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Introducción
Desde una perspectiva psicosocial se propone abordar una serie de fenómenos distinguidos por Amadeo y Aruguete (2013) con relación al vínculo entre medios masivos de comunicación (MMC) y el miedo al delito. Se trata de fenómenos con frecuencia de emergencia no excluyente en el ámbito social, como son el pánico moral, el sentimiento de inseguridad y la ola de violencia. Desde este marco referencial, en el presente trabajo se busca primeramente comprender cómo estos conceptos asociados al accionar público de los MMC adquieren relevancia en la realidad cotidiana de las personas. En esta línea se pretende analizar los potenciales beneficios de espacios de participación ciudadana, en tanto construcción de alternativas de opinión y acción en torno a la seguridad. Para esto, en un apartado específico se propone como caso los Consejos Barriales, vigentes desde 2015 en la Provincia de Córdoba, Argentina.3 A continuación, se detalla la metodología de relevamiento de bibliografía y fuentes secundarias empleadas en este sentido.
Metodología
Primeramente, se realizó una revisión bibliográfica tomando artículos de revistas científicas disponibles en metabuscadores de acceso abierto como SciELO, Redalyc y DOAJ, y se relevaron antecedentes disponibles en sitios web de instituciones científico-académicas como la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, desde el 2005 a 2019. Se valoró la importancia de recolectar información relacionada empíricamente con distintas poblaciones, aunque se priorizaron los datos tomados en América Latina, específicamente Argentina. Además, en dicha búsqueda se determinó que los fenómenos de pánico moral, sentimiento de inseguridad y ola de violencia tuvieran conexión con delitos urbanos (delitos contra la propiedad y la integridad física ocurridos en espacios públicos). Dentro de este corte analítico se descartaron gran cantidad de trabajos contemporáneos donde estos términos aparecían ligados a pedofilia, abuso sexual, violencia de género en la pareja, etc., en tanto foco de debates actuales que hoy merecen capítulos aparte en la agenda científica y que ciertamente exceden los objetivos de la presente investigación.
En segundo término, se analizó el caso de la política pública de Consejos Barriales (CB) instituida en Córdoba desde 2015, en torno al papel que podría ejercer en el incremento de fuentes de información alternativas a los MMC y la creación de medidas preventivas inclusivas. Este caso se aborda con el objetivo metodológico de reflexionar acerca de la materialización de políticas preventivas de la inseguridad en la cotidianeidad ciudadana. Sin ánimo de realizar un abordaje exhaustivo, se consultan estudios de referentes locales e indagaciones sobre las normativas provinciales, bajo la perspectiva de estudios de caso único o caso intrínseco, o de tipo instrumental. Se trata de una metodología con interés en un problema conceptual o empírico más amplio que el caso ilumina. Este resulta escogido de manera intencionada en función del interés temático, actuando como “un sistema delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales donde se busca dar cuenta de la particularidad del mismo en el marco de su complejidad” (Neiman & Quaranta, 2006, p. 220).
Se organiza entonces la información relevada en dos apartados interrelacionados: en el primero se detallan fenómenos vinculados a la inseguridad desde una perspectiva que integra sus dimensiones social e intrasubjetiva. En el segundo se desarrolla el caso de los CB, inserto en el ámbito de políticas públicas locales que tienen como eje medidas de prevención comunitaria del delito. Finalmente, se discute el impacto limitado de esta modalidad de acción estatal en el contexto de la experiencia ciudadana mediatizada en torno a esta problemática.
Miedo al delito: aporías en torno al sentimiento de inseguridad
Siguiendo a Focás (2013), el crimen y la violencia se constituyen desde inicios del 2000 en una preocupación central en la opinión pública latinoamericana, superando incluso el malestar o la preocupación por otras problemáticas sociales acuciantes como el desempleo y la inflación. En Argentina, la inseguridad se encuentra ubicada en el segundo puesto de los aspectos que más preocupan a la opinión pública, luego de la economía (en el marco de la crisis económica que atraviesa el país).4 Sin embargo, esta alta preocupación por parte de la opinión pública sobre la inseguridad con frecuencia no se corresponde con los datos oficiales de delitos reales acaecidos en dicho territorio. Para comprender este aspecto, es menester aclarar la distinción entre dos tipos de inseguridad: la inseguridad objetiva, que implica, efectivamente, la probabilidad de ser víctima de un delito y depende de variables como edad, género, vivienda, trabajo, rutinas personales o pertenencia a una clase o sector social. Y, por otro lado, la inseguridad subjetiva, la cual tiene relación con el miedo a ser víctima de un delito y es producto de la construcción social del miedo con la asociación de diversos factores y en especial la alarma y pánico social que producen las noticias que recogen los MMC (Pegoraro, 2002).
Para abordar las condiciones que propician la brecha entre inseguridad objetiva y subjetiva, nos remitiremos a la noción de miedo al delito, a partir de la definición propuesta por Vozmediano (2010) en tanto “experiencia emocional de temor o inquietud en la vida diaria de los ciudadanos, por la posibilidad de ser víctima personalmente de una serie de delitos comunes en su contexto social y geográfico” (p. 212).
Considerando estos rasgos de autorrepresentación y especulación intersubjetiva en torno al miedo al delito, cabe preguntarse entonces sobre la posible influencia ejercida por los MMC. En Argentina, desde el siglo XXI se observan una serie de representaciones mediáticas influyentes sobre el delito, comenzando la inseguridad a ser tematizada alimentando una creciente sensibilidad social (Focás, 2013). Mediante esta histórica y particular focalización sobre relatos delictivos, construye un nosotros que reclama contra la delincuencia. Se genera un otro peligroso, invisible, que permite la transformación del ciudadano en ciudadano-víctima, que enfrenta al peligro y es dañado por la “delincuencia” (Calzado & Van Den Dooren, 2009).
Esta categoría se enlaza con la noción de sociedad de riesgo propuesta por Beck, Giddens y Lash (en Rodríguez Garcés et al., 2017). Uno de los conceptos clave para comprender esta teoría es el de relaciones de definición, correspondiente a aquellas reglas, instituciones y recursos que determinan la identificación y definición de riesgos. Desde esta perspectiva no basta con definir los riesgos, sino que es necesario escenificarlos en los MMC a fin de convertirlos en temas de interés público con capacidad de provocar la movilización política.
Ante este panorama, creemos relevante analizar qué mecanismos utilizan los MMC y qué papel juegan en la configuración de la inseguridad en la agenda de la opinión pública, así como en la definición social de qué es la inseguridad y los marcos en torno a quiénes, qué actores, grupos y sectores sociales están involucrados en ella.
Medios masivos de comunicación y opinión pública de la inseguridad
Los MMC tienen a su disposición diversos mecanismos que les permiten impactar en la opinión pública de la inseguridad. Siguiendo a D’Adamo y García Beaudoux (2007), esto se logra fundamentalmente mediante el control del lugar que ocupan las noticias referidas a inseguridad y delito en sus agendas. Al respecto, cobra vigencia la teoría de agenda setting, que se refiere a un proceso de selección de los problemas en los que se centran las noticias, desestimando otros alternativos y produciendo como resultado que la opinión pública centre sus consideraciones en aquellos que fueron escogidos como los más relevantes. En este sentido, los MMC tienen la habilidad de facilitar la publicación de ciertos temas por sobre otros y de señalar a las audiencias sobre qué aspectos pensar, en torno a tales ejes. Al respecto, Dastres Abarca (2002) destaca la gran cantidad de estudios que confirman una fuerte relación entre la opinión pública y la cobertura mediática en el contexto de la influencia de la agenda setting, en contraste con la baja relación existente entre estas dos variables y la realidad social material. Esto señala la capacidad de los MMC de transformar los contenidos de la opinión pública más allá de la ocurrencia efectiva de los acontecimientos.
Asimismo, los MMC brindan explicaciones sobre las razones y las consecuencias de las situaciones transmitidas, lo cual nos posiciona en un segundo nivel de agenda setting, que McCombs (2004) relaciona con el concepto de framing o encuadre, consiste en enmarcar estratégicamente contenidos discursivos, reforzando ciertos aspectos de un tema y correlacionándolos con determinadas causas. Siguiendo a Amadeo (2008), se trata de un enfoque que se diferencia de la teoría clásica de agenda setting, ya que mientras esta se concentra en estudiar el grado de influencia de los mensajes mediáticos en la opinión pública, el framing analiza el proceso por el cual se materializa dicha influencia, atendiendo al modo en que las cogniciones previas de los sujetos interactúan con la noticia. En este sentido, se enfoca el vínculo entre los mensajes y su interpretación, estudiando la transmisión de significados, signos, símbolos y valores morales de la sociedad a los medios y viceversa. En suma, el framing implica la selección de determinados aspectos de la realidad social, promoviendo una definición del problema elegido, una interpretación causal del mismo, una evaluación moral y una recomendación de cómo tratar o solucionar tal asunto (Entman, 1993).
Se advierte entonces el papel clave de los MMC a la hora de conocer y delimitar la realidad social cotidiana en torno a la inseguridad, advirtiendo además que desde este lugar los MMC inciden en la configuración de tres fenómenos psicosociales (Amadeo & Aruguete, 2013) que permiten explicar el miedo al delito. Tales son el sentimiento de inseguridad de Kessler (2009), pánico moral de Cohen (en Amadeo & Aruguete, 2013) y ola de violencia de Fernández Pedemonte (2005).
Sentimiento de inseguridad
Esta noción descrita por Kessler (2005, 2009, 2011) surge luego de sus estudios relativos al miedo al crimen, variable mayormente utilizada cuando se habla de inseguridad subjetiva; fruto de estas investigaciones, da cuenta de un concepto más amplio, introduciendo la noción de sentimiento de inseguridad. Conceptualizando el miedo al crimen como respuesta emocional de temor o ansiedad frente al delito o símbolos asociados con este, Kessler (2011) destaca que el sentimiento de inseguridad permite incluir otras emociones en juego, tales como la ira, la indignación o la impotencia, y comprende también las preocupaciones políticas, los relatos sobre sus causas y las acciones que conforman la gestión de la inseguridad. Es decir, se trata de un fenómeno multidimensional no circunscripto restrictivamente a delitos violentos, pudiendo incluir hechos que no suponen siquiera una infracción a la ley. Tal es el caso del temor provocado, por ejemplo, por la presencia de grupos de jóvenes en la calle que no están violando ninguna norma. El rasgo característico del sentimiento de inseguridad es la aleatoriedad del peligro, fundamentada en la percepción del incremento de hechos y en la pluralidad de figuras de lo temible. Entonces, Kessler (en Amadeo & Aruguete, 2013) define al sentimiento de inseguridad como la sensación de una amenaza aleatoria que puede abatirse sobre cualquier persona en cualquier lugar. La idea central es que todos podemos ser víctimas de un delito, sin poder preverlo ni evitarlo, generando así malestar y fuerte sensación de impotencia. Lo llamativo de este estado es su relativa autonomía respecto del delito efectivo: por ejemplo, en 2017 el Observatorio de Seguridad Ciudadana informó que, en Argentina, un 45% de los consultados opinaba que la delincuencia había aumentado cerca de donde vivían; el 69% creía que había aumentado en su ciudad; el 77%, en su provincia, y el 82%, en el país. Sin embargo, las estadísticas delictivas mostraban que las tasas delictivas habían disminuido, lo cual no se reflejó en la percepción de la ciudadanía.5
Al respecto, Kessler (2005) señala además a los MMC como facilitadores de este imaginario de incremento, ya que actúan como fuente principal de victimización indirecta. Siguiendo a Box et al. (1988), las personas que han sido víctimas de delitos suelen percibir menos miedo que las víctimas indirectas, ya que las primeras pueden contar con herramientas para neutralizar esas experiencias y disminuir la sensación de vulnerabilidad, ausentes en las personas que reciben la noticia de estos hechos, ya sea por comentarios de un allegado o por los MMC.
Producto de estos relatos mediáticos, Kessler (2011) sostiene que se producirían dos fenómenos: la deslocalización del peligro y desidentificación de las figuras temibles. En relación a la deslocalización, habría un desdibujamiento de las zonas que se pueden definir como seguras e inseguras, dando como resultado que ya no hay lugar donde uno esté completamente “a salvo, sin riesgos”. Cuando las personas sienten que la amenaza puede penetrar en cualquier territorio, se retroalimenta su sensación de inseguridad. Mientras la desidentificación relativa de las figuras de temor implica que la percepción de amenaza no se limita solo a las imágenes estereotipadas o más estigmatizadas, sino que incluye a personas “bien vestidas”, que “parecen de clase media” y otros sujetos sociales antes no peligrosos. Empero, no ocurre una abolición de ciertos estereotipos y prejuicios sobre personas y lugares estigmatizados previamente, sino que, por el contrario, se refuerza la sensación de una amenaza aleatoria y omnipresente.
En estas condiciones, los ciudadanos realizan una “decodificación” de las eventuales amenazas en cada interacción y espacio en que circulan, a partir de ciertos gestos, rasgos y actitudes, en un amplio espectro de posibilidades. Esta decodificación sirve también para generar dispositivos y estrategias que ayuden a mantener distancia respecto de tales peligros, lo cual tiende a derivar en una desconfianza generalizada en los demás, afectando todas las áreas de la cotidianeidad y vida social de las personas.
En el plano microsocial, conlleva formas de elusión preventiva del otro que, más allá de la intención manifiesta de quien cree protegerse, produce una evidente discriminación de aquellos que son evitados en los entrecruzamientos urbanos (Kessler, 2011). Asimismo, la sensación de inseguridad amedrenta la calidad de vida y favorece el apoyo por parte de la ciudadanía a políticas fuertemente punitivas. Se ha observado, por ejemplo, que en Estados Unidos el miedo disminuye la legitimidad de la justicia penal y lleva a acciones de justicia por mano propia, así como a la portación de armas (Hale, 1996).
Pánico moral
El pánico moral supone la definición de un acontecimiento, persona o grupo de personas como amenaza a los valores e intereses sociales, presentados por los MMC de manera estereotipada (Cohen, en Amadeo & Aruguete, 2013). Opera creando un enemigo adecuado (con poco poder, escasa presencia en los medios, fácilmente denunciable y que no cuente con legitimidad), eligiendo una víctima apropiada (alguien con quien la audiencia pueda identificarse) y buscando generar consenso en torno a que no se trata de un problema aislado, sino de una problemática que compete a toda la sociedad. A diferencia del sentimiento de inseguridad, que supone una sensación individual, el pánico moral atañe a todo un colectivo (Aruguete & Amadeo, 2012).
Por su parte, Walsh (2017) sostiene que el pánico moral refiere a instancias puntuales que despiertan un estado de alerta, en donde ciertos eventos o conductas son percibidos como un riesgo para los valores y normativas de una sociedad. Aquí se introduce el concepto de folk devils -demonios populares-, quienes serían los responsables de corromper la sociedad y que son identificados por determinados grupos de poder de una forma poco azarosa. Con respecto a las características de la conformación del pánico moral, se contemplan cinco atributos esenciales de las temáticas que se enmarcan en este fenómeno:
Temáticas que generen preocupación y ansiedad en la audiencia (concern).
Que fomenten hostilidad, repulsión e intolerancia a los “demonios populares” (hostility).
Que tengan consenso, que la ansiedad sea extendida en la sociedad (consensus).
Que sean desproporcionales, despertando una reacción exagerada (disproportionality).
Que sean volátiles, ya que el pánico emerge y se disipa con asombrosa celeridad (volatility) (Goode & Ben-Yehuda, en Walsh, 2017).
Esta última característica es fundamentada por Cohen (2011) en torno a las cuestiones de mercado y los intereses políticos reproducidos por los MMC. De esta manera, las temáticas que generan pánico moral no tienen que ver realmente con consideraciones morales, ya que si así fuera permanecerían en la agenda mediática de un modo más prolongado. El autor explica además que, desde la década del 2000, se ha promovido una nueva respuesta en la sociedad: un rol intervencionista, activo. Previamente se buscaba que la gente no reaccionara ante hechos considerados de preocupación pública, pero actualmente la intervención se convirtió en un indicador de éxito para los grupos de poder. Se pretende así que se hagan públicos los peligros y que se denuncie y reproche la inmoralidad.
A modo de vislumbrar cómo opera el pánico moral, Aruguete y Amadeo (2012) analizaron bajo esta perspectiva el “Caso Píparo” de 2010, una mujer embarazada es atacada, junto a su madre, a la salida de un banco en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina) por una banda de asaltantes que las siguió hasta su domicilio. Píparo entregó el dinero, mas recibió un disparo que llevó finalmente a la muerte del bebé (de ocho meses de gestación). El caso conmocionó a la opinión pública y la gente siguió este tema de cerca en todos los medios de comunicación. Aquí podemos ver cómo esta vez los MMC buscaron el reproche y movilización del pueblo, lo cual desembocó en la sanción, a tan solo dos meses, de una ley de seguridad bancaria. Contemplando los atributos del pánico moral, la cobertura mediática se presentó con una temática que generó conmoción y preocupación en la opinión pública, promovida por una apelación a lo emocional en los MMC; además, reforzó la hostilidad hacia los perpetradores y hacia organismos públicos (que no cuidan correctamente a la población de estas atrocidades); por otro lado, produjo el consenso de que la amenaza es seria y que la sociedad debe generar alguna solución (proponiéndose cierto tipo de soluciones); apeló a la desproporción o sobredimensionamiento de la cantidad o intensidad del caso, brindando datos que parecían agigantar el problema; finalmente, se ponderó un tipo de relato fragmentado, en vez de encuadrarlo en un marco histórico más amplio, llevando a la volatilidad del caso. Así, el caso resultó limitado y su tendencia se acabó al asentarse los objetivos deseados.
Continuando con la construcción de los folk devils,Ayos y Dallorso (2011) afirman que los potenciales ofensores aparecen fuertemente vinculados con los grupos vulnerabilizados a partir de la desestructuración de los sistemas de protección social, destacándose especialmente el caso de los jóvenes pobres, quienes concentran en sí todas las percepciones de amenaza. Empleando el concepto de pánico moral, comprendemos que la estigmatización de esta población se remite a la búsqueda mediática de sujetos con poco poder y legitimidad, nula presencia en los MMC como portavoces de su realidad o en tanto ciudadanos activos que reclamen derechos y figuras sociales fácilmente denunciables. En contraposición a este grupo, las víctimas son “personas de bien”, con las que la audiencia tiende a identificarse, que encarnan valores y normas sociales (trabajadores, estudiantes, embarazadas, etc.).
Ola de violencia
La noción de ola de violencia es comprendida por Fernández Pedemonte (2010) dentro de la clasificación de casos mediáticos conmocionantes. Estas olas dan cuenta de un “efecto cascada” (p. 28) producido por los MMC, que implica una ampliación y distorsión de una serie de delitos aislados. En la práctica opera en un doble sentido, en la medida en que lleva a la audiencia a sentirse a merced de una ola de delincuencia sin límites; pero que a su vez no hay un intento de comprensión de la magnitud social de cada acontecimiento.
Las olas de violencia constituyen una matriz empleada para clasificar y agrupar casos violentos que actúan como una ruptura de la rutina, tanto para las audiencias como para los MMC, que deben generar procedimientos especiales para cubrir sistemáticamente estos casos “extraordinarios” mejor que sus competencias. La aparición de estos casos se produce cuando un tipo de delito reclama la atención de periodistas o editores de manera privilegiada. En este sentido, al definir un tipo de delito como valioso se toma en cuenta que sea impactante por la singular crueldad del crimen o por las peculiaridades de sus protagonistas.
Gracias al Termómetro de la Semana (TS) del Centro de Opinión pública de la Universidad de Belgrano, que registra las variaciones semanales de la agenda establecida por los MMC, podemos observar cómo opera este fenómeno. Algunos meses las noticias se focalizaban sobre casos particulares, como ola de secuestros, y en otros sobre leading cases que atraen la atención por la peculiaridad o alevosía de sus hechos. Los leading cases son fácilmente memorables porque apelan a emociones, al drama, a la identificación, y generan impresiones que sirven para juzgar la peligrosidad de la sociedad, la inevitabilidad de la violencia, la imposibilidad de confiar, etc. Esta focalización de los MMC en determinados tipos de delitos o el seguimiento de casos particulares se asocia ciertamente al fenómeno de ola de violencia.
Ahora bien, los encargados de brindar la información, a fin de impactar, recurren a delitos del mismo tipo, o al menos similares, aun cuando los registros de los MMC disten significativamente de los aportados por el sistema penal, pudiendo incluso tomar delitos del mismo tipo pero en distintos contextos y temporalidades.
Cuando emergen estos casos específicos se relega la cobertura informativa de delitos de otro tipo, y se asocian hechos de similar naturaleza que alientan titulares rotulados como “otro caso”, u “otra víctima” del mismo delito. Esto se logra descontextualizando los hechos, por ejemplo, hablando de violaciones en general, sin hacer distinciones si fueron llevadas a cabo por familiares o desconocidos. De esta manera, no se tienen en cuenta las implicaciones de cada caso ni las políticas específicas que deberían generarse para su prevención (no es el mismo abordaje el que corresponde a problemáticas de delito intrafamiliar, que el trabajo a desarrollar con personas que abusaron sexualmente de desconocidos/as).
Siguiendo a Rodríguez (2005), otra característica estratégica del fenómeno consiste en darle mayor dedicación al conflicto que a la solución: la ola siempre está en crecimiento, o al menos no cede, nunca se informa que se está retrayendo: “tiene una dinámica ascendente” (p. 4) hasta que arriba a una situación descrita como límite, crítica, extrema. Por su parte, las víctimas generalmente solo la padecen pasivamente; los únicos que tienen un rol activo frente a ella son la policía y las autoridades, que la combaten o intentan frenarla, siempre sin éxito.
El resultado de esta manipulación sería la formación de modelos mentales preferenciales ante situaciones específicas que, a su vez, pueden generalizarse en conocimientos, actitudes e ideologías preferenciales más amplias (por ejemplo, prejuicios acerca de los negros o los jóvenes) (van Dijk, 1996). Fernández (2010) sostiene que condiciona las representaciones sociales de los grupos humanos y la concepción del “nosotros y ellos” en función de la ideología e intereses de los MMC que operen como transmisores.
Consecuencias psicosociales y políticas del miedo al delito: el caso de los CB en Córdoba
En línea con las nociones anteriores, cabe reflexionar en torno a cuáles son las consecuencias psicosociales de las estrategias mediáticas. Como primer aspecto se considera el incremento del miedo al delito, que encuentra explicación en las elaboraciones teóricas de Beck sobre la sociedad del riesgo, así como con estudios latinoamericanos sobre la ciudadanía-víctima. La sensación de riesgo de ser víctima de un delito se caracteriza por atravesar todas las dimensiones (social, económica, política) de la cotidianeidad de los sujetos. A esto se le suma la deslegitimación de las instituciones de control y protección que serían las encargadas de disminuir la percepción del riesgo en los distintos ámbitos de la vida social de los ciudadanos (Beck, Giddens & Lash, en Rodríguez Garcés et al., 2017). Así, la sociedad se encuentra en la paradoja de que los peligros crecen y son cada vez más manifiestos, pero al mismo tiempo escapan de las redes institucionalizadas que puedan dar argumentaciones y/o asignar responsabilidades e identificar causas.
La noción de ciudadanía-víctima de Calzado y Van Den Dooren (2009) aporta en este sentido, ya que explica cómo impactan los MMC en la cultura de la victimización. Este posicionamiento posibilita la transformación de miedos dispersos en un conjunto de actitudes prejuiciosas destinadas a identificar a los culpables, delimitar problemas y establecer chivos expiatorios, teniendo en cuenta que, si hablamos de víctimas, aparece indefectiblemente la figura del victimario. Siguiendo esta lógica, Focás (2013) señala que los MMC explotan la victimización como recurso de noticiabilidad, al enfocar los relatos delictivos homologando inseguridad y delito, restringiendo las diferentes aristas de la primera por la única faceta del delito, donde los protagonistas (víctima y victimario) son fácilmente identificables y a diferencia del concepto de inseguridad, donde hay mayor amplitud de protagonistas y puede, de hecho, incluirse al Estado.
Tales condiciones provocan el levantamiento de los ciudadanos, especialmente la clase media, en queja por las condiciones de inseguridad -restringidas al delito-. Estas actitudes, a su vez, ciertamente influyen en la definición de las políticas públicas (Rodríguez, 2005), que deben adaptarse a los temas de interés de sus votantes. Por su parte, las políticas propuestas por la sociedad con frecuencia parten de soluciones drásticas y punitivas respecto del delito y los delincuentes, dejando de lado los debates racionales y las voces de expertos que se oponen a este tipo de propuestas. En este contexto, como las causas de esta problemática no son comunicadas fehacientemente por los MMC, las posturas punitivistas se convierten en moneda corriente, motivadas, por ejemplo, por notas de opinión donde se habla de lo insuficientemente duras que son las penas, o destacan la permisividad de la legislación como instrumento ineficaz para frenar la ola delictiva.
Al respecto, Seveso Zanin (2009) destaca que la presencia absoluta de la inseguridad en la agenda periodística aumenta el miedo e incertidumbre en la audiencia. Estas emociones, por su parte, generan un estado de inacción junto a la idea de imposibilidad de cambio, conduciendo sistemáticamente a la naturalización de que no hay nada que se pueda hacer. Desde el estatuto de realidad así establecido, “el cimbronazo de sentido dispara hacia demandas para la restitución del orden” (p. 43), posible mediante dispositivos y estrategias que se fundan sobre el deseo de suprimir a las personas causantes de esta realidad, vistas como los otros, los diferentes a uno.
Observamos así una conexión entre MMC e intereses políticos, mediante la confusión en torno a la creencia generalizada de que la inseguridad es generada por los victimarios y que el Estado puede solucionar el problema únicamente mediante la “mano dura” o apelando a políticas públicas destinadas a la prevención del delito, que no contemplan las demandas de la población estigmatizada. Es decir, por un lado, se desliga a la sociedad en su conjunto de su responsabilidad hacia los sujetos marginados y, por el otro, se descarga al Estado de su rol como garante en protección de derechos. En este marco, las medidas drásticas deseadas por la ciudadanía suelen dirigirse a sectores determinados de la sociedad que representan la otredad. De esta manera, cuando se habla de ciudadanía, en realidad se remite en este contexto a cierto sector que está legitimado para tener miedo (Hathazy, 2014). A su vez, las políticas de seguridad surgen en consideración de este sector privilegiado que pondera la protección de su integridad física y propiedad privada. En consonancia, las intervenciones en política social hacia los grupos marginados se limitan a la prevención del delito (Ayos & Dallorso, 2011).
Estas prácticas proveen esquemas para demarcar posiciones sociales en el orden jerarquizado de espacios urbanos, donde los no propietarios y frágilmente integrados al mercado legal derivan sistemáticamente en la condición de no-ciudadanos (Hathazy, 2014). Desde esta posición condicionada, estas otredades amenazantes no pueden comunicar sus necesidades y posturas, las cuales, en el caso de poder expresarse, no cuentan con legitimidad suficiente.
Teniendo en consideración los antecedentes presentados, cabe debatir acerca de los beneficios potenciales de la creación de espacios de participación ciudadana en torno a la inseguridad, en la medida en que incrementarían el tamaño de redes de comunicación interpersonal y habilitarían espacios donde recibir información y perspectivas de diferentes actores sociales además de los MMC. En este marco, en Argentina se han desarrollado en la última década distintos proyectos para promover la prevención comunitaria en materia de delito. En Córdoba, desde diciembre de 2015 se ejecuta un plan de seguridad consistente en la creación de Consejos Barriales (CB), en tanto espacios de participación ciudadana donde acuden vecinos, presidentes de consejos barriales, organizaciones y policía barrial o de proximidad, coordinados por un promotor barrial que funciona como nexo entre los ciudadanos reunidos y el Gobierno. Su objetivo es la resolución de conflictos relativos a la seguridad del barrio en que viven; por su parte, los objetivos de la Policía Barrial consisten en la prevención, el reconocimiento de espacios conflictivos y la lucha contra el narcomenudeo, mediante el trabajo y diálogo continuo con los vecinos.6
Estas reformas en materia de política pública de Córdoba se asientan en la modificación de la ley N°9235 de Seguridad Pública de Córdoba por la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana N°10.437/17, donde la seguridad ciudadana se torna en un concepto superador de la asociación seguridad-mantenimiento del orden público (Garay Reyna & Sorribas, 2018). De esta manera, la seguridad comienza a comprenderse como un derecho, y, en caso de no garantizarse la ciudadanía, no está lograda. Esto conlleva a que sea visto como un derecho exigible al Estado, pero también como una obligación ciudadana. La ciudadanía tiene que colaborar mediante su participación protagónica en los espacios creados para tal fin y asumiendo los roles de promover el autocontrol y prácticas de cuidado de sí mismo (precaución) y entre sí (vigilancia).
Los CB, en tanto espacios territoriales de interacción y disputa social en torno a las concepciones de inseguridad y gestión eficaz para su prevención, son ámbitos de política pública. Siguiendo a Druckman y Nelson (2003), se sostiene que la exposición a puntos de vista diferentes habilita perspectivas alternativas a los MMC y más racionales.
Ahora bien, cabe preguntarse si en esos espacios aparecen realmente opiniones y realidades disímiles, para lo cual es menester saber quiénes son los ciudadanos que participan y/o están habilitados a participar en dichos CB. Para ello, se parte de la comprensión de que la generación de estos espacios participativos se fundamenta en discursos sociales neoliberales de la inseguridad, vista como protección de la integridad física y propiedad privada, y que promueven el diseño de políticas con un fuerte anclaje territorial en lo local, dando cuenta de la fragmentación de lo urbano y de las desigualdades dentro de la ciudad. Se apela al territorio, el cual se estructura como un concepto relacional que importa vínculos de dominio, pertenencia o apropiación entre un espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo (Montañez Gómez, 2001). Se entiende así que en las relaciones sociales que se producen en el territorio existen dominios hegemónicos de ciertos individuos o grupos. Por otro lado, la territorialidad de estas propuestas acciona una hiperlocalización de lo comunitario, reduciendo las nociones de ciudadanía y participación al ámbito barrial.
Vittorelli (2018) señala que los CB fueron anunciados con la propuesta de que los destinatarios sean los vecinos de los barrios. Dentro de esta población se encontrarían los jóvenes, quienes históricamente han sido un grupo desatendido por el Estado, especialmente los de barrios marginados. Sin embargo, esta apelación a la participación de los vecinos y a los jóvenes de sectores populares desconoce las diferentes maneras de apropiación del espacio público que los sujetos realizan en sus propios territorios (Plaza et al., 2019), así como quiénes están legitimados para definir la inseguridad y estrategias para su prevención. Así, se cuestiona la representatividad de quienes acuden a los CB, ya que los jóvenes y organizaciones de jóvenes no participan de estos espacios.7 La conformación de los CB entonces profundiza lógicas sociales ligadas a la delación y el prejuicio en torno a los sectores marginados de la sociedad, de manera que trabaja en la seguridad de los incluidos en los territorios donde se implementa (adultos nucleados en organizaciones sociales con capacidad de presión que participan en los CB), pero sigue dejando la interacción con los jóvenes de sectores estigmatizados a la policía tradicional, es decir, sin generar estrategias desde la policía de proximidad (Plaza et al., 2019). Esto da como resultado que se perpetúe la vulnerabilización de sus derechos al no ser convocados en el proceso de definición de las acciones en relación con la seguridad en sus propios territorios. Esos jóvenes no son llamados ni interpelados por la comunidad, y por tanto se refuerza “la reproducción de la inequidad como redistribución de la seguridad” (Frederic, 2017). “¿No deberían ser ellos los primeros convocados si el objetivo fuera fortalecer el vínculo?” (Plaza et al., 2018, p. 28).
Con respecto a los contenidos de debate, Plaza et al. (2019) destacan que, al interior de los CB, las discusiones de los vecinos rápidamente asumen un carácter profundamente coyuntural y casuístico de hechos delictivos padecidos, donde no se debaten políticas. Así, la amplitud de los temas que allí se discuten como temas vinculados a la seguridad, en general pone de relevo que se trata de temas prioritariamente vinculados al tipo de presencia estatal en cada uno de esos territorios, antes que en torno a cuestiones específicas ligadas a los conflictos del barrio.
Elorza et al., (2019) concuerdan en que los CB son considerados por las organizaciones y vecinos como una oportunidad para hacer llegar demandas comunitarias y de cada familia, y es en función de sus respuestas que se mantiene su participación. Como estos propósitos no fueron alcanzados, se produjo una disminución de los niveles de participación, la cual también fue asociada a aspectos organizativos y de comunicación propios de la implementación del programa: en el momento inicial del CB hubo un acompañamiento de varias de las organizaciones del sector, con la asistencia a las reuniones mensuales por parte de los centros vecinales, las instituciones educativas, las salas cunas, comedores comunitarios y vecinos. Pero luego se dio una escasa difusión de las actividades e instancias de reunión, ya que las comunicaciones se realizan a través de un grupo de WhatsApp con contactos ya establecidos. No se generan estrategias de convocatoria hacia la comunidad a fin de integrar a otros actores y establecer vínculos con los que se alejaron. De esta manera, las reuniones y actividades se mantienen con escasa visualización e invitación a sujetos individuales y grupales excluidos. Así se dificulta concebir que la acción de los CB pueda estar contribuyendo significativamente a mejorar la cohesión social e integrar a la comunidad en una estrategia de prevención del delito.
Reflexiones finales
Retomando la noción de pánico moral en tanto fenómeno abordado con relación al miedo al delito, observamos que la estigmatización de los jóvenes de sectores populares es reproducida por los MMC, conduciendo a que tales sectores sociales encuentren deslegitimadas sus concepciones y posturas, incluso dentro de sus propios territorios. Asimismo, y con relación a la ocurrencia sociomediática de olas de violencia, nos planteamos cómo puede operar, junto con la emisión continua de noticias de delitos específicos por parte de los MMC, la repetición de casuísticas similares por parte de distintos vecinos dentro de espacios locales de política pública y participación ciudadana como los CB. Al respecto, consideramos que el hecho de que los CB actúen como espacio de catarsis de cada hecho delictivo sufrido puede operar como un reforzador del miedo al delito, lo cual, como hemos visto, desencadena posturas favorables a la justicia por mano propia, así como el refuerzo de las penas (soluciones punitivistas). En ese sentido, cabe reflexionar en torno a la necesaria creación de estrategias y dispositivos atentos a la posición de los jóvenes de sectores populares, en tanto portavoces legítimos de sus realidades, necesidades y objetivos, incluyéndolos en espacios políticos del territorio que habitan.
Teniendo en cuenta la descripción del programa de CB en la provincia de Córdoba como caso de reflexión empírica aportado dentro del análisis presentado, podemos sostener que localmente no estarían dadas las condiciones idóneas para una reconstrucción de la definición de inseguridad, ni para un debate social amplio donde distintas posturas puedan confrontarse y coconstruir estrategias de prevención alternativas a los enfoques hegemónicos de tipo punitivo, reenmarcando a la problemática de la seguridad dentro del capítulo de la garantía de derechos por parte del Estado. Si bien los CB pueden contemplarse como un proyecto que idealmente pretende estos objetivos, la escasa representatividad de las demandas de cada territorio donde se materializa la política pública de seguridad instaurada obstaculiza sus eventuales beneficios, debilitando su potencial como espacios de desarrollo de la participación política, clave también para una mirada compleja y abarcativa sobre los fenómenos públicos en términos democráticos.
Advertimos además que quienes participan en CB son aquellos que se encuentran legitimados para tener miedo. Aquí cabe recordar la noción de ciudadanía-víctima de Calzado y Van Den Dooren (2009), de la cual se desprende la representación de victimario (como un fenómeno binario autor-víctima, dejando por fuera al Estado como actor interviniente y garante de la seguridad).
A partir de lo desarrollado, conjeturamos que en estos espacios no estarían dadas las condiciones a priori para una crítica a las estrategias mediáticas, las cuales, como se ha señalado, conducen al mantenimiento del temor, en general, y hacia ciertos grupos sociales desprovistos de legitimidad, en particular. No obstante, entendemos que la creación de espacios de debate, efectivamente inclusivos y abiertos a diferentes posturas políticas tendientes a abordar los conflictos barriales de un modo preventivo, puede ayudar a una recepción más crítica de las noticias sobre delitos, limitando las consecuencias del sentimiento de inseguridad, pánico moral y ola de violencia.
