1. Elementos teóricos

Algunas teorías consideran que la acción del gobierno debe estar encaminada a estabilizar la economía con la finalidad de mejorar el bienestar social. Sin embargo, desde mediados de los años setenta, algunas argumentaciones sostienen que el Estado interviene en la economía real persiguiendo intereses que no son los del bienestar, sino que se asocian con el deseo de mantener el poder. Por ello, se reconoce, por ejemplo, que el gobierno utiliza los instrumentos fiscales, especialmente el gasto público, con el objetivo de inducir resultados que lo hagan ver como un gestor exitoso de la macroeconomía. Por ello, se considera necesario agregar factores políticos a los determinantes de los ciclos económicos tradicionalmente aceptados.

Gran parte de la literatura sobre ciclos económicos y políticos tiene su origen en los modelos teóricos desarrollados a mediados de los setenta. La primera generación de modelos parte de una caracterización de la economía basada en dos elementos clave. En primer lugar, la estructura económica se resume en una curva de Phillips aumentada con expectativas de inflación, al tiempo que se considera que los votantes valoran positivamente un mayor nivel de empleo y negativamente una mayor tasa de inflación. En segundo lugar, se asumen expectativas adaptativas, lo que se interpreta como miopía (o irracionalidad) de los votantes, ya que cuando el político adopta medidas expansivas, el votante no recuerda o no toma en consideración las políticas recesivas o ineficientes del pasado, y que con certeza se llevarán adelante en el futuro. En esta primera generación nace también la división analítica de los CPE en oportunistas y partidistas.⁶

A mediados de los años ochenta surge una nueva generación de modelos de CPE, tanto oportunistas como partidistas, que incorporan expectativas racionales.⁷ El supuesto es que las políticas económicas sistemáticas son completamente anticipadas por los votantes racionales de tal forma que, en equilibrio, éstos no pueden ser permanentemente engañados. Sin embargo, problemas de información asimétrica, que pueden afectar a los gobernantes y al electorado, permiten la aparición de CPE aun en el caso de que los votantes elaboren sus expectativas racionalmente.

La falta de evidencia contundente que probara la existencia de los CPE provocó un desplazamiento de la atención hacia el CPP, como se mencionó antes. En los modelos representativos de esta etapa (^{Rogoff y Sibert, 1988}; ^{Rogoff, 1990}), el funcionario oportunista manipula la política de gasto en años electorales sólo con el objeto de mostrar que es competente y, de esta manera, aumentar su oportunidad de ganar las elecciones. Según estos modelos, bastaría con que el gobierno en cuestión cuente con poder para decidir sobre sus ingresos y sus gastos para incidir sobre los resultados electorales. En esencia, el argumento de partida es que el manejo de los instrumentos fiscales es más propicio para la aparición de conductas oportunistas por varias razones: el gobierno tiene un mayor grado de control, especialmente del gasto público, y la política fiscal tiene efectos reales, aun si es anticipada, y puede afectar las condiciones de grupos específicos de votantes, incluso si no tiene efectos agregados (^{Drazen, 2001}).⁸ Así pues, la teoría del CPP sustenta que antes de las elecciones, los gobiernos (en todos los niveles) con frecuencia incrementan el gasto de consumo, los subsidios y el gasto en obras públicas, o bien, disminuyen los impuestos o difieren el gasto hacia partidas más visibles.⁹

En este marco teórico, la investigación de ^{Tufte (1978)} es reconocida como la primera en presentar evidencia de manipulación preelectoral de distintos instrumentos de política fiscal. De su análisis, así como de otros trabajos empíricos relevantes realizados posteriormente, (^{Rogoff y Sibert, 1988}; ^{Rogoff 1990}; Schucknecht, 2000) se pueden identificar dos hechos bien reconocidos. En primer lugar, el ciclo se refleja en un comportamiento irregular de las variables presupuestales (gastos personales y de inversión, impuestos y deuda pública, entre otros), que se distribuye discrecionalmente en dos periodos: el preelectoral (el año de los comicios y el inmediato anterior) y el postelectoral (los dos años siguientes a su celebración). En segundo lugar, el aumento de los gastos más visibles para los ciudadanos, el recorte de las tasas impositivas o el uso estratégico del endeudamiento durante el periodo anterior a la votación responden a motivaciones oportunistas.

En particular, ^{Rogoff y Sibert (1988)} se concentran en el manejo de la política fiscal con fines electorales, de manera que la capacidad del gobernante es definida en este caso por su habilidad para proveer bienes públicos, dadas ciertas restricciones presupuestarias. Los autores señalan que el gobernante reduce los impuestos o incrementa los gastos antes de las elecciones a fin de mostrar su capacidad para beneficiar a los ciudadanos, aun cuando sólo sea temporalmente y eso genere déficit preelectorales.

Así, las decisiones de política económica tomadas por el gobernante en turno pueden no ser óptimas desde el punto de vista del bienestar social, aunque, desde su perspectiva, las distorsiones que aquéllas generen sean más que compensadas por dos resultados previsibles: los privilegios que disfrutará de permanecer en el poder y el mayor bienestar económico que con certeza será capaz de producir en el futuro periodo constitucional (por considerarse a sí mismo el más capaz). Los votantes racionales, pero imperfectamente informados, por su parte, reeligen al gobernante competente como reacción a las acciones que éste realiza para hacer patente su gran competencia, aun cuando están perfectamente conscientes de los costos para el bienestar social involucrados en el proceso de destacar su imagen. Una vez que los votantes identifican al gobernante como competente, lo reelegirán porque la utilidad esperada en el siguiente periodo constitucional es mayor con él en el poder (cuya competencia es alta, con certeza) que con el candidato opositor (quien tiene menor probabilidad de ser competente). No obstante, existe la posibilidad de que los votantes no tengan la información suficiente para distinguir entre el candidato competente y el incompetente, en cuyo caso los efectos del CPP sobre el bienestar serán claramente negativos.¹⁰

2. Evidencia empírica

En general, la metodología empírica empleada en la literatura se basa en la estimación de modelos autorregresivos (AR), cuyo orden se determina utilizando los criterios de información de Akaike o de Schwarz o el enfoque de lo general a lo específico -como ^{Ogura (2000)} -; cuando la muestra consta de diferentes estados o países, lo común es emplear modelos para datos de panel. Desde una perspectiva teórica, la dinámica del CPP supone que el efecto de las elecciones -antes y durante ellas- sobre las variables fiscales es positivo, mientras que el impacto después de celebradas es negativo. En esa lógica, para evaluar la presencia del CPP, se incorporan variables dicótomas que tratan de captar diferencias en el crecimiento de las variables antes, durante y después de las elecciones, aunque cada trabajo considera un número diferente de periodos en torno a ellas.

Específicamente, ^{Remmer (1991)} analiza los efectos electorales sobre el balance fiscal en ocho países de América Latina y concluye que la dirección de tales efectos es heterogénea. Vínculos entre comicios y cambios presupuestales pueden establecerse sólo en el caso de Venezuela. Además, la variable electoral estadísticamente significativa sugiere un patrón opuesto al postulado por la teoría. Por su parte, ^{Ogura (2000)} sustenta, en el caso Brasil, que la evidencia hallada por él sobre el aumento de los gastos salariales del gobierno durante su primer año de gestión se justifica a partir de la idea de que aunque ese aumento puede ocurrir antes de las elecciones, su impacto se presenta al año siguiente. ^{Larraín y Assael (1997)}, a su vez, analizan el caso de Chile y encuentran que en todas las elecciones estudiadas, excepto en la de diciembre de 1989, el déficit público real tuvo un comportamiento consistente con las predicciones del modelo del CPP.

En el caso específico de México, algunos trabajos han observado de for ma común que el partido en el poder realiza gastos extraordinarios antes de la justa electoral. Por ejemplo, ^{González (2002)} estima modelos autorregresivos para el periodo 1957-1997 y encuentra evidencia de manipulación electoral sistemática de la inversión en infraestructura y un efecto positivo del grado de democracia sobre la magnitud del CPP. Sin embargo, no halla evidencia consistente en las transferencias, los ingresos y el gasto total. Por su parte, ^{Magaloni (2000)} utiliza un enfoque similar para el periodo 1983-1998 y reporta evidencia de CPP en diferentes indicadores de gasto. Sin embargo, dicha autora aclara que cuando el modelo se estima considerando el desempleo como variable de control, la caída en el gasto público pierde significación estadística, por lo que sostiene que existe la posibilidad de que el resultado sea explicado por el manejo fiscal acorde con el ciclo económico, en particular por el descenso del crecimiento durante el primer año del periodo presidencial.

^{Reyes y Mejía (2016)} determinan la presencia de un CPP en torno a las elecciones presidenciales durante el periodo 1980-2014. Para ello, estimaron modelos autorregresivos y de promedios móviles, extendidos para tomar en cuenta los efectos de factores económicos, para el gasto público total, el gasto público programable y los componentes de éste. Entre los resultados más importantes destacan la evidencia de CPP en el gasto público total, en el gasto corriente y, sobre todo, en el gasto de capital. A su vez, el gasto programable, y algunos rubros de éste, como inversión física, transferencias, bienes muebles e inmuebles, adquisiciones y otros, sólo proveen evidencia parcial de CPP, con ajustes posteriores a la elección.

Por otra parte, un par de estudios analizan la presencia de CPP en los estados mexicanos.¹¹ En primer lugar, ^{Gámez e Ibarra-Yúnez (2009)} argumentan que, en general, existe evidencia de CPP durante el periodo 1997-2004 en los 31 estados (excluyendo la Ciudad de México),¹² aunque con algunas diferencias: se detecta un incremento en el gasto en los años electorales, pero no en los previos, y un recorte en los años posteriores. Entre sus resultados, destaca el incremento de los subsidios antes y durante el año electoral y del rubro "Otros" durante los tres años del ciclo comicial. Sin embargo, no es posible detectar un comportamiento cíclico en los gastos en obras públicas alrededor de los años de elección, identificado en estudios anteriores como uno de los más propensos a ser manipulados electoralmente. De manera similar, ^{Ramírez y Erquizio (2012)} analizan el comportamiento del gasto público total, las transferencias, el gasto en obra pública y el gasto administrativo en 31 entidades federativas y 14 gobiernos estatales donde el PRI ha permanecido en el poder de manera ininterrumpida de 1993 a 2009. Sus resultados confirman aumentos del gasto total durante el año electoral en los 31 estados y, al igual que ^{Gámez e Ibarra-Yúnez (2009)}, no encuentran evidencia de CPP en los gastos en obras públicas. Sin embargo, ^{Ramírez y Erquizio (2012)} estiman un aumento significativo en las transferencias cuando sólo se consideran los estados que han sido gobernados permanentemente por el PRI.¹³

En resumen, los estudios mencionados sugieren que existe evidencia del manejo electoral del gasto público y sus componentes, en diferentes países y estados de México, aunque la evidencia no es definitiva. En México, existe la percepción generalizada de que el gasto público se maneja con fines electorales, aun cuando la evidencia reportada en la literatura tampoco es contundente (^{Reyes y Mejía, 2016}). En el Estado de México, con gobiernos permanentemente priistas, existe la misma sensación. No obstante, los estudios realizados han analizado la experiencia de los estados de la República Mexicana, o de los gobernados por el mismo PRI, en conjunto, lo que impide conocer la experiencia de casos específicos, la cual, evidentemente, puede ser muy diferente del resto y puede perderse en el promedio de estudios colectivos. En ello estriba la aportación del presente documento al abordar el análisis de este importante estado.

1. Información estadística y evidencia preliminar de CPP

Para determinar si han existido CPP asociados a las elecciones de gobernador del Estado de México durante el periodo 1980-2011, se utiliza información sobre el gasto público total y tres de sus componentes (gastos administrativos, transferencias y gasto en obras públicas), así como sobre la deuda pública. La fuente de estos datos son las estadísticas de las "Finanzas públicas estatales y municipales" (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013}) de diferentes años.¹⁷

Un primer aspecto importante que debe subrayarse es que las elecciones de gobernador en el Estado de México siempre han sido ganadas por los candidatos del PRI. De hecho, este partido nunca ha enfrentado una competencia real en los comicios hasta ahora celebrados.¹⁸ Los años de elección, los gobernadores y los periodos de gobierno se muestran en el cuadro 1. Se puede apreciar que ha habido seis elecciones e igual número de periodos de gobierno, aunque ha habido nueve titulares de la gubernatura, debido a que tres de los electos renunciaron antes de concluir su gestión para asumir puestos en el gobierno federal.

Nota: Se señalan entre paréntesis los gobernadores sustitutos (no electos).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{González (2008)}.

Cuadro 1. Estado de México: Gobernadores, año de elección y periodo de gobierno, 1980-2011  

Por su parte, las tasas de crecimiento promedio y la volatilidad del gasto y del PIB nacional y estatal se muestran en el cuadro 2. Destacan las elevadas tasas de crecimiento del gasto total en los gobiernos de Mario Ramón Beteta (relevado por Ignacio Pichardo) y Arturo Montiel, con 19.8% y 10.8% promedio anual, respectivamente. En un nivel desagregado, sobresalen las tasas de crecimiento de las transferencias por encima de las de los demás rubros. En particular, el crecimiento promedio del gasto en transferencias alcanzó casi 46% anual durante el periodo de Beteta (Pichardo), seguido por el de Emilio Chuayffet (sustituido por César Camacho), que fue mayor a 37% anual. En el rubro de deuda pública, la tasa de crecimiento más alta (superior a 25% anual) se experimentó en el régimen de Arturo Montiel, en tanto que la mayor de obra pública (24.8%) se presentó en el sexenio de Enrique Peña.

Fuente: Estimaciones propias con datos de ^{Germán (2005)} e Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía.

Cuadro 2. Estado de México: Media y desviación estándar del gasto público y del PIB por sexenio, 1980-2011 

Por el contrario, las menores tasas de crecimiento se registraron durante los años ochenta, como consecuencia de los efectos de los programas de ajuste que se instrumentaron a nivel nacional para estabilizar la economía (^{Cárdenas, 1996}).¹⁹ Específicamente, en el sexenio de 1981 a 1987, de Alfredo del Mazo (concluido por Alfredo Baranda), el gasto total disminuyó a una tasa media anual de 8.2%, en tanto que los gastos administrativos y de obras públicas decrecieron a tasas promedio de 0.17% y 3.65%, respectivamente. No obstante, llama la atención que el rubro de transferencias haya crecido a una tasa media anual de 17.1%.

Por otra parte, es interesante hacer notar el manejo responsable de la deuda pública en la mayor parte del periodo estudiado. Durante los primeros dos sexenios, su crecimiento fue muy bajo y en los siguientes dos, incluso decreció. Fue hasta el gobierno de Montiel que la deuda alcanzó tasas elevadas (de 25.9% anual), lo que obligó a Peña a adoptar una política de reducción de deuda durante su periodo.

Estas significativas variaciones en las tasas de crecimiento generaron diferentes grados de volatilidad en las distintas variables. No obstante, el rubro de transferencias fue el más volátil en cuatro de los seis sexenios; solamente en los gobiernos de Montiel y Peña, los rubros de deuda y obra pública tuvieron desviaciones estándar mayores. Nótese que las desviaciones estándar de los componentes del gasto exceden con mucho a las del PIB nacional y estatal, lo que podría estar reflejando el alto grado de discrecionalidad en el manejo de los primeros.

El comportamiento de las tasas de crecimiento del gasto total y de sus componentes se presenta en las gráficas 1 y ², donde los años de elección se indican con líneas verticales; en la primera se presentan, también, las tasas de crecimiento del PIB nacional y estatal. Se observa que el comportamiento de las tasas estatales sigue muy de cerca al de las nacionales y que hay una relación muy baja entre el gasto total y el PIB en cualquiera de los dos ámbitos territoriales. Además, y de manera central para el tema analizado, se pueden ver tasas de crecimiento mayores en los años previos y en los de elección en varios rubros del gasto, así como tasas menores en los años que siguen a los comicios. Por ejemplo, el gasto en transferencias muestra tasas notablemente elevadas en los años de las elecciones de 1987 y 1993, así como en las de 2005, aunque en menor medida; la tasa más alta se presenta en el año previo a las elecciones de 1999. Aunque en una proporción mucho menor, las tasas de crecimiento del gasto en obra púbica son mayores en el año de elección que en los años anteriores, pero también presentan un decrecimiento posterior en la mayoría de los casos.

Gráfica 1. PIB y gasto público total del Estado de México, 1980-2011 (tasas de crecimiento porcentual) 

Gráfica 2. Componentes del gasto público del Estado de México, 1980-2011 (tasas de crecimiento porcentual) 

Un análisis más detallado para identificar patrones consistentes con el CPP se presenta en los paneles de las gráficas 3 y ⁴. En la primera de ellas, se muestra el comportamiento de cada variable en torno a las distintas elecciones consideradas (dos años antes y dos después), en tanto que en la segunda aparece el comportamiento del conjunto de variables analizadas para cada elección. Estas representaciones tratan de captar dicho comportamiento de acuerdo a la especificación que se ha hecho de las variables electorales en los modelos 1 y 2, respectivamente.

Gráfica 3. Gasto público total y sus componentes antes, durante y después de cada elección en el Estado de México (tasas de crecimiento porcentual) 

Gráfica 4. Gasto público total y sus componentes, por año electoral en el Estado de México (tasas de crecimiento) 

En los paneles de la gráfica 3 se puede ver que, exceptuando la elección de 1987, el gasto público total tiene un comportamiento consistente con el CPP. Por su parte, el gasto en transferencias presenta tasas de crecimiento elevadas en los años previos y en los de elección, pero menores una vez celebrados los comicios (excluyendo el año de 1999, cuando la contracción se presenta antes de las votaciones y no después). Asimismo, el gasto en obra pública muestra dicho comportamiento alrededor de las elecciones de 1987 y 1999. Durante estas últimas, el gasto administrativo tiene un comportamiento similar. Por su parte, en los paneles de la gráfica 4 destacan las tasas de crecimiento del gasto en trasferencias y, en menor proporción, las del gasto total, mientras que la deuda pública presenta un incremento constante alrededor de las elecciones de 2005.

El análisis previo sugiere la presencia del patrón previsto por la teoría del CPP en varios casos. No obstante, esta evidencia es simplemente episódica y, aunque interesante e intuitivamente atractiva, no puede considerarse como definitiva. A continuación, se presentan los resultados de la estimación econométrica para determinar si estos patrones de comportamiento han sido sistemáticos.

2. Análisis econométrico del CPP en el Estado de México

Las estimaciones econométricas se muestran en los cuadros 3 y ⁴. Como se mencionó antes, se partió de los modelos generales definidos en las ecuaciones (1) y (2), aunque los modelos finales se obtuvieron aplicando la metodología de lo general a lo particular (^{Charemza y Deadman, 1997}). Se realizaron pruebas de autocorrelación, heteroscedasticidad, normalidad y especificación funcional; los valores p correspondientes se presentan en el cuadro A1 del ^anexo. En general, los modelos muestran una especificación aceptable, aunque persisten algunos problemas²⁰ y a pesar de las dificultades en el modelaje asociadas a la existencia de tasas de crecimiento con valores anómalos en diversos momentos, lo cual se ha traducido en problemas de normalidad en los residuos. Para reducir tales valores, se introdujeron variables dicótomas adicionales, las cuales resultaron estar vinculadas a conductas oportunistas, como se discute más adelante.²¹ Por otro lado, cuando la prueba de ^{White (1980)} lo ha indicado, se han estimado los errores estándar consistentes en presencia de heteroscedasticidad aplicando la matriz de corrección sugerida por el mismo autor.

Nota: Los coeficientes ϕ_i , α_i , β_i y γ_i corresponden a lo explicado sobre la ecuación (1). Los coeficientes θ_i corresponden a variables dicótomas que tratan de captar los efectos de los valores anómalos mostrados en el cuadro A.2 del ^anexo: la variable correspondiente toma el valor de 1 en el año indicado en la primera columna, junto a la variable respectiva, y 0 en cualquier otro caso. Los valores p asociados aparecen entre paréntesis.

Cuadro 3. Resultados de la estimación del modelo 1 de CPP en el Estado de México 

Nota: Los coeficientes ϕ_i , α_i , β_i y δ_i corresponden a lo explicado sobre la ecuación (2). Los coeficientes θ_i corresponden a variables dicótomas que tratan de captar los efectos de los valores anómalos mostrados en el cuadro A.2 del ^anexo: la variable correspondiente toma el valor de 1 en el año indicado en la primera columna, junto a la variable respectiva, y 0 en cualquier otro caso. Los valores p asociados aparecen entre paréntesis.

Cuadro 4. Resultados de la estimación del modelo 2 del CPP en el Estado de México 

Las estimaciones obtenidas para los parámetros de los modelos revelan varios aspectos interesantes. En primer lugar, las series presentan escasa persistencia, pues sólo los gastos administrativos requieren de un término autorregresivo, el cual es significativo y menor a uno, lo que sugiere estacionariedad de ese componente del modelo. En segundo lugar, aunque estos resultados no son robustos, en el modelo 1, el crecimiento del PIB nacional afecta positivamente a la deuda, en tanto que, en el modelo 2, la misma variable afecta negativamente a los gastos administrativos y a los de transferencias. Por su parte, el crecimiento del PIB estatal presenta efectos positivos sobre el gasto total, un resultado que es consistente en las dos especificaciones. Efectos del mismo signo se presentan en los casos de gastos administrativos, transferencias y obra pública, aunque con diferentes horizontes temporales. En general, se podría considerar que estos resultados constituyen evidencia que apoya la hipótesis de que el gasto público estatal es procíclico con respecto al PIB estatal, mientras que la deuda pública es procíclica, mientras que los gastos administrativos y las transferencias, son contracíclicos, en relación al PÍB nacional. No obstante, es indudable que se requiere investigación adicional sobre este tema.

Los coeficientes de las variables electorales, a su vez, resultaron estadísticamente significativos en pocos casos. Específicamente, de acuerdo al modelo 1, sólo ocurre un incremento significativo antes de las elecciones en la tasa de crecimiento de la deuda pública. Este resultado coincide con las conclusiones de ^{Ramírez y Erquizio (2012)}, respecto al incremento de la deuda real como factor determinante del incremento del gasto estatal real. Resulta sorprendente que no se presente un patrón consistente con el CPP en los casos de los gastos en obras públicas y las transferencias, variables que por su visibilidad son ampliamente usadas con fines electorales. En cuanto a estos rubros, hay coincidencia con los resultados encontrados por ^{Ramírez y Erquizio (2012)} y ^{Gámez e Ibarra-Yúnez (2009)}, quienes tampoco encuentran evidencia favorable al CPP.

Las estimaciones del modelo 2, por su parte, no son mejores. Aunque los coeficientes de las variables dicótomas vinculadas a las elecciones de 1987 son estadísticamente significativos en los casos del gasto total y de los gastos administrativos, su signo es contrario al sugerido por la teoría. Luego entonces, al parecer sólo existe evidencia de manipulación electoral del gasto total en la elección de Chuayffet, en 1993.

En principio, estos resultados constituyen evidencia débil en favor del CPP en el Estado de México. Sin embargo, un análisis detallado de los residuos de los modelos mostró la presencia de valores anómalos, lo que nos llevó a introducir variables dicótomas en los años y variables indicados en el cuadro A2 del ^anexo.²² Es importante subrayar que la variable dicótoma que vale 1 en 1993, año de la elección de Chuayffet, tiene un coeficiente estadísticamente significativo en el caso del gasto total. Más aún, las variables de 1987, año de elección de Beteta, y de 1998, año previo a la elección de Montiel, también tienen coeficientes significativos en los modelos de las transferencias. Como se puede ver en los cuadros 3 y ⁴, los valores estimados de los coeficientes para esas observaciones anómalas son de una magnitud considerable, lo que no solamente distorsionaba las estimaciones y afectaba las propiedades de los modelos, sino que también dificultaba la identificación de un efecto sistemático de las elecciones sobre la dinámica del gasto y sus componentes. Más aún, las estimaciones asociadas a los efectos de esos valores anómalos se pueden vincular a la manipulación electoral del gasto total en una elección y del rubro de transferencias en al menos dos elecciones, lo que aporta evidencia adicional en favor del CPP en el Estado de México.²³

Así pues, estos resultados sugieren que diversos componentes del gasto público se han manejado con objetivos electorales en diferentes episodios, pero no reflejan patrones consistentes con la teoría del CPP.²⁴ Tampoco hay evidencia de que la mayor competencia que ha enfrentado el PRI en algunas elecciones -como las de 1987, 1993 y 2005-, la creación de órganos electorales autónomos²⁵ o la mayor educación o participación política hayan modificado las conductas oportunistas del partido en el poder, como lo muestra el hecho de que hay alguna evidencia de CPP en las diferentes elecciones a lo largo de todo el periodo de análisis: las variables electorales del modelo 2 podrían haber captado los efectos de tales cambios a través del tiempo en caso de haberse presentado.