Artículos

 

En busca de la reconciliación: la diplomacia española hacia la República Dominicana tras el fracaso de la reanexión, 1865-1879

 

Searching reconciliation: Spanish diplomacy to the Dominican Republic after the failure of the re-annexation, 1865-1879

 

Á la recherche de la réconciliation: la diplomatie espagnole par rapport la République Dominicaine aprés l'échec de l'annexion, 1865-1879

 

Agustín Sánchez Andrés

 

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: asamadrid@hotmail.com

 

Recepción: 25 de marzo de 2011
Aceptación: 20 de octubre de 2011

 

Resumen

El fracaso de la reanexión de la República Dominicana a España entre 1861 y 1865 condicionó las relaciones entre ambos países durante la siguiente década. Las relaciones hispano-dominicanas no sólo se vieron mediatizadas por el creciente riesgo de anexión de la república caribeña a los Estados Unidos, especialmente durante los gobiernos de Cabral y Báez, sino también por el estallido de la crisis cubana en 1868. Este complejo escenario forzó a la diplomacia española a intentar un acercamiento hacia su ex colonia. La normalización de las relaciones entre los dos países se vería, no obstante, obstaculizada por la inestabilidad interna dominicana y por las simpatías que los insurrectos cubanos encontraron entre importantes sectores de la sociedad y la clase política dominicana. El presente artículo analiza todo este proceso y profundiza en las razones que pospusieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas hispano-dominicanas hasta fines de la década de 1870.

Palabras clave: Reanexión, diplomacia hispano-dominicana, crisis cubana, clase política dominicana.

 

Abstract

The failure of the re-annexation of the Dominican Republic to Spain between 1861 and 1865 conditioned the relations between both countries over the next decade. Spanish-Dominican relations were not only mediated by the increased risk of annexation of the Caribbean republic to the United States, especially during the administrations of Cabral and Baez, but also by the outbreak of the Cuban crisis in 1868. This complex scenario forced the Spanish diplomacy to attempt a rapprochement with its former colony. The normalization of relations between the two countries would be, however, hampered by internal Dominican instability and because of the sympathy the Cuban insurgents found among important sectors of society and the Dominican political class. This paper analyzes this process and explores the reasons that postponed the resumption of diplomatic relations between Dominicans and Spaniards until the late 1870's.

Keywords: re-annexation, diplomacy Spanish-Dominican, Cuban crisis, Dominican political class.

 

Résumé

L'échec de l'annexion de la République Dominicaine en Espagne entre 1861 et 1865 a conditionné les relations entre les deux pays pendant les dix années suivantes. Les relations hispano-dominicaines se sont exposées á l'annexion de l'île du Cara'íbe aux États-Unis, notamment pendant les gestions de Cabral et Báez. Elles se sont aussi risquées á cause de la crise cubaine en 1868. Cette situation complexe a forcé la diplomatie espagnole á essayer un rapprochement avec son ex-colonie. Pourtant, le rétablissement des relations entre les deux pays a été abímé par l'insta-bilité interne de la République Dominicaine et par les sympathies que les insurgés cubains ont trouvées dans le secteur politique dominicain. Cet article analyse ce processus et met en question les raisons qui ont subordonné le rétablissement des relations diplomatiques hispano-dominicaines jusqu'á la fin de 1870.

Mots clés: Annexion, diplomatie hispano-dominicaine, crise cubaine, secteur politique dominicain.

 

La frustrada reanexión a España de la República Dominicana entre 1861 y 1865 condicionó las relaciones hispano-dominicanas durante las décadas de 1860 y 1870. La debilidad demográfica y la inexistencia de un poder político capaz de imponerse a los caudillos regionales condenaron a la joven república caribeña a la inestabilidad política desde su precaria independencia de Haití en 1844. Las dificultades de los sucesivos gobiernos dominicanos para hacer frente a los continuos levantamientos y a las presiones reunificadoras de Haití acabaron llevando a éstos a buscar la protección de los Estados Unidos o de alguna de las potencias europeas con intereses en el Caribe. Esta situación convirtió a la República Dominicana en uno de los escenarios colaterales en los que se libró el enfrentamiento geopolítico por el control de esta región, que durante las décadas centrales de la centuria enfrentó a los Estados Unidos, España, Gran Bretaña y Francia.

La antigua metrópoli se había desentendido de la suerte de su antigua colonia de Santo Domingo desde principios del siglo XIX y sólo estableció relaciones con la nueva república en 1855, debido al temor a que la república caribeña fuera anexada a los Estados Unidos.¹ La persistencia de importantes vínculos identitarios con España confirió una cierta ventaja a la diplomacia hispana en la República Dominicana² y permitió al representante español firmar en 1855 un tratado que, de haberse aplicado en su totalidad, hubiera establecido un protectorado defacto sobre este país.³

Ello no fue posible por la creciente presión de los Estados Unidos. Entre 1856 y 1858 Madrid y Washington rivalizaron para extender su influencia a la república caribeña, apoyando alternativamente a alguno de los dos caudillos rivales dominicanos, Pedro Santana y Buenaventura Báez, mientras la política dominicana basculaba entre los partidarios de anexar el país a la potencia americana o a España.⁴

La República Dominicana tenía un considerable interés geopolítico para España, quien trató de extender su influencia sobre la misma a fin de fortalecer su propia posición en Cuba y Puerto Rico frente a las presiones de los Estados Unidos. En este contexto, las autoridades coloniales españolas en las Antillas aprovecharon la momentánea parálisis de la diplomacia estadounidense durante los prolegómenos de la Guerra de Secesión para estimular los proyectos de reincorporación a España compartidos por un sector de la oligarquía dominicana. En marzo de 1861, el presidente Santana declaraba la reanexión de la República Dominicana a la corona española, aceptada tras ciertos titubeos por el gobierno de Leopolodo O'Donnell.⁵ Previamente, el gobierno español había obtenido la aprobación de Napoleón III, interesado en conseguir el apoyo español para su aventura mexicana, así como de Lord Russell, que obtuvo la garantía de que las nuevas autoridades españolas no restablecerían la esclavitud en Santo Domingo.⁶ La administración de Abraham Lincoln, preocupada por la eventualidad de un reconocimiento europeo a la Confederación, tuvo que asistir impotente al desafío europeo a la Doctrina Monroe, limitándose a enviar una nota de protesta a las cancillerías americanas.⁷

La anexión de Santo Domingo debe enmarcarse dentro del nuevo despliegue político-diplomático de España durante la etapa de predominio político de la Unión Liberal. La coincidencia de un prolongado ciclo de estabilidad interna y expansión económica con una coyuntura internacional favorable permitió una reactivación de la actividad exterior española entre 1858 y 1865. Tradicionalmente se ha considerado que el conjunto de esta política respondía en esencia a las coordenadas propias de lo que se ha venido a denominar "política de prestigio".⁸ La inusitada actividad exterior de la España liberal en América, Asia y África después de una prolongada etapa de ausencia de los escenarios internacionales, sirvió ciertamente a los distintos gobiernos que se sucedieron durante este periodo para tratar de cimentar su popularidad entre una opinión pública sensible a la aparente recuperación por España del papel de potencia mundial. Las intervenciones en Indochina (1858-1862) y Marruecos (1859-1860) respondieron sin duda a este objetivo. Sin embargo, en el caso de la reanexión de la República Dominicana entre 1861 y 1865, en el de la participación en la expedición tripartita a México (1861-1862) y en el de la intervención en el Pacífico (1863 y 1866), las razones de fondo de la actitud española deben buscarse, por encima de cuestiones internas y de diferendos bilaterales, en un intento, torpe y poco coordinado si se quiere, pero a mi modo de ver perfectamente calculado, de un sector de la élite político-militar liberal para recuperar posiciones en el continente americano, como parte de una estrategia más general dirigida a extender la influencia española sobre algunas de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, especialmente en el área del Caribe, con el fin de establecer una serie de contrapesos a la presión estadounidense sobre sus colonias antillanas.⁹

La ofensiva diplomático-militar española en el continente americano fracasó a la postre y no tuvo otro resultado que empeorar las relaciones de España con varias de las nuevas repúblicas americanas. En el caso de la República Dominicana, el final de la Guerra de Secesión y la propia oposición encontrada por la administración española en Santo Domingo provocaron el fracaso del proyecto anexionista. La incapacidad de las autoridades españolas para sofocar el levantamiento independentista iniciado en 1863 y la creciente hostilidad norteamericana hacia la presencia española en la isla acabaron conduciendo al gobierno español a declarar nulo el decreto de anexión y evacuar el territorio dominicano en marzo de 1865, en medio de una fuerte polémica interna sobre las causas del fracaso de la reanexión.¹⁰

 

La diplomacia española hacia la República Dominicana tras el fracaso de la reanexión, 1865-1868

El fracaso de la reanexión del territorio dominicano condicionó las relaciones de España con su antigua colonia durante los primeros años del último tercio del siglo XIX. Las autoridades coloniales españolas en Santo Domingo lograron firmar un convenio con el gobierno provisional revolucionario en virtud del cual España reconocía una independencia tutelada de la nueva república, la cual quedaba obligada a "no enajenar el todo ni parte de su territorio a ninguna nación, ni pueblo, ni establecer ningún convenio que perjudique los intereses de España, en sus posesiones de las Antillas, sin la intervención y el consentimiento del gobierno español".¹¹ No obstante, el acuerdo firmado por el último gobernador y capitán general español en Santo Domingo, José de la Gándara, con la Junta Central Gubernativa Dominicana, conocido como el Pacto del Carmelo, fue desconocido poco después por el nuevo presidente dominicano, Pedro A. Pimentel, quien, en marzo de 1865, sustituía a la Junta Central como máxima autoridad de la República Restaurada.

La negativa del nuevo gobierno dominicano a ratificar el acuerdo hispano-dominicano llevó a las autoridades españolas a decretar el bloqueo de los puertos de la isla hasta que no le hubieran sido devueltos los prisioneros de guerra españoles. Pese a que esta cuestión fue rápidamente resuelta y a que una nueva administración dominicana presidida por Báez garantizó los intereses de los comerciantes españoles y dominicanos que habían colaborado con la reanexión, las pretensiones de las siguientes administraciones dominicanas para negociar un nuevo tratado entre los dos países condujeron al gobierno de Madrid a romper las negociaciones y a presentar una protesta pública, en la que manifestaba que se reservaba hacer valer en el futuro sus derechos "por los medios a su alcance".¹² Por consiguiente, Madrid suspendió indefinidamente el reconocimiento de la nueva nación y las relaciones diplomáticas hispano-dominicanas quedaron de esta manera interrumpidas.

El vacío dejado por España en Santo Domingo fue rápidamente ocupado por los Estados Unidos. El final de la Guerra de Secesión permitió a la potencia americana provocar un repliegue de la influencia europea sobre el Caribe y el Golfo de México.¹³ Tras la evacuación de la República Dominicana por España, las presiones de Washington se dirigieron contra los proyectos de Napoleón III para crear un estado satélite en México. La diplomacia norteamericana no sólo bloqueó una hipotética intervención de Austria, Italia y Bélgica en favor de Maximiliano, sino que acabó forzando la retirada del cuerpo expedicionario francés y, por consiguiente, contribuyó de manera decisiva al derrumbamiento del Imperio de Maximiliano.¹⁴ Eliminada la amenaza que había representado el intervencionismo de las potencias europeas en el Caribe y el Golfo de México durante la Guerra de Secesión, el gobierno norteamericano proyectó consolidar su predominio en esta región mediante la creación de una estación naval en Haití o en la República Dominicana.

Los proyectos del presidente Andrew Johnson y del secretario de Estado, William H. Seward, encontraron eco en la administración dominicana, que desde enero de 1866 había iniciado gestiones diplomáticas para conseguir el reconocimiento de Washington.¹⁵ La ocupación por una escuadra española de las islas Chinchas en el Pacífico Sur y el posterior conflicto de la antigua potencia colonial con Bolivia, Chile y Perú alarmaron al gobierno de Santo Domingo, el cual contemplaba con preocupación la posibilidad de que las autoridades coloniales cubanas aprovechasen el contencioso hispano-dominicano para apoderarse de la bahía de Samaná y establecer allí una base naval que permitiera a España intervenir libremente en la política dominicana.¹⁶ Este temor, unido a la necesidad de recursos de la nueva administración presidida por José María Cabral, quien había triunfado en las elecciones celebradas en septiembre de 1866 tras un movimiento revolucionario que puso fin al régimen baecista, hicieron que, entre 1866 y 1868, Cabral emprendiese negociaciones con los Estados Unidos para arrendar a esta potencia la estratégica bahía de Samaná.¹⁷

El desarrollo de estas negociaciones no escapó al representante español en Washington, Facundo Goñi, quien veía con creciente inquietud los proyectos norteamericanos para establecer una estación naval en las Antillas, y que acababa de rechazar en nombre del gobierno español una oferta norteamericana para adquirir la isla de Culebra.¹⁸ Los alarmantes informes enviados por Goñi a Madrid llevaron al gobierno español a sondear la actitud que adoptarían las restantes potencias ante una eventual cesión de la bahía de Samaná a los Estados Unidos.¹⁹ El resultado negativo de dichas gestiones y la insistencia del representante hispano en Washington en torno a la necesidad de establecer "una influencia activa y permanente en Santo Domingo", como única forma de evitar los designios norteamericanos sobre esta isla, condujeron a la administración de Ramón María de Narváez a estudiar la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con la República Dominicana.²⁰

Consultada por el gobierno, la Dirección General de Política del Ministerio de Estado informó a éste acerca de la imposibilidad de interferir diplomáticamente en las negociaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana en torno a Samaná, dada la insubsistencia tanto del tratado de reconocimiento de 1855 como del convenio hispano-dominicano de 1865, ya que la anexión del territorio dominicano en 1861 había anulado el primero, en tanto que el segundo no había llegado a ser ratificado por la República Dominicana. En este sentido, los altos burócratas del Ministerio de Estado hicieron presente al gobierno la necesidad de firmar un nuevo acuerdo. El propio director general de Política, José María Magallón, recomendó enviar un agente confidencial a la República Dominicana con la misión de renegociar el reconocimiento español sobre bases diferentes a las de 1865 e iniciar una campaña de prensa contraria a la cesión de Samaná a los Estados Unidos.²¹

Tres meses más tarde, el gobierno español aprobó el inicio de negociaciones diplomáticas dirigidas a restablecer las relaciones con la República Dominicana, renunciando, si fuera preciso, a exigir una indemnización al gobierno dominicano por los gastos de la pasada campaña de Santo Domingo.²² No obstante, una nueva revolución de los partidarios de Báez, agrupados en torno al denominado Partido Rojo, provocó la caída de Cabral en enero de 1868 y abrió un periodo de varios meses de inestabilidad en la república caribeña que impidió el inicio de dichas negociaciones.

 

España y los proyectos anexionistas de Báez, 1868-1874

La llegada al poder del Partido Rojo permitió el retorno del exilio de su líder, el popular ex presidente Buenaventura Báez, quien se hizo de nuevo cargo del gobierno en mayo de 1868. Báez había mantenido una posición ambigua durante la reanexión a España, y había aceptado el cargo de mariscal de campo español y una pensión del gobierno de Madrid en su retiro europeo.²³

El retorno de Báez al poder provocó un recrudecimiento de la guerra civil en la antigua colonia española e impulsó al nuevo presidente dominicano a reactivar las negociaciones que Cabral había iniciado con los Estados Unidos en torno a la bahía de Samaná como único medio para obtener los recursos necesarios para controlar el país. El temor de Báez a la alianza de las distintas facciones opositoras a su régimen y a que éstas pudieran encontrar apoyo en Haití, donde los aliados del ex presidente Cabral, encabezados por Nissage Saget, amenazaban con hacerse con el poder, acabó conduciendo al presidente dominicano a plantear la anexión de su país a los Estados Unidos.²⁴

Las reticencias de Johnson, quien se encontraba en su último año de mandato, paralizaron en un primer momento este proyecto. Sin embargo, la llegada de Ulysses S. Grant a la presidencia, en marzo de 1869, imprimió un nuevo rumbo a la política norteamericana. La nueva administración envió a Santo Domingo al general Orville E. Babcock con la misión de reactivar las negociaciones tendentes a anexar la República Dominicana o, al menos, conseguir el arrendamiento de la bahía de Samaná. Como consecuencia de dichas negociaciones, el gobierno norteamericano ayudó financiera y militarmente a Báez a mantenerse en el poder. El gobierno dominicano, por su parte, firmó en noviembre de 1869 dos tratados secretos con el enviado de Washington. El primero de los mismos contemplaba la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos, en tanto que el segundo, previsto para el caso de que el primero fuera rechazado por el Senado norteamericano, establecía el arrendamiento de la bahía de Samaná a esta potencia durante un periodo de 50 años.²⁵

La diplomacia española seguía con gran inquietud el desarrollo de las negociaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana. La Revolución de Septiembre, que había puesto fin al régimen isabelino, no había modificado las aprensiones de la diplomacia española hacia los proyectos norteamericanos en Santo Domingo. El gobierno presidido por Juan Prim era consciente del peligro que la anexión de la república caribeña representaba para la seguridad de sus colonias antillanas. Máxime, cuando Grant simpatizaba con la insurrección independentista que, desde octubre de 1868, se desarrollaba en Cuba. La causa cubana encontraba eco en amplios sectores de la opinión pública y de la clase política norteamericana, como puso de manifiesto la aprobación de un voto de simpatía a la insurrección en el seno del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en abril de 1869.

La inquietud de la diplomacia española hacia la política expansionista de Washington en el Caribe se acrecentó en el verano de 1869, cuando la administración de Grant presentó una propuesta formal para mediar en la cuestión cubana. El secretario de Estado norteamericano, Hamilton Fish, ofreció la mediación de su gobierno para poner fin al conflicto sobre la base de un compromiso entre las partes basado en la concesión de la independencia a Cuba por España a cambio del pago de una indemnización, que sería garantizada por el Tesoro de los Estados Unidos, lo que de hecho hubiera colocado a la nueva república bajo el control de la potencia americana.²⁶ La oferta fue desestimada por el gobierno español, a quien la crisis cubana privaba, sin embargo, de cualquier capacidad de maniobra en relación con los proyectos norteamericanos en Santo Domingo.

En este contexto, al igual que en 1867, el gobierno español intentó impedir la cesión de la bahía de Samaná a los Estados Unidos o, lo que era aún peor para sus intereses, la anexión de la totalidad de la República Dominicana a esta potencia, promoviendo una acción colectiva de Gran Bretaña, España y Francia. Sin embargo, la coyuntura internacional no era propicia a una medida de este tipo. A principios de 1870, el gobierno británico afrontaba una complicada negociación con los Estados Unidos en torno a los contenciosos bilaterales que, desde la Guerra de Secesión, enfrentaban a estas potencias. El interés británico por evitar que un conflicto con la potencia americana pusiera en peligro estas negociaciones condujo a la Foreign Office a manifestar a Madrid, en febrero de 1870, su negativa a participar en ninguna acción que pudiera provocar la hostilidad estadounidense.²⁷

La diplomacia española tampoco logró obtener el apoyo de Francia para una acción de este tipo. Por una parte, las relaciones hispano-francesas atravesaban una etapa de marcado distanciamiento a causa de los proyectos de Prim para colocar a un Hohenzöllern en el trono español. Por otra, la preocupación del gobierno francés ante el rápido ascenso de Prusia y de la Confederación de Alemania del Norte desviaba por completo el interés de Napoleón III de los asuntos americanos. En este sentido, el ministro francés de Negocios Extranjeros no comunicó la posición de su gobierno al embajador español, Salustiano Olózaga, hasta marzo de 1870. El gobierno francés, que tres años antes había estado al borde de un enfrentamiento con los Estados Unidos a causa de la cuestión mexicana, manifestó al español que no emprendería ninguna acción que pudiera provocar un conflicto con esta potencia, si bien dejó entrever al representante de Madrid que París estaba promoviendo, con armas y recursos financieros, las actividades de la oposición a Báez.²⁸

Consciente de su incapacidad para emprender por sí mismo una acción hostil, en un momento en que se enfrentaba a un levantamiento colonial en Cuba, el gobierno español tuvo que contemplar pasivamente cómo una escuadra norteamericana consolidaba a Báez en el poder, pese al apoyo prestado a sus opositores por Saget. Éste había podido desplazar de la presidencia de Haití a Silvayn Salnave en diciembre de 1869, con la ayuda de Cabral y Gregorio Luperón desde las zonas que éstos controlaban en la parte dominicana de la isla. Sin embargo, las presiones de la diplomacia norteamericana impidieron que las nuevas autoridades haitianas pudieran prestar un respaldo decidido a la revolución antibaecista y permitieron que, en febrero de 1870, Báez pudiera organizar un plebiscito para legitimar el proyecto anexionista.²⁹

La inquietud del gobierno español se incrementó aún más cuando los Estados Unidos tomaron provisionalmente posesión de la bahía de Samaná, pese a que el tratado de arrendamiento se encontraba en fase de discusión en el Senado norteamericano.³⁰ Esta situación condujo al activo representante español en Puerto Príncipe, el dominicano Manuel de Jesús Galván, a plantear a Madrid la posibilidad de ayudar a los sectores de la oposición dominicana liderados por Cabral. Galván había defendido la anexión a España desde el periódico La Razón y había desempeñado el cargo de secretario del Gobierno Superior Civil de Santo Domingo durante el mando de De la Gándara, por lo que tuvo que abandonar el país al producirse la independencia del mismo.³¹ El político dominicano mantuvo, no obstante, estrechas relaciones con diversos sectores de la oligarquía dominicana, especialmente tras su nombramiento como cónsul de España en Puerto Príncipe. Esto le condujo a involucrarse en la política dominicana en contra de Báez, quien, a su vez, trató de desacreditarlo ante el gobierno español, acusándole de conspirar desde Haití en favor de los separatistas cubanos.³²

Sin embargo, el acercamiento de la oposición dominicana a la antigua metrópoli no se produjo a iniciativa de Galván. Las sucesivas derrotas inflingidas por Báez a las fuerzas opositoras y el creciente apoyo de Washington al gobierno dominicano impulsaron a Cabral a buscar la ayuda de España. En mayo de 1870, Cabral envió secretamente al general Pedro Valverde a entrevistarse con Galván en Puerto Príncipe para ofrecer a España el establecimiento de un protectorado sobre la parte dominicana de la isla y la cesión de la bahía de Samaná, si le ayudaba a derrocar a Báez:

Me ha manifestado que tanto él como los demás principales antagonistas de los proyectos de Báez en favor de los americanos del norte, seguros de que harán prevalecer su partido y conseguir el derrocamiento de los baecistas, se preocupan vivamente con la inestabilidad política que trabaja a aquel desgraciado país, y deploran el criminal error en que incurrieron de haber combatido a la Administración española, siendo hoy su más ardiente deseo constituir la República bajo el protectorado de España, a la que están dispuestos a ceder en propiedad la Península y bahía de Samaná.³³

La propuesta hecha por Cabral al gobierno español en mayo de 1870 debe enmarcarse en la creciente desesperación de la oposición dominicana ante sus repetidos fracasos para desalojar a Báez del poder. La sinceridad de los propósitos de Cabral parece dudosa ya que, de manera casi simultánea a la entrevista con Galván, Valverde aseguraba al representante norteamericano en Haití, Ebenezer D. Basset, que Cabral no se opondría a una eventual anexión del país a los Estados Unidos siempre que la administración estadounidense diera garantías de que la oposición a Báez no sería marginada en el marco de un acuerdo de este tipo.³⁴ Galván, quien desconocía el doble juego de Cabral con España y los Estados Unidos, consideró factible el ofrecimiento realizado por éste y, si bien se limitó a manifestar a Valverde que por el momento carecía de instrucciones para darle una contestación, se apresuró a informar a Madrid de la entrevista y a resaltar lo beneficioso que resultaría la concreción de un proyecto de este tipo para la influencia española en el Caribe.³⁵

El gobierno español no compartía, empero, el optimismo de su representante y decidió mantenerse al margen de los conflictos internos dominicanos por temor a provocar una crisis con los Estados Unidos. La diplomacia española era cada día más consciente de la oposición encontrada en el Senado y el Congreso norteamericanos por los proyectos expansionistas de la administración Grant en el Caribe.³⁶ En marzo de 1870, el ministro español en Washington, Mauricio López Roberts, había informado a Madrid del dictamen negativo presentado por el Comité de Asuntos Exteriores del Senado en relación con el proyecto de anexión de Santo Domingo.³⁷ En abril, el diplomático español comunicaba la negativa de la Cámara Alta a ratificar el tratado de compra de St. Thomas a Dinamarca.³⁸ Un mes más tarde, el ejecutivo estadounidense se veía obligado a prolongar el plazo para la aprobación del tratado de anexión. Finalmente, en julio de ese mismo año, López Roberts informaba a Madrid de la derrota del proyecto de anexión de la República Dominicana presentado por Grant al Senado.³⁹

Este fracaso no desalentó a los sectores expansionistas de la administración norteamericana, los cuales abrigaban la esperanza de que la mayoría legislativa acabara modificando su oposición a la anexión de la República Dominicana.⁴⁰ Ello llevó a Bassett a conseguir que el gobierno dominicano prolongara el plazo de ratificación de dicho tratado hasta julio de 1871. El gobierno estadounidense mantuvo entre tanto su asistencia naval al régimen de Báez y presionó a las autoridades haitianas para evitar que continuaran prestando ayuda a las actividades de Cabral y Luperón en el oeste de la República Dominicana.⁴¹

Esta vez, la persistencia de los proyectos de la administración de Grant hacia la República Dominicana no pareció inquietar al gobierno español, que siguió manteniéndose a la expectativa. La diplomacia española era consciente de la oposición de la mayoría legislativa norteamericana al proyecto de anexión de Santo Domingo y, por consiguiente, de la necesidad de evitar cualquier incidente diplomático que pudiera revertir esta situación. En este sentido, el Ministerio de Estado relevó del consulado español en Puerto Príncipe a Galván, quien en julio de 1870 había vuelto a insistir en la conveniencia de reclutar agentes entre la oposición dominicana para tratar de restablecer la influencia española en Santo Domingo.⁴² La estrategia del Ministerio de Estado resultó acertada pues las dos cámaras norteamericanas persistieron durante el primer semestre de 1871 en su oposición a refrendar el tratado de anexión. La expiración del plazo para ratificar este acuerdo, en julio de ese mismo año, obligó al gobierno estadounidense a desmantelar la estación naval establecida en la bahía de Samaná. Pocos meses más tarde, el fracaso de las negociaciones encaminadas a prolongar un año más el plazo para el canje de las ratificaciones puso fin al apoyo prestado por la Flota del Atlántico Norte al régimen de Báez.

La retirada de la ayuda naval y financiera norteamericana hizo cada vez más insegura la posición del presidente dominicano. La necesidad de recursos para hacer frente al creciente apoyo prestado por el gobierno de Haití a la oposición dominicana condujo a Báez a promover la creación de una compañía privada para explotar la bahía de Samaná. En diciembre de 1872, Báez firmaba un contrato de arrendamiento con un grupo de financieros e industriales estadounidenses, agrupados en la Samaná Bay Company of Santo Domingo, por el que, prácticamente, se concedían a la compañía norteamericana derechos de soberanía sobre aquel territorio durante un periodo de 99 años.⁴³

Este convenio volvió a suscitar la preocupación de la diplomacia española, que temía que este acuerdo fuese un subterfugio de la administración norteamericana para evitar la oposición de las cámaras legislativas a la anexión de la totalidad o parte del territorio dominicano. La situación estratégica de la bahía de Samaná respecto a la principal ruta marítima entre Cuba y Puerto Rico y la posibilidad de que este territorio pudiera convertirse en una base de operaciones de los independentistas de ambas Antillas, alarmaron a las autoridades coloniales españolas. Los gobernadores de La Habana y, de manera especial de San Juan, comenzaron a presionar al gobierno de Madrid con el fin de reactivar el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Dominicana, paralizado desde la caída de Cabral. Las autoridades coloniales españolas señalaban acertadamente a su gobierno que la inexistencia de relaciones diplomáticas permitía a los exiliados cubanos y puertorriqueños amenazar impunemente la seguridad de las Antillas españolas desde el territorio dominicano y enfa-tizaban la necesidad de establecer un servicio de inteligencia en los puertos en los que hacían escala los vapores quincenales entre Cuba y Puerto Rico, lo que no era posible sin contar con una red de agentes consulares en la república caribeña.⁴⁴

La posición de las autoridades coloniales españolas era compartida por el Ministerio de Estado, que temía que el gobierno dominicano pudiera adherirse al proyecto de mediación latinoamericana impulsado por Colombia en septiembre de 1872, con el que se trataba de forzar a España a abandonar Cuba a cambio de una indemnización garantizada por las repúblicas latinoamericanas.⁴⁵

No obstante, la inestabilidad política que determinó la caída de la monarquía amadeísta y la proclamación de la i República Española, en febrero de 1873, paralizó cualquier iniciativa diplomática de Madrid. Los problemas experimentados por el nuevo régimen para conseguir el reconocimiento internacional absorbieron por completo la atención de la diplomacia española. En este contexto, la administración republicana presidida por Estanislao Figueras se limitó a encomendar al capitán general de Puerto Rico que vigilara estrechamente la aplicación del convenio de arrendamiento de Samaná, al tiempo que prohibía a las autoridades coloniales iniciar cualquier tipo de conversaciones dirigidas a restablecer las relaciones hispano-dominicanas hasta que se clarificase la situación política en la antigua colonia.⁴⁶

Ese día no estaba muy lejano, pues la situación del presidente dominicano se fue haciendo cada vez más precaria a lo largo de la primavera de 1873. La creciente implicación del gobierno haitiano en el conflicto civil vivido por la república vecina permitió a la oposición dominicana recrudecer su ofensiva en el oeste del país. Paralelamente, la incidencia de la crisis económica que estalló en los primeros meses de 1873 sobre las exportaciones dominicanas de café acabó por enajenar el ya escaso respaldo prestado al régimen por el importante grupo de presión constituido por los comerciantes y hacendados cafetaleros del Cibao. Esta situación precipitó la rápida desintegración de la dictadura baecista. En mayo, varios de los sectores que hasta ese momento habían respaldado al régimen pasaban a la oposición. Finalmente, la rebelión del gobernador de Puerto Plata, Ignacio María González, en noviembre de ese mismo año, obligó a Báez a capitular y a abandonar el país en enero de 1874.

 

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la cooperación dominicana en torno a la cuestión cubana, 1874-1876

La caída del régimen baecista tuvo inmediatas repercusiones sobre la política exterior española en el Caribe. Los intentos de Báez para anexionar su país a los Estados Unidos habían creado honda preocupación en Madrid, que, sin embargo, había contemplado con satisfacción cómo el presidente dominicano imponía ciertas restricciones a las actividades de los exiliados de Cuba y Puerto Rico. La incertidumbre sobre la política que la nueva administración dominicana se disponía a seguir en las dos cuestiones que más preocupaban a Madrid hizo que, pocas semanas después de la salida de Báez, la diplomacia española se apresurara a comunicar a las nuevas autoridades de Santo Domingo su disposición a iniciar negociaciones que condujeran al reconocimiento oficial de la independencia de este país.

El renovado interés de Madrid por establecer relaciones diplomáticas con la república caribeña respondía a la creciente inquietud experimentada por los funcionarios consulares y diplomáticos españoles en el Caribe ante el recrudecimiento de las actividades del exilio cubano y puertorriqueño en la República Dominicana, tras el final del régimen baecista. Esta situación era especialmente inquietante debido a la crisis política atravesada por España a raíz del colapso del poder central durante la Primera República Española a causa de los levantamientos carlista y cantonalista. La profunda crisis interna atravesada por la metrópoli había paralizado las operaciones militares contra los insurrectos cubanos y provocado una intensificación de la actividad de los independentistas en la región oriental de Cuba.

La situación anárquica atravesada por España a lo largo de 1873 hacía factible que Haití y la República Dominicana siguieran los pasos de otras repúblicas latinoamericanas y terminaran reconociendo la beligerancia de los revolucionarios cubanos. Esta posibilidad condujo a los emigrados antillanos radicados en el territorio dominicano a intentar organizar un grupo de presión que permitiera al exilio condicionar la política dominicana hacia el conflicto cubano. De este modo, en enero de 1874 los exiliados cubanos y puertorriqueños establecidos en Puerto Plata aprovecharon la desaparición de las restricciones impuestas al derecho de asociación durante el régimen de Báez, para constituir legalmente una sociedad dirigida según su propia acta constitutiva, "a todos los que simpatizaran con la causa de Cuba".⁴⁷ Pocos meses después, los emigrados cubanos y puertorriqueños consiguieron establecer una alianza con determinados sectores de la oposición antibaecista agrupada en torno al denominado Partido Azul, uno de cuyos principales caudillos, Gregorio Luperón, defendía la creación de una hipotética confederación antillana con Cuba y Puerto Rico, una vez ambas islas hubieran obtenido su independencia de España.⁴⁸ Con este objetivo, los emigrados cubanos y puertorriqueños crearon en unión de determinados caudillos azules del Cibao, una nueva asociación política denominada La Antillana.⁴⁹

El temor a que las presiones del exilio antillano acabaran conduciendo al nuevo gobierno dominicano a reconocer la beligerancia de los independentistas cubanos, hizo que la diplomacia española abandonara su anterior pretensión de supeditar el reconocimiento de la independencia dominicana a la aceptación por este país de las bases establecidas en el convenio hispano-dominicano de 1865. La consolidación del antiguo gobernador baecista de Puerto Plata como presidente, en febrero de 1874, y la marginación del poder de los principales caudillos azules que habían encabezado la revolución antibaecista favorecía los intereses españoles. En efecto, el nuevo presidente acogió favorablemente la iniciativa española. La necesidad de establecer contrapesos a la influencia norteamericana condujo a la nueva administración dominicana a tratar de normalizar sus relaciones con España y Haití, encontrando la colaboración de la diplomacia británica para este fin.

La decisión del gobierno dominicano de rescindir unilateral-mente el convenio de arrendamiento de la bahía de Samaná, en marzo de 1874, facilitó el desarrollo de las negociaciones hispano-dominicanas. La administración dominicana continuó rechazando las presiones de Madrid para incorporar al tratado una cláusula que supeditara a la aprobación española cualquier hipotética enajenación del territorio dominicano a otra potencia. Sin embargo, en la primavera de 1874 este hecho carecía de importancia para la diplomacia española, pues el peligro de una anexión total o parcial de la isla a los Estados Unidos parecía haber quedado momentáneamente conjurado. Por una parte, la abrogación del contrato con la Samaná Bay Company había invalidado el acuerdo alcanzado por la compañía norteamericana con el gobierno de su país en octubre de 1873, el cual contemplaba el subarriendo a Washington de la zona de Cayo Levantado y el establecimiento en la misma de una estación naval estadounidense.⁵⁰ Las negociaciones que paralelamente celebraban Haití y la República Dominicana, bajo el patrocinio de la diplomacia británica, parecían conducir a ambas partes a establecer un compromiso mutuo para no transferir ningún territorio a otra potencia.⁵¹

Desvanecido el peligro que para los intereses españoles en el Caribe hubiera representado una hipotética anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos, la principal preocupación del gobierno de Madrid pasó a estar constituida por las actividades del exilio cubano y puertorriqueño en el territorio dominicano. El interés de la diplomacia española por conseguir la colaboración del gobierno dominicano en esta cuestión llevó a Madrid a flexibilizar aún más su posición negociadora y a renunciar a cualquier indemnización por los gastos ocasionados a España por la reanexión del territorio dominicano entre 1861 y 1865.

Resueltos los principales contenciosos que, hasta este momento, habían obstaculizado el proceso de negociación, las conversaciones hispano-dominicanas se desarrollaron con rapidez. En octubre de 1874 tenía lugar la firma de un tratado de reconocimiento, paz y amistad entre España y la República Dominicana, que ponía fin a las diferencias que habían existido entre ambos países.⁵² El tratado hispano-dominicano no se limitaba a normalizar las relaciones entre la república caribeña y su antigua metrópoli colonial, sino que condicionaba la actitud de Santo Domingo hacia la cuestión cubana. El gobierno español aprovechó el interés de González por conseguir el reconocimiento de la antigua metrópoli colonial para incluir en el tratado una cláusula secreta la cual obligaba al gobierno dominicano a impedir que en su territorio se desarrollaran actividades contrarias a la soberanía española en Cuba y Puerto Rico. El tratado hispano-dominicano, pese a todo, quedaba pendiente de ser ratificado por los parlamentos de los respectivos países.⁵³

La posición en la que el tratado colocaba al gobierno de Santo Domingo no era fácil. La mayor parte de la opinión pública dominicana simpatizaba abiertamente con el movimiento independentista cubano. Estas simpatías eran especialmente intensas entre los seguidores de Luperón, que eran numerosos en la importante región del Cibao. La amnistía general decretada por González había permitido el retorno del influyente líder del Partido Azul, cuyos vínculos con algunos de los principales activistas cubanos y puertorriqueños eran bien conocidos. Paradójicamente, el creciente respaldo prestado por los exiliados de Cuba y Puerto Rico a Luperón, quien era sin duda el principal rival político de González, acabó por resultar contraproducente para los intereses de aquellos. El presidente dominicano, cada vez más inquieto por el creciente ascendiente de Luperón entre el exilio cubano y puertorriqueño, decidió restringir las actividades de los emigrados de Cuba y Puerto Rico, cumpliendo así el compromiso contraído con España de impedir que su territorio fuera utilizado para amenazar la soberanía de España en Cuba y Puerto Rico.

La primera medida adoptada por la administración dominicana en este sentido, consistió en desmarcarse claramente de la iniciativa promovida por Luperón en noviembre de 1874 al establecer en Puerto Plata una plataforma política que, bajo la denominación de Junta Antillana, pretendía promover la creación de una confederación entre la República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico "si estas últimas llegaban a conseguir su autonomía de España". El presidente dominicano reaccionó de inmediato y ordenó al gobernador de Puerto Plata, quien había asistido a la reunión constitutiva de dicha asociación, que se mantuviera completamente al margen de la misma y que "ni siquiera se comprometiera a tolerarla".⁵⁴

La hostilidad oficial no impidió, sin embargo, que el exilio cubano y puertorriqueño se mostrara extraordinariamente activo a lo largo del primer semestre de 1875. La protección dispensada por Luperón y otros caudillos regionales azules permitió a los activistas antillanos convertir Puerto Plata en un importante centro de apoyo para la insurrección de Cuba. El establecimiento de varios miles de cubanos y puertorriqueños en esta ciudad desde el inicio del conflicto colonial hizo que las autoridades locales toleraran las actividades de la Delegación Cubana Revolucionaria en Santo Domingo, radicada en ese puerto.⁵⁵ En mayo de 1875, la llegada a Puerto Plata del dirigente independentista puertorriqueño Eugenio María de Hostos recrudeció las actividades conspiratorias de los exiliados antillanos e impulsó la aparición de varios periódicos dirigidos a llevar a cabo una activa campaña de prensa en apoyo del movimiento independentista que se desarrollaba en Cuba.⁵⁶

La tolerancia encontrada por los insurrectos cubanos en la República Dominicana no dejó de ser denunciada a Madrid por el gobernador superior de Cuba, Blas Villate, conde de Valmaseda, quien consideraba a la República Dominicana como un "centro respetable de gente filibustera, abrigo de expediciones, y socorro, en grande y en pequeño de pacotilla de efectos de guerra de los enemigos que combato".⁵⁷ Esta situación llevó al gobierno español a retrasar la ratificación del tratado hasta constatar que el gobierno dominicano cumplía los compromisos adquiridos durante las negociaciones. No obstante, el temor de la diplomacia española a que las dificultades para ratificar el tratado acabaran llevando a González a ceder a la presión de la opinión pública y reconocer la beligerancia de los revolucionarios cubanos, provocó finalmente un cambio en la actitud española hacia la República Dominicana. La preocupación de los responsables en materia exterior del régimen monárquico restablecido en España en diciembre de 1874 no carecía de fundamento, como puso de manifiesto el reconocimiento de Cuba por el gobierno de Guatemala en abril de 1875.

En junio de 1875, el nuevo gobierno español presidido por Antonio Canovas del Castillo envió al gobernador de Cuba instrucciones estrictas de culminar el proceso de restablecimiento de relaciones con la República Dominicana iniciado por el régimen del general Francisco Serrano y, por lo tanto, de evitar cualquier acción que pusiera en peligro dicho objetivo. El Ministerio de Estado facultó a Valmaseda para designar a un negociador y le envió la plenipotencia para proceder al canje de las ratificaciones del tratado hispano-dominicano firmado en octubre de 1874.⁵⁸ En cumplimiento de las instrucciones recibidas, el conde de Valmaseda acreditó a un agente confidencial ante el gobierno de Santo Domingo, con la misión de conseguir que el gobierno de este país pusiera en práctica los compromisos contraídos con España en torno a la cuestión cubana y, de este modo, proceder al canje de las ratificaciones del tratado de reconocimiento.⁵⁹

El gobernador cubano comisionó para este fin al coronel de milicias Sebastián González, quien había vivido en Santo Domingo entre 1861 y 1865. El presidente dominicano recibió privadamente al enviado de Valmaseda en junio de 1875, dado su carácter oficioso, y se apresuró a ofrecer al gobierno español garantías de que ninguna expedición contra Cuba saldría del territorio dominicano. Poco después, el gobierno dominicano accedía a imponer una severa censura de prensa a los diarios editados por los emigrados antillanos en Puerto Plata. Esta censura conduciría, en julio, a la clausura del diario separatista Las Dos Antillas.⁶⁰ Los proyectos periodísticos impulsados por Hostos y por Ramón Emeterio Betances a raíz del cierre de Las Dos Antillas corrieron una suerte similar.⁶¹ En agosto, las autoridades clausuraron el diario Las Tres Antillas, el cual había sido fundado apenas un mes antes para sustituir al anterior, en tanto que, en septiembre, el gobernador de Puerto Plata puso fin a un nuevo intento de Hostos para promover un periódico al servicio de la independencia de Cuba y Puerto Rico, cancelando la publicación de Los Antillanos y prohibiendo terminantemente a Hostos la edición de "todo nuevo periódico".⁶²

El ascendiente de Luperón sobre la comunidad cubana y puertorriqueña en la República Dominicana no fue la única razón que impulsó a González a imponer severas restricciones a las actividades políticas del exilio antillano. La nueva receptividad del gobierno dominicano hacia las reclamaciones españolas también respondía a la inquietud del presidente dominicano ante los intentos de desestabilización organizados por Báez desde su exilio en Puerto Rico. La protección del gobernador superior de esta isla, Laureano Sanz, había permitido al viejo dirigente dominicano establecer su cuartel general en Mayagüez, desde donde sostenía una activa correspondencia con sus partidarios en San Thomas y en la propia República Dominicana. La inquietud de González estaba plenamente justificada ya que los numerosos partidarios de Báez preparaban secretamente su vuelta al poder. En agosto de 1875, las autoridades dominicanas consiguieron desarticular el movimiento revolucionario preparado por el hermano del anterior presidente, Carlos Báez, antes de que éste llegase a cobrar verdadera importancia. Sin embargo, González era consciente del elevado número de partidarios que Báez conservaba entre amplios sectores de su propia administración, que, en definitiva, estaba conformada en su mayoría por funcionarios y militares del régimen baecista, y del peligro que representaba un eventual apoyo de las autoridades puertorriqueñas a los proyectos de Báez para organizar una expedición a Santo Domingo.⁶³

Los temores de González se acrecentaron a raíz de la llegada a Puerto Plata de un buque de guerra español, en coincidencia con el abortado levantamiento preparado por el hermano del ex presidente.⁶⁴ La tolerancia mostrada por las autoridades puertorriqueñas hacia los reiterados ataques dirigidos contra el régimen de González por el Boletín Mercantil de San Juan, pese a la férrea censura de prensa existente en la colonia española, contribuía asimismo a aumentar las suspicacias del régimen dominicano.⁶⁵ Finalmente, el gobierno de Santo Domingo interceptó en septiembre varias cartas, aparentemente comprometedoras, dirigidas por Sanz a un comerciante español establecido en Santo Domingo, implicado en la conspiración preparada por los partidarios del depuesto presidente. El contenido de dichas cartas acabó por convencer a González de la participación del gobernador de Puerto Rico en los proyectos revolucionarios de Báez.⁶⁶

El presidente dominicano decidió, en consecuencia, condicionar su política hacia los exiliados de Cuba y Puerto Rico a la actitud adoptada por el gobierno español en relación con las actividades de Báez y sus partidarios en Puerto Rico. De este modo, González se dirigió a Valmaseda para protestar por la actuación de Sanz y reclamar de las autoridades españolas la expulsión de Báez y sus hermanos de Puerto Rico. El gobernador de Cuba no se limitó a transmitir a Madrid la queja del gobierno dominicano, sino que se dirigió directamente a Sanz para informarle de lo delicado de las conversaciones hispano-dominicanas y pedirle que, en lo sucesivo, se abstuviera de intervenir en la política dominicana y canalizara su correspondencia con el presidente dominicano a través del comisionado español en Santo Domingo, señalando a su compañero de armas la conveniencia de llegar a un acuerdo con González:

España no está hoy para aventuras, empeñada como se encuentra en dos guerras. necesita conservar su honra y su decoro, pero sin despertar antipatías y Vd. con su buen juicio y gran discreción me ayudará en esta obra. Haga Vd. de manera que no lo crean protector de los que intentan cambiar el gobierno de Santo Domingo y este solo acto armonizara la política recomendada de nuestro gobierno y la mejor y más conveniente en las presentes circunstancias.⁶⁷

Sanz, por su parte, negó vehementemente a Madrid cualquier injerencia en la política dominicana y rehusó expulsar a Báez y a sus hermanos de la isla. El gobernador puertorriqueño dirigió una tensa carta al presidente dominicano, en la que acusaba a los cubanos exiliados en aquel territorio de intentar implicarle en la conspiración baecista y reprochaba a González que se hubiera "dejado alucinar, sin duda, por las influencias filibusteras, que tanto poder tienen en esa isla".⁶⁸ No obstante, si bien negaba cualquier participación en la reciente conspiración contra González, Sanz dejaba entrever que las autoridades de la colonia estaban dispuestas a someter a Báez a una estrecha vigilancia y a impedir que éste siguiera utilizando la prensa puertorriqueña para atacar al régimen dominicano, siempre que éste hiciera lo propio en su país con los exiliados de Cuba y Puerto Rico:

Si el Sr. Báez y sus hermanos obrasen aquí como aquella inmigración lo hace en esa isla, si publicasen periódicos contra ese gobierno, si constituyeran asociaciones para derrocarle, si en algo imitasen su ostensible conducta, hubieran sido expulsados inmediatamente. V. E. no lo hace con los que a España insultan, contra los que contra España conspiran, y mal puedo yo adoptar esa medida contra quien retirado y tranquilo vive respetando las leyes del país. Lo mismo digo en cuanto al periódico Boletín Mercantil de esta ciudad que obra en sus artículos en defensa de los intereses y autoridades de España al amparo de la libertad que aquí disfruta la prensa. Haga V. E. que ni por los periódicos de los emigrados ni por los de esa isla se ataque directa o indirectamente a España o a sus autoridades, como viene efectuándose, y yo influiré para que cese todo ataque a ese gobierno.⁶⁹

Finalmente, el interés de ambos gobiernos por impedir que los respectivos opositores consiguieran el apoyo de la otra parte permitió establecer una cierta cooperación bilateral en materia de seguridad. La presión española condujo a González a ordenar al gobernador de Puerto Plata la expulsión de los principales activistas cubanos y puertorriqueños radicados en esa ciudad. Esta medida, que complementariamente contemplaba que los deportados fueran entregados a los comandantes de los vapores de la Compañía Trasatlántica Española que hicieran escala en la ciudad, provocó disturbios en Puerto Plata. La prensa opositora desencadenó una campaña contra González, en tanto que Luperón publicaba una protesta, denunciando, no sin cierta razón, "que embarcar a los cubanos en los vapores españoles que iban a Cuba y Puerto Rico era mandarlos al patíbulo".⁷⁰ El temor de González a que las protestas fueran capitalizadas por Luperón y acabaran dando origen a un movimiento revolucionario le hizo desistir finalmente de sus propósitos. Pese a ello, el endurecimiento de las medidas contra el exilio antillano obligó a varios cientos de cubanos y puertorriqueños a abandonar la República Dominicana para establecerse en Jamaica, Haití y Venezuela.⁷¹

La nueva actitud de González hacia la cuestión cubana llevó al gobierno español a no demorar por más tiempo el aplazado canje de las ratificaciones del tratado hispano-dominicano. En octubre de 1875, las relaciones entre los dos países, interrumpidas tras el fracaso de la reanexión, diez años antes, quedaban de este modo plenamente restablecidas.⁷²

El fracaso de los proyectos de anexión a los Estados Unidos y el final de la impunidad que los exiliados antillanos habían encontrado en el territorio dominicano constituían un indiscutible triunfo de la política de España en el Caribe. La diplomacia española había conseguido aparentemente la totalidad de sus objetivos en la República Dominicana. Sin embargo, la radical transformación del escenario político dominicano pondría pronto en peligro dicho éxito. El régimen de González se desintegró rápidamente durante los primeros meses de 1876. El desastroso estado de la Hacienda Pública no había permitido al gobierno dominicano reembolsar a diversos líderes de la revolución antibaecista las cantidades reclamadas por éstos como pago por su participación en la pasada revolución. Este hecho enajenó el apoyo al régimen de los principales caudillos regionales.

Consciente de la precariedad de su posición, González había tratado de conjurar el peligro negociando un préstamo en alguna de las capitales europeas. El fracaso de los distintos intentos realizados para conseguir fondos en Europa condujo al presidente dominicano a intentar adelantarse al movimiento revolucionario en ciernes y ordenar la detención de Luperón, quien, como cabeza del Partido Azul, era el líder natural de la oposición al régimen. El fracaso del gobernador de Puerto Plata, Francisco Ortea, a la hora de llevar a cabo esta orden desencadenó el esperado movimiento revolucionario. Luperón consiguió unir sus fuerzas con las de varios dirigentes regionales descontentos del Partido Rojo, con los que pactó la creación de la llamada Liga de la Paz, y González se vio obligado a abandonar el país en febrero de 1876.

 

El difícil camino hacia la normalización de las relaciones, 1876-1879

La llegada al poder de Francisco Espaillat, en marzo de ese mismo año, supuso un rudo golpe para los intereses españoles en la isla. Las reticencias del gobierno de Madrid hacia la nueva administración se fundaban en las simpatías del verdadero "hombre fuerte" del país por la revolución cubana y en la destacada participación del exilio cubano y puertorriqueño en el movimiento revolucionario que había derrocado a González.⁷³ Los temores de la diplomacia española sólo se cumplieron en parte. Los exiliados pudieron renovar sus actividades propagandísticas y logísticas en favor de la revolución que se desarrollaba en Cuba. Sin embargo, Espaillat respetó los compromisos diplomáticos contraídos por la anterior administración con España, negándose a reconocer la beligerancia de los revolucionarios cubanos.

El gobierno español, por su parte, toleró ahora las actividades conspirativas del ex presidente González desde su exilio en Mayagüez, si bien de la documentación consultada no parece desprenderse que prestara a éste un apoyo directo para recuperar el poder. En todo caso, la diplomacia española no tuvo que preocuparse durante mucho tiempo de la ambigua actitud de Espaillat hacia la cuestión cubana. La momentánea alianza entre los partidarios del anterior presidente y las facciones del Partido Rojo leales a Báez provocó su sustitución por un gabinete presidido por el propio González en octubre de 1876. El antiguo aliado de España no logró sin embargo retener el poder más que durante unos meses. En diciembre de ese mismo año, González se vio obligado a embarcarse una vez más rumbo a Puerto Rico y fue sustituido por Báez, quien inició de esta manera su quinto y último periodo presidencial.

La diplomacia española acogió con reservas la nueva etapa de Báez al frente de la República Dominicana. La coincidencia de su llegada al poder con la apenas disimulada alusión del presidente Grant a la posible reactivación de los proyectos de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos, en su mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos, no pasó inadvertida en Madrid.⁷⁴ El gobierno español ordenó a su cónsul general en Santo Domingo, José María de Echeverri, que averiguara las intenciones de Báez en torno a la problemática cuestión de la anexión. Los informes enviados por Echeverri a lo largo de la primavera de 1877 confirmaron los temores de Madrid. El gobierno baecista no sólo había sondeado la actitud de la administración estadounidense hacia un eventual replanteamiento del proyecto anexionista a través del cónsul general de los Estados Unidos, Paul T. Jones, sino que, dada la frialdad con que la Secretaría de Estado, consciente de la oposición de las Cámaras, acogió su propuesta, se dirigió con el mismo fin al ii Imperio Alemán.⁷⁵

Las maniobras diplomáticas de Báez despertaron una gran inquietud en el gobierno de Haití que, como medida preventiva hacia cualquier nuevo intento de anexión de la república vecina a los Estados Unidos, comenzó a tratar de desestabilizar al nuevo régimen dominicano. De esta manera, el presidente haitiano Boisrond Canal permitió a González utilizar el territorio haitiano como base de operaciones contra el gobierno de Santo Domingo y, en julio de 1877, hizo que la Asamblea Nacional de Haití denunciase el tratado haitiano-dominicano de 1874.⁷⁶

Los reiterados desmentidos de Báez acerca de que estuviera negociando un nuevo proyecto de anexión, dirigidos a tranquilizar al gobierno haitiano, tampoco convencieron a Madrid, que contemplaba con aprensión la posibilidad de que el presidente dominicano consiguiera finalmente interesar a los Estados Unidos o a Alemania en sus proyectos de anexión. No obstante, durante los primeros meses de 1877 el interés de la diplomacia española en el Caribe estuvo absorbido por el creciente riesgo de una confrontación con Haití.

El origen de la crisis hispano-haitiana hay que buscarlo en la impunidad que los revolucionarios cubanos parecían encontrar en la república caribeña. La repetición de gestos inamistosos hacia España por parte de la administración haitiana desde que, en diciembre de 1869, se produjera la caída de Salnave, cuyas relaciones con el gobierno español habían sido más fluidas, había ido incrementando progresivamente la tensión entre los dos países. Las fricciones entre ambos gobiernos por este motivo habían aumentado notablemente a partir del otoño de 1875, cuando se produjo la llegada a Haití de numerosos exiliados de Cuba y Puerto Rico procedentes de la República Dominicana, como consecuencia, en gran medida, de las presiones españolas sobre González. Finalmente, la pasividad mostrada por las autoridades haitianas con motivo de los ataques sufridos por el consulado español en Puerto Príncipe en octubre de 1876, en el curso de dos días consecutivos de manifestaciones callejeras en favor de la independencia de Cuba, había llevado a España a retirar temporalmente a su representante en la pequeña república caribeña y había colocado a ambos países al borde de la ruptura.⁷⁷

La progresiva estabilización interna de España fue acompañada por la mejora de la situación en Cuba, gracias a la exitosa estrategia político-militar seguida por Canovas, quien dividió el mando entre los generales Joaquín Jovellar y Arsenio Martínez Campos, el primero de los cuales asumió la administración de la colonia desde enero de 1876, en tanto que el segundo se hacía cargo poco después de la dirección de las operaciones militares frente a una insurrección en acelerado declive. La nueva situación y la llegada de refuerzos de la Península tras el final de la Guerra Carlista permitieron a las autoridades de La Habana iniciar los preparativos para una expedición punitiva contra Haití a fines de 1877.⁷⁸ La hostilidad común hacia la República Haitiana propició un acercamiento de Báez a la antigua metrópoli colonial que hizo posible la cooperación de las autoridades dominicanas en la cuestión de Cuba.

La caída de Espaillat había puesto término a las esperanzas de los exiliados cubanos y puertorriqueños de que la República Dominicana acabara reconociendo la beligerancia de los revolucionarios cubanos. Báez, consciente de los problemas que los exiliados antillanos habían provocado al ex presidente González, adoptó desde un principio medidas enérgicas para restringir las actividades políticas de los emigrados en Santo Domingo. En este contexto, no resulta sorprendente que las autoridades dominicanas se mostraran sumamente receptivas hacia las reclamaciones presentadas por el cónsul español para que se sometiera a una estrecha vigilancia a los principales activistas cubanos y puertorriqueños y que se deportara al interior de la isla e, incluso, se expulsara del país a varios de los emigrados más comprometidos. El éxito de Echeverri a la hora de infiltrar las dos principales sociedades de exiliados que subsistían en Santo Domingo facilitó la cooperación de las autoridades dominicanas.⁷⁹

La actitud contemporizadora de la diplomacia española facilitó este acercamiento. El gobierno canovista había expresado públicamente en numerosas ocasiones su malestar por la reiterada publicación por la prensa dominicana de artículos favorables a los revolucionarios cubanos. Pese a ello, el Ministerio de Estado adoptó una posición mucho más cautelosa, en parte porque era consciente de las dificultades jurídicas que encontraría cualquier protesta diplomática dirigida contra la prensa de ese país, en parte porque conocía la escasa difusión de la misma, dada "la ninguna importancia que ahí se da a la prensa periodística".⁸⁰ En este sentido, Magallón, quien seguía al frente de la Dirección de Política del Ministerio de Estado, había ordenado a Echeverri que no formulara ante el gobierno dominicano ninguna protesta formal a causa de los ataques de la prensa de ese país sino que, por el contrario, tratara de conseguir confidencialmente que el gobierno censurara las publicaciones contrarias a España.⁸¹

La estrategia de la diplomacia española tuvo éxito. En noviembre de 1877, Echeverri consiguió que los ministros dominicanos de Relaciones Exteriores y Justicia se comprometieran a impedir que la prensa dominicana continuara publicando artículos contrarios a la soberanía española en Cuba y Puerto Rico.⁸² Poco después, el gobierno dominicano clausuraba el periódico El Porvenir, publicado en Puerto Plata, por haber publicado varias cartas de Tomás Estrada Palma y de Máximo Gómez. Este compromiso sería refrendado formalmente por el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Felipe Dávila Fernández de Castro, en diciembre de 1877, cuando éste manifestó al cónsul español la decisión de su gobierno de impedir cualquier gesto de hostilidad hacia España por parte de la colonia cubana y puertorriqueña, y de imponer una severa censura a la prensa dominicana, pese a las dificultades jurídicas que ello planteaba:

Por regla general se ha hecho entender a los periódicos de oposición que el gobierno no tolerará que se inserte artículo ninguno que pueda inferir la menor ofensa a ninguna nación amiga, llevando su severidad, si es menester, hasta suspender la publicación, como lo ha hecho ya. Y si esto lo hace en general con todas las naciones amigas, con la España a quien miramos con predilección lo hace con más eficacia no limitándose a esas excitaciones a la prensa, sino vigilando la conducta de los cubanos turbulentos que tratan de hostilizarla, removiéndolos del lugar de sus maquinaciones y aún expulsándolos de la Isla como ha constatado el Sr. Cónsul que acaba de hacerlo en cuanto ha tenido un pretexto.⁸³

El acercamiento entre ambos países permitió a Báez sondear la actitud del gobierno de Madrid hacia el eventual establecimiento de un protectorado español sobre la República Dominicana que garantizara la continuidad de su cada vez más debilitado régimen. En los primeros días de septiembre el gobernador de Puerto Rico, Segundo de la Portilla, recibió una carta confidencial del inquieto Manuel de Jesús Galván, en la que éste le transmitía el deseo de Báez de que España interpusiera su mediación en el conflicto entre la República Dominicana y Haití. El antiguo representante de España en Puerto Príncipe, que había regresado a Santo Domingo para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la presidencia de González, proponía que la mediación fuera acompañada del establecimiento de un protectorado español sobre la República Dominicana y de la cesión de la península de Samaná a la antigua metrópoli.⁸⁴ La sorprendente propuesta de Báez ponía de manifiesto, una vez más, el oportunismo de los anexionistas dominicanos, siempre dispuestos a cambiar sus alianzas en función del fluctuante interés de las potencias y del cambiante equilibrio de poderes en la región.⁸⁵

El gobierno de Madrid mostró su interés por la oferta, pero comunicó al gobierno dominicano que no podía tomarla en cuenta ya que la misma carecía de carácter oficial, pues Galván no ocupaba ningún cargo en el gobierno de Báez. Ello hizo que Fernández de Castro transmitiera confidencialmente en diciembre al nuevo gobernador de Puerto Rico, Manuel de la Serna, una petición formal de mediación en los términos indicados anteriormente por Galván.⁸⁶ Paralelamente, el propio Báez envió al coronel dominicano Sebastián González de la Fuente a la Habana para solicitar al gobernador de Cuba "recursos materiales y apoyo moral a su gobierno".⁸⁷

En respuesta a las demandas del gobierno de Santo Domingo, Jovellar dispuso que varios buques de guerra españoles recalasen en puertos dominicanos como expresión del respaldo del gobierno hispano al régimen baecista, pero comunicó a Báez que, por el momento, las operaciones militares que se desarrollaban en Cuba para someter los últimos focos de la insurrección le impedían enviarle armas y dinero.⁸⁸

Esta negativa no desalentó a la administración dominicana. El creciente deterioro de la situación llevó a P. Villanueva, ministro dominicano de la Guerra, a solicitar un mes más tarde a Jove-llar recursos para cubrir las necesidades más urgentes del ejército gubernamental. El gobierno dominicano se comprometía a garantizar el pago de los efectos militares que le fueran remitidos con las rentas de las aduanas de Puerto Plata, las más importantes del país.⁸⁹ En esta ocasión, Jovellar se mostró inicialmente dispuesto a enviar la ayuda solicitada. El gobernador de Cuba pidió sin embargo instrucciones a Madrid, al tiempo que señalaba la conveniencia de contribuir al sostenimiento en Santo Domingo de un régimen, "entre cuyos propósitos está no permitir que se organice nada contra Cuba".⁹⁰

Mientras tanto, los deseos del gobierno español de evitar cualquier complicación internacional que pudiera poner en peligro el inicio de las conversaciones de paz con los rebeldes en Cuba, hicieron que Madrid contemplara con suma reticencia la propuesta de Báez para establecer un protectorado sobre el territorio dominicano. De hecho, probablemente la diplomacia hispana era consciente de que resultaba poco probable que el presidente dominicano pretendiera otra cosa que obtener algún tipo de asistencia por parte del gobierno español para hacer frente a la creciente oposición interna a su régimen o, en otro orden de cosas, que era más que posible que Báez estuviera buscando en realidad reanimar el decaído interés de los Estados Unidos por Santo Domingo. Esta última explicación parece desprenderse de la filtración realizada por el gobierno dominicano del contenido de la propuesta de protectorado hecha a España, con el aparente objetivo de que los rumores a los que ésta dio lugar fueran comunicados a su gobierno por el representante de los Estados Unidos en Santo Domingo.

Las dudas de la diplomacia hispana eran compartidas por las autoridades coloniales de Cuba y Puerto Rico, que habían sido consultadas sobre la propuesta dominicana a principios de 1878. El 5 de marzo, Jovellar envió a Madrid un extenso informe en el que se mostraba contrario al establecimiento de un protectorado en la República Dominicana y enumeraba cada una de las complicaciones internacionales y financieras que la anexión de Samaná podría ocasionar a España. El gobernador de Cuba, sin embargo, reiteraba la conveniencia de ayudar al régimen de Báez a consolidarse en el poder y reclamaba a la diplomacia española que tratara de garantizar por medio de un acuerdo internacional la integridad e independencia de la República Dominicana frente a las presiones anexionistas de Haití.⁹¹

En todo caso, el rápido derrumbamiento del régimen baecista hizo inviable cualquier discusión en torno a esta cuestión. En los primeros días de marzo de 1878 el presidente dominicano llegaba con toda su familia a Mayagüez, donde el gobierno español le había ofrecido asilo.⁹²

Un mes antes, la firma del Pacto del Zanjón había puesto fin a la Guerra de los Diez Años. La momentánea resolución de la crisis colonial en la mayor de las Antillas hizo que la cuestión cubana dejara de gravitar momentáneamente sobre las relaciones hispano-dominicanas. La atención de la diplomacia española en Santo Domingo pasó a estar ocupada, desde entonces, por las dificultades atravesadas por la colonia española en este país a causa del estado de anarquía en que la caída de Báez había dejado al país.

El caos generalizado que imperaba en un país dividido entre diversos caudillos regionales impidió que el gobierno español tuviera un interlocutor oficial ante quien presentar sus reclamaciones, hasta la elección como presidente de uno de los antiguos generales de Báez, Cesáreo Guillermo, en febrero de 1879. Las nuevas autoridades no pudieron evitar, no obstante, la continuación de los atropellos y exacciones que afectaban a los intereses de los ciudadanos españoles establecidos en la República Dominicana, si bien es cierto que, a menudo, dichos incidentes se debían a la activa implicación de los mismos en la política de la isla. Las repetidas reclamaciones presentadas por el nuevo representante consular español en Santo Domingo, Francisco Serra, no fueron atendidas por el gobierno dominicano, el cual no se consideraba responsable de las mismas. En este marco, la detención en abril de varios líderes dominicanos en una escala del vapor español que hacía la ruta entre Mayagüez y Cabo Haitiano y su posterior fusilamiento, sin instrucción de causa alguna, indignaron a la opinión pública española y pusieron a ambos países al borde de la ruptura.⁹³

La tolerancia de las autoridades dominicanas hacia los ocasionales ataques de la prensa a España tampoco contribuía precisamente a distender la situación. La campaña de prensa iniciada en junio por El Eco de la Opinión, planteando la conveniencia de promover desde Santo Domingo una nueva revolución independentista en Cuba, provocó protestas indignadas en Madrid y en La Habana. El cónsul español logró que el gobierno de Santo Domingo desaprobara por medio de la Gaceta Oficial dichos artículos, comprometiéndose a perseguir penalmente al articulista, pero el deterioro de las relaciones hispano-dominicanas continuó de forma irreversible.⁹⁴

La tensión provocada por estos incidentes se vio incrementada por el creciente nerviosismo del gobierno español con motivo de los indicios en torno a la inminencia de un nuevo levantamiento separatista en Cuba apoyado desde el exterior. El riesgo de que los emigrados cubanos y puertorriqueños en Santo Domingo reanudaran su agitación terminó por convencer a Madrid de la necesidad de hacer frente al progresivo deterioro de las relaciones hispano-dominicanas mediante medidas drásticas de presión diplomático-militares. De este modo, el Ministerio de Estado ordenó a Serra que presentara a Guillermo un ultimátum que, entre otras cuestiones de menor entidad, exigía del gobierno de Santo Domingo una disculpa formal por los incidentes que hasta ese momento se habían producido, la satisfacción de las reclamaciones presentadas por varios ciudadanos españoles, el desagravio público a la bandera española en Puerto Plata, la destitución de las autoridades dominicanas que intervinieron en el caso de la detención en un vapor español y posterior ejecución de los generales Pérez y Caminero -especialmente del delegado del gobierno en el Cibao y del gobernador y alcalde de Puerto Plata- y finalmente, la concesión de una indemnización de 20 mil pesos a los familiares de las víctimas de este incidente.⁹⁵

El Ministerio de Estado no dejaba de señalar en sus instrucciones a su representante en la República Dominicana la conveniencia de utilizar una vez más los cauces diplomáticos para conseguir que el gobierno dominicano se plegara a las exigencias españolas. No obstante, Madrid preparó un plan alternativo para el caso de que las autoridades de la república antillana siguieran mostrándose reticentes a satisfacer las demandas españolas y ordenó a su cónsul que, si se produjera dicha eventualidad:

...diera inmediata cuenta al gobernador general de Cuba. Una vez llegados los buques de guerra procedentes de La Habana procediera a intentar la reclamación dando un plazo perentorio para la contestación, expirado el cual si ésta no era satisfactoria pasaría otra nota al gobierno dominicano declarando rotas las relaciones entre ambos países y retirándose del territorio de la República, así como los demás agentes españoles.⁹⁶

De acuerdo con estas instrucciones, Serra transmitió en los primeros días de julio las demandas del gobierno español al incombustible Galván, quien de nuevo ocupaba la secretaría dominicana de Relaciones Exteriores, indicando que de no ser éstas aceptadas se abriría una crisis de inciertas consecuencias entre ambos países.⁹⁷ El gobierno dominicano adoptó una actitud contradictoria ante las presiones de la antigua metrópoli. Por una parte, se manifestó dispuesto a estudiar las demandas españolas, si bien rehusó dar una contestación oficial al cónsul español en tanto no tuviera formada una opinión sobre las mismas.⁹⁸ Por otra parte, continuó proporcionando motivos de disgusto a Madrid cuando, pocos días después, dictó un irregular auto de prisión contra dos comerciantes españoles, quienes fueron encarcelados en penosas condiciones e, incluso, sometidos a un simulacro de ejecución. Este hecho acabó por indignar a Serra, quien no pudo evitar que sus informes a Madrid comenzaran a acusar cierto tinte racista, al opinar que había llegado la hora de adoptar medidas de fuerza "para castigar con la dureza que merecen a esos salvajes, indignos de formar colectividades ni de ser tratados como hombres".⁹⁹

El nerviosismo del cónsul no pareció afectar a la diplomacia española, que se mantuvo a la expectativa de la decisión del gobierno dominicano. Ello no fue óbice para que el gobierno español ordenara mientras tanto al gobernador de Cuba, Camilo Polavieja, tener preparadas varias unidades navales por si las negociaciones fracasaban. La correspondencia cruzada entre Madrid y La Habana no aclara el alcance de la proyectada operación contra Santo Domingo, si bien es bastante probable que el gobierno de Madrid se hubiera limitado a un bloqueo naval de los principales puertos dominicanos, como pone de manifiesto la llegada en agosto a la isla del coronel Luis Marenco, quien -como señalaba crípticamente Serra- había sido enviado por Polavieja "para informarse personalmente de todo lo que pudiese sernos útil en momentos determinados".¹⁰⁰

En todo caso, el éxito de las negociaciones diplomáticas evitó que tuviera lugar la proyectada expedición punitiva. El gobierno dominicano había comunicado a Serra el 11 de agosto que aceptaba la mayor parte de las reclamaciones españolas, si bien condicionaba la eventual destitución del gobernador de Puerto Plata al resultado de una investigación en curso y proponía que el monto de las indemnizaciones solicitadas por España fuera determinado por medio de un laudo arbitral.¹⁰¹ El cónsul hispano indicó a Galván que transmitiría a su gobierno la respuesta dominicana. Sin embargo, la llegada de Marenco a Santo Domingo, pocos días después, pareció convencer al gobierno dominicano de la conveniencia de aceptar la totalidad de las demandas españolas pues, sólo un día después, Galván comunicaba a Serra que Guillermo, "enterado de nuevos datos había decidido destituir e incoar proceso al gobernador de Puerto Plata, Federico Lithgow, y a todos aquellos implicados en la detención y fusilamiento de los generales Pérez y Caminero". Paralelamente, la administración dominicana fijaba elevadas indemnizaciones para las reclamaciones presentadas por diversos comerciantes españoles, pese a que, como reconocía el propio gobernador de Cuba, los perjudicados habían "inflado" exageradamente sus demandas.¹⁰²

El gobierno dominicano cumplió escrupulosamente con dichas estipulaciones, pese a la oposición de amplios sectores de la opinión pública dominicana, especialmente en el Cibao, que consideraban que la aceptación de las exigencias españolas menoscababa la soberanía nacional.¹⁰³ La reactivación de la guerra civil tras el retorno de Luperón, en otoño de 1879, y la caída de Guillermo, en diciembre de ese mismo año, quien buscó refugio en un barco de guerra español y obtuvo asilo en Puerto Rico, como tantos otros dirigentes dominicanos, no afectaría substancialmente a las relaciones hispano-dominicanas.

El rápido fracaso de la nueva intentona separatista iniciada en Cuba en agosto de 1879 impidió que las declaradas simpatías de Luperón por la causa cubana volvieran a enturbiar las relaciones entre los dos países. La entrada de la República Dominicana en un prolongado periodo de relativa estabilidad y la aparente consolidación del dominio español en Cuba y Puerto Rico hicieron que las relaciones hispano-dominicanas entraran en una etapa de normalización, si bien la cuestión cubana continuaría gravitando sobre las mismas hasta la independencia de las Antillas españolas.

 

Conclusiones

El proceso de normalización de las relaciones hispano-dominicanas tras el trauma de la frustrada reanexión de la república caribeña a su antigua metrópoli entre 1861 y 1865 estuvo mediatizado por varios factores. Por una parte, el repliegue europeo en el Caribe tras el final de la Guerra de Secesión incrementó el interés geoestratégico de Santo Domingo para la diplomacia española, la cual siguió con suma inquietud las negociaciones entabladas por Cabral y, posteriormente, por Báez para anexar el país a los Estados Unidos o, al menos, arrendar a esta potencia la bahía de Samaná. Por otra, el estallido de la Guerra de los Diez Años obligó a Madrid a tratar de normalizar sus relaciones con los distintos estados latinoamericanos, especialmente con las repúblicas caribeñas, con el fin de evitar que su territorio pudiera ser utilizado por los insurrectos cubanos como base de sus actividades contra la soberanía española en la isla o -lo que era todavía peor- que dichos gobiernos acabaran reconociendo la beligerancia de los rebeldes cubanos.

Este escenario acabó impulsando un acercamiento español a la República Dominicana, que fracasó cuando el gobierno hispano constató la firmeza de los proyectos anexionistas de Báez. Las distintas facciones políticas dominicanas opuestas a Báez, por su parte, buscaron el respaldo español como forma de tratar de contrapesar el apoyo estadounidense a éste y, si bien no consiguieron implicar a la antigua metrópoli, lograron al menos que las autoridades coloniales puertorriqueñas toleraran sus actividades conspiratorias desde esta isla.

Este escenario dilató el inicio de la normalización de las relaciones hispano-dominicanas hasta el fracaso de los proyectos de anexión de Báez. Si bien la inestabilidad interna dominicana, la pervivencia del anexionismo entre varios de los dirigentes del Partido Rojo y la simpatía con la causa cubana de importantes sectores de la sociedad y la clase política dominicana imprimirían un elevado grado de conflictividad a las relaciones hispano-dominicanas hasta su definitiva normalización a fines de la década de 1870.

 

Notas

¹ Domingo Lilón, "El reconocimiento por España de la República Dominicana", en Cuadernos Hispanoamericanos, Núm. 668, febrero de 2006, p. 22.         [ Links ]

² Emilio Rodríguez, Relaciones dominico-españolas (1844-1859), Ciudad Trujillo, s.e., 1955, pp. 3-5.         [ Links ]

³ Jorge Castel, Anexión y abandono de Santo Domingo (1810-1865), Madrid, Cuadernos de Historia, 1954, pp. 41-60.         [ Links ] Sobre esta cuestión, vid. también Luis Escolano, La rivalidad internacional por la República Dominicana desde su independencia hasta la anexión a España, Tesis de Doctorado inédita, Alcalá, Universidad de Alcalá, 2010.

⁴ Benjamín Sumner, Naboth's Vineyard: The Dominican Republic, 1844-1924, Nueva York, Payson & Clark, 1928, pp. 192-194.         [ Links ]

⁵ Cristóbal Robles, Paz en Santo Domingo, 1854-1865. El fracaso de la anexión a España, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987, pp. 109-213.         [ Links ]

⁶ Christian C. Hauch, La República Dominicana y sus relaciones exteriores, 1844-1882, Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1996, pp. 127-129.         [ Links ]

⁷ L. D. Langley, Struggle for the American Mediterranean. United States-European Rivalry in the Gulf-Caribbean, 1776-1904, Athens, The University of Georgia Press, 1976, p. 142.         [ Links ]

⁸ Nelson Durán, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada, 1854-1868, Madrid, Akal, 1979, pp. 227-229.         [ Links ] Un buen estudio de conjunto de esta etapa de la política exterior española puede encontrarse en Juan Antonio Inarejos, Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868), Madrid, Sílex, 2007.         [ Links ]

⁹ Agustín Sánchez Andrés, "Colonial Crisis and Spanish Diplomacy in the Caribbean During the Sexenio Revolucionario, 1868-1874", en Bulletin of Latin American Research, Vol. 28, Núm. 3, 2009, pp. 325-342.         [ Links ]

¹⁰ Sobre esta cuestión, vid. Eduardo Gónzalez, y Antonio Fontecha, Una cuestión de honor. La polémica sobre la anexión de Santo Domingo vista desde España, Santo Domingo, Fundación García Arévalo, 2005.

¹¹ Pedro M. Archambault, Historia de la Restauración, Santo Domingo, Ediciones Taller, 1973, p. 297.         [ Links ]

¹² Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España (en adelante AMAE), "Informe de la Dirección de Política del Ministerio de Estado", 11 de septiembre de 1867, Leg.H-2378.

¹³ James W. Cortada, "España y Estados Unidos ante la cuestión mexicana, 1855-1868", en Historia Mexicana (México) XXVII/3, 1978, pp. 387-425.         [ Links ] Vid. también Salvador Morales, Relaciones interferidas. México y el Caribe, 1813-1982, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2002, pp. 105-107.         [ Links ]

¹⁴ Agustín Sánchez Andrés, "La diplomacia hispano-mexicana: de la Intervención Tripartita a la caída del Imperio", en Clara E. Lida (compilador), España y el Imperio de Maximiliano, México, El Colegio de México, 1999, pp. 158-159.         [ Links ]

¹⁵ Charles Callan, Los Estados Unidos y Santo Domingo, 1798-1873, Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 1977, p. 273.         [ Links ]

¹⁶ Hauch, Op. cit, p. 199.

¹⁷ G. Pope, y L. C. Wilson, The Dominican Republic and the United States: from Imperialism to Transnationalism, Athens y Londres, The University of Georgia Press, 1988, pp. 23-24.         [ Links ]

¹⁸ AMAE, Goñi a Ministerio de Estado, 5 de agosto de 1867, Leg. H-2378.

¹⁹ AMAE, Alejandro Mon, embajador español en París, a Ministerio de Estado, 19 de julio de 1867, Leg. H-2378.

²⁰ AMAE, "Goñi a Ministerio de Estado", 15 de marzo de 1867, Leg. H-2378.

²¹ AMAE, "Informe de la Dirección de Política del Ministerio de Estado", 11 de septiembre de 1867, Leg. H-2378.

²² AMAE, "Informe de la Dirección de Política del Ministerio de Estado", 18 de diciembre de 1867, Leg. H-2378.

²³ Callan, Op. cit., p. 267.

²⁴ Carlos F. Pérez, Historia diplomática de Santo Domingo, Santo Domingo, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, 1998, Vol. 2, pp. 116-124.         [ Links ]

²⁵ Hauch, Op. cit., pp. 214-216.

²⁶ Luis Álvarez, La diplomacia bismarckiana y la cuestión cubana, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1988, pp. 37-40.         [ Links ]

²⁷ AMAE, Legación española en Londres a Ministerio de Estado, 19 de febrero de 1870, Leg. H-2378.

²⁸ AMAE, Olózaga a Ministerio de Estado, 5 de marzo de 1870, Leg. H-2378.

²⁹ Callan, Op. cit., pp. 469-470.

³⁰ El tratado dominicano-estadounidense sobre Samaná contemplaba esa eventualidad como consecuencia de la entrega a Báez de cantidades anticipadas a cuenta del futuro arrendamiento, vid. Andrés Sánchez, "Colonial Crisis...", Op. cit., p. 333.

³¹ AMAE, Galván a Gobierno Superior de Cuba, 23 de junio de 1870, Leg. H-2022.

³² Ibidem.

³³ AMAE, Galván a Ministerio de Estado, 23 de mayo de 1870, Leg. H-2022.

³⁴ Hauch, Op. cit, p. 235.

³⁵ AMAE, Galván a Ministerio de Estado, 23 de mayo de 1870, Leg. H-2022.

³⁶ Diómedes Núñez, Anexionismo y resistencia. Relaciones dominico-norteamericanas en tiempos de Grant, Báez y Luperón, Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1997, pp. 65-80.         [ Links ]

³⁷ AMAE, López Roberts a Ministerio de Estado, 16 y 19 de marzo de 1870, Leg. H-2378.

³⁸ AMAE, López Roberts a Ministerio de Estado, 14 de abril de 1870, Leg. H-2378.

³⁹ AMAE, López Roberts a Ministerio de Estado, 29 de julio de 1870, Leg. H-2378.

⁴⁰ Whitney T. Perkins, Constraint of Empire. The United States and Caribbean Interventions, Oxford, Clío Press, 1981, p. 40.         [ Links ]

⁴¹ Hauch, Op. cit., pp. 236-241.

⁴² Galván a Ministerio de Estado, 23 de julio de 1870, en AMAE, Leg. H-2378.

⁴³ Gregorio Luperón, Notas autobiográficas y apuntes históricos, Santiago de los Caballeros, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1939, Vol. 2, pp. 171-181.         [ Links ]

⁴⁴ AMAE, Gobierno Superior de Puerto Rico a Ministerio de Ultramar, 16 de enero de 1873, Leg. H-2378.

⁴⁵ Emeterio C. Santovenia, Armonías y conflictos en torno a Cuba, México, Fondo de Cultura Económica, 1956, pp. 190-194.         [ Links ]

⁴⁶ AMAE, "Comunicación reservada del Ministerio de Estado al Ministerio de Ultramar", 18 de abril de 1873, Leg. H-2378.

⁴⁷ Emilio Demorizi Rodríguez, Hostos en Santo Domingo, Santo Domingo, Imp. de J. R. Viuda de García Sucs., 1939, Vol. 2, pp. XI-XIX.         [ Links ]

⁴⁸ Vid. Mathews, T., "The Project for the Confederation of the Greater Antilles", en Caribbean Historical Review, Vol. III-IV, 1954, pp. 70-107.

⁴⁹ Rodríguez, Op. cit., Vol. 2, p. XIX.

⁵⁰ Hauch, Op. cit., p. 261.

⁵¹ El tratado entre Haití y la República Dominicana fue firmado finalmente en noviembre de 1874, si bien no sería ratificado hasta febrero de 1875. El acuerdo puede consultarse en Manuel A. Peña, Historia de la cuestión fronteriza dominico-haitiana, Ciudad Trujillo, Imprenta de Luis Sánchez Andújar, 1946, pp. 396-402.         [ Links ]

⁵² El tratado hispano-dominicano puede consultarse en AMAE, Leg. TR-516. Las negociaciones pueden seguirse en AMAE, Leg. TR-172.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Hugo Tolentino, Gregorio Luperón, La Habana, Casa de las Américas, 1979, p. 133.         [ Links ]

⁵⁵ Harry Hoetink, El pueblo dominicano. Apuntes para su sociología histórica, Santo Domingo, Universidad Católica Madre y Maestra, 1971, pp. 59-60.         [ Links ]

⁵⁶ Eugenio María de Hostos, América: la lucha por la libertad, México, Siglo XXI, 1980, pp. 18-19.         [ Links ]

⁵⁷ AMAE, Valmaseda a Laureano Sanz, gobernador superior de Puerto Rico, Iº de octubre de 1875, Leg. H-2379.

⁵⁸ AMAE, Alfonso XIII a Valmaseda, 12 de junio de 1875, Leg. TR-516.

⁵⁹ AMAE, Valmaseda a Sanz, Iº de octubre de 1875, Leg. H-2379.

⁶⁰ Tolentino, Op. cit., p. 142.

⁶¹ Emilio Godínez (compilador), Cuba en Betances, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985, pp. 20-21.         [ Links ]

⁶² El Porvenir, Puerto Plata, 5 de septiembre de 1875.         [ Links ]

⁶³ AMAE, Valmaseda a Sanz, Iº de octubre de 1875, Leg. H-2379.

⁶⁴ AMAE, Valmaseda a Ministerio de Ultramar, 29 de agosto de 1875, Leg. H-2379.

⁶⁵ AMAE, Sanz a González, 17 de octubre de 1875, Leg. H-2379.

⁶⁶ AMAE, Sanz a Valmaseda, 13 de octubre de 1875, Leg. H-2379.

⁶⁷ AMAE, Valmaseda a Sanz, Iº de octubre de 1875, Leg. H-2379.

⁶⁸ AMAE, Sanz a González, 17 de octubre de 1875, Leg. H-2379.

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ Tolentino, Op. cit., pp. 141-142.

⁷¹ Luperón, Op. cit., p. 294.

⁷² AMAE, Leg. TR-516.

⁷³ En este sentido, González acusó en la Gaceta Oficial a Hostos "de tomar las armas", junto con el cubano Pedro Recio, y "encabezar como jefes los cuerpos armados de cubanos, que han fundado últimamente en Puerto Plata sin legítima autorización", vid. Hoetink, Op. cit., pp. 60-61. Hostos, por su parte, desmintió que la inmigración cubana formara parte del movimiento revolucionario, si bien reconoció haber colaborado personalmente en la redacción de los manifiestos emitidos por los revolucionarios, vid. El Porvenir, Santo Domingo, 5 de marzo de 1876. Parece, sin embargo, indudable que un cierto número de exiliados de Cuba y Puerto Rico secundaron la revuelta contra González.

⁷⁴ Hauch, Op. cit., pp. 273-274.

⁷⁵ AMAE, Echeverri a Ministerio de Estado, 15 de octubre de 1877, Leg. H-2057.

⁷⁶ Hauch, Op. cit., pp. 273-274.

⁷⁷ AMAE, N. López y Chacón, cónsul de España en Santo Domingo, a Ministerio de Estado, 25 de octubre de 1876, Leg. H-2524.

⁷⁸ AMAE, Jovellar a Ministerio de Ultramar, Iº de diciembre de 1877, Leg. H-2524.

⁷⁹ AMAE, Echeverri a Ministerio de Estado, 6 de diciembre de 1877, Leg. H-2057.

⁸⁰ AMAE, Cristóbal Martín de Herrera, ministro de Ultramar, a Ministerio de Estado, 2 de octubre de 1877, Leg. H-2057.

⁸¹ AMAE, "Memorándum de la Dirección de Política del Ministerio de Estado", s.f., Leg. H-2057.

⁸² AMAE, Echeverri a Ministerio de Estado, 25 de noviembre de 1877, Leg. H-2057.

⁸³ AMAE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Echeverri, 1° de diciembre de 1877, Leg. H-2057.

⁸⁴ Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), De la Portilla a Ministerio de Ultramar, 13 de septiembre de 1877, Ultramar, Leg. 4750, Exp. 267.

⁸⁵ Luis Martínez-Fernández, Torn between Empires. Economy, Society and Patterns of Political Thought in the Hispanic Caribbean, 1840-1878, Athens y Londres, The University of Georgia Press, 1994, p. 226.         [ Links ]

⁸⁶ AHN, De Castro a De la Serna, 7 de diciembre de 1877, Ultramar, Leg. 4750, Exp. 267.

⁸⁷ AHN, Báez a Jovellar, 20 de diciembre de 1877, Ultramar, Leg. 4750, Exp. 267.

⁸⁸ AHN, Jovellar a Báez, 20 de enero de 1878, Ultramar, Leg. 4750, Exp. 267.

⁸⁹ AHN, Villanueva a Jovellar, 17 de febrero de 1878, Ultramar, Leg. 4750, Exp. 267.

⁹⁰ AHN, Jovellar a Ministerio de Ultramar, 27 de febrero de 1878, Ultramar, Leg. 4750, Exp. 267.

⁹¹ AHN, Jovellar a Ministerio de Ultramar, 5 de marzo de 1878, Ultramar, Leg. 4750, Exp. 267.

⁹² AMAE, Serra a Ministerio de Relaciones Exteriores, 30 de julio de 1879, Leg. H-2379.

⁹³ AMAE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Consulado General de Santo Domingo en Madrid, 17 de abril de 1879, Leg. H-2379.

⁹⁴ AMAE, Serra a Ministerio de Estado, 15 y 24 de julio de 1879, Leg. H-2379.

⁹⁵ AMAE, "Informe de la Dirección de Política del Ministerio de Estado", 21 de septiembre de 1879, Leg. H-2379.

⁹⁶ Ibidem.

⁹⁷ AMAE, Serra a Ministerio de Estado, 11 de julio de 1879, Leg. H-2379.

⁹⁸ Manuel de Jesús Galván, La cuestión dominico-española de 1879. Rectificaciones a un opúsculo del doctor Ponce de León, San Juan de Puerto Rico, s.e., 1880, pp. 1-11.         [ Links ]

⁹⁹ AMAE, Serra a Ministerio de Estado, 17 de julio de 1879, Leg. H-2379.

¹⁰⁰ AMAE, Serra a Ministerio de Estado, 27 de agosto de 1879, Leg. H-2379.

¹⁰¹ AMAE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Serra, 11 de agosto de 1879, Leg. H-2379.

¹⁰² AMAE, Polavieja a Ministerio de Ultramar, 27 de agosto de 1879, Leg. H-2379.

¹⁰³ AMAE, Galván a Ministerio de Estado, 26 de agosto de 1879, Leg. H-2379.