El papel del Estado en los niveles de violencia

El rol del Estado como generador de violencia relacionada con las drogas de tipo sistémico se da en una doble vertiente. Por un lado, a través de lo que Javier ^{Osorio (2013)} denomina enforcement, la acción coercitiva del Estado contra las organizaciones del narcotráfico en el marco de la aplicación de la ley. En segundo lugar, la incapacidad o la falta de voluntad estatal para investigar, perseguir, enjuiciar y castigar a quienes cometen un crimen, en un contexto generalizado de corrupción, impunidad y debilidad institucional, también se percibe como un motor de la violencia (Garzón y Gelvez, 2016; ^{Capó Ramírez, 2018}; ^{Briones et al., 2013}). En esta investigación sólo se tiene en cuenta la primera vertiente.

Ante la existencia de un mercado de la droga en un territorio determinado, el Estado puede optar, básicamente, por reprimirlo o regularlo. Esta última opción se puede llevar a cabo permitiendo en mayor o menor medida el consumo de determinadas sustancias estupefacientes, mientras que la primera se puede materializar de dos formas diferentes: atacar la oferta o reprimir la demanda. Cuando la opción es atacar la oferta, una de las medidas consiste en desmantelar las organizaciones dedicadas al narcotráfico, acción que genera mayores niveles de violencia que las políticas de regulación de determinadas sustancias cuyo consumo anteriormente era ilegal (^{Thoumi, 2011}).

En América Latina, el desmantelamiento de las organizaciones criminales se ha intentado llevar a cabo, básicamente, mediante políticas represivas. Entre estas políticas ha primado la puesta en marcha de la conocida como estrategia de descabezamiento. Los ideólogos de esta estrategia presuponen que las organizaciones de narcotraficantes están verticalmente integradas, por lo que, eliminando a sus jefes, dichas organizaciones se debilitan. Así, con estas organizaciones debilitadas, el narcotráfico pasaría de ser un problema de seguridad nacional a convertirse en uno de seguridad pública (^{Aguilar Camín, 2012}). No obstante, la violencia en México no se ordena desde la cúspide de las organizaciones criminales, por lo que eliminar a los líderes de dichas organizaciones resulta inútil para poner fin al narcotráfico y a la violencia asociada a éste. Además, perseguir a los líderes simplemente intensifica el ciclo de violencia, pues quienes ocupan los niveles medios luchan por el control del negocio.

En este sentido, la aplicación de la ley trae aparejada un aumento de la violencia (^{Atuesta y Ponce, 2017}). Cuando se intenta desmantelar una organización eliminando al líder, surgen las disputas internas por la sucesión una vez que es abatido o capturado (^{Ríos, 2013}). El abatimiento constante de líderes introduce un alto grado de incertidumbre en el cumplimiento de contratos informales entre líderes y mandos medios, así como entre la organización cuyo líder es eliminado y otras organizaciones. En el mundo criminal es frecuente que la presencia de una determinada persona al frente de una organización sea la única garantía del cumplimiento de los acuerdos. Por lo tanto, el abatimiento de líderes elimina los incentivos que los mandos medios tienen para colaborar con las grandes organizaciones, lo que provoca que dichos mandos se independicen y pongan en marcha sus propios negocios ilícitos (^{Romero, 2014}), lo que origina una mayor fragmentación y violencia en el interior de las organizaciones y entre varias de ellas. Esto último sucede porque otras organizaciones pueden ver en la eliminación del líder rival un signo de debilidad y pugnar por hacerse con el control del territorio cuyo líder fue abatido. En México, el máximo promotor de la estrategia de descabezamiento fue el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien consiguió la captura de importantes líderes, pero no desmantelar las organizaciones criminales ni destruir sus infraestructuras ni reducir la violencia (^{Arango Castillo, 2011}; ^{Aguilar Camín, 2012}). Varios trabajos empíricos así lo ponen de relieve (^{Lindo y Padilla-Romo, 2015}; ^{Phillips, 2015}).

En línea con lo anterior, se defiende en estas páginas que la fragmentación de las organizaciones criminales, producida por el abatimiento o la captura de líderes, está detrás de la explicación del aumento de los niveles de violencia en México a partir de 2006. La estrategia de descabezamiento ha hecho que viejas y nuevas organizaciones se expandan por diversos municipios y pugnen por el control de estos; son de mayor valor los que facilitan una diversificación de las actividades criminales (secuestro, extorsión, etcétera), los que constituyen rutas de tráficos ilícitos y los propicios para el cultivo de estupefacientes (^{Fuerte Celis y Pérez Luján, 2017}; ^{Barragán, 2018}).

Estructura del mercado de la droga

La fragmentación a la que se ha hecho referencia anteriormente produce cambios en la estructura del mercado de la droga, elemento importante para entender por qué aumenta la violencia relacionada con las drogas en un territorio determinado. “La dispersión de los grupos criminales ha generado una gran disputa sobre las rutas de trasiego de las que cada uno es propietario” (^{Pereyra, 2012}: 450). En un mercado de monopolio, cuando una sola organización domina el mercado, es más fácil establecer contactos y redes para el trasiego de drogas, así como conseguir la protección de las autoridades locales frente a intervenciones de rivales o de las autoridades federales. En este escenario, el nivel de violencia es bajo (^{Arango Castillo, 2011}; ^{Rivera Barradas, 2015}). Estudios empíricos confirman que los municipios con una sola organización criminal sufren menos homicidios relacionados con la droga que otros municipios con dos o más organizaciones (^{Castillo, Mejía y Restrepo, 2013}). Sin embargo, cuando en el mercado de la droga hay varios competidores, debido a la alta rentabilidad del negocio, las organizaciones pugnan por hacerse con el control de territorios estratégicos (^{Fuerte Celis y Pérez Luján, 2017}). Así, cuando la estructura monopólica se rompe y entran al mercado diversos competidores, se espera un incremento en los niveles de violencia (^{Rivera Barradas, 2015}).

Laura Y. ^{Calderón et al. (2019}: 40) afirman: “Una parte importante del aumento de la violencia en México en los últimos años es atribuible a la competencia entre los grupos del crimen organizado, particularmente aquellos que luchan por el control del tráfico de drogas”. Lo anterior quiere decir que existe una relación positiva entre fragmentación y violencia (^{Barragán, 2018}; ^{Williams, 2010}; ^{Romero, 2014}).

Sin embargo, hay autores que han encontrado que la violencia decrece a medida que aumenta la fragmentación. Laura H. ^{Atuesta y Aldo F. Ponce (2017)} afirman que, cuando las organizaciones se fragmentan, la capacidad organizativa del grupo sufre una merma y disminuye el uso de tecnología sofisticada. En esta situación, recuperar el poder de fuego para atacar a otra organización podría ser más costoso. Además, la decisión de atacar a otros se toma con más cautela, ya que el número de organizaciones que pueden contraatacar es mayor. No obstante, la mayor parte de los autores compartiría la afirmación de Octavio ^{Rodríguez Ferreira (2016)}, quien defiende que un mayor número de pequeños grupos, menos predecibles y más violentos, luchando ferozmente por el control de territorios también más pequeños, explica el aumento de los niveles de violencia en los últimos años.

Hasta aquí se ha podido ver un enfoque según el cual la fragmentación del panorama criminal y el consiguiente aumento de la violencia fueron precedidos por la intervención del Estado a través de la estrategia de descabezamiento. No obstante, no todos los autores coinciden en asociar intervención del Estado, aumento de la fragmentación y violencia por la disputa de territorios. Hay quienes defienden que las grandes organizaciones criminales rivales ya se disputaban el territorio desde la década de los años noventa (^{Cunjama López y García Huitrón, 2014}). A medida que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue perdiendo cotas de poder, las organizaciones criminales comenzaron a competir entre ellas y fueron fragmentándose (^{Rodríguez Ferreira, 2016}).

En esta misma línea, Viri ^{Ríos (2013)} afirma que en México existe un “equilibrio violento auto-reforzado”, basado en lo siguiente: las organizaciones criminales pugnan por hacerse con el control de territorios que les permitan llevar a cabo sus actividades, hecho que genera incentivos para que las autoridades estatales intervengan, lo que genera mayor fragmentación y el surgimiento de nuevos actores que se enfrentan por el control de mercados y territorios.

Sea como fuere, e independientemente de que la acción represiva del Estado preceda a la fragmentación o no, lo que parece claro es que la coexistencia de dos o más organizaciones criminales enfrentadas en un mismo territorio es problemática y casi siempre violenta. Los autores de estas páginas comparten el enfoque según el cual la fragmentación del panorama criminal ya se venía produciendo desde inicios del siglo XXI, pero la intervención del Estado aceleró y potenció ese proceso de fragmentación (^{Andreas y Wallman, 2009}; ^{Zepeda, 2016}; ^{Williams, 2010}; ^{Romero, 2014}; ^{Phillips, 2015}; ^{Pereyra, 2012}; ^{Fuerte Celis y Pérez Luján, 2017}). Empero, el papel del Estado y de la estructura del mercado de la droga (más o menos fragmentada) como factores explicativos de la violencia relacionada con las drogas no se agota en lo planteado previamente en este apartado, sino que hay autores que defienden esta conexión en otros términos.

Rocío A. ^{Rivera Barradas (2015)} examina por qué ciertas ciudades mexicanas experimentan más altos niveles de violencia relacionada con las drogas y por qué el despliegue de fuerzas militares ha tenido éxito mitigando esa violencia en unas ciudades y en otras no. Concluye que los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado a nivel subnacional dependen de la interacción entre dos variables: capacidad estatal del gobierno local y configuración del mercado ilegal de la droga. Afirma que los municipios con mercado de oligopolio con una capacidad del Estado intermedia experimentan más elevados niveles de violencia; por otro lado, los más bajos niveles se encuentran en mercados de monopolio o fragmentados con gobiernos locales fuertes.

Para Angélica ^{Durán-Martínez (2015)}, la interacción entre la cohesión del aparato de seguridad del Estado y la competición en el mercado ilegal incentiva el empleo de la violencia. La violencia se hace visible y frecuente cuando hay competición entre organizaciones y el aparato de seguridad del Estado está fragmentado. Al contrario, cuando existe monopolio y el aparato de seguridad está cohesionado, la violencia es menos visible y frecuente. La frecuencia se incrementa cuando el mercado de la droga cambia de monopólico a competitivo. La visibilidad lo hace cuando el aparato de seguridad del Estado cambia de cohesionado a fragmentado. Esto es así porque un Estado cohesionado contará con más credibilidad para brindar protección o, alternativamente, perseguir a los criminales. A su vez, los actores criminales se abstendrán de usar la violencia de forma visible, que podría desencadenar reacciones estatales, cuando reciben protección estatal y temen perderla o cuando creen que el Estado puede desmantelarlos (^{Snyder y Durán-Martínez, 2009}).

Sin embargo, se afirma con ^{Rodríguez Ferreira (2016}: 52) que, “si bien se intensificaron por las acciones estatales, los conflictos parecen haber subsistido independientemente del Estado, ya que muchas de las peleas más sangrientas se han precipitado no por acciones estatales, sino principalmente por la rivalidad entre los [grupos del crimen organizado]”.

En sintonía con lo anterior, lo que se defiende es que la acción represiva del Estado jugó un importante papel en el surgimiento de nuevos grupos delictivos, como indica buena parte de la literatura, pero es improbable que dicha acción explique los cambios en los niveles de violencia en cortos periodos de tiempo en un mismo territorio o las diferentes tasas de homicidio que registran distintos municipios de una misma entidad territorial. En cambio, sí se afirma que la existencia de mercados con dos o más organizaciones criminales enfrentadas ayuda a explicar las diferencias entre territorios en lo que a número de homicidios se refiere. Aunque en Guerrero existen diversos actores armados no estatales (^{Rodríguez Ferreira, 2016}; ^{Molloy, 2013}), e incluso disputas intercomunales que aumentan los niveles de violencia del territorio en cuestión (^{Le Cour Grandmaison et al., 2019}), entre diciembre de 2006 y junio de 2012, 90% de los homicidios se debió a la violencia entre organizaciones criminales (^{Courtney, 2013}), por lo que en la elaboración de este trabajo únicamente se tienen en cuenta las disputas entre dichas organizaciones.

Fases del mercado de la droga

Por último, otra serie de autores examina si la violencia relacionada con las drogas se concentra en alguna fase concreta de la cadena del narcotráfico: cultivo, producción, procesamiento y tráfico.

Centrándose en algunas ciudades brasileñas, Cláudio ^{Beato Filho et al. (2001)} y Daniel D. ^{Alves et al. (2019)} encuentran que el incremento del número de homicidios se hace más evidente en ciudades con mayor presencia de tráfico de drogas. Para el caso de Colombia, un documento de la Fiscalía General de la Nación (s.f.) concluyó que los niveles de violencia más elevados no se registran necesariamente en las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos, sino en los centros de acopio, microtráfico y narcomenudeo. Este hallazgo coincide con el de Olga M. ^{Cubides Salazar (2014)} en su estudio comparado sobre Colombia y Perú, donde los departamentos con un mayor número de hectáreas cultivadas de coca no son necesariamente los más violentos.

En el caso de México, para la región de Tierra Caliente, Raúl ^{Zepeda (2016)} encuentra que el número de hectáreas de cultivos ilícitos no tiene efecto sobre los homicidios del crimen organizado. Para este autor, “la violencia no se concentra en los municipios en los cuales hay plantíos, sino en los municipios por los que se traslada la producción” (2016: 171). No obstante, en un trabajo posterior (^{Zepeda, 2018}), el autor estudia el efecto de variables sociales y económicas en el incremento de la violencia a partir de 2006 en los 31 municipios de Tierra Caliente y encuentra que la desigualdad en el ingreso, la escolaridad y el desarrollo agroindustrial tienen efectos sobre la violencia. Por este motivo, además de tener en cuenta para el análisis el cultivo de adormidera, se trabaja también con el Índice de Rezago Social para examinar si es una condición que explique las diferencias en el número de homicidios.

Estrategia de investigación

A veces ocurre que el objetivo del investigador consiste en explicar las causas de la violencia en un pequeño número de unidades de análisis. Si en estos casos se utilizasen técnicas cuantitativas, los resultados carecerían de significancia estadística. La alternativa es el uso de técnicas cualitativas y de la comparación (^{Lijphart, 1971}). Así, el método utilizado para llevar a cabo esta investigación es el QCA desarrollado por Charles C. ^{Ragin (2000}), concretamente en su variante crisp-set QCA (csQCA).

En csQCA (y en las otras dos variantes de QCA) se habla de condiciones y resultado y no de variables independientes y dependiente respectivamente, pues “se entiende que es precisamente la interacción entre dichas condiciones […], y no su impacto aislado, lo que provoca el resultado de interés” (Castillo ^{Ortiz, 2017}: 8). Además, dichas condiciones explicativas no se estudian de forma independiente las unas de las otras, sino en su interacción tendente a provocar resultados (^{Álamos-Concha y Castillo Ortiz, 2017}).

En la variante del método QCA que aquí se utiliza se realiza una distinción binaria donde los casos pueden ser miembros o no de un conjunto, de modo que el valor [1] indica membresía y el valor [0] no membresía, respectivamente. Así, los casos bajo estudio, atendiendo al método de la diferencia propuesto por Mill (en ^{Pérez Liñán, 2007}), son positivos o negativos dependiendo de si se considera que el número de homicidios es elevado o no, respectivamente, lo que permite ver la variación en la variable dependiente (resultado, en la nomenclatura del QCA). La lógica de inferencia de este procedimiento es la siguiente: “Todos los casos que presentan el resultado de interés deben también compartir una característica explicativa común […] mientras que los casos negativos deben carecer de este atributo” (Pérez Liñán, 2007: 10). En este sentido, los casos elegidos son aquellos en los que hay un elevado número de homicidios (superior a 30), entendidos como casos positivos, y casos negativos en los que no hay ningún homicidio.⁴⁴ Estos últimos funcionan como casos de control, ya que se busca observar si las explicaciones que están presentes en los positivos están, a su vez, ausentes en los negativos.

Los pasos que hay que realizar para llevar a cabo una investigación haciendo uso de esta técnica son: 1) dicotomizar las condiciones; 2) analizar las condiciones necesarias; 3) construir una Tabla de Verdad; 4) analizar las configuraciones suficientes; 5) realizar el proceso de minimización, y 6) evaluar los resultados (^{Álamos-Concha, 2017}).

En el primer paso se dicotomizan tanto las condiciones como el resultado, asignándole un valor [1] cuando está presente y un valor [0] cuando está ausente. Posteriormente se plasma en una matriz de datos con valores dicotómicos, con el objeto de simplificar la información. Para reforzar la legitimidad del análisis, la dicotomización ha de hacerse justificadamente a partir de una base teórica o empírica.

Para la dicotomización del resultado [hom] se procedió de la siguiente forma: se les asignó un valor [1] a los casos que presentaban un elevado número de homicidios y [0] a los que no registraron ningún homicidio. Esta decisión estuvo motivada por la existencia de ocho municipios en los que no hubo muertes por homicidio en 2018, de modo que se seleccionó también un número igual de municipios con mayor número de homicidios. La decisión de tener en cuenta el número total y no la tasa se debe a que en Guerrero hay municipios que tienen muy pocos habitantes y una variación mínima en el número de muertes por homicidio puede arrojar tasas muy elevadas. Es el caso de Ixcateopan de Cuauhtémoc, que con cinco muertes por homicidio tuvo una tasa de 77 en 2018.

Respecto a la dicotomización de las condiciones, los criterios bajo los cuales se determinó cuándo una condición estaba presente fueron los siguientes: se le asignó un valor [1] a la condición cultivos ilícitos [cul] cuando las hectáreas erradicadas de adormidera por habitante superan la media estatal;⁵ se le asignó un valor [1] a la condición crimen organizado [co] cuando existen dos o más organizaciones enfrentadas dentro de un mismo municipio, y se le asignó un valor [1] a la condición rezago social [rez] cuando el Índice de Rezago Social es alto o muy alto. A modo de síntesis, la tabla 1 muestra la definición de las condiciones y el criterio para asignarles un valor [1] (presencia).

Datos

En este subapartado se especifican las fuentes de información de las que se extrajeron los datos sobre homicidios, cultivos ilícitos, crimen organizado y rezago social. Se comienza comentando la fuente de datos utilizada para conocer el número de homicidios, tarea que ocupa una mayor extensión debido a los límites de las posibles fuentes que existen en México sobre este fenómeno.

En México hay dos fuentes oficiales que aportan datos sobre homicidios. Por un lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que registra el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en cada municipio, cuya información procede de los registros criminales. No obstante, a través del SESNSP ya es posible conocer el número de víctimas de homicidio desde 2014, y no sólo el de carpetas de investigación (una misma carpeta puede contener más de un homicidio). La otra fuente oficial es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que registra el número de muertes a partir de actas de defunción del Registro Civil, convalidadas por la Secretaría de Salud. La mayor limitación es que los datos se publican con un año de retraso.

Debido a este último aspecto, los datos del INEGI no son apropiados para tomar decisiones de política pública (Gallegos ^{Segura, 2016}). No obstante, como puntos positivos cabe destacar los siguientes: la información disponible es a partir de 1990 y registra edad, ocupación, género, escolaridad y lugar de residencia de la víctima, así como el municipio en el que ocurrió el homicidio (^{Escalante Gonzalbo, 2010}). Por otra parte, el aspecto negativo de mayor relevancia de los datos del SESNSP es que las cifras sobre homicidios corresponden a carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público ante la presentación de denuncias, por lo que puede haber un subregistro en el caso de que no se denuncie. De hecho, en 2016, la discrepancia entre el INEGI y el SESNSP fue de más del 20% (^{Institute for Economics and Peace, 2018}). Así las cosas, se tomaron los datos del INEGI para llevar a cabo la presente investigación.

El número de homicidios en 2018 de cada uno de los 16 municipios seleccionados fue: 838 en Acapulco de Juárez; 207 en Chilpancingo de los Bravo; 122 en Iguala de la Independencia; 106 en Chilapa de Álvarez; 79 en Zihuatanejo de Azueta; 69 en Taxco de Alarcón; 40 en Tlapa de Comonfort; 31 en Eduardo Neri, y 0 en Coahuayutla de José María Izazaga, Cuetzala del Progreso, General Canuto A. Neri, Huamuxtitlán, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado e Iliatenco. Se decidió seleccionar 16 municipios porque hubo ocho donde no se registraron homicidios y, con el objetivo de equilibrar la muestra, se escogió un número igual de municipios donde estuvo presente el resultado (más de 30 homicidios al año).

Por otra parte, en lo que se refiere a las condiciones, las fuentes fueron las siguientes: la respuesta de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a una petición de información sobre el número de hectáreas de adormidera erradicadas de diciembre de 2012 a diciembre de 2018 en cada uno de los municipios del estado de Guerrero (folio número 0000700295319), para la condición [cul]; la base de datos Nexis Uni para conocer la presencia o ausencia de la condición [co] a través de noticias de prensa que reportan enfrentamientos entre organizaciones criminales en los municipios de Guerrero en 2018,⁶ y el Índice de Rezago Social a nivel municipal 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la condición [rez].

De los 16 municipios seleccionados para este trabajo, en siete de ellos se registraron disputas entre organizaciones. Se especifica a continuación qué organizaciones tuvieron presencia en 2018 en los municipios en los que hubo disputas:⁷ Acapulco: Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Los Rojos, Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora; Chilpancingo: Los Rojos y Cártel del Sur; Iguala: Los Rojos y Guerreros Unidos; Chilapa de Álvarez: Los Rojos, Los Ardillos y Los Jefes; Zihuatanejo: CJNG, Los Viagras, Vanguardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Cornudos, Los Rodríguez, Los Granados, Guardia Guerrerense y Los Caballeros Templarios; Tlapa de Comonfort: Los Rojos y Guerreros Unidos; Eduardo Neri: Los Rojos, Cártel de la Sierra, Grupo Tlacotepec, Guerreros Unidos y Los Tequileros.