Las reglas

Este proceso se realizará con el marco jurídico que está vigente desde 2014. En ese año, producto del llamado Pacto por México (que firmaron los partidos con mayor representación en las cámaras legislativas y el presidente de la República, en septiembre de 2012), se reformó la Constitución, se derogaron las leyes electorales vigentes hasta ese entonces y se promulgó un conjunto de nuevos ordenamientos jurídicos. Esa reforma implicó algunos avances en los derechos ciudadanos (como la paridad de género en las candidaturas) y una reconformación del sistema de autoridades electorales. El Instituto Federal Electoral (IFE) pasó a ser INE y se le dotó de facultades para intervenir en las elecciones locales. Se expidieron cuatro Leyes Generales: de Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en Materia de Delitos Electorales, y de Partidos Políticos. Además, se promulgó una nueva Ley Federal de Consulta Popular.

Con ese andamiaje jurídico se han realizado las elecciones federales de 2015, 2018 y 2021 y múltiples elecciones locales. Como todos los sistemas jurídicos, contiene aspectos que se podrían mejorar, pero lo cierto es que ha propiciado la participación ciudadana y permitido un alto nivel de alternancia en la representación política y en los cargos ejecutivos en los tres niveles de gobierno. Por esos motivos, se le puede evaluar como eficiente y efectivo. Así que en la elección presidencial de 2024 resulta razonable esperar que de nueva cuenta funcione adecuadamente el sistema electoral diseñado en la reforma de 2014.

Sin embargo, no se debe dejar de señalar que estuvimos cerca de que esta elección se llevara a cabo con un marco jurídico radicalmente diferente. En abril de 2022, la Presidencia de la República presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que proponía: la desaparición del INE; su sustitución por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular; desaparición de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales locales; nuevo modelo de elección de senadurías, diputaciones (federales y locales) y de ayuntamientos, por representación proporcional pura y disminución del tamaño de las cámaras federales y locales y de los cabildos; reducción del porcentaje de participación en la revocación de mandato, para que su resultado sea vinculante; eliminación del financiamiento ordinario a los partidos nacionales y locales; disminución del tiempo en radio y televisión para los partidos políticos y candidatos.

El debate legislativo respecto de esa iniciativa fue álgido. La Cámara de Diputados realizó un ejercicio de parlamento abierto y en ese espacio se expusieron múltiples análisis de la propuesta, de sus alcances y de sus posibles consecuencias. Un número no menor de organizaciones de la sociedad civil convocaron a una manifestación el 13 de noviembre de 2022, en defensa del INE y contra la aprobación de la propuesta. La movilización en la Ciudad de México fue masiva y el evento se replicó en un importante número de ciudades de la República. Ante tal contundencia ciudadana, los grupos parlamentarios de la oposición refrendaron su compromiso de votar en contra de la reforma constitucional propuesta.

Eso sucedió el 15 de diciembre, cuando los votos de los 276 diputadas y diputados de Morena y de sus aliados Partido del Trabajo (pt) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no alcanzaron los dos tercios necesarios para aprobar una reforma constitucional. No obstante, fueron suficientes para aprobar por mayoría simple dos nuevas iniciativas del Ejecutivo, para reformar de manera muy significativa las Leyes Generales de Comunicación Social; de Responsabilidades Administrativas; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y para expedir una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En Palacio Nacional, a ese paquete de reformas se le llamó Plan B y recibió todas las dispensas necesarias del proceso legislativo para que fuera aprobado en la Cámara de Diputados el mismo día que se presentó, luego de que la reforma constitucional no había pasado. La Cámara de Senadores hizo lo propio y finalmente las reformas se promulgaron el 27 de diciembre de 2022 (las reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas) y el 2 de marzo de 2023 (las reformas a las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral).

Luego de la publicación de ambos decretos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió 15 acciones de inconstitucionalidad y 174 controversias constitucionales, promovidas por los partidos Acción Nacional (pan), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un partido local de Jalisco y legisladores federales y locales. Se aceptaron a trámite 13 acciones de inconstitucionalidad y 148 controversias constitucionales. Además, diversas personas y organizaciones sociales presentaron seis Amicus Curiae (Amigos de la Corte), con la finalidad de ofrecer opiniones y elementos técnicos que pudieran ser relevantes en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Los dos ministros ponentes otorgaron sendas suspensiones provisionales, con el objeto de que las reformas no se aplicaran en los procesos electorales locales que ya se estaban desarrollando en Coahuila y el Estado de México. Se realizaron los trámites correspondientes para acumular las acciones de inconstitucionalidad en dos expedientes, uno por cada uno de los decretos publicados.

Luego de haber recibido los informes correspondientes y de haber conocido los alegatos presentados por las partes, el ministro Alberto Pérez Dayán presentó su proyecto, que determinó como procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas en el expediente 29/2023. El 9 de mayo de 2023, por mayoría de nueve votos, el Pleno de la Corte declaró la invalidez del decreto que modificaba las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. El argumento central fue la transgresión, por parte del Congreso de la Unión, de los artículos 71 y 72 de la Constitución, los cuales establecen el principio de deliberación democrática, que debe ser observado en los trabajos legislativos. Como producto de esta determinación, las 147 controversias constitucionales, que atacaban el primer decreto y que habían sido admitidas, fueron sobreseídas. Suerte similar le correspondió al segundo decreto. En este caso el ponente fue el ministro Javier Laynez Potisek, el número de expediente fue el 71/2023 y el pleno lo votó el 22 de junio de 2023. La votación de nuevo fue de nueve a favor y dos en contra, a partir de la misma fundamentación legal.

Los árbitros

Mientras transcurría este complejo proceso legislativo y jurisdiccional, se renovó, como correspondía por ley, el Consejo General del INE. Ese proceso inició en diciembre de 2022, ante la inminencia de la conclusión del encargo del consejero presidente, una consejera y dos consejeros electorales, en abril de 2023. Se conformó el Comité Técnico de Evaluación, se emitió la convocatoria y se establecieron los criterios de selección. Todo ello, propuesto por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. No obstante, esta no fue la primera renovación del Consejo General, que se llevó a cabo durante el periodo en el que Morena ha sido el partido mayoritario de la cámara baja.

En julio de 2020 fueron elegidos dos consejeros y dos consejeras, para sustituir a cuatro personas que fueron designadas inmediatamente después de la reforma electoral de 2014, por un periodo de seis años. En términos formales, ambos procesos fueron muy parecidos, con las salvedades de que en el segundo fue sustituido el consejero presidente y que el primero debió realizarse durante la pandemia de Covid-19. Además, durante esa legislatura (la LXIV) Morena (254) y sus aliados (pt, 40; pes, 25, y PVEM, 13) tenían mayoría calificada (332 diputadas y diputados) en la cámara y en consecuencia podían designar a los altos funcionarios electorales sin la participación de los grupos parlamentarios opositores e incluso con ellos en contra. Lo que, por cierto, no sucedió, pues ninguno de los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC votó en contra de las personas que alcanzaron el consenso para ser propuestas por la Junta de Coordinación Política. Visto en perspectiva, se puede afirmar que este fue un proceso de selección de autoridades electorales que no se apartó de las tradiciones que se conformaron y consolidaron en y con la transición democrática en México. Estas consistieron en encontrar a las personas idóneas para asumir la delicada labor de funcionarios electorales, a partir de la negociación entre los grupos parlamentarios y la creación del más amplio consenso posible en la votación.

En 2023, el proceso no fluyó de la misma manera. En la LXV Legislatura, producto de la elección intermedia de 2021, Morena (202) y sus aliados PVEM (41) y pt (33) no lograron la mayoría calificada; alcanzaron sólo 276 de los 500 diputados y diputadas, es decir, 55.5% del total y muy lejos del 66% equivalente a los dos tercios exigido por la Constitución para aprobar cambios constitucionales y elegir a consejeras y consejeros electorales. Por ese motivo, el coordinador de la bancada de Morena desde que inició el proceso afirmó que esperaba llegar a la insaculación, último recurso que estableció la reforma constitucional de 2014. En la sustitución inmediatamente anterior, de consejeras y consejeros del IFE en 2010-2011, la Cámara de Diputados dejó incompleto el órgano máximo de dirección durante más de un año, por falta de consensos y en la víspera del inicio del proceso electoral presidencial de 2012. Así, la reforma estableció que una vez conformadas las listas de cinco personas por cada vacante en el Consejo General del INE, se dispondría de un plazo perentorio para que los grupos parlamentarios lograran el consenso mayoritario y votaran las propuestas en pleno con mayoría de dos tercios.

Pero si eso no se lograba, se haría una insaculación a partir de las listas de cinco candidatos en sesión pública del pleno y las personas sorteadas serían consideradas como elegidas. Además, en el caso de que tampoco se lograse realizar ese procedimiento, las listas serían remitidas a la SCJN, para que en sesión pública de su pleno se llevara a cabo la referida insaculación. Se trataba, es evidente, de un recurso de última instancia en el caso de que fallara la política, esto es, la capacidad de construir acuerdos. Por las declaraciones del coordinador del grupo parlamentario mayoritario, puede inferirse que la insaculación se consideró como el recurso sucedáneo de la negociación política entre los grupos parlamentarios.

Esa situación permitió suponer que se buscaría que el Comité Técnico de Evaluación colocase en las quintetas de las cuatro vacantes a personas que, habiendo logrado llegar a la última etapa, luego de superar las diversas evaluaciones, fuesen afines al partido mayoritario. Así, que la consejera presidenta, las consejeras y los consejeros electorales fuesen seleccionados por azar resultaría intrascendente para los intereses de ese partido. Sin embargo, esa actitud marcó de alguna manera el futuro de las negociaciones para la reforma constitucional en materia electoral.

Con su nueva integración, el Consejo General del INE dio inicio al proceso electoral en su sesión celebrada el 7 de septiembre de 2023, en la cual se tomó protesta a las y los vocales ejecutivos locales, que en ese acto pasaron a ser consejeros presidentes de los Consejos Locales, encargados de la organización y desarrollo del proceso electoral federal 2023-2024. Unos días antes, el 25 de agosto, el Consejo General aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024. Se trata de uno de los documentos más importantes para la organización de los procesos electorales y para dotar de certeza a los resultados de estos.

Esa Estrategia, que se aprueba y aplica cada tres años, es la carta de navegación que deben ejecutar las Juntas y Consejos Distritales del INE para seleccionar y capacitar a las y los ciudadanos que se harán cargo de las mesas de votación en la jornada electoral. El procedimiento es complejo y se encuentra detallado por la ley electoral. El objetivo que persigue es que las y los ciudadanos que serán muy importantes funcionarios electorales, por un día, sean imparciales y ejecuten sus actividades con total objetividad y honestidad. Se encargan de instalar las casillas, recibir e identificar en el listado nominal a las y los votantes, hacer el cómputo y escrutinio de los votos, llenar las actas con los resultados de la votación, fijar carteles fuera de las casillas con esos resultados y entregar los paquetes electorales en las oficinas distritales del INE. La selección y capacitación parte de procesos aleatorios en los que el Consejo General elige un mes del año y una letra del abecedario, para que las personas nacidas en ese mes y cuyo primer apellido inicia con esa letra sean visitadas, se verifique que cumplen los requisitos que establece la ley y, en su caso, reciban una primera capacitación.

Esas visitas las realiza un enorme ejército de capacitadores que son contratados para un trabajo temporal, a partir de un proceso competitivo de selección. Éste se lleva a cabo cada tres años, desde los noventa del siglo pasado. Sus peculiaridades fueron normándose en la mencionada Estrategia, específicamente en el Anexo Quinto del documento. Uno de sus puntos sensibles tiene que ver con los procedimientos para evitar que los capacitadores contratados sean miembros o militantes de algún partido político. Para evitarlo, se compulsa la lista de aspirantes, que acuden a una convocatoria pública, con los padrones de miembros de todos los partidos políticos. Si esa prueba da positivo, el aspirante no debe ser contratado, a menos de que demuestre que lo afiliaron sin su consentimiento. Eso se puede confirmar con el desahogo de una queja que el aspirante puede presentar ante el jurídico del INE, el cual debe hacer la investigación y convocar al partido en cuestión para que alegue lo que a su derecho corresponda. En el caso de que se confirme que se trató de una afiliación forzada, el aspirante puede continuar en el proceso de contratación y el partido recibe una sanción, pues ese tipo de afiliación está prohibido por la legislación. En votación dividida, de seis contra cinco, el Consejo General suprimió este requisito y dejó abierta la puerta para que el aspirante sea contratado sólo a partir de su dicho, en el sentido de que no forma parte de algún partido por voluntad propia.

Lo interesante de la votación fue que, por la propuesta elaborada por la Comisión respectiva, que sostenía el mencionado procedimiento, votaron las dos consejeras y el consejero que fueron electos en 2017, cuando Morena aún no era el partido mayoritario en la Cámara de Diputados. En ese sentido también votaron una consejera y un consejero electos en 2020, cuando Morena y sus aliados tenían la mayoría calificada en el órgano legislativo. El resto, una consejera y un consejero del 2020 y las cuatro personas electas “al azar” en 2023 (incluida la consejera presidenta), votaron en contra del procedimiento establecido por la Comisión respectiva. Ahora, los aspirantes a capacitadores electorales que en la compulsa con los padrones de los partidos den positivo sólo tendrán que manifestar que no se afiliaron voluntariamente y, en su caso, podrán (o no) presentar la queja para que se sancione al partido presunto responsable de esa afiliación irregular. Para todo efecto práctico, las y los capacitadores electorales podrán ser miembros de los partidos políticos. Esto es un importante retroceso en la cadena de construcción de la certeza del resultado de las elecciones.

Esa decisión se suma a la incapacidad del Consejo General del INE para nombrar a las personas responsables de la Secretaría Ejecutiva (posición de gran relevancia en la coordinación de todas las áreas ejecutivas del Instituto y de los órganos desconcentrados) y de cinco de las nueve Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que conforman la Junta General Ejecutiva, instancia que se encarga de aplicar los acuerdos a los que se arriba en el Consejo General. Por supuesto que el INE puede operar con encargados de los despachos, pero eso nunca había sucedido en el pasado. El Consejo General encontraba las fórmulas y los procedimientos para que al arranque de los procesos electorales la Junta General Ejecutiva estuviera integrada por personal capacitado, de alto nivel, y que contaba con la confianza de la mayoría (si no es que de la totalidad) de los miembros con derecho a voto del órgano superior de dirección.

Frente a ese INE, el TEPJF aparecía como una instancia sólida, con capacidad para arbitrar los conflictos que se presentaran durante el desarrollo del proceso electoral y para calificar la elección presidencial y todas las demás, en el caso de que sus resultados sean impugnados. El Tribunal pasó por una situación complicada luego de las elecciones de 2018. Recuérdese que se “filtró” el proyecto de sentencia que proponía anular la elección de gubernatura en Puebla y que luego el pleno, en votación dividida, determinó no aprobar esa propuesta. Las secuelas de ese diferendo de opinión llevaron a la renuncia de la magistrada presidenta y a la elección como presidente de la Sala Superior del magistrado autor de la sentencia filtrada. Lo que siguió fue una etapa de inestabilidad en los trabajos institucionales del órgano jurisdiccional y una situación en la que la mayoría de las y los magistrados decidieron desconocer al presidente del pleno; éste renunció y fue sustituido por otro magistrado, que logró reconducir los trabajos del máximo tribunal en materia electoral.

Al inicio de los procesos electorales federal y locales de 2024, el TEPJF se percibe como un organismo experimentado y con la capacidad jurídica suficiente para arbitrar de manera efectiva la contienda por el poder político.

Los jugadores

¿Cuántos nombres encontraremos en la boleta presidencial el primer domingo de junio de 2024? Es difícil responder esta pregunta. Es altamente probable que una senadora con licencia sea postulada por una coalición conformada por tres partidos (PAN, PRI y PRD), además de un gran número de organizaciones de la sociedad civil, y ocupe los tres primeros recuadros de esa boleta. Esa candidatura surgió de un proceso en el que los partidos tradicionales decidieron abrirse a la participación ciudadana y construyeron un procedimiento que no fue seriamente cuestionado por los participantes y dotó de legitimidad a la candidata, que se percibe como una ciudadana que, con el apoyo de los tres partidos tradicionales, puede ser altamente competitiva.

En la acera de enfrente se puede suponer que Morena llevará como candidata a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero no queda claro que se logre concretar la alianza de ese partido con las dirigencias de los dos partidos que aportaron sendos aspirantes en el proceso interno de Morena para la selección de su candidata presidencial. Esas personas lograron hacerse visibles ante algunos sectores de la población durante los recorridos que realizaron. En este punto la complicación reside en la cantidad de candidaturas federales y locales que Morena estará dispuesto a ceder a sus aliados, el PT y el PVEM. Ambos partidos han participado en múltiples negociaciones para la conformación de coaliciones y han acumulado experiencias que seguramente aprovecharán. El pt tuvo en la LXIV Legislatura 40 diputaciones y el PVEM tuvo 13. En esa elección (2018), el primero formó parte de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), con Morena y el Partido Encuentro Social, que, por cierto, no alcanzó el 3% de la votación para conservar su registro. El PVEM, en esa misma elección, participó coaligado con el PRI y Nueva Alianza, otro partido que también perdió el registro. Tres años después, JHH se constituyó con Morena, PT y PVEM. Así, en la LXV Legislatura el pt alcanzó 33 curules y el PVEM llegó a 41. A Morena se le ajustó su bancada de 252 a 201 diputaciones en ese periodo.

¿Qué indican esos datos, en términos de la constitución de JHH para 2024? Algo relativamente evidente. El PT y el PVEM solicitarán un cúmulo de candidaturas “ganadoras” alto, con el objeto de, al menos, mantener la magnitud de sus bancadas. Además, en esa negociación estarán presentes también las candidaturas al Senado, a las gubernaturas, a los congresos locales y a los ayuntamientos. Aquí la pregunta es: ¿cuántas posiciones estará dispuesto a ceder Morena, ante la presión de los grupos internos que también pujarán por candidaturas “ganadoras”? Si al PT y al PVEM no les satisface la oferta que les hagan, pueden decidir ir solos, con candidato presidencial propio, con el objeto de recibir los beneficios, en términos de votos, de los recorridos que realizaron durante el proceso interno de Morena sus propios cuadros.

A lo anterior es necesario agregar lo accidentado del desenlace del proceso interno de Morena, con los reclamos del ex canciller y su exigencia de reposición del proceso. En el momento de escribir esta reflexión no queda claro cuál será el camino que adopte ese personaje, que alcanzó alrededor de 25% de las opiniones en las encuestas que realizó Morena para seleccionar a su aspirante presidencial. Ante su declaración en el sentido de que estará en la boleta presidencial, se perciben dos alternativas: que logre una negociación satisfactoria con MC, partido que se ha negado reiteradamente a formar parte del frente opositor y ha dicho que llevará candidato propio, o que, ante el fracaso de la negociación entre pt, Morena y el PVEM, el ex canciller pueda ofrecerse como candidato presidencial de alguno de esos partidos, o de una coalición formada por ambos.

Finalmente, cabe la posibilidad de que alguna de las personas que solicitaron iniciar los trámites para registrarse como candidatos independientes logre satisfacer los requisitos, lo que arrojaría un nombre más en la boleta presidencial. Así, se puede esperar que en la boleta presidencial nos encontremos con al menos tres y hasta seis candidaturas. En términos programáticos, es posible que esas candidaturas representen distintos programas: uno, la continuidad de las políticas desarrolladas por la actual administración, y al menos dos proyectos alternativos. En fin, la oferta política que encontraremos será variada e interesante.

Los resultados

Este es el tema más difícil de abordar a pocos meses del trascendente evento electoral que viviremos en junio de 2024. No obstante, se puede recurrir a los resultados históricos de las elecciones presidenciales para realizar algunos apuntes. Para ello, se utilizarán indicadores muy usados en la sociología política: el número efectivo de partidos (NEP),¹ que a partir de las proporciones de votos alcanzadas por las diversas opciones incluidas en la boleta muestra cuáles de ellas fueron realmente competitivas, y el margen de victoria (MV), que expresa porcentualmente la diferencia en votos, respecto del total emitido, entre el primer y el segundo lugar.

En la tabla 1 se encuentra el cálculo de esos dos indicadores, además del año de la elección, el partido y el candidato ganadores, entre 1940 y 1988. Se trata del periodo de conformación, desarrollo y crisis del sistema de partido hegemónico en México.² Como se observa, la elección de 1988 fue totalmente atípica. Efectivamente, fue en la que estalló la crisis de ese tipo de sistema de partidos. De las anteriores, sólo se pueden considerar como “competidas” las de 1946, 1952 y 1982, con el número de partidos competitivos acercándose a dos y un margen de victoria menor a 60% del total de votos emitidos.

Resulta difícil suponer que pudiera repetirse un escenario como ese en 2024, con la salvedad de lo que sucedió en el atípico 1988. La tabla 2 contiene la misma información que la anterior, además del porcentaje de participación respecto del total de ciudadanos que podían votar, pues formaban parte de la Lista Nominal de Electores (LNE). Empecemos por ese dato. Como se observa, luego de una muy alta participación, cuando se usaron por primera ocasión el nuevo padrón electoral y la credencial para votar con fotografía, hubo un ajuste a la baja que tocó piso en 2006. Después de esa conflictiva elección, se realizaron reformas electorales que ayudaron a recuperar un aceptable nivel de participación. Se le otorgó caducidad de 10 años a la credencial para votar y se autorizó a la autoridad electoral a excluir de la LNE a aquellas personas que no realizaran el trámite de renovación, la mayoría de las cuales muy probablemente han fallecido. Además, la concurrencia de las elecciones locales (sobre todo las de gubernaturas con las intermedias federales) también ha actuado como motivador de la participación electoral.³ Con esos antecedentes, se puede suponer que la participación en 2024 será superior al 60% y quizá alcance el 65%.

Una segunda observación pertinente tiene que ver con que sólo dos de las cinco elecciones de esta etapa histórica fueron ganadas por partidos que compitieron en solitario. Las otras tres fueron ganadas por coaliciones, y muy señaladamente las dos más recientes. Otro dato curioso es que el PVEM fue protagonista de las coaliciones ganadoras en 2000 (con el pan) y en 2012 (con el PRI y Nueva Alianza). Además, como antes se señaló, uno de los tres partidos de la alianza triunfadora en 2018 no alcanzó la votación suficiente para conservar su registro, a pesar de que tuvo representación legislativa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, llaman la atención algunos rasgos de la elección antecedente en términos de competencia y competitividad. Se asemeja a la elección de 2000, cuando hubo una gran concentración por el llamado voto útil, que tuvo como prioridad vencer por primera ocasión al antiguo partido hegemónico en una elección presidencial (NEP 2.75 en 2018, frente a 2.65 en 2000). No obstante, esa elección de la primera alternancia fue mucho más competitiva que la de 2018 (MV 7% en 2000, frente a 31% en 2018). Otra cuestión que llama la atención es la semejanza de estas dos elecciones con la última del periodo anterior, la de 1988. El número de partidos competitivos fue sólo un poco menor que los de 2000 y 2018 (2.63), pero la competitividad fue menor que en 2000 y mayor que en 2018 (19%).

Así, se puede afirmar que para 2024 están abiertos dos escenarios: elecciones críticas, como en 1988, 2000 y 2018, o “regulares” como la mayoría de las que se han llevado a cabo luego de que se superó la etapa del sistema de partido hegemónico y este fue sustituido por uno plural y competitivo. De eso hablan números de partidos competitivos superiores a tres y márgenes de victoria de un solo dígito.

También puede suceder que sea algo inédito y que no se parezca a ninguna de las elecciones presidenciales anteriores. Lo cierto es que, sea lo que sea, seremos las ciudadanas y los ciudadanos los que delinearemos el perfil de la elección presidencial que se llevará a cabo en unos cuantos meses.