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Revista mexicana de sociología

versión On-line ISSN 2594-0651versión impresa ISSN 0188-2503

Rev. Mex. Sociol vol.81 no.1 México ene./mar. 2019

 

Artículos

La construcción social y técnica de la deuda morosa

The social and technical construction of outstanding debt

Iara Hadad* 

* Magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales/Universidad Nacional de General San Martín (IDEAS-Unsam). Doctoranda en el -IDEAS-Unsam. Temas de especialización: sociología económica, estudios sociales sobre las finanzas y las economías populares. Calle 25 de Mayo 1021, Piso 2, Oficina 9, CP1650, Edificio de Ciencias Sociales, Campus Miguelete, San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina.


Resumen

El objetivo de este artículo es reconstruir la trama de dispositivos a través de la cual la mora es construida como categoría específica, tendiente a regular y reglamentar los procesos de endeudamiento monetario en el ámbito económico-financiero argentino. Para ello, se analizan saberes e instrumentos (preceptos económicos, normas legales, procedimientos organizacionales, tecnologías aplicadas) que intervienen en su producción y legitimación, en tanto categoría experta. La hipótesis es que el análisis de la mora permite echar luz sobre los sentidos y las lógicas que organizan la actividad del crédito y la deuda.

Palabras clave: mora; dispositivos; finanzas; deuda; crédito; Argentina

Abstract

The purpose of this article is to reconstruct the network of devices through which default is structured as a specific category, with the aim of regulating the processes of monetary indebtedness in the Argentine economic-financial sphere. To this end, it analyzes the knowledge and instruments (economic precepts, legal standards, organizational procedures, applied technologies) that take place in the production and legitimization of default as an expert category. The hypothesis is that the analysis of default will shed light on the logic and meanings that organize credit and debt activity.

Key words: default; devices; finance; debt; credit; Argentina

En el ámbito económico-financiero argentino, la noción de mora o morosidad opera como categoría específica a través de la cual se busca regular y reglamentar los procesos de endeudamiento monetario. En tanto categoría experta, supone y moviliza una serie de discursos y saberes que intervienen en su producción y legitimación. Este artículo se propone reconstruir los dispositivos (discursos, reglamentaciones, saberes, instituciones, tecnologías) que participan en la configuración de la morosidad como problema social, bajo el entendimiento de que su análisis permite arrojar luz sobre los sentidos y las lógicas que organizan la actividad del crédito y la deuda.

Identificar la trama de dispositivos vinculados con el endeudamiento financiero y comprender el modo en que opera sobre las subjetividades resulta particularmente relevante en vistas de la creciente financiarización1 (en su manifestación de uso masivo de tarjetas bancarias, no bancarias, tarjetas de compra, créditos y préstamos personales) que ha sostenido y canalizado el consumo popular en las últimas décadas. Como bien señala Ariel Wilkis (2014: 247), el dinero prestado bajo la forma diversificada y extendida de instrumentos del mercado del crédito ha adquirido una centralidad material y simbólica en el mundo popular. En Argentina, al igual que en otros mercados de la región, se incrementó la importancia del segmento crediticio minorista dentro del negocio financiero (Balzarotti y Anastasi, 2013). Hacia 2003, tras la crisis que el fin de la convertibilidad trajo aparejada en 2001, la recuperación económica propició el incremento de todas las líneas de créditos; destacó especialmente la evolución de los créditos para consumo en sus dos componentes: préstamo personal y tarjeta de crédito. La reconfiguración del crédito hacia la banca personal es un fenómeno que no sólo se manifiesta en el sistema financiero argentino sino a nivel mundial, y que va acompañado de una gran rentabilidad, en la medida en que, en comparación con otras categorías, se trata de préstamos de corto plazo, menores montos y mayor interés, todo lo cual redunda en un menor riesgo para los inversores y las entidades oferentes.

Cabe aclarar que las reflexiones propuestas en estas páginas son fruto de un trabajo de campo más amplio orientado a analizar situaciones y procesos de endeudamiento moroso de personas y hogares a partir del uso del crédito al consumo (o crédito personal).2

Si bien en este texto no nos focalizaremos en los procesos de subjetivación que se producen a través de la deuda o en lo que Joe Deville (2013) llama la “interfaz deudor-acreedor” (estos análisis serán material de otros artículos), sí repararemos en lo que este autor advierte como la composición material del crédito al consumo. Asimismo, en línea con los trabajos de Martha Poon (2007, 2009), Andrew Leyshon y Nigel Thrift (1999), y Donncha Marron (2007) nos acercaremos al fenómeno del endeudamiento (moroso) concibiéndolo en términos de una composición diversa de tecnologías socio-materiales.

Veremos que, anclada en la interpretación del crédito como asunto de mercado, la gestión de la mora supone la operacionalización de las nociones de “riesgo” (identificado con la de-mora en el pago) y “confianza” (entendida como solvencia). Ambas categorías, centrales en el discurso financiero, expresan la puesta en práctica de sistemas que clasifican y jerarquizan a las personas en relación con sus deudas.

Entendemos que un escrutinio empírico y sociológico sobre los complejos aparatos de cálculo desarrollados por las instituciones vinculadas a las finanzas (como el credit scoring y los informes crediticios) resulta revelador no sólo de las formas en que se materializan las tendencias a la financiarización (Langley, 2008b: 134), sino que resulta relevante en la medida en que la regulación de las deudas sostiene y da forma, concomitantemente, a las relaciones de crédito y consumo en nuestra sociedad. En otro sentido, pero atendiendo también a la importancia sociológica de los “números públicos”, María Soledad Sánchez (2017) ha advertido sobre la centralidad que diversas formas de representación numérica (calificaciones de riesgo, rankings de deuda, indicadores macroeconómicos y sociales, etcétera) han adquirido en nuestras sociedades como formas de construir e interpretar nuestra realidad social.

Las reflexiones que siguen apuntan también a profundizar el análisis sobre los aspectos institucionales y normativos que enmarcan y caracterizan las tramas crediticias y de endeudamiento transversales a todos los sectores sociales. Regulaciones y prescripciones que, no obstante, impactan de modo diferencial en los distintos grupos poblacionales que componen la sociedad.

El tiempo es dinero

El proceso de creación de Veraz es emblemático de los modos en que se configura (en términos institucionales) la morosidad en Argentina.3 En una entrevista realizada por MateriaBiz, Escuela de Negocios, Gabriel Yelín, director y presidente de Organización Veraz entre 1975 y 1998, recordaba los inicios de esta empresa impulsada por sus padres hacia el año 1957:

[…] Mis padres cuando se casaron […] empezaron la industria textil. Cumplieron el decimoprimer mandamiento, que decía Serás textil. En ese momento, cuando les fue tan bien en la producción a fin de año hacían balance y la ganancia se la habían llevado los morosos. Entonces, hicieron una temporada más, cuyas ganancias se la llevaron los morosos y realmente en un momento mi padre decidió pensar en algún sistema para saber a quién no vender, entonces como teníamos conocidos en la industria maderera, él fue recolectando los deudores morosos que tenían en la industria maderera, los publicaba en una guía que se llamaba Guía veraz de cuentas impagas y se la vendía a la industria maderera, entonces los morosos para no figurar ahí, iban y cancelaban la deuda. Entonces quedaba el registro de la deuda y quedaba el registro de la cancelación, o no. Y esos archivos, después esas guías, se fueron transformando en archivos de cartón, se fueron archivando, cada vez fue creciendo, se fueron incorporando nuevos clientes […].

La imagen que se decanta del recuerdo personal es la de un devenir ineludible. El emprendimiento comercial surge casi de manera “natural”, producto de las circunstancias vividas. Mediante una suerte de fatalidad, los hechos impusieron su destino. La quiebra inminente en la producción textil, adjudicada fundamentalmente a la existencia y accionar de los morosos, aparece como el puntapié e incluso la razón de ser de la reconversión. Un cambio de rubro que con el tiempo no sólo será exitoso, sino innovador en materia de lo que podría entenderse como gestión privada e institucional de la morosidad en Argentina.

En efecto, el racconto arroja pistas sobre el proceso institucional que se inicia en la experiencia relatada. La rudimentaria confección de la Guía veraz de cuentas impagas simboliza el pasaje de una problemática en principio privada y familiar a una escena o espacio común, visible y accesible al “público”:

Mi madre editaba el boletín, mi padre lo salía a vender por la calle. La industria textil prácticamente se había fundido, porque toda la ganancia se la habían llevado. Digamos, los morosos fueron los que los impulsaron a generar esta empresa, entonces fue una empresa netamente familiar […] (Gabriel Yelín).

A partir de la circulación de los registros de deudas y deudores por las industrias y ámbitos comerciales, la mora pasa a ser una cuestión de “todos” y de “cada uno”. Atañe a los deudores, a los acreedores, e incluso interesa a los vendedores (potenciales “acreedores”) y a los compradores (anónimos hasta el momento eventual en que pudieran constituirse en morosos y figurar en las nóminas).

El sujeto moroso adquiere un estatus particular. Es percibido como fenómeno en sí mismo y como causa, a su vez, de fenómenos asociados (entre ellos, la pérdida de ganancias e incluso la quiebra). La circulación del boletín es una respuesta al hecho de que la mora es visualizada no sólo como problema, sino como “transgresión”. En este sentido, el sistema implantado por los padres de Yelín funciona como dispositivo de control y regulación, pero ante todo de disciplinamiento. Tal como él señala, se busca saber a quién no vender. Para ello, las guías adoptan un carácter preventivo y a la vez punitivo frente a la falta de pago. La publicitación del nombre de la persona y del estado de su deuda (cancelada o no) conforma una estrategia cuyo fin último es incitar a la acción del pago. Y ello significa que hasta tanto el pago se realice y la deuda se salde, la de-mora en cuestión no sólo será enunciada, sino anunciada a través de la circulación de esa información. En el ínterin, la memoria de “los otros” oficiará de memoria del hecho: la deuda.

En este proceso, el conocimiento sobre “quién debe a quién” adquiere un valor económico. Por medio de las guías, luego de los archivos de cartón y más delante de los registros digitalizados, las deudas cobran identidad y notoriedad. Y a la par de ellas las identidades de los deudores se valorizan o desvalorizan dependiendo de los antecedentes. Es decir, del modo -positivo o negativo- en que figuran en los informes crediticios y comerciales.

La información contenida en los registros es valorada en virtud de los criterios y las lógicas prevalecientes en el sistema financiero. Dos altos ejecutivos pertenecientes a empresas dedicadas a la confección y venta de informes se preguntan:

¿Es dañina la discriminación que separa al cumplidor del que no lo es y protege al buen pagador y al que da el crédito? (Alfredo Vicens, Veraz).

Si estos sistemas no existieran [en referencia al registro crediticio], todos podríamos ser considerados malos pagadores y no tendríamos acceso al crédito o pagaríamos tasas superiores. Si se cometen errores en la información, la ley establece el procedimiento para corregirlos (Carlos Costas, Nosis).4

Como es de esperar, los planteamientos esbozados privilegian el rol de la información en la gestión y el funcionamiento del crédito. Sostienen que mediante la discriminación entre buenos y malos pagadores, la información protege a los cumplidores y sanciona a los incumplidores, al tiempo que permite regular la tasa de interés del crédito. Es decir, cumple una doble función: técnica o instrumental y moral.

Los argumentos desplegados buscan dotar de “razonabilidad” a los mecanismos y las tecnologías que orientan la gestión del crédito. Concebido como cuestión de mercado, el crédito es un bien escaso, mensurable, cuantificable y jerarquizable. Entendido sobre la base de un sistema de pruebas, se dirime afín a una lógica meritocrática. Y es que la confianza no es para todos por igual. Tampoco es para todos. Pues, se insiste, quien da un crédito “corre un riesgo”, por lo que hay que demostrar que se es “confiable”. Así, el cumplimiento en los pagos es traducido a categorías morales (buen pagador, mal pagador) que procuran identificar y expresar el tipo de comportamiento de quien ha contraído un crédito y adeuda. Como si efectivamente existiese una gramática del crédito,5 el dato del pago (o no pago) deviene una prueba contundente que se acumula en el tiempo de vida. Y este punto no es menor, en la medida en que el carácter acumulativo confiere a estos datos estatus de “antecedentes”. Como corolario, el historial crediticio o de pagos operará como carta de presentación de la persona, insumo que colaborará en determinar si es o no merecedora de crédito, de esa suerte de “confianza” depositada en ella.

La teoría de la solvencia es la que otorga racionalidad al fundamento político de la información crediticia. Podríamos decir, en sentido bourdieusiano, que la solvencia es construida como capital económico y simbólico que habilita a quienes lo poseen a solicitar y acceder a un crédito bancario. A partir de su doble función, la información crediticia tiene por objeto demostrar la existencia y veracidad de esta especie de “garantía” y “credencial”. Ahora bien, ¿qué significa ser solvente o tener solvencia? ¿Cuál es su materialidad?

La capacidad crediticia es un indicador de solvencia compuesto por dos variables a ser medidas y analizadas: la “capacidad de (re)pago” y la “voluntad de pago”. La primera, considerada objetiva; la segunda, un tanto más subjetiva pero aún así estimable. La capacidad de (re)pago es definida básicamente a partir del estado patrimonial del cliente y de la proyección de su flujo de fondos. De esta manera, se evalúa su situación actual a la vez que se estima su futuro cercano en términos patrimoniales. Por otra parte, la voluntad de pago de una persona se entiende como la actitud, el comportamiento que ha tenido frente a sus compromisos de deuda a lo largo de su vida. En este sentido, el historial de crédito es el insumo necesario que hace las veces de proxi para inferir esta variable. En términos temporales, la historia crediticia permitiría revisar aspectos pasados de la persona en tanto y en cuanto lo que aporta es un acumulado de información al momento presente.

En el medio financiero, se apuesta a que la confiabilidad de los datos recopilados y construidos a la luz de estos criterios ofrezcan las credenciales que permitan a las entidades bancarias seleccionar de modo eficaz y eficiente a los solicitantes, asignando de manera óptima el crédito. El problema de fondo que se busca zanjar es el de la “asimetría de información”6 entre prestadores y prestatarios, bajo el supuesto de que la falta de información sobre los clientes por parte de los bancos trae aparejada la posibilidad de que éstos presten dinero a los solicitantes con mayor riesgo de no pagar. De producirse estas decisiones, se generarían altos niveles de morosidad y ello impactaría en la tasa de interés de los créditos a través de la figura del previsionamiento.7 La lógica bancaria indica que a mayor mora, mayor tasa de interés, con el fin de no afectar la rentabilidad de las entidades. A la vez, podría suceder que, debido a la elevada tasa, los “buenos pagadores” no continuasen cumpliendo con los servicios de deuda, aumentando también por esta vía la morosidad. Estos escenarios hipotéticos, sucintamente descritos, se conocen con los nombres de selección adversa y riesgo moral.8 La analogía médica, habitualmente empleada para referirse a la economía, probablemente los describiría como la enfermedad que azota a los mercados. La cura parece visualizarse por medio del racionamiento crediticio que, según algunos especialistas (Stiglitz y Weiss, 1981), es preferible al hecho de aumentar las tasas de interés. En este cuadro de situación, la información deviene el paliativo, cuando no la prevención. El recurso que permitiría prever las conductas de los individuos e incluso controlarlas.

LOS SUPUESTOS, LAS CLASIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CATEGORÍAS LEGALES

El 8 de diciembre de 2001, Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence recibieron el Premio Nobel de economía como reconocimiento a sus trabajos sobre la información asimétrica y los mercados. Partiendo de la existencia de mercados concretos (de crédito, de trabajo, de tenencia de la tierra/aparcería, de coches usados, de educación, de seguros, entre otros), los autores desarrollaron modelos tendientes a comprender el funcionamiento de los mismos bajo la premisa de que los comportamientos de los agentes se orientan por medio de “información imperfecta”, delineando cursos de acción posibles. Bajo este supuesto, Stiglitz (2002) ha propuesto la noción de “economía política de la información” para resaltar el papel de la información en los procesos políticos y la toma colectiva de decisiones. Según él, las asimetrías de información son clave para comprender fenómenos de mercado como el desempleo y las políticas crediticias.

Como vemos, en las teorías de la economía de la información el mercado ocupa un rol central y hay una honda preocupación por formular medios y medidas que posibiliten su buen funcionamiento. Se advierte que la eficiencia de los mercados, en teoría garantizada por la autorregulación, se ve amenazada por los comportamientos “inmorales” y “no veraces” de los agentes, habida cuenta de que “lamentablemente no tienen siempre un incentivo para decir la verdad” (Stiglitz, 2002: 114). La falta de transparencia se revela, entonces, como un problema que induce a efectos no deseados, por lo que es preciso contrarrestarlo a través de diseños de incentivos, esquemas de contratos múltiples y prácticas de screening.9 Yelín se ha expresado en esta línea, al señalar:

Tengo mucho respeto por lo que es la información, información es incorporar formación delante de cada uno, es decir, ir a preguntarle al propio interesado cómo es él, no me parece muy serio… y la información lo que ayuda es a transparentar los mercados, a que los mercados sean más y más transparentes, más competitivos…

La denominación Veraz es, de hecho, elocuente a los fines de querer mostrar “lo verdadero”, transparentar aquello que se encuentra oculto o, de alguna forma, vedado. No casualmente el término opacidad forma parte de la jerga técnica empleada para dar cuenta de la falta de información al momento de evaluar los riesgos de insolvencia de los clientes de crédito.

Bajo el entendimiento de que las acciones transmiten información, las conductas pueden y deben ser reguladas en la medida en que los diversos actores y agentes realizan inferencias a partir de ellas.

[…] tal como ocurre en los modelos ecológicos darwinianos, el principal determinante de la circunstancia de uno es la conducta de los otros, y la conducta de estos últimos puede depender, a su vez, de sus creencias acerca de la conducta de los demás (Hoff y Stiglitz, 2001, citado en Stiglitz, 2002: 140).

La previsibilidad sobre el accionar del otro es, entonces, un dato “a construir” desde la ciencia y la técnica. La teoría económica interpreta la falta de predicción y la ilimitación propias de la acción humana (Arendt, [1958] 2012) como variables a ser medidas y controladas. Este ímpetu de predicción y modelización de la conducta económica se debe al carácter apriorístico de la teoría neoclásica, que confirma a la economía como “ciencia de la conducta racional” (Brunet y Pastor, 2001).

La prevalencia del estatus de la conducta por sobre el de la acción, en tanto categorías del discurso económico para dar cuenta del comportamiento de los individuos, no se agota en una cuestión semántica. Se expresa en la construcción de un sujeto económico universal concebido como parámetro para evaluar, medir, clasificar e incluso anticipar las acciones de las personas. En este sentido, la acción no permitiría la revelación de un “quién”, sino de un “qué”: un hipotético homo æconomicus reeditado infinitas veces en las acciones de los sujetos, que actuarían de manera aislada en contextos caracterizados por la atemporalidad, la necesidad, la escasez y la competencia. Los manuales de microeconomía conciben a los individuos ante todo como agentes económicos que se mueven libremente en el mercado, nutridos de información y procurando optimizar sus decisiones, siempre racionales. En el mismo sentido se orienta la política neoliberal, al enaltecer y promover a los individuos en su rol de emprendedores, aptos para afrontar los riesgos y las ganancias de sus acciones. Desde estos puntos de vista, las diferencias y las singularidades representan un problema para la homogeneidad y la normalización que exigen el mercado (en tanto ámbito de actuación) y la economía (en tanto ciencia de predicción).

El mercado se presenta como locus de certeza, en el cual las acciones y la incertidumbre deben ser de algún modo previstas y controladas. De ahí el estatus que asumen las conductas: medidas, inducidas e internalizadas. La mencionada especificidad del comportamiento económico expresa la productividad de lo que Michel Foucault (2007a, 2007b) ha identificado como “gubernamentalidad” de las acciones y las prácticas. Es decir, su normalización y naturalización a través de estructuras jurídicas y económicas.

Es “natural”, creemos, ser responsables en el uso del crédito. Pagar a término, no acumular deudas. Al menos, eso es lo esperable y lo deseado, no sólo por las empresas que otorgan el dinero, sino también por quienes lo solicitan. De que así sea se encargan las técnicas y los dispositivos tecnológicos como el “historial crediticio” y el credit scoring, 10empleados por los oferentes de crédito para evaluar su otorgamiento en función de la solvencia y el comportamiento de los solicitantes. El tener “buenos antecedentes” y, por ende, un “buen puntaje” (score) para acceder al dinero dependerá, en gran medida, de la conducta de los deudores, es decir, de las acciones de pago de deudas. Acciones que no se realizan en el vacío, sino que, aunque individuales a simple vista, se enmarcan en contextos familiares, laborales y sociales que condicionan su realización. En este punto, podríamos aseverar que las mayores dificultades en términos teóricos que enfrentan los axiomas neoclásicos tienen lugar cuando se pasa de los modelos de individuos (caso del homo æconomicus) y de las conductas esperadas a los sujetos empíricos y a las prácticas concretas, inscriptas y atravesadas por relaciones de poder y desigualdades sociales y materiales.

Frente a las múltiples mediaciones y contingencias que intervienen en el proceso cotidiano de gestión y pago de cuentas, la información crediticia cumple la función de homogeneizar las singularidades. Su elaboración implica un trabajo de traducción y síntesis: sustraer el fenómeno del pago de deuda de la complejidad social en que se inscribe, para captarlo y registrarlo como imagen y resultado. A estos fines, la concepción financiera sobre el riesgo y su operacionalización constituyen un aspecto fundamental.

Según la comunicación A 2729 del Banco Central de la República Argentina (en adelante BCRA), todas las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a clasificar a sus clientes “en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o posibilidades que a este efecto se les asigne sobre la base de una evaluación de su situación particular” (BCRA, 1998). El sistema de clasificación consta de hasta seis categorías formuladas con base en identificar el riesgo con el atraso en el pago de la obligación.

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 

Cartera comercial Cartera para consumo o vivienda * Atraso en el pago de la obligación
1. En situación normal (**) Hasta 31 días
2. Con seguimiento especial 2. Riesgo bajo Hasta 90 días
3. Con problemas 3. Riesgo medio Hasta 180 días
4. Con alto riesgo de insolvencia (***) 4. Riesgo alto Hasta 1 año
5. Irrecuperable Más de 1 año
6. Irrecuperable por disposición técnica (****)

* La cartera para consumo o vivienda comprende los siguientes créditos o financiaciones: para consumo (personales y familiares, para profesionales, para la adquisición de bienes de consumo, financiación de tarjetas de crédito); para vivienda propia (compra, construcción o refacción); préstamos a instituciones de microcrédito y a microemprendedores; financiaciones de naturaleza comercial de hasta el equivalente a $ 2 500 000, cuenten o no con garantías preferidas, cuando la entidad haya optado por ello. (Cf. Sección 5.1.2 del “Texto ordenado de clasificación de deudores”).

** Para cartera de consumo o vivienda, los adelantos transitorios en cuenta corriente se consideran de cumplimiento normal hasta los 61 días contados desde su otorgamiento.

*** Incluye a los deudores que hayan solicitado su concurso preventivo o un acuerdo preventivo extrajudicial o que se encuentren en gestión judicial. En el caso de la cartera de consumo, se admite que los deudores en concurso preventivo o con acuerdo preventivo extrajudicial verifiquen atrasos de hasta 540 días.

****Esta categoría no necesariamente implica un mayor riesgo que el comprendido en la categoría 5 y es particularmente heterogénea. Incluye, entre otros, a deudores con atrasos mayores a 180 días de entidades liquidadas o revocadas por el BCRA, de entidades residuales de bancos privatizados, o de fideicomisos en los que SEDESA es el beneficiario.

FUENTE: Información de Entidades Financieras, SEFyC/BCRA, septiembre de 2015.

La sección 4 del “Texto ordenado de clasificación de deudores” establece niveles de agrupamiento de los clientes en razón directa al riesgo de incobrabilidad que se deriva de las situaciones que presentan. En el caso de la cartera de consumo, la evaluación y la calificación de los deudores y tenedores de crédito se realizan en función del cumplimiento y de la mora, así como también de su situación jurídica. Las categorías clasificatorias construidas buscan dar cuenta de la performance de los deudores en calidad de pagadores de sus deudas. Así, se presenta una gradiente que va desde la situación óptima 1 = “normal” hasta la situación 5 = deudor en mora por más de un año. El riesgo calculado aumenta correlativamente a la mora y los extremos los constituyen la situación más beneficiosa (1) y la más perjudicial para el deudor (5). El paso del tiempo es lo que define los escalones que separan a una situación de otra.

Esta clasificación, que asigna grados de riesgo según los días de atraso en los pagos, expresa un saber sobre las personas, bajo la concepción de que, en tanto “deudoras”, representan un cierto riesgo en la sociedad. De esta manera, al tiempo que las reglamentaciones sientan jurisdicción sobre el hecho de “deber” (estableciendo lo permitido y lo prohibido), los registros comerciales -con su cúmulo de información- operan como “memoria”, introduciendo la práctica veridiccional.

Si nos remitimos ahora al saber jurídico, la mora es también definida a partir del parámetro temporal:

El estado de mora supone todavía, por definición, la posibilidad de cumplir la prestación debida, respecto a la cual sólo se ha producido un retraso temporal (Moisset de Espanés, 1980: 502, citado en Brodsky, 2012).

El derecho romano establece como mora aquella situación o estado de responsabilidad en la que se encuentra el deudor producto del incumplimiento relativo11 del pago convenido según los parámetros previstos. Debido al hecho de no realizar el pago en tiempo y forma, la persona incurre en responsabilidad civil, lo cual tiene consecuencias jurídicas. De ahí la estrecha relación entre mora y responsabilidad que se propone legislar el derecho civil.12

En el derecho comparado existen dos sistemas según los cuales se constituye la mora. Uno de ellos es el conocido como de mora automática, de pleno derecho o ex re,13 según el cual el deudor queda en estado de mora por el solo hecho de haber vencido el término dentro del cual debía desarrollar espontáneamente la prestación comprometida. El acreedor no debe realizar acto alguno para constituir en mora a su deudor (Brodsky, 2012: 10-11). Este esquema puede resultar conveniente para el acreedor a los fines de cobrar los intereses correspondientes a la mora del deudor. Habida cuenta, el sistema se aplica, en principio, a las obligaciones de plazo expreso (convenido) y cierto (conocido).

El otro sistema es el que se realiza en función de la interpelación del acreedor, o ex persona. Como bien lo indica el nombre, la mora se concreta básicamente por actuación del acreedor. A diferencia del anterior, este sistema favorece, en principio, al deudor, debiendo el acreedor ejercer una acción positiva y categórica para constituirlo en mora. Además, pone al deudor sobre aviso de su incumplimiento, e incluso le confiere una última oportunidad de desarrollar la prestación comprometida sin sufrir los gravosos efectos de la mora (Brodsky, 2012: 12).

En el reciente artículo 886 incluido en el proyecto de Código Civil y Comercial, en Argentina se consagra la mora automática como auténtico principio general. Es decir, no sólo para las obligaciones de plazo conocido y convenido.

Frente a lo establecido, Jonathan Brodsky (2012) observa que la automaticidad de la mora ex re sólo hace “justicia” en aquellos casos de obligaciones de plazo determinado cierto, en las cuales se conoce con certeza el acaecimiento del término. Pese a este punto, el criterio de interpelación del tiempo, elevado a principio general para todo tipo de obligaciones, es lo que organiza las categorías clasificatorias propuestas por el Banco Central y desarrolladas por todas las entidades del sistema financiero para clasificar a los deudores.

Por otro lado, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 888, los deudores deben demostrar “no ser morosos” para quedar exentos de las consecuencias jurídicas que acarrea la situación de mora. Esto es lo que en la jerga legal se denomina “soportar la carga de la prueba”. En este sentido, Brodsky aduce:

La buena fe y el ejercicio regular de los derechos, principios rectores de la ejecución de las obligaciones, hacen precisa la interpelación, o cuanto menos un aviso por el acreedor al deudor; no es suficiente que éste se halle autorizado a demostrar que la mora no le es imputable (2012: 21).

LAS TECNOLOGÍAS DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN

Hemos sostenido hasta aquí que convertirse en buen pagador o mal pagador será sinónimo de ser “financieramente responsable” o no serlo, y ello repercutirá en ser “confiable” o no serlo, según los requerimientos del “mercado de crédito”. Y es que, como ya señalamos, los mercados son, para la teoría económica neoclásica, escenarios de agentes que proceden como artífices de sus propias acciones, de principio a fin. Considerados también espacios de opacidad e información, es necesario formular modelos, diseños y métodos para erosionar la “falta de transparencia” con que actúan los sujetos. Allí residen la importancia y la especificidad de los sistemas de información, en cuanto operan como forma de gobierno y construcción de subjetividad. Leyshon y Thrift han argumentado que:

[…] estas bases de datos [en referencia a las bases de datos de consumidores] anuncian la llegada de una nueva forma de gubernamentalidad (governmentality) basada en nuevas prácticas de conocimiento que están inscriptas en reglas de procedimiento aplicadas en la redacción de software, y por lo tanto, rara vez examinadas (1999: 435; traducción propia).

Refiriéndose a la banca minorista inglesa, los autores señalan que en condiciones de asimetría de información el credit scoring aparece como una opción atractiva, dado que permite a los bancos y a otras instituciones financieras acumular y producir información sobre los potenciales prestatarios de manera remota y a distancia. Es decir, por medio de bases de datos y canales informáticos estandarizados. En consonancia y a propósito de esto, Martha Poon (2007: 3) ha expresado que “los individuos soberanos son suplantados por el poder neo-liberalizador del software y los datos administrados electrónicamente” (traducción propia).

Los modelos de credit scoring, a veces denominados scorecards o classifiers, se utilizan para la evaluación del riesgo crediticio. Es decir, para “estimar probabilidades de default y ordenar a los deudores y solicitantes de financiamiento en función de su riesgo de incumplimiento” (Girault, 2007: 1). Por lo general, estos métodos se asocian con los procedimientos de data mining (minería de datos) empleados para detectar patrones de comportamiento en un conjunto de datos. Según David J. Hand y William E. Henley (citados en Girault, 2007: 4) se trata de “métodos estadísticos utilizados para clasificar a los solicitantes de crédito e incluso a quienes ya son clientes de la entidad evaluadora, entre las clases de riesgo bueno y malo”. Si bien en la década de los años setenta los modelos se basaban en técnicas estadísticas, hoy en día también se basan en técnicas matemáticas, econométricas y de inteligencia artificial (Girault, 2007).

Por otro lado, estos modelos se diferencian de otras herramientas de medición de riesgo (como los modelos de cartera y los VaR marginales) por tener una dimensión individual. Se concentran en el riesgo de incumplimiento de la persona o la empresa sin tomar en cuenta la correlación con lo que ocurre en el resto de la cartera de préstamos (Girault, 2007). En líneas generales, estos modelos asignan al evaluado un puntaje o score mediante una evaluación que tiene por objeto producir una medida que permita comparar y ordenar a las personas en función de su riesgo, y además cuantificarlo de modo aproximado.

La organización Veraz se ha abocado a la tarea de incorporar tecnología y generar datos e información conducente a identificar y reducir el riesgo de incobrabilidad asociado a personas físicas y jurídicas. Emulando el sistema estadounidense y luego de su alianza con Equifax y Banelco, la empresa argentina lanzó en 1994 lo que se conoció como Veraz Credit Bureau, servicio que en su momento fue único en América Latina. A partir de éste, los oferentes de crédito contaron con la posibilidad de intercambiar información crediticia positiva y negativa. En el caso de personas físicas, la información positiva de los deudores es básicamente provista por todas las entidades adheridas al Veraz Credit Bureau, y consiste en los pagos realizados a término y en otros datos relativos a los montos de deudas, tasas de interés y plazos de financiaciones. La información negativa es recopilada por Veraz a través de distintas fuentes como denuncias de morosidad, información judicial correspondiente a juicios comerciales, quiebras, concursos, información publicada por la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA y consultas realizadas por agentes financieros. Al igual que otras empresas de registros comerciales, Veraz incluye en sus datos los incumplimientos originados en operaciones de crédito entre particulares que no operan por intermedio del sistema financiero.

Para acceder a la información contenida en sus bases, el nuevo sistema implantado por Veraz requería que las entidades “adherentes” aportaran los datos correspondientes a sus propias carteras de clientes. Yelín rememora este cambio organizacional de la siguiente manera:

[…] yo en ese momento tenía que producir un cambio cultural, digamos, había que empezar a intercambiar información, digamos, Master tenía que intercambiar información con Visa, el City tenía que intercambiar información con el Boston, el Río con el Galicia, o sea, acérrimos competidores tenían que entregar su cartera de clientes y que conviva en un mismo lugar. Para hacer eso yo podía demorar 10 años, 20 años, machacando, machacando, machacando, o incorporarlos a ellos directamente, pero, además de eso, como todo lo americano era bueno en esa época, estamos hablando de fines de los ochenta, principios de los noventa, entonces salí a buscar lo que eran los credit bureau más importantes en Estados Unidos, que eran tres, y obviamente elegí al número uno, que terminó siendo Equifax, que actualmente es el dueño.

Algunos especialistas argumentan que los datos producidos por los burós de crédito resultan más predictivos que otras variables de uso tradicional como la del ingreso de la persona. Ello se debe a que el buen o mal comportamiento pasado revelaría no sólo la capacidad, sino la voluntad de pago. En este sentido, conocer el uso actual y pasado de las líneas de crédito bastaría para predecir el riesgo y medir la capacidad de repago. Otros investigadores, en cambio, observan como un problema que los burós no incluyan en su información datos sobre ingresos, variable que consideran fundamental. Ello sumado a que, en oportunidades, pueden no incluir el total de los créditos pertenecientes a los deudores, al dejar afuera a algunos prestamistas como tiendas comerciales y supermercados (Balzarotti y Anastasi, 2013: 116).14

Los scores producidos por los burós se establecen como indicadores de la “performance global esperada” de la persona, al basarse en información relativa a su historia crediticia y a su experiencia con distintos prestadores. Robert Sanderson, director de Fair Isaac Corporation15 entre 1977 y 2001, destaca las múltiples ventajas que reviste el uso de estas puntuaciones para la gestión del riesgo asociado a las cuentas:

En medio de una morosidad de uno o dos meses, permite ajustar las estrategias de cobro, ser agresivos con quienes presentan un riesgo más alto y más amistosos al recordarles a quienes tienen probabilidad de repago; aprobar o no aprobar autorizaciones […], reemisión y aumento de la línea de crédito, que puede ser el lugar donde realmente esté el dinero […]. También sirven para predecir si una persona va a responder o no a una oferta […]. Se pueden hacer las ofertas a medida sobre cosas tales como límite de crédito, precios, incentivos de uso y comunicación de marketing.16

Me interesa señalar dos dinámicas que se traslucen a través de estas afirmaciones. Por un lado, lo que Poon (2007) ha descrito como una “reconfiguración de agenciamiento” a través de la cual son los oferentes o prestadores de crédito quienes, en ventaja activa de la tenencia de información, toman la iniciativa de la transacción económica expresando su deseo y cálculo. Por otro lado, es posible reparar en dos aspectos analizados por Marron (2007) en su trabajo acerca del credit scoring en Estados Unidos. Uno de ellos es el proceso a través del cual los consumidores son situados al interior de un espectro cada vez más complejo de segmentación de riesgo dentro del mercado. El otro aspecto relacionado con este punto es el relativo a los cambios que se han suscitado en el tratamiento del riesgo por parte de la industria crediticia frente al aumento de las prácticas de scoring. Al respecto, el autor advierte que “las estrategias de los prestamistas se han desplazado del rechazo jerarquizado hacia la concreción de contratos polisémicos; desde el tratamiento del riesgo como un costo hacia su despliegue como una oportunidad rentable” (Marron, 2007: 105; traducción propia). Matías Girault refuerza y grafica esta idea al apuntar:

[…] que un solicitante de crédito presente cierto riesgo no necesariamente implica que no conviene otorgarle financiamiento. Probablemente un cliente de una entidad que se financia con tarjeta de crédito y que es relativamente más riesgoso, es más rentable que uno que no es para nada riesgoso pero que nunca se financia con la tarjeta. Por lo tanto, a la hora de determinar qué solicitudes aceptar y cuáles rechazar, la entidad tiene en cuenta los beneficios esperados [por ejemplo, los derivados del uso de la tarjeta] de los solicitantes de distinto tipo de riesgo (2007: 6).

Las múltiples aplicaciones que los scores habilitan en la práctica demandan interpretarlos en su carácter productivo más que como simple herramienta facilitadora de crédito. En efecto, permiten a los prestamistas construir poblaciones de consumidores de crédito y segmentarlas en función de los grados de riesgo, a través de procedimientos de homogeneización y clasificación que se revelan como las dos grandes lógicas que organizan la trama operativa e institucional del crédito y la deuda. Estos ensamblajes socio-técnicos (Latour, 2008), consistentes en la puesta en práctica y amplia circulación de fórmulas actuariales y correlaciones estadísticas, viabilizan lo que Robert Castel (2012) ha caracterizado como “gestión previsional a distancia”. Es decir, una gestión de los riesgos según la cual los “peligros” no se comprueban, sino que se anticipan mediante una combinatoria de factores que los vuelven más o menos probables. Ello implica construir “perfiles de riesgo” tendientes a caracterizar y jerarquizar a la población en función de los criterios establecidos. Por otro lado, esta gestión del riesgo invita a convalidar la propuesta de Poon (2007) respecto de no circunscribir la noción a un movimiento abstracto y uniforme, sino a abordarla en términos empíricos y materiales. Es decir, entendiéndola como un conjunto de dispositivos concretos que no sólo implican la producción de estadísticas, cálculos y datos, sino la articulación entre empresas, acuerdos y procedimientos organizacionales con efectos contantes y sonantes en las prácticas de las personas.

A continuación nos detendremos en los aspectos normativos y organizacionales que caracterizan la dinámica del crédito y las deudas en nuestro país.

CUERPOS Y OBJETOS ENREDADOS

Obtener un crédito no se agota en conseguir el dinero y con él las posibilidades materiales, sino que demanda ingresar a un circuito de control, seguimiento y evaluación en el que predomina la naturaleza de la información, las deudas y el tiempo. Si bien las deudas se viven y gestionan en la densidad de lo cotidiano, inmersas en el tiempo social y familiar en que se configuran, una vez canalizadas en la trama institucional, se desprenden de las realidades que las portan para ser un dato más. Quedan sujetas a una serie de convenciones que involucran el paso del tiempo: valorado, medido y estipulado. El crédito, entendido no sólo como institución económica sino como ética (Baudrillard, 1969), supone un modo específico de relacionarse con los objetos y también un modo específico de experimentar y relacionarse con el tiempo.

Como vimos, el transcurso del tiempo colabora en clasificar no sólo a las deudas en cobrables o incobrables, vigentes o prescriptas, morosas o naturales; sino a los propios sujetos de crédito devenidos deudores. En particular, las deudas morosas (sostenidas en el tiempo) devienen el medio o el soporte a través del cual las prácticas financieras de los agentes quedan expuestas, trascendiendo la privacidad de la esfera doméstica y confirmando su dimensión política (Schijman y Laé, 2011).

En Argentina, las entidades financieras y los bancos se encuentran obligados por ley a brindar información acerca de deudas y cheques rechazados a la Cendeu del BCRA,17 que publica esta misma información (sin modificarla) en el portal de su sitio de Internet. Desde 1990 la Cendeu se ha establecido como una gran base de datos, un registro público de deudas que brinda informes consolidados por clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI) respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito, fideicomisos financieros, o respecto a deudores en situación irregular de ex entidades financieras. Cuenta con información detallada de todo deudor del sistema financiero: identificación, sector (privado no financiero, etcétera), tipo de deudor (consumo o vivienda; comercial asimilable a consumo y comercial), actividad económica, clasificación de riesgo, entidad acreedora, deuda, tipo de financiación18 y cobertura con garantías preferidas, entre otras (Girault, 2007: 11).

En tanto proveedora principal de información, la autoridad monetaria tiende redes con otros organismos públicos (Administración Nacional de la Seguridad Social,19 Administración Federal de Ingresos Públicos,20 Inspección General de Justicia,21 Boletín Oficial,22 juzgados comerciales, entre otros) con el objetivo de recabar datos que pone en circulación hacia diferentes direcciones, receptores y emisores. Las empresas privadas de informes crediticios y comerciales (Veraz, entre otras) absorben esta información y entablan, por su parte, vínculos contractuales con bancos, tiendas minoristas, financieras, emisoras de tarjetas de crédito y demás entidades prestamistas, quienes les venden información concerniente a las transacciones financieras y crediticias de sus propios clientes, con lo que se convierten en fuentes privadas y privilegiadas de información.

Por ejemplo, Garbarino tiene un contrato con RiesgoNet, mediante el cual cada deuda, cada persona que saca un producto y no lo paga en Garbarino, Garbarino se lo informa a RiesgoNet. Entonces, los informes RiesgoNet, quien compre un informe, va a ver que vos tenés una deuda con Garbarino, por ejemplo… Más allá de lo que RiesgoNet tome del Banco Central… Digo, no es la única fuente de información (abogado especialista en habeas data, entrevista, mayo de 2012).23

El rol del Banco Central consiste, entonces, en recopilar y suministrar, a través de los canales anteriormente descritos, información básica o primaria a los distintos usuarios del sistema financiero (entidades que lo integran y prestadores de servicios de información crediticia), mientras que corresponde al sector privado “agregar valor” mediante el uso de tecnologías como el credit scoring.

Entendido como práctica social, acceder a un crédito implica someterse a una temporalidad homogénea, regida y monopolizada por los plazos de pago y vencimiento de cuotas. En ella quedan subsumidas las particularidades de historias personales y familiares. Vista como práctica financiera, la actividad crediticia comprende dos etapas diferenciadas: la de la venta del crédito y la de la gestión del riesgo.24 Es a la luz de esta concepción que se monta la trama institucional señalada, en la cual la Central de Riesgo del BCRA ocupa una posición estratégica y nodal. Dentro de esta configuración, las personas (deudores) transitan en relación con el modo en que se vinculan con las cosas (deudas). Y en este tránsito, en esta circulación, los registros crediticios serán las “pruebas” (Boltanski y Thévenot, 2006)25 que las personas deberán atravesar para demostrar ser buenas pagadoras y merecedoras de crédito.

CONCLUSIONES

A lo largo de este texto hemos propuesto reflexionar en torno a la construcción social y técnica de la deuda morosa en la medida en que entendemos que los cambios producidos en las formas de financiamiento al consumo son indisociables de las características que ha adoptado la regulación del endeudamiento. La producción de la información crediticia aparece como el hilo conductor entre una actividad y la otra: entre consumir y endeudarse. El hecho de consumir-a-crédito, por tanto, debe ser entendido como un proceso mediado y amalgamado por la información producida a su paso.

La tácita o sobreentendida “eficacia” de los informes comerciales se dirime en el discurso económico que los avala y en la técnica que los produce. Entendido como asunto de mercado, el desarrollo del crédito demanda revelar una “verdad”, y en aras de ello los informes cumplen su función de utilidad. Utilidad que es valorada política y económicamente, y traducida a “interés público” en razón de la incidencia que estos registros tendrían en el disciplinamiento de los deudores, provocando un bajo incumplimiento y, en consecuencia, el abaratamiento del crédito y su mayor expansión. Sin embargo, hemos sostenido que la dinámica financiera demuestra que los costos del crédito no responden de manera unilateral a las tasas de morosidad, sino a definiciones cognitivas sobre el riesgo financiero y los sujetos de crédito evaluados en función de su solvencia y garantías.

La convalidación de este discurso requiere que la práctica del endeudamiento no sólo sea regulada, sino reglamentada. El cumplimiento o incumplimiento de los pagos deviene, entonces, asunto moral objeto de controles y sanciones institucionales. Así, hemos visto que, apelando al saber experto de la economía y el derecho, la gestión institucional de la de-mora en los pagos consiste en la intervención y prevención de las conductas a los fines de medir y reducir el riesgo asociado con la capacidad de pago.

Bajo el supuesto de que las personas son portadoras de un determinado riesgo asociado con la incobrabilidad de las deudas, sus datos son el insumo principal para instrumentalizar dicha probabilidad. El historial de pagos y las tecnologías crediticias (como el credit scoring) deben su éxito justamente a esta capacidad de intervención. A través de ellas se “cuantifica” el riesgo y se define en términos monetarios y poblacionales. El factor riesgo no es óbice para ofrecer los servicios financieros, sino argumento para segmentarlos. El acceso al dinero, así como a las deudas, deviene un fenómeno social y materialmente diferenciado según los capitales con que se cuenta y la posición que se ocupa en el espacio social.

Dicho esto, y vista como situación social concreta, la mora entraña una complejidad que excede su carácter técnico o jurídico. En aras de identificar la complejidad social que atraviesa a las deudas y a la mora, será necesario interpelarlas como problemáticas que expresan “modos de existencia social” (Roig, 2015), más allá de su construcción técnica y legal, que aquí hemos analizado.

Bibliografía

Akerlof, George (1970). “The market for ʻlemons’: Quality, uncertainty and the market mechanism”. Quarterly Journal of Economics 84 (3): 488-500. [ Links ]

Arendt, Hannah ([1958] 2012). La condición humana. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

Balzarotti, Verónica, y Alejandra Anastasi (2013). “¿La competencia por deudores recién incorporados perjudica el acceso al crédito? Análisis en un contexto de alto riesgo y baja bancarización”. Ensayos Económicos 69: 101-149. [ Links ]

Baudrillard, Jean (1969). El sistema de los objetos. México: Siglo XXI Editores. [ Links ]

Boltanski, Luc ([1990] 2000). El amor y la justicia como competencias. Tres ensayos de sociología de la acción. Buenos Aires: Amorrortu Editores. [ Links ]

Boltanski, Luc, y Laurent Thevenót (2006). On Justification. Economies of Worth. Princeton: University Press. [ Links ]

Bourdieu, Pierre (2007). El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. [ Links ]

Bourdieu, Pierre (2010). Las estructuras sociales de la economía. Buenos Aires: Manantial. [ Links ]

Brodsky, Jonathan (2012). “La constitución en mora del deudor en el derecho argentino” [en línea]. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja. Disponible en <http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja/issue/view/36> [última consulta: 14 de septiembre de 2017]. [ Links ]

Brunet, Ignasi, e Inma Pastor (2001). “La axiomática de la ciencia económica convencional”. Política y Sociedad 37: 161-179. [ Links ]

Castel, Robert (2012). El ascenso de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Deville, Joe (2013). “Consumer credit default and collections: The shifting ontologies of market attachment”. Consumption Markets & Culture 17 (5): 468-490. [ Links ]

Elías, Norbert (1989). Sobre el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Epstein, Gerald (2005). Financialization and the World Economy [en línea]. Disponible en <https://books.google.co.cr/books/about/Financialization_and_the_World_Economy. html?id=fZnQf2IBO4YC&redir_esc=y> [última consulta: 14 de septiembre de 2017]. [ Links ]

Foucault, Michel (2007a). El nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Foucault, Michel (2007b). Seguridad, territorio y población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Foucault, Michel (2008). La verdad y las formas jurídicas. Buenos Aires: Gedisa. [ Links ]

Girault, Matías (2007). “Credit scoring models: What, how, when and for what purposes” [en línea]. MPRA 16377. Disponible en <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/16377> [última consulta: 14 de septiembre de 2017]. [ Links ]

Hadad, Iara (2016). “¿Cómo puedo salir de acá? Una aproximación a la construcción social y la gestión de las deudas morosas”. Tesis de maestría en Sociología Económica. Buenos Aires: Universidad Nacional de General San Martín-Instituto de Altos Estudios Sociales. [ Links ]

Langley, Paul (2008a). The Everyday Life of Global Finance: Saving and Borrowing in America. Oxford: Oxford University Press. [ Links ]

Langley, Paul (2008b). “Financialization and the consumer credit boom”. Competition and Change 12 (2): 133-147. [ Links ]

Lapavitsas, Costas (2010). “Financialization and capitalist accumulation: Structural accounts of the crisis of 2007-9”. School of Oriental and African Studies. [ Links ]

Latour, Bruno (2008). Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial. [ Links ]

Leyshon, Andrew, y Nigel Thrift (1999). “Lists come alive: Electronic systems of knowledge and the rise of credit-scoring in retail banking”. Economy and Society 28 (3): 434-466. [ Links ]

Marron, Donncha (2007). “‘Lending by numbers’: Credit scoring and the constitution of risk within American consumer credit”. Economy and Society 36 (1): 103-133. [ Links ]

Montesano, Juan (2012). “Mora del deudor” [en línea]. En Análisis del nuevo Código Civil y Comercial 2012. Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina. Disponible en <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/mora-deudor-juan-montesano.pdf> [última consulta: 26 de septiembre de 2018]. [ Links ]

Peebles, Gustav (2010). “The anthropology of credit and debt”. Annual Review of Anthropology 39: 225-240. [ Links ]

Poon, Martha (2007). “Scorecards as devices for consumer credit: The case of Fair, Isaac & Company Incorporated”. The Sociological Review 55 (2): 284-306. [ Links ]

Poon, Martha (2009). “From new deal institutions to capital markets: Commercial consumer risk scores and the making of subprime mortgage finance”. Accounting, Organizations and Society 34: 654-674. [ Links ]

Roig, Alexandre (2015). “Separar de sí, separar para sí: las prácticas de ahorro domésticas en sectores populares urbanos argentinos” En El laberinto de la moneda y las finanzas, compilado por Ariel Wilkis y Alexandre Roig, 195-210. Buenos Aires: Biblos. [ Links ]

Sánchez, María Soledad (2017). “El dólar blue como ʻnúmero público’ en la Argentina posconvertibilidad (2011-2015)”. Revista Mexicana de Sociología 79 (1): 7-34. [ Links ]

Schijman, Emilia, y Jean François Laé (2010). “Las rondas de las mujeres por las ventanillas del Estado. Etnografía de un trabajo invisible”. Trabajo y Sociedad 16 (XV): 67-83. [ Links ]

Spence, Michael (1973). “Job market signalling”. Quarterly Journal of Economics 87 (3): 355-374. [ Links ]

Stiglitz, Joseph (2002). “La información y el cambio en el paradigma de la ciencia económica”. Revista Asturiana de Economía 25: 95-164. [ Links ]

Stiglitz, Joseph, y Andrew Weiss (1981). “Credit rationing in markets with imperfect information”. The American Economic Review 71 (3): 393-410. [ Links ]

Vickrey, William (1945). “Measuring marginal utility by reactions to risk”. Econometrica 13 (4): 319-333. [ Links ]

Wilkis, Ariel (2014). “Sociología del crédito y economía de las clases populares”. Revista Mexicana de Sociología 76 (2): 225-252. [ Links ]

Zwan, Natascha van der (2014). “Making sense of financialization”. Socio-Economic Review 12 (1): 99-129. [ Links ]

Fuentes

Banco Central de la República Argentina (BCRA) (1998). “Comunicación A 2729, julio”. Disponible en: <http://www.BCRA.gov.ar/> [última consulta: 14 de septiembre de 2016]. [ Links ]

Banco Central de la República Argentina (BCRA) (2015). “Texto ordenado de clasificación de deudores, abril”. Disponible en <http://www.BCRA.gov.ar/> [última consulta: 14 de septiembre de 2016]. [ Links ]

“Entrevista realizada a Gabriel Yelín por MateriaBiz. Escuela de Negocios”. Disponible en <http://www.materiabiz.com/mbz/biografas.vsp?nid=34773> [última consulta: 14 de septiembre de 2016]. [ Links ]

H. Congreso de la Nación Argentina (2000). “Ley N° 25326”. Boletín Oficial 29517. Disponible en <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=E21FF21EDCB50762564AF5D9B11A4433?id=64790 > [última consulta: 14 de septiembre de 2016]. [ Links ]

Régimen Informativo de Deudores del Sistema Financiero. Disponible en <http://www.BCRA.gov.ar/pdfs/texord/t-RI-DSF.pdf.> [última consulta: 14 de septiembre de 2016]. [ Links ]

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFYC) (2015). “Información de Entidades Financieras, septiembre”. Disponible en: <Disponible en: http://www.BCRA.gov.ar/> [última consulta: 14 de septiembre de 2016]. [ Links ]

Veraz-Equifax (s/f). Sitio institucional. Disponible en <http://www.veraz.com.ar > [última consulta: 14 de septiembre de 2016]. [ Links ]

1 Lapavitsas (2010) señala que la potencia del concepto reside en su capacidad de vincular la transformación estructural de las economías capitalistas con sus implicaciones sociales concomitantes. Epstein (2005) propone entender por financiarización las transformaciones del capitalismo mundial en términos de globalización financiera y con ello la expansión e intromisión de las finanzas en todos los ámbitos de la vida social. En sentido similar, Langley (2008a) se refiere a una financiarización de la vida social. Para un estado del arte sobre el concepto, ver Van Der Zwan (2014).

2Cito aquí mi tesis de maestría titulada: ¿Cómo puedo salir de acá? Una aproximación a la construcción social y la gestión de las deudas morosas”. El análisis implicó, entre otras cuestiones, pensar la unidad diádica crédito/deuda en los términos de Gustav Peebles (2010), es decir, como vínculo material que enlaza el pasado con el presente y el futuro, y tiene consecuencias en relación con la regulación del espacio, el tiempo y los cuerpos.

3Veraz ha sido la empresa pionera en Argentina en dedicarse a recopilar y producir datos vinculados con el cumplimiento de pagos y deudas correspondientes a personas físicas y jurídicas. Desde su creación se ha posicionado y mantenido como la principal empresa a escala nacional en el rubro de informes crediticios y comerciales. Hoy provee información financiera sobre más de 20 millones de personas a bancos, comercios y entidades que operan con crédito. Tras su alianza con el buró de crédito transnacional Equifax en 1998, pasó a denominarse Veraz-Equifax.

4Citas provenientes de una nota periodística publicada el 29 de octubre de 2000 en el diario Clarín. El subrayado es nuestro.

5Entendemos aquí el concepto de gramática en el sentido que propone Boltanski ([1990] 2000), es decir, como conjunto de coacciones o restricciones que se imponen a todos y constituyen un saber compartido.

6El término alude a situaciones en que las dos partes intervinientes en una transacción u operación cuentan con un conocimiento desigual en torno al bien o servicio en cuestión. Esta “imperfección” o “falta de información completa” conduciría a costos adicionales, fallas o procesos de racionamiento. Los trabajos de Akerlof (1970), Spence (1973), Stiglitz y Weiss (1981), entre otros, dialogan desde esta perspectiva con el paradigma competitivo neoclásico.

7La tasa de previsionamiento es un mecanismo prudencial a través del cual las entidades financieras castigan los créditos con base en riesgos de incobrabilidad y deterioro objetivo de su cartera de créditos.

8Ambos términos, empleados originariamente en el ámbito de los seguros, se refieren a mecanismos que tienen lugar, principalmente, en contextos de asimetría de información. El concepto de “riesgo moral” se ha utilizado para dar cuenta del desconocimiento de las empresas aseguradoras respecto a las verdaderas intenciones de los asegurados, señalando la responsabilidad que asumen éstas frente a las consecuencias de los actos de los agentes. La “selección adversa”, por otro lado, alude a un proceso de selección no eficiente por parte del mercado, al dejar afuera a los “buenos” clientes (solicitantes de seguro, crédito) y productos debido a falta de información.

9Desarrollado por Spence (1973), el concepto de screening en economía se refiere a los casos de información asimétrica en los que una de las partes trata de suplir por diversos medios la deficiencia de información que posee sobre y en relación con la otra parte. Por lo general, las técnicas de screening se utilizan en transacciones que suponen un tiempo futuro o un largo plazo (como es habitual en el ámbito bancario y financiero).

10Las técnicas de scoring colaboran en generar de manera automática los criterios de selección crediticia sobre la base de métodos matemáticos o estadístico-econométricos. Son utilizadas para medir el riesgo o la probabilidad de incumplimiento de los solicitantes y usuarios de crédito.

11Se entiende que hay incumplimiento relativo cuando la ejecución tardía o correcta le sigue siendo útil al acreedor (supuesto muchas veces encarnado por las obligaciones de dar). Es aquí donde surge la noción de mora. Por el contrario, el incumplimiento absoluto no admite el concepto de mora en la medida en que al acreedor de nada le sirve la ejecución tardía de lo debido. En este caso la obligación se convertirá en el resarcimiento de los daños e intereses por el deudor responsable (ver Brodsky, 2012).

12El 1 de abril de 1968 entró en vigencia la Ley 17.711, a través de la cual se concretó la reforma del Código Civil anterior. En ella se modificó la regulación de la constitución en mora. Más recientemente, el 27 de marzo de 2012, el poder ejecutivo nacional presentó el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. En esta oportunidad también tuvieron lugar algunas modificaciones en materia de mora. Para un análisis sobre el tema, ver Brodsky (2012) y Montesano (2012), entre otros.

13En derecho romano, ex re significa “como consecuencia del hecho mismo”.

14En este trabajo, las autoras advierten sobre las dificultades de acceso al crédito para consumo que tienen los individuos que no cuentan con un historial crediticio. A ello agregan un contexto de selección adversa y de altas tasas activas para ingresar al mercado del crédito. Frente a este escenario, es imperativo, según ellas, desarrollar mecanismos que permitan estimar el riesgo y la capacidad crediticia más allá del historial de pagos, así como una tecnología de procesamiento que no implique grandes costos para las entidades.

15Con base en San José, California, Fair Isaac es una empresa estadounidense especializada en software financiero. Fue fundada en 1956 por el ingeniero William Fair y el matemático Earl Isaac bajo el nombre Fair Isaac and Company Incorporated. Su producto más popular, el puntaje fico® credit risk score, es la medida de riesgo mayormente empleada por las principales agencias de informes de consumidores ubicadas en Estados Unidos y Canadá.

16Extracto de su intervención en el taller realizado en el Banco Central de la República Argentina sobre “El papel de la información crediticia confiable en el desarrollo de mercados de servicios financieros estables”. El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de diciembre de 1997 y contó con los patrocinios de Equifax (Estados Unidos), Veraz (Argentina), Experian (Inglaterra) y Fair Isaac (Estados Unidos), principales burós de crédito a nivel mundial.

17La Cendeu, también llamada Central de Riesgo, pertenece a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, brazo ejecutivo del BCRA.

18El concepto “financiación” incluye, además de los préstamos (créditos hipotecarios, prendarios y personales) a las responsabilidades eventuales: garantías otorgadas, avales otorgados sobre cheques de pago diferido, adelantos en cuenta corriente (saldos no utilizados) y documentos redescontados en otras entidades financieras, entre otros. En el caso del descubierto en cuenta corriente, este monto acordado suma como potencial endeudamiento en la “deuda consolidada” y es calificado, independientemente de que sea usado o no por el cliente (Girault, 2007).

19Fue creada en 1991 mediante el Decreto N° 2.741 y tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

20Fue creada en 1997 mediante el Decreto N°618 y es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la nación.

21Es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya función principal es la de registrar y fiscalizar sociedades comerciales, extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que fijen su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, excepto las que son sometidas a los controles de la Comisión Nacional de Valores.

22Es el órgano de difusión a través del cual se publican las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación y los actos emanados del Poder Ejecutivo. Tras su publicación en el Boletín Oficial, las normas entran en vigencia.

23El ejemplo brindado por el especialista cumple la función de ilustrar la cuestión que pretendimos señalar. Debemos aclarar que la empresa mencionada RiesgoNet, otro- ra denominada RiesgoFax, ya no existe como tal en la actualidad.

24En estos términos supo referirse Luciano Manzo (ejecutivo de Experian, ex TRW Information Services-/Commercial Credit Nottingham, conglomerado de registro crediticio de capitales ingleses) durante su alocución en el taller realizado en el BCRA (véase nota 16): “[...] en la actividad crediticia, donde termina el ciclo de venta empieza otro ciclo mucho más delicado que es el ciclo de la gestión de riesgo”.

25Entendemos aquí el concepto de prueba (épreuve) en el sentido que han propuesto Boltanski y Thevenót (2006), es decir, como momento disruptivo del orden social e instancia de transformación y de tensión de las relaciones sociales, en la que se ponen en juego el estatus y el reconocimiento de las personas.

Recibido: 09 de Agosto de 2017; Aprobado: 09 de Mayo de 2018

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