Artículos

 

El potencial de los medios digitales ante la participación ciudadana tradicional y en el presupuesto participativo¹

 

The potential of digital media with regard to traditional citizen participation and the participatory budget

 

Jorge Francisco Aguirre Sala²

 

² Universidad de Monterrey, México. Av. Morones Prieto 4500, C.P. 66238; Garza García, Nuevo León, México. Correo electrónico: jorge.aguirre@udem.edu

 

Fecha de recepción: 04/10/12.
Aceptación: 20/03/13.

 

Resumen

Ante la necesidad de impulsar la participación ciudadana se muestran las condiciones jurídicas de ésta en México y el potencial de los medios digitales para superar las limitaciones políticas y comunicativas. Se analiza el caso privilegiado del presupuesto participativo. Se exponen algunos riesgos y beneficios de la participación electrónica.

Palabras clave: Medios digitales, participación ciudadana, límites políticos y comunicativos, presupuesto participativo.

 

Abstract

Due to the need to institutionalize citizen participation into political participation, the following are shown: The conditions for its legal status in Mexico, the potential of digital media to overcome political and communicative limitations, and the privileged case of the participatory budget. Some risks and benefits of electronic participation are presented.

Key words: Digital media, citizen participation, political and communicative limits, participatory budgeting.

 

Introducción

En la percepción del ciudadano común existe la tendencia a confundir varias formas de participación: la participación cívica, la actividad social de corte no gubernamental, el involucramiento comunitario, el activismo político y sus subespecies (frentes de liberación, contingentes obreros o agrarios, movimientos corporativistas, etc.), y la participación ciudadana, entre otras. Estas acciones no son idénticas, aunque todas poseen un común denominador en la búsqueda de beneficios sociales.

En las coincidencias de algunas formas de participación están los buenos efectos democratizadores. Para ello es necesario que la participación incida en el Estado, ya sea porque las propuestas ciudadanas obtengan reconocimiento, transformen algunas políticas públicas o, de ser posible, institucionalicen procedimientos e instrumentos de participación política para garantizar la permanencia o regularidad de una acción deseable, como podrían ser votar, exigir transparencia en el gasto público, obtener rendición de cuentas por parte de los gobernantes, etcétera.

Cuando las acciones ciudadanas no logran una permanente incidencia en el Estado se corre el riesgo de obtener logros efímeros y, en retrospectiva, la participación puede aparecer ante los ciudadanos como desilusionante porque los costos del constante trabajo colectivo se perciben mayores que los beneficios políticos. En vistas a lo anterior es necesario transitar hacia la institucionalización. Para ello, en primer lugar, ha de diferenciarse la participación ciudadana que es autónoma de la participación política que logra institucionalizarse. Ello permite realizar un recuento de los instrumentos de participación política institucionalizados. Es decir, de los instrumentos o mecanismos existentes en distintos Estados nación, aunque no todos son reconocidos en México o se aplican de igual manera en las escalas federal, estatal o municipal.

Con lo anterior es posible enmarcar teóricamente un diagnóstico general de las condiciones jurídicas de la participación política institucionalizada en México y una reflexión particular del instrumento conocido como presupuesto participativo. Se hace hincapié en éste para mostrar su condición mayormente democratizadora. Sin embargo, el diagnóstico elaborado metodológicamente con un análisis cualitativo de las nociones de participación, establece la precaria viabilidad de los medios comunicativos tradicionales para obtener éxito en la participación en general.

Ante las dificultades políticas y comunicativas, para lograr una participación vinculante entre gobernantes y gobernados, se expone el potencial de los medios digitales en contraste con la participación tradicional, lo cual permite contemplar algunas alternativas para la participación a través del presupuesto participativo electrónico, en vistas a su óptimo alcance democratizador.

Finalmente se pasa revista a los riesgos que posee la participación ciudadana en los medios digitales y se hace un balance conclusivo.

 

De la participación ciudadana a los instrumentos de participación política

La participación ciudadana consiste en las actividades que, interactuando ante y con el Estado, buscan transformarlo para incidir en el diseño, definición y programación de las políticas públicas. Estas pueden abarcar desde la legitimación y legalización de nuevos derechos positivos, pasando por el establecimiento de mecanismos para organizar la vida democrática, hasta la planeación de programas y su ejecución.

Lo específico de la participación ciudadana es su autonomía y su interacción con el Estado. Sin embargo, una de las objeciones clásicas que ha recibido (Przeworski, 1998) considera que los asuntos a deliberar, tratándose de los temas importantes para la nación, son tan sofisticados y complejos, que difícilmente han de plantearse en una simple consulta de "sí o no". De ahí la necesidad de una amplia comunicación y deliberación que no siempre está al alcance del ciudadano común o medianamente informado. En ocasiones porque los vínculos informativos son limitados, como ocurre con los medios de comunicación masiva tradicionales. Por ello mismo es importante aprovechar el potencial de los medios digitales ante la participación ciudadana. Los medios tradicionales muestran la asimetría de información pertinente y privilegiada entre representantes y representados. O en otras palabras, los medios masivos de comunicación (ya no de mera información) no son aptos para las acciones deliberativas. Desde estas dos últimas limitantes se hace hincapié en la imprescindible consideración del potencial de los medios digitales en la participación ciudadana.

Normalmente se pensaría que la asimetría de poder para incluir un asunto en la agenda pública es tan insalvable como el exceso de autonomía que tienen los representantes comparada con la capacidad de coerción de los electores. Una apreciación así puede sustentarse si se limita al poder informativo, comunicativo y deliberativo de los medios masivos de comunicación tradicionales. Pero al considerar el potencial de los medios digitales, entonces los escollos informativos y comunicativos pueden superarse. En un artículo reciente, Aguirre (2013) explicó como los medios digitales, particularmente el Twitter, logra la emergencia de la esfera privada o local hacia la esfera pública parlamentaria. Por otra parte, Gladwell (2010) y Jenkins (2010) habían discutido sobre el poder y efectos políticos de los blogs, y llegaron a la conclusión de que son efectivos, aunque no revolucionarios.

Entre los instrumentos participativos más actuales, por su permanencia y alta periodicidad, se encuentra el presupuesto participativo: una de las figuras de mayor y mejor alcance democrático, por ser eminentemente comunicativo y vinculante, la cual se abordará después de analizar los límites participativos y las ventajas de los medios digitales para superarlos.

Sin embargo, cabe preguntar, ¿cómo puede evolucionar informativa, comunicativa y deliberativamente la participación ciudadana para transitar a una democracia más plena?, es decir, ¿los medios electrónicos poseen el potencial para lograr una democracia participativa satisfactoria?, ¿cuál es la oportunidad de incidencia en la condición jurídica de la participación ciudadana en el Estado de derecho en México?

 

Las condiciones jurídicas de la participación ciudadana en el estado de derecho en México y del presupuesto participativo

El Estado de derecho supone el reconocimiento legal de la participación ciudadana. En la República Mexicana -federación constituida por treinta y un Estados y un Distrito Federal- para mayo de 2013, solo 87.5% de las entidades federativas poseían una Ley de Participación Ciudadana o su equivalente. Es decir, en mayo de 2013, no existía en el Estado de Hidalgo, de México, de Puebla y Nuevo León. Existen, sin embargo, entidades federativas que poseen una legislación que podría considerarse equivalente (Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal en Campeche; la Ley de Participación Social o Desarrollo Social en Chiapas y Chihuahua, o de Comunidad en Tlaxcala y Veracruz), pero que no incorporan todas las figuras de la participación existentes.

La figura del presupuesto participativo solo existe de manera explícita en el Distrito Federal y en el Estado de Sonora. Eso implica un 6.25% de las entidades federativas de la República Mexicana. A pesar de ello, se tienen registradas 23 experiencias delegacionales y municipales donde se ha realizado bajo programas de otra denominación. Es decir, 0.93% de 2 473 entidades municipales. Algunos municipios que lo han aplicado con distinta denominación son: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Chalco, Ecatepec de Morelos, Toluca, Tepic, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

En México, desde 1997, cuando el presupuesto participativo se había realizado, 34.78% de las experiencias ciudadanas carecían de obligatoriedad jurídica. En contraste existen entidades municipales que no lo han aplicado a pesar de la obligación legal para hacerlo (básicamente en el Estado de Sonora, a excepción de Hermosillo). Desgraciadamente, por la falta de difusión comunicativa y vinculante, en la mayoría de los casos no ha tenido continuidad.

En la evaluación sobre América Latina que hizo Goldfrank (2006) se enuncian las principales condiciones que hacen posible el resupuesto participativo. Adaptadas a México pueden considerarse: la voluntad política del presidente municipal o funcionarios involucrados; el capital social entendido como una comunidad con asociaciones civiles dispuestas a participar; funcionarios públicos competentes que avalen las condiciones técnicas, jurídicas y económicas de los proyectos propuestos por la ciudadanía; comunidades de tamaño suficientemente reducido que no desalienten la acción colectiva; recursos suficientes en proporción al requerimiento de los proyectos; la plataforma legal que contenga leyes, reglamentos y procedimientos que permitan e incentiven la participación en las decisiones presupuestarias; la descentralización política de presidentes municipales y cabildos elegidos en procesos democráticos.

Sin duda alguna la voluntad política, los recursos suficientes y los procesos electorales son más relevantes que el diseño procedimental del presupuesto participativo. Sin embargo, las limitaciones políticas y comunicativas que impiden la creación y acción del capital social son las más primordiales y deben tomarse en cuenta por los medios de comunicación.

 

Los límites políticos y comunicativos de la participación ciudadana

La participación ciudadana, vista como capital social, se enfrenta a dificultades políticas y comunicativas. Los límites políticos son estructurales, mientras que los comunicativos corresponden a obstáculos funcionales. Los primeros son responsabilidad del Estado y la ciudadanía, mientras que los últimos deben ser atendidos por los medios de comunicación, dejando atrás los medios masivos tradicionales y adoptando los avances de los medios digitales.

De las limitaciones atribuibles al gobierno pueden contarse las elecciones cuestionadas por falta de imparcialidad y equidad, el ejercicio del poder autoritario y/o discrecional, con la consecuente ausencia de transparencia y rendición de cuentas, el presidencialismo o el parlamentarismo por la falta efectiva del sistema de contrapesos; la sujeción del Congreso a los partidos mayoritarios, y en lo que respecta al poder judicial, la sujeción por alguno de los otros dos poderes o por el sesgo ideológico con que ejerza la impartición de justicia, amén de la lentitud e inequidad.

En las responsabilidades estatales también pueden contarse la ausencia de algunos reglamentos específicos y procedimientos para garantizar el ejercicio de derechos, para obtener el reconocimiento a participar en la toma de decisiones públicas desde las consultas y deliberaciones de raigambre ciudadano. La carencia de instrumentos jurídicos de participación y los medios efectivos para ejecutarlos obligan a la ciudadanía al activismo. Este termina por ser criminalizado desde la óptica del Estado, pues cuando el ciudadano desea intervenir en los procesos gubernamentales al margen de los procedimientos legalmente aceptados, a los ojos del Estado, busca ejercer un "poder ilegítimo" (Habermas, 1998, p. 407).

Del otro lado de la medalla, sobre las limitaciones de la participación ciudadana causadas por razones ajenas al Estado, pueden señalarse varios frentes: la enorme desconfianza ciudadana hacia las instituciones y las leyes. Esta desconfianza se genera muchas veces por la carencia de información y comunicación entre representantes políticos y ciudadanos representados. Además, la economía de mercado ha logrado que las personas confíen más en su poder financiero individual que en su condición política dentro de un Estado de derecho democrático. García Canclini (1995) insinúo esta idea desde hace tiempo cuando parecía sugerir que las personas se sienten más poderosas como consumidores que como ciudadanos.

La falta de solidaridad política es otro límite grave, pues en la lógica del mercado político algo resulta útil si garantiza algunos beneficios, lo cual excluye a la solidaridad; ello provoca intransigencias y apatía hacia las diferencias del mosaico multicultural con la consecuente indiferencia a participar en las soluciones de problemas colectivos.

Dicha lógica de la economía del mercado y la política causa prácticas autoritarias que se ven extendidas a las escuelas, las familias y el Estado, lo cual provoca carencias comunicativas, deliberativas y la indolencia del ciudadano privado frente a los problemas sociales.

A estas circunstancias deben sumarse los obstáculos funcionales de la condición comunicativa. En primer lugar, los medios tradicionales de comunicación masiva (periódicos, cine, radio y televisión) están condicionados a la economía del mercado y la planeación de las reelecciones políticas. Ello deriva en la apropiación de los espacios públicos comunicativos por grupos de interés. En consecuencia, los medios tradicionales solo son utilizados por los colaboradores que resultan afines a tales propósitos y posean altas barreras de ingreso. Es decir, establecen una comunicación unilateral, pues en la radio un solo sujeto habla y muchos escuchan, en la pantalla de televisión o del cine unas cuantas personas aparecen y muchas contemplan, en los periódicos casi siempre escriben los mismos autores y la audiencia apenas tiene el insignificante espacio de "cartas al editor".

En segundo lugar los medios tradicionales buscan complacer a los electores, clientes y consumidores de una clase social determinada y por ello solo varían en función de las encuestas de opinión que ejercen en miras a seguir y marcar tendencias, con lo cual quieren imponer su propio aval que coloniza y somete a sus receptores al área de censura. Es decir, hace suponer a los receptores que la censura proviene de sí mismos. Por ello, en el fondo, apoyan a grupos hegemónicos y carecen de sincero sentido social.

En tercer lugar, en cuanto únicos emisores en el proceso comunicativo, dotan de valor al propio medio y sus contenidos. Por tanto, la emisión/recepción no transforma al contenido y mucho menos al medio mismo. De ahí la conocida sentencia de McLuhan acerca del medio como el mensaje. Y aunque Castells (2009) la ha negado, solo es posible dicha anulación si se toman en cuenta los anidamientos del poder en la web, de ahí, una vez más, el potencial de los medios digitales ante la participación ciudadana.

Los medios masivos de comunicación tradicionales fracasan si tienen poca audiencia porque, como se ha dicho, su utilidad solo es receptiva y su interés apunta a la inculturación. Es decir, su éxito consiste en imponer modelos centralizados al generar megarrelatos hegemónicos que acotan la territorialidad y unifican las significaciones. Por eso se denuncia que no son independientes, plurales y abiertos. Ello les permite construir identidades culturales y ciudadanas conforme a las directrices de grupos empoderados.

En cuarto lugar, debido a su característica de unilateralidad, reducen los derechos mediáticos a la libertad de prensa. Amén de que esta esté acotada por los propietarios de los medios y los intereses de Estado. Lo anterior explica por qué sus creadores o colaboradores son una minoría que logran superar los filtros de ingreso impuestos por intereses clientelares o circunstancias políticas (como las épocas electorales o los periodos de campaña).

Su misión es homogeneizar a las audiencias induciendo al usuario hacia la búsqueda de información, haciéndole suponer que posee democracia, en lugar de obsequiar la información para que el usuario construya la democracia deliberativamente.

El resultado final es un entramado de límites políticos estructurales y obstáculos comunicativos funcionales que provocan una participación ciudadana deficiente y una democracia deficitaria.

 

El potencial de los medios digitales en la participación ciudadana

Para establecer el cabal alcance de los medios digitales en la participación ciudadana primero deben distinguirse las versiones 1.0 a 3.0 de la web, pues la versión 1.0 presenta muchas similitudes con los medios masivos tradicionales de comunicación debido a su emisora unilateral. Una vez mostrada dicha distinción se deben caracterizar las diferencias entre plataformas electrónicas y redes sociales cibernéticas.

Para advertir las diferencias entre plataformas electrónicas y redes sociales cibernéticas deben enumerarse los casos. En las primeras se encuentran el correo electrónico, los wikis (en especial Wikileaks y la Wikipedia). Mientras las redes sociales cibernéticas están armadas por: chats, foros, blogs; Facebook, Twitter, las cuentas de YouTube, de colaboración abierta, las cuentas de Mp3, y el p2p (Peer to peer o red de pares que se constituye sin clientes ni servidores) paralelamente a estos se encuentran las redes comerciales como Flickr, Tuenti, Myspace, etcétera.

Las potencialidades políticas y comunicativas de todos estos medios digitales empiezan desde la participación del software libre. Como este es gratuito, los contenidos que pueden manejarse en él carecen de compromisos o consignas ideológicas que sean indiscutibles, también carecen de censura y de barreras de ingreso. Por lo tanto, los participantes se encuentran en una dimensión democrática en donde los ciudadanos comunes y los políticos profesionales o los colaboradores de los medios masivos de comunicación están en igualdad de circunstancias deliberativas.

No puede ignorarse, ante la igualdad deliberativa, la objeción clásica de Schumpeter (1976): "El elector común no tiene capacidad para discernir sobre los temas públicos de manera autónoma y racional y tampoco puede obtener soluciones claras para los problemas" (p. 262). Pero la disimilitud entre la democracia representativa y la participativa estriba precisamente en la diferencia entre la democracia de la consulta simple o el plebiscito y la democracia deliberativa donde, incluso los menos versados, pueden ser auxiliados, informados y educados por los expertos. Además, no debe olvidarse que la mayor capacidad técnica de los políticos profesionales para tomar decisiones de Estado no garantiza la mejor condición moral de sus disposiciones.

En los medios digitales las bajas barreras de ingreso no solo logran que cada receptor también pueda convertirse en un emisor, sino que los receptores son protagonistas al propagar en tiempo real la información y deliberación oportuna. Ello implica dos beneficios: los interlocutores son la instancia real de la verdadera censura y el registro de los mensajes y sus contenidos multiplica los enlaces dentro de la red. Esto da más autenticidad a la comunicación en los medios digitales porque los mensajes buscan el sentido de mejorar al contenido, al medio y al usuario independientemente del impacto que genere en los grupos de poder. Es decir, la utilización misma de los medios digitales genera mejores prácticas y valores, a pesar de que las respuestas puedan ser pocas y no estén sujetas a elevar las estadísticas de audiencia. La práctica misma del uso de medios digitales, por razones más cualitativas que cuantitativas, ha generado los denominados derechos mediáticos como la educación electrónica, el gobierno electrónico y al apuntar hacia el voto electrónico también causa la tendencia hacia las otras formas de la participación ciudadana electrónica.

Con la participación ciudadana electrónica no solo se mina la hegemonía de las narrativas oficiales y los megarrelatos alienantes, sino que las minorías y las periferias, las esferas locales y privadas, toman los sitios privilegiados dentro del espacio público que se les había negado. En el fondo, la desterritorialización de los medios digitales emancipa a los ciudadanos de las falsas construcciones simbólicas e imaginarias que los totalitarismos impusieron, la mayoría de las veces, a través de los medios masivos de comunicación tradicionales.

Los medios digitales proveen a los ciudadanos de instrumentos para una cabal participación en diversas escalas. Así por ejemplo, Twitter es más apto para la movilización, mientras el blog promueve más a fondo los espacios deliberativos, Facebook es multifuncional y a diferencia de los dos anteriores, es idóneo para la difusión y el crecimiento de los debates ciudadanos. Debe sumarse a lo anterior el potencial de la web 3.0 o web federada, en especial la denominada "sindicación" que permite redifundir la información actualizada.

 

El presupuesto participativo y los medios digitales

El presupuesto participativo da evidencia del potencial de beneficios de los medios digitales en la participación ciudadana. Peixoto (2008) lo define como:

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, proceso de asignación presupuestaria y el control del gasto público. La participación que puede adoptar diversas formas; del poder efectivo de decisión en la asignación de recursos a las iniciativas más modestas que les otorga voz durante el desarrollo del presupuesto (p.6).

Goldfrank y Schneider (2006) proporcionan un acercamiento particular a la definición de este instrumento al describir:

Tal como se lo practicó en Rio Grande do Sul de 1999 a 2002 ... fue un proceso en el cual cientos de miles de ciudadanos se reunieron en asambleas abiertas y públicas para establecer prioridades de inversión para sus regiones individuales y el estado como un todo. Las series anuales de reuniones comenzaban mucho antes del ciclo presupuestario legislativo, y tenían lugar a nivel local, municipal, y regional. Durante las reuniones, los participantes debatían y votaban sobre qué políticas sociales, proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo económico debían priorizarse (p. 255).

Como puede conjeturarse, el presupuesto participativo incorpora a los ciudadanos en la toma de decisiones respecto del gasto gubernamental en inversiones; es decir, permite que el ciudadano común proponga, planee, programe, presupueste y evalúe políticas públicas, y que también disponga de los recursos legales y económicos para ejecutarlas.

Puede observarse que no solo se trata de una consulta sobre la aplicación de los recursos económicos hacia una u otra obra pública, sino que también cabe la posibilidad de proponer las obras públicas y los montos que deben ser financiables. En este sentido, el presupuesto participativo sintetiza la consulta popular con las iniciativas ciudadanas y también al plebiscito con la transparencia del gasto público y la correspondiente rendición de cuentas. Este aspecto quizá falta explicitarlo en el caso particular de México; al respecto cabe citar la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal promulgada el 27 de mayo de 2010 (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2010), que en su artículo 83 reza:

En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal.

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del presupuesto anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos serán los de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana y prevención del delito (p. 19).

La última parte de la cita anterior parece evitar propuestas alternativas e imaginativas. En todo caso, permite pero no promueve la capacidad de propuesta y limita la acción deliberativa como parte de la actividad democratizadora. Esto es importante para no reducir el presupuesto participativo a una forma de consulta particular.

Por lo tanto, se puede sostener que el presupuesto participativo es un instrumento privilegiado por varias razones: al combinar el modelo democrático representativo con el participativo constituye un híbrido equilibrado de participación política institucionalizada y participación ciudadana autónoma. Los participantes además de decidir directamente o a través de comités, en qué y cómo han de utilizarse los recursos que el Estado pone a su disposición, no requieren necesariamente ser ciudadanos de la nación que dicho Estado administra. Es altamente educativo, formativo y democrático por su exigencia deliberativa y no se reduce a la consulta o las sospechosas encuestas y estadísticas inducidas que tanto déficit de credibilidad han causado en las democracias contemporáneas.

Contribuye a un principio de equidad al programarse distributivo, y en consecuencia anula la oposición entre reconocimiento y redistribución que fue ampliamente discutida entre Fraser y Honneth (2006). Por su naturaleza procedimental promueve la transparencia en el gasto público y obliga a la comunidad y a los representantes políticos a la rendición de cuentas (tanto horizontal como vertical).

Eleva las escalas privadas, municipales y periféricas a las esferas públicas, estatales y centrales, pues las experiencias muestran que es muy efectivo cuando se aplica en el nivel municipal bajo una regulación estatal o con apoyos económicos de índole federal o incluso transnacional. Dicha emergencia de las situaciones locales beneficia directamente a la percepción de la calidad de vida de los ciudadanos y por ello motiva a participar en la toma de decisiones.

Por su aplicación anual es más eficiente y frecuente que otros mecanismos de participación, pues el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular son muy esporádicos, menos frecuente aún es la revocación de mandato.

Ahora bien, añádase a las bondades de este instrumento de participación el potencial digital y se obtendrá el presupuesto participativo electrónico (E-PP). Ello permitirá mostrar lo deseable de la participación ciudadana electrónica. En primer término, genera amplia confiabilidad porque no da lugar a la simulación soterrada de las instituciones formales y los procedimientos burocráticos del sistema político. Peters había alertado del fracaso de la participación con y entre los miembros del gobierno a través de los Consejos Ciudadanos porque, prácticamente en todos los casos, su agenda social y política está diseñada sin un sistema real de contrapesos y se somete a un "pacto de simulación" (2004, p. 87). Pero con la apertura propia de los medios digitales cualquier pacto de simulación se ve contrarrestado por la confiabilidad comunicativa y las capacidades de almacenamiento descentralizadas. Ello pone en manos de los ciudadanos la orden del día de la agenda política.

Un segundo aspecto es el manejo financiero abierto de los programas del presupuesto participativo debido a la interactividad multilateral. Es decir, los medios digitales no solo permiten la interacción bilateral entre ciudadanos y los funcionarios del Estado, sino las plataformas de propuesta, deliberación, voto, transparencia de licitaciones, rendición de cuentas a través de foros en línea, chats y listas de correo. Con una simbiosis entre presupuesto participativo y medios digitales es más fácil obligar a los representantes políticos a cumplir sus obligaciones. Esto es muy estimulante para promover la participación, pues es bien sabido, como lo ha mostrado Przeworski (1998) al recabar la evidencia histórica, que ningún tribunal o corte ha fallado a favor del electorado y en contra de los gobiernos por no cumplir sus promesas de campaña. Mientras que los medios digitales han auxiliado a los representantes políticos a llevar a cabo las misiones encomendadas por sus electores y también ayudan a la ciudadanía a influir y difundir sus exigencias.

Otro aspecto es la superación de la asimetría informativa entre representantes políticos y ciudadanos o entre ciudadanos más involucrados y los indiferentes. Por lo general la participación ciudadana en los procesos del presupuesto participativo es baja y corresponde a personas de mayor edad y pobre nivel socioeconómico (Peixoto, 2008). Pero las experiencias con los medios digitales han logrado involucrar a ciudadanos de clase media y alta, así como a los jóvenes. Es obvio que el acceso a Internet es más fácil para las clases sociales elevadas y el uso del mismo es natural y atractivo para personas jóvenes. Ello hace de los medios digitales una nueva instancia para incrementar la participación.

Por otra parte, los costos informativos y participativos se reducen. El Estado no tendrá por qué gastar en tiempo aire efímero en la televisión o la radio para sostener sus convocatorias e informes. Y la ciudadanía por su lado, no tendrá que invertir tiempo y recursos de transporte para participar en asambleas -ahora foros electrónicos-, deliberaciones o votaciones, donde se decidan qué proyectos de obra pública se propondrán, votarán, presupuestarán o auditarán.

Además, los medios digitales pueden garantizar tecnológicamente el derecho de privacidad y secrecía, y así terminar con la coacción del corporativismo. Amén de posibilitar a los correligionarios a realizar enlaces a otras direcciones de Internet para ilustrar y extender comentarios con perspectivas simultáneas de alto valor deliberativo y democrático más allá de la mera votación de proyectos.

Un aspecto esencial de la deliberación ciudadana es el arribo a consensos. Esto posibilita mayor autonomía local para la asignación de los montos presupuestales de los proyectos según los propios criterios de la ciudadanía. Es decir, diversas obras públicas representan valores de asignación diferentes sin la necesidad de dar un valor de ponderación fijo e igual a cualquiera obra pública. Ello es importante porque un hospital de barrio debe tener mayor prioridad que un centro de investigación especulativa cuando se trata de una población marginada.

La experiencia del presupuesto participativo tradicional y su versión electrónica en Belo Horizonte, Brasil, arroja por demás un dato significativo: el nivel de participación con la versión electrónica fue siete veces mayor que en la participación tradicional, a pesar que el monto de los recursos era cuatro veces menor (Peixoto, 2008). Además las obras públicas propuestas electrónicamente resultaron de mayor alcance y valor que las contempladas en la versión tradicional; es decir, los medios digitales obtuvieron que la experiencia fuera, en palabras de un usuario común: "de más participación y menos participativo" (Peixoto, 2008, p. 21). Esto significa que existe una mayor emergencia de la esfera ciudadana, privada y local sobre la colonización de la esfera estatal, públicamente representativa y centralizada.

En el caso de España; Alfaro, Gómez, Lavin y Molero (2010) también hacen hincapié en que el presupuesto participativo electrónico no debe reducirse a una pequeña plataforma y metodología de votaciones, sino ampliarse a las herramientas de negociación y de apoyo grupal para la toma de decisiones consensuada bajo publicación y con el método de incremento equilibrado. De la misma manera en Italia; Miori y Russo (2011) extienden el uso de los medios digitales para la elaboración interactiva de políticas donde, más allá de la vinculación entre gobernantes y gobernados, las plataformas consigan la cohesión de diferentes etnias y grupos religiosos para tomar decisiones conjuntas acerca de las necesidades de sus localidades. Además, proponen diseñar las plataformas del software de manera reutilizable y con un código abierto para que sea adaptado a otros contextos de participación, movilización y búsqueda de consensos.

 

Riesgos y conclusiones

Es bien conocida la objeción hacia los medios digitales por la limitación de acceso a Internet que tienen algunos ciudadanos de clases económicas desprotegidas o condiciones rurales. Al intentar solucionar dicha problemática a la vez se objeta que puede caerse en el subsidio preferencial de algunos grupos a expensas de los demás ciudadanos y que, inclusive, algunos puedan optar por no utilizar las tecnologías digitales y desperdiciar la oportunidad y los costos de inversión. Precisamente, al considerar los costos, otra objeción proviene del interés lucrativo de las empresas de software que no están comprometidas con la democracia ni con la participación. Ello implica la falsa salida: la piratería, la propagación de virus electrónico y otras actividades de hackers o sabotajes son un riesgo real. También se corre el peligro de que las élites políticas o grupos extremistas con alcances tecnológicamente sofisticados puedan conspirar contra la participación ciudadana. Con todo, un riesgo mayor para la democracia lo constituye el hecho de que la participación activa de los funcionarios públicos disminuya progresivamente en la medida en que crecen las demandas online o las soluciones propuestas, adoptadas y ejecutadas por los ciudadanos.

A pesar de lo anterior, los medios digitales representan una extensión de la participación porque otorgan periodos más extensos que las asambleas para deliberar, proponer, votar, revisar, etc. Su acceso generalizado permite participar desde cualquier punto de ubicación ahorrando traslados y tiempo, y aumentan el número (y por tanto, el nivel cualitativo) de participantes; incluyendo a discapacitados y sectores lejanos. La disponibilidad de información es mayor en cantidad, periodicidad y verificabilidad, lo cual vincula a electores y representantes con mayor armonía y colaboración; esto redunda en efectos benéficos para la democracia electrónica participativa; los cocompromisos de un mayor gobierno abierto y una mejor gestoría estatal electrónica. Por tanto, es deseable que pronto todas las entidades federativas de México, además de adoptar el presupuesto participativo, utilicen en mayor medida el potencial de los medios digitales.

 

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Nota

¹ Esta investigación fue apoyada por la Universidad de Monterrey y la Universidad Metropolitana de Monterrey.