Artículos

 

La situación sociolaboral de los migrantes internacionales en la agricultura: irregularidad laboral y aislamiento social

 

Simón Pedro Izcara Palacios*

 

* Universidad Autónoma de Tamaulipas. Correo electrónico: sizcara@uat.edu.mx

 

Fecha de recepción: noviembre 2007.
Fecha de aceptación: marzo 2008.

 

Resumen

Los jornaleros inmigrantes constituyen uno de los grupos sociales más pobres de las comarcas agrarias de Estados Unidos y España. Los trabajadores agrarios migratorios viven en áreas remotas y sufren de malnutrición, salarios bajos, alta movilidad laboral, condiciones laborales precarias y ambientes laborales inadecuados. Por una parte, el sector agrario, que constituye un refugio laboral para los trabajadores ilegales, opera fuera del mercado laboral formal; por otra parte, los jornaleros padecen un grave problema de "aislamiento social", esto ha sido señalado como una de las principales causas de falta de bienestar de éstos. El artículo analiza, de modo comparativo, la situación de irregularidad laboral y aislamiento social de los jornaleros tamaulipecos empleados en la agricultura estadounidense y los trabajadores marroquíes empleados en el sector agrario andaluz.

Palabras clave: agricultura, jornaleros inmigrantes, agricultura intensiva, irregularidad laboral, aislamiento social.

 

Abstract

Migrant farm workers figure among the poorest people living in the agricultural counties of the United States and Spain. Migrant farm laborers live in remote areas; suffer from malnutrition, low pay, a high mobile lifestyle, difficult working conditions and precarious living environments. Furthermore, farming operates outside the formal labor market as it constitutes a refuge for illegal immigrants, and social isolation has been reported as one of the main causes of distress among immigrant farm workers. This paper analyses comparatively the situation of labor irregularity and social isolation of Tamaulipas' farm workers employed in US agriculture and Moroccan workers engaged in Andalusia's farming sector.

Key words: farming, immigrant farm workers, labor–intensive crop production, labor irregularity, social isolation.

 

Introducción¹

Los jornaleros migratorios constituyen el grupo social más marginal del medio rural en Estados Unidos y España. Viven en áreas remotas, desconectados del entorno social, sufren de malnutrición (Quandt et al., 2004: 573), bajos salarios (Alderete et al., 2000: 609), constante movilidad laboral (Parra et al., 2006: 369 y 370), subempleo y desempleo (Kim–Godwin et al., 2004: 274), condiciones laborales difíciles (García e Izcara, 2003) y ambientes laborales precarios (Molina, 2002).

Por una parte, la agricultura se mueve al margen del mercado laboral formal. El sector agrario es más difícil de inspeccionar y regular que otras actividades, ya que opera en espacios remotos y emplea trabajadores estacionales, que deambulan de un sitio a otro en busca de nuevas oportunidades económicas. Esto convierte a la agricultura en nicho para una abundante oferta de trabajadores indocumentados, que presionan a la baja los salarios y reducen el atractivo de esta actividad para la mano de obra local e inmigrantes regularizados.

Por otra parte, el trabajador inmigrante empleado en la agricultura se encuentra aislado socialmente, entendiendo el aislamiento social como "la falta de contacto o interacción con individuos e instituciones que representan a la sociedad" (Wilson, 1987: 60). La dureza del trabajo, la escasez del tiempo de ocio y la locación remota de las explotaciones agrarias, unidos a la necesidad de permanecer oculto de las autoridades migratorias, hace que los jornaleros inmigrantes sufran una situación de encerramiento, soledad y de ausencia de relaciones interpersonales.

La dependencia de la agricultura estadounidense de la mano de obra mexicana se remonta a finales del siglo XIX. Los braceros mexicanos desplazaron a los jornaleros japoneses de los campos californianos a comienzos del siglo XX y a los afro–americanos de las huertas de Florida y Carolina del Norte en el último tercio del siglo XX. En un primer momento se establecieron principalmente en California y Texas, y más recientemente su presencia se ha tornado predominante en los campos del noroeste y sureste estadounidense. Por otra parte, el perfil socio–demográfico de este colectivo ha estado constituido por varones jóvenes procedentes de áreas rurales del centro–occidente de México; aunque recientemente se ha producido un gran crecimiento del número de braceros procedentes del pacífico–sur y noreste del país. Los braceros mexicanos nunca fueron aceptados en Estados Unidos como ciudadanos de primera clase; aunque su disciplina en el trabajo siempre fue apreciada por sus empleadores. La migración del siglo XXI encaja cada vez más dentro del perfil de campesinos empobrecidos, que proceden cada vez en mayor número de los estados del sur, para quienes cruzar la frontera implica un costo económico elevado y riesgo de perder la vida.

La presencia de mano de obra marroquí en la agricultura española se remonta a mediados de los años setenta, cuando llegaron los primeros jornaleros foráneos a Cataluña. Una década después comenzaron a ser empleados en las explotaciones hortofrutícolas de de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía Oriental, y en los años noventa su presencia ya era palpable en toda la agricultura de exportación andaluza. Actualmente también trabajan en zonas de agricultura extensiva del interior peninsular. El perfil socio–demográfico de este grupo social ha estado compuesto por varones jóvenes procedentes de áreas tanto urbanas del norte y occidente de Marruecos como rurales del interior del país. Hasta los años noventa la presencia estacional de jornaleros marroquíes registraba un elevado grado de tolerancia, especialmente en la Comunidad Valenciana; de modo que los empresarios agrarios españoles siempre han alabado su fortaleza para el trabajo agrario. Sin embargo, después del proceso de regularización de 1991 y especialmente con los incidentes de febrero del 2000 en Almería, del 11 de septiembre y del 11 del marzo, todo cambió. Ahora los jornaleros marroquíes son objeto de una profunda aversión. La migración del siglo XXI encaja dentro del perfil de varones jóvenes subempleados, desempleados y emprendedores, para quienes cruzar la frontera implica un costo económico enormemente elevado y el riesgo de perder la vida es más de diez veces superior al asumido por los emigrantes mexicanos.

Este artículo, a través de un estudio cualitativo de los trabajadores tamaulipecos empleados en el sector agrario en Estados Unidos y los trabajadores marroquíes empleados en la agricultura andaluza, profundiza en la situación de irregularidad laboral y aislamiento social que sufren los trabajadores migratorios internacionales en la agricultura.

En el plano metodológico el trabajo de investigación aparece anclado en una metodología cualitativa. Durante los años 2003 al 2007 fueron realizadas más de medio centenar de entrevistas en profundidad en diversas comunidades rurales de las provincias andaluzas de Granada y Almería, en España, y de los municipios tamaulipecos de Gómez Farías, González, Guémez, Hidalgo, Jaumave, Mante, Padilla, San Carlos, San Fernando, Tula, Valle Hermoso, Victoria y Villa de Casas, en México. Asimismo, tanto empresarios agrarios como activistas sindicales agrarios fueron entrevistados en Almería y Florida.

 

Los trabajadores inmigrantes en la agricultura

La competitividad del sector hortofrutícola en España y Estados Unidos descansa en una sobre oferta de mano de obra foránea dispuesta a desarrollar aquellas tareas agrarias que la población local rehusa realizar, a cambio de una retribución salarial baja.

En el sector agrario español el número de trabajadores extranjeros dados de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por sus empleadores se incrementó en 105% entre los años 2001 y 2005. Dentro de este colectivo destacan los jornaleros marroquíes, que en el año 2001 representaban 55% del total de trabajadores extranjeros. En los últimos años el porcentaje ha decrecido debido a que el número de inmigrantes marroquíes creció más despacio, 52% en estos cinco años, que el volumen de trabajadores de otras nacionalidades,² que creció 206% en este mismo periodo (véase la tabla 1). Aunque los datos de la tabla 1 corresponden a una pérdida relativa de peso de la población marroquí dentro del colectivo jornalero, es necesario interpretarlos con cierta cautela ya que la xenofobia existente en España hacia la población marroquí se ha traducido en un mayor nivel de irregularidad y un menor nivel de registro de los jornaleros magrebíes en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

En Estados Unidos, como puede apreciarse en la tabla 2, el porcentaje de trabajadores asalariados agrarios de origen mexicano se ha incrementado de forma explosiva en los últimos años. En 1990, únicamente 57% de los jornaleros empleados en Estados Unidos habían nacido en México o eran hijos de mexicanos. Sin embargo, en el año 2002 este porcentaje había escalado hasta 84% (véase la tabla 2).

Los datos de las tablas 1 y 2 hacen referencia a una dependencia cada vez mayor de mano de obra extranjera en el sector agrario de estos países. Por otra parte, la tabla 3 hace alusión a la juventud de la mano de obra foránea empleada en la agricultura. Tanto en España como en Estados Unidos más de 60% de los jornaleros foráneos tienen menos de 35 años. En Estados Unidos es especialmente preocupante el empleo de menores de edad. Así, 11% de los jornaleros migratorios tienes menos de 19 años. En Estados Unidos, un país cuya regulación laboral no admite el trabajo infantil, el empleo de niños en la agricultura es un subproducto de la enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1986 –SEC. 101 (a)(3)–, que sancionaba a aquellos empleadores que contratasen trabajadores ilegales; pero liberaba de toda responsabilidad a quienes actuando de buena fe contratasen a un trabajador que les mostrase un documento aparentemente fidedigno. Esto se tradujo en una proliferación de documentos falsos promovida por los propios empleadores; de modo que muchos menores de edad son dados de alta en la Administración de Seguridad Social a partir de la información contenida en un documento de identificación falsificado en el que fue alterada la edad del portador.

Los jornaleros migratorios poseen un nivel bajo de educación y llegan de áreas con elevados niveles de desempleo. Sin embargo, los hogares (Arizpe, 1981: 643; Quinn, 2006: 148) y comunidades (Massey, 2004: 208) más pobres carecen de los recursos económicos,³ sociales y culturales para emigrar (Castles, 2000: 272). Por lo tanto, únicamente las familias pobres más aventajadas poseen recursos para emigrar, y son los individuos más educados de aquellas familias con niveles más bajos de educación quienes emigran (Quinn, 2006: 147).

Hasta mediados de los ochenta en el caso de los trabajadores mexicanos (Corona, 1993, Verduzco, 1995), y comienzos de los noventa en el ejemplo de los marroquíes (Izcara, 2002a y b), este fenómeno migratorio podía describirse como un flujo circular de varones jóvenes (Massey, 2004: 211). La mayor parte de los migrantes viajaban solos (Quandt et al., 2004: 119) y retornaban a su país de origen una vez concluida la estación agrícola. Sin embargo, cambios en las políticas migratorias de España y Estados Unidos, tendientes a legalizar el trabajo en la agricultura, erosionaron este modelo migratorio circular (Durand, 2000: 28; Aragón y Chozas, 1993). En un nuevo escenario de incertidumbre legal y una escalada de la vigilancia fronteriza los jornaleros migratorios optaron por alargar su estancia en el país vecino, lo que resultó en un ascenso del desempleo (Reyes, 2004: 245; Cornelius, 2001: 668).

 

La irregularidad laboral en la agricultura

Tanto en España como en Estados Unidos el predominio de mano de obra indocumentada en la agricultura obedece a tres factores: i./ la preferencia de los empleadores por mano de obra barata y sumisa; ii./ la ausencia de control sobre la demanda de mano de obra ilegal; iii./ el abandono de la actividad agraria por parte de los trabajadores que regularizan su situación laboral.

La inmigración ilegal es un asunto problemático en España y Estados Unidos. En España hay, al menos, medio millón de inmigrantes ilegales (Arango y Martin, 2005: 265) y en Estados Unidos dos tercios de los migrantes mexicanos entran de forma subrepticia (Fairchild y Simpson, 2004: 220). En el caso español, un significativo número de migrantes ilegales procedentes de Marruecos llegan en pateras (embarcación con capacidad para transportar entre 12 y 24 personas) a las comarcas agrarias de Almería, Murcia y Huelva (Arango y Martin 2005: 266). En el caso estadounidense más de un millón de mexicanos son aprehendidos anualmente por la Patrulla Fronteriza (véase la tabla 4). Según Espenshade (1995: 545) la correlación entre el número de aprehensiones y el flujo de migrantes indocumentados es tan elevada que pueden hacerse inferencias válidas sobre el flujo de inmigrantes ilegales a partir de las estadísticas de aprehensiones. Por lo tanto, puede concluirse que en Estados Unidos una vigilancia más férrea de la frontera ha conducido a una elevación de las muertes por deshidratación, hipotermia o ahogamiento en más de 90% entre 1995 y 2005 (véase la tabla 4).

En España como resultado de un reforzamiento de la seguridad fronteriza las aprehensiones de inmigrantes ilegales han crecido enormemente en los últimos años; es el riesgo de morir mucho más elevado que en el primer caso (véase la tabla 5). En la frontera estadounidense en el año 2005 morían 4.4 personas por cada diez mil aprehensiones; en la española ese mismo año el número de muertes se elevaba a 62. Si se tiene en cuenta que en Estados Unidos entre un 70% y un 80% de los migrantes ilegales logra cruzar la frontera sin ser aprehendido (Cornelius, 2001: 665) y la policía española logra interceptar una cuarta parte del flujo migratorio irregular (Arango y Martin, 2005: 266), puede concluirse que la probabilidad de morir es 14 veces superior en la frontera española que en la estadounidense.

Por lo tanto, las líneas divisorias entre México y Estados Unidos y entre Marruecos y España son dos de las fronteras más peligrosas en un contexto de paz, y es la oferta de empleos estacionales en la agricultura uno de los principales incentivos de este flujo migratorio (Carella, 1999: 87). La tabla 6, donde se aprecia que más de la mitad de los jornaleros empleados en la agricultura estadounidense son ilegales, ejemplifica la atracción que ejerce la agricultura sobre la mano de obra irregular.

En primer lugar, la mano de obra ilegal presenta un enorme atractivo para los empresarios agrarios, no únicamente por su disposición a aceptar salarios más bajos; sino también por su inclinación a trabajar durante horarios prolongados. Esto es importante en un sector caracterizado por producciones perecederas que deben cosecharse durante periodos muy estrechos. Diferentes estudios han constatado una preferencia de los empresarios agrarios, tanto en España (Pedreño, 1999a: 211; 1999b: 110 y 111) como en los Estados Unidos (Poss y Pierce, 2003: 139), por la mano de obra inmigrante no regularizada. Los empresarios agrarios prefieren a los marroquíes (Hoggart y Mendoza, 1999: 550) o mexicanos (Thompson, 1956: 77; Laufer, 2006: 245) más que a los locales, ya que los primeros son descritos como trabajadores que presentan un mejor desempeño en la realización de tareas pesadas.

Muchos de los jornaleros marroquíes entrevistados afirmaron que los empresarios agrarios preferían emplear a trabajadores con poca experiencia laboral en España y desconocedores de sus derechos (arquetipo que encaja con el inmigrante no regularizado); debido a que les causaban menos problemas, estaban dispuestos a trabajar más duro durante jornadas más prolongadas, y además se conformaban con salarios más bajos. Es más, algunos inmigrantes llegaban a afirmar que tener los papeles en regla era una desventaja para obtener empleo en la agricultura: "por ejemplo, yo llevo trabajando mucho tiempo con mi jefe, y viene uno que no tiene papeles, no tiene derechos ni nada, sin trabajar, y le dice: 'vete a trabajar'. Eso es un problema, viene uno nuevo (...)",⁴ "el agricultor no quiere a la gente que tenga papeles; quiere gente nueva, con fuerza".⁵

Así, algunos informantes alegaban sentirse desplazados por los trabajadores indocumentados que llegaban diariamente desde Marruecos en una situación de tal penuria económica que no podían rechazar ninguna oferta de empleo.⁶ Incluso para el inmigrante legal, su actividad dentro de la agricultura no deja de estar marcada por la irregularidad. Como señalaba un activista del Sindicado Obreros del Campo, a quién entrevisté en Almería en julio de 2003, los empresarios agrarios en numerosas ocasiones dan de baja al trabajador inmigrante a los pocos días de haber formalizado su situación laboral. También abundan los casos donde el empresario agrario pide al trabajador inmigrante sus datos personales, que quedan reflejados en una lista, y en caso de inspección el empleador instruye a los trabajadores para que confirmen que acaban de comenzar a trabajar en dicha explotación, por lo cual todavía no habría tenido tiempo de formalizar su situación laboral (Izcara Palacios, 2005: 22 y 23). Por lo tanto, un elevado grado de irregularidad en la agricultura resulta de la coexistencia de leyes restrictivas con la predisposición de los empleadores a esquivar la ley dando empleo a trabajadores indocumentados.

En segundo lugar, la política migratoria de los dos países ha centrado los esfuerzos en el control de la oferta de indocumentados a través de un reforzamiento de la seguridad fronteriza, es notoria la ausencia de un esfuerzo por ejercer control sobre la demanda de mano de obra. La estrategia, concentrada en la oferta, lejos de contener la inmigración ilegal, únicamente ha atrincherado aún más a los trabajadores ilegales (Cornelius, 2007: 254). En este sentido, uno de los entrevistados se mostraba sorprendido por la ausencia de vigilancia por parte de las autoridades migratorias en los lugares de trabajo: "Creo yo que el dueño del rancho estaba arreglado con la migra, porque donde trabajábamos pasaba una carretera principal y ahí nunca llegaban a ver si éramos ilegales o no".⁷

La ley migratoria en Estados Unidos y España incluye severas sanciones contra aquellos empresarios que contratan trabajadores ilegales; sin embargo, la aplicación de esta normativa en el sector agrario ha sido muy limitada (Arango y Martin, 2005. 264). Una de las razones es que tanto empleadores como organizaciones profesionales de jornaleros y defensores de los trabajadores migratorios presentan una posición crítica en contra de las redadas y detenciones de trabajadores irregulares empleados en el campo (Donato et al., 2005: 9).

En Estados Unidos algunos agricultores comenzaron a contratar trabajadores legales al oír correr la voz de que el Servicio de Inmigración y Naturalización planeaba realizar redadas con multas de hasta cinco mil dólares por persona y día de trabajo (Laufer, 2006: 246). Aunque, por ejemplo, las sanciones aplicadas a los empleadores, recogidas en el IRCA,⁸ nunca se materializaron, ya que los empresarios agrarios recurrieron a la utilización de los servicios de contratistas, de origen mexicano, que eran quienes trataban directamente con los trabajadores (Verduzco Igartúa, 1995: 582). En España, a partir del año 2000, con la aprobación de la nueva Ley de Extranjería, y el consiguiente endurecimiento de los mecanismos para evitar la inmigración irregular los empresarios agrarios se volvieron más cautos en contratar a inmigrantes no documentados (Corkill, 2001: 841). Como señalaba un agricultor de 52 años de edad, entrevistado en Loja (Granada) en julio de 2003, en aquellos terrenos próximos a vías de comunicación, los más accesibles a los inspectores, era cada vez menor el número de empresarios agrarios que se arriesgaban a dar empleo a trabajadores indocumentados; pero no así en espacios agrarios más retirados.

En el caso norteamericano, la ley migratoria prohíbe dar empleo a los trabajadores que no puedan acreditar su estancia legal en el país. Esto contrasta con el hecho de que más de la mitad de los trabajadores son indocumentados (véase la tabla 6). Sin embargo, no es óbice para que puedan trabajar, ya que lo hacen bajo una identidad fraudulenta. Así, algunos de los jornaleros tamaulipecos entrevistados confirmaron que habían comprado "papeles chuecos"⁹ por un costo aproximado de doscientos dólares. Precisamente, la Administración de Seguridad Social estadounidense ha notificado una falta de concordancia entre los nombres y el número de la Seguridad Social en la mitad de los empleados de la agricultura (Martin, 2002: 1136). El uso de estos documentos falsos ha permitido a algunos menores de edad trabajar en la agricultura bajo una identidad falsa. El uso de documentación falsa es sobradamente conocido por los empleadores; pero se han hecho de la vista gorda debido a la enorme demanda de trabajadores no cualificados durante los periodos de cosecha (Lowell y Jing, 1994). En las siguientes citas de entrevistas se describe la facilidad con la que los jornaleros tamaulipecos obtienen documentos falsos para trabajar:

De hecho conseguí "papeles chuecos", fui y compré unos papeles y puse otro nombre para que el mío no saliera (...), registré más años porque todavía por mi edad no me pueden dar trabajo, y sí, puse más años y todo, y me dieron el trabajo."¹⁰ "Uno que es mojado se le arregla unos "papeles chuecos" para poder cobrar; pero siempre es más barata la hora de trabajo.¹¹

Como contraposición, en octubre de 2007 pude entrevistar a un jornalero del ejido La Aurora (Hidalgo, Tamaulipas) que años atrás emigró a Estados Unidos con una visa H–2A y actualmente tenía vetada la entrada a Estados Unidos debido a que otra persona que usurpó su identidad cometió un delito.

La discriminación salarial es siempre un elemento concomitante a la irregularidad (Gómez y Segrelles, 1993). Así, estudios cuantitativos han apuntado una correlación entre el trabajo irregular y la percepción de salarios inferiores (Donato et al., 2005: 17). Como señaló uno de los entrevistados: "No me trataron igual, se aprovecharon de las circunstancias en las que llegué. Me hacían trabajar más; pero, ni modo, tenía necesidad de mandarle dinero a mi familia".¹² Asimismo, varios inmigrantes marroquíes documentados empleados en El Ejido (Almería) afirmaron que ellos se negaban a realizar horas extraordinarias no pagadas; pero no así los trabajadores indocumentados, que paradójicamente ganaban menos aún cuando trabajaban más horas.

Por lo tanto, dos décadas de aplicación limitada y deficiente de las sanciones por el empleo de mano de obra irregular en la agricultura han conducido a una generalización del empleo de mano de obra indocumentada en el sector agrario. En este sentido, un inmigrante marroquí empleado en una explotación hortícola en Zafarraya (Granada) afirmaba en una entrevista realizada en julio de 2003 que en su cuadrilla, compuesta por 25 trabajadores marroquíes, únicamente siete tenían papeles. Asimismo, en una visita que realicé en junio de 2006 a una explotación citrícola del sur de Florida pude comprobar que incluso trabajadores mexicanos de confianza, empleados por más de cinco años y con puestos de supervisión, carecían de documentos para trabajar.

En tercer lugar, las condiciones laborales dominantes en la agricultura (aislamiento, ambientes intoxicados, largos horarios y bajos salarios) restan atractivo a este mercado laboral que únicamente es capaz de retener trabajadores que no tienen acceso a otros sectores de la economía porque carecen de papeles. Consecuentemente, algunos estudios han encontrado una correlación entre la regularización de trabajadores ilegales y el abandono del sector agrario en busca de empleos urbanos en los sectores de servicios, construcción o manufacturero (Stephen, 2002: 93; Martin, 2003: 1285). El trabajo agrario tiene un carácter básicamente transitorio (Martin, 2002). Algunos trabajadores ven en la agricultura una oportunidad de acumular unos ahorros para luego regresar a su país de origen (Díez–Canedo, 1984: 69 y ss.); mientras otros utilizan el sector agrario como una plataforma desde donde desplazarse a otros empleos más atractivos (Jabardo, 1993: 277; Izcara, 2005: 20). Por lo tanto, la legalización de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos (1986)¹³ y España (1986, 1991, 1996 y 2000–2002)¹⁴ no ha logrado solucionar el problema del empleo de mano de obra irregular en la agricultura. Los jornaleros que son legalizados dejan la agricultura y de nuevo trabajadores irregulares son necesitados para llenar los huecos dejados por los primeros. Por ejemplo, el Programa SAW (Special Agricultural Worker) legalizó a 1.2 millones de jornaleros ilegales en Estados Unidos (Martin, 2003: 1282). Así, en el año 1989, 33% de los jornaleros del campo habían obtenido sus papeles bajo dicho Programa. Sin embargo, el Programa SAW tuvo el efecto de desplazar de forma progresiva trabajadores desde la agricultura hacia empleos extra–agrarios (Martin, 2002: 1133). Como resultado, durante el año agrícola 1997/1998 únicamente 16% de los jornaleros empleados en el sector agrario estadounidense declararon haber obtenido su legalización en el marco del Programa SAW (véase la tabla 7).

Una de las comarcas estadounidenses con mayor volumen de trabajadores indocumentados es la zona citrícola del sureste de Texas. Un jornalero tamaulipeco entrevistado en marzo de 2007 afirmó que en esa zona ningún jornalero tenía documentos. Es una zona a la que acuden numerosos trabajadores rurales tamaulipecos a partir de noviembre,¹⁵ cuando escasea el trabajo agrario en Tamaulipas. La cercanía de la frontera reduce el costo del traslado y provoca una sobreoferta de mano de obra ilegal. Como consecuencia los salarios (en torno a 5.5 dólares/hora) son inferiores a los pagados en California u otras áreas más meridionales (superiores a 9 dólares/hora). Un trabajador méxico–americano entrevistado en McAllen (Texas) en septiembre de 2007 señalaba que los empresarios agrarios locales no empleaban a trabajadores con papeles debido a que cuando los jornaleros legalizaban su situación se volvían perezosos y ya no querían trabajar en la agricultura. Sin embargo, los trabajadores locales (Laufer, 2006: 245) y quienes legalizan su situación (Stephen, 2002: 93; Martin, 2003: 1285) no dejan la agricultura únicamente porque los empleos urbanos no son tan duros; sino porque históricamente en el caso estadounidense los salarios del campo han sido 50% inferiores a los salarios extra–agrarios (USDL, 1997 y 2000: 26; Martin, 2002: 1129). En España los salarios del campo también llegan a ser casi la mitad que los de otros sectores, como el turístico (Hoggart y Mendoza, 1999: 549).

En el caso español, un inmigrante marroquí que anteriormente había trabajado en la agricultura, también había sido miembro activo de varios sindicatos desde donde había apoyado a los jornaleros marroquíes, y en el momento de la entrevista, en julio de 2003, trabajaba en el consulado de Marruecos en Almería señalaba: "El colectivo inmigrante tiene aspiraciones de superación de empleo o calidad de trabajo, y el hecho de trabajar en la agricultura es como un escalón de base de trabajo, para empezar en la construcción o en otra cosa."

Por una parte, la inmigración ilegal incrementa la oferta de mano de obra agraria, presiona a la baja los salarios y acelera la salida de trabajadores legales. Por otra parte, la salida de trabajadores documentados incrementa la demanda de trabajadores irregulares, en un círculo que impide la mejora de condiciones laborales en la agricultura y perpetúa una situación de irregularidad (véase la figura 1).

 

El problema del aislamiento social

Tanto en España como en Estados Unidos los jornaleros foráneos sufren de un problema de aislamiento social, que obedece a tres factores: i./ la localización remota de los campos de labor; ii./ la necesidad de permanecer fuera de la mira de las autoridades migratorias; iii./ la ruptura de las redes de solidaridad ocasionada por la competencia por el empleo.

El "aislamiento social" o la falta de interacción sostenida con los individuos e instituciones que representan a la sociedad en general es uno de los aspectos más problemáticos de la emigración. Así, el "aislamiento social" ha sido asociado a sentimientos de tristeza, depresión e incluso abuso de sustancias estupefacientes (Kim–Godwin et al., 2004: 275; Parra et al., 2006: 363). Los jornaleros inmigrantes, que se encuentran aislados físicamente de las poblaciones cercanas que rodean las explotaciones agrarias, constituyen uno de los grupos sociales que presentan un nivel más elevado de aislamiento social.

El trabajador rural tamaulipeco guarda generalmente una experiencia amarga del trabajo en la agricultura estadounidense, al igual que el trabajador marroquí empleado en el sector agrario andaluz. El objetivo del inmigrante empleado en la agricultura es ahorrar el máximo de dinero. En este sentido, un reciente estudio realizado por Fairchild y Simpson (2004) encontró que los inmigrantes mexicanos empleados en el Pacífico–Noroeste, eran quienes presentaban una mayor participación en el sector agrario que los inmigrantes empleados en otras áreas de Estados Unidos, enviaban más remesas que estos últimos a pesar de que sus ingresos eran inferiores. El inmigrante empleado en la agricultura contempla su estancia en el país de destino como un sacrificio realizado para sacar adelante a su familia. Es por ello que da por sentado que en el país de inmigración únicamente pasará penurias. Aun así, la extrema dureza del trabajo y la situación de aislamiento social es difícil de soportar para muchos. Algunos de los informantes tamaulipecos que emigraron bien con visas H–2A o bien sin documentos al Valle de Texas, subrayaron en las entrevistas que su primera estancia en el país vecino fue inferior a la inicialmente planeada, debido al choque entre sus expectativas y la realidad encontrada. Aunque volvieron a ingresar a Estados Unidos, ya más conscientes de las condiciones sociolaborales del trabajo asalariado agrario, prolongaron sus siguientes estancias durante espacios temporales más amplios. En el caso de los trabajadores marroquíes empleados en la agricultura andaluza el choque entre las expectativas laborales y la realidad es incluso mayor (Izcara, 2005: 17–19).

Para el trabajador indocumentado lo más difícil de sobrellevar es la situación de encerramiento. Algunos de los entrevistados comparaban su situación con la de un prisionero. La falta de libertad de movimientos es para ellos uno de los aspectos más amargos del trabajo agrario. Más aún, en el lugar de trabajo persiste un abrumador sentimiento de soledad, ya que en muchas ocasiones no encuentran a nadie con quien hablar (Magaña y Hovey, 2003: 82). Así, trabajar en la agricultura se torna en muchos casos en algo semejante a permanecer encarcelado: "Te tienen encerrado, te tienen como preso".¹⁶ "Uno está como preso, no puede salir a ningún lado; nada más estar encerrado, ya que nada más nos trasladamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa."¹⁷

Un inmigrante marroquí de 41 años de edad, entrevistado en El Ejido (Almería), en diciembre de 2003, afirmaba haber perdido su humanidad. Él se autodefinía como una bestia de carga. Vivía en una vivienda rudimentaria, construida de madera y plástico, situada a un costado del invernadero donde trabajaba. Su actividad diaria consistía en ir al invernadero, donde soportaba una temperatura extrema, en un ambiente intoxicado por agroquímicos, y regresar a la vivienda, que compartía con su familia¹⁸ y otros trabajadores, para comer y descansar. A pesar de tener los papeles en regla apenas salía de este espacio, situado a varios kilómetros de El Ejido, y aún así no había ahorrado nada de dinero.¹⁹

Son los inmigrantes indocumentados los que experimentan más fuertemente esta situación de encerramiento, porque tienen que permanecer escondidos de las autoridades migratorias. Sin embargo, el sentimiento de encerramiento también se reproduce en los trabajadores legales. Los trabajadores agrarios, debido a su movilidad, son quienes más carecen del apoyo de redes sociales y lazos familiares (Chávez et al., 2006: 1017). La separación de los amigos y la familia, la soledad, las duras condiciones de trabajo y la falta de tiempo de ocio han sido documentados como los principales factores de estrés padecidos por los jornaleros inmigrantes (Magaña y Hovey, 2003: 79 y 82; Kim–Godwin, 2004: 274 y 275; Parra et al., 2006: 371). Más aún, la competencia por el empleo acentúa el aislamiento social de los jornaleros. En España la competencia por el empleo es especialmente palpable en cultivos como el olivar; donde los jornaleros locales ven en los inmigrantes una amenaza a sus oportunidades económicas (Izcara, 2007: 178). En el caso estadounidense algunos de los entrevistados señalaron la afloración de confrontaciones entre trabajadores legales e ilegales, así como entre jornaleros procedentes de diferentes regiones de México. Tanto la mano de obra local como los trabajadores legales ven en los ilegales una amenaza a sus demandas salariales, ya que estos últimos tienden a aceptar salarios más bajos. Como resultado, algunos estudios han constatado que los trabajadores agrarios presentan unos niveles más bajos de confianza en los demás que otros grupos sociales (Chávez et al., 2006: 1023).

 

Conclusión

En España y en Estados Unidos el mercado laboral agrario se caracteriza por el predominio de trabajadores indocumentados que sufren de aislamiento social. El objetivo de mantener bajos los costos de producción para incrementar la competitividad de los sectores de frutas y hortalizas ha elevado la demanda de mano de obra barata y esforzada, dispuesta a trabajar durante largas jornadas. La ausencia de un control efectivo del empleo de mano de obra ilegal en los campos de labor ha contribuido a fraguar un mercado de trabajo irregular.

Los trabajadores indocumentados presentan un mayor atractivo para los empresarios agrarios que los jornaleros locales. Los primeros llegan de países donde los salarios son más bajos, constituyen una mano de obra no reivindicativa y su penuria económica les impide rechazar cualquier oportunidad laboral. Los últimos son más reivindicativos y demandan salarios más altos. Por lo tanto, en un sector muy poco inspeccionado, donde la probabilidad de ser infraccionado por emplear mano de obra ilegal es remota, carece de sentido incrementar los salarios en consonancia con los sueldos vigentes en otros sectores, con objeto de atraer trabajadores legales. Mientras a los empresarios agrarios españoles y estadounidenses se les permita dar empleo a trabajadores indocumentados, éstos no van a hacer nada por mejorar los entornos sociolaborales²⁰ que imperan en la agricultura, de modo que aquellos trabajadores que regularicen su situación laboral seguirán abandonando la agricultura en busca de empleos más cómodos y mejor remunerados.

El aislamiento social es una consecuencia directa del empleo de mano de obra irregular. Los jornaleros indocumentados evitan salir de los campos donde trabajan porque la lejanía de los mismos les protege del acecho de las autoridades migratorias. Por otra parte, la sobreoferta de mano de obra en el sector agrario determinada por la continua llegada de nuevos indocumentados incrementa la competencia por el empleo y resquebraja las redes de solidaridad tanto al interior del colectivo de jornaleros indocumentados como entre éstos y aquéllos que residen legalmente en el país.

Las políticas migratorias española y estadounidense centradas en el control de la oferta de mano de obra a través de una férrea vigilancia de sus fronteras carecen de sentido. La inmigración ilegal obedece a una permisividad del empleo de indocumentados. Mientras los trabajadores migratorios marroquíes y mexicanos tengan la certeza de que encontrarán trabajo en sectores como el agrario, seguirán arriesgando su vida para arribar a España y Estados Unidos, respectivamente. Únicamente si se procede a una regularización de la mano de obra real que demanda el funcionamiento de la economía de estos países y se persigue de modo estricto la contratación de mano de obra ilegal se pondrá fin al sufrimiento que acarrea la emigración subrepticia.

 

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Notas

¹ Esta investigación ha sido financiada por el CONACYT (Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México), Proyecto 52636. Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT–Gobierno del Estado de Tamaulipas.

² Principalmente trabajadores de países de Europa del Este y de Latinoamérica.

³ En México, cruzar la frontera de modo irregular puede tener un costo de más de 2,000 dólares; en Marruecos entre 500 y 2,500 dólares (Arango y Martin, 2005: 267).

⁴ Trabajador marroquí de 18 años de edad entrevistado en El Ejido (Almería) en diciembre de 2003.

⁵ Trabajador marroquí de 44 años de edad entrevistado en el Ejido (Almería) en diciembre de 2003.

⁶  Incluso un trabajador marroquí de 32 años de edad llegó a afirmar que después de trabajar diez años en la agricultura buscó trabajo en la hostelería, porque al regularizar su situación laboral era rechazado por los empresarios agrarios.

⁷ Trabajador tamaulipeco de 17 años de edad en Victoria, Tamaulipas. Octubre de 2004.

⁸ Acta de Control y Reforma de la Inmigración.

⁹ Un pasaporte estadounidense, un certificado de ciudadanía estadounidense, un certificado de naturalización, una tarjeta de residencia, o una tarjeta de la seguridad social falsos.

¹⁰ Jornalero de 18 años de edad entrevistado en el ejido Francisco Villa (Tamaulipas) en el mes de abril del año 2006.

¹¹ Jornalero de 26 años de edad entrevistado en Jaumave (Tamaulipas) en el mes de octubre del año 2005.

¹² Jornalero de 45 años de edad entrevistado en Jaumave (Tamaulipas) en el mes de octubre del año 2005, empleado en diversas ocasiones en la pizca del algodón y del tomate en Texas.

¹³ 2.7 millones de trabajadores fueron regularizados, 1.2 millones en la agricultura (Martin, 2002: 1131 y 1133).

¹⁴ 600 mil extranjeros fueron legalizados (Arango y Martin, 258: 266).

¹⁵ Cuando comienza la temporada de la naranja y toronja.

¹⁶ Jornalero de 42 años de edad entrevistado en el municipio de Padilla (Tamaulipas) en el mes de octubre del año 2004.

¹⁷ Jornalero de 44 años de edad entrevistado en el municipio de Victoria (Tamaulipas) en el mes de abril del año 2005.

¹⁸ Tenía una esposa y dos hijas menores de edad.

¹⁹ Unos meses atrás tuvo que pagar una multa importante por conducir sin carné.

²⁰ Estoy haciendo referencia a jornadas laborales que pueden prolongarse hasta 14 horas bajo la estricta supervisión de los capataces, y que en ocasiones llegan a extenderse durante los siete días de la semana; así como al trabajo bajo plástico en invernaderos contaminados por agroquímicos donde las temperaturas muchas veces superan los 40 grados; a una alimentación deficiente y al consumo de agua contaminada; al hacinamiento en infra–viviendas; además de unas condiciones salariales desventajosas.