Reseñas

 

El territori dels geòmetres. Cartografia parcel.lària dels municipis de Barcelona (1845–1895)

 

Pere Sunyer Martín *

 

Nadal, F., L. Urteaga y J. I. Muro (2006), Barcelona: Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, 255 p., idioma: Catalán [ISBN: 84–9803–119–2].

 

* ENEP–Aragón.

 

La España del siglo XIX vio nacer una serie de documentos que han resultado ser de gran interés para la historia de la cartografía, la geografía histórica y para la historia de la estadística española. Se trata de la cartografía parcelaria levantada en la segunda mitad del siglo en la provincia de Barcelona, a raíz de la reforma fiscal impulsada en 1845 con el gobierno liberal moderado del general Narváez. Esta documentación es la base del trabajo que presentan Francesc Nadal, Luis Urteaga (Universitat de Barcelona) y José Ignacio Muro (Universitat Rovira i Virgili) en el libro El territori dels geòmetres. Cartografia parcel.lària dels municipis de Barcelona (1845– 1895), un equipo de geógrafos con años de investigaciones en historia de la cartografía española.¹

Bellamente editado, en color, en formato de 29 cm x 28.5 cm, este libro presenta los primeros resultados de una exhaustiva y larga investigación en 17 archivos históricos, 47 archivos históricos municipales y la consulta de 92 inventarios municipales. En la obra se recoge, en el anexo I, el catálogo de cartografía parcelaria municipal de la provincia de Barcelona, 140 mapas parcelarios correspondientes a más de 100 municipios de esta provincia, realizados entre 1849 y 1883, muchos de los cuales han sido reproducidos en el texto total o parcialmente. Este instrumento para investigadores va acompañado de un ameno estudio preliminar de 125 páginas formado por siete capítulos, y uno más de conclusiones. En estas páginas los autores presentan el nuevo contexto fiscal que dio lugar a esta documentación; se profundiza en los individuos —funcionarios de hacienda— que la hicieron posible; en los profesionales que elaboraron esta cartografía, los agrimensores o geómetras; y en los problemas que enfrentaban los municipios de Barcelona; además, como suele acontecer con este tipo de publicaciones, se añade un último capítulo que ha de servir a modo de guía a los investigadores interesados en el uso de esta cartografía. Cabe aclarar que el geómetra era el especialista capaz de levantar planos, un agrimensor en definitiva, aunque podía no estar en posesión de esta titulación. Arquitectos y maestros de obras eran los que en una primera instancia efectuaban esta labor, formados en las academias de Bellas Artes. Posteriormente, a medida que fue haciéndose más necesario este profesional, el Estado trató de regularizar su formación conjuntamente con los aparejadores.

La relevancia que este trabajo tiene para la historia de la cartografía y la geografía histórica es indudable. Como bien explican los autores, la recuperación de la cartografía parcelaria tiene antecedentes en muchos países, particularmente en Francia, con Marc Bloch (2002), con sus estudios hechos entre 1929 y 1943; pero también en el mundo anglosajón con las investigaciones de John Brian Harley,² renovador de los estudios de la historia de la cartografía, y de Roger J. P. Kain, discípulo suyo. De este último, los mismos autores confiesan que siguieron como modelo uno de sus trabajos, Tithe Surveys for Historians (2000). Realizado junto el geógrafo Hugh C. Prince, Kain recopila un conjunto de 12 000 planos parcelarios realizados entre 1836 y 1855 en Inglaterra y el país de Gales; precedente de un proyecto más ambicioso cual es el de formar un atlas nacional de agricultura con toda la cartografía parcelaria que permita la reconstrucción de la evolución histórica del paisaje agrícola del Reino Unido.

La cita a Roger J. P. Kain no está fuera de lugar pues permite cuestionarnos, no únicamente la existencia de una guía, sino también de investigaciones en los países de Iberoamérica que usen la cartografía parcelaria o catastral para reconstrucciones históricas del paisaje rural y forestal del respectivo país. Este autor junto con Elizabeth Baigent publicó ya en 1992 el libro The Cadastral Map in the Service of the State. A History of Property Mapping. En él revisa el nacimiento de la cartografía catastral de muchos países europeos particularmente del norte y de las entonces colonias británicas (Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia e India). No se considera en ningún momento la labor realizada al respecto en España, Portugal y, menos, en los países latinoamericanos ¿no hay algún antecedente de cartografía catastral o, en su caso, parcelaria o de propiedades en estos países, ya sea impulsada por el Estado o por iniciativa particular? Si no la hay ¿cuáles han sido las razones? El libro de Nadal, Urteaga y Muro confirma su existencia, al menos en la provincia de Barcelona, y muestran la encontrada hasta ahora.

En comparación con los estudios emprendidos en Francia e Inglaterra, el uso de la cartografía parcelaria en España es relativamente reciente y a una escala local. Principalmente en Cataluña e islas Baleares este tipo de documentación ha servido tanto para estudios históricos del paisaje rural, como estudios urbanos, no en vano, esta cartografía realizada en las islas fue, al igual que en la provincia de Barcelona, abundante. Así, los autores hacen una breve relación de investigadores que en ambas comunidades han hecho uso de ella (pp. 15 y 112).

En México se pueden encontrar algunas líneas de investigación que proponen el empleo de cartografía histórica a gran escala como fuente documental para la geografía, valga la redundancia, histórica. Los abundantes mapas realizados durante el Virreinato para la concesión de mercedes y resolver litigios de tierras y aguas; los elaborados por las hacendados y las compañías deslindadoras, por mencionar alguna de la cartografía existente, han servido de base a fructuosas investigaciones.³ Sin embargo, al igual que en España, en México se echa de menos guías, como la que presentan Nadal, Urteaga y Muro, que permitan al investigador trabajar en la historia del territorio.

El contexto general en el que se ha de entender el origen de la cartografía recopilada por Nadal, Urteaga y Muro, es el del proceso de conformación de España como Estado moderno iniciado en el segundo tercio del siglo XIX, que se expone en el primer capítulo. La muerte del rey Fernando VII, en 1833, fue la ocasión propicia para que los políticos liberales se hiciesen con el poder y emprendieran la postergada tarea de modernización del país en el ámbito político, social, y económico, particularmente en este último aspecto. Una de las reformas pendientes tenía que ver con el modelo tributario, no en balde la esencia del proyecto liberal requería de financiación: la pérdida de las colonias, los problemas internos con las guerras carlistas y las sucesivas crisis políticas y económicas que se arrastraban desde finales del siglo XVIII, habían dejado la hacienda española en continuo déficit, lo cual impedía que el Estado asumiera sus funciones como tal.

De las reformas fiscales propuestas, destaca por la vigencia de sus fundamentos hasta nuestros días, la emprendida por el Ministro de Hacienda, Alejandro Mon, y escrita por Ramón de Santillán, durante el primer gobierno del general Narváez (1844–1851). El objetivo de esa reforma era conseguir la suficiencia financiera por parte del Estado y se basaba en un supuesto principio de equidad entre los individuos y la universalidad de su aplicación. Así, el 23 de mayo de 1845 se aprobó, junto a la Ley de presupuestos, la reforma fiscal que contemplaba un conjunto de contribuciones directas e indirectas que venía a sustituir el caótico régimen tributario vigente por otros más acordes a la realidad política, social y productiva del país. Entre éstos se encontraba la Contribución de bienes inmuebles, cultivo y ganadería (la contribución territorial), un tributo de carácter directo que iba a tener un efecto inusitado e inesperado sobre el conocimiento del territorio peninsular por parte de Hacienda y de su servicio estadístico. Como resultado de su aplicación se generó la rica cartografía parcelaria que es la que han trabajado los autores del libro que se comenta.

Antes de seguir hay que puntualizar dos cosas: la primera, que la base de la reforma fiscal era, o debía ser, la estadística territorial al menos en cuanto a la producción de riqueza, que era lo que precisaba Hacienda.⁴ Por este motivo creó unas Comisiones provinciales de estadística, encargadas de recoger la información necesaria para calcular la contribución de cada provincia a las arcas estatales y de comprobar sobre el terreno la facilitada por las entidades locales.

La segunda, que la contribución de bienes inmuebles, cultivos y ganadería, se basaba en un sistema de cuota que descansaba sobre las administraciones provinciales de Hacienda y en las corporaciones locales. Hacienda, a partir de los padrones de riqueza municipales, debía calcular la aportación de cada provincia al presupuesto del Estado —a excepción de las que mantenían régimen foral. El padrón permitía redistribuir la cuota entre los municipios y, éstos, a su vez, entre sus vecinos (propietarios, arrendatarios y parceros).

Con todo, la generación de la cartografía parcelaria no deja de ser fruto de una serie de coincidencias, algunas de ellas fortuitas y otras ligadas a aspectos históricos. Entre estas últimas, los autores aducen que en Cataluña, como en el resto de los reinos de la antigua Corona de Aragón, ya había prácticas que favorecieron la generación posterior de estos mapas que tuvieron su raíz en la aplicación del decreto de Nueva Planta del rey Felipe V y los cambios en el sistema recaudatorio. Éstos obligaban, entre otras cosas, a la realización de acanamientos o medición de tierras; al registro y delimitación de las fincas en cada término, con expresión del nombre de su propietario y los cultivos a los que se dedicaba; a calcular las superficies de propiedad; unas tareas que quedaban en manos de los agrimensores. Esta labor se mantuvo durante la primera mitad del siglo XIX y sirvió en los primeros años de aplicación de la nueva contribución territorial de Mon y Santillán. Fruto de ello son algunos de los documentos catalogados por Nadal, Urteaga y Muro entre 1845 y 1848. Sin embargo, la cartografía parcelaria formada entre 1849 y 1883, recuperada y catalogada por estos investigadores, no tiene parangón con lo realizado anteriormente.

Las razones fortuitas que mencionaba anteriormente hacen referencia, por un lado, al relativo fracaso del levantamiento estadístico inicial, diseñado con la reforma tributaria de 1845 a partir de lo que se denominaba padrones de riqueza, y su sustitución desde 1850 por los amillaramientos, cuya responsabilidad recaía en los ayuntamientos. Su formación obligaba a una cierta solidaridad colectiva por la cual todos los vecinos debían de estar de acuerdo con la carga impositiva que se proponía y en su distribución. No en vano amillarar significa distribuir equitativamente. El levantamiento cartográfico ayudaba a la valoración correcta de las tierras y de sus producciones y a una mayor justicia en la distribución de la carga impositiva, y en ello estaban interesados todos, desde los gobernantes hasta los propietarios y contribuyentes, en general.

Por otro lado, era necesaria la presencia de funcionarios capaces de hacer efectiva la política de conocimiento estadístico propuesta desde Madrid. Para la demarcación de Barcelona, la asunción de Enrique Antonio Berro y Román a la presidencia de la Comisión provincial de estadística, de 1849 a 1854, fue de gran valor para los fines de la hacienda española.

Tres etapas identifican los autores de El territori del geòmetres en la elaboración de esta cartografía en la provincia. La primera corresponde con la presidencia de Enrique Antonio Berro de la Comisión provincial de estadística, 1848–1854 (capítulos 2 y 3). Entre la actividad emprendida en estos años por este funcionario, dos eran particularmente relevantes: en primer lugar, la estadística geométrica de los municipios (levantamientos parcelarios); en segundo, las operaciones de comprobación y medición. Todo ello con el ánimo de ajustar la contribución y resolver los agravios que pudieran surgir. Sirvió además para el registro de las fincas existentes por municipio y para solucionar conflictos de límites intermunicipales. Su amplia experiencia como empleado de Hacienda y su carácter enérgico permitió la elaboración del 60% de la cartografía parcelaria documentada. Y si bien, como apuntan los autores del libro, el recurso a la cartografía no parece que fuera idea suya, sí que la hizo propia "como solución técnica aceptable para resolver los graves y crecientes conflictos fiscales" (p. 45).

El período finaliza con los acontecimientos que dieron paso al denominado bienio progresista en el gobierno español (1854–1856). En los años siguientes hay un descenso en la producción de este tipo de cartografía y no fue sino hasta la revisión de los amillaramientos, en 1858, por parte del Ministerio de Hacienda que hay un nuevo resurgir e inicia una segunda etapa que llega hasta 1863 con el final de este proceso de rectificación (capítulo 5).

Esta etapa coincidió con diversos intentos por parte del gobierno de asumir la elaboración del catastro. Para este fin se decidió centralizar la información estadística en un único organismo, la Comisión de Estadística General del Reino, dependiente de la Presidencia, que condujo a clausurar las comisiones de estadística provinciales de Hacienda, afectando la labor realizada con anterioridad. Así, en estos seis años este ministerio se dedicó, sobre todo, a resolver los litigios que el nuevo amillaramiento propiciaba y a tratar de conocer el grado de ocultación de la riqueza rústica a partir de la elaboración de mapas perimetrales municipales. La cartografía generada durante este período responde a este contexto y fue impulsada tanto por la administración central, como por los ayuntamientos y propietarios. La larga crisis económica posterior (1864–1869) y las revueltas políticas de final del decenio (Revolución de 1868) redujo a la nada la producción cartográfica parcelaria de los años siguientes.

La última etapa identificada corresponde al período 1869–1895, que inicia tras la Revolución de 1868 y finaliza con el anuncio, en 1895, de realizar el catastro por masas de cultivo, a pesar de que el último documento cartográfico catalogado corresponde a 1883 (capítulo 6). En ella se observa una decadencia de la cartografía parcelaria y, de forma paradójica, la mejor calidad en este tipo de documentación, de la que destacan ocho atlas bellamente decorados. Los amillaramientos, pese a sus carencias, se revelaron como el mejor sistema de información territorial y hubo varios intentos de reformar el sistema de elaboración. No obstante, la escasez del presupuesto destinado a su formación, los continuos fracasos para llevarlos a cabo, junto con una crisis agrícola generalizada en este último cuarto de siglo condujeron, en 1889, a las autoridades de Hacienda a renunciar a nuevas rectificaciones en pos de otras prácticas más fiables como el catastro por masas de cultivo. Todo ello incidió negativamente en la producción cartográfica en gran parte ligada a este sistema de información territorial.

Sin embargo, en esta etapa hubo otro factor clave que contribuyó a que se generaran mapas parcelarios: se aprecia un cambio en la composición interna de la contribución territorial con una creciente aportación urbana, mayor a la rústica, reflejo de las políticas de crecimiento urbano que afectaba a los ayuntamientos de las principales capitales españolas. Barcelona, cuyo plan de ensanche empezó a ejecutarse desde 1860, y las poblaciones vecinas se vieron aquejadas por este nuevo fenómeno y los ayuntamientos afectados se vieron en la necesidad de formar su parcelario para ajustarse a los cambios en el uso del suelo agrícola.

Toda la cartografía generada entre 1849 y 1883 no hubiera sido posible sin la participación de los agrimensores, a quienes los autores dedican el capítulo 4 y el Anexo 2. Más de sesenta levantaron la cartografía parcelaria, de los cuales Nadal, Urteaga y Muro reseñan 45. La labor del geómetra era múltiple pues debía de ser capaz, entre otras cosas, de elaborar una topografía de gran precisión y efectuar evaluaciones de productividad.

El geómetra trabajaba para la Administración pública o bien a cuenta propia por encargo de los municipios que requiriesen sus servicios. Pero no trabajaba sólo. Con el paso del tiempo se fue consolidando como empresario que empleaba un numeroso personal para colaborar en la medición y deslinde de tierras entre propietarios y entre municipios. Así, había peritos, delineantes, escribanos, peones, ayudantes y otros trabajadores que permitían a la empresa abordar varios trabajos a la vez en lugares distantes.

Roger J. P. Kain y Elizabeth Baigent, en el libro anteriormente citado, se preguntaban acerca de la utilidad de que los Estados se interesaran por la cartografía catastral cuando, en realidad, gran parte de la valoración de tierras podía efectuarse sin ella. Como apuntan, la convicción de los beneficios que aporta la cartografía precede su levantamiento; beneficios que provenían de las características inherentes al mapa y que otorgan poder a quien los elabora y posee. Para el caso que nos ocupa, la cartografía parcelaria levantada entre 1849 y 1883 no era de carácter catastral, pero se parecía mucho, y tanto Hacienda, como los entes locales y los propietarios, parecían conscientes de su relevancia, de ahí el empeño de unos y otros por elaborarlos y controlar su ejecución.

Finalmente, El territori dels geòmetres. Cartografía parcel.lària dels municipis de Barcelona (1845–1895), es un libro altamente recomendable para los geógrafos interesados en la historia del territorio y un ejemplo de las expectativas que se abren al investigador en países como México que posee, históricamente, abundante cartografía, mucha de ella todavía por catalogar.

 

Referencia

Bloch, M. (2002), La tierra y el campesino: agricultura y vida rural en el siglo XVII y XVIII, Crítica, Barcelona, pp. 31–88.        [ Links ]

 

Notas

¹ Sobre estos autores y su proyecto de investigación puede leerse a Capel, H. (2005), "Un ambicioso programa de investigación sobre historia de la cartografía española contemporánea", Biblio 3W, Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. X, núm 54, 10 de febrero, (http://www.ub.es/geocrit/b3w–564.htm).

² Los autores reseñan en particular el trabajo: "The ordenance survey and land use mapping: Parish Books of Reference and Country Series 1:2,500, 1855–1918", Research Series, no, 2, Norwich (Inglaterra), Historical Geography Research Group.

³ Ejemplo de ellos: Von Wobeser, G. (1989), "La formación de la hacienda en la época colonial"; Cambrezy, L. y B. Lascuráin (1992), "Crónicas de un territorio fraccionado: de la hacienda al ejido (centro de Veracruz)"; y Herbert J. Nickel (2000), "Landvermessung und Hacienda–Karten in Mexico" (2000), resulta significativo (al respecto puede leerse la nota de H. Mendoza de su exposición de 2006 (Investigaciones Geográficas, Boletín, Instituto de Geografía, UNAM, núm. 61:148–150).

⁴ Sobre las vicisitudes del levantamiento estadístico y geográfico de la España del siglo XIX, puede verse, de los mismos autores: Geografía, estadística y catastro en España, Serbal, Barcelona, 1996.