El tiempo es dinero

El proceso de creación de Veraz es emblemático de los modos en que se configura (en términos institucionales) la morosidad en Argentina.³ En una ^{entrevista realizada por MateriaBiz, Escuela de Negocios, Gabriel Yelín}, director y presidente de Organización Veraz entre 1975 y 1998, recordaba los inicios de esta empresa impulsada por sus padres hacia el año 1957:

[…] Mis padres cuando se casaron […] empezaron la industria textil. Cumplieron el decimoprimer mandamiento, que decía Serás textil. En ese momento, cuando les fue tan bien en la producción a fin de año hacían balance y la ganancia se la habían llevado los morosos. Entonces, hicieron una temporada más, cuyas ganancias se la llevaron los morosos y realmente en un momento mi padre decidió pensar en algún sistema para saber a quién no vender, entonces como teníamos conocidos en la industria maderera, él fue recolectando los deudores morosos que tenían en la industria maderera, los publicaba en una guía que se llamaba Guía veraz de cuentas impagas y se la vendía a la industria maderera, entonces los morosos para no figurar ahí, iban y cancelaban la deuda. Entonces quedaba el registro de la deuda y quedaba el registro de la cancelación, o no. Y esos archivos, después esas guías, se fueron transformando en archivos de cartón, se fueron archivando, cada vez fue creciendo, se fueron incorporando nuevos clientes […].

La imagen que se decanta del recuerdo personal es la de un devenir ineludible. El emprendimiento comercial surge casi de manera “natural”, producto de las circunstancias vividas. Mediante una suerte de fatalidad, los hechos impusieron su destino. La quiebra inminente en la producción textil, adjudicada fundamentalmente a la existencia y accionar de los morosos, aparece como el puntapié e incluso la razón de ser de la reconversión. Un cambio de rubro que con el tiempo no sólo será exitoso, sino innovador en materia de lo que podría entenderse como gestión privada e institucional de la morosidad en Argentina.

En efecto, el racconto arroja pistas sobre el proceso institucional que se inicia en la experiencia relatada. La rudimentaria confección de la Guía veraz de cuentas impagas simboliza el pasaje de una problemática en principio privada y familiar a una escena o espacio común, visible y accesible al “público”:

Mi madre editaba el boletín, mi padre lo salía a vender por la calle. La industria textil prácticamente se había fundido, porque toda la ganancia se la habían llevado. Digamos, los morosos fueron los que los impulsaron a generar esta empresa, entonces fue una empresa netamente familiar […] (^{Gabriel Yelín}).

A partir de la circulación de los registros de deudas y deudores por las industrias y ámbitos comerciales, la mora pasa a ser una cuestión de “todos” y de “cada uno”. Atañe a los deudores, a los acreedores, e incluso interesa a los vendedores (potenciales “acreedores”) y a los compradores (anónimos hasta el momento eventual en que pudieran constituirse en morosos y figurar en las nóminas).

El sujeto moroso adquiere un estatus particular. Es percibido como fenómeno en sí mismo y como causa, a su vez, de fenómenos asociados (entre ellos, la pérdida de ganancias e incluso la quiebra). La circulación del boletín es una respuesta al hecho de que la mora es visualizada no sólo como problema, sino como “transgresión”. En este sentido, el sistema implantado por los padres de Yelín funciona como dispositivo de control y regulación, pero ante todo de disciplinamiento. Tal como él señala, se busca saber a quién no vender. Para ello, las guías adoptan un carácter preventivo y a la vez punitivo frente a la falta de pago. La publicitación del nombre de la persona y del estado de su deuda (cancelada o no) conforma una estrategia cuyo fin último es incitar a la acción del pago. Y ello significa que hasta tanto el pago se realice y la deuda se salde, la de-mora en cuestión no sólo será enunciada, sino anunciada a través de la circulación de esa información. En el ínterin, la memoria de “los otros” oficiará de memoria del hecho: la deuda.

En este proceso, el conocimiento sobre “quién debe a quién” adquiere un valor económico. Por medio de las guías, luego de los archivos de cartón y más delante de los registros digitalizados, las deudas cobran identidad y notoriedad. Y a la par de ellas las identidades de los deudores se valorizan o desvalorizan dependiendo de los antecedentes. Es decir, del modo -positivo o negativo- en que figuran en los informes crediticios y comerciales.

La información contenida en los registros es valorada en virtud de los criterios y las lógicas prevalecientes en el sistema financiero. Dos altos ejecutivos pertenecientes a empresas dedicadas a la confección y venta de informes se preguntan:

¿Es dañina la discriminación que separa al cumplidor del que no lo es y protege al buen pagador y al que da el crédito? (Alfredo Vicens, Veraz).

Si estos sistemas no existieran [en referencia al registro crediticio], todos podríamos ser considerados malos pagadores y no tendríamos acceso al crédito o pagaríamos tasas superiores. Si se cometen errores en la información, la ley establece el procedimiento para corregirlos (Carlos Costas, Nosis).⁴

Como es de esperar, los planteamientos esbozados privilegian el rol de la información en la gestión y el funcionamiento del crédito. Sostienen que mediante la discriminación entre buenos y malos pagadores, la información protege a los cumplidores y sanciona a los incumplidores, al tiempo que permite regular la tasa de interés del crédito. Es decir, cumple una doble función: técnica o instrumental y moral.

Los argumentos desplegados buscan dotar de “razonabilidad” a los mecanismos y las tecnologías que orientan la gestión del crédito. Concebido como cuestión de mercado, el crédito es un bien escaso, mensurable, cuantificable y jerarquizable. Entendido sobre la base de un sistema de pruebas, se dirime afín a una lógica meritocrática. Y es que la confianza no es para todos por igual. Tampoco es para todos. Pues, se insiste, quien da un crédito “corre un riesgo”, por lo que hay que demostrar que se es “confiable”. Así, el cumplimiento en los pagos es traducido a categorías morales (buen pagador, mal pagador) que procuran identificar y expresar el tipo de comportamiento de quien ha contraído un crédito y adeuda. Como si efectivamente existiese una gramática del crédito,⁵ el dato del pago (o no pago) deviene una prueba contundente que se acumula en el tiempo de vida. Y este punto no es menor, en la medida en que el carácter acumulativo confiere a estos datos estatus de “antecedentes”. Como corolario, el historial crediticio o de pagos operará como carta de presentación de la persona, insumo que colaborará en determinar si es o no merecedora de crédito, de esa suerte de “confianza” depositada en ella.

La teoría de la solvencia es la que otorga racionalidad al fundamento político de la información crediticia. Podríamos decir, en sentido bourdieusiano, que la solvencia es construida como capital económico y simbólico que habilita a quienes lo poseen a solicitar y acceder a un crédito bancario. A partir de su doble función, la información crediticia tiene por objeto demostrar la existencia y veracidad de esta especie de “garantía” y “credencial”. Ahora bien, ¿qué significa ser solvente o tener solvencia? ¿Cuál es su materialidad?

La capacidad crediticia es un indicador de solvencia compuesto por dos variables a ser medidas y analizadas: la “capacidad de (re)pago” y la “voluntad de pago”. La primera, considerada objetiva; la segunda, un tanto más subjetiva pero aún así estimable. La capacidad de (re)pago es definida básicamente a partir del estado patrimonial del cliente y de la proyección de su flujo de fondos. De esta manera, se evalúa su situación actual a la vez que se estima su futuro cercano en términos patrimoniales. Por otra parte, la voluntad de pago de una persona se entiende como la actitud, el comportamiento que ha tenido frente a sus compromisos de deuda a lo largo de su vida. En este sentido, el historial de crédito es el insumo necesario que hace las veces de proxi para inferir esta variable. En términos temporales, la historia crediticia permitiría revisar aspectos pasados de la persona en tanto y en cuanto lo que aporta es un acumulado de información al momento presente.

En el medio financiero, se apuesta a que la confiabilidad de los datos recopilados y construidos a la luz de estos criterios ofrezcan las credenciales que permitan a las entidades bancarias seleccionar de modo eficaz y eficiente a los solicitantes, asignando de manera óptima el crédito. El problema de fondo que se busca zanjar es el de la “asimetría de información”⁶ entre prestadores y prestatarios, bajo el supuesto de que la falta de información sobre los clientes por parte de los bancos trae aparejada la posibilidad de que éstos presten dinero a los solicitantes con mayor riesgo de no pagar. De producirse estas decisiones, se generarían altos niveles de morosidad y ello impactaría en la tasa de interés de los créditos a través de la figura del previsionamiento.⁷ La lógica bancaria indica que a mayor mora, mayor tasa de interés, con el fin de no afectar la rentabilidad de las entidades. A la vez, podría suceder que, debido a la elevada tasa, los “buenos pagadores” no continuasen cumpliendo con los servicios de deuda, aumentando también por esta vía la morosidad. Estos escenarios hipotéticos, sucintamente descritos, se conocen con los nombres de selección adversa y riesgo moral.⁸ La analogía médica, habitualmente empleada para referirse a la economía, probablemente los describiría como la enfermedad que azota a los mercados. La cura parece visualizarse por medio del racionamiento crediticio que, según algunos especialistas (^{Stiglitz y Weiss, 1981}), es preferible al hecho de aumentar las tasas de interés. En este cuadro de situación, la información deviene el paliativo, cuando no la prevención. El recurso que permitiría prever las conductas de los individuos e incluso controlarlas.

LOS SUPUESTOS, LAS CLASIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CATEGORÍAS LEGALES

El 8 de diciembre de 2001, Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence recibieron el Premio Nobel de economía como reconocimiento a sus trabajos sobre la información asimétrica y los mercados. Partiendo de la existencia de mercados concretos (de crédito, de trabajo, de tenencia de la tierra/aparcería, de coches usados, de educación, de seguros, entre otros), los autores desarrollaron modelos tendientes a comprender el funcionamiento de los mismos bajo la premisa de que los comportamientos de los agentes se orientan por medio de “información imperfecta”, delineando cursos de acción posibles. Bajo este supuesto, ^{Stiglitz (2002)} ha propuesto la noción de “economía política de la información” para resaltar el papel de la información en los procesos políticos y la toma colectiva de decisiones. Según él, las asimetrías de información son clave para comprender fenómenos de mercado como el desempleo y las políticas crediticias.

Como vemos, en las teorías de la economía de la información el mercado ocupa un rol central y hay una honda preocupación por formular medios y medidas que posibiliten su buen funcionamiento. Se advierte que la eficiencia de los mercados, en teoría garantizada por la autorregulación, se ve amenazada por los comportamientos “inmorales” y “no veraces” de los agentes, habida cuenta de que “lamentablemente no tienen siempre un incentivo para decir la verdad” (^{Stiglitz, 2002: 114}). La falta de transparencia se revela, entonces, como un problema que induce a efectos no deseados, por lo que es preciso contrarrestarlo a través de diseños de incentivos, esquemas de contratos múltiples y prácticas de screening.⁹ Yelín se ha expresado en esta línea, al señalar:

Tengo mucho respeto por lo que es la información, información es incorporar formación delante de cada uno, es decir, ir a preguntarle al propio interesado cómo es él, no me parece muy serio… y la información lo que ayuda es a transparentar los mercados, a que los mercados sean más y más transparentes, más competitivos…

La denominación Veraz es, de hecho, elocuente a los fines de querer mostrar “lo verdadero”, transparentar aquello que se encuentra oculto o, de alguna forma, vedado. No casualmente el término opacidad forma parte de la jerga técnica empleada para dar cuenta de la falta de información al momento de evaluar los riesgos de insolvencia de los clientes de crédito.

Bajo el entendimiento de que las acciones transmiten información, las conductas pueden y deben ser reguladas en la medida en que los diversos actores y agentes realizan inferencias a partir de ellas.

[…] tal como ocurre en los modelos ecológicos darwinianos, el principal determinante de la circunstancia de uno es la conducta de los otros, y la conducta de estos últimos puede depender, a su vez, de sus creencias acerca de la conducta de los demás (Hoff y Stiglitz, 2001, citado en ^{Stiglitz, 2002: 140}).

La previsibilidad sobre el accionar del otro es, entonces, un dato “a construir” desde la ciencia y la técnica. La teoría económica interpreta la falta de predicción y la ilimitación propias de la acción humana (^{Arendt, [1958] 2012}) como variables a ser medidas y controladas. Este ímpetu de predicción y modelización de la conducta económica se debe al carácter apriorístico de la teoría neoclásica, que confirma a la economía como “ciencia de la conducta racional” (^{Brunet y Pastor, 2001}).

La prevalencia del estatus de la conducta por sobre el de la acción, en tanto categorías del discurso económico para dar cuenta del comportamiento de los individuos, no se agota en una cuestión semántica. Se expresa en la construcción de un sujeto económico universal concebido como parámetro para evaluar, medir, clasificar e incluso anticipar las acciones de las personas. En este sentido, la acción no permitiría la revelación de un “quién”, sino de un “qué”: un hipotético homo æconomicus reeditado infinitas veces en las acciones de los sujetos, que actuarían de manera aislada en contextos caracterizados por la atemporalidad, la necesidad, la escasez y la competencia. Los manuales de microeconomía conciben a los individuos ante todo como agentes económicos que se mueven libremente en el mercado, nutridos de información y procurando optimizar sus decisiones, siempre racionales. En el mismo sentido se orienta la política neoliberal, al enaltecer y promover a los individuos en su rol de emprendedores, aptos para afrontar los riesgos y las ganancias de sus acciones. Desde estos puntos de vista, las diferencias y las singularidades representan un problema para la homogeneidad y la normalización que exigen el mercado (en tanto ámbito de actuación) y la economía (en tanto ciencia de predicción).

El mercado se presenta como locus de certeza, en el cual las acciones y la incertidumbre deben ser de algún modo previstas y controladas. De ahí el estatus que asumen las conductas: medidas, inducidas e internalizadas. La mencionada especificidad del comportamiento económico expresa la productividad de lo que ^{Michel Foucault (2007a}, ^2007b) ha identificado como “gubernamentalidad” de las acciones y las prácticas. Es decir, su normalización y naturalización a través de estructuras jurídicas y económicas.

Es “natural”, creemos, ser responsables en el uso del crédito. Pagar a término, no acumular deudas. Al menos, eso es lo esperable y lo deseado, no sólo por las empresas que otorgan el dinero, sino también por quienes lo solicitan. De que así sea se encargan las técnicas y los dispositivos tecnológicos como el “historial crediticio” y el credit scoring, ¹⁰empleados por los oferentes de crédito para evaluar su otorgamiento en función de la solvencia y el comportamiento de los solicitantes. El tener “buenos antecedentes” y, por ende, un “buen puntaje” (score) para acceder al dinero dependerá, en gran medida, de la conducta de los deudores, es decir, de las acciones de pago de deudas. Acciones que no se realizan en el vacío, sino que, aunque individuales a simple vista, se enmarcan en contextos familiares, laborales y sociales que condicionan su realización. En este punto, podríamos aseverar que las mayores dificultades en términos teóricos que enfrentan los axiomas neoclásicos tienen lugar cuando se pasa de los modelos de individuos (caso del homo æconomicus) y de las conductas esperadas a los sujetos empíricos y a las prácticas concretas, inscriptas y atravesadas por relaciones de poder y desigualdades sociales y materiales.

Frente a las múltiples mediaciones y contingencias que intervienen en el proceso cotidiano de gestión y pago de cuentas, la información crediticia cumple la función de homogeneizar las singularidades. Su elaboración implica un trabajo de traducción y síntesis: sustraer el fenómeno del pago de deuda de la complejidad social en que se inscribe, para captarlo y registrarlo como imagen y resultado. A estos fines, la concepción financiera sobre el riesgo y su operacionalización constituyen un aspecto fundamental.

Según la comunicación A 2729 del Banco Central de la República Argentina (en adelante BCRA), todas las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a clasificar a sus clientes “en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o posibilidades que a este efecto se les asigne sobre la base de una evaluación de su situación particular” (^{BCRA, 1998}). El sistema de clasificación consta de hasta seis categorías formuladas con base en identificar el riesgo con el atraso en el pago de la obligación.

La sección 4 del “^{Texto ordenado de clasificación de deudores}” establece niveles de agrupamiento de los clientes en razón directa al riesgo de incobrabilidad que se deriva de las situaciones que presentan. En el caso de la cartera de consumo, la evaluación y la calificación de los deudores y tenedores de crédito se realizan en función del cumplimiento y de la mora, así como también de su situación jurídica. Las categorías clasificatorias construidas buscan dar cuenta de la performance de los deudores en calidad de pagadores de sus deudas. Así, se presenta una gradiente que va desde la situación óptima 1 = “normal” hasta la situación 5 = deudor en mora por más de un año. El riesgo calculado aumenta correlativamente a la mora y los extremos los constituyen la situación más beneficiosa (1) y la más perjudicial para el deudor (5). El paso del tiempo es lo que define los escalones que separan a una situación de otra.

Esta clasificación, que asigna grados de riesgo según los días de atraso en los pagos, expresa un saber sobre las personas, bajo la concepción de que, en tanto “deudoras”, representan un cierto riesgo en la sociedad. De esta manera, al tiempo que las reglamentaciones sientan jurisdicción sobre el hecho de “deber” (estableciendo lo permitido y lo prohibido), los registros comerciales -con su cúmulo de información- operan como “memoria”, introduciendo la práctica veridiccional.

Si nos remitimos ahora al saber jurídico, la mora es también definida a partir del parámetro temporal:

El estado de mora supone todavía, por definición, la posibilidad de cumplir la prestación debida, respecto a la cual sólo se ha producido un retraso temporal (Moisset de Espanés, 1980: 502, citado en ^{Brodsky, 2012}).

El derecho romano establece como mora aquella situación o estado de responsabilidad en la que se encuentra el deudor producto del incumplimiento relativo¹¹ del pago convenido según los parámetros previstos. Debido al hecho de no realizar el pago en tiempo y forma, la persona incurre en responsabilidad civil, lo cual tiene consecuencias jurídicas. De ahí la estrecha relación entre mora y responsabilidad que se propone legislar el derecho civil.¹²

En el derecho comparado existen dos sistemas según los cuales se constituye la mora. Uno de ellos es el conocido como de mora automática, de pleno derecho o ex re,¹³ según el cual el deudor queda en estado de mora por el solo hecho de haber vencido el término dentro del cual debía desarrollar espontáneamente la prestación comprometida. El acreedor no debe realizar acto alguno para constituir en mora a su deudor (^{Brodsky, 2012: 10-11}). Este esquema puede resultar conveniente para el acreedor a los fines de cobrar los intereses correspondientes a la mora del deudor. Habida cuenta, el sistema se aplica, en principio, a las obligaciones de plazo expreso (convenido) y cierto (conocido).

El otro sistema es el que se realiza en función de la interpelación del acreedor, o ex persona. Como bien lo indica el nombre, la mora se concreta básicamente por actuación del acreedor. A diferencia del anterior, este sistema favorece, en principio, al deudor, debiendo el acreedor ejercer una acción positiva y categórica para constituirlo en mora. Además, pone al deudor sobre aviso de su incumplimiento, e incluso le confiere una última oportunidad de desarrollar la prestación comprometida sin sufrir los gravosos efectos de la mora (^{Brodsky, 2012: 12}).

En el reciente artículo 886 incluido en el proyecto de Código Civil y Comercial, en Argentina se consagra la mora automática como auténtico principio general. Es decir, no sólo para las obligaciones de plazo conocido y convenido.

Frente a lo establecido, ^{Jonathan Brodsky (2012)} observa que la automaticidad de la mora ex re sólo hace “justicia” en aquellos casos de obligaciones de plazo determinado cierto, en las cuales se conoce con certeza el acaecimiento del término. Pese a este punto, el criterio de interpelación del tiempo, elevado a principio general para todo tipo de obligaciones, es lo que organiza las categorías clasificatorias propuestas por el Banco Central y desarrolladas por todas las entidades del sistema financiero para clasificar a los deudores.

Por otro lado, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 888, los deudores deben demostrar “no ser morosos” para quedar exentos de las consecuencias jurídicas que acarrea la situación de mora. Esto es lo que en la jerga legal se denomina “soportar la carga de la prueba”. En este sentido, Brodsky aduce:

La buena fe y el ejercicio regular de los derechos, principios rectores de la ejecución de las obligaciones, hacen precisa la interpelación, o cuanto menos un aviso por el acreedor al deudor; no es suficiente que éste se halle autorizado a demostrar que la mora no le es imputable (^{2012: 21}).

LAS TECNOLOGÍAS DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN

Hemos sostenido hasta aquí que convertirse en buen pagador o mal pagador será sinónimo de ser “financieramente responsable” o no serlo, y ello repercutirá en ser “confiable” o no serlo, según los requerimientos del “mercado de crédito”. Y es que, como ya señalamos, los mercados son, para la teoría económica neoclásica, escenarios de agentes que proceden como artífices de sus propias acciones, de principio a fin. Considerados también espacios de opacidad e información, es necesario formular modelos, diseños y métodos para erosionar la “falta de transparencia” con que actúan los sujetos. Allí residen la importancia y la especificidad de los sistemas de información, en cuanto operan como forma de gobierno y construcción de subjetividad. Leyshon y Thrift han argumentado que:

[…] estas bases de datos [en referencia a las bases de datos de consumidores] anuncian la llegada de una nueva forma de gubernamentalidad (governmentality) basada en nuevas prácticas de conocimiento que están inscriptas en reglas de procedimiento aplicadas en la redacción de software, y por lo tanto, rara vez examinadas (^{1999: 435}; traducción propia).

Refiriéndose a la banca minorista inglesa, los autores señalan que en condiciones de asimetría de información el credit scoring aparece como una opción atractiva, dado que permite a los bancos y a otras instituciones financieras acumular y producir información sobre los potenciales prestatarios de manera remota y a distancia. Es decir, por medio de bases de datos y canales informáticos estandarizados. En consonancia y a propósito de esto, ^{Martha Poon (2007: 3)} ha expresado que “los individuos soberanos son suplantados por el poder neo-liberalizador del software y los datos administrados electrónicamente” (traducción propia).

Los modelos de credit scoring, a veces denominados scorecards o classifiers, se utilizan para la evaluación del riesgo crediticio. Es decir, para “estimar probabilidades de default y ordenar a los deudores y solicitantes de financiamiento en función de su riesgo de incumplimiento” (^{Girault, 2007: 1}). Por lo general, estos métodos se asocian con los procedimientos de data mining (minería de datos) empleados para detectar patrones de comportamiento en un conjunto de datos. Según David J. Hand y William E. Henley (citados en ^{Girault, 2007: 4}) se trata de “métodos estadísticos utilizados para clasificar a los solicitantes de crédito e incluso a quienes ya son clientes de la entidad evaluadora, entre las clases de riesgo bueno y malo”. Si bien en la década de los años setenta los modelos se basaban en técnicas estadísticas, hoy en día también se basan en técnicas matemáticas, econométricas y de inteligencia artificial (^{Girault, 2007}).

Por otro lado, estos modelos se diferencian de otras herramientas de medición de riesgo (como los modelos de cartera y los VaR marginales) por tener una dimensión individual. Se concentran en el riesgo de incumplimiento de la persona o la empresa sin tomar en cuenta la correlación con lo que ocurre en el resto de la cartera de préstamos (^{Girault, 2007}). En líneas generales, estos modelos asignan al evaluado un puntaje o score mediante una evaluación que tiene por objeto producir una medida que permita comparar y ordenar a las personas en función de su riesgo, y además cuantificarlo de modo aproximado.

La organización Veraz se ha abocado a la tarea de incorporar tecnología y generar datos e información conducente a identificar y reducir el riesgo de incobrabilidad asociado a personas físicas y jurídicas. Emulando el sistema estadounidense y luego de su alianza con Equifax y Banelco, la empresa argentina lanzó en 1994 lo que se conoció como Veraz Credit Bureau, servicio que en su momento fue único en América Latina. A partir de éste, los oferentes de crédito contaron con la posibilidad de intercambiar información crediticia positiva y negativa. En el caso de personas físicas, la información positiva de los deudores es básicamente provista por todas las entidades adheridas al Veraz Credit Bureau, y consiste en los pagos realizados a término y en otros datos relativos a los montos de deudas, tasas de interés y plazos de financiaciones. La información negativa es recopilada por Veraz a través de distintas fuentes como denuncias de morosidad, información judicial correspondiente a juicios comerciales, quiebras, concursos, información publicada por la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA y consultas realizadas por agentes financieros. Al igual que otras empresas de registros comerciales, Veraz incluye en sus datos los incumplimientos originados en operaciones de crédito entre particulares que no operan por intermedio del sistema financiero.

Para acceder a la información contenida en sus bases, el nuevo sistema implantado por Veraz requería que las entidades “adherentes” aportaran los datos correspondientes a sus propias carteras de clientes. Yelín rememora este cambio organizacional de la siguiente manera:

[…] yo en ese momento tenía que producir un cambio cultural, digamos, había que empezar a intercambiar información, digamos, Master tenía que intercambiar información con Visa, el City tenía que intercambiar información con el Boston, el Río con el Galicia, o sea, acérrimos competidores tenían que entregar su cartera de clientes y que conviva en un mismo lugar. Para hacer eso yo podía demorar 10 años, 20 años, machacando, machacando, machacando, o incorporarlos a ellos directamente, pero, además de eso, como todo lo americano era bueno en esa época, estamos hablando de fines de los ochenta, principios de los noventa, entonces salí a buscar lo que eran los credit bureau más importantes en Estados Unidos, que eran tres, y obviamente elegí al número uno, que terminó siendo Equifax, que actualmente es el dueño.

Algunos especialistas argumentan que los datos producidos por los burós de crédito resultan más predictivos que otras variables de uso tradicional como la del ingreso de la persona. Ello se debe a que el buen o mal comportamiento pasado revelaría no sólo la capacidad, sino la voluntad de pago. En este sentido, conocer el uso actual y pasado de las líneas de crédito bastaría para predecir el riesgo y medir la capacidad de repago. Otros investigadores, en cambio, observan como un problema que los burós no incluyan en su información datos sobre ingresos, variable que consideran fundamental. Ello sumado a que, en oportunidades, pueden no incluir el total de los créditos pertenecientes a los deudores, al dejar afuera a algunos prestamistas como tiendas comerciales y supermercados (^{Balzarotti y Anastasi, 2013: 116}).¹⁴

Los scores producidos por los burós se establecen como indicadores de la “performance global esperada” de la persona, al basarse en información relativa a su historia crediticia y a su experiencia con distintos prestadores. Robert Sanderson, director de Fair Isaac Corporation¹⁵ entre 1977 y 2001, destaca las múltiples ventajas que reviste el uso de estas puntuaciones para la gestión del riesgo asociado a las cuentas:

En medio de una morosidad de uno o dos meses, permite ajustar las estrategias de cobro, ser agresivos con quienes presentan un riesgo más alto y más amistosos al recordarles a quienes tienen probabilidad de repago; aprobar o no aprobar autorizaciones […], reemisión y aumento de la línea de crédito, que puede ser el lugar donde realmente esté el dinero […]. También sirven para predecir si una persona va a responder o no a una oferta […]. Se pueden hacer las ofertas a medida sobre cosas tales como límite de crédito, precios, incentivos de uso y comunicación de marketing.¹⁶

Me interesa señalar dos dinámicas que se traslucen a través de estas afirmaciones. Por un lado, lo que ^{Poon (2007)} ha descrito como una “reconfiguración de agenciamiento” a través de la cual son los oferentes o prestadores de crédito quienes, en ventaja activa de la tenencia de información, toman la iniciativa de la transacción económica expresando su deseo y cálculo. Por otro lado, es posible reparar en dos aspectos analizados por ^{Marron (2007)} en su trabajo acerca del credit scoring en Estados Unidos. Uno de ellos es el proceso a través del cual los consumidores son situados al interior de un espectro cada vez más complejo de segmentación de riesgo dentro del mercado. El otro aspecto relacionado con este punto es el relativo a los cambios que se han suscitado en el tratamiento del riesgo por parte de la industria crediticia frente al aumento de las prácticas de scoring. Al respecto, el autor advierte que “las estrategias de los prestamistas se han desplazado del rechazo jerarquizado hacia la concreción de contratos polisémicos; desde el tratamiento del riesgo como un costo hacia su despliegue como una oportunidad rentable” (^{Marron, 2007: 105}; traducción propia). Matías Girault refuerza y grafica esta idea al apuntar:

[…] que un solicitante de crédito presente cierto riesgo no necesariamente implica que no conviene otorgarle financiamiento. Probablemente un cliente de una entidad que se financia con tarjeta de crédito y que es relativamente más riesgoso, es más rentable que uno que no es para nada riesgoso pero que nunca se financia con la tarjeta. Por lo tanto, a la hora de determinar qué solicitudes aceptar y cuáles rechazar, la entidad tiene en cuenta los beneficios esperados [por ejemplo, los derivados del uso de la tarjeta] de los solicitantes de distinto tipo de riesgo (^{2007: 6}).

Las múltiples aplicaciones que los scores habilitan en la práctica demandan interpretarlos en su carácter productivo más que como simple herramienta facilitadora de crédito. En efecto, permiten a los prestamistas construir poblaciones de consumidores de crédito y segmentarlas en función de los grados de riesgo, a través de procedimientos de homogeneización y clasificación que se revelan como las dos grandes lógicas que organizan la trama operativa e institucional del crédito y la deuda. Estos ensamblajes socio-técnicos (^{Latour, 2008}), consistentes en la puesta en práctica y amplia circulación de fórmulas actuariales y correlaciones estadísticas, viabilizan lo que ^{Robert Castel (2012)} ha caracterizado como “gestión previsional a distancia”. Es decir, una gestión de los riesgos según la cual los “peligros” no se comprueban, sino que se anticipan mediante una combinatoria de factores que los vuelven más o menos probables. Ello implica construir “perfiles de riesgo” tendientes a caracterizar y jerarquizar a la población en función de los criterios establecidos. Por otro lado, esta gestión del riesgo invita a convalidar la propuesta de ^{Poon (2007)} respecto de no circunscribir la noción a un movimiento abstracto y uniforme, sino a abordarla en términos empíricos y materiales. Es decir, entendiéndola como un conjunto de dispositivos concretos que no sólo implican la producción de estadísticas, cálculos y datos, sino la articulación entre empresas, acuerdos y procedimientos organizacionales con efectos contantes y sonantes en las prácticas de las personas.

A continuación nos detendremos en los aspectos normativos y organizacionales que caracterizan la dinámica del crédito y las deudas en nuestro país.

CUERPOS Y OBJETOS ENREDADOS

Obtener un crédito no se agota en conseguir el dinero y con él las posibilidades materiales, sino que demanda ingresar a un circuito de control, seguimiento y evaluación en el que predomina la naturaleza de la información, las deudas y el tiempo. Si bien las deudas se viven y gestionan en la densidad de lo cotidiano, inmersas en el tiempo social y familiar en que se configuran, una vez canalizadas en la trama institucional, se desprenden de las realidades que las portan para ser un dato más. Quedan sujetas a una serie de convenciones que involucran el paso del tiempo: valorado, medido y estipulado. El crédito, entendido no sólo como institución económica sino como ética (^{Baudrillard, 1969}), supone un modo específico de relacionarse con los objetos y también un modo específico de experimentar y relacionarse con el tiempo.

Como vimos, el transcurso del tiempo colabora en clasificar no sólo a las deudas en cobrables o incobrables, vigentes o prescriptas, morosas o naturales; sino a los propios sujetos de crédito devenidos deudores. En particular, las deudas morosas (sostenidas en el tiempo) devienen el medio o el soporte a través del cual las prácticas financieras de los agentes quedan expuestas, trascendiendo la privacidad de la esfera doméstica y confirmando su dimensión política (Schijman y Laé, 2011).

En Argentina, las entidades financieras y los bancos se encuentran obligados por ley a brindar información acerca de deudas y cheques rechazados a la Cendeu del BCRA,¹⁷ que publica esta misma información (sin modificarla) en el portal de su sitio de Internet. Desde 1990 la Cendeu se ha establecido como una gran base de datos, un registro público de deudas que brinda informes consolidados por clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI) respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito, fideicomisos financieros, o respecto a deudores en situación irregular de ex entidades financieras. Cuenta con información detallada de todo deudor del sistema financiero: identificación, sector (privado no financiero, etcétera), tipo de deudor (consumo o vivienda; comercial asimilable a consumo y comercial), actividad económica, clasificación de riesgo, entidad acreedora, deuda, tipo de financiación¹⁸ y cobertura con garantías preferidas, entre otras (^{Girault, 2007: 11}).

En tanto proveedora principal de información, la autoridad monetaria tiende redes con otros organismos públicos (Administración Nacional de la Seguridad Social,¹⁹ Administración Federal de Ingresos Públicos,²⁰ Inspección General de Justicia,^{21 Boletín Oficial},²² juzgados comerciales, entre otros) con el objetivo de recabar datos que pone en circulación hacia diferentes direcciones, receptores y emisores. Las empresas privadas de informes crediticios y comerciales (Veraz, entre otras) absorben esta información y entablan, por su parte, vínculos contractuales con bancos, tiendas minoristas, financieras, emisoras de tarjetas de crédito y demás entidades prestamistas, quienes les venden información concerniente a las transacciones financieras y crediticias de sus propios clientes, con lo que se convierten en fuentes privadas y privilegiadas de información.

Por ejemplo, Garbarino tiene un contrato con RiesgoNet, mediante el cual cada deuda, cada persona que saca un producto y no lo paga en Garbarino, Garbarino se lo informa a RiesgoNet. Entonces, los informes RiesgoNet, quien compre un informe, va a ver que vos tenés una deuda con Garbarino, por ejemplo… Más allá de lo que RiesgoNet tome del Banco Central… Digo, no es la única fuente de información (abogado especialista en habeas data, entrevista, mayo de 2012).²³

El rol del Banco Central consiste, entonces, en recopilar y suministrar, a través de los canales anteriormente descritos, información básica o primaria a los distintos usuarios del sistema financiero (entidades que lo integran y prestadores de servicios de información crediticia), mientras que corresponde al sector privado “agregar valor” mediante el uso de tecnologías como el credit scoring.

Entendido como práctica social, acceder a un crédito implica someterse a una temporalidad homogénea, regida y monopolizada por los plazos de pago y vencimiento de cuotas. En ella quedan subsumidas las particularidades de historias personales y familiares. Vista como práctica financiera, la actividad crediticia comprende dos etapas diferenciadas: la de la venta del crédito y la de la gestión del riesgo.²⁴ Es a la luz de esta concepción que se monta la trama institucional señalada, en la cual la Central de Riesgo del BCRA ocupa una posición estratégica y nodal. Dentro de esta configuración, las personas (deudores) transitan en relación con el modo en que se vinculan con las cosas (deudas). Y en este tránsito, en esta circulación, los registros crediticios serán las “pruebas” (^{Boltanski y Thévenot, 2006})²⁵ que las personas deberán atravesar para demostrar ser buenas pagadoras y merecedoras de crédito.

CONCLUSIONES

A lo largo de este texto hemos propuesto reflexionar en torno a la construcción social y técnica de la deuda morosa en la medida en que entendemos que los cambios producidos en las formas de financiamiento al consumo son indisociables de las características que ha adoptado la regulación del endeudamiento. La producción de la información crediticia aparece como el hilo conductor entre una actividad y la otra: entre consumir y endeudarse. El hecho de consumir-a-crédito, por tanto, debe ser entendido como un proceso mediado y amalgamado por la información producida a su paso.

La tácita o sobreentendida “eficacia” de los informes comerciales se dirime en el discurso económico que los avala y en la técnica que los produce. Entendido como asunto de mercado, el desarrollo del crédito demanda revelar una “verdad”, y en aras de ello los informes cumplen su función de utilidad. Utilidad que es valorada política y económicamente, y traducida a “interés público” en razón de la incidencia que estos registros tendrían en el disciplinamiento de los deudores, provocando un bajo incumplimiento y, en consecuencia, el abaratamiento del crédito y su mayor expansión. Sin embargo, hemos sostenido que la dinámica financiera demuestra que los costos del crédito no responden de manera unilateral a las tasas de morosidad, sino a definiciones cognitivas sobre el riesgo financiero y los sujetos de crédito evaluados en función de su solvencia y garantías.

La convalidación de este discurso requiere que la práctica del endeudamiento no sólo sea regulada, sino reglamentada. El cumplimiento o incumplimiento de los pagos deviene, entonces, asunto moral objeto de controles y sanciones institucionales. Así, hemos visto que, apelando al saber experto de la economía y el derecho, la gestión institucional de la de-mora en los pagos consiste en la intervención y prevención de las conductas a los fines de medir y reducir el riesgo asociado con la capacidad de pago.

Bajo el supuesto de que las personas son portadoras de un determinado riesgo asociado con la incobrabilidad de las deudas, sus datos son el insumo principal para instrumentalizar dicha probabilidad. El historial de pagos y las tecnologías crediticias (como el credit scoring) deben su éxito justamente a esta capacidad de intervención. A través de ellas se “cuantifica” el riesgo y se define en términos monetarios y poblacionales. El factor riesgo no es óbice para ofrecer los servicios financieros, sino argumento para segmentarlos. El acceso al dinero, así como a las deudas, deviene un fenómeno social y materialmente diferenciado según los capitales con que se cuenta y la posición que se ocupa en el espacio social.

Dicho esto, y vista como situación social concreta, la mora entraña una complejidad que excede su carácter técnico o jurídico. En aras de identificar la complejidad social que atraviesa a las deudas y a la mora, será necesario interpelarlas como problemáticas que expresan “modos de existencia social” (^{Roig, 2015}), más allá de su construcción técnica y legal, que aquí hemos analizado.