Patrimonio cultural, estado y sociedad

Waisman establecía que “la definición de lo que se entiende por patrimonio no puede intentarse si antes no se determina cuál será el proyecto cultural a partir del cual se valorará el conjunto de objetos que han de considerarse como patrimoniales. Pues a ningún objeto puede asignársele o reconocérsele valor, (…) si no es en relación con un grupo social” (^{Waisman, 1993}). En este sentido, ^{García (2013)} menciona que las nuevas formas de interacción entre capital, estado y sociedad establecen que los proyectos de gestión del patrimonio cultural no deben centrarse exclusivamente en su conservación o restauración y protección, sino también en los usos sociales del patrimonio.

El patrimonio cultural se refiere a ese acervo de “elementos culturales -tangibles unos, intangibles los otros - que una sociedad determinada considera suyos” (^{Bonfil, 2003}). Por lo que respecta al patrimonio cultural urbano, su creación obedece a una construcción social integral que involucra no solamente al Estado, pues considera los diversos actores, intereses, visiones y hasta imaginarios que intervienen (^{Coulomb & Vega, 2016}). Es claro que, en cualquier acción destinada a la gestión del patrimonio cultural, tiene que ser establecido previamente un proyecto cultural en relación con un grupo social, considerando que este patrimonio “es, esencialmente, una obra colectiva, producida por el conjunto de la sociedad” (^{Rosas, 2000}).

Cabe señalar que, en sociedades altamente diferenciadas, la participación en la construcción y el acceso de los diversos grupos sociales al patrimonio cultural es diferencial, aun cuando es una obra colectiva (^{Rosas, 2000}). Esto se debe a que, en primera instancia, son los poderes constituidos quienes resuelven el arquetipo político-cultural que determinará el proyecto. De acuerdo con ^{Prats (2000)}, quienes determinan los repertorios patrimoniales “adjetivados” son en primer lugar estos poderes, fundamentalmente el poder político, es decir, “la selección y el rescate de los bienes patrimoniales se realiza de acuerdo con los particulares valores de los grupos sociales dominantes, que por fuerza resultan restrictivos y exclusivos” (^{Florescano, 2013}).

^{García (2013)} menciona que existen cuatro paradigmas político-culturales que expresan las distintas formas de comprender el patrimonio cultural y su gestión:

El enfoque participacionista hace referencia a una visión integral y democrática de los procesos de patrimonialización, considerando clave la participación social y teniendo en cuenta las diferentes opiniones y hábitos al momento de estimar qué elementos y de qué manera se conservarán; se caracteriza por contemplar tanto los edificios monumentales como la arquitectura habitacional y los espacios públicos (^{García, 2013}).

La planeación participativa aplicada a los centros históricos no está exenta de cierto sesgo excluyente al dar prioridad a la población residente (^{Coulomb & Vega, 2016}); sin embargo, mencionar que se debe dar prioridad a los residentes de los centros históricos no significa una exclusión a priori del resto de la población. En este sentido, el proyecto cultural a partir del cual se valorará el patrimonio será el medio que determine el alcance de la participación social.

La participación de la sociedad en los procesos de decisión no sustituye el papel del Estado o de los especialistas, pero sí ofrece “una fuente de sentido” para redefinir las tareas y avanzar en la democratización (^{García, 2013}). Asimismo, la participación social puede ser clave para prevenir que las ciudades se conviertan en figuras históricas de estructuras y formas sin función, o bien, en espacios que los artistas, intelectuales, burgueses y principalmente los especuladores se apropian como medio para destacar su excepción (^{Bohigas, 1969}).

Centro histórico y turismo en América Latina

La historia y la geografía de un pueblo son importantes para sus habitantes, y la mejor manera de valorarlas es preservando el paisaje cultural representado principalmente por su centro histórico, en él se encuentra, si se sabe descubrir, su historia, escrita en los muros de sus edificios antiguos, en los paisajes naturales de su entorno, en sus plazas, fuentes, ríos y todos los elementos que lo componen. (^{Ortiz & Tamayo, 2012})

Desde sus inicios, el centro histórico en conjunto con sus agregados físico-espaciales posteriores ha sido un acontecimiento social, erigiéndose como expresión social, cultural, económica y política en un espacio determinado; es decir, constituyéndose como el ambiente sociourbano¹ que surge como el sitio inicial de vida civilizada en donde la sociedad edifica con determinadas condiciones, considerando las características territoriales y en donde la particularidad arquitectónica lo llevan a un hecho histórico y viceversa (^{Cantú, 2014}).

De acuerdo con una hipótesis planteada por ^{Carrión (2005)}, en América Latina podría existir un cambio de la tendencia “exógena y centrifuga” de desarrollo urbano a un modelo “endógeno y centrípeta” en donde el centro histórico adquiere mayor relevancia, generando nuevos retos relacionados con las simbologías existentes y las relaciones que las sustentan, así como los paradigmas monumentalistas de intervención. En este contexto, el centro histórico como espacio delimitado se vuelve “objeto de política, de discursos y de prácticas que van más allá de la política del patrimonio” y “tanto los discursos como las acciones de los poderes públicos contribuyen a reforzar la identidad de este espacio” (^{Melé, 2010}).

“La razón de existencia de la ciudad se encuentra en los espacios urbanos-arquitectónicos de identidad y referencias históricas, en donde acude la población una y otra vez, porque ahí están sus raíces, su pasado y su memoria histórica” (^{Cantú, 2016}). La producción de la ciudad se hace más evidente en los centros históricos, pues las acciones y el ordenamiento del espacio público introducen cambios en la apropiación de los espacios. En ocasiones, de manera explícita se tiende a la recalificación como estrategia para modificar la percepción de los actores privados e inducir una reactivación de las inversiones urbanas (^{Melé, 2006}).

^{Coulomb & Vega (2016)} mencionan que actualmente en América Latina y el Caribe se confrontan tres modelos de proyectos en los centros históricos:

A este respecto, es importante recordar que el carácter de los centros históricos está determinado, en esencia, “por su valor artístico, histórico social y de testimonio cultural humano” y requiere del Estado para su conservación, pero básicamente del consenso de la sociedad civil (^{Cantú, 2014}), de tal manera que la ciudadanización como proyecto emergente adquiere mayor relevancia para los procesos de decisión relacionados con el centro histórico.

Los centros históricos cuentan con una concentración patrimonial (dada su centralidad tradicional) que se convierte en un activo importante para diversas actividades económicas y urbanas, dentro de las que se encuentra el turismo. Los recursos del Estado son destinados principalmente, entre otros, a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbano, “teniendo como telón de fondo el turismo” (^{Carrión, 2013}), razón por la que estos adquieren relevancia como una fuente de recursos para el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, es importante reconocer que, para realizar el resguardo efectivo del centro histórico, es necesario tener en cuenta a los habitantes que ahí radican y trabajan, y no limitarse al rescate del patrimonio arquitectónico como objeto urbano siguiendo las lógicas turístico-comerciales².

^{Coulomb (2008)} menciona que existen opiniones favorables al desarrollo del turismo en los centros históricos, fundamentadas en dos axiomas: el primero considera el “turismo cultural” como principio que consiente la diversidad cultural y el segundo lo valora como una importante fuente de financiamiento para la conservación del patrimonio cultural urbano. No obstante, al ser un “vector de globalización”, se presentarían impactos negativos como: conflictos entre turistas y residentes; tensiones entre empresarios locales y la industria turística trasnacional; la “folklorización” de auténticas expresiones culturales; y como fuente de nuevas desigualdades entre los beneficiarios y los marginados de la industria turística.

El caso del Centro Histórico de la ciudad de Durango

Proceso de creación del centro histórico

En Durango, el licenciado José Ignacio Gallegos, nombrado cronista de la ciudad de Durango, de manera solitaria durante décadas tuvo como objetivo el salvaguardar edificaciones del centro histórico de la ciudad de la acometida de quienes defendían una modernidad racional y funcionalista, la cual destruyó muchas de las edificaciones que habían fijado la fisionomía porfiriana de la ciudad. En años posteriores a esta empresa se unió un grupo de arquitectos que formaron el Consejo para la Preservación de Patrimonio (COPPAC) y gracias a sus esfuerzos en la protección del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico, el gobierno federal emitiría en el año 1982 el decreto que creaba la Zona de Monumentos en el Centro Histórico de la Ciudad de Durango (^{Vallebueno & Durazo, 2015}).

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de agosto de 1982, por decreto firmado por el presidente José López Portillo, se declara zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Durango, Dgo. El decreto dispone que la zona está formada por 142 manzanas (Figura 1) que comprenden edificios con valor histórico construidos entre los siglos XVI y XIX, destinados al uso religioso, educativo, servicios asistenciales, uso de autoridades civiles y militares; así como inmuebles civiles de uso particular en los que resaltan elementos del barroco y predominantemente del neoclásico, en los que se emplean los sistemas conservativos y los materiales característicos de la región (^{DOF, 1982}).

Fuente: Dirección Municipal de Desarrollo Urbano.

Figura 1 Delimitación del Centro Histórico de la ciudad de Victoria de Durango. 

El 31 de agosto de 2010, se declaró por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) una nueva área de protección, la cual está localizada dentro del perímetro federal y se convierte en Patrimonio de la Humanidad al ser uno de los 55 sitios que conforman el Camino Real Tierra Adentro que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Esta ruta, que se utilizó durante 300 años desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, también conocida como el Camino de la Planta, se extiende a lo largo de 2600 km desde Ciudad de México hasta Texas y Nuevo México y formaba parte del Camino Real Intercontinental Español, una ruta comercial que unía España con sus colonias en América y el sudeste de Asia (^{UNESCO, 2020}).

En este contexto, ^{Melé (1998)} afirma:

La inscripción en la lista del patrimonio mundial no constituye un maná financiero, sino una ventaja simbólica en términos de prestigio, el acceso a un valor patrimonial universal y, de manera más directa, una notoriedad susceptible de ser valorizada mediante acciones de desarrollo turístico. (p. 18)

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Victoria de Durango 2025, en la actualidad el Centro histórico de la ciudad de Victoria de Durango cuenta con 747 inmuebles catalogados; 224 de estos están alterados en su estructura original, cerca de 300 inmuebles se encuentran en estado ruinoso y 69 están destruidos (^{Gaceta Municipal, 2016a}).

Centro Histórico y turismo: intervención del patrimonio cultural inmueble

En México, las intervenciones públicas en los centros históricos se asemejan frecuentemente a resoluciones personales de los gobernadores, pues son quienes controlan tanto los conductos de financiamiento como el ambiente político local (^{Melé, 2010}). En el caso de la ciudad de Durango, es desde la administración estatal a cargo del C. P. Ismael Hernández Deras (2004 al 2010) que se ha tratado de posicionar a la ciudad como destino cultural del norte de México, por lo cual se ha llevado a cabo un programa de Intervención de Monumentos Históricos y Fachadas del Centro Histórico (^{Vallebueno & Durazo 2015}). Sin embargo, cabe destacar en este caso que no es el Centro Histórico el que es objeto de intervención, sino el proyecto turístico el que constituye el medio para la intervención de este y, por consiguiente, la protección del patrimonio cultural inmueble³.

A partir de este proyecto se podría establecer que el proceso de intervención del centro histórico de la ciudad de Durango se visualiza desde un paradigma político cultural que ^{García (2013)} considera mercantilista, ya que la conservación de los bienes patrimoniales es motivada por diversos sectores, entre los que se encuentra el turístico. El desarrollo del turismo crea una industria en torno a los monumentos, y la mercantilización presenta ventajas (como el aporte de divisas) y desventajas (como convertir los lugares en meros decorados y sitios sin vida) (^{Chanes, 2001}); o bien, como menciona ^{Prats (2000)}, presenta una confrontación entre la lógica turístico-comercial y la lógica identitaria. Pero ¿qué interesa más, la identidad de los distintos grupos sociales o los recursos que genera el turismo?

Como se mencionó anteriormente, el turismo constituye el medio de intervención del centro histórico y por lo tanto la conservación del patrimonio cultural inmueble. En este sentido, la inversión en turismo, que en efecto puede ser un mecanismo de “espectacularización” del patrimonio -a partir de su valoración como producto de consumo que es la visión que prima-, también puede ser un instrumento para el fortalecimiento de las identidades sociales y culturales de la sociedad (^{Carrión, 2013}).

A razón de este proyecto, en la ciudad se realizaron diversas intervenciones en algunos edificios y espacios del centro histórico, teniendo como telón de fondo el turismo. A continuación, se mencionan algunas de las acciones realizadas⁴.

Conversión en paseo peatonal de la calle Constitución

Una de las primeras acciones de intervención del centro histórico a razón del proyecto turístico fue convertir la calle Constitución en una vía peatonal, este espacio se recuperó y dio paso al Corredor o Paseo Constitución. En una primera etapa, el proyecto se contempló desde calle Gabino Barreda hasta Avenida 20 de noviembre; la segunda etapa se consideró desde Avenida 20 de noviembre hasta Avenida Francisco Sarabia. Cabe destacar que desde su intervención durante el Gobierno del C. P. Ismael Hernández Deras hasta nuestros días, en este corredor han proliferado comercios, restaurantes, bares y servicios pertenecientes a propietarios locales o a cadenas nacionales e internacionales y, en general, a lugares destinados al esparcimiento; desplazando de manera gradual a los comerciantes que no tuvieron la capacidad financiera para solventar el posible aumento de los costos catastrales o de arrendamiento provocados por la gentrificación comercial. En años posteriores, el proyecto de peatonalización se continuó hasta el tradicional Barrio de Analco, por la calle del mismo nombre, desde Avenida Francisco Sarabia hasta calle Volantín (Figura 2).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Corredor Constitución. 

En este espacio se realizaron trabajos para recuperar fachadas de edificios considerados Monumentos Históricos, así como de edificios contiguos a estos. En algunos casos se cayó en el fachadismo de un set cinematográfico; un claro ejemplo de esto es el inmueble localizado a un costado de Catedral (Figura 3), la función de este espacio es de estacionamiento en su parte posterior y locales comerciales en su parte anterior. Sin embargo, aun cuando se visualiza un inmueble de dos niveles, en realidad solo la parte baja es funcional, ya que el nivel superior solo cuenta con la fachada a modo de escenografía, sin ninguna construcción interior. Este es un ejemplo de decorativismo superficial y un arreglo más o menos escenográfico promotor de falsa identidad, pero justificada como acción de imagen urbana por el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Durango (RIUMD).

Fuente: Fotografía tomada por A. Reyes.

Figura 3 Inmueble que representa la intervención con una visión escenográfica de los espacios de valor patrimonial del Centro Histórico. 

Intento de recuperación de los edificios Banco Comercial de Durango y La Francia Marítima

Dos ejemplos en los que el proyecto turístico se convierte en un medio para la intervención de espacios del centro histórico son los inmuebles que mencionan ^{Vallebueno & Durazo (2015)} y que ocupan el banco BBVABancomer en Avenida 20 de noviembre y calle Constitución, así como la tienda Innovasport en la esquina de 5 de febrero y Juárez (anteriormente el Banco Comercial de Durango⁵ y la Francia Marítima⁶, respectivamente). En estos casos se reprodujeron fachadas de antiguos edificios que se encontraban en los mismos predios, donde se podría considerar que se efectuaron arreglos más o menos escenográficos y que denotarían una valoración de consumo de esos espacios del centro histórico (Figura 4).

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes tomadas por A. Reyes e imágenes del libro Durango Antiguo de Manuel ^{Lozoya Cigarroa (2003)}.

Figura 4 Ejemplo de reproducción de fachadas de antiguos inmuebles. 

Eliminación de edificio para la creación de la Plaza Fundadores

En el caso de los ejemplos anteriores se decidió por la reproducción de fachadas, pero en el inmueble donde se encontraba una tienda departamental perteneciente a SEARS, en calle Constitución esquina con calle 5 de febrero, no se tomó la decisión de hacer una reproducción de la fachada del inmueble que existió anteriormente. Al igual que SEARS de uso comercial, conocido coloquialmente como el Palomar, en su lugar se dispuso la demolición de este para dar paso a la Plaza Fundadores⁷ que no existía en ese lugar (Figura 5).

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes tomadas por A. Reyes, imágenes del libro Durango Antiguo de Manuel Lozoya Cigarroa e imagen publicada por el periódico El Siglo de Torreón el miércoles 24 de marzo de 2010 (recuperada de https://www.elsiglodetorreon.com.mx/m/i/2010/03/194790.jpeg).

Figura 5 Creación de la Plaza Fundadores. 

En este caso, el espacio presentó un proceso de descontextualización y recontextualización, dejó de ser un espacio comercial para convertirse en un espacio museográfico. Además, se tomaron elementos identitarios, como la fundación de la ciudad, para asignar nuevos significados y valores, edificando diferentes monumentos como el obelisco que conmemora los 450 años de la fundación de la ciudad, así como un panel monumental que también hace referencia a ese evento, entre otros elementos. Cabe destacar que el artículo 130 del RIUMD considera este espacio bajo protección del reglamento por su carácter cultural (^{Gaceta Municipal 2016b}).

Alteración del templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos

Con respecto al templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos⁸ (contiguo a la plaza), se realizaron acciones de conservación para preservar su integridad física. Por ejemplo, se agregaron cuatro contrafuertes con arbotantes a la fachada norte de la iglesia, un claro ejemplo de “falso histórico” (Figura 5), ya que no existe evidencia de que estos sean característicos de la ciudad de Durango. Estos elementos se incorporaron por razones estructurales; ya que, en un inicio, en el lugar que actualmente ocupa la Plaza Fundadores se ubicaban dos inmuebles mencionados anteriormente, el Palomar y el edificio de SEARS, que en alguna medida contribuían a la integridad estructural del templo.

Conversión de la Casa de Zambrano en museo

Otros ejemplos importantes son los museos Francisco Villa⁹ (inmueble del siglo XVIII) y el museo de la Ciudad 450¹⁰ (del siglo XIX) (Figura 6), donde ejercían los poderes ejecutivos del estado y del municipio, respectivamente. En estos casos se realizó el proceso de descontextualización y recontextualización; se realizaron cambios de materiales principalmente en pisos de patios centrales y se utilizaron referentes identitarios, como lo es el General Francisco Villa (el cual presenta una valoración de consumo) para el caso del museo con el mismo nombre. Cabe mencionar que el edificio se separa de manera simbólica de los inmuebles aledaños que junto a este conformaban el entorno donde ejercían los tres poderes de gobierno. Es preciso señalar que en este caso se corre el riesgo de que en alguna medida esa zona del Centro Histórico se pueda erosionar o vaciar. En este sentido, ^{Carrión (2005)} menciona que:

Se deterioran por la salida de las funciones de representación política, que reducen -por ejemplo- su condición de constructor de identidades, integraciones e imaginarios sociales. Cuando salen los órganos de representación política se pierde centralidad y representación en ámbitos superiores al propio centro histórico.

Fuente: Fotografías tomadas por A. Reyes.

Figura 6 Ejemplo de inmuebles donde se prioriza su valor de consumo. 

Por lo que respecta al Museo de la Ciudad 450, se utilizó como referente identitario distintivo la historia de la ciudad para asignar nuevos significados y funciones, las cuales eran meramente administrativas, con el objetivo de convertirse en una entidad dedicada a la promoción, desarrollo y protección del patrimonio cultural y artístico de los duranguenses.

Intervención de la Catedral de Durango

Una de las intervenciones más importantes se realizó a la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción¹¹, un inmueble construido en el periodo comprendido entre finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII bajo un estilo barroco (^{Martínez, 2013}). Entre los años 2010 y 2011 se realizaron acciones avaladas y supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), con el fin de mitigar los daños ocasionados por la humedad resultante del retiro del aplanado de los muros exteriores en los años 60 (Figura 7). Las acciones realizadas generaron un fuerte rechazo de ciertos sectores de la sociedad, ya que dicho proyecto no se socializó, por lo que no se informó a la sociedad acerca de las razones de dicha intervención.

Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía tomada por A. Reyes, imagen publicada por Camisería Londres en los años 40 e imagen recuperada de i.pinimg.com (https://i.pinimg.com/originals/25/c4/62/25c462fd8f09097a728fe48ad22352a1.jpg).

Figura 7 Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. 

Las acciones contemplaron la colocación de aplanados en los muros exteriores, en la Sala Capitular, la Sacristía y el Museo de Arte Religioso, que en alguna medida permitirán mitigar el efecto de la humedad en la estructura. Las labores forman parte del proceso de rehabilitación de monumentos históricos del Centro Histórico de la ciudad de Durango, consideradas en el expediente para la candidatura de declaratoria del Itinerario Cultural El Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Mundial (^{INAH, 2010}).

Como se mencionó anteriormente, el proyecto turístico detonó la intervención del Centro Histórico de la ciudad de Durango y sus Monumentos Históricos. En este sentido, ^{Vallebueno & Durazo (2015)} mencionan que es necesario normar un criterio de intervención basado en la Carta de Cracovia 2000 (Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido), donde se asienta que las ciudades históricas requieren un proceso de planificación holística que incluya no solo las estructuras y los espacios, sino también los factores humanos presentes en el continuo proceso de evolución y cambio. Así mismo, la conservación del patrimonio debe integrarse plenamente a los procesos de planificación y administración de una comunidad, teniendo presente la variedad de intereses y los múltiples valores del patrimonio, además de que la participación en los procesos de decisión sea tanto un asunto tanto de especialistas y administradores como de los habitantes (^{Rivera & Pérez, 2000}).

En el caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH), esta establece que la política mexicana de patrimonio cultural está orientada no solo hacia la protección, conservación, restauración y recuperación de los bienes de valor patrimonial, sino también hacia el fomento de su conocimiento y la participación de la sociedad en su gestión. Por tal motivo, si se pretende normar un criterio integral de intervención, es necesaria la participación de todos los sectores de la población.

A este respecto, ^{García (2013)} menciona que una visión reformulada del patrimonio no tiene por qué reducirse a un asunto de especialistas, sino a todos los sectores cuya identidad se ve trastocada por los usos hegemónicos del patrimonio, una visión que considere su utilidad social y cómo la sociedad se apropia de su historia, cuya promoción pueda contribuir al afianzamiento de la nación como una realidad de cohesión en un proyecto histórico solidario a los grupos sociales interesados en su calidad de vida y las formas de habitar el espacio.

Si se pretende que el criterio de intervención y planificación del centro histórico se realice con una visión holística, la academia adquiere mayor relevancia como instrumento para conocer los distintos intereses, valores y aproximaciones al patrimonio; no solo de los grupos sociales dominantes que tradicionalmente toman las decisiones, sino también de las clases subalternas receptoras de los bienes, puesto que el patrimonio es un acto colectivo. A este respecto, ^{García (2013)} menciona que aun cuando en México se dispone de una amplia bibliografía de catalogación y descripción de sitios, edificios coloniales y monumentos, existen pocas investigaciones sobre qué hacen y cómo piensan quienes reciben estos bienes. En el caso de la ciudad de Durango, se cuenta con algunos estudios sobre la conformación e intervención del centro histórico y los monumentos contenidos en él; sin embargo, no se encontró evidencia de trabajos que consideren al receptor de los bienes patrimoniales y su relación con estos.

En la ciudad de Durango, el proyecto turístico detonó la intervención del centro histórico y los monumentos contenidos en él. Estas acciones, al igual que han tenido aceptación, han generado un debate en ciertos sectores de la sociedad sobre el alcance de las intervenciones a los Monumentos Históricos y los espacios de valor patrimonial ^{Vallebueno & Durazo (2015)}. El objetivo de este trabajo es analizar el estado actual de la relación que la sociedad tiene con el centro histórico de la ciudad de Victoria de Durango y los inmuebles considerados por especialistas e instancias oficiales como Monumentos Históricos, a partir de cuatro elementos: el conocimiento, la valoración y la apropiación del patrimonio, así como la participación en los procesos de decisión.

Conocimiento del Centro Histórico

Con respecto al conocimiento, los resultados mostraron que el 80% de los encuestados no conoce que el centro histórico de la ciudad de Durango es Patrimonio de la Humanidad, y el 61.58% de los encuestados tampoco identifica lo que es el Camino Real Tierra Adentro o Camino de la Plata (razón por la que el Centro Histórico tiene la distinción patrimonial). Por otra parte, de los 747 Monumentos Históricos, los participantes solo identificaron 21, esto es el 3% del total. El inmueble que se mencionó en mayor proporción fue Catedral (49.47%), seguido del Teatro Ricardo Castro (19.47%). Es importante mencionar que estos monumentos pertenecen al Estado. Con respecto a los monumentos con régimen privado, la Casa del Conde del Valle de Súchil (Casa de Cultura CitiBanamex) fue el que más menciones obtuvo, con 10.53% del total de las personas encuestadas (Tabla 1).

Valoración del patrimonio arquitectónico

En relación con la valoración, la Catedral es el monumento que más se identifica; aun así, solo el 4.21% piensa que es importante su conservación y el 8.95% piensa que es muy importante. El resto de los encuestados no contestó. En el caso del Teatro Ricardo Castro, el 2.11% y el 10.53% de los encuestados piensa que su conservación es importante y muy importante, respectivamente; de igual forma, en el caso de la Casa de del Conde del Valle de Súchil (monumento con régimen privado más mencionado), solo el 1.05% considera que es importante su conservación y el 2.11% que es muy importante. El resto de los encuestados no contestó. Los resultados muestran un comportamiento similar con respecto a los demás monumentos identificados¹² (Tabla 2).

Apropiación del patrimonio arquitectónico

En cuanto a la apropiación, el 35.26% de los encuestados manifiesta una apropiación regular con respecto al Centro Histórico, el 38.95% solamente apropiación y el 13.68% apropiación alta (Tabla 3). Mientras tanto, el 46.32% de los encuestados manifiesta apropiación de algún inmueble considerado monumento histórico (Tabla 4), pero esto solo representa el 1.34% del total. Entre los que más se mencionan están la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción (referida por el 13.16% de los encuestados) y el Teatro Ricardo Castro (mencionado por el 12.63%). En cuanto a los monumentos de régimen privado, la que presenta una mayor cantidad de menciones es la Casa del Conde del Valle de Súchil, ya que el 3.16% de los encuestados la nombran.

Participación social en la conformación del patrimonio arquitectónico

Por un lado, se podría decir que el nivel de participación de la sociedad en las acciones de intervención y toma de decisiones relacionadas con el patrimonio arquitectónico es muy bajo; por otro lado, el interés por participar en proyectos de conservación se podría considerar alto, en virtud de que el 31.58% está medianamente interesado, el 25.79% está interesado y el 11.05% está muy interesado (Tabla 5). Por tanto, los resultados podrían ser una explicación a los niveles de apropiación de la arquitectura y los espacios de valor patrimonial.

Adicionalmente, aun cuando se podría considerar que la participación es baja, el 67.37% de los encuestados piensa que las autoridades sí están ayudando en la conservación de este patrimonio (Tabla 6); no obstante, los porcentajes de aprobación de las intervenciones a los inmuebles varían. Por ejemplo, solo el 35.79% está de acuerdo y el 10% muy de acuerdo con estas (Tabla 7), por lo que se podría deducir que el colectivo está consciente de que el Estado realiza acciones para conservar el patrimonio, aunque no está de acuerdo en todo el tipo de intervenciones que realiza.

Con respecto a los inmuebles que pertenecen a particulares, el 63.68% de los encuestados están de acuerdo con que el Estado y el propietario conserven el patrimonio arquitectónico con recursos conjuntos y el 34.74% con recursos del Estado (Tabla 8); por lo tanto, se podría inferir que en alguna medida el colectivo valora el patrimonio, ya que considera viable el uso de recursos públicos para conservarlo incluso cuando pertenezca a particulares.