Una coyuntura enmarcada en un proceso

Como muestra la Gráfica 1, si entendemos la política catalana como un conflicto de bloques distribuidos entre derecha-izquierda, nacionalismo (catalán)-no nacionalismo, desde las elecciones de 2010, cuando la crisis económica era más intensa y Convergencia i Unió (CiU, derecha nacionalista) obtenía los mejores resultados desde 1992, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, izquierda nacionalista) los peores desde 1999, se produce un cambio radical de tendencia con la subida de la izquierda y la bajada de la derecha que sólo se ha detenido en las elecciones de 2017. En paralelo, desde 1999 y de modo más pronunciado desde 2010, se manifiesta así un declive de la izquierda no nacionalista que en 2017 continúa, mientras que la derecha no nacionalista no ha dejado de subir en escaños hasta que uno de los partidos que representa este bloque, Ciudadanos, se ha transformado en el más votado por los catalanes en las elecciones de 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos “Elecciones del Parlamento de Cataluña (1980-2017)”, disponible en <http://www.historiaelectoral.com/acatalunya.html> [última consulta: 5 de enero de 2018].

Gráfica 1 Distribución de escaños en el Parlamento de Cataluña por bloques partidarios 

¿Cómo se han desarrollado estas tendencias hasta las elecciones de 2017? Para responder a esta cuestión, veremos cómo las decisiones de los actores se han dado dentro de la identidad de cada uno de los bloques a los que pertenecen, y su relación con el comportamiento de los electores catalanes, diferente cuando se trata de votar en elecciones nacionales o en autonómicas; aquí sólo trabajamos sobre las segundas. A lo largo de este recorrido, articulado en los mencionados bloques, observamos que entre las decisiones de los actores, la fundamental ha sido la de propiciar un cambio de marco por el que el clivaje derecha-izquierda ha dejado de ser central a favor del nacionalismo planteado en términos maximalistas: independencia o no, lo que no contemplan los cauces institucionales.

La derecha nacionalista

Desde 1980 hasta 2003, la política catalana estuvo determinada por la hegemonía de CiU, que también era un actor central en la política nacional. Esto se rompe entre 2003 y 2010, con un gobierno progresista que integró a la izquierda no nacionalista y a la nacionalista. Pese a que en 2006 esta coalición dividió su voto sobre la aprobación de un nuevo Estatuto de autonomía, el gobierno se mantuvo tras las elecciones de ese año mostrando que el clivaje izquierda-derecha era central para el electorado y la clase política. Pese a esto, CiU votó junto al Partido Socialista de Cataluña e Iniciativa por Cataluña -los representantes de la izquierda no nacionalista en el gobierno- por la reforma del Estatuto, que sin embargo no fue avalada por ERC -tercer miembro de la coalición gubernamental-, que la consideró insuficiente. Frente a ERC, CiU representaba un nacionalismo moderado, institucional y no independentista. Por otro lado, pese a que meses antes de las elecciones de 2010 el Tribunal Constitucional interpretó varios artículos del Estatuto y recortó sus pretensiones en materia judicial, fiscal e idiomática, CiU centró su discurso de campaña en la capacidad de gestión frente a la crisis y no en el tema del autogobierno. Esto lo llevó a ganar las elecciones y formar gobierno en minoría, mostrando que en una situación de crisis la preocupación del elector era la política económica y social y no el nacionalismo. ¿Por qué en dos años CiU pasó del nacionalismo pragmático a la pragmática del independentismo?

La evolución de CiU hacia el independentismo ha sido progresiva, incluyendo la desaparición de la coalición y los partidos que la formaron. Primero, entre 2010-2012, CiU enfrentaba la gestión de la crisis sin mayoría en el Parlamento, bajo una priorización de recorte de gasto, con un ciclo de protesta social en su clímax y bajo un modelo neoliberal, es decir, la suma de factores que estaba terminando con diferentes ejecutivos en Europa. Frente a esto, la Generalitat retomó la reforma estatutaria en un punto clave, el fiscal, pero en el momento más inapropiado para negociar con el centro, cuando el Partido Popular -derecha no nacionalista, que se posicionó en contra de la reforma del Estatuto bajo el lema “España se rompe”- había ganado las elecciones en España con mayoría absoluta. Como era previsible, la propuesta no avanzó pero el argumento sobre el supuesto “espolio económico” al que España sometía a Cataluña se instaló en la opinión pública. Artur Mas, presidente de la Generalitat, convocaba a elecciones anticipadas.

Segundo: entre 2012 y 2015, CiU gana las elecciones pero con una debilidad que lo lleva a formar un gobierno de coalición con ERC. La gestión comienza a desplazarse de la crisis al derecho a decidir por consulta si Cataluña se independiza de España, el nuevo ejecutivo tiene una mayoría sólida en el Parlamento, el ciclo de protesta es ocupado por el desplazamiento del conflicto de modo que las reivindicaciones sobre el derecho a decidir eran masivas, y la agenda neoliberal seguía aplicándose, aunque matizada por la presencia de la izquierda en el gobierno. Debilitado pero con estos factores internos a favor, CiU planteó negociar la celebración de una consulta de autodeterminación en 2014 como medio de presión al gobierno central. Cuando a la formación comenzaron a afectarle escándalos y casos de corrupción sobre sus gestiones pasadas, bajo la presión de su socio ERC y la impasividad del ejecutivo de Madrid, la celebración de la consulta pasó de medio a objetivo. Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, la votación se celebró con un resultado previsible por la independencia pero con una participación que, aunque mostró la capacidad movilizadora del independentismo, no era suficiente como para avalar el resultado. En ese contexto donde el argumento sobre el “derecho a decidir” se instaló en la opinión pública, Artur Mas nuevamente convocó elecciones anticipadas.

Tercero: entre 2015 y 2017, Unió Democrática dejó de asociarse con Convergencia, haciendo notar que una parte minoritaria de los conservadores no estaban a favor del maximalismo que alcanzaba el proceso. Convergencia dejó de existir como tal para transformarse en el Partido Demócrata Europeo Catalán, y acudió a las elecciones en coalición con ERC y la sociedad civil. El resultado fue decepcionante porque perdieron escaños, pero esto no podía interpretarse como un fracaso del independentismo. Con el apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un movimiento antisistema, los independentistas forman gobierno sacrificando a Artur Mas pero conservando la presidencia para la derecha con Carles Puigdemont. La gestión se centró en la independencia vía celebración de un referéndum unilateral, con una suma parlamentaria suficiente pero determinada por los posicionamientos de la CUP, un ciclo de protesta intensivo y monopolizado por la independencia, y una agenda económica sin grandes variaciones. El cálculo importante era cuánto podría resistir el elector de la derecha nacionalista -clases medias altas, mayores y elector rural- una situación de rebeldía que estaba teniendo costes electorales para el bloque de la derecha, lo había situado junto a los antisistema y podía tener consecuencias legales, económicas y a nivel de la política europea que afectasen a la sociedad catalana.

Para las elecciones del 21-D la coalición electoral independentista no se reprodujo, pese a la insistencia de la derecha nacionalista. Entre la opinión pública, Carles Puigdemont era parte de una clase política afectada por casos de corrupción, responsable de los recortes sociales pero también de las privatizaciones, y en bajada electoral. Pero además el líder mostró dudas hasta que finalmente declaró la independencia y escapó a Bruselas sin aviso previo, mientras el resto de máximos responsables del referéndum ingresaban en prisión. Por último, los efectos de la declaración de independencia para el elector de la derecha nacionalista eran preocupantes: no sólo se había traspasado el código penal, sino que también había una fuga de empresas y un no reconocimiento de la Unión Europea. Pero la antigua CiU tenía ventajas y una decisión.

Entre las ventajas: primero, la maquinaria del partido y el arraigo en la Cataluña interior, lo que en términos de rentabilidad votos-escaños es un factor importante; segundo, la existencia de una nueva justificación para la ruptura con España, basada en el argumento de la violencia policial para impedir el referéndum; y tercero, la situación de “exilio” que permitía a Puigdemont hacer campaña a distancia y ocupar la agenda, a diferencia del líder de ERC Oriol Junqueras, que estaba preso. Sobre la decisión, en esos momentos en que la competencia entre un electorado polarizado se daba al interior de cada bloque (el nacionalista y el no nacionalista), sólo había una opción: CiU, luego PDCat, y para las elecciones Junts pel Catalunya, pondrían al servicio de la sociedad su “saber hacer” para dar continuidad a la agenda del independentismo. Había que confiar en lo que tras la jornada electoral se demostró como cierto: la evaluación de riesgos entre el elector conservador catalán no pasaba por el tradicional pragmatismo en la relación con España, que la interpretación independentista de los acontecimientos confirmaba como rota, sino por la fe en una Cataluña independiente cuyo principal argumento era el de la mayoría (como superioridad no tanto numérica sino moral) reforzada por los performances de acción colectiva. Esto obligaba a concentrar el voto. La fórmula fue un éxito y la derecha rompió la tendencia dentro del bloque independentista. Aunque las últimas encuestas antes de la votación anunciaban su recuperación, el resultado sorprendió especialmente a ERC. La antigua CiU seguía por delante, era el segundo partido más votado y con más escaños de Cataluña, no el primero como acostumbraba, y al día de hoy Carles Puigdemont, desde Bruselas, intenta ser presidente de la Generalitat en una situación en la que el liderazgo del independentismo está en suspenso.

La izquierda nacionalista

Como hemos visto, ERC representa a la izquierda no solo nacionalista sino independentista, pero además gobernó junto con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y CiU. Con el primero, porque entre 2003 y 2010 calculó que participando en el cambio progresista para Cataluña podría sumar a la causa nacionalista el voto de izquierda ajeno al conflicto por la independencia y generacionalmente menos ligado a la idea de España. Con el segundo, porque entre 2012 y 2017 la apuesta por la izquierda no determinaba su actuación política. Los malos resultados de 2010 para ERC fueron interpretados bajo el prisma del declive general de la izquierda y la entrada en el Parlamento de una nueva plataforma: el proyecto independentista de Joan Laporta, ex presidente del F.C. Barcelona. Por tanto, el problema no era la radicalización del discurso nacionalista, sino la participación en un ejecutivo antinatura en términos del proyecto de independencia, y que no había satisfecho al elector de izquierda que, además, seguía confiando más en el PSC que en ERC. Serían las últimas elecciones en que esto pasaría. Con el liderazgo de Oriol Junqueras la independencia marcaría las directrices de ERC y del gobierno de la Generalitat, bajo la premisa de que, una vez independiente, Cataluña podría alcanzar los objetivos de bienestar que por su estatus económico y desarrollo social le correspondían. Esta premisa hizo que, pese a que en 2015 las encuestas preveían que ERC tenía la oportunidad de pasar sobre la antigua CiU en las elecciones, la formación aceptara acudir con la derecha en coalición bajo un esquema donde sus actos comenzaron a medirse en los términos de la razón de un Estado nacional inexistente.

Entre 2015 y 2017 ERC representaba la coherencia en el proceso y su unilateralidad, no estaba afectada por casos de corrupción, había ocupado el liderazgo de facto y se mantenía crítica con una política económica que suponía recortes sociales, aunque su responsabilidad se imputara a España y no a la derecha socia de gobierno. En el inicio de la campaña se auguraba que ERC sería el partido más votado del bloque independentista y así lo entendieron los miembros de la sociedad civil que integraron sus listas. Pero la ausencia de un liderazgo solvente con la prisión de Junqueras, así como la estrategia legal de los líderes independentistas imputados, con la rectificación de la unilateralidad y la rebelión como medio para sus objetivos políticos, fueron diluyendo la fuerza y la radicalidad del mensaje. Finalmente, el partido volvió a quedar por detrás de la derecha sin beneficiarse de la caída de la CUP. Ésta es una suma de organizaciones antisistema que en 2015 pasó de tres a 10 escaños, determinando las decisiones del gobierno de la Generalitat bajo la estrategia de la desconexión de España, del mismo modo que la organización se desconecta de las instituciones en las que está integrada. Esta forma de hacer política rompe con la lógica tradicional, incluyendo la ignorancia de toda ley que no sea la de la mayoría (a veces de votos, otras de escaños y nunca con quórum definido), liderazgos rotativos, representación delegada y ultimátum. Estos factores y la propensión de la CUP a deslegitimar los procesos institucionales en los que participa propiciaron que en 2017 regresara a su posición minoritaria. Esto manifiesta la limitación numérica del electorado joven, urbano, participativo, económicamente precario y cosmopolita, pero también la demanda del elector independentista de que alguien represente cierta seguridad en la gestión de un proceso truncado por la ley, por Europa, por los empresarios y por la mitad del electorado catalán identificado con España.

La izquierda no nacionalista

La izquierda no nacionalista, representada por socialdemócratas (PSC) y postcomunistas (IC), se ha desarrollado bajo la tensión de: primero, representar por décadas y casi en solitario el voto no nacionalista; segundo, ser determinante para los resultados de sus socios partidarios en España -el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida-; y tercero, depender para crecer del aumento de la base electoral desde la clase obrera producto de la migración interior, a la nueva generación nacida en Cataluña -sector objetivo también de ERC y la CUP-, más las clases medias ilustradas integradas bajo la idea del catalanismo, como manifestación no política del nacionalismo pero con efectos políticos. Hasta que el proceso independentista no culminó con la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia, la posición de estos partidos frente al nacionalismo fue blanda, especialmente en lo que respecta al “derecho a decidir” y a la izquierda poscomunista.

El PSC había gobernado con ERC; con su abstención parlamentaria en 2010 posibilitó el primer gobierno de Artur Mas, contaba con algunos alcaldes cercanos en algunos puntos a las tesis nacionalistas y debía mantener distancias con el ejecutivo de Madrid. Esto hizo que la posición blanda con el nacionalismo se mantuviese en el tiempo, más allá de que los intentos de ampliar la base electoral vía el catalanismo restaban más que sumaban apoyos, y que esta ambigüedad no era compartida por amplios sectores del socialismo español. Sin embargo, tras una crisis interna dentro del PSOE en la que el tema catalán fue básico y de cara al referéndum unilateral, el PSC se integró con el Partido Popular (PP) y Ciudadanos en el llamado bloque constitucionalista. Pero dentro de éste articuló una propuesta entre el inmovilismo y la judicialización del gobierno central, y la violación de la ley de los independentistas, en la que podían caber todos los sectores moderados, incluidos los catalanistas; esto es, la estrategia era la misma. Con el liderazgo del carismático Miquel Iceta y una propuesta racional de debate, las encuestas auguraban una recuperación del socialismo catalán que no se confirmó. Lejos de las expectativas marcadas y del desarrollo de una campaña aparentemente bien diseñada, el PSC sólo subió un escaño. La cuadratura del círculo de sumar el voto obrero con el del nacionalismo moderado -la lista socialista incluyó líderes de Unió Democrática- sigue siendo una apuesta sin resultados electorales, máxime en un marco de extrema polarización.

El caso de la izquierda poscomunista fue similar. Entre 2010-2017 este sector ha vivido cambios importantes en su modelo de organización y liderazgo, de modo que IC ha sido sustituida por una serie de plataformas electorales dominadas por los conocidos como los Comunes, surgidos desde los movimientos sociales y cuyo socio a nivel nacional es el también nuevo partido político Podemos. Este cambio posibilitó que en las elecciones nacionales fueran el partido más votado en Cataluña, y que gobiernen en el ayuntamiento de Barcelona con el mandato de Ada Colau, una líder social emergente. La lectura de la organización es que este éxito se basó en mantener una relación comprensiva con el “derecho a decidir”, criticar el inmovilismo y las reacciones del gobierno central, y exigir un cambio radical de la Constitución. Bajo una dinámica de desgaste a nivel nacional de Podemos, polémicas en el ayuntamiento de Barcelona que han propiciado la salida del PSC del equipo de gobierno dada la ambigüedad discursiva en torno a la independencia, el resultado electoral fue decreciente. En un marco polarizado, la clase obrera, pero también jóvenes, clases medias urbanas y abstencionistas a los que el debate nacionalista estaba agotando y movilizando, se desplazaron a la derecha.

La derecha no nacionalista

La derecha no nacionalista tradicionalmente fue minoritaria. Hasta 2006 esta opción la ocupaba el PP, un partido cuya lógica de actuación sobre Cataluña no pasa tanto por el electorado de la comunidad, donde tiene escasa representación y nula capacidad negociadora, como por el del resto de España, donde es partido de gobierno. Esto posibilitó que el partido desplegara un discurso radical en contra del nacionalismo, arropado en una interpretación de defensa de la Constitución basada en el inmovilismo y la aplicación de la ley. Pese a que entre la opinión pública esta posición pudiera leerse como anti-catalana, entre 2006 y 2012 el PP mostró un rendimiento extraordinario dentro de sus límites, lo que manifestaba la presencia de un nicho electoral reivindicador de otro nacionalismo: el español. En esta clave se movió desde su nacimiento en 2006 Ciudadanos, cuya apuesta era modernizar y acentuar una idea de España diferente a la del PP y sin los complejos del PSC o los poscomunistas. Nacido desde sectores afines al PSC, pero con un desplazamiento hacia el liberalismo y una expansión nacional desde Cataluña, a partir de 2012 la tendencia de este partido ha sido ascendente, ocupando la representación no sólo del bloque de derecha, sino del conjunto del “españolismo”.

Junto con el PP, en un discurso de confrontación y apoyo a las medidas del gobierno central sin matices, la campaña electoral se presentaba promisoria para Ciudadanos y lo confirmaron los resultados. En unos meses en que por primera vez la otra parte de la sociedad civil catalana que defiende la unidad con España ocupaba las calles y se articulaba, encontró su expresión política en un partido que no padece las herencias del PP -corrupción y recortes sociales- y que frente al debate permanente de la izquierda en torno al federalismo defiende un modelo territorial simétrico y no ampliable de competencias. La formación encabezada por Inés Arrimadas se benefició del desplazamiento del clivaje izquierda-derecha, haciendo que el debate se desarrollara en el marco que le resulta más cómodo: el del enfrentamiento con el independentismo, hasta el punto de que en 2017 fue el partido ganador. Pero esto en un sistema parlamentario no es suficiente para formar gobierno. En paralelo a las maniobras del bloque independentista para poder tomar la iniciativa a este respecto, los cálculos de todos los actores prosiguen en una dinámica cuya solución es compleja y en la que es probable que en breve nos enfrentemos a otras elecciones.

Conclusión

El final del proceso electoral del 21-D tiene plazos establecidos y dos posibles soluciones: que se forme un gobierno independentista o que se convoque a nuevas elecciones. Como podemos ver en la Tabla 1, la suma de escaños del bloque no nacionalista es insuficiente. Sobre el final del proceso de independencia no hay plazos y las salidas pueden ser muchas, desde una reforma constitucional que reencauce la relación a un enquistamiento del conflicto, máxime teniendo en cuenta que el bloque independentista ha logrado la movilización de 2 079 340 votantes frente a 1 902 061 del no nacionalista. Pero el análisis de esta coyuntura y del comportamiento que han mostrado los actores en el proceso puede ofrecer pistas para intentar imaginar algo sobre su final, y sacar algunas enseñanzas no demasiado originales pero útiles.

Tabla 1 Distribución de escaños en el Parlamento de Cataluña por partidos políticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos “Elecciones del Parlamento de Cataluña (1980-2017)”, disponible en <http://www.historiaelectoral.com/acatalunya.html> [última consulta: 5 de enero de 2018].

La primera enseñanza es que la profundidad de la crisis rompe con la capacidad de predicción, por lo que a lo más podemos describir cuál es la posición de los actores, los límites que pueden existir para que cambien en la intensidad o en la jerarquía de sus preferencias, pero también, y aquí está lo más complicado de ofrecer, el cálculo de los límites que están dispuestos a traspasar para lograr un objetivo determinado. La renuncia de Artur Mas como presidente de su partido y la renuncia de Juan Carlos Mundó, de ERC, a su escaño recién adquirido, muestran las fisuras en el interior de un bloque cuyas decisiones más críticas fueron la unilateralidad, la ilegalidad de la consulta y la declaración de independencia. La asunción de responsabilidades legales y la renuncia a estos elementos pueden reubicar al bloque en la ruta institucional, condición sine qua non para el bloque no nacionalista, y que en el corto plazo podría ser suficiente para recuperar cierta normalidad, enfriar el clima público y plantear plazos.

La segunda es que la racionalidad de los actores no puede evaluar-se en torno a lo irracional que nos parezca su preferencia, sino por el grado en que sus decisiones posteriores son pragmáticas y se ajustan a un cálculo de medios-fines. El hecho de que ERC no accediese a una coalición electoral con la derecha nacionalista, y la huida a Bruselas y el empeño de Puigdemot en seguir liderando el proceso bajo las reticencias del ERC, que busca resituar a Oriol Junqueras, pero teme romper la unidad de acción que tantos costes le ha supuesto, muestran la desconfianza en el interior del bloque independentista, así como la lucha por la representación del ideal y el mejor medio para alcanzarlo. Esto puede abrir la puerta a un replanteamiento de la unilateralidad y un posible retorno a un cauce institucional, tanto como escisiones que radicalicen aún más el discurso. El dilema es el reparto de los costes que esto supondría en votos, liderazgos y organizaciones, así como el cauce institucional novedoso que se debería crear en caso de que la negociación fuese posible. Tanto como el cálculo sobre qué hacer en caso de que la radicalidad siga teniendo sustento social.

En tercer término, hay que asumir que los cambios son costosos y molestos, pero también que a veces son inevitables. El inmovilismo y la mala gestión han tenido un fuerte coste electoral para el PP catalán, que ha sido tomado con preocupación por el PP nacional no tanto por el resultado en sí, sino porque ha estado acompañado de un fuerte ascenso de Ciudadanos, un partido que ha apoyado la estrategia del gobierno central pero que, a diferencia del PP, reclama cambios constitucionales, lo que podría ser una vía de escape al conflicto. El dilema es que para ello Ciudadanos debe renunciar a la lógica amigo-enemigo con los independentistas y ceder en su posición sobre el diseño territorial, lo que es improbable que ocurra hasta pasadas unas nuevas elecciones nacionales. Al fin y al cabo, Cataluña es parte del sistema político español, lo que complica el análisis y hace que el presidente Mariano Rajoy pueda bloquear las soluciones negociadas, alargando su legislatura y la aplicación del 155, un artículo constitucional sin leyes secundarias que lo articulen.

Cuarto: el discurso complejo es un lujo que puede permitirse el analista pero no el político. Las derivas del PSC y de la nueva izquierda poscomunista en el discurso respecto a la articulación territorial de España y Cataluña manifiestan la posibilidad de salidas al conflicto. La principal ha sido la comisión parlamentaria que el PSOE condicionó como apoyo al gobierno en la aplicación del 155, pero que ni el ejecutivo ni el resto de actores parecen querer impulsar por el momento. La dificultad de sumar desde el centro cuando un conflicto está polarizado se multiplica cuando la posición central no tiene una propuesta propia y concreta de cambio. Sin esto, la izquierda no nacionalista empeora sus resultados electorales y anula su capacidad de marcar agenda frente al resto de actores, que no dejarán que ocupe un papel de árbitro cuando es un competidor más, y debilitado. Para establecer cauces institucionales es necesario que las posiciones proclives al cambio tengan claro cuál es su sentido, antes de plantear los medios para establecerlo y más allá de los costes que esta toma de posición suponga a corto plazo. En el caso de los Comunes, la ambigüedad es tal que en estos momentos ningún bloque parece contar con él en las posibles negociaciones.

Quinto y último: la incapacidad de encontrar cauces para reconducir el proceso es posible, y este cauce no son las elecciones ni las consultas, a no ser que un referéndum de autodeterminación fuese negociado a partir de una reforma constitucional. La negativa del bloque no nacionalista, excepto los Comunes, a que haya un arbitraje internacional, hace que la exigencia hacia los cauces institucionales propios sea máxima. La incapacidad de traspasar la lógica amigo-enemigo parece ocurrir porque el electorado declare un solo vencedor o porque esta lógica deje de parecer atractiva. Es decir, como en una partida de póquer, es posible uno o más descartes antes de que se abra un proceso de negociación; si es que se produce en términos España-Cataluña o más generales, todo está por verse. Porque no hay que dejar de señalar que en el escenario sigue participando un jugador, la CUP, que en esta ocasión no es determinante pero que nos recuerda que la negación de los cauces institucionales desde dentro de los cauces institucionales en Europa está dejando de ser un hecho anecdótico o una simple estrategia.