Revisión de la literatura

Diversos trabajos coinciden en que una de las principales consecuencias de los movimientos sociales es la modificación de las condiciones en las que nuevos grupos se movilizan posteriormente (^{Staggenborg, 1998}; ^{Tilly, 2008}; ^{Whittier, 2004}). Esto puede ocurrir, entre otros aspectos, por la reestructuración de las oportunidades políticas (^{Meyer, 2004}) o por la difusión de significados en torno a cómo sucedieron las cosas, qué se hizo y por qué funcionó o no (^{Meyer, 2006}; ^{Morris, 1992}; ^{Tarrow, 1992}). El análisis sistemático de las consecuencias o resultados de los movimientos sociales comenzó con los trabajos de William ^{Gamson (1975)} y de Frances ^{Piven y Richard Cloward (1977)}.

Con el paso de los años, los estudios con este enfoque se multiplicaron. Actualmente, se reconocen tres principales áreas empíricamente interrelacionadas, pero distinguibles con fines analíticos: las consecuencias políticas, las biográficas y las culturales (^{Bosi, Giugni y Uba, 2016}). La primera dedica su atención a los impactos que la movilización tiene en la estructura del sistema político y, usualmente, explica los cambios en leyes o políticas públicas impulsados por actores contenciosos. La segunda tiende a adoptar un enfoque micro para comprender cómo la participación cambia la trayectoria de vida de quienes se involucran en la política contenciosa. Finalmente, el análisis de las consecuencias culturales -una de las menos estudiadas en la literatura debido, en gran medida, a la dificultad de identificar qué cuenta como resultado cultural (^{Bosi y Uba, 2009}; ^{Earl, 2004})- varía en función de la adopción de un enfoque más estructural o agencial, porque la evidencia de estos resultados puede encontrarse tanto dentro cuanto fuera de un actor colectivo y de las vidas de sus participantes (^{Earl, 2004}; ^{Van Dyke y Taylor, 2019}).

Como resume Jennifer ^{Earl (2004)}, la relación entre la cultura y los movimientos sociales puede dividirse en tres campos: el primero, desde una perspectiva de psicología social, se relaciona con cambios en valores y creencias; el segundo se refiere a productos y prácticas culturales como las artes o el lenguaje; y el tercero se refleja en las visiones del mundo de las comunidades que pueden formar subculturas o identidades colectivas. Mi perspectiva se apega al tercero de estos conjuntos. Gemma ^{Edwards (2014}b: 92) argumenta que el concepto de cultura abarca el universo de significados compartidos por una comunidad, a partir de los cuales se constituye la acción social. En la misma línea, Francesca ^{Polletta (2004}: 100) señala que la cultura es la dimensión simbólica de todas las estructuras, instituciones y prácticas sociales. En ese entendido, las redes sociales no sólo son relevantes por sus componentes estructurales, sino porque reflejan historias y significados que influyen en las comprensiones del mundo de las personas (^{Diani y Mische, 2015}; ^{Fuhse, 2009}; ^{Passy, 2003}). En otras palabras, las consecuencias culturales de los movimientos sociales pueden analizarse a partir de la formación de comunidades contenciosas que comparten visiones del mundo y prácticas de movilización. Este enfoque, que abarca un punto en común entre las consecuencias biográficas y las culturales, destaca el papel que algunas personas participantes toman como “agentes culturales” de un movimiento; es decir, luego de la movilización inicial, estas personas se dedican a concientizar a nuevos activistas, simpatizantes y público en general para promover su organización y el desarrollo de nuevas acciones (^{Morris, 1992}: 371). Cuando esto sucede, las de por sí porosas fronteras de los movimientos se vuelven más borrosas y comienzan a superponerse con las de otros actores contenciosos en un proceso conocido como desbordamiento o spillover (^{Meyer y Whittier, 1994}). De esta forma, aunque el spillover no es un resultado cultural en sí mismo, su análisis permite conocer las dinámicas relacionales con las que se consolidan las consecuencias culturales de un movimiento social.

Una de las posibles formas de estudiar el spillover de un actor colectivo es mediante sus dinámicas de difusión. En términos generales, la difusión ocurre cuando un grupo adopta repertorios, ideas o formas organizativas de otro (^{Strang y Soule, 1998}) y su estudio ha sido parte de casi todas las tradiciones teóricas en la investigación de los movimientos sociales (^{Edwards, 2014}a). La difusión no es una transferencia mecánica o un ejercicio de “copiar y pegar” (^{Soule y Roggeband, 2019}; ^{Whittier, 2004}); el proceso implica discusión, creatividad y estrategia para adaptar lo que se hizo, exigió u organizó en primer lugar (^{Meyer y Whittier, 1994}; ^{Givan, Roberts y Soule, 2010}). De esta forma, el análisis de la difusión brinda la oportunidad de observar con mayor claridad las consecuencias que van más allá de las y los participantes de un movimiento social y que se reflejan más ampliamente en diversos contextos culturales (^{Tarrow, 2010}; ^{Romanos, 2016}). Aunque la literatura ha identificado varias formas de difusión, como la no relacional y la mediada (^{Tarrow, 2005}; ²⁰¹⁰; ^{Soule y Roggeband, 2019}), es importante destacar que me centraré en la forma relacional que se produce a través de lazos interpersonales o conexiones organizativas, que facilitan el intercambio de elementos culturales entre un grupo y otro (^{Tarrow, 2010}), y que son observables en las formas en que los actores entran en contacto para aprender y adaptar dinámicas de movilización (^{Givan, Roberts y Soule, 2010}).

Suzanne ^{Staggenborg (1998}, ²⁰¹³⁾ acuñó el concepto de “comunidad de movimiento social” para describir cómo los movimientos están compuestos no sólo por organizaciones formales, sino por diferentes individuos y actores colectivos que comparten rasgos culturales y trabajan para alcanzar ciertos objetivos. Esta idea enfatiza los elementos informales y culturales de la movilización social, como la fluidez de las redes sociales y las muy contrastantes prácticas que se realizan para apoyar las ideas de un movimiento (^{Hassan y Staggenborg, 2015}). Es decir, el concepto de comunidad de movimiento social refleja cómo los campos de contienda incluyen actores organizados y desarticulados que comparten, aunque nunca de manera uniforme, ciertas dimensiones culturales. En ese entendido, y en línea con lo hasta ahora expuesto, es teóricamente relevante y empíricamente factible estudiar las consecuencias culturales de un actor colectivo contencioso en función de la formación de una comunidad de movimiento social a partir de los procesos de spillover y difusión.

Para comprender cómo el MPJD ha influido en los colectivos y, por lo tanto, en la formación de la comunidad de movimiento social en contra de la violencia de la guerra contra el crimen en México, me enfoco en dos elementos clave de la cultura contenciosa: las formas organizativas y los repertorios contenciosos (^{Van Dyke y Taylor, 2019}). Si bien el análisis de estos dos elementos también podría verse como parte de los procesos de aprendizaje colectivo en los movimientos sociales (^{Romanos, 2013}) o de los ciclos de protesta (^{Tarrow, 1994}), sostengo que es correcto seguir la línea propuesta para un análisis de consecuencias culturales porque la socialización en espacios contenciosos lleva a la gente a desarrollar nuevos símbolos y significados alrededor de los medios y los objetivos de sus campañas, con lo que se forman culturas específicas entre comunidades de grupos movilizados (^{Earl, 2004}; ^{Van Dyke y Taylor, 2019}).

Métodos

Este artículo se basa en los resultados de un proyecto más amplio que involucró 17 entrevistas tipo trayectoria de vida con activistas y familiares de víctimas de asesinato y de desaparición. Como es usual al trabajar con participantes en movimientos sociales (^{Blee y Taylor, 2002}), la selección de estas personas no respondió a criterios probabilísticos, sino que implicó una decisión deliberada en función de sus experiencias a partir de un muestreo intencional de “conocedoras y conocedores clave” (key knowledgeables) (^{Patton, 2015}: 284). Es decir, seleccioné a las personas participantes en el proyecto porque sus experiencias de activismo permitirían ayudar a comprender las dinámicas de movilización contra la violencia de la guerra en México. Realicé las entrevistas entre enero y junio de 2020. Todas las personas participantes dieron su consentimiento verbal para grabar nuestras conversaciones. En acuerdo con ellas y ellos, sus nombres no han sido modificados.

Basado en el trabajo de Kathleen ^{Blee (2002}, ²⁰¹⁶⁾, comencé las entrevistas de manera semiestructurada para permitir a las personas narrar sus propias vidas como ellas mismas las comprenden. Una vez que llegaron a explicar su involucramiento inicial en las movilizaciones contra la violencia, comencé a plantear preguntas abiertas para recolectar información sobre varias dimensiones de su participación, entre las que estaban su reclutamiento en el activismo, el tipo de movilizaciones en las que han participado, las emociones durante la protesta, las relaciones que han formado y las consecuencias de sus acciones. Luego de transcribir las entrevistas, codifiqué el contenido manualmente en función de esas dimensiones. En este artículo, utilizo únicamente un subconjunto de ocho entrevistas en las que obtuve información sobre el tema aquí discutido.

Las entrevistas a profundidad son, como casi cualquier otro método de investigación en ciencias sociales, herramientas útiles, pero defectuosas. Dos de sus principales desventajas son que usualmente las personas investigadoras no necesariamente estuvieron presentes para observar las acciones en las que participaron quienes responden y que los recuerdos pueden no ser siempre confiables (^{Driscoll, 2018}; ^{White, 2007}). No obstante, varios estudios señalan que las personas recuerdan eventos y experiencias intensas con una precisión significativa a pesar del tiempo que ha pasado (^{Driscoll, 2018}; ^{White, 2007}). En cualquier caso, esta investigación ataja los puntos débiles de las entrevistas mediante la triangulación de información en torno a ciertos temas. Por tal motivo, varias secciones del artículo se basan tanto en las entrevistas como en una revisión documental que incluyó fuentes periodísticas, libros, trabajos académicos y grabaciones de video.

El contexto de desmovilización del MPJD

Ante un gobierno cuya usual postura era la negación y la criminalización de las víctimas, el MPJD reunió y entrelazó a actores colectivos e individuales de todo el país para enfrentar la estrategia federal de seguridad y el discurso oficial en torno a la violencia. Lejos de ser homogéneos, estos actores tuvieron importantes disputas en cuanto a las tácticas y los marcos que las movilizaciones debían impulsar (^{Suaste, 2017}; ^{Romero, 2016}; ^{Gordillo-García, 2022}), pero esto no impidió que el MPJD expandiera su campo de acción al ámbito nacional mediante movilizaciones en las regiones norte, centro y sur del país, cuestión que llevó al gobierno de Calderón a establecer un diálogo -que ha sido muy criticado por las y los participantes (^{Gordillo-García, 2015})- y al Poder Legislativo a aprobar una ley para proteger los derechos de las víctimas. Los procesos que derivaron en la promulgación de la Ley General de Víctimas en 2013 han sido analizados en investigaciones previas (^{Gordillo-García, 2020}), mientras que la ineficaz implementación ha sido criticada en otros espacios (^{Gordillo-García y Sicilia, 2020}). Sin embargo, lo relevante en términos de esta investigación se concentra en que, si bien el MPJD se desmovilizó tras el logro político de la ley, otros actores colectivos continuaron movilizándose para defender sus derechos (^{Iliná, 2020}; ^{Robledo-Silvestre, 2019}; ^{Arana Aguilar, 2021}). Esto reitera hallazgos previos respecto a que la relación entre los procesos de política pública y la protesta social es compleja y, aunque lleve a unos actores a frenar las acciones directas, también puede provocar que otros asuman y continúen la contienda (^{Sawyers y Meyer, 1999}; ^{Kane, 2010}). Estos actores, sin embargo, no aparecieron en el vacío, sino que están ligados al MPJD.

Organización de colectivos

Si bien el objetivo de este artículo no es analizar la participación inicial en un movimiento social, debe decirse que la primera experiencia sociopolítica de muchos familiares de personas asesinadas y desaparecidas fue en las marchas y caravanas del MPJD. En sus respectivas entrevistas, Araceli Rodríguez -madre de Luis, un policía federal desaparecido en Michoacán en 2009-, Letty Hidalgo -madre de un joven desaparecido en Nuevo León en 2011- y Lupita Aguilar -madre de un hombre desaparecido en Jalisco en 2011-compartieron que, hasta antes de sumarse a los eventos del MPJD, ellas no habían tomado parte en forma alguna de activismo. Además, a excepción de Araceli, estas mujeres hablaron de sus casos en público por primera vez en eventos del MPJD o encabezados por algunos de sus participantes. De igual manera, otros textos dan cuenta de la relevancia del MPJD en términos del inicio de la participación sociopolítica de más familiares de víctimas. Por ejemplo, María Herrera -madre de cuatro jóvenes desaparecidos- jamás había participado en una movilización, pero dio su testimonio por primera vez en un evento de la Caravana del Consuelo en Michoacán (^{Herrero, 2011}; ^{Suaste, 2017}: 86).

A pesar de tener características sociodemográficas muy contrastantes en términos de edad, escolaridad, ocupación y ubicación regional, un rasgo en común entre este grupo de personas es que, luego de haber participado en un evento del MPJD, continuaron involucradas ya sea con el mismo actor colectivo o con algunas organizaciones en las que conocieron a más familiares de víctimas. Aunque un análisis profundo de la participación sostenida correspondería a las consecuencias biográficas del activismo (^{Gordillo-García, en prensa}), su importancia para fines de este artículo radica en las redes sociales que los familiares de víctimas comenzaron a crear con otros familiares, con activistas y con organizaciones profesionales.

Lupita Aguilar recuerda que, al final de la Caravan for Peace, los familiares de personas desaparecidas que recorrieron Estados Unidos durante un mes acordaron seguir trabajando juntos. “En el camión, imagínate lo que son 40 mujeres que tienen a sus hijos desaparecidos. Para mí, eso fue importantísimo. Puras guerreras de verdad estábamos ahí […]. Mucha gente muy, muy decidida a luchar. Cuando llegamos, nos prometimos que en nuestros estados íbamos a organizar cada una un colectivo” (entrevista personal, 29 de marzo de 2020). Junto con otro pequeño grupo de mujeres que buscaban a sus familiares, Lupita fundó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej) en 2013. De los contactos que conoció por su participación en el MPJD, Lupita integró a Fundej en el proyecto Ciencia Forense Ciudadana (CfC) en 2014. Financiado por una universidad inglesa e iniciado por dos estudiantes mexicanos, este proyecto buscaba brindar a las familias de personas desaparecidas herramientas relevantes para manejar tecnología forense y, dada la limitada capacidad y voluntad del gobierno, construir una base de datos genéticos con registros confiables para la identificación de cadáveres (^{Schwartz-Marin y Cruz-Santiago, 2016}). En un inicio, CfC también contó con la participación de otros familiares de personas desaparecidas que formaban parte del MPJD, entre los que se encontraban Lucía Baca y su esposo Alfonso Moreno, María Herrera y su hijo Juan Carlos Trujillo, Letty Hidalgo, Norma Ledesma y Araceli Rodríguez (^{CfC, 2014}).

Así, luego de participar constantemente en episodios de movilización durante 2011 y 2012, los familiares de personas desaparecidas que se habían conocido en el MPJD comenzaron a reproducir las dinámicas organizativas de trabajo colectivo para reunir a otros individuos que enfrentaban la nula atención de las autoridades en sus respectivos estados. CfC fue uno de los primeros ejercicios dentro de la crisis de violencia mexicana en los que se buscó dotar a las familias de las víctimas de las herramientas profesionales para corregir las deficiencias del Estado y representó la conformación de un espacio nuevo, aunque con un enfoque muy diferente al del MPJD, para reunir a familiares de víctimas. Lo importante, sin embargo, es que quienes estuvieron involucrados en la política contenciosa con el MPJD iniciaron un proceso de difusión relacional con el que adoptaron y adaptaron las formas organizativas del trabajo colectivo con otros familiares de personas desaparecidas.

El caso de Letty Hidalgo profundiza la evidencia respecto a lo anterior, puesto que ella también organizó un colectivo en Nuevo León. Si bien Letty no establece un vínculo directo entre el MPJD y este colectivo, es importante tener en cuenta que su primera experiencia de movilización por la desaparición de su hijo Roy fue durante la Caravana del Consuelo. A sugerencia de otro participante en ese evento, Letty comenzó a asistir a las reuniones de una organización local que trabajaba con otros casos de desaparición. Si bien se separó luego de un tiempo por constantes desacuerdos con la directora, Letty conoció a más familiares de víctimas y aprendió a hacer documentación de casos. Además, mediante sus contactos con el MPJD, ella decidió involucrarse en la campaña Bordados por la Paz, cuyas acciones invitaban a la gente a reunirse en espacios públicos para bordar la historia de una persona asesinada o desaparecida en un pañuelo para luego exponerla también de manera pública (véase ^{Olalde, 2019}). Gracias a los bordados, Letty reunió a un grupo de madres de personas desaparecidas que, durante sus encuentros, solían compartir información sobre cuáles autoridades estaban trabajando eficazmente. Asimismo, ella comenzó a invitar a sus compañeras a asistir a las citas que tenía en oficinas gubernamentales. “Nos dimos cuenta de que no les gustaba tener mucha gente ahí, entonces eso fue algo que agarramos a nuestro favor […]. Empezamos a visitarlos juntas, en montón […]. Regularmente nos querían sacar, no querían atendernos […]. Así empezamos a entender que la organización era nuestro fuerte y una debilidad para las autoridades” (entrevista personal, 31 de marzo de 2020). Al cabo de un tiempo, Letty decidió nombrar al grupo como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

Por su parte, María Herrera y su hijo Juan Trujillo organizaron el colectivo Familiares en Búsqueda. Ante la prensa, la mujer ha declarado que, después de las caravanas, el MPJD “fue desintegrándose” y ella decidió separarse porque “no veía claro que se hiciera nada con respecto a las búsquedas” (^{Este País, 2021}). Por esta razón, ella y su hijo Juan Carlos comenzaron a contactar a los familiares de personas desaparecidas que habían conocido durante las caravanas, pero a cuyos casos no se había dado seguimiento; junto a estas familias, iniciaron la articulación de la Red de Enlaces Nacionales, que vincula el trabajo de decenas de colectivos en todo el país. Esto “fue, desde luego, con gente que ya había estado en el MPJD”, declara María Herrera (Ibid.).

Como la literatura señala, las estructuras organizativas de campañas anteriores suelen proporcionar una base para el crecimiento de las comunidades de movimientos sociales (^{Aunio y Staggenborg, 2011}; ^{Staggenborg, 2013}; ^{Staggenborg y Lecomte, 2009}). Además, los lazos de confianza que constituyen -junto con otros elementos- las relaciones de estas redes facilitan la coordinación de la acción contenciosa. Así, los colectivos de familiares de personas desaparecidas comenzaron a coordinarse en prácticamente todas las regiones del país para enfrentar el dramático aumento en el número de desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto.

Araceli Rodríguez recuerda que, en 2015, el personal de la organización Serapaz -aliada clave del MPJD durante sus años de mayor actividad- convocó a una reunión con representantes de colectivos de todo el país. “La mayoría de las personas [que asistieron a esa reunión] nos conocíamos por el MPJD. Letty Hidalgo, Graciela Pérez, Edith Pérez, Óscar Sánchez, Silvia Ortiz, Araceli Salcedo. El MPJD formó a todos estos defensores”, considera Araceli (entrevista personal, 2 de enero de 2020).¹ En el encuentro, las familias acordaron realizar reuniones periódicas y, poco después, el grupo de 60 colectivos decidió adoptar el nombre de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). En un documento elaborado por participantes del MNDM, una persona anónima también señala que el MPJD fue un “referente” para la organización: “Veníamos del MPJD. Después […] nosotros sugerimos que era importante meter otras regiones, como Sinaloa, y poco a poco fuimos conectando” (^{MNDM, 2018}: 19).

No pretendo desarrollar aquí un análisis en profundidad de las dinámicas de movilización del MNDM, pero cabe mencionar que una de sus principales demandas fue la promulgación de una ley contra la desaparición de personas. Con la asesoría de organizaciones nacionales e internacionales, el MNDM realizó varias campañas para exigir a los poderes Legislativo y Ejecutivo un trabajo en conjunto con las familias de las personas desaparecidas. Luego de varios meses de movilizaciones y cabildeo, en 2016 se promulgó la ley. Varios de los participantes de colectivos y organizaciones que promovieron la ley contra la desaparición de personas también habían sido parte del proceso en torno a la Ley General de Víctimas. El MPJD había mostrado la posibilidad de que los familiares de las víctimas influyeran en el diseño de políticas públicas y su historia de éxito en este campo era conocida por la mayoría de los colectivos, precisamente porque muchos de sus participantes se habían involucrado en el proceso de esa ley. Como se ha observado en otros contextos (^{Meyer, 2006}), las redes entrelazadas y superpuestas del MPJD y el MNDM sirvieron como un medio para compartir esta narrativa que se convirtió en un recurso de organización y movilización. Además, junto con la referencia empírica del MPJD, los familiares de personas desaparecidas tenían el conocimiento práctico para volver a entrar en el proceso legislativo y, entonces, aprovecharon estas condiciones para promover la ley en contra de la desaparición.

No sólo los familiares de las víctimas fomentaron la difusión relacional de las formas organizativas aprendidas en el MPJD; los activistas que comenzaron las acciones en 2011 también impulsaron este proceso. Roberto Villanueva -participante del MPJD desde su inicio- ayudó a vincular a familiares que no participaban en el MPJD con otros colectivos organizados por participantes del MPJD mediante una serie de cursos de formación en derechos humanos. “Para nosotros era súper importante compartir lo que sabíamos y acercar a las víctimas con otras personas […], para que pudieran tomar el protagonismo en sus casos, porque siempre se sabe que las únicas personas que están hasta el final son ellas mismas”, comenta Roberto (entrevista personal, 16 de junio de 2020). Así, por ejemplo, él fungió como uno de los vínculos entre Angélica Rodríguez -madre de Viridiana, joven desaparecida en el Estado de México en 2012, y fundadora del colectivo Regresando a Casa Morelos- y representantes de varios colectivos radicados en Ciudad de México. Mediante su amistad con Roberto y en los cursos mencionados, Angélica conoció a María Herrera y a su hijo Juan Carlos Trujillo. “Juan Carlos me comenzó a invitar a las reuniones y empecé a participar. Empecé a ver que tenemos un largo camino por andar, pero que las familias unidas y organizadas podemos hacer mucho” (entrevista personal, 4 de marzo de 2020).

Como en otros casos (^{Andrews y Biggs, 2006}), un grupo pequeño de participantes ha sido fundamental en el proceso de difusión relacional del MPJD. Algunas de las personas que participaron en las campañas de 2011 y 2012 sentaron una base para la organización de nuevos colectivos que actualmente impulsan las demandas de las víctimas en el campo sociopolítico. A partir de la difusión de dinámicas organizativas desde el MPJD, el MNDM y la Red de Enlaces Nacionales representan un nuevo tipo de centro en las movilizaciones contra la guerra en México; estos actores colectivos han sido capaces de reunir a familiares de víctimas de desaparición, activistas, organizaciones, peritos forenses e instituciones educativas, entre otros, para promover nuevas campañas para detener la violencia y exigir justicia. Así, sostengo que el MPJD tuvo un efecto de spillover mediante la difusión relacional con la que sus participantes reprodujeron y adaptaron formas organizativas que llevaron a la articulación de nuevos colectivos de familiares de personas desaparecidas en varias regiones de México. Estos grupos, además, han reestructurado este campo de movilización al introducir los repertorios contenciosos que se analizan en la siguiente sección.

Nuevos repertorios contenciosos

La noche del 14 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, un grupo criminal desapareció a 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El caso pronto atrajo la atención de los medios y, ante la imposibilidad de conocer la ubicación de los estudiantes, las organizaciones locales comenzaron a protestar para exigir su búsqueda. Días después, ante indicios de la posible participación de policías y militares en la desaparición, las protestas se extendieron a prácticamente todo el país. Las investigaciones oficiales concluyeron que los estudiantes habían sido asesinados, calcinados y arrojados a un río. La falta de elementos para sustentar científicamente esta conclusión llevó a las familias de los estudiantes y sus representantes legales a exigir una revisión por parte de una organización independiente. Paralelamente, continuaron las protestas. Así, el gobierno mexicano aceptó la participación de un grupo independiente de personas expertas propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el resultado de su investigación señaló el involucramiento de autoridades tanto en la desaparición cuanto en la manipulación de las escenas del crimen. Al momento de escribir estas páginas, el caso sigue sin resolverse y el país desconoce la verdad de lo sucedido. En este trabajo no analizaré las protestas o actividades contenciosas en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes, tema que requiere varias otras discusiones (^{Gravante y Poma, 2019}). Sin embargo, es fundamental mencionarlo porque fue un evento relevante para la difusión mediática de algunas prácticas del repertorio actual de los familiares de personas desaparecidas.

Cuando comenzaron a circular versiones sobre el posible asesinato de los estudiantes, una organización local denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) decidió buscar cadáveres en Iguala porque algunos de los estudiantes eran hijos de sus integrantes. Debe señalarse que la UPOEG había localizado a personas desaparecidas en el pasado porque coordinaba policías comunitarias en algunas localidades (^{Warnholtz, 2016}). Los medios de comunicación pronto informaron de las búsquedas de la UPOEG porque se encontraron fosas con varios cuerpos, pero ninguno era de los estudiantes (^{Ocampo, 2014}). Los habitantes de la región que tenían familiares desaparecidos pronto se pusieron en contacto con la UPOEG. Ese fue el caso de Mario Vergara, hermano de Tomás, taxista desaparecido en 2012. “Con Ayotzinapa se hizo una bomba. Yo […] veía las noticias. Mis hermanas vieron que había manifestaciones en la ciudad [Iguala] y llevaron una lona con la foto de mi hermano. Muchos medios empezaron a ver porque empezó a salir más gente, porque no eran sólo 43 desaparecidos” (entrevista personal, 3 de enero de 2020).

El 16 de noviembre de 2014, la UPOEG convocó a los familiares de personas desaparecidas para que fueran al campo a buscar fosas clandestinas. “Miguel Jiménez, de la UPOEG, nos dio el primer taller de búsqueda de fosas clandestinas. Nos dijo: ‘Vamos a ir al campo y donde vean un montoncito de tierra, vamos a escarbar; donde vean tierra de otro color, vamos a escarbar’. Ese día fuimos como 10 familias y nos trasladamos a un paraje llamado La Laguna”, recuerda Mario (entrevista personal, 3 de enero de 2020). Ahí, el grupo encontró restos humanos. “Fue horrible. Íbamos muy contentos a buscar muertos, pero no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Nadie nos preparó y hasta el día de hoy yo creo que nos hace daño. Fue muy bonito, pero fue muy horrible […]. Nomás escarbábamos tantito y encontrábamos. El día fue muy exitoso y eso nos motivó a seguir buscando” (entrevista personal, 3 de enero de 2020).

Los reportajes en la prensa se multiplicaron (^{Aristegui Noticias, 2014}; ^{Turati, 2014}) y esto llevó a más familias a unirse. Incluso algunos miembros del todavía activo proyecto CfC ofrecieron tomar muestras de ADN de las y los participantes (^{Turati, 2015}). Entonces, como en otros contextos (^{Andrews y Biggs, 2006}), los medios jugaron un papel clave en la difusión de estas acciones a otras ciudades de Guerrero y otros estados. Además, en línea con investigaciones recientes (^{Poell, 2014}), las redes sociales digitales también aumentaron la velocidad de la difusión. En ese sentido, Mario recuerda que una de sus hermanas encontró a la familia Trujillo Herrera a través de Facebook y les hizo una invitación para visitar Iguala. “Los Trujillo Herrera quedaron emocionados con lo que nosotros hacíamos. Nos dijeron […]: ‘Con todo lo que hemos hecho, no hemos encontrado cuerpos. Ustedes están encontrando cuerpos sin buscar en documentos’. Un día invité a Miguel Ángel Trujillo a ver lo que hacíamos, a usar la varilla, detectar el olor putrefacto. Creo que eso motivó a hacer la primera brigada” de búsqueda de personas desaparecidas en 2016, comenta Mario (entrevista personal, 3 de enero de 2020).

Como han encontrado otras investigaciones (^{Edwards, 2014}a), la adopción de prácticas contenciosas depende en gran medida de las redes sociales en las que se insertan las y los activistas. Pietro Ameglio, uno de los principales organizadores del MPJD que es muy cercano a la familia Trujillo Herrera y que brinda talleres de capacitación en estrategia no-violenta a varios colectivos de familiares de desaparecidos, liga las brigadas de búsqueda a las discusiones internas del MPJD en 2011. En aquel tiempo, frente a la inacción de las autoridades, varias personas propusieron la realización de brigadas, pero la idea fue rechazada por otros líderes del MPJD. “Desde el inicio propusimos […] brigadas de búsqueda. Hubo una discusión clave […]. Para la brigada se necesitaba mucha infraestructura. [Entonces] se atajó el problema con la dificultad de infraestructura […]. No se pudo avanzar por esa lógica institucional” (entrevista personal, 25 de febrero de 2020). Pietro recuerda que el argumento a favor de la brigada era que debía realizarse como un acto de desafío a la autoridad, para hacer lo que la autoridad no estaba cumpliendo, independientemente de si se contaba con el apoyo de peritos forenses. Sin embargo, dado que el MPJD había establecido un proceso de diálogo con el Poder Ejecutivo, la idea no avanzó. “La acción directa no-violenta es muy violenta para la autoridad […]. La negociación implica relaciones que no se pueden romper con el adversario […]. Entonces, hacer una brigada de búsqueda en el MPJD era gigante y muy fuerte; por eso no la impulsaron”, considera Pietro (entrevista personal, 25 de febrero de 2020).

Así, aunque el MPJD no realizó acciones directas como brigadas de búsqueda, sostengo que la presencia de sus participantes en los espacios y las redes sociales de los colectivos propició la difusión de las ideas en torno a esta práctica contenciosa. Las redes sociales son estructuras llenas de significados que surgen de la interacción humana (^{Mische, 2003}; ^{Edwards, 2014}a); dado el contexto impuesto por la tragedia de Ayotzinapa y las condiciones de las redes sociales impulsadas por el MPJD, las ideas de activistas como Pietro o familiares de víctimas como los Trujillo Herrera son fundamentales para entender cómo las brigadas se convirtieron en una de las principales acciones en el campo contencioso para detener la guerra en México. Además, la ineficacia y la falta de voluntad de las autoridades también han sido claves en la adopción de esta práctica. Angélica Rodríguez recuerda que algunos de los colectivos que formaban el MNDM y que eran parte de la Red de Enlaces Nacionales comenzaron a comparar experiencias regionales y encontraron que, al notificar a las fiscalías sobre el hallazgo de cuerpos, “las autoridades no buscaban como las familias; si veían un indicio o un hueso, siempre trataban de decir que era de un animal. Para ellos, esos pequeños indicios no son importantes. La diferencia con las familias es que para nosotros es súper importante saber de quién es” (entrevista personal, 4 de marzo de 2020). Esto motivó a más colectivos a participar en las brigadas.

Las decisiones en torno al tipo de acciones de un actor contencioso afectan la unidad de los movimientos sociales y las posibilidades de acciones posteriores (^{Sawyers y Meyer, 1999}). En entrevista, Javier Sicilia reconoce que fue “un grave error” oponerse a las brigadas y a otras acciones -incluidas huelgas de hambre- como parte de una “segunda fase” de movilización en el MPJD (entrevista personal, 27 de junio de 2020). Este rechazo, sin embargo, causó insatisfacción entre múltiples participantes, así que estas personas empezaron a trabajar en la logística de la búsqueda de personas desde otros espacios organizativos. Entonces, al menos en parte dado que el caso Ayotzinapa tuvo una influencia muy relevante, la falta de organización de brigadas del MPJD provocó que las ideas en torno a estas acciones se difundieran de manera relacional. Así, “los familiares de víctimas […] empezaron […] a organizarse tomando algo de experiencia del MPJD, o no, y se multiplicaron, crearon redes […]; asumieron ellos lo que no habían hecho otros grupos, movimientos ni el Estado”, considera Pietro (entrevista personal, 25 de febrero de 2020).

Si bien se podría pensar que la difusión de una acción no realizada es empíricamente imposible, debe tenerse en cuenta que la difusión implica no sólo la apropiación de ideas de múltiples fuentes, sino una adaptación y modificación que suele generar nuevos modelos de acción (^{Snow y Benford, 1999}; ^{Van Eerdewijk y Roggeband, 2014}). En ese sentido, mi argumento no es que los colectivos reprodujeron en automático un elemento del repertorio del MPJD, sino que adoptaron y adaptaron las ideas en torno a una práctica que fue discutida, pero rechazada, por algunos líderes de éste.

Además, es importante destacar que la relevancia de la búsqueda de personas desaparecidas en el país también ha influido en el MPJD. En 2016, varios participantes que laboraban en el Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos trabajaron junto con diversos colectivos -entre los que destaca Regresando a Casa Morelos- para impulsar la apertura de las fosas de la comunidad de Tetelcingo, en las que el gobierno del estado inhumó 119 cuerpos sin respetar los protocolos forenses (^{Romo y Villanueva, 2016}). “Dimos con estas fosas y convertimos a la universidad en un modelo […]. Aunque me había negado a la búsqueda de desaparecidos, a ir a escarbar, terminamos a final de cuentas también nosotros haciéndolo desde la universidad”, comenta Javier (entrevista personal, 27 de junio de 2020). Es decir, el impacto que han tenido las nuevas formas organizativas y los nuevos repertorios contenciosos de los colectivos también ha incidido en el actor colectivo que fomentó su difusión en primer lugar. Esto permite observar un efecto búmeran. Sin embargo, a diferencia del efecto búmeran identificado por Veronica ^{Terriquez (2015}) -en el cual las estrategias de A son adaptadas por B para lograr diferentes objetivos, pero, al hacer esto, B termina promoviendo los objetivos de A-, en este caso, las estrategias no adoptadas por A fueron implementadas por B y, dada la trascendencia de B, posteriormente tuvieron que ser adoptadas y adaptadas por A.

Conclusión

Durante los años más activos del MPJD, las caravanas y la presentación pública de testimonios fracturaron el discurso oficial en torno a la violencia y llevaron el dolor de los familiares de las víctimas a la esfera pública en el ámbito nacional. Las movilizaciones y el cabildeo del MPJD hicieron que la élite política apoyara la demanda de una ley que reconociera los derechos de las víctimas. Si bien el desenlace del proceso político desmovilizó al MPJD, muchos de los participantes comenzaron a organizar colectivos en prácticamente todos los estados del país para seguir enfrentando a las autoridades y exigir así la búsqueda de las personas desaparecidas. Ante la ineficacia del gobierno para cumplir con sus responsabilidades, los colectivos decidieron hacer las cosas por su cuenta y organizar brigadas independientes de búsqueda con el apoyo de múltiples actores. Con este nuevo repertorio de acción, los familiares de personas desaparecidas han desafiado directamente a las autoridades y a los grupos criminales, y revelado las múltiples dimensiones de la violencia criminal y la violencia política. Además, todo esto incidió en las acciones del MPJD que, a pesar de la negativa de algunos líderes para realizar acciones directas en torno la búsqueda de personas, se ha involucrado junto con los colectivos en la búsqueda y apertura de fosas clandestinas y ha demostrado que no sólo los delincuentes desaparecen personas, sino también los gobiernos.

En otras palabras, el análisis desarrollado en estas páginas sugiere que una de las consecuencias culturales del MPJD fue impulsar la formación de una comunidad de movimiento social en contra de la violencia de la guerra en México; una comunidad que ha enfrentado las negaciones y los silencios de tres diferentes gobiernos en torno a la violencia extrema en el país. El proceso de formación de esta comunidad de movimiento social se dio con el efecto de spillover del MPJD mediante la difusión relacional, puesto que propició la organización de nuevos grupos que adoptaron nuevos repertorios de acción. Así, esta comunidad tiene una cultura contenciosa con, al menos, dos elementos fundamentales que la distinguen de otros campos de protesta: la organización de colectivos liderados por familiares de víctimas de desaparición y el repertorio de acción en el que destacan las brigadas de búsqueda de personas.

Algunos estudios han encontrado que, si bien las organizaciones todavía tienen un papel importante en la movilización social, otros grupos más fluidos y menos formales se han multiplicado en los últimos años en diversas regiones del mundo (^{Roggeband y Duyvendak, 2013}; ^{Van Stekelenburg y Boekkooi, 2013}). La formación de los colectivos reitera este hallazgo, puesto que son grupos sin membresías fijas y con una amplia rotación entre sus participantes. Además, la acción de estos colectivos confirma que los desafíos planteados de manera inicial por un movimiento social pueden ser sostenidos, aunque transformados, por otros actores que adoptan sus modelos organizativos e ideas para campañas contenciosas relacionadas con el mismo campo (^{Meyer y Whittier, 1994}).

No obstante, es importante reconocer los límites de este estudio en función de que la difusión es multidimensional, por lo que cualquier trabajo sobre el tema sólo puede discutir un fragmento pequeño de fenómenos sociales que siempre son muy complejos y amplios (^{Givan, Roberts y Soule, 2010}). Además, desde un enfoque diferente sobre cómo analizar las consecuencias culturales de un movimiento social, un posible estudio posterior podría enfocarse en los cambios y las continuidades en los artefactos culturales (^{Van Dyke y Taylor, 2019}) que se utilizan en las movilizaciones en contra de la violencia de la guerra; por ejemplo, las consignas, los símbolos, el arte o los textos que se producen a partir de las protestas de los familiares de víctimas.