Las elecciones generales de 2018 en México fueron atípicas por la concatenación de procesos que sucedieron en la República. Lo fueron, además, por el contexto en el que sucedieron y por la dinámica misma de las campañas, pero lo que más les otorgó este carácter fueron sus resultados. Dos razones importantes para hacer de estos comicios un acontecimiento inusual fueron los cambios en la legislación electoral y el surgimiento de un nuevo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que vendría a modificar la correlación de fuerzas, que desde 1989 había estado depositada en tres organizaciones políticas: Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las razones más significativas, sin embargo, fueron el hartazgo de la sociedad por el abuso, el cinismo y la ineficiencia de la clase política, así como el fortalecimiento de un líder carismático que había competido por la presidencia en los dos comicios anteriores y cuya misión, desde 2007, había sido recorrer el país en busca de adeptos a su causa de sanación de México.

Dos cambios en la legislación electoral marcaron la diferencia en este proceso. El primero, que desde diciembre de 2017 los mexicanos se vieron involucrados en llamados al voto a partir de un extraño mecanismo en el que la periodicidad de la campaña se fragmentó en tres partes: del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018 se desarrolló la “precampaña”, cuyo propósito era propiciar que los aspirantes se dirigieran a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos. Al terminar la precampaña dio inicio una “intercampaña”, que duraría hasta el 29 de marzo, con el objetivo de dar visibilidad a los precandidatos, que podían hablar de sus propuestas y asistir a entrevistas o a eventos, pero sin hacer un llamado directo y claro al voto (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2017, artículos 226, 227 y 242). Por fin, el 30 de marzo, los candidatos iniciaron de manera formal sus campañas, tres meses después de una sobreexposición a propaganda política que no necesariamente le otorgó al elector elementos sustantivos para tomar sus decisiones. Lejos de cumplir con este propósito, la imposición de estos calendarios propició tedio en la ciudadanía y agudizó la tendencia a atender de forma selectiva a los mensajes que correspondían con la visión que cada elector suscribía en torno a la política y sobre el candidato que, a su juicio, contaba con el mejor perfil y con las mejores propuestas para lograr una transformación efectiva.

El segundo hecho que se derivó de un cambio a la normatividad electoral fue la concurrencia de las elecciones federales (629 cargos) con un buen número de procesos locales (2 777 cargos). Esto convirtió la elección en la más visible y compleja de la historia contemporánea del país (<http://www.ieec.org.mx/Documentacion/INE/2017/Acuerdos/INE_CG386_2017.pdf>). Esta visibilidad propició que los votantes hicieran coincidir sus preferencias en los ámbitos federal y local, lo que puede servir como una explicación a la contundencia del triunfo de un solo partido: Morena, que ganó en la mayoría de los casos.

El triunfo de Morena en la elección presidencial, con 46% del voto, fue directamente proporcional a la derrota de las tres principales fuerzas políticas en el país: el pan, que perdió 7% del voto en comparación con 2012; el PRD, que pasó de 32% a 3% en el mismo lapso, y el PRI, que de 38% en 2012 obtuvo sólo 14% en 2018 (<https://www.integralia.com.mx/content/publicaciones/044/Reporte%20Electoral%20Integralia%202018.%20Elección%20federal.pdf>).

Esta debacle pudo deberse al enojo de la ciudadanía con respecto al cinismo y a la codicia de estos partidos, que se fueron expresando de muchas maneras a raíz de la alternancia en el 2000 y que se hicieron más evidentes en los últimos seis años debido a los escándalos por corrupción que involucraron a la mayoría de la jerarquía política, tanto federal como local. Otra de las acciones que pusieron en evidencia estos rasgos propios de la élite política fue que muchos miembros de la “partidocracia” iniciaron un éxodo de su instituto político de origen para integrarse a otro con muy distinto perfil ideológico, con el fin de mantenerse en la órbita del poder, o que se vieron dispuestos a integrar coaliciones electorales entre fuerzas políticas que en otro momento se habían presentado como antagónicas. Ejemplos de esto fueron el tránsito de Germán Martínez, ex presidente del PAN, a las filas de Morena, o la constitución de la coalición Por México al Frente entre el PAN y el PRD, que son fuerzas dispuestas a la derecha y la izquierda del espectro político y que habían mantenido una rivalidad histórica.

El signo más ilustrativo de las campañas fue su carácter negativo, mostrado de múltiples maneras, como el acento que se puso en la descalificación de los contrincantes a partir de la exhibición de sus actos de corrupción o de sus vínculos con los operadores de importantes tramas de corrupción. Otro de los grandes temas que se reiteraron en el transcurso de este proceso fue el del signo arcaico o moderno de las propuestas de los candidatos. Esto situó a la contienda en un escenario de polarización, que se reflejó en un mensaje político construido a partir de la existencia de “dos Méxicos”: el de los corruptos y el de los honestos, y el de los retrógradas y el de los transformadores.

La mercadotecnia contribuyó también a agregar un elemento nocivo a las campañas, ya que estuvo diseñada para manipular los miedos y los prejuicios de los votantes, resaltando los aspectos débiles de la personalidad de los rivales y sus errores de actuación a su paso por distintos cargos públicos. Por contraste, la publicidad de Morena se centró en la figura de su líder moral y en la capacidad que siempre ha mostrado Andrés Manuel López Obrador para conectar con la gente, haciendo del sentido común el centro de sus argumentos políticos.

Como parte de estas campañas negativas se puede señalar la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para favorecer al candidato de su partido, ya fuera a través de sus discursos o de acciones destinadas a inculpar o a descalificar a otros candidatos con el fin de dañar su reputación y desprestigiarlos ante la opinión pública. En contra de López Obrador volvió a usar la estrategia de compararlo con Chávez y con Maduro, y de predecir una situación semejante a la de Venezuela en el caso de su triunfo. A Ricardo Anaya, candidato del pan, se le construyó una acusación por presunto lavado de dinero, con la intervención de la Procuraduría General de la República.

Si en elecciones anteriores existió en las campañas negativas una suerte de convención en la que se asumía que podía haber un sesgo de distorsión en las acusaciones, pero se esperaba que el contenido del mensaje incluyera algo de verdad, las elecciones de 2018, en cambio, se vieron invadidas por noticias falsas o fake news difundidas a través de las redes sociales, con el propósito de reforzar los sesgos en los juicios de valor entre quienes compartían creencias y desacreditar a quienes no lo hacían. Una de las que tuvieron más notoriedad fue la de la intervención de Rusia en el proceso electoral mexicano para apoyar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia: en un video se mostraba a dos periodistas de una cadena rusa diciendo que el discurso populista de López Obrador y su oposición a las políticas neoliberales hacían que las esferas del poder de ese país vieran en “el camarada Obrador” al próximo protegido del régimen de Putin (<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44476959>).

Una muestra más de esta faceta oscura de las campañas fue la violencia que se desató en varios estados del país con motivo de las elecciones, que tuvo como resultado la muerte de 101 candidatos de distintos partidos y puso de manifiesto la determinación de las organizaciones delictivas de influir en los comicios. La convergencia de tantos procesos electorales hizo que la proliferación de estos crímenes en distintos estados aumentara la percepción de inseguridad y confirmara la incapacidad de los gobiernos locales para controlarla.

El triunfo de López Obrador no se debe a un liderazgo carismático puro, aunque en su personalidad se muestren algunos rasgos mesiánicos, sino a un carisma de situación. En su texto de 1968 The Theory of Charismatic Leadership, Robert Tucker dice que esto sucede cuando el político ofrece, en un momento de profunda desgracia, un liderazgo fuerte, y que se plantea además como un medio de salvación ante la adversidad. Y es precisamente su lucha ante la adversidad lo que ha constituido el eje de la narrativa del líder de Morena. El primer vínculo de empatía entre López Obrador y grandes segmentos de la sociedad fue a partir del intento del entonces presidente Vicente Fox de quitarle el fuero, para que pudiera ser juzgado por un presunto delito de expropiación ilícita de un predio en la Ciudad de México. El entonces jefe de gobierno del Distrito Federal acusó a Fox de querer impedir que compitiera para la presidencia. Su imagen de víctima del poder se concretó después del cerrado triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006, en las que venció al candidato del PRD por sólo 243 914 votos (.62%). En ese momento López Obrador dijo que había habido un fraude en su contra, exhortó a sus votantes a manifestarse en razón del resultado, e instauró un “gobierno legítimo” paralelo al que se ejercía institucionalmente. El argumento del fraude se repitió en la elección de 2012, a pesar de que los resultados indicaban un triunfo del PRI por más de seis puntos porcentuales arriba del PRD; en este caso el candidato acusó además a los medios de comunicación de inclinar la balanza a favor del candidato del PRI, al que se dio la mayor cobertura.

A raíz de su segundo fracaso y ante la posibilidad de que PRD no volviera a postularlo, López Obrador decidió formar, en 2014, Morena, un partido constituido en torno a su liderazgo. Morena se ha presentado como una organización capaz de resolver los tres problemas políticos que más preocupan a los mexicanos: la corrupción, la pobreza y la inseguridad, y lo ha hecho a partir de una narrativa en la que se habla de la cuarta transformación política del país, equivalente a las guerras de Independencia y Reforma, y a la Revolución. Con el propósito de capitalizar el enojo de la sociedad con las élites políticas y económicas, el discurso de López Obrador ha sido crítico, beligerante y polarizador. En él ha definido a las primeras como la “mafia en el poder” y a las segundas como “minoría rapaz”. Su trama para regenerar a la sociedad consiste en despojarlas de sus privilegios para conseguir una distribución más equitativa de los bienes sociales. En las palabras que pronunció cuando registró su candidatura en el Instituto Nacional Electoral está la síntesis de su estrategia para lograrlo: “Acabaremos con la corrupción, con la impunidad y con los lujos en el gobierno. Habrá autoridad moral y por lo mismo autoridad política. La honestidad y la austeridad en el ejercicio del gobierno nos permitirán liberar recursos suficientes para financiar el desarrollo sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin imponer a la población alzas draconianas como los llamados gasolinazos” (López Obrador, 16 de marzo de 2018).

Un primer parámetro de que la ciudadanía veía con esperanza a este nuevo partido y estaba dispuesta a dar un voto de confianza a su líder fueron los resultados de los comicios locales en 2015, en los cuales, en su primera incursión electoral, Morena obtuvo triunfos importantes en la Ciudad de México -donde ganó un tercio de las delegaciones-, en el Estado de México, en Veracruz y en Tabasco. Otra muestra de la gran aceptación que iba adquiriendo el partido fue en 2017, cuando su candidata para el gobierno del Estado de México -uno de los cotos más emblemáticos de poder del PRI- quedó menos de 3% debajo del candidato del Revolucionario Institucional.

En 2018, la contundencia de las encuestas que dieron, desde el comienzo de la contienda, como ganador por un amplio porcentaje de intención de voto a López Obrador (38% al inicio de la campaña y 45% al cierre de acuerdo con los sondeos de Parametría del 2 de abril y el 27 de junio), hizo que la competencia por el segundo lugar se convirtiera en una meta importante para los candidatos de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade. Esto se debió a que ambos compartían la idea de que capitalizando el voto antilopezobradorista tendrían alguna posibilidad de ganar la elección, si el alto porcentaje de indecisos optaba por otorgar su voto útil a uno de ellos. Indiferentes al fuerte enojo de la ciudadanía y a lo que ésta esperaba escuchar, dedicaron gran parte de sus campañas a pelearse entre sí con la intención de mostrar el lado oscuro de su oponente y restarle votos. Un ejemplo de esto fueron los debates presidenciales, que sirvieron como vehículo de difusión de recriminaciones en que las propuestas se vieron desdibujadas, debido al empeño de los candidatos de mostrar el grado de erosión de la política y la dimensión de sus ambiciones personales. El candidato de Morena, en cambio, reiteró su estrategia discursiva, que le ha ganado una lealtad acrítica de sus votantes, centrada en su propósito y su voluntad para corregir los agravios históricos cometidos por las élites gobernantes: combatir de manera frontal la corrupción (Máriam Martínez-Bascuñán, “Trumpismo mediterráneo”, El País, 4 de agosto de 2018). López Obrador ha usado siempre una frase que bien puede ejemplificar esta causa: “Vamos a limpiar al gobierno de la corrupción como se barren las escaleras: de arriba para abajo” (<https://www.youtube.com/watch?v=TFb3EZycJmc>).

Los resultados mostraron que esta estrategia de la oposición fue errónea, ya que no logró articular el voto indeciso en torno a uno de ellos ni cambiar la intención de los simpatizantes de Morena. Sin embargo, los candidatos no se equivocaron al afirmar que ésta no era una elección más y que lo que estaba en juego era el futuro del país y de las próximas generaciones. Sería osado especular si López Obrador será el presidente que lleve a México a una transformación del calibre de las que ya mencioné y que significaron un punto de inflexión definitivo en la historia política del país; lo que es cierto es que cuenta con las condiciones para hacerlo.

El mandato de la ciudadanía en las urnas dejó con poco margen de maniobra a los partidos de oposición, que además debían lidiar con sus propios dilemas, después de que se exhibieron públicamente sus conflictos internos y de que la escasa votación para algunos de ellos los puso en peligro de perder su registro. Morena ganó prácticamente todo lo que estaba en contienda: en el ámbito federal, la presidencia, 191 curules en la Cámara de Diputados (307 de la coalición Juntos Haremos Historia) y 55 asientos en la Cámara de Senadores (68 de la coalición Juntos Haremos Historia) (<https://www.forbes.com.mx/asi-luce-la-mayoria-de-morena-en-el-congreso/>). En el ámbito local, cinco de nueve gubernaturas (Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Veracruz) y un alto porcentaje de cargos de elección en el nivel local. Su triunfo en la Ciudad de México, con 57% en el nivel presidencial y con 47% del apoyo ciudadano a la candidata para el gobierno local, es especialmente importante por ser la entidad donde se encuentra la sede de los poderes federales y uno de los lugares donde hay mayor concentración del voto.

Irónicamente, con su voto hacia Morena los ciudadanos han propiciado el retorno al esquema de partido hegemónico que describió Giovanni Sartori en 1976, y no porque existiera en esta formación política una intención deliberada de subordinar al resto de los partidos, sino porque el menosprecio que el electorado les mostró en las urnas los ha relegado a un segundo plano. López Obrador cuenta con un margen amplio de legitimidad para ejercer la presidencia como en los viejos tiempos del PRI, sin tener que compartir el poder ni hacer concesiones. Morena, por su parte, será difícil de desafiar en el Congreso, donde en coalición tiene la mayoría de las curules de ambas Cámaras. En este escenario, la oposición está destinada a tener un papel marginal en la toma de decisiones y en el ejercicio de pesos y contrapesos al gobierno.

Las negociaciones entre partidos, que a lo largo de 30 años dieron como resultado un número importante de reformas políticas y electorales, no lograron transformar la poliarquía que Robert Dahl vislumbró como la garantía de una competencia abierta en la que el gobierno resulte de elecciones libres en una democracia activa y deliberativa. Quizá esto se deba a que tampoco consiguieron inculcar en los mexicanos una conciencia del potencial que está detrás del cabal ejercicio de la ciudadanía, de la responsabilidad que ella implica y de la capacidad de incidencia que garantiza.

Al hacer uso de la facultad que les otorga la democracia, los ciudadanos optaron por elegir a un líder que les garantiza protegerlos y solucionar los problemas a partir de la acción pública centrada en su persona: “No les fallaré porque mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”, dijo López Obrador en el discurso que pronunció el 1 de julio, al conocer su triunfo.

Después de las grandes expectativas que despertó a principios de los años ochenta y de un largo trayecto que le ha ido añadiendo atributos propios, la democracia en México regresa a su punto de partida con la encomienda de corregir los errores y castigar a quienes han abusado de las prerrogativas que les brindó esta forma de régimen. Lo que queda por ver es si la decisión de los electores de centrar “la transformación” política del país en la voluntad de un líder carismático resultará ser la alternativa adecuada.