El analfabetismo: una construcción social

Para este trabajo, se entiende como personas analfabetas aquellas que desconocen la codificación y decodificación del alfabeto escrito, por lo que no pueden manejarlo ampliamente para leer y escribir, lo que no impide que se relacionen en prácticas letradas y utilicen materiales escritos. Son sujetos cognoscentes, capaces de aprehender y dar significado a su realidad, que tienen un gran bagaje de conocimientos empíricos que han desarrollado a lo largo de su vida, y creatividad para enfrentar un mundo complejo (^{Pineda Trujillo, 2013}).

Pero la definición de analfabetismo, o lo que significa saber o no saber leer y escribir, varía de una institución a otra, de un país a otro y de un autor a otro, lo cual se debe a la transformación de la escritura, desde los aspectos técnicos -los instrumentos y materiales que se han usado, la forma en que se presentan los textos-, pero sobre todo al papel que la escritura ha jugado en el entorno social: de un conocimiento especializado del que estaba excluida la mayoría de la población, a una práctica masificada y cotidiana, donde quien la desconoce cae en la categoría de la anormalidad (véase ^{Graff, 1991}; ^{Ong, 2002}; ^{Pineda Trujillo, 2013}). El analfabetismo es, pues, un fenómeno histórica y culturalmente construido. Implica también relaciones de poder: decir quién sabe leer y escribir y quién no, cuáles saberes son valiosos o inválidos; decidir, según esos saberes, quién puede participar y quién no, son formas de control y autoridad (^{Kalman, 2004}; ^{Street, 2004}).

En la primera fase de la industrialización, tanto en Europa como en Estados Unidos -últimas décadas del siglo XVIII y la primera del siglo XIX-, se produjo un efecto desfavorable en la alfabetización -que en esos países estaba muy difundida entre la población-, pues no se requería en las fábricas mano de obra calificada, sino fuerza de trabajo dócil, y al incorporar masivamente el trabajo de mujeres y niños, se “quebró” el modo de alfabetización tradicional, a través de la familia, la iglesia, los vecinos o los gremios, que eran las instancias entrenadoras y promotoras de la letra escrita, amoldadas a los ritmos y modos de producción rural (^{Viñao, 1999}).

Para la segunda mitad del siglo XIX, con el gran crecimiento urbano, junto al que se presentaron el hacinamiento, el incremento del crimen y el desorden, así como las exigencias tecnológico-productivas y comerciales, en esos mismos países se propició un mayor interés por la educación elemental, pues se consideraba que una determinada alfabetización sería el medio para lograr la estabilidad social y la afirmación de las funciones hegemónicas: la reducción del crimen y el desorden, la inculcación de valores morales y códigos de conducta “apropiados” y el incremento de la productividad (^{Graff, 1991}; ^{Viñao Fago, 1999}). Resulta, entonces, que saber leer y escribir, o no saber hacerlo, es una virtud o defecto dependiendo del contexto socio-histórico del que se hable.

Fuente: ^{Pineda Trujillo, 2013}: 51.

Gráfica 1 Analfabetismo a nivel nacional y en Jalisco, 1895-2010. Porcentajes 

A partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, se considera que la escolaridad contribuye a la promoción del empleo y a la distribución del ingreso en forma más equitativa, tal como señala la teoría del capital humano (^{Calderón Villarreal, Ochoa Adame y Huesca Reynoso, 2017}; ^{Muñoz Izquierdo, 2001}; ^{Martínez, Trucco y Palma, 2014}). La escuela pública y el sistema laboral del siglo XX tendieron al logro de objetivos homogéneos y homogeneizadores. Se expandió el sistema educativo público. Los empleadores privados y públicos procuran o exigen una mayor escolaridad de los trabajadores. Los trabajadores con mayores niveles de escolaridad se encuentran en mejor posición que los que tienen menos escolaridad para obtener empleo, recibir mejores salarios y enfrentar periodos recurrentes de crisis (^{Huesca Reynoso, 2004}; ^{Martínez y Fernández, 2010}).

Existió, en algún momento, una cierta idea general de normalización y estandarización, situación que nunca se logró. En contraste, en la actualidad hay una tendencia cada vez mayor a un sistema educativo diferenciado, segmentado y descentrado, con lo cual las desigualdades que persisten de la educación básica -oportunidades de acceso, rendimiento y calidad- tienden a profundizarse. Dicha fragmentación es acorde con la estructura de la sociedad. Si bien desde 1982 se ha logrado inscribir en el primer grado de las escuelas primarias a casi la totalidad de los niños que integran la demanda potencial, las oportunidades de concluir ese ciclo no se distribuyen equitativamente entre los diferentes estratos y las diversas regiones del país. En consecuencia, el problema de la educación básica no existe en forma singular, sino plural y diferenciado según el segmento social de que se trate (^{Godino, 2007}; ^{Muñoz Izquierdo, 2001}).

La deserción y el analfabetismo no sólo representan un problema de rezago educativo, sino que acarrean estigmatización, exclusión y falta de oportunidades. Al investigar sobre la condición analfabeta actualmente, se encuentran diversas maneras de concebirla. Identificamos que se le considera básicamente como un problema de marginalidad o exclusión, o como una condición de vulnerabilidad.

Cuando se habla del analfabetismo como una condición de marginalidad, se hace en referencia tanto a sus orígenes (localidades sin escuelas, personas discriminadas y excluidas por su género, etnia, edad) como a sus consecuencias (dificultad o imposibilidad de acceder a empleos e instituciones, estigmatización social). Sin embargo, lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que en realidad estas personas no están al margen en una sociedad letrada, sino que se mueven en su interior, participan o tratan de hacerlo, pero sí es necesario marcar la diferencia de lo que implica hacerlo dentro de la cultura escrita teniendo el conocimiento de los códigos y su manejo, y no teniéndolo, puesto que esto involucra muchas veces un mayor esfuerzo para integrarse en las prácticas sociales o evitar ser excluido, esfuerzo que no sólo es del analfabeto, sino que puede incluir a quienes se relacionan con él (^{Ames, 2004}; ^{De la Piedra, 2004}; ^{Pineda Trujillo, 2013}).

Por otra parte, el analfabetismo es concebido como un indicador de vulnerabilidad o marginación por instituciones y académicos que estudian la población en condición de pobreza.⁸ Sin embargo, las políticas inclusivas no identifican a las personas analfabetas como un grupo vulnerable y con necesidades múltiples. Incluso, algunos de los requisitos o las prácticas institucionales les impiden la participación, lo que las deja fuera de los beneficios y del reconocimiento que ellas implican. Organizaciones, empresas e instituciones -especialmente las instancias públicas de los tres niveles de gobierno- no consideran, como parte de sus políticas y prácticas inclusivas, recursos que apoyen a las personas que no saben leer ni escribir para conformar una estructura de oportunidades que faciliten la participación en igualdad de circunstancias. Los aspectos que originan la vulnerabilidad son sociales.

El tratamiento de atención que se les brinda los hace objetos de caridad, o bien, busca “normalizarlos”, mediante una técnica positiva de intervención y transformación, como la denomina ^{Michel Foucault (2008)}, ofreciendo programas de alfabetización, con lo que se enfoca solamente como un problema educativo, que para resolverse requiere “transferir” a las personas analfabetas capacidades o conocimientos que se supone que les hacen falta, como la lectura y la escritura, en el sentido de que sin tales contribuciones son absolutamente incapaces de dirigir sus propias circunstancias de vida y conocer y defender sus derechos. Actualmente se ignoran las necesidades múltiples, las diversas dimensiones de la población -las personas analfabetas no están aisladas ni su única característica es no saber leer ni escribir-, por lo que se requiere integrar la acción de varias instituciones -económicas, educativas, empresariales, de salud, entre otras-, además de que cuentan con capacidades de saber y de actuar para intentar resolver sus problemas y aprender cómo intervenir en el flujo de eventos sociales a su alrededor.

La necesidad y el derecho de trabajar

Idealmente, desde una perspectiva funcionalista, un aspecto importante en la vida de las personas y para la sociedad es, sin duda, el dominio laboral. En el sistema laboral moderno, tener trabajo cumple con la función económica para los individuos y las familias, además de que se considera al trabajo como el medio “aceptable” de satisfacer necesidades propias y de los suyos. “El trabajo es uno de los pilares en los que se asientan tanto la riqueza de las economías como la riqueza de las vidas humanas, pero en general se ha concebido más en términos económicos que en términos de desarrollo humano” (^{PNUD, 2015}: iii).

Trabajar se asocia con la dignidad de la persona, en el sentido de que se tiene la capacidad de conseguir el sustento de manera autónoma, a través del esfuerzo personal. Lo contrario, no trabajar, el desempleo, conduce a la degradación de la imagen de sí mismos o a una identidad negativa (^{Vasilachis, 2003}). El dominio laboral es un espacio de experiencias y relaciones sociales que contribuye a la rutinización o reconstrucción de subjetividades e identidades (^{De la Garza, 1997}). Esto no es una excepción para las personas que no saben leer ni escribir.

Trabajar es también un derecho, y así se establece en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

Actualmente, vemos que el trabajo (formas de contratación, salarios y estabilidad) se encuentra en una profunda crisis y transformación. El mercado laboral plantea nuevos requisitos de empleabilidad, como mayor escolaridad, manejo de nuevas tecnologías de la información, entre otros. ¿Qué pasa, entonces, con las personas analfabetas? ^{Cuauhtémoc Calderón Villarreal, Gloria Lizbeth Ochoa Adame y Luis Huesca Reynoso (2017)} afirman que el sector manufacturero mexicano tiene una demanda relativamente sesgada hacia el trabajo no calificado, lo que podría favorecer a las personas analfabetas. Sin embargo, los procesos de reestructuración económica y apertura comercial se han combinado con transformaciones tecnológicas que suprimen mano de obra, la desindustrialización y la terciarización, con lo que en el mercado actual se considera que cuanto mayores son los niveles de escolaridad, será mayor la calificación para el trabajo y, con ello, se incrementará también la productividad agregada del sistema económico (^{Filgueira, 2008}; ^{Martínez, Trucco y Palma, 2014}; ^{Muñoz Izquierdo, 2001}; ^{Sánchez Olavarría, 2013}). En ese sentido y dentro de este contexto, las personas analfabetas enfrentan serios problemas, entre los que podemos señalar:

Conociendo las exigencias actuales del mercado de trabajo en cuanto a formación y documentación escolar se refiere, la aceptación, la inserción y la permanencia de las personas analfabetas en él es difícil (^{Huesca Reynoso, 2017}; ^{Martínez, Trucco y Palma, 2014}). Dado lo anterior, cabría entonces preguntarse acerca de cuáles son los apoyos gubernamentales que se otorgan a las personas que no saben leer ni escribir para participar de manera más equitativa, de forma tal que tengan acceso a un trabajo formal, suficientemente remunerado y estable, para obtener su sustento y el de sus familias, así como prestaciones y condiciones para su desarrollo, tal como lo ampara la ley.

Por lo general, las personas analfabetas o de baja escolaridad se emplean en trabajos que se consideran de poca cualificación (tabla 2); sin embargo, requieren ciertos conocimientos, más del “saber hacer”, que de la preparación escolar o las credenciales.

En un estudio piloto realizado por ^{Rodrigo Martínez y Andrés Fernández (2010)} para la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en diversos países de América Latina, se indica que los analfabetos tienen problemas de empleabilidad⁹ debidos a su “bajo nivel de conocimientos y especialización”, cuya fuente --parecería que exclusivamente- es la educación formal, y aquellos que laboran tienen empleos de menor calidad que quienes sí saben leer y escribir, porque “presentan limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos individuales que la ley les otorga, así como para participar activamente en la consecución de los derechos colectivos, que son esenciales para la dignidad del ser humano” (^{Martínez y Fernández, 2010}: 8). Sin embargo, al mostrar sus datos, la asociación entre años de escolaridad y tasa de desempleo abierto presenta una tendencia al incremento a medida que se aumenta la escolaridad entre quienes logran completar la secundaria alta, y es menor entre las personas analfabetas, lo que consideran que se debe a que entre los analfabetos es mayor la proporción de personas de más edad, por lo que tienen más años de experiencia laboral, mientras entre quienes han completado el ciclo educativo se presentan más jóvenes de reciente ingreso al mercado laboral (^{Martínez y Fernández, 2010}). Aunque los autores no lo señalan, quizás sea indicativo de que cuando se toman en cuenta los saberes adquiridos empíricamente, más que las credenciales escolares, las personas analfabetas tienen la oportunidad de ser empleadas y mantener un trabajo.

Estudios en México indican que los trabajadores sin estudios¹⁰ y hasta nivel de primaria han venido reduciendo proporcionalmente su participación en el mercado laboral en los últimos 30 años, en tanto que los más cualificados la han aumentado; sin embargo, en números absolutos, en México se presenta un proceso muy distinto al de los países desarrollados, pues se observa un aumento en la demanda de mano de obra menos calificada, ligado con la caída de los salarios de dicho colectivo de trabajadores. Esto se debe, en parte, a la incapacidad de los sectores del mercado formal de absorber la oferta creciente de mano de obra, lo que afecta a trabajadores de prácticamente todos los niveles de calificación, por lo que se han incrementado el desempleo y la informalidad (^{Calderón Villarreal, Ochoa Adama y Huesca Reynoso, 2017}; Huesca, 2017).

^{Martínez y Fernández (2010)} evaluaron la calidad del empleo entre personas alfabetizadas y analfabetas utilizando cuatro indicadores: categoría ocupacional, contrato escrito de trabajo, cobertura previsional e ingresos. Las personas analfabetas, en su mayoría, forman parte del grupo con mayor precariedad ocupacional, y muy baja proporción entre quienes cuentan con un trabajo “formal”, aunque la diferencia es menos relevante entre quienes sin tener especialización trabajan en empresas de más de cinco empleados. Lo más trascendental resultan las características de los mercados laborales de cada región: si la formalidad del mercado es mayor, por las proporciones de trabajadores con condiciones formales serán mayores, sean alfabetizados o analfabetos. En cuanto al ingreso, su distribución muestra una asociación significativa entre éste y los años de experiencia de los trabajadores: se encontró una tendencia de ingresos crecientes hasta llegar a la década de los 40 años de vida, a partir de la cual el incremento en general tiende a disminuir o detenerse, salvo entre quienes tienen mayor escolaridad (11-12 años), que mantienen una tendencia incremental hasta más allá de los 60 años de vida.

Podemos ver, pues, que no sólo saber leer y escribir y el nivel de escolaridad son necesarios para conseguir y mejorar las condiciones de trabajo: considerar la experiencia del trabajador y, sobre todo, mejorar y formalizar las condiciones del mercado laboral trae beneficios para toda la población trabajadora, incluida la que no sabe leer ni escribir.

Las estrategias para acceder a la cultura escrita

La cultura escrita predomina en la sociedad actual en todos los ámbitos: político, legal, económico, cultural, religioso, familiar. En cada uno hay formas regulares en las que las personas actúan en relación con las prácticas letradas, lo que les permite o les impide moverse en los diferentes contextos, según los recursos con que cuenta cada quien. Las estrategias de acceso a las prácticas letradas¹¹ son las formas en las que los sujetos resuelven una necesidad o un problema para participar en las situaciones que implican la escritura, haciendo uso de diversos recursos, como los vínculos sociales, los saberes letrados, las experiencias, las capacidades psicológicas, entre otros (^{Pineda Trujillo, 2013}).

Los recursos que se activen en cada estrategia son elegidos por los sujetos en la medida que permitan el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el medio a través del mercado, del Estado o de la sociedad, lo que se denomina estructura de oportunidades (^{Katzman y Filgueira, 1999}), lo cual implica hacer hincapié “en las formas en que las instituciones y las estructuras sociales afectan tanto el acceso a los activos como a las formas en que la gente puede transformar, reproducir y acumular sus recursos” (^{Bebbington, 2005}: 25). He aquí un punto importante de la investigación: las personas tienen y/o utilizan recursos, lo cual está condicionado por las estructuras sociales: ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Qué oportunidades ofrecen para acceder a ellos? Como parte de las estructuras, las instituciones públicas debieran garantizar un acceso equitativo, sobre todo en lo que se refiere a necesidades básicas y derechos humanos.

En el interior de las instituciones públicas se presentan una gran cantidad de prácticas que implican la lectura o la escritura, por lo que el código escrito se ha convertido en un elemento fundamental para participar en ellas, así como hacer uso de diversas estrategias para acceder a sus servicios y beneficios. Las estrategias varían dependiendo de las necesidades, los conocimientos, las destrezas de cada individuo, y de las circunstancias en que se encuentre. Se debe considerar que en las instituciones hay reglas, implícitas y explícitas, referentes a las prácticas letradas. Todo ello constituirá una estructura de oportunidades, o bien, de contratiempos para quienes buscan participar en ellas, pero también implican relaciones de poder, de integración o exclusión.

En el caso de las personas analfabetas, si bien no tienen el dominio del código alfabético, esto no impide su participación en muchas de las prácticas sociales que involucran la escritura, y lo logran a través de caminos alternos, donde se conjugan saberes, habilidades, vínculos sociales y recursos materiales (^{Lorenzatti, 2009}; ^{Pineda Trujillo, 2013}). Por ello, cuando se dice que una persona que no sabe leer ni escribir no puede tener acceso a información o no puede realizar determinada actividad porque implica la escritura, se están desconociendo los esfuerzos, las habilidades y los saberes que esta persona ha desarrollado para poder informarse o participar en prácticas que le interesan. Cuando se descalifica para el trabajo a las personas que no saben leer y escribir, se niegan sus conocimientos y destrezas y se invisibilizan sus necesidades económicas y de desarrollo.

Cuando se trata de la atención en instituciones públicas, ¿cómo se considera a las personas que no saben leer y escribir? ¿Qué disposiciones y disponibilidades ofrecen los organismos públicos para apoyarlas? O, por el contrario, ¿estas personas tienen que afrontar negativas, obstáculos y exclusión? Estas son las preguntas que se pretenden responder con la investigación.

Atención en las instituciones de vinculación laboral

La institución pública vinculada de manera directa con el trabajo en México es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada, entre otras muchas funciones,¹² de:

Esta dependencia cuenta con la Subsecretaría de Inclusión Laboral, uno de cuyos objetivos es la promoción de la incorporación de políticas y prácticas de igualdad laboral entre mujeres y hombres, así como la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad laboral, para fomentar la equidad en el ingreso, así como movilidad y permanencia en el empleo, en condiciones de trabajo decente.

En Jalisco hay una Oficina de Enlace con dicha subsecretaría, así como la Comisión de Inclusión Social y Laboral y la Red de Vinculación Laboral, integradas por representantes de instituciones públicas y empresas privadas, que buscan contrarrestar las barreras que pudieran limitar a las personas por condición de vulnerabilidad. Sería dentro de estas funciones donde esperaríamos encontrar el apoyo requerido por las personas que no saben leer ni escribir. Sin embargo, dentro de la normatividad revisada¹³ no se encontró ninguna referencia a personas analfabetas, lo que se corresponde con los criterios del propio Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, según podemos constatar en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (^{Diario Oficial de la Federación, 2014}), que precisamente al definir discriminación, señala los grupos de población a los que se protege:¹⁴

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

De hecho, los términos “personas analfabetas” o “personas que no saben leer ni escribir” no aparecen en los formatos de registro del SNE ni en otros documentos oficiales de la STPS. En su lugar encontramos el término “sin instrucción”. Sin embargo, dicha categoría no se refiere necesariamente a que las personas no sepan leer y escribir, sino a la falta de documentos oficiales que acrediten la escolaridad, como lo explicó uno de los funcionarios del SNE (^{ME, entrevista, 30 de junio de 2015}). Este es un ejemplo de la invisibilidad en que viven estas personas, lo que, además, ha dificultado para nuestro estudio tener datos precisos respecto de la atención, vinculación o capacitación a personas que no saben leer ni escribir en esta dependencia.

La funcionaria que presidía en el momento del trabajo de campo la Comisión de Inclusión Social y Laboral en Jalisco señaló que no tienen limitado atender a usuarios sin instrucción educativa -lo que se confirma en la normatividad-, pero que en lo referente a la consideración de grupos vulnerables:

[…] no hablamos como tal de personas con analfabetismo. Sí hablamos de personas con discapacidad, adultos mayores, de personas con VIH, personas que estuvieron en prisión, personas de talla baja […] y que en muchos de los casos, la vulnerabilidad ¡es múltiple! (^{VA, entrevista, 17 de julio de 2014}).

En cuanto a la atención específica que las personas analfabetas requieren, se indica la alfabetización:

Lo que pretendemos nosotros es que a través de estas instituciones públicas y privadas [que integran la Comisión de Inclusión Social y Laboral] podamos llegar a estas personas en situación de vulnerabilidad en los elementos o las áreas que les hagan falta. Un ejemplo: analfabetismo. Tenemos al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en esta parte: “Tenemos esta problemática, tú eres el organismo que nos va a ayudar a resolverla”. Ahí entran ellos (^{VA, entrevista, 17 de julio de 2014}).

Específicamente, en lo que concierne a la STPS en relación con la inserción laboral, la misma funcionaria asegura que buscan la manera de colocar a las personas que lo requieren:

[…] hay empresas [a las] que les decimos: “Sabemos que les pides preparatoria, pero mira, la actividad que realizas no lo necesita. Por qué no lo ponemos a prueba y si ves que realiza la actividad, pues entonces vamos ayudándolo para que termine su preparatoria y ya cumple el perfil educativo”. Porque ellos, cuando son empresas internacionales, tienen que cubrir requerimientos internacionales, y si les piden a ellos determinados perfiles, ellos tienen que cubrirlos. Sin embargo, como son las empresas internacionales, la mayoría están muy en el enfoque de la responsabilidad social y entonces hemos encontrado un manejo […] en que nos las acepten con un nivel educativo un poco más bajo del que ellos requieren (^{VA, entrevista, 17 de julio de 2014}).

Según ella, la STPS busca que las empresas acepten personas con baja escolaridad; sin embargo, no se hace referencia a ejemplos en que las empresas acepten o faciliten el ingreso de personas que no saben leer ni escribir.

El SNE, parte de la STPS, atiende a nivel nacional los problemas de desempleo y subempleo. Su misión consiste en ofrecer servicios de información, vinculación y orientación, así como proveer apoyos de tipo económico, de capacitación y de movilidad laboral.

Una de las estrategias que más promueve el SNE para la búsqueda de empleo es el Portal del Empleo,¹⁵ un sitio en Internet que ofrece diferentes servicios con esa finalidad, como En busca de empleo o Regístrate y haz que las empresas te vean, entre otros. Dichos servicios requieren ineludiblemente de saber leer y escribir, además de tener acceso a una computadora y a Internet, lo que aún resulta complicado para poblaciones de escasos recursos y baja escolaridad en el país. La opción más accesible para una persona que no sabe leer ni escribir, de las que ofrece el SNE, es acudir a una de las ocho oficinas regionales que hay en Jalisco.¹⁶ Sin embargo, presenta inconvenientes que a continuación revisaremos.

La directora a nivel estatal señaló que la atención está abierta a todo público, lo que coincide con la normatividad institucional y con lo declarado por la encargada de la Comisión de Inclusión Social y Laboral. Comentó, a pregunta expresa, que cuando acuden personas que no saben leer ni escribir se les brinda el servicio y apoyos extras, de acuerdo con sus necesidades:

[…] con mucho gusto les damos la oportunidad, porque evidentemente es gente que requiere ese apoyo. Porque le puede ser más complicado colocarse […]. [Los consejeros] están adiestrados para que les den mayor posibilidad de colocación, y busquen [una vacante], para que no se vayan con el desencanto de: “¡Aquí también me cerraron las puertas!” (^{YS, entrevista, 18 de diciembre de 2014}).

Al comparar las declaraciones de ambas funcionarias, se encuentra disposición para apoyar a las personas que no saben leer ni escribir, pero con perspectivas diferentes. En el caso de la encargada de la Comisión de Inclusión Social y Laboral, VA identifica que las personas analfabetas tienen problemas para emplearse, pero considera que primero deben alfabetizarse y cursar hasta concluir la educación básica, y lo que corresponde a la institución es orientarlas en ese sentido. En tanto, YS, directora del SNE, se percata de las dificultades que estas personas tienen y la decepción que esto conlleva, por lo que el apoyo que debe brindar la institución es el de la vinculación,¹⁷ que es la principal tarea de la dependencia en relación con la búsqueda de empleo.

Sin embargo, no es lo que se corresponde con las prácticas, aun cuando en dicha idea coincidieron varios Consejeros de Bolsa de Trabajo -área del SNE adonde se destina a los buscadores de empleo-, quienes indicaron su intención de ayudar a emplearse a estas personas, pero reconociendo que era muy difícil vincularlas, mientras que otros mencionaban como indispensable tener un mínimo de escolaridad, por lo que recomiendan a esos usuarios primero realizar o concluir su educación básica, y una vez que la resuelvan, vuelvan a buscar empleo. No obstante, como ya se mencionó, no se contó para la investigación con registros de personas que no supieran leer ni escribir y si fueron atendidas o no, y en qué sentido.

El propio responsable del área de Bolsa de Trabajo señaló “los problemas” que representa para la institución dar atención a personas que no saben leer y escribir, a las que se identifica como “sin instrucción”. Por una parte, no se manejan vacantes con ese perfil, y por otra, evitan registrarlos porque, de hacerlo, la institución se ve comprometida a vincularlos, y como las empresas ya están solicitando cada vez más escolaridad, ya no hay vacantes con ese perfil. Muchas veces, incluso, las personas con esta característica ya no acuden al SNE, porque “ya saben” que no se les va a atender (^{JL, entrevista, 23 de abril de 2015}). Esto significa, por tanto, la exclusión explícita del servicio de colocación, lo que contraviene los principios de la política inclusiva que se presenta en la normatividad institucional, pero también expresa una concepción de la población analfabeta como una carga o un obstáculo para la institución, por lo que es mejor ignorarla o marginarla.

Con la información obtenida en las entrevistas con funcionarios y en los cuestionarios a empleados, nos dimos a la tarea de identificar el proceso que se sigue cuando una persona que no sabe leer ni escribir llega a buscar empleo al SNE (mapa conceptual 1, en la siguiente página). El primer filtro es el área de Recepción. Si detectan que el buscador de empleo no sabe leer ni escribir, es enviado a Abriendo Espacios, que es un área encargada de atender a personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores. Según el jefe de Bolsa de Trabajo, a veces sucede que si las personas de Recepción los quieren “ayudar”, pasando por alto su analfabetismo, los auxilian para llenar la solicitud marcando en escolaridad “primaria trunca”, y los pasan con los Consejeros de Bolsa de Trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Mapa conceptual 1 Proceso de atención a buscadores de empleo que no saben leer ni escribir en el SNE 

En Bolsa de Trabajo, si los Consejeros detectan que los buscadores no saben leer ni escribir, los transfieren a Abriendo Espacios; pero, como comentaron, algunos tratan de ayudarlos buscando una vacante en un puesto en el que ellos consideran que no requerirá de saber leer y escribir, y los envían a la empresa correspondiente. Sin embargo, el riesgo es que la empresa, si los detecta, los rechazará. Según declaración del jefe de Bolsa de Trabajo, enviar a estas personas ha causado reclamos por parte de las empresas (^{JL, entrevista, 23 de abril de 2015}).

Es importante señalar que el área de Abriendo Espacios se creó con la función específica de vincular personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores con las empresas. En el caso de las personas que no saben leer y escribir, lo que hacen es exhortarlas a que realicen y concluyan su educación básica, y una vez que obtengan su certificado, regresen, para poder apoyarlos en su búsqueda de empleo.

Al revisar el proceso, queda patente que no se tiene un procedimiento uniforme de atención a esta población, lo que se confirma con lo respondido por el personal al cuestionario: 50% indica que sigue los criterios que la institución marca para esos casos (enviar a Abriendo Espacios y recomendar que cursen la educación básica) -lo cual significa la exclusión del servicio de vinculación laboral-, mientras el 45% dijo actuar por criterios propios, lo que en varios casos se refirió a buscar la manera de ayudar a las personas a conseguir empleo.

Lo anterior resulta contradictorio, por una parte, con el discurso de la directora del SNE, quien parece tener claros las necesidades de trabajo y los problemas que enfrentan las personas que no saben leer ni escribir y manifiesta la obligación de la institución de apoyarlas, y por otra, con la declaración del 40% del personal encuestado, que señaló que es frecuente atender a personas con esta característica, en lo que coincide personal de las áreas de Recepción, Colocación, Bolsa de Trabajo, Abriendo Espacios y Movilidad Laboral, aunque otro 40% indicó que es poco frecuente y 15% dijo que nunca los ha atendido; sin embargo, esto no debería ser un indicador para ignorarlos por completo o evitar desarrollar apoyos en su atención. De hecho, hay otras poblaciones con discapacidades para las que se indicaron frecuencias menores en atención (intelectual, 35%; visual o auditiva, 30%), para quienes sí se tienen considerados apoyos especiales.

En el único programa del SNE en el que encontramos que las personas analfabetas son atendidas y tienen oportunidad de conseguir un empleo es en el denominado Movilidad en el Sector Agrícola, que vincula a jornaleros con empresas del sector agrícola para trabajo en el campo. Aquí no hay condicionantes sobre escolaridad. Las empresas sólo piden como requisito que los trabajadores sean de zonas rurales, pues aprenden pronto a hacer el trabajo y lo terminan -al contrario de lo que pasa con los de zonas urbanas- (^{AB, entrevista, 08 de julio de 2015}).

Los consejeros de esta área llenan la documentación con información proporcionada oralmente por los solicitantes, independientemente de que sepan o no leer y escribir; la única diferencia es que a las personas analfabetas les piden que estén acompañadas por un pariente alfabetizado que pueda apoyarlas. A decir del funcionario encargado, aproximadamente un 5% de sus beneficiarios no saben leer ni escribir. Algo importante de esta declaración es el reconocimiento por parte de esas empresas de la capacidad de aprendizaje de estas personas y su compromiso con el trabajo, pero también deja en evidencia las restringidas posibilidades de empleabilidad de esta población, así como el tratamiento de minusvalía que se les designa, al requerir el acompañamiento de alguien “que sí sabe”.

La capacitación para el trabajo

Un aspecto en el que se podría respaldar a las personas que no saben leer ni escribir es proporcionando una habilitación práctica para el trabajo, apoyándose en las estrategias de acceso a las prácticas letradas que ya tienen o que pueden aprender y sus saberes y habilidades empíricas. El SNE cuenta con programas de capacitación, a los que define como “un instrumento fundamental para lograr el cambio tecnológico y organizacional que imponen los nuevos procesos de generación de bienes y servicios”. En el Portal del Empleo se promueve la capacitación de los buscadores de empleo, brindando “sin costo alguno, apoyos de diversa índole para que desarrolles las destrezas y habilidades requeridas por el mercado de trabajo”. Las opciones que ofrece directamente el SNE son el Subprograma Bécate, con cuatro modalidades: 1) Capacitación para el autoempleo,¹⁸ 2) Capacitación mixta,¹⁹ 3) Capacitación en la práctica laboral²⁰ y 4) Vales para capacitación.²¹

En ninguna de las modalidades se expone el requisito de escolaridad mínima o de saber leer y escribir; no obstante, un funcionario del propio subprograma aseguró que en ninguna de las modalidades de Bécate se atiende a personas que no saben leer ni escribir, pues los planteles educativos que dan los cursos de capacitación indican los requisitos, y lo mínimo es saber leer y escribir. “Nosotros no trabajamos con personas sin instrucción. Verificamos vivencialmente que saben leer y escribir”. Según explicó, esto se realiza en el momento de la entrevista para el registro y la entrega de documentos: las personas solicitantes deben llenar algunas partes de un formato y deben presentar su credencial de elector, respecto a la cual el entrevistador les hace preguntas, tanto para verificar los datos como para saber si la han leído. Si no cumplen con estos aspectos, no se les brinda la capacitación (^{ME, entrevista, 30 de junio de 2015}).

Efectivamente, un requisito básico es la lectoescritura en instancias que ofrecen capacitación, como el IDEFT, normado por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Esta institución tiene convenios para ofrecer y acreditar capacitación para el trabajo con empresas e instituciones gubernamentales, como el SNE y el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad), y aunque en su información señala que sus programas son una oferta educativa incluyente, con la que “se pretende reducir la barrera de accesibilidad, para poder brindar capacitación al cursante que vive en situación de vulnerabilidad”²², no considera en esta condición a las personas analfabetas. Incluso, según declaración de la directora del IDEFT, en su convenio con el Ineejad, que atiende a la población en rezago educativo, se imparten cursos de capacitación para el trabajo a quienes están por concluir la educación básica, y no a quienes se encuentran en proceso de alfabetización (^{funcionarios de IDEFT, entrevista, 3 de mayo de 2016}).

El IDEFT también cuenta con el servicio de Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO) para aquellas personas que poseen los conocimientos y las habilidades necesarios de una ocupación, sin que tengan una certificación oficial, los cuales se comprueban a través de un examen teórico (escrito) y práctico, y en caso de aprobación se les otorga el diploma oficial de dichos conocimientos y habilidades. Por tanto, esta opción tampoco es apta para personas analfabetas, aun cuando tengan los conocimientos y las habilidades²³ para desempeñar un trabajo.

Sobre el mismo aspecto, la STPS tiene la facultad de otorgar reconocimiento como instructor de capacitación. Inicialmente, el reconocimiento podía darse, incluso, a personas “sin instrucción”, pero a partir de la reforma laboral implantada en México en 2013 eso ha cambiado:

Anteriormente, con constancias de habilidad y una serie de requisitos, se podían registrar personas que, aunque no tuvieran conocimiento educativo, tenían la habilidad para hacer determinada cosa, determinado trabajo, determinada actividad, y podían registrarse como instructores […]. Ahora los lineamientos nos exigen comprobación de bachillerato para poder habilitarlos como instructores independientes. [Además, el solicitante] debe demostrar con cinco constancias, como mínimo, que ha impartido ese tipo de capacitación. ¡Es difícil! (^{VA, entrevista, 17 de julio de 2014}).

Tanto la encargada de la Comisión de Inclusión Social y Laboral (^{VA, entrevista, 17 de julio de 2014}) como los funcionarios del ^{IDEFT (entrevista, 3 de mayo de 2016)} mostraron que no se había considerado la posibilidad de incluir a la población analfabeta dentro de los servicios que ofrecen, lo que se puede ver como un indicador de la invisibilidad de este grupo y sus condiciones. A partir de las entrevistas y los señalamientos que se hicieron por parte de los investigadores, los funcionarios lo ven necesario y lo creen posible:

Tenemos ahora esta tarea que nos despertó, nos sembró la semilla, a ver si ROCO se puede llevar a un nivel más inclusivo, para que las personas que no saben leer y escribir puedan [aplicar un examen] 100% práctico, anotarse y que puedan tener este reconocimiento (^{funcionarios de IDEFT, entrevista, 03 de mayo de 2016}).²⁴

Consideraciones finales

Durante gran parte del siglo XX, las sociedades occidentales industrializadas tuvieron logros en aspectos como inclusión e integración social. Esta situación hizo pensar en la posibilidad de un capitalismo social o con Welfare State. Sin embargo, cuando entró en crisis dicho modelo, comenzó a aparecer el fantasma de la “vulnerabilidad de masas”, de la fragmentación y de la exclusión. Desde la década de los años setenta, “desempleo, precariedad laboral y pobreza se convierten en los elementos distintivos de la cuestión social” (^{Godino, 2007}: 8).

Hoy tenemos otro Estado y otra relación Estado-sociedad, otras relaciones de fuerza entre poderes económicos, políticos y culturales, otra morfología social y nuevos dilemas de integración social. El proceso recién está en sus inicios y las sociedades tienen más conciencia de lo que se termina que de lo que está emergiendo (^{Godino, 2007}). Por consiguiente, si se mantienen estas relaciones sociales con un Estado que paulatinamente se ha ido desligando de sus responsabilidades, hay repercusiones en amplios sectores en la población. De igual manera, las instituciones estatales que deberían atender las necesidades de la sociedad tienden cada vez más hacía la fragmentación y a la exclusión social. Exclusión desde lo educativo, ya que no toda la población tiene garantizado su acceso a una educación básica en cobertura y calidad adecuadas. Exclusión, también, en el campo laboral, ya que precisamente aquellas personas que no acrediten un mínimo de formación básica se encuentran limitadas para acceder a ciertos puestos de trabajo. Más aún, las instituciones estatales que deberían velar por el apoyo a las personas que no saben leer ni escribir para que se inserten en el mercado laboral desconocen la situación de este sector de la población: ni Estado ni mercado parecen querer “hacerse cargo”, he aquí el drama de la cuestión social en América Latina y en México, la ruptura del andamiaje teórico-político con que se solía abordar el problema de los pobres, las víctimas, los excluidos.

Los programas del SNE y del IDEFT aquí revisados se definen a sí mismos como inclusivos, coadyuvantes en la superación de la inequidad. No obstante, en el caso de la población analfabeta responden a una visión unidimensional, en la que el problema es su carencia educativa, o peor aún, la invisibilizan, negando sus necesidades y sus habilidades y saberes, contribuyendo a fomentar la estigmatización social hacia ella. Los programas de capacitación para el trabajo, así como ayudas y servicios de colocación, que debieran conformar una estructura de oportunidades inclusiva, con accesibilidad universal a una vida independiente, sin discriminación, que permitan encontrar en el ámbito laboral un entorno de desarrollo social e individual, en la práctica cancelan las posibilidades de atención.

Una persona adulta que no sabe leer ni escribir no puede posponer sus necesidades de integración laboral hasta conseguir las credenciales educativas que exige el mercado actual. Sin embargo, ésta es la visión de las instituciones estatales. Todo lo descrito nos lleva a preguntarnos acerca de la suerte de las personas que no han logrado acercarse a una educación formal pero que sí requieren encontrar un trabajo; para estas personas el mercado laboral tiene “opciones” muy pobres y las instituciones estatales no las consideran.