Las reformas constitucionales que México ha impulsado en este sexenio se caracterizan por estar acordes con las políticas del libre mercado. Una de las más polémicas ha sido la reforma energética de 2014 que ha estimulado el análisis proveniente de distintas miradas científicas por su impacto en el desarrollo nacional. La presente obra del senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, y Rosío Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, esboza desde una mirada bastante compleja, crítica y a la vez multiescalar, el origen y alcance de dicha reforma para el país.

En este libro, compuesto de seis capítulos,¹ los autores parten de la hipótesis de que los Estados Unidos de América (EUA), en su afán por erigirse como un líder mundial en la producción de hidrocarburos no convencionales, de energías renovables y bajas en carbón, incorporó a México en su geoestrategia denominada “Proyecto Norteamérica”. La reforma energética responde no solo a la revolución energética estadounidense sino a la negociación política entre las elites de Canadá, México y EUA para permitir que este último extraiga los hidrocarburos de la región a favor de garantizar su seguridad energética.

El primer capítulo describe las características de la estrategia estadounidense para la producción de energéticos por medio de la tecnología de punta y capital de avanzada, situación que le conduciría a una supuesta “autarquía energética”. En términos geopolíticos EUA podría exportar petróleo y gas a otros continentes y, a su vez, proyectarse como potencia desafiante para los países productores de Medio Oriente o asiáticos. Asimismo, se destaca que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era la llave para abrir el sector energético a sectores privados tanto en México como en Canadá, con la finalidad de afianzar el liderazgo de Norteamérica como un bloque en el mercado mundial de los energéticos.

En el segundo capítulo, “La destrucción del sector energético mexicano”, se exploran una serie de argumentos que explican el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex). Uno de ellos es que la pérdida de la renta petrolera es consecuencia directa de la transformación de Pemex en una empresa productiva del Estado, situación que la colocó, de facto, en condiciones desventajosas frente a las corporaciones transnacionales en los procesos de licitación que el Estado mexicano abrió para la extracción de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta situación se desdobla en una nueva configuración económica del territorio nacional. Así, los autores advierten que, con el despido de más 18 000 empleados de Pemex hasta agosto de 2016, se incide en la inestabilidad social de aquellas regiones del país en las que Pemex constituía el principal motor económico, como es el caso de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, entre otras entidades. En ese sentido, el estudio deja abierta la posibilidad para que la geografía participe con una interpretación mucho más profunda en términos de lo que estos cambios significan para la conformación de una nueva organización económica del territorio y de la emergencia de conflictos de poder.

Precisamente es en el capítulo tercero, “La ocupación del territorio nacional”, donde se explica que la reforma energética conllevó la modificación de la ley en materia minera, de la industria eléctrica y de energía geotérmica. Destaca la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, cuyo análisis es de interés especial para los geógrafos por el contenido jurídico que regula la configuración de los nuevos enclaves territoriales de exportación de hidrocarburos, de los monocultivos y el transporte de mercancías entre el Pacífico y el Golfo, entre otros. No queda duda de que los cambios que se producirán en materia de ordenamiento y planeación del territorio, a partir de la introducción de la figura del “Administrador General”, quien elaborará el plan maestro de las zonas, abrirán una ventana a la geografía política y social para la investigación de los impactos locales a través de nuevas cartografías temáticas que visualicen de forma puntual las implicaciones socio espaciales y de vulnerabilidad.

Por otra parte, en los capítulos cuatro, cinco y seis, existe una convergencia con lo que la periodista y activista Naomi ^{Klein (2014)} formula sobre la estrecha relación entre el neoliberalismo y la terapia de shock. De esta última se desprende que el uso de la fuerza y la coacción son un medio eficaz y duro para imponer las reformas de libre mercado en naciones en las que privaba un proteccionismo económico y un estado de bienestar. Por ello la reforma energética mexicana requirió efectuar modificaciones constitucionales a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la reforma al Mando Mixto, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la justicia militar. En todos ellos lo común es la concentración del poder y de atribuciones en el Ejecutivo Federal sobre los cuerpos de seguridad pública, y las nuevas facultades que el aparato de justicia militar tiene en materia civil.

Para los autores la construcción de un Estado policíaco asegurará el flujo de las inversiones y la extracción de los energéticos, pues dichas actividades alterarán, desde un punto de vista geográfico, la organización espacial tradicional de los ejidos y de los pueblos originarios. En esa tesitura, la figura jurídica de la “utilidad pública” facilitará el surgimiento de conflictos por el control político del territorio entre el Estado, los privados y los afectados, situación que configura un nuevo mapa político. Aquí, se vislumbra un punto de interés para los especialistas de la geografía política, pues este análisis jurídico se interpreta con relación a la huella espacial de estos conflictos y la emergencia de nuevos poderes fácticos en México, como el de la delincuencia organizada en las áreas de extracción de hidrocarburos.

Finalmente, el último capítulo cierra con una discusión acerca de los alcances del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) como un mecanismo que facilita la celebración de acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos. Ejemplos de esto son el “Plan de Acción Bilateral México-EUA para la Gestión Fronteriza del Siglo XXI” o el “Memorándum de Entendimiento en Materia de Energía”, muestras tácitas del poder consensuado que ha servido para imponer la reforma energética, concluyen los autores.

En suma, la integración de México en el bloque de América del Norte a través de la oferta y apertura del sector energético refuerza el modelo de dependencia económica. Las implicaciones de esta reforma plantean una especie de tránsito hacía una nueva organización territorial de la economía y de las redes de poder, cuyos alcances aún no han sido totalmente estudiados y dimensionados. En definitiva, la lectura de este libro permite que los geógrafos posicionen los problemas de investigación con un fuerte matiz territorial y espacial.