INTRODUCCIÓN

Durante la primera década del siglo XXI la minería mexicana registró un periodo de bonanza caracterizado por la emergencia de nuevas minas y proyectos, el incremento de la inversión extranjera y el ingreso de empresas foráneas, en especial canadienses (^{Azamar, 2021}). Esta actividad también estuvo determinada por la expansión inédita del control privado sobre el subsuelo nacional (^{Burnes, 2019}, ^{Téllez y Sánchez, 2022}).

De acuerdo con la Cámara Minera de México (^{CAMIMEX, 2021}), en 2020 existían en México un total de 16.8 millones de hectáreas en concesión para desarrollar actividades mineras. De ellas, 201 996 hectáreas se encontraban ocupadas por tajos, tiros, pozos, calicatas, trincheras, depósitos de jales, sondeos de exploración, campamentos, oficinas, caminos, entre otra infraestructura (^{GEOMIMET, 2020}). Esto significa que la superficie impactada realmente por los emprendimientos mineros no equivale a 10.6% del territorio nacional, mucho menos a 50% como sugieren algunas fuentes (^{Burnes, 2019}; ^{Guzmán, 2013}); sino que representa únicamente 0.1% de la superficie continental de México. ¿Por qué entonces las empresas solicitaron concesiones mineras por una superficie que no utilizan?

Estudios recientes han intentado responder esta inquietud señalando que la enorme extensión de las concesiones mineras en México es resultado de la especulación que las empresas hacen con ellas en los mercados financieros (^{Téllez y Sánchez, 2022}; ^{Núñez, 2022}; ^{Ferry, 2020}). Otras investigaciones apuntan a la permisividad en la legislación vigente como el factor que ha posibilitado la ampliación del número y extensión de los títulos mineros, fundamentalmente por el reducido costo y la falta de transparencia en su expedición (^{Peláez y Merino, 2021}; ^{Transparencia Mexicana, 2020}).

Por su parte, los trabajos que examinan la relación entre el otorgamiento de las concesiones mineras y el rechazo social de las comunidades campesinas e indígenas, reconocen la expansión de la frontera minera como resultado de una política de estado que favorece a la inversión privada nacional y extranjera sin reparar en los riesgos e impactos sociales y ambientales (Montoya, Sieder y Bravo-Espinosa, 2022; ^{Bastidas et al., 2021}).

Otros estudios han señalado que este avance de la minería forma parte de un proceso de despojo para la acumulación de capital, el cual necesita extenderse hacia los territorios (^{Rodríguez, 2017}). Trabajos como el de ^{Wanderley (2017)} indican, en un sentido similar, que se trata de la expansión territorial del extractivismo en Latinoamérica motivada por el boom de las commodities registrado durante el periodo 2003-2012.

A excepción de trabajos de indudable relevancia como el de ^{Garza y Moreno (2021)}, ^{Lamberti (2016)} y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (^{UCCS, 2016}), que han avanzado en el entendimiento de la estructura de los títulos mineros, el común denominador de este grupo de estudios es que realizan un examen a escala nacional y, en menor medida, a escala estatal, pero sin aproximarse a la evolución espacial y temporal de estos permisos al nivel de empresa.

En este sentido, el objetivo del presente estudio es analizar las principales causas, la dinámica y los efectos de la expansión territorial de las concesiones mineras otorgadas a la corporación Industrias Peñoles. El abordaje se limitó al periodo 1982-2018, pasando de la escala nacional a la estatal y municipal. La elección de esta corporación radica en que se desvía de las generalizaciones y los tipos de casos abordados por la literatura especializada: empresas de capital canadiense, propietarias de minas y de proyectos de minado a cielo abierto que han ocasionado conflictividad social. En contraste, Industrias Peñoles es una empresa mexicana que, si bien cuenta con registros de conflictos mineros, también es el mayor productor de plata del mundo y uno de los mayores en bismuto, zinc y plomo, así como la segunda productora nacional de oro (^{Industrias Peñoles, 2020}). Estos rasgos brindan una óptica interesante para considerar, a nivel de empresa, los factores económicos y territoriales que definen la conFiguración y dinámica de las concesiones mineras en México.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

En esta investigación se define a las concesiones mineras como los permisos que, por medio de la Secretaría de Economía (SE), el Estado mexicano otorga a los particulares para realizar, en una determinada extensión del subsuelo nacional, las actividades de prospección, exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos y no metálicos.

Los datos oficiales sobre las concesiones mineras, aunque son de libre acceso, presentan varias inconsistencias. Por ejemplo, algunas aparecen como vigentes pese a que superaron los 50 años sin ser renovadas. Otras indican que fueron expedidas en 2028. A estos errores se suma que, desde diciembre de 2018, la administración federal anunció la cancelación de nuevas concesiones y la revisión de las otorgadas. Ello implicó el cierre de fuentes de consulta como la Tarjeta del Registro Público de Minería.

Por estos motivos se recurrió al análisis cruzado de distintas fuentes. El punto de partida fue la base de datos denominada “Cartografía de concesiones mineras en el territorio nacional”, elaborada por la Secretaría de Economía (^{SE, 2018}). A este conjunto se le sumaron los datos registrados en la base “Concesiones mineras vigentes en México (2021)”, obtenida por ^{Geocomunes (2021)} vía solicitud de información. La preparación de los datos también involucró el desglose de los títulos por tipo de mineral, por tipo de titular y por periodo presidencial a partir de 1982 y hasta 2018. Para ello se realizaron consultas SQL de la base de datos mencionada en el programa QGIS, siguiendo tres rutas: 1) la identificación de las minas y las concesiones otorgadas a las subsidiarias de las 14 corporaciones mineras mexicanas y extranjeras que Figuraron entre las 500 empresas más importantes de México en 2018, lista elaborada por la revista ^{Expansión (2019)}; 2) la identificación y revisión de las concesiones otorgadas a Industrias Peñoles y su filial Fresnillo Plc; 3) el análisis de los títulos expedidos a esta empresa en el municipio de Fresnillo por medio de la compulsa de 100 expedientes resguardados en la Agencia 93 de la Delegación Minera del estado de Zacatecas. Finalmente, los datos refinados se representaron a través de cuadros, gráficas y mapas.

LA “AURIFICACIÓN” DE LA FRONTERA MINERA EN MÉXICO

Entre 1991 y 1993, en México hubo una adecuación del marco jurídico que regula la actividad minera. Entre los cambios más importantes respecto a la legislación derogada de 1975, se encuentra la eliminación de los límites geográficos de las concesiones mineras y la ampliación de su vigencia de 25 a 50 años, renovables por otros 50 años, así como la ratificación de la minería como actividad preferente sobre cualquier otro uso del territorio, a excepción de la extracción y explotación de hidrocarburos (^{Cámara de Diputados, 2012}).

Como han mostrado distintos estudios (^{Cravioto, 2019}; ^{Burnes, 2019}), bajo el amparo de este marco legislativo las empresas fueron libres de elegir la ubicación y la extensión de los lotes mineros. De esta manera, a partir de 2003 se registró un incremento sistemático de la superficie concesionada sobre el subsuelo de entidades mineras, pero también de aquellas donde esta actividad era mínima o inexistente. Hasta febrero de 2018, el área concesionada sumó un total de 26.7 millones de hectáreas concesionadas por medio de 26 762 títulos vigentes, cubriendo 13.9% de los 1 960 018 kilómetros cuadrados que mide la superficie continental de México (^{SE, 2018}).

La tendencia expansiva de la frontera minera no es un fenómeno único en México. En Chile, la superficie concesionada para la extracción de minerales representó en 2003 poco más de 10% de su territorio. En 2018, este porcentaje se había elevado a 49.8% del país. En Perú los títulos mineros pasaron de ocupar 3.1% en 1992, a 15.5% de su territorio en 2017. Canadá, el segundo país con la superficie más grande del mundo, tiene 27% de su territorio concesionado a la minería, mientras que, en Brasil, quinto país más extenso, la frontera minera representa 19% de la superficie nacional (^{Global Forest Watch, 2019}).

En México la expansión geográfica de las concesiones mineras fue un proceso impulsado por el ciclo alcista de las cotizaciones internacionales de distintos metales registrado entre 2001 y 2012 (^{Wanderley, 2017}). El oro fue un caso emblemático. Como se aprecia en la Figura 1, en los primeros doce años del siglo XXI, el precio de este metal se incrementó 516%, lo cual se vio reflejado en la “aurificación” de la superficie concesionada.

Fuentes: ^{SE (2018)} y ^{SGM (2019)}.

Figura 1 Superficie concesionada, títulos mineros y precio del oro, 2000-2018. 

La Figura 2 da cuenta de esta expansión geográfica de las concesiones para buscar y explotar metales preciosos por 28 de las 32 entidades federativas, al mismo tiempo que exhibe la concentración de los lotes para extraer metales industriales no ferrosos (cobre, plomo, zinc y molibdeno) y de metales y minerales siderúrgicos (carbón, coque, fierro y manganeso) en los estados de Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán.

Fuente: elaboración propia con base en ^{SE (2018)}.

Figura 2 Concesiones mineras otorgadas en México según tipo de metal, 2018. 

De los más de 9 mil titulares de estas concesiones se encuentran empresas que no poseen ninguna mina en operación y, en su mayoría, tampoco proyectos (^{SE, 2018}). Son empresas llamadas junior, es decir, pequeñas firmas dedicadas principalmente a solicitar concesiones e identificar prospectos mineros, avanzar en su exploración y, si descubren un yacimiento rentable, venderlos por un mayor precio a una empresa senior. Este último tipo de empresa se refiere a las corporaciones cuyos ingresos derivan de la operación de minas y plantas de beneficio a gran escala (^{Téllez y Sánchez, 2022}).

La adquisición de concesiones mineras por empresas junior con vistas a su posterior reventa por la expectativa de un mayor precio en los mercados financieros, se ha calificado de especulación y colocado como una de las principales causas de la expansión geográfica de la minería (^{Ferry, 2020}; ^{Téllez y Sánchez, 2022}). Este fenómeno fue resultado no sólo de la permisividad de la Ley minera vigente, también de la disponibilidad de excedentes de capital que, a raíz de la crisis económica global de 2008-2009, buscaron nuevos espacios de valorización (^{Téllez, 2021}).

LAS CONCESIONES MINERAS DE INDUSTRIAS PEÑOLES

Si se revisan los diez titulares mineros con mayor superficie concesionada en México, resulta que únicamente dos son empresas junior. El resto se trata de filiales de empresas senior, dos de empresas extranjeras y seis de corporaciones mexicanas (Cuadro 1). Esto significa que la especulación financiera no es el único factor que explica la expansión geográfica de las concesiones mineras.

Si el análisis se amplía hacia las filiales de las diez corporaciones que se encuentran listadas entre las 500 empresas más importantes de México,¹ se obtiene que, hasta 2018, seis corporaciones mexicanas controlaban en conjunto cerca de 30% de la superficie total otorgada en concesión (Figura 3). Altos Hornos de México y Peñoles son las empresas con mayor superficie al concentrar en conjunto prácticamente 2 de cada 10 hectáreas concesionadas. Por otro lado, las nueve corporaciones foráneas que figuraron en la lista poseen 3.6% de la superficie concesionada nacional.

Fuente: elaboración propia con base en ^{SE (2018)}.

Figura 3 Principales operaciones y superficie concesionada a grupos mineros en México, 2018. 

Si bien se puede suponer que existe competencia entre estas empresas (^{Garza y Moreno, 2021}), lo cierto es que en términos espaciales no sucede así. Como se muestra en la Figura 3, la distribución geográfica de las concesiones y de las principales minas en operación de estas empresas confirma lo sugerido por ^{Vargas y Martínez (2019: 193)}, la existencia de una especie de “acuerdo monopólico tácito” por tipo de mineral producido: Altos Hornos de México en la explotación de hierro y carbón, minerales fundamentales en la fabricación de acero; Grupo México en cobre afinado; Autlán Holding en manganeso; Frisco en cobre catódico y doré; Industrias Peñoles en plomo y zinc; Fresnillo Plc en plata; y las firmas extranjeras en la explotación de oro.

En este contexto se ubica Industrias Peñoles, la segunda empresa minero-metalúrgica más importante del país y subsidiaria del conglomerado mexicano Grupo Bal. A nivel mundial Peñoles es el mayor productor de plata afinada con 6% de la producción total, mientras que en América Latina y en México es el principal productor de oro, plomo y zinc afinados (^{Industrias Peñoles, 2020}). El control del subsuelo a través de las concesiones mineras ha sido una de las principales estrategias seguidas por esta empresa.

Durante el periodo neoliberal, la superficie otorgada en concesión a Industrias Peñoles exhibe una expansión por 22 entidades federativas, en razón de la distribución geográfica de las provincias metalogénicas de los metales que la corporación explota: oro y plata, así como sus subproductos plomo y zinc. De esta manera, hasta 2018, y restando los títulos cancelados, la empresa posee en total 3 185 082 hectáreas en concesión por medio de 2 167 títulos vigentes, de los cuales 77% los recibió entre 2001 y 2012 (Figura 4).

Fuente: elaboración propia con base en ^{SE (2018)}.

Figura 4 Concesiones mineras otorgadas a Industrias Peñoles por periodo presidencial, 1982-2018. 

Entre 2008 y 2018, el corporativo añadió a esta superficie concesionada 84 300 hectáreas en Perú y 10 mil hectáreas en Chile (Fresnillo Plc, 2018). Estas cifras dan cuenta de la capacidad expansiva de Industrias Peñoles más allá de las fronteras de México. ¿Cuál es el elemento que explica tal estrategia de adquisición masiva de concesiones mineras? Es una cuestión que a continuación se busca resolver por medio del caso del municipio de Fresnillo.

EL MONOPOLIO DEL SUBSUELO EN FRESNILLO

Fresnillo es un municipio que se ubica en el estado de Zacatecas. En este territorio opera desde 1551 la mina Fresnillo, antes Proaño. En 2009 y 2022 se abrieron las minas adyacentes Saucito y Juanicipio, respectivamente. Las tres operaciones son propiedad de Industrias Peñoles que las controla por medio de su subsidiaria Fresnillo Plc. El principal rasgo de estas minas subterráneas son sus vetas con contenidos de plata de 350 y hasta 2 000 gramos por tonelada, y reservas mayores a 450 millones de onzas. Esta riqueza posicionó a este lugar como el mayor centro productor de plata del mundo, con una producción anual de 35 millones de onzas en 2018 (^{Fresnillo Plc, 2019}).

La producción en este histórico distrito tuvo como pilar el control creciente del subsuelo municipal a través de las concesiones mineras. Como se observa en la Figura 5, entre los años 1991 y 2000, Fresnillo Plc consiguió 10 009 hectáreas, superficie tres veces mayor a la otorgada entre 1950 y 1990. Posteriormente, durante la primera década del siglo XXI, la firma incrementó la superficie en concesión en 1 751% respecto a la obtenida diez años antes.

Fuente: elaboración propia con base en ^{SE (2018)}.

Figura 5 Evolución de la superficie concesionada en el municipio de Fresnillo, 1950-2018. 

Durante esta década, las firmas extranjeras Golden Minerals y MAG Silver también consiguieron títulos mineros en el municipio de Fresnillo. Aunque cabe señalar que esta última empresa obtuvo el lote Juanicipio 1 en alianza con Fresnillo Plc: 44% de los derechos sobre el mismo pertenecen a MAG y 56% a esta filial de Industrias Peñoles (^{Téllez, 2021}).

En el periodo 2011-2018, la superficie en concesión solicitada por Fresnillo Plc descendió de forma considerable sumando 62 630 hectáreas. De esta forma, hasta 2018, en Fresnillo había registro de un total de 128 concesiones mineras, amparando una superficie de 351 823 hectáreas, es decir, 63% del territorio municipal. Fresnillo Plc posee 64 títulos que equivalen a 261 170 hectáreas, lo que quiere decir que 7 de cada 10 hectáreas en concesión en el municipio las obtuvo esta empresa (Figura 6).

Fuente: elaboración propia con base en ^{SE (2018)}.

Figura 6 Concesiones mineras en el municipio de Fresnillo por tipo de titular, 2018. 

Las cuatro firmas extranjeras que solicitaron lotes mineros poseen en total 78 909 hectáreas, es decir, 22% de la superficie municipal concesionada. Resalta Minera Lagartos, subsidiaria de la canadiense MAG Silver, ya que posee 60 992 hectáreas (Cuadro 2). En cambio, empresas mexicanas como Minas de Santa Martha, filial de Minera Autlán, poseen 2 572 hectáreas, lo que equivale a sólo 1% de la superficie municipal en concesión. Existe además un total de 35 personas físicas que disponen de una superficie en concesión de 9 171 hectáreas (3% del total municipal).

El mapeo por tipo de titular (Figura 7) muestra que las concesiones mineras se extendieron en dos direcciones: a) alrededor del subsuelo del Cerro de Proaño y las minas inactivas de Plateros, b) hacia el noroeste y sudoeste de la sierra de Fresnillo. Esta distribución geográfica formó una especie de frontera a favor de Fresnillo Plc que impide a otras empresas operar en el mismo territorio.

Fuente: elaboración propia con base en ^{SE (2018)}.

Figura 7 Concesiones mineras en el municipio de Fresnillo por tipo de titular, 2018. 

La acumulación por despojo es uno de los conceptos más empleados en la literatura especializada para interpretar esta expansión de las concesiones mineras (Sacher, 2015), debido a que es un proceso que implica la mercantilización y aprovechamiento privado del suelo y el subsuelo. Sin embargo, el despojo es únicamente el primer eslabón del proceso de acumulación y no acumulación de capital en sí mismo (^{Rodríguez, 2017}).

De allí que si la tendencia expansiva de las concesiones mineras se revisa desde los conceptos de renta absoluta (o monopólica) y diferencial (^{Delgado, 2019}), se puede interpretar que para que la acumulación de capital minero exista y vuelva a comenzar de manera acrecentada, se requiere que el despojo se encuentre asociado a un derecho exclusivo de propiedad, tal como sucede con el acaparamiento de títulos de concesión minera por Industrias Peñoles. Es decir, que se vincule con la renta absoluta, la cual no deriva de los bienes despojados (públicos o comunes), sino de la plusganancia que la empresa se apropia por la propiedad excluyente de los mismos (^{Foladori y Melazzi, 2016}; ^{Téllez, 2020}).

Desde esta perspectiva teórica, la mencionada frontera que Industrias Peñoles estableció en el municipio de Fresnillo exhibe que las concesiones mineras representan dos aspectos:

Ambos aspectos implican la posibilidad (pero solo la posibilidad) de que la empresa Fresnillo Plc se apropie de un producto excedente fundamentalmente bajo la forma de renta diferencial, pues aunque no es propietario del subsuelo, como concesionario es el único que en la práctica hace uso de la riqueza mineral contenida en él. Esto sucede así debido a que los yacimientos mineros poseen cuatro rasgos que los colocan como un bien monopolizable y heterogéneo (^{Bartra, 2006}):

De la conjunción de estos cuatro elementos deriva que un yacimiento es un bien posible de monopolizar al amparo de una concesión minera. En primer lugar, porque ninguna empresa puede producir en una fábrica o laboratorio un depósito de plata u otro metal. Si bien una empresa puede poseer un yacimiento con rasgos físicos similares, no en lo referente a su acceso y sobre todo a su ubicación geográfica, la cual se encuentra determinada ineludiblemente por la evolución geológica-tectónica de cada territorio.

En segundo lugar, el impedimento de que las empresas exploten recursos mineros iguales también nace de la mencionada barrera artificial que impide que una empresa pueda situar su mina o realizar actividades de exploración donde otra ya tiene sus concesiones mineras. Por lo que un título de concesión confiere a su titular cierto poder monopólico basado en la llamada “unicidad de la localización” (^{Harvey, 2007, p. 85}).

De esta manera, cuando el subsuelo posee cualidades geológicas y económicas de excepción, como sucede en Fresnillo, la barrera geográfica y temporal representan en conjunto una estrategia territorial para crear y/o mantener poderes monopolistas que posibilitan la apropiación de una renta diferencial, de una ganancia extraordinaria (es decir, de un valor no creado sino apropiado de otros sectores de la economía), así como la propia existencia de este capital minero rentista (^{Delgado, 2019}).

En este sentido, el monopolio sobre los recursos mineros es otra de las principales razones por la que Industrias Peñoles ha solicitado un número creciente de hectáreas en concesión en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, en México e incluso fuera del país. Merced a esta estrategia, la cual no exceptúa la mencionada especulación financiera, el grupo minero amplió el control territorial sobre yacimientos excepcionalmente abundantes y de sus áreas adyacentes, así como sobre zonas con recursos potenciales, es decir, como lo han calificado ^{Torres y Gasca (2006)}, sobre espacios de reserva para la ulterior acumulación de capital. Con ello, la empresa descarta de los beneficios (actuales y posibles) a otras corporaciones mineras por cien años, obteniendo así una ventaja inigualable para competir en el mercado nacional y mundial.

LOS EFECTOS DEL CONTROL MONOPÓLICO SOBRE EL SUBSUELO

El monopolio del subsuelo por medio de concesiones mineras ha generado efectos negativos. Continuando con el caso del municipio de Fresnillo, se puede indicar que la exigua transferencia de recursos al erario por sacar provecho de las concesiones mineras es una de las principales consecuencias. Si se consideran sólo los 19 títulos donde se emplazan las instalaciones de las minas Fresnillo, Saucito y Juanicipio, y se parte del supuesto de que la empresa pagó una cuota de 7.8 dólares por cada hectárea en concesión, pago semestral que corresponde al máximo fijado para el año 2017 por los títulos que rebasan los 11 años de antigüedad (^{SE, 2018}); el resultado es que Fresnillo Plc pagó ese año un monto total de 548 323 dólares por aprovechar de manera exclusiva 34 997 hectáreas del subsuelo municipal (Cuadro 3).

Esta cifra representó 0.06% de los 925.5 millones de dólares por concepto de ingresos ajustados que reportaron para el año 2017 únicamente Minera Fresnillo y Minera Saucito (Minera Juanicipio inició operaciones hasta 2022). Fresnillo Plc define a estos ingresos, parte de la renta diferencial, como aquellos “que aparecen en el estado de resultados ajustado para añadir tratamiento y costos de refinación y cobertura de oro, plomo y zinc” (^{Fresnillo Plc, 2019: 16}). Lo que significa que estas dos subsidiarias retribuyeron al erario una suma insignificante respecto a los recursos generados por el aprovechamiento del subsuelo. Este resultado tiene congruencia con el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al periodo 2008-2013, en el que indica que el monto que las empresas pagaron por las concesiones significó 0.6% respecto al valor de la producción minera nacional (^{ASF, 2013}).

Respecto a los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano indica que el municipio de Fresnillo recibió 6 306 295 dólares en 2017 como parte del pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario (^{SEDATU, 2017}). Este monto realizado por Fresnillo Plc fue de nueva cuenta insignificante al representar 0.7% de los ingresos ajustados que Minera Fresnillo y Minera Saucito reportaron en conjunto ese mismo año.

Al margen de otros pagos que las empresas mineras hacen a la hacienda pública, las aportaciones de Fresnillo Plc por el aprovechamiento únicamente de las concesiones mineras contradicen de manera abierta el espíritu de la Carta Magna: lograr la explotación racional y asegurar un reparto equitativo de la riqueza minera que, hasta la fecha, continúa bajo el dominio directo de la Nación (^{Cámara de Diputados, 2012}).

El segundo efecto del control del subsuelo municipal es la transformación del suelo en términos de su uso y paisaje. El emplazamiento de los tiros, rampas, plantas de beneficio, talleres, depósitos de jales, tepetateras, relleno sanitario, estaciones eléctricas, plantas de tratamiento de aguas residuales, parque ecológico, campamentos y oficinas, que en conjunto ocupan una superficie aproximada de 1 117 hectáreas,² son instalaciones que requieren el acceso al suelo a través de su compra o renta.

Para el caso de Fresnillo, este suelo ocupado por las instalaciones mineras coincide geográficamente con una parte de los ejidos Saucito del Poleo-Beleña y Valdecañas (Figura 8). Los propietarios del primer ejido, después de negociaciones con la empresa tras el hallazgo de la veta Saucito en el año 2000, cedieron aproximadamente 66 de las 2 985 hectáreas que componen su propiedad, lo que implicó la desaparición de actividades preexistentes como el cultivo del frijol o del durazno. Sin embargo, la totalidad del subsuelo ejidal se encuentra concesionada a Fresnillo Plc mediante los lotes mineros Reyna IV, Reyna 1 Sur y Juanicipio 1. De igual manera, los ejidatarios de Valdecañas cedieron los derechos de por lo menos 398 hectáreas de sus tierras de vocación agrícola, primero para las obras de expansión de Minera Fresnillo y luego para la construcción de las instalaciones de las minas Saucito y Juanicipio. Las 2 440 hectáreas que componen el ejido de Valdecañas también se encuentran totalmente concesionadas.

Fuente: elaboración propia con base en ^{SE (2018)}.

Figura 8 Propiedad social y operaciones mineras en el municipio de Fresnillo, 2019. 

Por otra parte, en la última década el paisaje fresnillense fue sistemáticamente modificado, en especial por la construcción de los depósitos de residuos (jales y tepetate). Estas instalaciones cubren una superficie total de 419 hectáreas (30% de las 1 117 hectáreas ocupadas), de las cuales 83% no han sido reforestadas ni tampoco cuentan con recubrimiento (^{Téllez, 2021}).

Además de la desaparición de tierras agrícolas, estas modificaciones en el paisaje generan riesgo de inestabilidad física y química, volatilidad de los polvos de las presas, así como de escurrimientos de residuos indeseables. Esto se evidenció el 6 de diciembre de 2015 cuando ejidatarios de Saucito del Poleo-Beleña tuvieron una confrontación con Minera Saucito por el derrame de 386 toneladas de jales con ácido cianhídrico. Dicha afectación se extendió por un área agrícola de 3 425 metros cuadrados del suelo ejidal (^{Profepa, 2015}). Es decir, la ocupación minera del suelo también ha derivado en conflictividad social en Fresnillo, tal como sucede en otras partes del país, pues entre 1996 y 2019 se han identificado 173 conflictos mineros, de los cuales 75% ocurrieron por motivos referentes precisamente a la propiedad de la tierra y a cuestiones ambientales (^{Sánchez, Casado y Téllez, 2022}).

CONCLUSIONES

El presente artículo identificó al monopolio sobre grandes extensiones del subsuelo como una de las principales causas de la expansión territorial de las concesiones mineras de Industrias Peñoles. Se mostró que la expedición creciente de títulos mineros, sin que sean utilizados de manera productiva, es una estrategia seguida por esta empresa porque posibilita y/o protege la apropiación de una renta basada en la propiedad exclusiva del subsuelo.

Mediante dicha argumentación, en primer lugar se reconoció que la ampliación de la frontera minera no hubiese sido factible sin los cambios legislativos sucedidos en la década de 1990. También se pudo mostrar que la expansión geográfica de la minería durante el periodo 2000-2018 coincidió con la disponibilidad de excedentes de capital, lo que impulsó su dinámica.

En segundo lugar, el análisis espacial a escala nacional logró exhibir la distribución espacial amplia de las concesiones de oro y plata y la concentración geográfica de lotes para extraer minerales ferríferos y carboníferos. Los indicadores de temporalidad y evolución espacial a nivel de empresa revelaron el acaparamiento que diez corporaciones mexicanas y foráneas hacen de las concesiones mineras. Destacan Altos Hornos de México y Grupo México por concentrar 20% de la superficie otorgada en concesión en México. Asimismo, el mapeo de los lotes y de las minas controladas por estas firmas mostró la existencia de un “acuerdo monopólico tácito” de no competencia.

En tercer lugar, se pudo mostrar que la estrategia territorial seguida por Industrias Peñoles tiene como base el control monopólico del subsuelo a través de la ampliación de la superficie concesionada. De manera que, hasta 2018, el grupo controla un total de 3.1 millones de hectáreas, e incluso agregó concesiones mineras en Sudamérica.

En cuarto lugar, el análisis a escala municipal reveló que Industrias Peñoles controla 74% de la superficie concesionada en Fresnillo, mientras que las empresas extranjeras 22% pero con el rasgo de que sus lotes se localizan lejos del área que actualmente explota Fresnillo Plc.

Desde los conceptos de renta absoluta y diferencial se logró caracterizar a los yacimientos como un bien posible de monopolizar por medio de concesiones mineras. A partir de dicha perspectiva teórica se consiguió mostrar que una de las principales fuerzas que explican la tendencia y dinámica expansiva de Industrias Peñoles, es el hecho de que las concesiones mineras representan una barrera geográfica basada en la unicidad de la localización, y otra temporal sustentada principalmente en la vigencia centenaria que caracteriza a la expedición de los títulos mineros en México.

Si bien una concesión no es garantía de descubrir un yacimiento, pues se trata sólo del primer eslabón de un proceso que requiere años de estudios de prospección y exploración, y del desarrollo de infraestructura de acceso, sin la seguridad en el retorno de la inversión; si la expedición de las concesiones se realiza de manera masiva y sin ninguna regulación, puede derivar en el monopolio del subsuelo. Es el caso de Industrias Peñoles que, mediante esta estrategia territorial, ha asegurado el aprovechamiento exclusivo de las reservas mineras presentes en el municipio de Fresnillo, ya sea por medio de su explotación directa o en los mercados financieros, y garantizado el acceso futuro a los recursos mineros al inhibir por un siglo a posibles competidores. Dicho con otras palabras, la corporación ha afianzado la apropiación de una renta diferencial, es decir, de ganancias extraordinarias que no tendría lugar si el otorgamiento de los lotes mineros no permitiera el acaparamiento.

Finalmente, el análisis multiescalar del control del subsuelo de Industrias Peñoles permitió identificar dos efectos principales. Por un lado, la exigua contribución de Fresnillo Plc al erario por el pago por hectárea concesionada y la contribución al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable. Esta situación contradice el principio constitucional de asegurar una distribución equitativa de la riqueza nacional. Por otro lado, se pudo analizar que la privatización del suelo de propiedad ejidal y el cambio del paisaje (de agrícola a uno caracterizado por grandes depósitos de residuos mineros), es un proceso que ha derivado en disputas por el territorio.

Queda pendiente para un estudio futuro verificar si el monopolio sobre el subsuelo es una práctica repetida por otras empresas, mexicanas y extranjeras, o es independiente de la nacionalidad. Asimismo, queda por resolver si es un fenómeno único de minas históricas o también sucede en minas nuevas y en proyectos de minerales como el litio, cuyo mercado está en pleno auge. Pese a estos límites, los resultados hasta aquí expuestos permiten recomendar la modificación de la Ley minera vigente con el objetivo de eliminar el aprovechamiento monopólico de la riqueza minera, así como para regular la vigencia, extensión y ubicación de las concesiones mineras, pues son elementos que repercuten de manera directa en la generación de conflictos sociales.