora carrera, el exilio o, incluso, la cárcel. Así, en tanto que dotado de un carácter comprometido, crítico, voluntario, proactivo, predictivo, comunicativo y, sobre todo, moral, se pude definir al whistleblower como todo aquel individuo crítico que, comprometido con los valores y principios de una sociedad moralmente plural, asume los posibles costes derivados de alertar o denunciar públicamente las irregularidades que se comenten en el desarrollo de una actividad concreta.

Tal conceptualización del acto —whistleblowing— y del actor —whistleblower—, ha fomentado el desarrollo teórico-práctico de sistemas de alertas y denuncias de irregularidades tanto legales como morales para su aplicación e implementación en empresas y organizaciones económicas. Impulsado por la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) en 2002 como medida de prevención y control de las sociedades cotizadas,¹⁸ su diseño suele apoyarse por lo general en cuatro pilares fundamentales: Responsable de cumplimiento, Oficina de cumplimiento, Línea de cumplimiento, y Política de cumplimiento.

El Responsable de cumplimiento es la persona encargada de dirigir la Oficina de cumplimiento y velar en última instancia por el correcto funcionamiento del sistema. Éste suele formar parte del Consejo de Dirección o, al menos, disponer de un canal de comunicación con su máximo representante, y entre sus principales tareas se encuentra preocuparse de que las investigaciones de casos sean ágiles y efectivas, informar del proceso y su resolución a los implicados y al Consejo de Dirección, controlar que se satisfagan los plazos y, finalmente, verificar que se apliquen las medias disciplinarias pertinentes.

La Oficina de cumplimiento es el organismo responsable de gestionar las denuncias y de realizar acciones de prevención de malas prácticas. Dirigidas normalmente por el Responsable de cumplimiento, entre otras tareas importantes estas oficinas se preocupan de diseñar e implementar programas de concienciación de la cultura de la empresa u organización para directivos y empleados; es decir, de los valores y principios que deben orientar su actividad. También se preocupan de fomentar una participación interna activa y comprometida y de ayudar a los whistleblower en el proceso de denuncia, ofreciendo servicio de asistencia, asesoramiento y/o información y controlando el correcto funcionamiento de los canales y mecanismos de comunicación del sistema.

La Línea de cumplimiento es el conjunto de mecanismos y canales de comunicación internos y externos que configuran el sistema. Gestionada por la Oficina de cumplimiento su principal tarea consiste en lograr la comunicación con los distintos grupos de interés. Para ello suele apoyarse internamente en oficinas, departamentos o directivos implicados en la gestión y correcto desarrollo del sistema, como, por ejemplo, el Responsable de cumplimiento, la Oficina de cumplimiento, el Comité de cumplimiento, el Departamento de Derecho Legal, un supervisor de área o incluso el propio Consejero Delegado, y externamente en asesores externos e independientes a la empresa u organización que permitan al whistleblower conocer si su alerta o denuncia es pertinente y está justificada. En este sentido, la Línea de cumplimiento suele estructurarse alrededor de uno o varios canales de comunicación complementarios, como, por ejemplo, una línea telefónica específica, una cuenta de correo electrónico y/o postal, una ventanilla de atención y registro de informes, un procedimiento face to face de entrevistas y consultas, un servicio de contestador telefónico específico, un cuestionario de denuncia y alerta, un informe de cumplimiento ético y/o legal, una auditoría de cumplimiento, una memoria de cumplimiento, etcétera.

La Política de cumplimiento es el documento guía que recoge el Protocolo básico de gestión y actuación, el Plan estratégico de cumplimiento, las normas y directrices implicadas, los objetivos y compromisos, las propuestas de mejora, las sanciones aplicables, los tiempos, los procesos de investigación, derechos y deberes de los denunciantes y denunciados, los procesos de auditoria y monitorización del sistema, y demás cuestiones importantes relativas a la implementación de los procesos de cumplimiento.

Estos cuatro elementos constituyen la estructura mínima de un sistema whistleblowing de control del cumplimiento que, debidamente complementado con el resto de mecanismos de comunicación del sistema integrado de gestión de la ética propuesto y desarrollado por García-Marzá (2004), permite a las empresas y organizaciones económicas controlar y gestionar debidamente la dimensión ética que le subyace para generar y potenciar los bienes cordiales que son condición de posibilidad de su actividad y del logro de un máximo beneficio económico. Ahora bien, para ello sería necesario ampliar y reforzar el sistema atendiendo al menos tres cuestiones importantes:

(i) Es necesario concretar un sistema que se preocupe de promover y fomentar la monitorización de las conductas en un sentido amplio. Se trata de que controle los comportamientos tanto particulares como empresariales y organizacionales, puesto que un acto irresponsable puede ser atribuible a las acciones y toma de decisiones tanto de una persona como de una empresa u organización. También de que tenga en cuenta el ámbito de actividad interno y externo de la empresa u organización, puesto que en muchos casos un comportamiento inadecuado deja su impronta más allá de sus fronteras, lo cual complica su percepción y posible subsanación o corrección. Por ello, el sistema debería buscar la implicación comprometida de los whistleblowers externos mediante la implementación de programas de concienciación y la concreción y publicitación de mecanismos de comunicación que posibiliten su participación.

(ii) Es preciso reorientar el sistema para que se preocupe tanto de las conductas impropias —detectar y/o prevenir aquellos comportamientos irregulares en sentido ético-legal— como legítimas —comprobar el nivel de adecuación de las conductas con los mínimos de justicia de una sociedad global y plural—. Para ello, el sistema debería abrirse a las opiniones, sugerencias, propuestas y felicitaciones de los whistleblowers internos y externos, así como contemplar en su Política de cumplimiento tanto el diálogo sobre su altura moral respecto a las exigencias del momento histórico como los protocolos para fomentar, concienciar, potenciar y recompensar aquellos comportamientos adecuados.

(iii) Es necesario fomentar un sistema que no deje en manos de unos pocos whistleblowers cordiales internos la posibilidad de detectar irregulares ético-legales o el nivel de altura moral alcanzado por la empresa u organización. Para ello, es necesario fomentar la figura del whistleblower cordial tanto interna como externamente; es decir, promover un ethos cordial entre todos los stakeholders que genere y potencie el compromiso reflexivo y emotivo necesario para participar de los objetivos empresariales u organizacionales.

Atendiendo estas tres cuestiones, un sistema whistleblowing como el propuesto podría complementarse con un sistema integrado de gestión de la ética como el diseñado por García-Marzá para ayudar a las organizaciones y empresas a conformar y gestionar ese ethos que posibilita orientar la actividad hacia el horizonte de sentido que le es propio. En definitiva, un sistema de monitorización y gestión del ámbito moral que ayude a afrontar con inteligencia y confianza los retos actuales del proceso de globalización económica mediante la constitución de organizaciones y empresas cordiales a la altura que el momento histórico exige.

 

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Notas

* Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico FI2013-47136-C2-2-P, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y con Fondos FEDER de la Unión Europea, y en las actividades del grupo de investigación de excelencia PROMETEO/2009/085 de la Generalitat Valenciana. Las ideas expuestas en este trabajo son deudoras de un proceso continuado de discusión entre las diferentes personas que componen el grupo de trabajo Filosofía política y Ética empresarial de la Universitat Jaume I. Agradezco especialmente las ideas, sugerencias y aportaciones de Domingo García-Marzá y Elsa González.

¹ Siguiendo la idea de Conill, en este trabajo se entiende por horizonte "el conjunto de factores que constituyen la experiencia humana". Una noción que, anclada en el 'mundo de la vida', en ese espacio donde la subjetividad de la vida humana está en juego, "permite resaltar la dimensión experiencial de la vida y del pensamiento" (Conill, 2006b, 11).

² Según argumenta Enderle, el término ética económica "abarca toda la vida económica desde el punto de vista ético. Por eso, el campo de la 'ética económica' incluye 'la ética empresarial' como parte importante, pero es más amplio que ésta porque la vida económica es más amplia que la vida empresarial" (1993, 92).

³ Cf. para una crítica sobre el concepto de eficiencia Mintzberg (1989).

⁴ Por un lado, la oikonomia versa sobre la administración del hogar, una actividad que está al servicio de la satisfacción de necesidades y al logro del bien común. Por otro, la crematística es una actividad cuya meta está relacionada con la adquisición de riqueza, que, además, es ilimitada (Conill, 2006b).

⁵ Cf. para conocer más sobre de los diferentes modelos de fundamentación Cortina (1990, 42-119; 1992, 79-139).

⁶ Cf. para el pensamiento de John Rawls, Martínez (1999).

⁷ Habermas entiende por moral todas aquellas "intuiciones que nos informan acerca del mejor modo de comportarnos para contrarrestar mediante la consideración y el respeto la extrema vulnerabilidad de las personas" (Habermas, 1991, 105).

⁸ El principio formal kantiano se constituye así como principio procedimental de la ética discursiva (D).

⁹ Cf. para el conocimiento de las distintas propuestas de aplicación de lo moral Conill (2006b, 23- 83).

¹⁰ Como ejemplo, véase Conill (2006b); García Marzá (2004); y Lozano (2013).

¹¹ Esta ética mínima tiene como trasfondo un doble principio ético: el kantiano de la dignidad humana y el reconocimiento recíproco de aquellas personas que se identifican mutuamente como interlocutores válidos capacitados de habla y acción (Cortina, 2003, 31).

¹² Por monitorización se entiende aquí la "Acción o efecto de monitorizar" (RAE, 2014) en un sentido amplio, es decir, no sólo "Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías" (RAE, 2014), sino participar colectivamente en la mejora, corrección o erradicación de tales "anomalías", especialmente aquellas que tengan que ver con un comportamiento deseable y exigible, a través del diálogo y el acuerdo intersubjetivo entre implicados y/o afectados por éstas. Para una mayor comprensión del concepto de monitorización y sus mecanismos y posibles aplicaciones en la práctica Feenstra (2012).

¹³ Por bien cordial se entiende todo aquel recurso o acervo común que emerge y desarrolla de relaciones fundadas sobre el reconocimiento recíproco de la capacidades comunicativas y afectivas de los participantes; es decir, aquellas relaciones forjadas desde el basamento de una ética cordial como la propuesta y desarrollada por Cortina en sus últimos trabajos (2007; 2010; 2013; 2014).

¹⁴ Por participación cordial se entiende aquella relacionalidad interpersonal que, forjada desde una racionalidad en sentido cordial como la propuesta por Cortina —reflexiva y emotiva al mismo tiempo— busca tanto el entendimiento sobre algo en mundo como su acontecer en el ámbito práctico.

¹⁵ En este estudio se entiende por stakeholder cordial todo aquel individuo o grupo que, pudiendo afectar o ser afectado por las actividades o decisiones de la empresa u organización económica, se adentran en el terreno de la cordialidad para relacionarse con los demás en busca de objetivos comúnmente compartidos, como, por ejemplo, entenderse sobre cosas en el mundo y lograr su acontecer en el ámbito práctico. Para conocer más acerca de la racionalidad cordial Cortina (2007, 2010, 2014); y para un mayor conocimiento sobre la teoría de los stakeholders y su aplicación práctica desde una perspectiva moral González (2007, 2012).

¹⁶ Cf. al respecto Abellán (2014); Comas (2007); Escario (2014); Faus (2013); Fernández (2010); Gómez y Méndez (2014); Noceda (2010); Pontevedra y Hermida (2014); Pozzi (2006); Rincón et. al. (2014); Traynor (2014).

¹⁷ Todo parece indicar que el término whistleblowig fue acuñado por Nader durante su participación en la "Conference on Professional Responsibility" realizada en Washington D.C. el 30 de enero de 1971. Un mes después Philip M. Boffey dejó constancia escrita del mismo a través del resumen de la conferencia de Nader elaborado para la revista Science (Boffey, 1971, 549-551).

¹⁸ Artículos de la Ley SOX más importantes al respecto: 302, 401, 404, 409, 802 y 906.