Estado y crimen organizado

A finales de 2006, México entró en una guerra contra el crimen organizado que prácticamente militarizó la sociedad e impuso estados de sitio. En ningún periodo de la historia moderna los aparatos de seguridad estatal habían tenido tanto poder y dinero como durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto (^{López, 2017}). A escasos días del inicio del mandato de Calderón, se anunció la primera estrategia nacional contra la violencia en Michoacán, donde los enfrentamientos armados con el crimen organizado habían contribuido a incrementar las tasas de violencia de forma alarmante. La militarización de la sociedad michoacana implicó el desplazamiento de civiles por militares a cargo de direcciones de seguridad pública municipal y estatal. Pese a ello, los enfrentamientos armados y la violencia criminal no disminuyeron. Desde 2000, el cártel de los Zetas penetró en el territorio michoacano con el fin de controlar el mercado ilegal de droga, pero se enfrentó contra organizaciones locales que terminaron desterrándolo. De dichas organizaciones nació La Familia Michoacana, en plena lucha militar contra el narcotráfico, extendiendo su dominio durante el sexenio de Calderón. El hecho de que La Familia Michoacana y, posteriormente, Los Caballeros Templarios hayan podido sobrevivir a las campañas oficiales de desarticulación no sólo fue una cuestión de habilidad criminal, sino resultado de las formas en que el crimen organizado se ha incrustado entre la población civil y el gobierno. Este elemento permite dimensionar parte de la historia detrás de los grupos civiles armados y qué tipo de reivindicaciones enarbolan en ciertos contextos. Un breve panorama histórico puede ayudarnos a comprender cuáles son esas relaciones construidas y cómo influyeron en el surgimiento y la evolución de los grupos civiles armados.

En 1959, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un batallón de infantería a la región de Tierra Caliente (desde entonces principal centro de operaciones del narcotráfico), con el propósito de combatir el narcotráfico y la violencia. Entre 1959 y 1965 resaltan tres aspectos. El comandante del batallón redactó en boletines mensuales que, primero, el combate al narcotráfico ameritaba la aplicación de una guerra irregular diferente a los protocolos castrenses de ese tiempo.³ La guerra irregular significaba que, dada la geografía, el desarme a campo abierto, asaltos armados a patrullas militares, no se podía operar con manuales que pusieran en juego la vida de los soldados. Segundo, el problema del narcotráfico no podía erradicarse sin que no se ejerciera acción penal expedita para aquellos que habían sido capturados, pues más tardaban en aprehenderlos que en soltarlos por artificios legales. Se afirmaba que el narcotráfico tampoco podría ser erradicado sin combatir los nexos con el poder público, pues varios traficantes gozaban de protección política desde Morelia. Tercero, debido a que el combate contra el narcotráfico dependía de permanencia militar en el campo y de un contacto estrecho con la población civil, el comandante, en lugar de seguir enviando tropas a destruir cultivos ilícitos y desarmar a civiles en condiciones difíciles que costaban la vida a los soldados, ideó la estrategia de reclutar a los propios pobladores para entrenarlos, adiestrarlos y reenviarlos a sus localidades para que ellos mismos combatieran a los delincuentes y traficantes (^{Veledíaz, 2010}).

Aunque no conocemos los resultados prácticos de dicho plan, debido a que el batallón fue trasladado a Iguala, Guerrero, nos parece que esta experiencia evidencia relaciones complejas entre población rural, fuerzas estatales y narcotráfico. Cuando el comandante planeaba el reclutamiento, también fueron muy importantes las llamadas defensas rurales, las cuales gustaban de “placearse armados” en los pueblos sin recato alguno, según Juan ^{Veledíaz (2010)}.⁴ Aunque el ejército debía realizar revisiones periódicas de dichos cuerpos de defensa rural, muchas veces operaban sin control. La historia agraria contiene episodios contrastantes de cómo algunas defensas rurales terminaron siendo el gatillo fácil de intereses faccionales de distinto signo.⁵ Por ejemplo, en un telegrama fechado el 10 de septiembre de 1965, solicitantes de tierras de Coalcomán denunciaron ante el gobernador estar siendo víctimas de los terratenientes “en virtud de tener ellos las armas de la Defensa Rural”.⁶

Estas experiencias históricas conllevan varios aspectos sobre la trascendencia de los grupos civiles armados. En primer lugar, las formas de reclutamiento que el comandante llevó a cabo reprodujeron códigos de justicia privada y de organización comunitaria que trascendieron con el tiempo. En segundo lugar, ningún tipo de lucha armada podría practicarse sin tomar en cuenta las relaciones del Estado con el poder informal, ya fueran caciques, narcotraficantes o ambos.⁷ En tercer lugar, ya que sabemos que varias regiones michoacanas estaban dedicadas al cultivo de droga, el poder fáctico del narcotráfico implicaba una red de complicidades y silencios entre la población civil que aseguraba cierta supervivencia. Por lo tanto, la organización de la violencia a nivel local y regional alrededor de estos elementos constituyó el escenario perfecto para la generación de formas de defensa civil, en las que casi nadie de los pobladores estaba exento del uso de armas como signo de poder, masculinidad, protección personal y un medio de justicia privada. De hecho, miles de documentos del archivo histórico retratan la violencia rural por vendettas.

De esta forma, sociedades rurales insertas en el narcotráfico se distinguieron por estar ampliamente armadas y dispuestas a luchar por sus intereses, pasiones y protección. Carlos Flores (2009: 171) documenta la operación llamada Pulpo, realizada durante la década de los años setenta; el autor narra las dificultades del ejército para combatir el narcotráfico debido a los caciques y grupos armados de las comunidades rurales, de manera que eran objeto de enfrentamientos armados en medio de la sierra o tenían que negociar el paso de droga a cambio de dinero. Como veremos más adelante, la fuerza armada estatal, el narcotráfico y los poderes locales dieron lugar a un campo de poder complejo y dinámico, al que los pobladores tenían que adaptarse para sobrevivir, legitimando formas de violencia que no necesariamente obedecían al formalismo jurídico. Para visualizar las formas de autodefensa que surgieron de estos órdenes informales, profundizaremos en la región del sur de Michoacán, con el fin de comprender cuál es el significado de los grupos de autodefensa en contextos de violencia criminal.

El sur de Michoacán

Las campañas del ejército contra el cultivo y el trasiego de droga en Michoacán se enfrentaron a una situación mucho más compleja que difícilmente pudo ser visualizada en toda su magnitud. En regiones con cultivos ilícitos también proliferaron mercados ilegales. El narcotráfico convivía ampliamente con economías ilícitas de madera, tabaco, minería, droga y armas. En medio de estos mercados ilegales, diversos grupos sociales desarrollaron experiencias de defensa, resiliencia y adaptación para enfrentar situaciones adversas, dado que las instituciones de procuración de justicia no existían al alcance de las manos o estaban cooptadas. Son estas experiencias sociales el sedimento que ha compuesto el resurgimiento del Michoacán armado de nuestros días.

Desde las décadas de los años sesenta, setenta y particularmente los ochenta, las luchas contra el narcotráfico por el Estado en las que se vio involucrada la población civil dieron lugar a fuertes conflictos y movilizaciones sociales. En medio de enfrentamientos armados para erradicar el narcotráfico, se desarrollaron conflictos postelectorales en 1988 y 1989, donde las sociedades rurales estuvieron dispuestas a enfrentar la fuerza estatal con armas en mano, debido al famoso fraude electoral y la represión. El narcotráfico regional, proclive a ideas de la entonces oposición partidista, comenzó a apoyar a algunos líderes populares e incluso a armar pobladores contra la represión estatal, que llegaba a sitiar poblados por varios días. Similarmente, el ejército repartió estratégicamente decenas de partidas militares en lugares donde se presumían fuertes conflictos postelectorales. Literalmente llegaron a imponerse estados de sitio. Tan sólo entre 1989 y 1994, fueron asesinados o desaparecidos alrededor de 50 líderes políticos michoacanos, muchos de los cuales eran originarios de Tierra Caliente (^{Beltrán del Río s/f: 19}).⁸ Durante esos años, el ejército lanzó aguerridas campañas contra el narcotráfico y la delincuencia. En 1988 y 1989, la erradicación de cultivos de droga y trasiego aumentó significativamente; las cifras superaron el total de decomisos y aseguramiento de droga de toda una década (^{Maldonado Aranda, 2012}). Ello significó un despliegue inmenso de las fuerzas armadas precisamente en un momento de guerra de baja intensidad, en que la movilización social contra el fraude electoral se tornaba más enconada y las armas salían a relucir en cualquier momento.

Durante los años noventa, las relaciones entre los pobladores rurales, las fuerzas estatales y el narcotráfico cambiaron dentro del campo político. El problema del crimen organizado había escalado a niveles superiores, debido a la creciente demanda internacional de droga, los nuevos nexos con cárteles colombianos para el trasiego de cocaína y la expansión de cultivos de droga en Michoacán. Pronto surgieron los primeros esfuerzos por transformar a los traficantes en grandes organizaciones criminales. El cártel del Milenio fue el primero en tejer redes de conexión política y económica más sofisticados. Posteriormente, los Zetas crearon un emporio criminal mediante la extorsión y el secuestro. Conforme los cárteles se transformaron en organizaciones criminales sofisticadas e integradas por la misma población rural para tareas de vigilancia, la violencia también cambió significativamente. Después de que el cártel del Milenio fue fracturado y Los Zetas dominaron por un corto tiempo, La Familia Michoacana reprodujo una estructura criminal más sofisticada e involucró a grupos de la población en sus filas, como sicarios.

Cuando La Familia Michoacana se debilitó en 2010, por medio de fuertes campañas federales en su contra y conflictos internos, la reemplazaron Los Caballeros Templarios. Esta organización criminal se dio a conocer mediante un discurso público de defensa de los michoacanos frente a la violencia. Los Templarios volvieron a integrar grupos de sicarios muy bien estructurados sobre la base de liderazgos fuertes y un fervor religioso que, excéntricamente, inculcó entre la organización delictiva. Cuando los Templarios lograron convertirse en el cártel más poderoso, sus grupos milicianos practicaron estilos de lucha, tortura y desaparición muy similares a los paramilitares centroamericanos (^{Kruijt, 2010}). Desafortunadamente, la violencia también era ejercida por la fuerza estatal, en situaciones perversas de desconfianza y venganza.

En resumen, lo que parece una constante histórica de estas sociedades rurales es que la única fuente de justicia o la más efectiva, el único medio para obtener un poco de tranquilidad local, era un cierto tipo de actitud de defensa, resistencia o resiliencia, ya fuera a nivel familiar o comunitaria, que posibilitara sortear las violencias entre la militarización y el narcotráfico. Las rondas comunitarias habían respondido a diversas formas de violencia intracomunitaria, del Estado y el narcotráfico, tal como los nahuas de Ostula, documentados por John ^{Gledhill (2017)}. Los grupos de autodefensa vieron cuestionados sus valores de propiedad, familia y moral, que soportaban un tipo de legitimidad social de la violencia. Por lo tanto, cuando los Templarios llegaron a cometer atrocidades entre la población, trastocaron varias estructuras sociales de la violencia, legitimadas por el honor, la valentía y la justicia, lo que hizo posible una respuesta comunitaria. Este ambiente rodeado de pólvora parecía confirmar que se estaba configurando un nuevo campo de batallas civiles armadas.⁹

Grupos civiles armados

El año 2011 es recordado como una fecha lamentable para Michoacán. En ese año se inició un proceso de reconfiguración de la hegemonía política y criminal de profundas consecuencias: el nacimiento de los Templarios; el desplazamiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la gubernatura por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una reconfiguración espacial del poder regional y local bajo soberanías criminales (^{Pansters, 2015}).

De 2011 a 2013, los Templarios habían corroído las economías regionales más dinámicas y cooptado instituciones locales, mientras que el gobierno estatal y el municipal habían dejado la seguridad local a cuerpos policiales coludidos con el crimen. Conforme los Templarios fueron ampliando el control de instituciones estatales y la criminalidad común, también pudieron escalar a otras esferas, como el dominio de poderosas economías transnacionales (aguacate, berries, minería, madera, cítricos, etcétera), montando sobre ellas economías criminales a través de extorsión, secuestro, desposesión de propiedades, control de precios, de acuerdo con ^{Gledhill (2017)}. En este contexto, la violencia criminal logró dominar la vida pública y pueblerina, transformando ampliamente el orden informal en el que las personas se acomodaban de una u otra forma entre las violencias. Todos los agravios morales en forma de expulsión de personas de su lugar de origen, extorsión, secuestro, presiones criminales a políticos para protegerlos, cobro de cuotas a los ayuntamientos, etcétera, del nuevo orden criminal se habían generalizado entre la población, formando parte de la tormenta perfecta que posibilitó el surgimiento de los grupos civiles armados.

En este contexto, el primer experimento formal de grupos civiles armados comenzó a fraguarse desde 2009, cuando en el municipio de Cherán se generó una pugna intestina entre liderazgos políticos de los partidos. Por primera vez el PRD perdió la presidencia municipal contra el PRI, lo que generó varios asesinatos y desapariciones que no fueron aislados de la violencia organizada. En 2011, las pugnas políticas se interrelacionaron con añejos conflictos agrarios y la violencia criminal. Así, en la cabecera municipal de Cherán se inició un movimiento social en contra de la tala clandestina del bosque comunal, protegida por el crimen organizado. Ello dio lugar a la expulsión de autoridades municipales y la formulación de un proyecto de gobierno de usos y costumbres. Mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, se expulsó a los partidos políticos y el pueblo eligió su propio gobierno a partir de representantes barriales.

El caso es emblemático porque es el primer municipio cuyo movimiento social auspició una ronda comunitaria, bajo el discurso del crimen organizado para luchar por el control del orden local. La ronda fue un actor armado muy importante en los enfrentamientos por el poder municipal y del bosque en particular. De acuerdo con información periodística, la ronda fue entrenada por un soldado del ejército originario del mismo municipio indígena. Un reportaje menciona: “Al principio, se dice, fue uno de los pobladores de Cherán, un ex militar el que a regañadientes aceptó enseñar lecciones básicas de protección personal a sus compañeros. Pero ahora, después de la visita de las policías comunitarias de Guerrero y de la Policía Federal, deberían tener entrenamientos regulares como cualquier policía del país”.¹⁰ Este tema es muy importante porque al principio la ronda se presentó públicamente como un grupo de hombres con armas viejas y palos, pero rápidamente, conforme crecían las tensiones internas, llegó a portar armas de grueso calibre, e incluso algunos de sus integrantes vestían uniformes militares de imitación.

Después del reconocimiento oficial del gobierno tradicional, la ronda se instituyó como el cuerpo de seguridad mediante el cual se cuida el bosque y a la ciudadanía. Trabaja en coordinación con la Procuraduría para atender delitos de fuero común y federal, y supervisa castigos por delitos menores otorgados por las autoridades locales. Desde 2011, las rondas comunitarias se extendieron a la región indígena en medio de conflictos agrarios, políticos y de delincuencia de larga data.¹¹ Lo más significativo de los casos quizá radique en que es la primera vez que las disputas políticas y agrarias se libran en medio de una lucha soterrada por el control de los aparatos de seguridad local bajo el discurso del crimen organizado.

De las rondas a las autodefensas

En el mismo año en que surgieron las rondas en la región purépecha, en la comunidad nahua de Ostula, municipio de Aquila, también se dio a conocer la policía comunitaria. La tala ilegal del bosque y la explotación minera de tierras comunales reactivaron la policía comunitaria que había funcionado años atrás, tal como ^{Gledhill (2017)} lo ha documentado. Al igual que en Cherán, la comunidad de Ostula se enfrentó a fuerzas armadas estatales y grupos criminales mucho más peligrosos. Estas experiencias fueron reivindicadas, al menos ideológicamente, por grupos civiles armados que dos años más tarde florecieron en otras regiones serranas o mestizas.

En el municipio de Tepalcatepec y la comunidad de La Ruana, del municipio de Buenavista, de la región de Tierra Caliente, el 24 de febrero surgieron grupos civiles armados en contra de la inseguridad. Lo más llamativo de los grupos civiles armados fue la portación de un sofisticado armamento, con costosas camionetas, dispuestos a expulsar a sus victimarios. En pocas semanas las autodefensas lograron expandirse a nivel regional, donde los sicarios habían destrozado familias, economías e instituciones. Al menos tres actores jugaron un papel significativo en el movimiento. Uno de ellos fueron los grandes empresarios agrícolas, comerciantes, ganaderos, agricultores y migrantes exitosos. Si tradicionalmente habían sido un sector cautivo en cuanto a cuotas ilegales, este sector adinerado parece que ya no estuvo dispuesto a seguir soportando más exigencias ni a aceptar extorsiones de los Templarios.

Esta situación tuvo lugar en el mismo año en que el precio del limón había bajado drásticamente en el mercado, el comercio del ganado se redujo por las cuotas ilegales y la economía del aguacate estaba ante un proceso de cooptación preocupante que amenazaba el comercio internacional. De esta manera, varios grupos económicos poderosos estaban detrás de algunos grupos de autodefensa, financiándolos y organizándolos en cuadrillas para vigilar las entradas y salidas de los pueblos y sus negocios. Estos grupos económicos aprovecharon la indignación de cientos de pobladores por la violencia contra ellos y sus familias, como lo registraron Romain ^{Le Cour Grandmaison (2016)}, Salvador ^{Maldonado Aranda (2014)} y Édgar ^{Guerra Blanco (2017)}.

El ejército también jugó un papel central en el surgimiento de las autodefensas. En la década de los años sesenta del siglo XX, llegó a la región para combatir el narcotráfico, y desde entonces sigue presente en distintas modalidades. Es claro que se ha acomodado a las distintas configuraciones del orden informal dominante durante el tiempo que lleva ahí. Sus posiciones con la población y el narcotráfico cambian de acuerdo con los ciclos de mayor o menor predominio de los cárteles, la visión de los comandantes regionales y la misma presión de la sociedad regional para tolerar (o no) el uso de armas para su defensa, el cultivo de droga y las injusticias. Cuando surgen las autodefensas, su posición fue ambigua; al parecer, una fracción castrense conoció de cerca los preparativos del movimiento, pero otras fracciones no fueron informadas de los arreglos, según algunos líderes. Con mucha reserva, tanto responsables autodefensas como personas cercanas a ellos han filtrado datos que, de manera inverosímil, apuntan a que, al principio, los fundadores del movimiento sostuvieron pláticas con miembros del ejército destacados en la región de Tierra Caliente y Sierra. El líder Hipólito Mora informó que se reunió con un alto miembro del ejército antes del levantamiento, y que obtuvo su apoyo. Dijo también haber negociado que el día del levantamiento sería enviado un grupo de militares para evitar cualquier situación inesperada en la reunión pública con el pueblo.¹²

En uno de los primeros enfrentamientos que se suscitaron en La Ruana, el gobierno federal rechazó el uso de armas por parte de las autodefensas, pero la población se quejó de cómo era posible que en un principio el ejército había armado al pueblo para defenderse de los Templarios y luego querían quitárselas.¹³ En entrevistas realizadas por mí, se ha sugerido que algunos militares vendieron armamento a las autodefensas, decomisado a los Templarios, pero no hay evidencia concreta. Por su parte, el “Comandante Cinco”, un importante ex líder de autodefensas, aceptó públicamente: “Yo he sido militar y sé que nos capacitan para resistir la presión y que no nos salgan tiros a lo pendejo [...]”.¹⁴ Raúl ^{Zepeda Gil (2016: 137)} le hizo otra entrevista en la que “narra que fueron entrenados por algunas semanas en instalaciones militares y después se incorporaron a las tareas de búsqueda e inteligencia”. Otro integrante de las autodefensas de Tepalcatepec comentó en una entrevista periodística: “Desde meses antes del surgimiento de las autodefensas, el gobierno se comenzó a reunir con la gente de ‘Tepeque’. Las reuniones, a las que acudían militares, se hacían en un salón de fiestas que es de Farías, el cual está en la salida a Coalcomán”.¹⁵

En relación con el ejército, algunos grupos o líderes de la defensa rural también jugaron un papel relevante en el levantamiento.¹⁶ En una entrevista hecha por mí, un integrante de la defensa rural de la región de Apatzingán, bajo anonimato, comentó que algunos de ellos habían asesorado a integrantes de grupos de civiles armados, de manera que no se enterara la comandancia estatal de la defensa rural, por temor a represalias. La sede de la defensa rural de la región de Apatzingán es la segunda más importante del estado, luego de la región de Zacapu, que concentra alrededor de 1 000 integrantes afiliados, mientras que la de Apatzingán, alrededor de 500.¹⁷

Después de que se hizo público el caso de que el comisionado Alfredo Castillo¹⁸ supuestamente se había reunido en Tepalcatepec con una persona apodada “El Abuelo”, para negociar algún posible acuerdo sobre las autodefensas, dicho personaje fue identificado como miembro de un grupo de defensas rurales que, según se dijo, estuvieron detrás del movimiento de autodefensas, entrenando gente y apoyando logísticamente.¹⁹ Posteriormente, cuando las autodefensas se transformaron en policía rural, volvió a difundirse que “El Abuelo” estuvo al frente del entrenamiento de policías rurales, pero que él no formaría parte de ellas, ya que había cumplido una sentencia por narcotráfico.

En síntesis, el elenco de actores evidencia que había más de un grupo de poder con brazos armados alrededor de las autodefensas. Estos datos apuntan que, en realidad, desde su inicio, estaban siendo objeto de luchas internas por cambiar la hegemonía político/criminal edificada desde 2011. Además del ejército, grupos económicos y la defensa rural, algunos ex líderes de cárteles disfrazados de comunitarios, sicarios arrepentidos, perdonados e infiltrados, movieron los grupos civiles hacia ciertos fines particulares. Dentro de nuestras pesquisas, también fueron identificados por lo menos cinco ex presidentes municipales de filiación perredista que eran líderes de grupos en sus regiones, tal como en Coalcomán y Aguililla. Estos actores difícilmente podían actuar sin consultas, conversaciones o alianzas con grupos políticos de alcance regional y estatal.

Dados estos elementos, podemos afirmar que había un proceso de contestación a la hegemonía político/criminal implantada por los Templarios en 2011, por parte de varios grupos civiles, rondas y actores sociales. Por lo tanto, el movimiento de autodefensas no hubiera sido posible sin una alianza tácita o velada entre el sector empresarial agrícola, ex miembros de antiguos cárteles expulsados de la región, algunos políticos, un sector muy específico de las fuerzas castrenses y de la Defensa Rural,²⁰ los cuales aprovecharon y capitalizaron el agravio social a nivel comunitario para cambiar el orden informal impuesto entre la fuerza del Estado y la violencia del crimen. Así, no estamos ante un fenómeno de paramilitarismo atribuido a una estrategia oficial, ni ante una lucha civil armada subalterna desvinculada del juego del poder político y criminal. Estamos ante un nuevo ciclo de luchas político/armadas en que la legitimidad de la violencia se encuentra en debate.

La policía rural

En enero de 2014, el proceso de contestación a la hegemonía político/ criminal llegó a su límite. Tras la “toma” de nuevas localidades de Tierra Caliente por parte de autodefensas, se desataron varios enfrentamientos armados y bloqueo de carreteras con camiones incendiados, que ocasionaron varias muertes entre la población civil.²¹ Conforme se controló la situación, el gobierno nacional finalmente declaró que las autodefensas tenían que ser regularizadas y no podían seguir armadas, imponiendo sus propias reglas. Se dio instrucciones al ejército de desarmarlas, pero nuevamente la población respondió con enojo, como en ocasiones anteriores. Las tensiones volvieron a desatarse, lo que provocó la muerte de varios civiles. Este hecho marcó un punto de inflexión y una estrategia distinta, ya que los grupos civiles armados se habían replicado en otros puntos del país, además de la infiltración criminal del movimiento armado. El gobierno resolvió nombrar un comisionado federal para restablecer la seguridad en Michoacán.

Tras el nombramiento del comisionado, las autodefensas se convirtieron en el tema prioritario del restablecimiento de la gobernabilidad rebelde (^{Arjona, Kasfir y Mampilly, 2015}). El primer paso fue una convocatoria para la coordinación entre todas las fuerzas armadas para enfrentar el crimen organizado. Esto fue el inicio del proceso de legalización de los grupos civiles, en el entendido de que no podían actuar al margen del gobierno, pero sí con armas y de forma organizada y coordinada con las fuerzas del Estado (^{De Mauléon, 2014}).

El comisionado llegó en un momento clave en que los diversos grupos civiles podían tomar decisiones arriesgadas, como de hecho ya estaba sucediendo, sobre alianzas inconfesables; entonces se daría inicio a una paramilitarización en el sentido colombiano documentado por María Teresa ^{Landeros (2015)}, ya fuera que el sector empresarial usara grupos civiles armados para protegerse o que el ejército tomara partido por tolerar a algún grupo armado en aras de restablecer la seguridad. Los Templarios, todavía fuertes bajo el liderazgo de “la Tuta”, podrían ganar la partida, puesto que seguían controlando áreas muy importantes de la economía criminal, ya que sus “jefes de plaza” lograron negociar o protegerse hábilmente de la limpieza social de las autodefensas. Algunos grupos de autodefensa propusieron desarticular el crimen organizado, pero en realidad hacer el trabajo sucio para el ingreso de otros cárteles. Era el momento más delicado acerca del futuro de la seguridad regional.

Así, las primeras negociaciones puestas en práctica entre las autodefensas y el comisionado tenían como finalidad contener el movimiento armado. Se acordó que las autodefensas se incorporaran a cuerpos de defensa rural regulados por el ejército; se aceptó registrar las armas, mientras que el ejército se comprometió a proporcionar herramientas de comunicación, traslado y operación técnica. Todo fue aceptado, excepto que el ejército y la dirección estatal de defensa rural afiliaran a autodefensas a sus organizaciones. Sectores del primero siempre miraron con malos ojos a algunos autodefensas, pues implícitamente pusieron en cuestión su control de la seguridad regional, algo por lo que no estaban muy contentos, después de todo. Además, si efectivamente alguno que otro autodefensa mantenía pláticas con líderes criminales, la corporación tenía suficiente razón para dudar de las demandas legítimas del movimiento.

Conforme avanzó 2014, el comisionado y el Consejo General de Autodefensas, órgano que aglutinaba a todos los grupos y facciones, fijaron una fecha para dar por concluidas las demandas del movimiento armado, con la condición de erradicar la criminalidad. En estos mismos meses se agudizaron los problemas internos entre los grupos de autodefensa; la infiltración había rebasado las declaraciones de los líderes; algunos grupos estaban comenzando a tejer redes de protección de traficantes locales. Este tipo de problemas incrementó el grado de incertidumbre del movimiento; el principal líder, José Manuel Mireles, había sufrido un accidente que lo había alejado del debate, y tras su recuperación se desconoció su papel y se le expulsó del movimiento. Frente a esta situación, el comisionado negocia un plazo perentorio para la institucionalización de los grupos de autodefensa.

Con base en argumentos de que el gobierno nacional estaba cumpliendo varios acuerdos y demandas de las autodefensas (el gobernador interino fue sentenciado penalmente por presuntos vínculos con los Templarios, así como dos presidentes municipales y varios funcionarios), se acordó en una inédita reunión que la fecha final de desarme sería el 10 de mayo de 2014.²² El comisionado estaba ganando terreno e imponiendo varios puntos de la agenda de negociación por las fracturas del movimiento, en parte incentivadas por él, por lo que las relaciones de colaboración fueron deteriorándose, al grado de generarse una división de grandes proporciones entre los grupos. La facción que desconoció a José Manuel Mireles como líder, dirigida por Estanislao Beltrán, alias “Papá Pitufo”, estaba integrada por personas cuestionadas por probables vínculos con el crimen organizado. De hecho, ya se venía comentando en diversos medios periodísticos el nacimiento de un nuevo cártel llamado los H3 o Nueva Hermandad, compuesto por autodefensas, ex Templarios y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representando la cuarta generación de la delincuencia.²³ La otra facción de autodefensas, dirigida por Mireles, estuvo integrada por grupos de autodefensa de la sierra/costa michoacana, en la que convivieron líderes indígenas y mestizos. El conflicto abierto entre las facciones había escalado a otras dimensiones, como rivalidades personales y quejas contra algunos grupos por haber negociado nuevamente con el crimen organizado para imponer su propia ley, bajo el amparo del gobierno federal.

A pesar de que el comisionado había pactado una tregua para desmovilizarse, Mireles y los grupos de la sierra/costa pretendieron tomar el puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, donde se concentraban la mayoría de actividades ilegales, como la utilización de precursores químicos para elaboración de droga sintética, y principal almacén de mineral ilícito exportado a Asia. Tras el intento de tomar el puerto, se generó un enfrentamiento entre grupos armados de muy dudosa y diversa filiación. La masacre de varios jóvenes en un puesto de control en la costa michoacana es un ejemplo de cómo algunos traficantes locales, autoridades y milicias armadas pudieron camuflarse en autodefensas y cometer fechorías y manipulaciones insensatas.²⁴ En esa masacre se encontraron presuntos uniformes militares y armamento enterrados bajo tierra, pero la multiplicidad de grupos iba desde supuestos autodefensas pagados por el “jefe de plaza”, autodefensas afines a Mireles, hasta grupos infiltrados.

En medio de este escenario, a partir del 10 de mayo de 2014, las autodefensas dejaron de existir oficialmente.²⁵ Se les propuso integrar un cuerpo policial denominado Fuerza Rural; lo mismo sucedió con algunas rondas y policía comunitarias, bajo el nombre de Fuerza Rural Indígena.²⁶ También hubo otro caso contrastante.²⁷ Dada la preocupante infiltración, se procedió a aplicar exámenes psicológicos, investigación judicial, prueba toxicológica y física o de entrenamiento para pasar a formar parte del nuevo agrupamiento. Una cantidad aproximada de 5 345 autodefensas se registraron en primera instancia, los cuales provenían de más de 37 municipios controlados por diversos grupos civiles armados.²⁸ Al final, sólo fueron reconocidos 850 elementos, a los cuales se les dotaría de uniformes, vehículos y armamento registrado, pero una serie de problemas administrativos y políticos retrasaron su equipamiento y reconocimiento oficial. Adicionalmente, se generó una fuerte crítica de varios sectores políticos y sociales, incluidos algunos grupos de autodefensas de la sierra/ costa, por el reclutamiento de varias personas acusadas de haber pertenecido al crimen organizado. Pese a ello, el nuevo agrupamiento policial se subordinó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de una manera un tanto irregular.

De forma paralela a Fuerza Rural y Fuerza Rural Indígena, se integró otro grupo armado denominado G250, integrado por los “mejores” elementos de las autodefensas, para buscar y detener a los líderes del crimen organizado. Este grupo de élite, denominado Grupo de Operaciones Especiales, según sus credenciales, tenía facultades de libre movilidad, a diferencia de la policía rural y la indígena, formalmente limitadas a vigilar sus comunidades. Una gran controversia se produjo sobre la existencia del grupo G250, ya que gran parte de ellos se movían territorialmente en búsqueda de delincuentes por la Sierra Madre del Sur, en grandes contingentes y con armamento sumamente poderoso. Excepto los líderes, casi nadie portaba uniforme y se les veía más bien con temor. Lograron identificar a varios líderes criminales y aprehender a decenas de delincuentes, pero también fueron acusados de tolerar el tráfico de droga, la extorsión y la protección.

Las polémicas no dejaron de existir durante su tiempo de vida; a algunos elementos se les acusó, gracias a videos o fotografías, de tener relaciones de amistad con líderes templarios. No faltaron voces que los señalaran como un grupo paramilitar tolerado por el gobierno nacional. Lo cierto es que, sin embargo, detrás de ello parece subyacer una diferencia muy significativa, que apunta a una distancia o indiferencia de parte de sectores de la policía federal y del ejército con el comisionado federal. Si el éxito de la estrategia de control de la seguridad por parte del comisionado significaba desarticular el imperio templario, para ello se necesitaba reestructurar la representación de la federación en Michoacán, cuyas dependencias federales no siempre colaboraron armónicamente con él. Esta situación parece el telón de fondo que justifica por qué se les dotó de enorme poder a grupos como el G250, a pesar de varias críticas. Puede ser cierto que este grupo actuara como Los Pepes colombianos (^{Landeros, 2015}), al ser apoyado por el gobierno nacional para la búsqueda de criminales, pero también al parecer el comisionado no contaba con fuerza armada real y operativa para desarticular el crimen organizado, que le permitiera entregar resultados oficiales inmediatos.

En medio de las controversias, el movimiento de autodefensa fue finalmente contenido e institucionalizado. De 200 barricadas que instauraron en pleno dominio templario, en marzo del 2015 sólo quedaban cinco de ellas; los grupos de Fuerza Rural de 19 municipios fueron aprobados como policías acreditados, en un total de 37 municipios tomados por autodefensas. Varias comunidades purépechas presionaron para tener sus propias policías locales, pero sólo se instituyó Fuerza Rural Indígena con sede en el municipio de Paracho, donde el crimen organizado había tenido su centro de operaciones, pero varias comunidades indígenas criticaron esta disposición oficial.

Por su parte, el G250 terminó por cumplir sus funciones de búsqueda de criminales y en diciembre de 2014 fue disuelto oficialmente por el mismo comisionado, situación que dio lugar a un enfrentamiento armado con la policía federal, que costó la vida a varias personas. La idea era que este grupo formara parte de la transformación de sistema policial estatal, bajo la creación de un mando unificado²⁹ que aglutinaría a todas las policías municipales en una sola agrupación estatal. En la medida en que el mando unificado se fortaleciera con una nueva policía estatal denominada Fuerza Ciudadana, los grupos de Fuerza Rural e Indígena y G250 pasarían a formar parte de esa agrupación o serían dados de baja. Sin embargo, tal como Steffen ^{Jensen y Finn Stepputat (2001)} afirman, el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de grupos civiles armados a la vida pública ha significado una triste realidad a nivel mundial. David ^{Pratten (2008)} capta las mismas ambigüedades y contradicciones en torno al vigilantismo nigeriano y en gran parte africano:

El vigilantismo expone las limitaciones de la universalización de los discursos sobre derechos, derecho, movilización popular y sociedad civil. En el contexto de la información sobre los Bakassi Boys, por ejemplo, los activistas de Human Rights Watch (HRW) se han visto atrapados entre defender al estado como el guardián legalmente constituido de la ley y el orden y aún citar a estas agencias estatales de cumplimiento de la ley como responsables de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, se han visto atrapados entre informar sobre la violencia y las violaciones cometidas por grupos de vigilantes, mientras que al mismo tiempo abogan por la preservación de los derechos de los ciudadanos a protegerse. “Los grupos de vigilantes autonombrados nunca deben ser un sustituto de las agencias de aplicación de la ley”, comentan, pero “si hay participación ciudadana” en esquemas como vigilancia de vecindarios, “esta participación debería estar regulada por la ley y debería haber procedimientos adecuados para garantizar la rendición de cuentas y prevenir los abusos” (Human Rights Watch, 2002) (^{Pratten, 2008: 3}).³⁰

Desde mediados de 2015, el mapa que configuraron los actores civiles armados fue otro. Los integrantes del ex G250 siguieron estando bajo sospecha de estar coludidos con el crimen organizado o trabajar para ellos ocasionalmente. Se identificó a los Viagras como el principal grupo armado, después de su colaboración con el gobierno nacional. Lo cierto es que hasta finales de 2018 no hay información de su desmovilización real o qué han hecho con sus vidas cientos de autodefensas que participaron en tareas de seguridad. Un número significativo de ellos fueron asesinados después de su desmovilización; otros grupos lograron negociar en los municipios su participación en tareas de seguridad local. En medio de estas historias, a un año de que fue nombrado el comisionado para la seguridad de Michoacán por decreto oficial, fue removido del cargo por el gobierno nacional, con el argumento de no alterar el proceso electoral de renovación de las autoridades públicas que se llevó a cabo en junio de 2015.³¹

Desde la remoción del comisionado en enero de 2015, el panorama ha cambiado significativamente. La violencia criminal siguió de una fase de contención a una lucha abierta entre grupos de varios cárteles; algunos grupos civiles armados relacionados con el crimen organizado, como los que surgieron bajo el cobijo de las autodefensas, negociaron con algunos candidatos a puestos públicos para controlar la seguridad local. Es decir, se creó una dinámica muy activa de grupos civiles armados con perfil civil que se incrustaron en la política, para gestionar desde puestos oficiales la seguridad a favor de ciertos intereses, no necesariamente legales y legítimos. Tras el nuevo gobierno estatal perredista, electo en 2015 y en funciones desde fines del mismo año, estamos ante otra fase de reconfiguración armada de la violencia. En dicha reconfiguración, el control de la seguridad por parte del Estado está lejos de darse, a pesar del proceso de centralización de la seguridad que emprendió el gobierno para terminar con los grupos civiles armados y el discurso de la ausencia del Estado como un motivo de la gobernanza rebelde.

Desde principios de 2016 y hasta fines de 2018, la violencia homicida ha colocado a Michoacán nuevamente en los primeros lugares nacionales. Las presiones de los cárteles por controlar el territorio michoacano son frecuentes, en tanto que los aparatos estatales de seguridad siguen experimentando cambios como la centralización de sistema policial estatal y la creación de destacamentos regionales. Por su parte, los grupos civiles armados que lograron persistir, como los de la sierra/costa, han enfrentando presiones por la centralización de la seguridad pública, por parte del crimen organizado, para debilitarlos, además de otro tipo de presiones, ante los excesos cometidos por autodefensas en su búsqueda de justicia y seguridad.

Ante este panorama, más que una conclusión, quisiera terminar con un comentario. De 2006 al presente, la situación de inseguridad estatal ha sido una constante. A pesar de que los grupos civiles armados lograron, en alianza con otros actores, desarticular a uno de los más poderosos grupos del crimen organizado y presionar para que el Estado pusiera atención en la seguridad y la justicia, las condiciones de violencia en forma de incidencia delictiva siguen causando grandes desafíos en torno al Estado de derecho. Obviamente, siguen presentes varios grupos de crimen organizado a quienes se les atribuye la violencia, en medio de la extensión de un control de la seguridad más centralizado por el gobierno estatal y donde la procuración de justicia sigue en los mismos niveles que en años anteriores. En este sentido, el caso de Michoacán sigue siendo un laboratorio para reflexionar sobre las reformas que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador está emprendiendo en cuanto a la seguridad. La única pregunta que planteamos es: ¿con la creación de la Guardia Nacional se pretende remontar la incidencia delictiva, a pesar de todo lo que el gobierno federal ha hecho en Michoacán desde 2006?