INTRODUCCIÓN

En México, las actividades mineras han adquirido una amplia relevancia en el debate nacional. Por una parte, se destaca su contribución al aumento del producto interno bruto dentro de la inversión extranjera directa (^{Guevara 2016}). También se ha apreciado el alto potencial de México como exportador de minerales, pero con un alto costo socioambiental (^{Delgado 2010}). Asimismo, se destacan avances en materia legislativa y regulatoria (^{INECC 2016}).

En contraparte, algunos autores se han enfocado a analizar el tema de la generación de conflictos distributivos, tanto económicos como socioambientales (^{Composto 2012}, ^{Azamar y Ponce 2015}). En este sentido, por ejemplo, enfatizan la importancia de nuevos derechos (humanos y de pueblos indígenas) como mecanismos de la sociedad para definir la pertinencia o improcedencia de proyectos mineros en sus territorios. El estado de Oaxaca no ha sido la excepción en este debate. Dada su riqueza mineral y su alta diversidad biológica y cultural, el tema ha sido intensamente discutido. El proyecto minero de Capulálpam de Méndez en la región Sierra Norte, y el de San José del Progreso en la región Valles Centrales, son dos casos ampliamente analizados y discutidos del debate estatal (^{Sigüenza 1996}, ^{Fuente y Barkin 2013}, ^{Azamar y Ponce 2014}).

El análisis (político y académico) realizado sobre el papel de la minería presenta un contrasentido. Por un lado, existe una amplia discusión sobre las implicaciones (positivas y negativas) del desarrollo de la industria minera en el siglo XXI. Por otro lado, las implicaciones y riesgo para la salud de la actividad minera abandonada en el siglo XX está ausente del debate nacional y estatal. Hay evidencias de la existencia de reservorios de residuos de minería (jales) a lo largo de la República Mexicana, pero no existen mecanismos jurídicos ni estudios que valoren esta situación como potenciales generadores de riesgo. En este sentido, se propone abrir una línea de investigación que permita generar un mayor conocimiento sobre la relación entre un problema de contaminación heredado del siglo pasado (XX) para las generaciones presentes y futuras (XXI). Los estudios de ^{Martín y Gutiérrez (2010)} proporcionan antecedentes relevantes en esta exploración al señalar que las técnicas de flotación y cianuración para extraer grandes cantidades de metales preciosos han sido las causantes de la generación de enormes volúmenes de jales.

Como se puede evidenciar, se trata de un tema relevante no sólo desde el punto de vista académico, sino también (y sobre todo) desde la óptica de la política pública. No es un estudio histórico-académico orientado hacia la evaluación retrospectiva del impacto que tuvo la actividad minera del siglo pasado; es un asunto preventivo de salud pública y ambiental. Específicamente, se trata de identificar los riesgos a la salud para las generaciones presentes y futuras de los habitantes de comunidades que albergaron la actividad minera. Y concretamente se pretende caracterizar la exposición de los habitantes a la presencia y dispersión de metales pesados en los llamados jales como reservorios de residuos industriales. Desde el punto de vista de política pública y ambiental se evidencia la necesidad de contar con información empírica de problemas de contaminación sui generis (los jales) como insumos para desarrollar e incluir nuevos principios ambientales en los instrumentos jurídicos. El referente empírico se desarrolla en la población de San Jerónimo Taviche, ubicada en la región de los Valles Centrales del estado de Oaxaca.

A partir del análisis de la situación local, se propone una interrogante desde el ámbito de las responsabilidades públicas: ¿quién es responsable de atender este problema de contaminación? La falta de atención a este asunto de salud pública puede considerarse jurídicamente como una violación a los derechos humanos conforme al artículo cuarto de la Constitución mexicana, en el que explícitamente se indica la responsabilidad del Estado para mantener un ambiente saludable.

El abordaje metodológico tiene un carácter interdisciplinario. Abarca tanto aspectos de tipo técnico para identificar los contenidos de metales pesados en los jales (y en el suelo y agua en contacto con ellos), como de tipo social, entre los cuales se exploran algunos componentes sociodemográficos. Estos temas se exponen desde tres ejes de análisis: en el primero se proporcionan algunos antecedentes del sector minero en el periodo comprendido entre el inicio de la época colonial y mediados del siglo XX; en el segundo eje se hace una descripción técnica del potencial de contaminante de los jales, y su relación con el tema de los riesgos a la salud; en el tercero, se realiza una descripción del referente empírico (San Jerónimo Taviche) y su actividad minera durante el siglo XX. Finalmente, se formula una hipótesis de trabajo sobre el riesgo potencial a la salud de los habitantes de la población (pasado, presente y futuro) de los jales ubicados en su territorio.

CONTEXTO

MATERIALES Y MÉTODOS

El lugar de estudio es el municipio de San Jerónimo Taviche, pertenece al distrito de Ocotlán, en el estado de Oaxaca, México. Se encuentra aproximadamente 46 km al sur de la ciudad de Oaxaca, en las coordenadas 16º 42’ 48.7” N, 96º 35’ 39.5” O, con una altitud media de 1700 msnm.

Técnica

Estudios de contenido de metales pesados

Las muestras compuestas de suelo y jales se extrajeron a una profundidad de 0-15 cm. Para obtener las muestras de agua se hizo una excavación hasta una profundidad de 30 cm en el caudal del arroyo para acumular el agua (Fig. 1). A las muestras se les agregó ácido nítrico y se refrigeraron a 4 ºC hasta su análisis.

Fig. 1 Localización de los sitios de muestreo en el municipio de San Jerónimo Taviche, Oaxaca, México 

Las muestras de suelo y jal se secaron a 95 ºC hasta peso constante. Para determinar el contenido total de metales pesados (CTMP) se utilizaron 0.5 g de suelo (tamizado a 2 mm) y se realizó la digestión en mezcla de ácido nítrico, peróxido de hidrogeno y agua (HNO₃:H₂O₂:H₂O; 3:2:10) durante 30 min en autoclave a 1.02 atm. El filtrado se enrasó a 50 mL (^{Moreno 2010}). Para la fracción extraíble con ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA), desarrollado por ^{Lindsay y Norvell (1978)}, se utilizaron 10 g (jal y suelo) y 10 mL (agua) de muestra por 20 mL de DTPA (0.005 M DTPA, 0.1 M trietanolamina y 0.01 M cloruro de calcio, con pH de 7.3). Para las muestras de agua se siguieron las indicaciones de la NOM-001-SEMARNAT-1996 (^{SEMARNAT 1996}).

Tanto las muestras como los blancos se analizaron por triplicado. Las lecturas de metales pesados se realizaron por espectrofotometría de absorción atómica (Perkin Elmer AAnalyst). Se cuantificaron cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación proporcionan una aproximación a la problemática de salud ambiental asociada a los jales que se presenta en San Jerónimo Taviche.

Los mineros recuerdan de manera clara una mayor incidencia de problemas respiratorios en las personas dedicadas a la extracción. Sólo un pequeño grupo de mineros de 60 a 72 años de edad (promedio = 68 años; desviación estándar = 5.04) sobrevive actualmente en la población. Relatan que estuvieron expuestos directa e indirectamente a mercurio, plomo, cianuro y arsénico, y describen la situación laboral en las empresas que recuerdan personalmente o por relatos de sus abuelos y padres (Cuadro I). La mayor problemática de salud relatada es la relacionada con las vías respiratorias. Perforaban las rocas protegidos únicamente con un paliacate para cubrir las vías respiratorias, por consiguiente, inhalaban cristales de sílice por largos periodos de tiempo. La inhalación constante de estos cristales ocasiona silicosis, cuyo diagnóstico sólo requiere el conocimiento de la historia laboral de exposición a la sílice cristalina (^{Rees y Murray 2007}). Es una enfermedad pulmonar que puede desencadenar cáncer pulmonar, problemas renales y tuberculosis (^{Martínez et al. 2010}).

A partir de la década de 1950, la empresa canadiense Minerales de Taviche generó dos jales a cielo abierto en la población, antes de la publicación de la Ley Minera de 1992 y de la NOM-141-SEMARNAT-2003 (^{SEMARNAT 2003}), donde se establece por primera vez el marco normativo de la concesión del aprovechamiento minero y de la planeación y ejecución de las presas de jales, respectivamente.

Son muchas las localidades que tienen jales depositados de manera incontrolada en México. ^{Romero et al. (2008)} reportan las concentraciones de metales pesados en las regiones de Santa Bárbara, Chihuahua; Zimapán, Hidalgo, y Taxco de Alarcón, Guerrero. Llegaron a encontrar hasta 6669 mg/kg de plomo en Santa Bárbara. San Jerónimo Taviche presenta la misma problemática. Los dos jales mencionados tienen un pH menor a 6 (^{Teodoro 2014}). El pH es el responsable de las reacciones de hidrolisis de los cationes que ocasionan alta movilidad de los metales (^{Ramos-Gómez et al. 2012}). Con un pH bajo se incrementa la adsorción de los iones metálicos a la superficie de los minerales, y a un pH alto ésta disminuye. En ambos jales, ^{Teodoro (2014)} encontró porcentajes bajos de materia orgánica (< 1.3), componente que regula la adsorción de iones metálicos (^{Warren y Haack 2001}). La descomposición de materia orgánica es el principal impulsor del carbono orgánico disuelto y la movilidad del metal en el suelo. La movilización del cobre depende del carbono orgánico disuelto, mientras que la movilización del zinc depende principalmente del calcio y en menor medida del carbono orgánico disuelto (^{Zhao et al. 2007}).

En los cuadros II y III se presentan las concentraciones de plomo y mercurio que sobrepasan la referencia total de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (^{SEMARNAT 2004}) en los jales y los diferentes sitios de muestreo de suelo (Fig. 1). El sitio A2 presentó la mayor concentración de mercurio y plomo. El jal B y los sitios de muestreo aledaños no muestran contaminación por mercurio. En la muestra A2, la concentración total de plomo fue 29.23 % mayor a la que se reporta en estudios realizados en los jales de Zimapán, Hidalgo (^{Romero et al. 2008}).

No existe una correlación de las concentraciones de metales pesados entre los sitios de muestreo y los jales. ^{Puga et al. (2006)} encontraron que no siempre hay homogeneidad en la relación de profundidad, distancia y concentración de los metales pesados, ya que, al carecer de materia orgánica, los jales no favorecen la retención de metales pesados, los cuales se infiltran a los cuerpos de agua con mayor facilidad. ^{Simón et al. (1999)} afirman que la infiltración de metales pesados generalmente tiende a disminuir entre 10 y 30 cm de profundidad en el suelo.

Para corroborar si los metales pesados son transportados a las zonas de acuíferos de la población, se realizaron análisis de agua en los arroyos que se encuentran cercanos a los jales (Fig. 1). El jal B contaminó el agua y suelo del arroyo aledaño con cadmio, cobre y zinc en mayor medida que el jal A. Sin embargo, el jal A contamino más el agua y suelo del arroyo con plomo (Cuadro IV). En los estados de Puebla y Veracruz, ^{Mancilla-Villa et al. (2012)} reportan algunos valores mayores a los límites máximos permisibles para plomo, cadmio y mercurio en agua utilizada para riego. Las concentraciones promedio de los metales respectivos fueron de 0.008, 0.01 y 0.005 mg/L. Las concentraciones de estos metales en los cuerpos de agua de Taviche son mayores (Cuadro IV). Esta diferencia se debe a la contaminación recibida desde los jales depositados de forma incontrolada en la comunidad.

La contaminación de las corrientes de agua por los jales ha generado un impacto negativo en el ambiente y en la salud de la población, como ya ha sucedido en otros estados de México (^{Moreno et al. 2012}, ^{Ortiz-Ortiz et al. 2017}). Esto se refleja en el porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años. A nivel nacional el porcentaje es de 2.7; sin embargo, San Jerónimo Taviche presenta un porcentaje del 4.3 (^{INEGI 2015}). El centro de salud de la comunidad informa que las enfermedades que a menudo aquejan a la comunidad (Cuadro V) son problemas estomacales y dolores de cabeza que se presentan en la época de lluvias. La población consume agua directamente de las tomas domiciliarias y comunales, la cual no recibe tratamientos previos de ningún tipo. Lo anterior es preocupante debido a que el tanque de agua está contaminado con plomo (Cuadro IV). La intoxicación crónica con plomo no presenta síntomas específicos, lo que complica un diagnóstico preciso (^{Beigel et al. 1998}).

Los resultados de la percepción de los jóvenes muestran que sólo el 4 % percibe a los jales como el principal problema ambiental en su comunidad. Asimismo, el 11.32 % de los estudiantes perciben otro tipo de problemas, como la pérdida de la diversidad biológica y la contaminación del agua. Perciben que los cuerpos de agua que presentan problemas de contaminación son los ríos que colindan con los jales. Sorprende que el 34 % identifique a los jales como un atractivo turístico. El 67 % admite que ha jugado en los jales. Esto indica el desconocimiento de la problemática por parte de la población y la escasa información existente. Los alumnos presentan una alta tasa de ausencias a clases a causa de enfermedades. El 27 % menciona que a menudo presenta problemas estomacales, y el 79 % de este grupo bebe el agua directamente de las tomas públicas o domiciliarias. Las enfermedades respiratorias son las más recurrentes, con un 75 % de incidencia.

La intención de las encuestas no fue encontrar una relación directa entre la concentración de metales pesados en los jales y los problemas de salud. Un estudio de tal naturaleza requiere la aprobación de las autoridades correspondientes y de la población para realizar una serie de actividades metodológicas, entre ellas análisis de sangre. El propósito es iniciar un banco de datos que sirva como un estudio de línea de base. Un punto relevante que arroja la encuesta es el alto nivel de desinformación de la comunidad. Sin embargo, la carencia de datos epidemiológicos no debería impedir la aplicación de ciertas medidas precautorias que eviten riesgos de salud a la población. Las investigaciones de riesgo deben incluirse en la política pública y la toma de decisiones.

En la legislación ambiental mexicana se contemplan algunos instrumentos que promueven la prevención de impactos al ambiente. Para la autorización de las concesiones mineras, el artículo 43 de la ley minera señala que la concesión será suspendida cuando éstas “Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad”, y “Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada”. La sociedad tiene ahora los instrumentos políticos y normativos necesarios para declinar cualquier concesión minera, pero no existen antecedentes sobre normas ambientales para las actividades mineras abandonadas del periodo histórico citado. Otro asunto más grave: no existen disposiciones normativas para el monitoreo de actividades mineras pasadas, y en su caso, para la aplicación de acciones de mitigación y remediación. Esto genera una pregunta ética: ¿de quién es la responsabilidad de dar seguimiento a este riesgo ambiental y de salud?

Por último, habrá que señalar que de acuerdo con los datos de la Sistema de Administración Minera (^{SIAM 2015}), la empresa minera canadiense Arco Resources Corp tiene la concesión minera en el territorio de San Jerónimo Taviche, y está actualmente en fase de exploración.

CONCLUSIONES

El plomo es el metal pesado con mayor presencia en las muestras de suelo y agua. Sus valores exceden la normatividad mexicana. La ingesta de este metal pesado por los pobladores representa el principal riesgo.

El desarrollo del presente trabajo posibilitó identificar uno de los principales riesgos en la comunidad. Sin embargo, la actual legislación minera mexicana ha justificado la asignación de concesiones desde una perspectiva de desarrollo sostenible que consiste en la preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales (^{DOF 2015}). El estudio identifica un área débil en materia de política ambiental y del papel del Estado por promover un ambiente sano: los jales de las minas abandonadas. Al otorgar una concesión, se confía en que el desarrollo tecnológico reducirá los daños hacia el ambiente. Sin embargo, no existe una legislación que promueva la remediación de la contaminación provocada por empresas mineras que extrajeron los minerales y ya no poseen la concesión.

Esta investigación presenta algunas limitaciones, ya que no profundiza en análisis clínicos en los habitantes. No obstante, es un acercamiento para entender la forma en que los jales contaminan y la percepción de la comunidad. Es necesario continuar con monitoreos y diagnósticos para generar conciencia, y colocar dicha problemática en la agenda pública con carácter de urgencia.