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Estudios sociales (Hermosillo, Son.)

Print version ISSN 0188-4557

Estud. soc vol.20 n.40 México Jul./Dec. 2012

 

Artículos

 

La tematización de la corrupción como clivaje de la política argentina en los noventa

 

Thematisation of corruption as cleavage of Argentine politics in the 1990s

 

Sebastián Mauro*

 

*Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

 

Dirección para correspondencia:
sebasmauro@hotmail.com

 

Fecha de recepción: abril de 2011
Fecha de aceptación: marzo de 2012

 

Resumen

El artículo analiza el proceso de tematización de la corrupción como cuestión socialmente problematizada, durante la década de los noventa, sobre la hipótesis de que las disputas por su significado constituyeron uno de los principales clivajes políticos del periodo. En este sentido, analiza la emergencia de los actores políticos y sociales que la tematizaron, así como los posicionamientos ideológicos, discursos y lenguajes que construyeron para tratarla. Aborda tanto las condiciones de emergencia de dichos discursos (por ejemplo, el tratamiento de la impunidad como marco de referencia de los nuevos movimientos sociales durante la transición democrática), como sus sedimentaciones en las escenas políticas posteriores, abriendo paso a la emergencia de nuevos actores y nuevos discursos (en particular, enmarcados en la distinción entre una "vieja" y una "nueva" política).

Palabras clave: representación política-corrupción-comunicación política.

 

Abstract

This article analyses the thematisa-tion of corruption, as a social problem during the 1990s, based on the assumption that disputes over its meaning were part of the main political cleavages of the above period in Argentina. In this sense, the article analyses the emergence of political and social actors who proposed this issue, as well as the ideological positions, discourses and languages they created to deal with it. The paper addresses both the conditions of emergence of those discourses (for example, the treatment of impunity as a frame of reference of the new social movements during the democratic transition), and their sedimentations in the subsequent political scenes, opening the way to the emergence of new actors and new speeches (in particular, framed in the distinction between "old" and "new" politics).

Key words: political representation -corruption-political communication.

 

Introducción

D os procesos han caracterizado a la política argentina de las últimas décadas. Por un lado, la transición democrática -con la valorización del Estado de Derecho y de las instituciones electorales- alimentó, durante la década de los ochenta, la expectativa de construir un sistema político estructurado, donde los partidos políticos fueran los principales actores (frente a la corporación militar o los sindicatos). En paralelo, se ha producido una erosión de las identidades colectivas vigentes durante la segunda mitad del siglo XX. Ello ha conducido a una situación paradojal: las demandas sociales se han vuelto cada vez más exigentes y heterogéneas, mientras que los recursos de las organizaciones políticas para tratarlas han ido en declive. El proceso ha derivado en las protestas que forzaron la renuncia del presidente a fines de 2001 y ha influido en la restructuración de los actores partidarios y sociales durante la década posterior.

En el presente artículo desarrollaremos como hipótesis que la convergencia de ambos procesos fue tematizada políticamente a partir de la construcción de la corrupción como problema público. La corrupción se ubicó entre los principales de la agenda pública,1 y fue el eje discursivo de los nuevos actores partidarios (como el FREPASO) y de actores sociales (como los emergentes del cacerolazo). En este sentido, la tematización de la corrupción ha devenido en principio de interpretación de las transformaciones en la representación política, alimentando un clima de insatisfacción con la representación política bajo la forma de una oposición entre una ciudadanía homogénea y consumidora de los medios de comunicación masiva (la gente), y las élites partidarias (la clase política).

Desde nuestra perspectiva, la atención pública sobre la corrupción como problema político durante la década de los noventa no se explica exclusivamente por un crecimiento "objetivo" del fenómeno de las prácticas corruptas, ni por las características particulares del menemismo como coalición política, sino por la convergencia de diversos actores sociales en su tratamiento. Entendemos que los temas de la agenda pública no deben ser abordados exclusivamente como problemas objetivos, sino que se constituyen en la clave de la política democrática en el contexto de volatilidad de las solidaridades políticas y sociales (Mauro, 2011a). Por agenda pública entendemos el conjunto de problemas públicos cuya definición y tratamiento son objetos de una lucha hegemónica entre actores políticos y sociales heterogéneos, bajo criterios de argumentación e interacción superpuestos. La agenda pública es, en este sentido, el resultado y la condición de la disputa política. A través del proceso por el cual los actores convergen en tematizar determinados problemas y pugnan por establecer sus definiciones particulares, los temas se vacían progresivamente de significado, ensanchando sus horizontes semánticos más allá de las reivindicaciones o reclamos originarios.

En el presente artículo describiremos la tematización de la corrupción durante la década de los noventa. En el marco del progresivo descongelamiento de la dinámica bipartidista (Partido Justicialista -PJ y Unión Cívica Radical -UCR) la problematización de la corrupción ha permitido la emergencia de actores partidarios y sociales, cuyas convergencias y disputas delimitaron dos tipos de discursos sobre el tema: uno enfocado en la cuestión de la ineficacia de los políticos para gestionar los bienes públicos y otro, identificado con la denuncia contra la impunidad del poder y la violación de las instituciones democráticas.

Nuestro argumento estará organizado en cuatro apartados. En el primero, analizaremos las condiciones que permitieron la tematización de la corrupción durante el primer gobierno del justicialista Carlos Menem (1989-1995), tanto desde el oficialismo como desde las fuerzas opositoras emergentes. En el segundo, analizaremos cómo la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República, se convirtió en la arena de emergencia de liderazgos opositores durante la segunda mitad de la década, contribuyendo a la consolidación del tema como principio de lectura del contexto sociopolítico. En el tercero, analizaremos el problema corrupción como principio estructurante de los discursos de la campaña presidencial de 1999, en particular de la coalición triunfadora, la Alianza. Finalmente, en el cuarto apartado, describiremos el fracaso del gobierno aliancista y la agudización del clivaje entre la gente y los políticos.

 

Reorientación del peronismo y emergencia del Frente Grande en el primer gobierno de Carlos Menem

El gobierno de Carlos Menem fue el primer actor vinculado a la tematización de la corrupción en la discursividad política de los noventa, por dos razones. En primer lugar, fue un temprano enunciador del problema, instalándolo en la agenda pública como estrategia para legitimar el programa de privatizaciones y desregulación económica. En segundo lugar, el paradójico curso de la resolución de la amenaza autoritaria constituyó un marco de oportunidades para la emergencia de nuevos actores sociales y políticos, identificados con la tematización de la impunidad.

Respecto del primer punto, el menemismo redefinió la identidad peronista, tanto a nivel discursivo como programático y organizacional. Frente a la crisis hiperinflacionaria de finales del gobierno de Raúl Alfonsín (UCR), el gobierno menemista basó su legitimidad en la promesa de orden y paz social, subordinando la histórica reivindicación peronista por la igualdad social al mantenimiento de la estabilidad económica (Aboy, 2001). Esta reorientación ideológica cristalizó en una alianza con cuadros técnicos promotores del ideario neoliberal, quienes diseñaron un programa de reformas centradas en la desregulación, la privatización y la descentralización administrativa (Oszlak, 1994). La designación de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía y el éxito de su Plan de Convertibilidad para controlar la inflación, terminaron de delinear la identidad del "ala tecnocrática" del gobierno y su legitimación del programa reformista. Según sus actores, la desproporcionada regulación estatal y burocrática había facilitado la generalización de prácticas corruptas en el sector público, causantes de la ineficacia estatal.2 Desde esa lectura, la transparencia era asociada a la despolitización de la administración y a la reducción de la influencia estatal en la economía (Iazzetta, 2000).

Respecto del segundo punto, la implementación de las reformas requirió la concentración del poder en la persona del presidente, a expensas de los mecanismos de control administrativo y de la división de poderes (Palermo y Novaro, 1996). El programa reformista se sostenía en una heterogénea coalición política y social, cuya supervivencia exigió la movilización de compensaciones materiales, formando mercados protegidos en medio de la acelerada liberalización económica (Etchemendy, 2001). Por otro lado, el abandono de la identidad obrera del PJ fue equilibrado por una organización altamente flexible de redes territoriales, que apuntó a mantener la lealtad de los precarizados sectores populares (Levitsky, 2005). Tempranamente, la opinión pública observó la expansión de los intercambios clientelares y las prácticas de patronazgo que sostenían estas redes; así como la proliferación de conductas opuestas a la legalidad, como sobornos o participación de funcionarios en negociados, que estallaron como escándalos de corrupción.

El seguimiento de los casos de corrupción contribuyó al reconocimiento social del periodismo de investigación, en medio de un proceso de acelerada transformación de los medios de comunicación masiva, tanto en su carácter de grandes corporaciones económicas (Becerra y Mastrini, 2009) como en la construcción de sus narrativas. En este sentido, tematizaron la corrupción siguiendo sus criterios de noticiabilidad, buscando la novedad y la espectacularidad, sobreexponiendo las conductas "desviadas"3 de funcionarios políticos e invisibilizando las tramas políticas más complejas. La interacción entre los actores políticos y las nuevas narrativas mediáticas instituyó a los escándalos de corrupción como una escena política específica del campo de la comunicación política, con sus propias condiciones de felicidad ilocucionaria (Waisbord, 2002). La presentación discontinua de escándalos de corrupción instaló "microclimas" políticos, lo que contribuyó a sostener en el tiempo, aunque de manera irregular y según la evolución propia de cada "caso", la problematización del tema (Pereyra, 2010).

En otro plano, durante los primeros años del gobierno menemista se produjo una renovada actividad del movimiento por los derechos humanos, a causa del indulto presidencial a los principales responsables del terrorismo de Estado. En ese contexto, la cuestión de la impunidad se convertiría en uno de los marcos interpretativos sobre la realidad política, desde las críticas a la ética de los funcionarios públicos hasta las denuncias de violencia policial. Esta clave de lectura se vería reforzada por el avance del gobierno sobre la Justicia para allanar el camino para las reformas económicas, conformando en el vértice del Poder Judicial (la Corte Suprema de Justicia de la Nación) una "mayoría automática" favorable al oficialismo.4

A pesar de la creciente visibilidad de los escándalos de corrupción y de la problematización de la impunidad, la performatividad del discurso de la estabilidad como clave de lectura del proceso político aseguró un apoyo social extendido al programa reformista, como se evidenció en las elecciones legislativas de 1991 y 1993. El principal partido de oposición, la UCR, se encontraba deslegitimado luego de la debacle económica del gobierno alfonsinista. Durante este periodo, su principal preocupación sería sostener su cuota de poder institucional (que se definía, especialmente, en las arenas provinciales) hasta que emergiera una nueva figura política con predicamento en la opinión pública.

En un contexto en el que las instituciones de la democracia liberal aparecían fuera de discusión, y donde la tarea política e intelectual ya no consistía en la "transición a la democracia" sino en su consolidación, los problemas políticos fueron enmarcados en el horizonte de la demanda por la plena vigencia del Estado de Derecho. Sin el fantasma del autoritarismo y la violencia política, desde distintos campos surgieron preguntas sobre la calidad de la democracia, a tono con una problematización del tema a nivel regional. De este modo, se impuso la descripción de una democracia institucionalmente degradada -"delegativa", en los términos de O'Donnell (1992), debido al déficit de controles ciudadanos e institucionales-, pero sin que ganaran predicamento las perspectivas que impugnaban a las instituciones democráticas por su carácter "formal".

De este modo, el PJ abandonó las reivindicaciones sociales, dejando vacante un espacio ideológico, y la UCR, incapaz de constituirse en alternativa, dejó vacante el espacio de una oposición institucionalista. El vacío atrajo a un pequeño grupo de diputados desertores del bloque del PJ (denominado "grupo de los ocho"). Su principal referente, el diputado porteño Carlos "Chacho" Álvarez, emergió como líder de opinión denunciando la corrupción gubernamental en dos escenarios: los medios masivos de comunicación y las denuncias judiciales. Ambas estrategias reflejaban una sensibilidad hacia los nuevos formatos de la política, desdeñando la construcción de un partido de masas5 y privilegiando un vínculo directo con la opinión pública. Su discurso condensaba la denuncia de la corrupción, encarnada por los políticos tradicionales, con la promesa de renovación política.6

Esta clave de lectura fue validada a fines de 1993, cuando Menem acordó con Alfonsín la aprobación parlamentaria del inicio del proceso de reforma constitucional con agenda cerrada, en el denominado "Pacto de Olivos". El presidente concedía ventajas para el fortalecimiento de la UCR como segunda fuerza política, a cambio del derecho a competir por un segundo mandato consecutivo.7 El carácter cerrado del pacto (los dos dirigentes convinieron, en una reunión privada, la conducta posterior de los legisladores de sus respectivos partidos) puso en escena la connivencia entre ambas fuerzas, que se repartían el poder a espaldas de la ciudadanía. Álvarez capitalizó el clima de descontento ciudadano denunciando el carácter secreto y espurio del acuerdo (Corral, 2007), consolidándose como líder de opinión y polo de atracción partidario. Al año siguiente, en las elecciones de Convencionales Constituyentes, fundó el Frente Grande (FG), con una sorprendente performance electoral.8

El discurso de Álvarez condensaba distintas expectativas de un sector del electorado tendencialmente desleal: las clases medias de los distritos metropolitanos (Torre, 2003). Si bien un sector se mostraba disconforme con las consecuencias sociales de las políticas del gobierno, un número creciente de ciudadanos rechazaba los escándalos de corrupción. La progresiva convergencia de tales vectores en la figura de Álvarez dependía de su capacidad para mantener un discurso polisémico y una alta flexibilidad organizacional, que le permitían esquivar las rigideces de compromisos muy precisos frente al electorado o a sus propios asociados (Abal Medina, 2009). Dado que la demanda de transparencia aparecía como la reivindicación más convocante, que interpelaba a la ciudadanía en su conjunto, el líder del FG haría del discurso anticorrupción el principal eje de diferenciación con la "vieja política".

Álvarez evitó una definición programática precisa en materia económica, e incluso la construcción del FG como partido nacional. El crecimiento electoral en los distritos metropolitanos facilitaba la convivencia entre estructuras organizativas heterogéneas y liderazgos superpuestos, y disciplinaba a los sectores internos que demandaban definiciones programáticas (Palermo y Novaro, 1998). Por otro lado, la definición de una identidad republicana y compatible con las escenas de la comunicación política, abrió una brecha con los modos de hacer política en otros territorios, lo que, progresivamente, sería explotado como parte del clivaje político entre una nueva forma de hacer política, vinculada a los valores republicanos y a las áreas metropolitanas, y otra "vieja", arraigada en las periferias y propia de la tradición peronista.

Para las elecciones presidenciales de 1995, el FG se presentó en alianza con el partido Política Abierta para la Integración Social (PAIS), fundado por el senador justicialista José Octavio Bordón, constituyendo el Frente País Solidario (FREPASO). La fórmula Bordón-Álvarez, con la promesa del "cambio seguro", se impuso como segunda fuerza electoral con el 28% de los votos, detrás la candidatura de Menem, relegando a la UCR al tercer lugar, alimentado por las performances en la Capital Federal, Rosario y Mendoza.9

 

La ciudad de Buenos Aires como arena política opositora (1995-1999)

Apenas iniciado el segundo mandato de Menem, los efectos de la crisis económica mexicana en la vulnerable economía argentina profundizaron las consecuencias sociales del modelo de apertura económica y se incrementaron los índices de pobreza y desempleo. En este contexto se intensificaron las protestas de trabajadores desocupados -con la emergencia de la metodología del corte de ruta- y del sindicalismo disidente. Ello confluyó con el creciente desencanto de la ciudadanía con un gobierno que recurría con cada vez menos predicamento a la imagen del pasado caótico de la hiper-inflación, lo que derivó en la proliferación de discursos de oposición entre los actores partidarios. En el polo peronista y en el no peronista surgieron líderes con discursos críticos a la gestión menemista, convergiendo en el uso de la noción de corrupción como dispositivo de diferenciación entre una vieja y una nueva forma de hacer política.

En este proceso, la ciudad de Buenos Aires fue el escenario privilegiado de los actores emergentes. En primer lugar, la Capital de la República fue históricamente la cuna de movimientos renovadores y de partidos de oposición, dadas las características distintivas de su composición social y política interna, diferentes de las que caracterizan al interior del país (Mauro, 2011b). En segundo lugar, porque desde 1996 Buenos Aires adquirió el estatus de ciudad autónoma, constituyéndose por primera vez desde la organización del Estado argentino, en un distrito autogobernado. Ello abrió un conjunto de oportunidades para que los nuevos actores de la oposición política se posicionaran con miras a la renovación del ejecutivo nacional en 1999. El proceso de autonomización concluyó con la convocatoria, en 1996, a elecciones de Jefe de Gobierno (tal era la nueva categoría con la que se designaba al titular del ejecutivo local) y a los convencionales encargados de la redacción de la Constitución del distrito.

Luego de seis años de gobierno peronista en la ciudad, las instituciones representativas del distrito, especialmente, el Consejo Deliberante, eran consideradas por la mayoría de la opinión pública como espacios de reproducción de prácticas corruptas. En el año 1992, el intendente Carlos Grosso (designado por Menem en 1989) había sido forzado a renunciar al cargo, luego de una sucesión de escándalos de corrupción. Su reemplazante, Jorge Domínguez, ajeno a la estructura del PJ porteño -todavía dominada por referentes vinculados Grosso- era el candidato oficialista para la Jefatura de Gobierno, y el blanco de las críticas de todos los opositores.10

Entre ellos, el dirigente radical Fernando de la Rúa encontraba la oportunidad de posicionarse como un líder partidario con popularidad entre la ciudadanía. Durante los años de retroceso electoral de la UCR a manos del FG, De la Rúa había logrado resguardarse y hasta imponerse en las elecciones de senador nacional de 1993. Como candidato, se presentó como la contracara de Menem, poniendo en escena una figura de respeto y transparencia en la gestión.

Una candidatura radical convocante significaba un obstáculo para el FRE-PASO, y su principal figura, "Chacho" Álvarez, se automarginó de la competencia aduciendo pactos previos con sus asociados: promovió la candidatura del referente de la Unidad Socialista, Norberto La Porta.

La candidatura de La Porta fue rechazada por Bordón, quien proponía la incorporación de cuadros expulsados del menemismo, como el ex Ministro del Interior, Gustavo Beliz, quien trabajaba para instalarse como referente del espacio renovador en la ciudad11 al frente de su sello partidario, Nueva Dirigencia (ND). Bordón planeaba construir una oposición dentro del polo peronista, continuando su apuesta a instalarse como el garante del "cambio seguro". Álvarez, en cambio, avanzaba hacia la consolidación de otro esquema de alianzas, que incluía a buena parte del polo no peronista y se alimentaba de su electorado en los distritos metropolitanos. La tensión entre dichas estrategias, y la imposibilidad de dirimirla en instancias internas de la coalición, condujeron a la salida de Bordón, quien volvió al peronismo a principios de 1996, criticando el personalismo de Álvarez.

En las elecciones, la ciudadanía reconoció selectivamente las propuestas de la UCR y del FREPASO: De la Rúa alcanzó la Jefatura de Gobierno con el 40% de los votos, mientras que la lista encabezada por la frepasista Graciela Fernández Meijide se impuso en las elecciones de Convencionales Estatuyentes, con el 35% de los votos (136 mil más que La Porta).

Un mes después de las elecciones porteñas, Menem pidió la renuncia al Ministro de Economía e ideólogo de la Convertibilidad, Domingo Cavallo, en medio de una serie de conflictos por el poder político. El ministro se había posicionado en la interna contra el "ala política" de la coalición radicalizando su perfil de lucha contra las mafias, denunciando a integrantes y asociados del gobierno12 (Pereyra, 2010). La salida de Cavallo agregaba un nuevo dirigente con proyección nacional al espacio de oposición al menemismo, y la estrategia discursiva elegida seguía, una vez más, la línea de la tematización de la corrupción, identificándola con el crimen organizado y con un clima de temor e inseguridad generalizada.13 La ciudad de Buenos Aires había devenido en el principal distrito opositor y la principal arena de disputa por captar la polarización con el gobierno. Esta situación conduciría a una progresiva convergencia de los actores en dos frentes antimenemistas con pretensiones de suscitar la identificación con el electorado a través de la promesa de renovación política.

En este marco, Álvarez utilizó los nuevos escenarios de la enunciación política para mantenerse como referente opositor indiscutido. El 12 de septiembre de 1996, junto con la UCR, ND y organizaciones sociales, convocó a una novedosa protesta contra una suba de impuestos: apagón y cacerolazo. Se trataba de una convocatoria a todos los ciudadanos a participar de la oposición contra el gobierno desde sus hogares, apagando las luces y saliendo a la vía pública a hacer bullicio con cacerolas o bocinas de auto. Ningún punto geográfico era el centro de la protesta: pretendía involucrar a toda la ciudad y a todo el país como escenarios de una acción unánime. Esta participación ubicua e inorgánica instalaba dos escenas exteriores entre sí: la de la gente (en la calle, en sus casas y en sus balcones), y la del gobierno14 (encerrado en la Casa Rosada).

El apagón fue convocado con éxito a nivel nacional, pero la principal adhesión se registró en los grandes centros urbanos donde, por otra parte, la protesta tenía oportunidad de ser más notoria. Sus promotores se convocaron en la típica esquina porteña de las avenidas San Juan y Boedo, como forma de demostrar que era la ciudad la que reclamaba, y no una agrupación política o social en particular. La performatividad del novedoso formato de protesta fue reconocida, y los medios de comunicación tendieron a destacar la participación de la ciudadanía en su conjunto, contra la pretensión del oficialismo de tratar la protesta como facciosa o partidaria.15

El apagón (junto con otras instancias de articulación legislativa que se presentaron en ese mismo año) anunció la convergencia entre la UCR y el FREPASO, que derivaría en la formación de una coalición electoral (la Alianza) para las legislativas de 1997. La nueva coalición debió afrontar un conjunto de desacuerdos internos, en particular, dentro del FREPASO, que se había constituido como alternativa a la alternancia bipartidista. Sin embargo, Álvarez continuó su estrategia trazada en los años precedentes: mantener una baja institucionalización partidaria (la UCR se sumaría como un nuevo círculo concéntrico en torno de las principales personalidades del frente), y acentuar el discurso anticorrupción para evitar otras definiciones programáticas.

Esta nueva oferta política se enfrentó a otras opciones en las elecciones legislativas de 1997, y los distritos de la ciudad y de la Provincia de Buenos Aires fueron las principales arenas para posicionar las candidaturas presidenciales que se enfrentarían en 1999.

Frente a la Alianza, la principal figura opositora era Domingo Cavallo, con su nuevo sello partidario, APR, aliado a ND y otros partidos menores. Cavallo construyó su imagen como una propuesta de continuidad económica con vocación de cambio político: podía ostentar credenciales tanto en su invocada paternidad sobre el modelo económico como en su publicitada lucha contra las mafias. Como mencionamos, el desleal electorado porteño era el más permeable al ingreso de nuevos actores, lo que le permitía obtener visibilidad y sumar poder institucional para la lucha electoral de 1999, por lo que lanzó su candidatura a diputado nacional por la ciudad sin preocuparse por la construcción partidaria en el resto de los distritos.16

Mientras tanto, en el oficialismo se instalaba una división entre los liderazgos del presidente Menem (quien intentaba presentarse a un tercer mandato17) y de quien pretendía constituirse en su sucesor, el ex vicepresidente y gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Ambos dirigentes ensayaron discursos alternativos a la tematización de la corrupción: mientras Menem pretendía subordinarla a la importancia de los logros económicos, Duhalde buscaba retomar de las banderas tradicionales del peronismo, subordinando el problema de la corrupción a la demanda de progreso social.

Frente a estos actores opositores, las filas del oficialismo nacional se encontraban divididas entre dos apuestas de construcción identitaria, que derivaron en un enfrentamiento entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Ambas propuestas, igualmente marginales en la definición de la política porteña, subordinaban la tematización de la corrupción a la enunciación de los logros económicos del gobierno o de promesas en materias económica y social. El creciente conflicto entre el presidente y el gobernador bonaerense influiría en la campaña electoral de 1997: mientras Menem apostaba a nacionalizar la elección, Duhalde prefirió resguardarse en su provincia,18 instalando un clivaje entre las figuras míticas de los sectores populares bonaerenses (suburbanos, peronistas y productivistas) y los sectores medios19 porteños (urbanos, antiperonistas y desligados de la producción y del trabajo).

El triunfo aliancista, no sólo en la ciudad sino a nivel nacional e incluso en el bastión justicialista de la Provincia de Buenos Aires,20 sirvió de plataforma para una anunciada victoria en las presidenciales, y demostró el reconocimiento público a la promesa de renovación política. En un contexto donde tanto la opinión pública como los actores económicos consideraban a la estabilidad menemista como valores positivos y, al mismo tiempo, se mostraban preocupados por la profundización de los déficits sociales y económicos del propio modelo, el campo para la tematización de otras cuestiones era reducido, lo que derivó, durante la campaña electoral de 1999, en fenómenos de censura y autocensura de los elencos partidarios para no salirse del estrecho espacio aceptable para el público.

 

El auge del discurso anticorrupción en las elecciones presidenciales de 1999

La Alianza y APR convergieron en instalar un clivaje entre políticos corruptos y honestos, subordinando los demás problemas de agenda (recesión, déficit fiscal, desempleo, pobreza), cuya definición y tratamiento eran filtrados por la promesa de renovación política y transparencia. En este sentido, la figura del corrupto era presentada como la principal amenaza a la realización plena del sistema democrático, en tanto niega el imperio de la ley, así como a la realización personal de la gente, en tanto utiliza los recursos públicos para enriquecerse y no para resolver los problemas de los argentinos.21 Según esta clave de lectura, bastaba con erradicar la corrupción para que los argentinos pudieran realizarse y la desocupación, la pobreza y la marginalidad, desaparecer. Se hacía verosímil hasta la continuidad del modelo económico con el objetivo de equidad social, que llegaría automáticamente una vez que se hicieran más transparentes las decisiones del gobierno.

El perfil conservador de los dos candidatos opositores (de la Rúa y Ca-vallo) reforzaba la tendencia a la ambigüedad y polisemia de la cuestión de la corrupción que, en el caso de la Alianza, incomodaba a los asociados radicales y frepasistas. Sin embargo, el rol de "policía de la convertibilidad" asumido por Cavallo (y, a inicios de la campaña, por Duhalde), que exacerbaba la amenaza de "inestabilidad de los mercados" ante cualquier declaración, alineaba a toda la Alianza detrás de la defensa cerrada de la estabilidad, censurando cualquier posibilidad de tematizar las restricciones del modelo económico22 (Lorenc, 2002).

Para los tres candidatos, el crecimiento económico no dependía de otra cosa que de la confianza (de la gente, de "los mercados", de los organismos internacionales de crédito), cuya consolidación automáticamente aliviaría la presión de la deuda externa y atraería el ingreso de capitales extranjeros. En este sentido, de la Rúa se presentaba como dirigente confiable, mientras que Cavallo y Duhalde explotaban el perfil moderado del candidato aliancista para presentarse como figuras fuertes, con voluntad para dirigir el rumbo de la Nación.23

Por su parte, Duhalde se recluyó en la identidad peronista tradicional. La tematización del rumbo económico (sobreactuando el perfil productivista) y de la cuestión social (destacando la trayectoria del gobierno bonaerense en la implementación de planes sociales) como privilegiadas frente a la oposición "corrupción-renovación política", marginó al candidato de la convergencia entre Cavallo y de la Rúa. Esta marginación facilitó a los otros candidatos ubicar al duhaldismo como una continuidad del decisionismo, el corporativismo y el clientelismo peronistas. Duhalde no sólo debió lidiar con las tendencias al cierre del campo discursivo a temas poco favorables para su crecimiento electoral, sino también con la constante caracterización, de periodistas y de analistas de opinión, de que su propuesta era minoritaria (vommaro, 2007).

En este contexto, la diferenciación de la Alianza respecto de la "fiesta menemista", cristalizada en el estilo personal de su candidato presidencial, volvió verosímil la promesa de cambio aún sosteniendo la continuidad del modelo económico. El tratamiento de la problemática social (caracterizada, como afirmamos, por el desempleo y la pobreza), no sólo encontraba en esta diferenciación un difuso programa de gobierno (la eliminación de los negocios corruptos para asignar eficientemente los recursos presupuestarios a los problemas públicos), sino que también construía un colectivo con el cual el electorado podía reconocerse como una totalidad armónica y plenamente inclusiva: la gente. En este marco, la demanda de inclusión social se transformó en una vaga promesa de rehabilitación de esa plenitud armónica entre los ciudadanos.

Estos elementos contribuyeron al triunfo de la Alianza, marginando a Duhalde al núcleo del electorado peronista, quien cosechó el piso histórico de votos del partido. El triunfo aliancista contribuyó al arrastre de votos en elecciones ejecutivas provinciales y municipales, favoreciendo el cambio de signo político de algunas intendencias, como Rosario, Córdoba, Morón y Neuquén. No obstante, la mayoría de los mandatarios provinciales modificaron el calendario electoral de sus distritos para aislarse de la dinámica nacional,24 y, si bien de la Rúa se impuso en 20 distritos, la Alianza sólo ganaría la gobernación de siete. De este modo, mientras que la formación de la Alianza parecía reequilibrar el sistema partidario, la baja tasa de concurrencia entre las elecciones nacionales y provinciales anticipaba un clivaje territorial que profundizaba la tendencia a la desnacionalización del sistema de partidos.

Entre los distritos que desdoblaron las elecciones locales de las nacionales se encontraba la propia ciudad de Buenos Aires. A pesar de que era previsible un triunfo aliancista en el distrito, de la Rúa temía que prosperara un acuerdo entre APR y el PJ, por el cual Cavallo renunciara a su candidatura presidencial para competir a nivel local, como candidato del PJ. Ello hubiera significado un doble trastorno para la Alianza, en tanto la ausencia de Cavallo en la competencia presidencial hubiera mejorado las chances de Duhalde, y su intervención en la competencia porteña habría alimentado el arrastre de votos hacia el PJ.

 

Crisis de la Alianza en el gobierno nacional

Durante el año 2000 se evidenciaron las frustraciones de la promesa aliancista de renovación política, en todos sus aspectos. La incapacidad de la coalición electoral para coordinar la acción de gobierno y los conflictos entre el presidente y la dirección política de la UCR quedaron rápidamente opacados por las extremas dificultades económicas, frente a las cuales el ejecutivo optó por no reformar ninguno de los pilares del modelo económico, ensayando permanentes planes de ajuste fiscal mientras los indicadores que marcaban el acceso al crédito internacional se elevaban constantemente. En un contexto de fuerte recesión y déficit fiscal, la estrategia aliancista de ajuste en los presupuestos provinciales chocó con la coalición de gobernadores peronistas. En ese cruce, radicales, frepasistas y peronistas coincidían en acusarse mutuamente de engrosar la deuda pública para mantener un ilegítimo gasto político.

El discurso de la renovación y la reforma política se desmoronó rápidamente, cuando la promocionada Oficina Anticorrupción no sólo recogió denuncias sobre la administración anterior, sino sobre el propio gobierno, radicales y frepasistas por igual (Charosky, 2002). La sucesión de escándalos configuró una coyuntura crítica cuando diversos sectores del peronismo (el senador Antonio Cafiero y el gremialista Hugo Moyano) denunciaron el pago de sobornos a senadores nacionales para la aprobación de una ley de flexibilización laboral. En el escándalo estaban involucrados funcionarios del círculo íntimo presidencial (el titular de la SIDE, Fernando de Santibáñez) así como del núcleo del FREPASO (el Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique).

El escándalo devino en un enfrentamiento entre Álvarez y de la Rúa que culminó con la renuncia del vicepresidente, en la convicción de que su vuelta al llano produciría algún tipo de influencia política o, al menos, preservaría su imagen. El incomprensible rumbo político posterior de Álvarez (quien impuso al partido continuar en la coalición de gobierno, mientras que, al mismo tiempo, organizaba un nuevo movimiento apartidario en reclamo de renovación política) generó una profunda confusión en el FREPASO. El Frente se disgregaría progresivamente, con la escisión de sectores antialiancistas, la renuncia del propio Álvarez a la conducción partidaria y el declive de la popularidad de sus principales líderes.

La sucesión de fracasos configuró una coyuntura de disolución social y crisis económica, de la cual tanto los medios, como la opinión pública y hasta los propios dirigentes responsabilizaban a las élites políticas. La diferenciación, ensayada por el discurso de la renovación política, entre los políticos corruptos y la gente (progresivamente identificada como una víctima del proceso político) se generalizó al conjunto de las élites partidarias, y cualquier forma de cooperación interpartidaria era interpretada como prueba de la existencia una "clase" parasitaria y corrupta.

El discurso antipartidario hegemonizó las elecciones legislativas de 2001. A nivel nacional, se registraron porcentajes inéditos de votos en blanco y nulos (para la categoría diputados nacionales, sumaban el 23,99% de los votos emitidos), así como de baja concentración de votos hacia los partidos tradicionales (sumando los votos hacia el PJ, la UCR y la Alianza, éstos no alcanzaron el 60% de los votos positivos). En algunos distritos, estos indicadores se presentaron de manera destacada: en Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de votos blancos y nulos superó a las tendencias a nivel nacional (40,82% y 29,31% de los votos emitidos, respectivamente); mientras que los votos hacia fuerzas alternativas a los dos principales actores nacionales se concentraron particularmente en la ciudad de Buenos Aires (68,83% de los votos positivos) y Tierra del Fuego25 (el 59,15%). Asimismo, en Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes se destacaron los bajos índices de participación electoral (alrededor del 68%). La dispersión electoral y el clima político previo a las elecciones dotaron de sentido a las que, en los ciclos electorales, eran consideradas categorías residuales: el foco ya no estaba puesto en la participación electoral, sino en la "abstención" (entendida como el producto de una decisión); ya no en los votos positivos sino en el "voto bronca".

Luego de la renuncia de Álvarez se realizaron varias modificaciones en el gabinete, especialmente en la cartera económica, lo que constituyó una redefinición de la coalición de gobierno. El primer reemplazante de José Luis Machinea fue el Ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien anunció una serie de medidas de ajuste para disminuir el déficit fiscal, que motivaron la renuncia de varios ministros del gabinete y una oposición social inmediata y extendida. Quince días después de asumir y cuatro después de los anuncios de recorte presupuestario, López Murphy fue reemplazado por Domingo Cavallo.

Al asumir, Cavallo fue presentado como el único capaz de garantizar la salida de la crisis sin comprometer la Convertibilidad,26 pero con el correr de los meses se fueron agudizando los mismos problemas que no pudieron resolver sus antecesores. Sin acceso al crédito internacional para financiar el déficit estatal, los gobiernos provinciales (y, posteriormente, el nacional) comenzaron a colocar bonos de manera compulsiva, generando una situación de incertidumbre para los actores sociales, donde la moneda oficial convivía con una pluralidad de pseudo-monedas provinciales. Esta evolución culminó a inicios de diciembre con la bancarización de la economía nacional y la incautación de los ahorros personales (restringiendo la extracción de dinero en efectivo), medida que la literatura periodística denominó "corralito" bancario. La evidencia de que la situación económica era insostenible volvió verosímil una alternativa inasimilable apenas un año atrás: modificar los pilares del modelo económico.

En este contexto de descontento popular frente a la clase política e in-viabilidad de las medidas económicas, la difusión de saqueos a supermercados, primero en la ciudad de Rosario y, finalmente, en ciudades de once provincias argentinas, generó un clima de temor e incertidumbre y motivó la movilización social de sectores de clases medias urbanas. Si bien existen pruebas del vínculo entre dirigentes de base del peronismo bonaerense y la actividad de saqueos a pequeños comercios en la Provincia de Buenos Aires (Auyero, 2007), la estrategia oficialista de victimización sólo generó mayor indignación del público, ante el probado aislamiento presidencial, que, a la vista de la literatura periodística y académica, se acercaba peligrosamente al autismo político.

El 19 de diciembre de 2001, luego de una jornada de protestas en todo el país, el gobierno decretó el estado de sitio por 30 días. Esa noche, el presidente enunció por cadena nacional el relato oficial sobre los acontecimientos, acusando a grupos políticos de la organización de los saqueos, sin mención alguna a las demandas de cambio de rumbo provenientes de todos los sectores de la sociedad civil. En reacción al mensaje, y en abierta desobediencia al estado de sitio, vecinos de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a manifestarse en los barrios, saliendo a la calle o asomándose a los balcones, para hacer bullicio blandiendo trastos de cocina o haciendo sonar las bocinas de los autos. Las reacciones espontáneas fueron sumándose en las esquinas, desde donde marcharon hacia puntos geográficos cargados de simbolismo: la Plaza del Congreso, el Obelisco y la Plaza de Mayo.27

Así como la protesta comenzó en reacción a un mensaje televisivo, la rápida cobertura mediática permitió que se sostuviera en el tiempo y se propagara en el territorio (en especial, a municipios del conurbano y ciudades como Rosario y La Plata). La espontaneidad y ubicuidad del reclamo, así como los rasgos que delataban la transición inmediata entre la vida cotidiana y la protesta pública, impusieron la descripción del fenómeno como la aparición de la gente en el espacio público, encarnando un reclamo unánime hacia la dirigencia política, condensado en la consigna "Que se vayan todos". Esta demanda se convirtió en el ícono de las jornadas de protesta: la gente culpaba a toda la "clase política" de la situación y exigía una renovación política total. A contramano de otras movilizaciones populares, la imagen que la ciudadanía había construido sobre los políticos no condujo a una desvalorización generalizada de la democracia representativa como forma de gobierno,28 sino a la demanda de renovación.

Los principales medios masivos de comunicación, y hasta los deslegitimados actores partidarios, fieles a la trayectoria que hemos descrito, contribuyeron a alimentar esta apoteosis del ciudadano medio, festejando la participación espontánea de la gente como muestra incontestable de la responsabilidad de los políticos corruptos en la crisis. La metodología de la protesta, de hecho, seguía la tradición inaugurada por el propio FREPASO en 1997. La caracterización de los cacerolazos como producto del hartazgo de la gente de los políticos contrastó con otras formas de narrar la protesta social, especialmente, con las estrategias discursivas desplegadas por los medios para describir los saqueos del día anterior. Mientras que los incidentes del 19 de diciembre en los territorios suburbanos fueron interpretados en términos de estallido social (cuando no de sectores pauperizados conducidos por punteros políticos), los acontecimientos del 20 en el centro de la ciudad de Buenos Aires fue relatado por los medios en los términos de una dimensión político-democrática: las demandas espontáneas de la sociedad entera hacia su gobierno (Fernández, 2009).

Luego de darse a conocer la renuncia del ministro de economía y del resto del gabinete, a la madrugada del jueves, comenzó una jornada de represión que arrojó un saldo de 30 muertos y 4 500 detenidos. Finalmente, de la Rúa renunció a su cargo, luego de que fracasara el intento de conformar un gobierno de coalición con el PJ.

 

Conclusiones

En el presente artículo hemos descrito el proceso por el cual el problema de la corrupción fue investido como un tema central de la agenda pública, sirviendo a la instalación de diferencias políticas significativas. El proceso se ha producido en paralelo al deterioro de la cohesión y predicamento de los partidos políticos nacionales, que han perdido progresivamente el monopolio de la palabra política. La creciente legitimidad de los analistas de opinión, de los profesionales del marketing político y de los periodistas de investigación incorporaría nuevas voces a un espacio de intercambios cada vez menos monopolizado por los partidos políticos, que hemos denominado campo de la comunicación política. El nuevo campo significó una oportunidad para el crecimiento de los líderes políticos respecto de las erosionadas organizaciones partidarias, contribuyendo a la personalización de la representación política.

La conformación de la nueva arena política, configurada por la interacción entre los líderes políticos y los elencos de los medios de comunicación, no ha podido, sin embargo, cerrarse sobre sí misma. El escenario de la crisis de 2001 habilitó la irrupción (discontinua, inorgánica e irregular) de acciones colectivas de protesta, encaradas por agrupamientos volátiles que asumían la reactualización de la lucha por la ampliación de derechos y la impugnación a la burocratización de la representación política. La irrupción de dichos actores, y su propia dificultad en sedimentar en organizaciones permanentes, ha mantenido a la esfera pública como un espacio abierto, pero al mismo tiempo irregular y discontinuo, generando nuevos escenarios de desigualdades sociales (principalmente, territoriales) y nuevos problemas de mediación política, ante el descrédito de las élites partidarias frente a la legitimidad natural de "minorías intensas".

Este nuevo conjunto de fenómenos ha condicionado la dinámica política tanto en el nivel nacional como en las arenas provinciales, siendo la ciudad Autónoma de Buenos Aires uno de sus escenarios privilegiados. Como hemos desarrollado, las principales terceras fuerzas políticas han emergido y se han desarrollado en el marco de oportunidades que ofreció el joven sistema político porteño, marcado por una temprana y profunda erosión tanto del PJ como de la UCR. Asimismo, ha sido en la arena porteña donde los medios de comunicación han alcanzado mayor influencia, convirtiéndose en los principales mediadores entre los políticos y la ciudadanía. Del mismo modo, la irrupción de demandas inorgánicas ha alcanzado rápida repercusión, influyendo en el rumbo político no sólo de la dinámica local sino incluso de los gobiernos nacionales, como sucedió durante las jornadas de diciembre de 2001.

El conjunto de transformaciones ha dado forma a la tematización de la corrupción, operando como marco de oportunidades para la construcción de actores colectivos y para la producción de discursos políticos. Sobre el horizonte de las narrativas de los medios de comunicación masiva y de la erosión de la mediación partidaria, los nuevos actores políticos y sociales han coincidido en tematizar la corrupción, construyendo un doble juego de identidad y diferencia entre cierta imagen de la ciudadanía, apelada en los términos de la gente, como un colectivo homogéneo definido por su carácter apartidario y por el consumo de los medios de comunicación masiva, y cierta descripción de las élites partidarias, entendidas como una corporación, movida por intereses particulares en detrimento del bien común. Sobre la base de dicha convergencia, con la evolución de los acontecimientos políticos se ha instalado progresivamente una polaridad entre dos tipos de discursos sobre la corrupción.

Por un lado, ciertos actores han enfatizado la cuestión de la ineficacia de los políticos para gestionar los bienes públicos, privilegiando una perspectiva tecnocrática de lo político, especialmente en la administración de la economía. Estos discursos tuvieron un primer enunciador en el "ala tecnocrática" de la coalición menemista, y fueron evolucionando junto con figuras como Domingo Cavallo, Gustavo Beliz y otros referentes políticos y sociales.

Por otro lado, ciertos actores políticos han tematizado la impunidad del poder, continuando una tradición de lucha democrática iniciada por el movimiento por los derechos humanos y ligándola a una preocupación ética por el respeto a las instituciones republicanas. Los discursos también han experimentado una evolución, en la que progresivamente el respeto por las instituciones ha subordinado la preocupación por las profundas desigualdades sociales que la impunidad del poder aseguraban. Dicha evolución ha permitido que actores políticos ligados a la izquierda democrática (liderados por "Chacho" Álvarez) se alejaran de la pretensión de organizar un conjunto de actores sociales opositores al modelo económico, para acercarse a los actores partidarios ligados al polo no peronista del arco político, pero defensores de la paridad cambiaria. Los discursos coincidieron, por otra parte, en tematizar un clivaje entre la arena mediatizada de los distritos metropolitanos, especialmente, la ciudad de Buenos Aires, y los espacios de la política territorializada, donde las prácticas de las organizaciones partidarias orientadas a mantener encapsulados a los electorados han sido interpretadas como formas degradadas de la "vieja política" corrupta.

Ambos discursos han interactuado entre sí y con otras interpretaciones del proceso político, contaminándose mutuamente y lidiando con la emergencia de nuevos actores y de nuevos problemas de la agenda pública, lo que derivó en un progresivo vaciamiento de la cuestión de la corrupción, apelada por los actores como una bandera ambigua, sin contenido programático específico y con vínculos lábiles a políticas públicas. La polisemia del discurso anticorrupción llegó a su límite con el fracaso del gobierno nacional de la Alianza, incapaz de administrar el Estado de una forma más eficaz o más transparente, lo que derivó en una profunda crisis política y económica que devoró a todos sus referentes, desde "Chacho" Álvarez hasta Domingo Cavallo.

 

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Notas

1 Latinobarómetro, informes 1995-2002.

2 "... una guerra total contra un auténtico flagelo que corroe nuestra convivencia solidaria. Es decir, contra la corrupción... La reforma del Estado, la desregulación, la eliminación de trabas burocráticas y la mayor transparencia de nuestro sistema económico, son pilares para modificar situaciones fraudulentas que nos sumergieron en el atraso y la decadencia" (Carlos Menem, 24/01/1991).

3 No sólo ilícitas, sino todas aquellas prácticas reñidas con el código moral con que el público evaluaba el desempeño de los representantes (Cf. Frederic, 2004).

4 La metodología por la cual Menem garantizó la "mayoría automática" fue la modificación del número de miembros, que pasó de cinco a nueve, lo que instaló un conflicto con el Tribunal que condujo a la renuncia de uno de los magistrados. De este modo, el Ejecutivo impuso la designación de cinco jueces disciplinados, nombrando como Presidente del Tribunal al riojano Julio Nazareno, socio político y profesional de la familia Menem.

5 En 1991, el Grupo de los Ocho se alió con la agrupación Democracia Popular (liderada por Carlos Auyero, que incluía fragmentos de la DC y a la referente de derechos humanos Graciela Fernández Meijide) fundando el modejuso, que participó de las elecciones legislativas aliado a los partidos Humanista e Intransigente bajo la etiqueta FREDEJUSO. En 1992, el FREDEJUSO contribuyó a la campaña del Frente del Sur, del cineasta Fernando "Pino" Solanas, que incorporaba fragmentos partidarios del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana. En las elecciones de 1993 (Diputados Nacionales) y 1994 (Convencionales constituyentes) el FREDEJUSO y el Frente del Sur se aliaron en el fg. En las presidenciales de 1995, conformaría, junto con un grupo de disidentes radicales, los partidos Unidad Socialista, Demócrata Cristiano y PAIS (liderado por el ex gobernador mendocino José Octavio Bordón), el FREPASO. Finalmente, en 1997, luego de varias expulsiones (de Solanas, Brunati y Bordón; de PAIS y del PC), se anexaría la UCR como nueva capa al entramado partidario, formándose la Alianza (Cf. tabla I).

6 "... estamos frente a un modelo de ajuste, orientado por una concepción preliberal que rechaza tomar los problemas sociales en consideración.... Ese preliberalismo le impone a la reconversión argentina un retorno a la Argentina de los treinta, de la arbitrariedad y la oligarquización del poder..." (Chacho Álvarez, Página/12, 13/10/1991).

7 La más significativa reforma para la supervivencia de la UCR como segunda fuerza política fue la que afectó al Senado de la Nación: aumentaba el número de representantes por distrito a tres, reducía su mandato a 6 años y establecía su elección por voto directo, con sistema de lista incompleta (2 para la primera minoría y 1 para la segunda). De este modo, la UCR se aseguraba una cuota de poder institucional en el Senado. Asimismo, se incorporaron instituciones que fortalecían el rol de control parlamentario (creación de la figura del Jefe de Gabinete, creación de un Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, y regulación de los decretos de necesidad y urgencia). También se acordó declarar territorio autónomo a la Capital Federal, con instituciones políticas propias elegidas por voto popular.

8 Cf. tabla II.

9 Cf. tabla III.

10 También fue protagonista de escándalos de corrupción. En el tramo final de la campaña, Domínguez fue procesado por la justicia por presuntas irregularidades en el alquiler de un inmueble para uso público.

11 "El domingo no hay una discusión sólo por cambiar el gobierno de la ciudad, hay una discusión por cambiar el estilo político de la Argentina. Se cambia el viejo estilo de hacer política (deformado por la corrupción y el verso) por el nuevo que conjuga dos elementos: transparencia y eficacia" (Gustavo Beliz, citado por La nación, 28/06/1996).

12 "No quiero una Argentina dominada por las mafias. Tampoco una Argentina donde los ciudadanos tengamos miedo de salir a la calle, o debamos ser amigos del poder para progresar y vivir con tranquilidad. Menos todavía, una Argentina donde la gente piense que ser honesto no lleva al éxito" (Cavallo, 1997: 282).

13 La asociación sintonizaba con el desprestigio de la policía bonaerense, sospechada de participar en numerosos casos resonantes de corrupción, violencia institucional y hasta de atentados terroristas. De este modo, Cavallo se diferenciaba no sólo de Menem, sino del gobernador bonaerense y precandidato presidencial, Eduardo Duhalde.

14 "Ahora es la sociedad la protagonista en esta historia. Es ella la que ha demostrado que quiere un cambio del modelo económico. Es necesario que el Presidente la escuche, y no que se encierre en una cancha de golf" (Carlos "Chacho" Álvarez, citado por La Nación, 13/09/1996).

15 "Quizá mi contribución no sea mucha, pero sé que con esto ayudo a protestar', explicó Pablo a los gritos, para hacerse oír por encima de las bocinas que habían aumentado sus decibeles. Pablo es biólogo y trabaja en un sanatorio. Su esposa es psicóloga. No pertenecen a ningún partido... Gabriela asintió: 'Quisimos expresar nuestra bronca'... ¿Qué ganan haciendo esto? 'Que en este momento el gobierno tiene que soportar que la gente le grite, y la tiene que oír', contestó una señora llamada Lila. Sin embargo, se los ve sonrientes, se observó. '¿No se da cuenta de que estamos todos juntos, haciendo algo, por fin? ¡Mire las casas, están todas oscuras!', se entusiasmó" (La Nación, 13/09/1996).

16 apr presentó listas en cinco distritos y obtuvo tres bancas: dos por la ciudad de Buenos Aires y una por Córdoba.

17 Menem pretendía competir por un tercer mandato, opción que debió resignar en 1999, luego de que Duhalde amenazara con someter la cuestión a una consulta popular en el territorio bonaerense.

18 Dicha estrategia tampoco fue redituable: Duhalde debió afrontar, entre 1997 y 1999, denuncias de participación de la policía bonaerense en hechos delictivos, acuñándose la expresión "maldita policía" para referirse a la fuerza. Ello profundizó el potencial del discurso anticorrupción y contribuyó al triunfo de Graciela Fernández Meijide frente a la propia esposa de Duhalde en las elecciones.

19 "Los porteños, que con su Consejo Deliberante han sido los campeones de la corrupción vienen ahora a querer darnos lecciones de moral a los bonaerenses. a mí me molesta profundamente que los porteños vengan a darnos lecciones de honestidad cuando no son honestos probados" (Eduardo Duhalde, citado por Clarín, 08/09/1997).

20 Participando sólo en 11 distritos, la Alianza superó al PJ por 50 mil votos. Sumando los votos a la UCR y al FREPASO en los otros 13, esa distancia se incremente en un 1.5 millones más de votos.

21 "Dicen que soy aburrido. Aburrido. Será que no manejo Ferraris. Será para quienes se divierten mientras hay pobreza. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos otros se divierten. Quiero un país alegre, quiero un pueblo feliz" (Fernando de la Rúa, spot de campaña de la Alianza, 1999).

22 "Todas las leyes que llevaron a la estabilidad en la Argentina fueron votadas en contra por el radicalismo, porque no tuvieron la convicción de que con esas normativas se lograba la estabilidad, como no creo que ahora tengan convicción para mantenerla" (Eduardo Duhalde, citado por La Nación, 01/06/1999). "Duhalde además sostuvo ayer que algunos empresarios juegan a que el país devalúe para hacer negocios. La consigna sigue siendo convertibilidad o muerte, aseguró" (Clarín, 20/08/1999).

23 "De la Rúa no va a meter preso a nadie, porque ni siquiera se va animar a promover un cambio en la Corte Suprema ni de los jueces de la servilleta. Tiene el mismo miedo que inmovilizó a Menem. O alguien vio alguna vez a De la Rúa hablar de Yabrán y de la organización que yo denuncié" (Domingo Cavallo, citado por Página/12, 26/08/1999). "[Eduardo Duhalde] Descartó, con una sonrisa, que un debate televisivo con el candidato de la Alianza pueda ser tomado como un tema de campaña. Y aprovechó para azuzar a su rival: 'De la Rúa, seguramente, se va decidir después del 24 de octubre. Le cuesta mucho tomar decisiones', comentó" (La Nación, 24/09/1999).

24 Sólo seis distritos eligieron de manera concurrente gobernador y presidente. Incluso los distritos radicales, por diversos motivos, se alinearon en la estrategia de no concurrencia.

25 También en Mendoza, Neuquén y Ticumán, aunque en los tres casos, la baja concentración bipartidista de votos se explica por la presencia de partidos provinciales con fuerte arraigo social (otro tanto puede afirmarse de Tierra del Fuego, aunque en ese distrito hay una tendencia más evidente hacia la fragmentación del sistema de partidos).

26 Según un sondeo del Centro de Estudios Nueva Mayoría (publicado el 22/04/2001), el 32% de los entrevistados creía que Cavallo tenía el poder político para salir de la crisis, mientras que sólo un 8% confiaba en el presidente.

27 También en puntos significativos de la trama urbana, como el monumento al Cid Campeador o esquinas emblemáticas como Pueyrredón y Córdoba, o Independencia y Entre Ríos (Schuster, Pérez y Pereyra, 2002).

28 Si bien se multiplicaron manifestaciones de disconformidad con la democracia representativa, la opinión pública y la sociedad civil movilizada apoyaban el régimen democrático y exigían elecciones como salida de la crisis. Como ejemplo, la encuesta anual de Latinobarómetro señala un alto índice de apoyo a la democracia (del 59.5% en 2001 y 64.8% en 2002, superior al promedio de la región), pero con un muy bajo nivel de satisfacción con sus resultados: mientras que en 2000 el 46.33% de los entrevistados manifestaba estar satisfecho o muy satisfecho, en 2001 sólo lo manifestaba el 20.99% y en 2002, el 8.33%.

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