I

Al iniciar el siglo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue colocada entre las mejores universidades del mundo.Sus autoridades convocaron a un grupo nutrido de académicos en ciencias sociales y les expresaron su preocupación. No queremos que este campus se convierta en una isla bonita en medio de la degradación social, la pobreza creciente y la violencia generalizada que nos están corroyendo. ¿Qué acciones ejemplares debemos proponer desde la Universidad, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, que no signifiquen solamente medidas asistenciales, puntuales y pasajeras, sino integrales, de mediano y largo plazo, y cuyos resultados teóricos, metodológicos y prácticos puedan ser replicables y puedan ser inscritos en un plano de discusión universal de las ciencias sociales?

Este pesimista diagnóstico y los que prevalecen hasta el día de hoy no dejan lugar a dudas: los impactos que ha recibido México a lo largo de los últimos 30 años en su acoplamiento a las exigencias de la economía globalizada han sido contundentes. Tres ejemplos de destrucción del tejido social con sus implicaciones pueden mostrarlo:

1) Los estados del sur de la Unión Americana y los del norte de México se están convirtiendo en la región binacional más importante del globo: alrededor de 40 millones de habitantes mayoritariamente mexicanos y de origen mexicano se habrán instalado ahí entre 1980 y el segundo decenio de este siglo: en la franja fronteriza se ha concentrado 80% de la actividad maquiladora de nuestro país. Cerca de un millón y medio de trabajadores registró esta industria hacia el primer decenio del siglo; había crecido un millón en sólo 15 años, lo que representa cuatro de cada 10 trabajadores en la manufactura mexicana, pero ha hecho gravitar en su entorno a muchos millones más de compatriotas. Contingentes venidos de tradiciones diversas que se afanan por adaptarse a improvisadas infraestructuras de vivienda, alimentación, servicios y transporte, entre degradados panoramas urbanos y familias rotas.

Seis de cada 10 niños nacidos en Ciudad Juárez fueron registrados al inicio del siglo como hijos de madres solteras, porcentaje muy superior al promedio nacional. Hay hacinamiento, provocado por los bajos ingresos y una infraestructura deficitaria de vivienda. Esos niños no encuentran en esas familias rotas una fuente de valores ni la suficiente comunicación con sus padres y hermanos (^{Pérez, 2003}; ^{Ballinas, 2003}; ^{Bardín, 1989}).

La alteración en los roles de género que todo esto provoca (súper mujeres aceptando bajísimos salarios que los hombres desprecian, súper mujeres llevando a cabo una triple jornada: laboral, doméstica, barrial), súper mujeres que devalúan el rol de los hombres y los hacen parecer débiles, recreando un machismo ultrajado que se convierte en cólera, en frustración que conduce al feminicidio (^{Cacho, 2009}; ^{Zermeño, 2010}).

2) Ecatepec es un municipio perteneciente al Estado de México, que se encuentra conurbado con la Ciudad de México. En 1960 tenía 25 000 habitantes; medio siglo después (2010) alcanzaba 1 655 000 habitantes (INEGI, 2014, citado en ^{Bedolla, 2015}). En 2014 tuvieron lugar ahí 60 feminicidios, 6.3% por cada 100 000 mujeres; en comparación, a nivel internacional, más de 3% es considerado ya como una tasa alta de mujeres asesinadas. A eso se aúna el hecho de que sólo 1.6 de los culpables son sentenciados (^{Padgett y Loza, 2014}; ^{Galicia y Vargas, 2016}).

3) Atoyac de Álvarez es una entre la veintena de cuencas que bajan de las sierras hacia el Pacífico o hacia el Golfo de México. En esta región del estado de Guerrero, los esfuerzos por reconstruir el tejido social se han encontrado con una violencia mortífera asociada con el narcotráfico, los secuestros, el cobro de protección o el simple robo. Médicos, profesores, empresarios medianos y en pequeño han tenido que huir ante esta violencia asesina, que en el plano nacional se ha reflejado en cerca de 150 000 asesinatos y alrededor de 30 000 desapariciones de personas de todos los ámbitos sociales entre 2006 y 2015, con apenas una docena de condenas (^{Open Society Justice Iniciative, 2016}; ^{Hernández, 2016}).

II

Regresemos a lo demandado por las autoridades universitarias. Después de haber analizado varias experiencias de asociacionismo que han demostrado un cierto éxito en México y en el plano internacional, el Presupuesto Participativo en Brasil y Uruguay, las mancomunidades españolas, los ilustrativos desarrollos en torno a las unidades económicas del norte de Italia, la literatura europea y sudamericana referente a la economía social y solidaria, así como la Democracia Inclusiva propuesta por la corriente griega encabezada por ^{Takis Fotopulos (1997)}, Murray ^{Bookchin (1995)} y Cornelius ^{Castoriadis (2006)}, nos fue posible resumir en cuatro temáticas generales o ámbitos de acción los nudos duros de una pretendida reconstrucción social:

1) Reforzamiento o reconfiguración de unidades territoriales de dimensiones medias. Las escalas territoriales que han permitido reforzar de manera más consistente el poder en el plano propiamente social y fortalecer la identidad colectiva tienen una correspondencia con regiones de dimensiones medias. Esto vale para los ejemplos con una fuerte trayectoria histórica y sociocultural: el norte de Italia con su herencia de ciudades-Estado y tantas otras regiones protegidas en Europa y en América Latina. Pero es constatable en particular en el momento presente si se miran las experiencias participativas en las que se ha intentado empoderar a las colectividades para hacer frente a sus problemas. Por ejemplo, para organizar el Presupuesto Participativo, los cerca de un millón de habitantes que forman la ciudad de Porto Alegre, Brasil, han sido divididos en zonas de 60 000 habitantes en promedio, y casi lo mismo ha sucedido en la ciudad uruguaya de Montevideo.

Se trata de unidades territoriales que han gozado de un respaldo histórico, sociocultural y productivo, que han fraguado o están contribuyendo a fraguar una identidad regional para sus habitantes, el terruño, el conjunto de barrios o colonias, el municipio o los frentes municipales. Ni tan pequeñas como para quedar aplastadas por los poderes superiores (microlocalismo, comunidades aisladas, vecindario recóndito), ni tan extensas, para que pueda evitarse que el poder sea concentrado en las burocracias distantes, en los liderazgos corporativos, en los partidos. ¿Podrían tomarse como parámetro de una región media de 50 000 habitantes en un territorio, con todas las variaciones imaginables para cada caso concreto? A esto le han llamado algunos estudiosos la “territorialización de las acciones” (^{Laville y García, 2009}).

Es necesario, pues, escoger como espacios de experimentación algunas regiones medias cuyo ejemplo pueda ser reproducido en otras regiones del ámbito nacional, ya que las universidades no pueden ocupar el lugar de los gobiernos, en particular en lo que concierne a los sistemas de educación o de salud, pero pueden intervenir para orientar estrategias, resolver dificultades técnicas y coadyuvar en la búsqueda de consensos, en el ámbito de lo local, con la participación de diferentes actores que comparten el territorio.

El territorio no tiene el mismo significado de acuerdo con las culturas y los idiomas, es cierto, pero es la base geográfica de la existencia social. Es una obra humana que asocia las preocupaciones más materiales con las relaciones más esenciales. Es allí que cada sociedad resuelve sus problemas, satisface sus necesidades, cumple sus sueños, nos recuerdan en la página ^{Socieco.org (2017a)}. En otro documento agregan:

Desde el final del siglo XX, frente a la mundialización y la homogeneización por parte del mercado, con sus consecuencias sociales y medioambientales, las instituciones ponen el enfoque en la noción de desarrollo local sustentable. En estas circunstancias, el territorio, base geográfica de la existencia social, podría volver a adquirir toda su importancia (Socieco.org, 2017b).

Una pregunta importante que hay que hacerse con respecto a la viabilidad productiva, establece ^{Fotopoulos (1997)}, es el tamaño del elemento económico (es decir, el tamaño de la comunidad), que por un lado hace viable la independencia y por otro es compatible con la democracia directa y económica. Con respecto a la viabilidad económica, no puede darse a priori ninguna respuesta general ante la importancia de factores como el acceso a las materias primas, el clima, la geografía u otros.

2) Animación y fomento de plataformas participativas para la formación de consensos dentro de cada una de esas regiones medias. Espacios donde se discuten los problemas más urgentes, se imaginan soluciones, se evalúan los planes que han sido presentados para el mejoramiento de esa región media, asegurando la asistencia en primer lugar de los ciudadanos mismos en sus manifestaciones individuales y grupales, de las organizaciones civiles (vecinales, deportivas, religiosas), de las organizaciones productivas territorializadas (cooperativas, ejidos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales), de las instituciones de investigación y educación superior, de las empresas privadas (a sabiendas de las tensiones que se generan entre el interés público y los intereses empresariales), de los gobiernos municipales y estatales, en momentos puntuales del proceso, y del conjunto de instituciones, organismos y programas públicos, con una mirada social: espacios públicos de proximidad (resultaría oportuno hacer un examen crítico de la trayectoria asociativa del ejido mexicano).

Se trata de plataformas participativas en las que, con regularidad y continuidad (sesiones mensuales, bimensuales o de algún periodo consensado), se consolidan los límites territoriales e identitarios de la región, los problemas apremiantes, su jerarquización y las posibles medidas para enfrentarlos. Es aquí que deben articularse la diversidad de planes y programas públicos, privados y sociales de una colectividad.

En este punto resulta de gran interés la comparación en torno a cómo se han construido los espacios deliberativos y de asociativismo regional en distintos países, cómo se ha convocado a los participantes de estos espacios, cuál conviene que sea la distancia y la articulación con los partidos, los sindicatos y las asociaciones políticas o religiosas, particularmente en los momentos de elegir delegados, cuál debe ser su distancia con las autoridades, de qué manera allegarse (“bajar”) los recursos públicos o de otra índole, cómo se han articulado en estos ejercicios las universidades y las instituciones de investigación y de enseñanza, cuál es la vocación productiva de un espacio regional en este momento de competencia salvaje y de fronteras abiertas. En general, la falta de normatividad de la cual adolece nuestro país con respecto a los espacios territoriales y la espontaneidad con que estos ejemplos se han hecho presentes dificultan mucho la construcción de modelos replicables.

Hay un ejemplo entre todos éstos que merece ser subrayado, porque prefigura con claridad la noción de regiones medias territorializadas con una normatividad ex profeso, un gobierno regional, un claro entendimiento, el “buen vivir”, para decirlo con una imagen prestada.

En 2003, el zapatismo decretó la instalación de cinco regiones y las bautizó como Los Caracoles. Agrupó en ellas a los más de 30 municipios autónomos bajo su égida. Serían dirigidos por las Juntas de Buen Gobierno, encargadas de la educación en las escuelas alternativas, las clínicas de salud, la preservación del medio ambiente, la producción agroecológica y su comercialización, etcétera.

3) Articulación con los saberes universitarios. La autoridad intelectual, científica y técnica crecientemente profesionalizada (y a la distancia en lo posible, de contenidos ideológicos y filiaciones políticas en que se ha intentado organizar a los equipos universitarios para estas labores) ha tenido como objetivo la asesoría, la evaluación y el acompañamiento, con el objetivo de hacerlos comprensibles para los colectivos regionales y asegurar así su aceptación y permanencia.

No cabe duda de que son las universidades ubicadas en territorios y regiones las que se encuentran en mejor posición para establecer redes de profesionistas y de actores experimentados ante el desmantelamiento neoliberal de las instituciones públicas, no sólo en México, sino en todo el orbe.

Las universidades de América Latina y las de nuestro país destacadamente, a lo largo de los años sesenta y setenta, intentaron ligarse con los problemas nacionales y regionales. En la mayoría de los casos se trató de una liga llena de radicalismo y fuertemente ideologizada, en la que los actores universitarios se colocaban a la cabeza de las movilizaciones, en la dirección de una manera abierta, o como comité intelectual y político detrás de los movimientos sociales, de los agregados poblacionales o de los gobiernos locales. Todo ello se unía con la idea de que el cambio no podría ser pacífico, debido a las resistencias de las clases poseedoras, y que la confrontación revolucionaria era la única vía posible para alcanzar una nueva etapa histórica en el capitalismo avanzado, controlado por las grandes potencias mundiales.

En la etapa actual, el papel de las universidades, con sus institutos de investigación y los centros de educación superior, encuentra un nuevo y enorme espacio de participación en la reconstrucción social (a distancia, en lo posible, de los posicionamientos políticos e ideológicos), aceptando que los caminos para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una colectividad no pasan necesariamente por la confrontación, y que en la mayoría de las veces esta confrontación (que en ocasiones no es evitable, aceptémoslo) se convierte en un retroceso con respecto a los objetivos buscados de mejoramiento colectivo.

La función de la universidad en países con tal desarticulación y multidireccionalidad de proyectos debe ser una función que atienda prioritariamente las urgencias sociales de la vida cotidiana. Esta función es diferente con respecto al reparto observado en las universidades de los países con alto desarrollo endógeno científico y tecnológico. En nuestro caso, la universidad tiene que profundizar en saberes muy ligados con los problemas de la exclusión, la precariedad, la violencia, la prevención del delito, la salud reproductiva y, en fin, como se les ha llamado coloquialmente, con los problemas del patio trasero de la sociedad mexicana. Las instituciones de educación media y superior deben, pues, acompañar a las plataformas participativas y fomentar su consolidación para su continuidad en el tiempo y el espacio. Esto no significa que la universidad deba descuidar sus esfuerzos innovadores en las fronteras científicas y tecnológicas globales, en la filosofía, en la comunicación o en la literatura (^{Zermeño, 2008}).

4) Socialización de los presupuestos. Cobrar conciencia de la necesidad urgente de hacer bajar los presupuestos de los gobiernos federal o estatal al nivel social básico, y hacer converger las políticas públicas y privadas con las necesidades y los lineamientos consensuados en las plataformas participativas de las regiones medias. Con respecto a esto último, es necesario orientar en un mismo sentido los vectores y la energía generados en esa región media, haciendo más comprensible para los habitantes la multidireccionalidad enloquecida de iniciativas venidas de todos los ámbitos de gobierno.

Con respecto a lo primero, bajar los recursos al plano social, debemos aceptar que hay en nuestro país una insana política que tiende a retener los presupuestos en el andamiaje alto de las instituciones. Eso se puede leer en el reparto de los recursos fiscales entre los niveles de gobierno. La proporción de los municipios en el total de gastos del sector público aumentó de 2.3% en 1980 a 4% en 1990. Mientras tanto, un país como Brasil, con procedimientos de descentralización muy superiores al resto de América Latina y comparables a los de los países europeos, destinaba a los municipios, ya en 1987, 11% del gasto público, para alcanzar 18% en 1991, y teniendo la obligación de canalizar al ramo de la educación al menos una cuarta parte de esos recursos (^{Iracheta, 2014}).

Es necesario aclarar que en muchísimas partes del mundo existe un escalonamiento que respeta de mejor manera a lo territorial. En los ejemplos españoles podemos escalar desde el nivel municipal, reagrupado en las mancomunidades; arriba de ellas encontraremos a las provincias (50) y sobre éstas las comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, etcétera.

Esa misma distribución en por lo menos tres niveles por debajo de lo nacional podemos constatarla en Italia, entre sus grandes regiones (20), sus provincias (93) y sus municipios (8 000 comunas); en Francia, entre sus regiones (22), sus departamentos (96), sus cantones o distritos y, en la parte más básica, sus municipios (36 000), y en Suiza, entre cantones, distritos y comunas. Brasil y Uruguay son campeones en ese escalonamiento.

En nuestro país la distribución de poder ha sido muy distinta. Del gobierno federal siguen los gobiernos de los estados. Entre éstos y los municipios no existe más que una división en el papel que propone 10 regiones para Michoacán o siete para Guerrero, por citar unos ejemplos, pero dichas áreas territoriales no cuentan con ninguna sede para su actuación, con ninguna plataforma participativa, con ningún consejo u órgano de representación, con ninguna legislación que norme sus atribuciones, derechos y obligaciones, de manera que los gobernadores en funciones deciden sin consulta alguna la distribución de recursos y dádivas según sus personales estrategias políticas o financieras.

Por lo demás, en el caso de México los presidentes municipales reciben esos raquíticos recursos y los distribuyen a su libre albedrío, bajo consideraciones políticas en la mayoría de los casos y pensando muy poco en temas como la educación, que es asunto de otro monstruo burocrático.

Al lado de esto, una secretaría como la de Desarrollo Social, una dependencia que debería estar enraizada en lo profundo de los problemas de la gente en las regiones y en las comunidades, tuvo en 2006 un presupuesto de 35 000 millones de pesos, pero cerca de la mitad de esa suma se invirtió en el sector central, donde se concentraron 15 000 plazas de altos mandos, a los que habría que añadir la burocracia de las delegaciones estatales. Es de llamar la atención igualmente que cerca del 98% del presupuesto aludido (30 000 millones de pesos) se destinara al gasto corriente de la dependencia (^{Méndez y Garduño, 2007}).

III

Ahora bien, como hemos explicado, estamos hablando del México roto con espacios de alta conflictividad, de muy baja o nula cohesión y con un tejido social destrozado o inexistente en el extremo, espacios caracterizados por la creciente exclusión, la pobreza, la violencia, el desempleo y el empleo precario. En tales condiciones podría pensarse que se vuelve difícil hablar de temas como la solidaridad o de una economía solidaria, pero también podría argumentarse en el sentido contrario, porque debido a los flagelos provocados por la exclusión consustancial del modelo económico aparecen condiciones favorables para el establecimiento de formas asociativas, caminos alternativos de reproducción material de la vida. Esto es así debido a: 1) la inseguridad creciente, que empuja a los habitantes de una colectividad a coordinarse para hacer frente a la delincuencia, para organizar la vigilancia y la autodefensa; 2) la destrucción acelerada de la naturaleza, que se expresa en la alta tensión por la escasez del agua, por el manejo de los desechos, por la contaminación ambiental; 3) la deficiencia en el transporte y sus costos crecientes; 4) la necesidad de organizar formas de sobrevivencia debido al desempleo y al empleo precario, al comercio informal en el límite de lo legal, al encierro en los espacios domésticos, clánicos, barriales, donde el reto es encuadrar al agrupamiento familiar o étnico de dichas barriadas en unos agrupamientos regionales más amplios y consistentes, con base en plataformas participativas y saberes académicos.

En este punto es preciso hacer algunas aclaraciones. Una corriente de pensamiento que fue aprovechada posteriormente para apuntalar al neoliberalismo estableció que los espacios públicos o de las colectividades, es decir, aquellos que no eran vigilados o administrados ni por las agencias gubernamentales ni por los propietarios privados como individuos o como empresa, tenían pocas posibilidades de mantener su integridad en su calidad de bienes comunales o bienes de los comunes. Un bien común, estableció ^{Garrett Harding (1968)}, es algo en lo que la ley está ausente y por lo tanto es un lugar en ruinas, porque de él se van a aprovechar todos; cada individuo tomará algo para sí, sin respetar la integridad de ese bien (^{Subirats, 2016}). Sólo el mercado o el Estado (en realidad únicamente el mercado, porque el otro principio implícito de la teoría dice que el Estado es una exterioridad que enrarece el libre juego del mercado y cuya injerencia hay que reducir) pueden asegurar la integridad de esos bienes; en consecuencia, los bienes comunes, o de la comunidad, están destinados a la tragedia de su desaparición, según estos postulados.

A Elinor ^{Ostrom (2011)} le fue otorgado el premio Nobel por demostrar que esta “tragedia de los comunes” no se cumplía en infinidad de circunstancias, particularmente en aquellas en las que era preservado un marco normativo tradicional, consuetudinario, con métodos de decisión colectiva que permitían a la comunidad implicada defender sus recursos colectivos. En gran cantidad de esos casos los usuarios del recurso están auto-organizados para su vigilancia y establecen sanciones para quienes alteran lo establecido. Estos mismos diques y contrafuertes han sido traídos a la discusión en la actualidad por una serie de pueblos originarios, particularmente en la geografía latinoamericana, que nos hablan del respeto hacia la Madre Tierra y nos hacen conscientes de las poderosas soleras culturales con que los pueblos indios han resistido los embates de la economía global, entre ellos los que más destacan por su lucha: la Pachamama en las ceremonias agrícolas andinas; la Confederación de Organizaciones Indígenas de Ecuador, los Caracoles zapatistas, la autonomía municipal con el ejemplo michoacano de Cherán, los huicholes de Wirikuta en el centro y occidente de México.

Lo que conviene aclarar a partir de estas consideraciones es que, siendo innegable que los dos campos existen (el del libre mercado y la ganancia y el de su contraparte: la defensa colectiva de los bienes comunes), la reflexión no puede agotarse ahí. Al lado de ellos se extiende con toda su crudeza lo que aquí llamamos el México roto; hacemos referencia a un México (y a infinidad de situaciones en el mundo) con unas raíces rotas hacia lo tradicional y al mismo tiempo con una débil articulación hacia la economía globalizada (a pesar de que la economía informal las enlaza, y muchos de sus miembros venden en las esquinas productos venidos desde muy lejos). Aquí también el espacio público (común) se encuentra amenazado, pero no solamente por la apropiación o el saqueo del gran capital o de los individuos, sino sobre todo por la degradación que sufre debido al abandono, la pobreza y la delincuencia. No es un espacio históricamente en retirada, como la periferia paupérrima generada por la primera industrialización y que luego fue reabsorbida hasta cierto grado; se trata del espacio inmenso y en crecimiento engendrado por la globalización excluyente, la del desempleo galopante y la acumulación sin límites.

Frente a la predominancia de estos espacios, frente a la brutalidad que conlleva un panorama urbano (muchos panoramas urbanos) que en 50 años pasa de ٢٥ 000 a dos millones de habitantes de todas las procedencias, no basta, y no tranquiliza más que al establishment, saber que existen aún espacios con tradiciones (bienvenidos, y ojalá fueran muchos) que pueden moderar la tragedia de los comunes, o que existe una serie de fórmulas e iniciativas de la economía solidaria que deberían ser capaces de hacer frente larvadamente al evocado desastre de la sociedad rota.

Es necesario entonces un nuevo arreglo, también larvado, que ponga en movimiento articuladamente a las únicas (¿las últimas?) fuerzas con el vigor necesario para esta tarea titánica, y esas fuerzas son: el Estado, un tipo de Estado que fortalezca a las regiones en lo social (Plataformas Participativas en Regiones Medias), y los saberes universitarios (con toda la fuerza de la juventud que implica esa referencia, con toda la fuerza de articulación con la otra juventud, la excluida, que constituye la parte complementaria en la maniobra, involucrando al resto de los agentes del mundo de la exclusión, pero no en un acto de confrontación, en la violencia, ni en la aberrante epopeya de acumular fuerzas políticas para la toma de palacios o parlamentos, sino en la reconstrucción paulatina de las condiciones humanas para vivir en las regiones, únicos espacios desde donde la sociedad civil es capaz de contener a las fuerzas de la gran política y de la gran economía.

Si no es a partir de la construcción de plataformas participativas en el plano local regional -región media le llamamos nosotros-, con la participación de la sociedad civil organizada, los actores sociales con sus saberes, las universidades con sus ciencias y un Estado realmente con mirada en lo social, ¿cómo le hacemos para que enfrentemos juntos este desastre?

IV

Así pues, y dependiendo del nivel de destrucción o de cohesión y consistencia de cada espacio social, nos parece que los pasos y los peldaños en la ruta trazada hacia una reconstrucción del tejido social deberían ser los siguientes, partiendo de escenarios de extremada desarticulación como los descritos al inicio de este artículo y avanzando hacia escenarios más favorables para poner en marcha con más eficiencia los postulados de la economía social y solidaria, el cooperativismo y la confederación de municipalidades o regiones medias articuladas y fortalecidas entre sí:

Primer nivel o ámbito de acción hacia el restablecimiento de la confianza colectiva, un paso elemental para la reconstrucción social y solidaria, o primer nivel de generación y multiplicación de sedimentos (hacia una densificación de lo social): este piso generador de sedimento no debe partir de cero en una región media, sino de un diagnóstico que ubique indicadores socioeconómicos y que localice actores y organizaciones (organizaciones de la sociedad civil, comités vecinales, etcétera). En esta tarea son centrales la conformación y la consolidación de la plataforma participativa para dirigir todos esos esfuerzos o vectores en una misma dirección y con un mismo objetivo. Vectores procedentes de distintas formas de la sociedad civil organizada, de las iniciativas universitarias, de los comités vecinales, de las iglesias, de las autoridades gubernamentales de manera central, porque, como hemos dicho, todas estas iniciativas deben desarrollarse articuladamente, hasta donde sea posible, con los programas de gobierno en seguridad, educación, recreación, salud, empleo y proyectos productivos y con los presupuestos claramente asignados a esas áreas (aunque hay que advertir que en muchas ocasiones los gobiernos, por el hecho simple del control político electoral, no quieren poner a la consideración de otros aparatos o colectividades la orientación y los contenidos de sus programas).

A lo largo de estas actividades y en esos espacios se irán incubando y reeducando los nuevos liderazgos sociales (^{Galicia y Carpio, 2016}). A continuación se presenta una lista de actividades requeridas para el trabajo de sedimentación, que tienen como objetivo central (y básico para una sociedad como la nuestra, en constante desarticulación) restituir la confianza y la comunicación, fortaleciendo el espacio público:

1) Primer nivel o ámbito de acción hacia la reconstrucción social y solidaria. En el ámbito de la juventud: talleres orientados a prevenir el delito entre jóvenes, las adicciones, el consumo de estupefacientes y de alcohol, la erradicación del bullying, la resolución de conflictos y peleas callejeras, y la orientación vocacional.

En lo referente a la salud reproductiva: prevención de embarazos en adolescentes, el noviazgo sin violencia, el uso del condón. En lo referente a la seguridad: alarmas vecinales, policía pie a tierra, acondicionamiento de senderos seguros e iluminación. En educación ambiental: separación y procesamiento de residuos sólidos (basura), baños secos, bio-filtros, estufas ecológicas (temáticas dependientes del referente rural o urbano); en función de las cualidades de cada región media, paralelamente a lo enunciado, podrían asociarse actividades deportivas y talleres de lectura, fotografía, graffiti, ajedrez, teatro, pintura, música, baile, tardeadas juveniles.

Viene aquí una pregunta: ¿estamos queriendo sustituir de manera simplista las pesadas y complejas estructuras nacionales de la educación y de la salud? Francamente no, pero debido a la baja calidad y al burocratismo con que se han desempeñado en los lustros recientes, particularmente en lo que hace al sistema educativo nacional, la presencia de una plataforma participativa exigente, de una sociedad civil verdaderamente empoderada en una región media, podrían convertirse en un motor para el mejoramiento de estos servicios básicos de la vida social, y sin duda no enfrentándolos, sino articulando con ellos las demandas de manera organizada.

2) Segundo nivel o ámbito de acción hacia la reconstrucción social y solidaria. Servicios de proximidad (servicios a las personas): guarderías, servicios a domicilio, cuidado de los ancianos, mejoramiento del transporte colectivo, del alojamiento, revalorización del patrimonio cultural, distribución del agua y tratamiento de los residuos (más allá de la simple separación de la basura), preservación de zonas rurales, cocinas colectivas, jardines familiares, autoconstrucción asistida, talleres relacionados con estas actividades.

3) Tercer nivel o ámbito de acción hacia la reconstrucción social y solidaria. Cajas municipales de ahorro y crédito, bancos mutualistas; tiendas y redes de comercio justo, en las que la gente puede vender y comprar; colaboración entre agricultores y consumidores para una alimentación local de calidad; radios locales y regionales.

4) Cuarto nivel o ámbito de acción hacia la reconstrucción social y solidaria o dificultad mayor, como la han denominado ^{Jean Louis Laville y Jordi García (2009)}: asociar a las personas en el desempeño de una actividad productiva, lograr que una empresa social, una cooperativa, alcance su equilibrio económico, multiplique sus objetivos, se relacione constructivamente en su entorno regional y conozca los programas y las políticas públicas.

No se está haciendo referencia a una utopía inalcanzable. Los datos que se presentan a continuación hacen añicos el estereotipo muy difundido en México en torno a la inviabilidad de la vía del cooperativismo: en Alemania podíamos contabilizar, en 2012, 70 000 cooperativas; en Bélgica existían 30 000 en 2001; en Suecia fueron contabilizadas hacia esa fecha 18 000; en Francia, 21 000 cooperativas dan empleo a más de 700 000 personas; en España, 21 000 cooperativas tienen una derrama en empleos de casi 300 000 puestos; en Eslovaquia las cooperativas emplean a más de 75 000 personas; en el conjunto de Europa, sólo los bancos cooperativos dan empleo a más de 700 000 personas; en Brasil, más de ٨٠ universidades se articulan a infinidad de cooperativas populares, incubadoras tecnológicas les llaman; a nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1 000 millones de socios y generan 100 millones de empleos, 20% más que las firmas multinacionales. En otro enfoque, las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares, importe comparable al PIB de algunas de las economías nacionales más importantes (Alianza Cooperativa Internacional, 2012, citado en ^{Ayvar, 2016}).

Pero como lo dice José Luis ^{Coraggio (2008: 42)}, lo cierto es que las empresas cooperativas tienen que superar la prueba del mercado y al mismo tiempo la exclusión estructural del sistema, construir un sector no capitalista de economía solidaria, sin relaciones de explotación del trabajo que, a pesar de estar apoyado en una base mercantil, introduzca valores de solidaridad, respeto a la naturaleza y pluralidad social y cultural.

5) Quinto nivel o ámbito de acción hacia la reconstrucción social y solidaria: actividad empresarial cooperativa que impacte en la región, aunque se encuentre sometida a los imperativos del mercado mundial resistiéndolos competitivamente. Sin duda el ejemplo más citado a este respecto es la cooperativa Mondragón, compuesta por 192 empresas en el País Vasco, en el resto de España y el mundo, con una derrama de las ganancias sobre sus 80 000 miembros.

Se entienden las críticas que se le han formulado, por estar inmersa en el mercado mundial y por tratarse de un liderazgo empresarial lejano al grueso de sus miembros y altamente tecnificado, pero no debemos olvidar que el imperio del mexicano Carlos Slim, si distribuyera sus ganancias entre los miles de sus trabajadores, tendría un impacto benéfico sobre la calidad de sus vidas y las de quienes están alrededor de esos trabajadores. Si en un país se pudieran organizar así algunas decenas de empresas, su impacto en el conjunto de esa población sería importante, sobre todo si sus beneficios se vertieran sobre regiones definidas.

Como lo establece Jorge Martínez Aparicio:

Sin el arraigo al entorno comunitario, el cooperativismo pierde su identidad y tiende a la competencia como criterio de expansión. De ese modo, ubicar a la actividad cooperativa con su área comunitaria implica ligarla efectivamente a las necesidades de sus integrantes, no sólo como socios trabajadores, sino en función de los agrupamientos familiares a los que ha de responder su actividad, y más aún, en la expectativa de ampliar las condiciones de reproducción y desarrollo de su entorno (2012: 1).

6) Sexto nivel o ámbito de acción hacia la reconstrucción social y solidaria: actividad empresarial cooperativa que impacta en una región y que no está sometida ni en la producción, ni en los salarios, ni en su relación con el medio ambiente a los condicionantes del mercado mundial, ni se encuentra aislada, sino interactuando con otras regiones de su mismo género, con un apoyo confederal de las comunidades vecinas, estableciendo intercambios directos y una moneda local regional, etcétera (ver a este respecto ^{Fotopoulos, 1997}; ^{Bookchin, 1995}).

V

Cuando en el apartado tercero dijimos que es necesario un nuevo arreglo, también larvado, que ponga en movimiento articuladamente a las únicas (¿las últimas?) fuerzas con el vigor necesario para esta tarea titánica, y que esas fuerzas son el Estado (un tipo de Estado que fortalezca a las regiones en lo social) y los saberes universitarios, la frase así construida no fue una ocurrencia al golpe de las teclas. Cuando un régimen político como el de Rafael Correa y Alianza País en Ecuador demuestra con datos aceptables que ha sido mejorado el nivel de vida de sus habitantes medido en ingreso, salud, empleo y algunos otros rubros (^{Gaussens, 2016}), el dato no es despreciable y esos mismos resultados, o menores, pero en la misma dirección pueden, ser leídos en los otros regímenes sudamericanos llamados de la mirada a la izquierda. Pueden desvirtuarse esos avances por la doble razón de que dichos gobiernos se han burocratizado y se han corrompido (se aferran al poder por todos los medios y olvidan sus alianzas con las movilizaciones y la reorganización de la sociedad).

Las oleadas derechistas y los poderosos intereses del capital global desvirtúan igualmente esos avances y los hacen retroceder. Pero por la precariedad misma y por el grosero desmantelamiento de los programas sociales, también otras oleadas de reorganización son previsibles y esas nuevas miradas a la izquierda tendrán la posibilidad de enmendar los groseros vicios y desvíos de ciclos precedentes y acompañar su accionar con una mirada hacia abajo, una reconstrucción del poder en el plano social en contra de sus propios intereses, o como ha dicho Boaventura de ^{Sousa Santos (2004)}, citando a Max Horkheimer y Theodor Adorno, tendrán la voluntad esos gobiernos, sacada de la experiencia histórica, para doblar su propia mano en favor de una sociedad más humana (menos centrada en su afán de más poder personal), un acto que no está siendo gratuito, sino exigido por la activación de unas luchas sociales que no habrán de estrellarse ciegamente contra el muro de la represión, provocando la discontinuidad de las fuerzas activadas en esa dinámica, sino que habrán de buscar que tal presión se convierta en organización y en poder continuado en el plano social.

Hay, sin embargo, sociedades mejor capacitadas para lograr esto último, para convertir la mirada a la izquierda en mirada hacia abajo, para obligar a su quehacer político a adoptar una cultura social (¿Uruguay, Costa Rica, el sur de Brasil?). Pero hay otras, por sus orígenes y por su historia, que están mal preparadas para eso. No es aquí el momento de hablar de los orígenes sociales del autoritarismo mexicano, pero al menos podemos enumerar, para no vernos sorprendidos, algunos escollos que en nuestra cultura política dificultan empoderar, densificar a los colectivos que intentan hacerse cargo de mejorar la calidad de su vida.

VI

Ejemplos de destrucción del asociacionismo y de las identidades territoriales en la cultura mexicana, y escollos para la instauración de una economía social y solidaria:

* Los comités vecinales previstos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal a partir de 1999 se convirtieron en una figura debilitada: resultaron ser más de un millar, con un promedio de 3 000 habitantes cada uno. Gobiernos y partidos de izquierda se opusieron a conferirles algo de poder articulándolos (10 o 15 de ellos agrupados en territorios medios pudieron haber tenido más fuerza frente a las maquinarias políticas y los intereses económicos). Además, pasaron años sin que se llevaran a efecto nuevas elecciones de dichos comités, como lo marcaba la normatividad, y los recursos otorgados a ellos fueron prácticamente nulos.

* Cuando por fin, en el segundo decenio del siglo, se pensó en las técnicas del Presupuesto Participativo practicado en Sudamérica como un mecanismo conveniente para dar voz a la ciudadanía, este ejercicio en México se convirtió en un instrumento político y no social: en lugar de varias reuniones a lo largo de un año para jerarquizar las demandas más urgentes de una región, en un espacio concurrido de interacción comunicativa, se escogió una sola fecha anual de votación en torno a un menú de opciones de inversión dictado desde arriba, válido supuestamente para todos los panoramas urbanos. Y algo más que resultó extremadamente bochornoso fue el aliento que se le dio a la votación por Internet, en la medida en que eso abrió la puerta para que los gobiernos influyeran descaradamente en las orientaciones de inversión (en una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, un altísimo porcentaje de los ciudadanos escogió, sospechosamente, camiones de basura, mientras que en las otras delegaciones este rubro aparecía en lugares muy secundarios).

* Dispersión y abandono de las organizaciones vueltas al cooperativismo. Históricamente, el cooperativismo mexicano nació como un acto corporativo. Entre 1934 y 1940 el cooperativismo, al igual que otras figuras asociativas mexicanas, fue alentado por decreto gubernamental y sus dirigentes fueron impuestos. Después, se cortó de un golpe en 1994 el apoyo del gobierno a esta figura. Su organización y fomento han sido muy confusos, cerca de una decena de consejos han desaparecido y ha resultado intermitente la valoración hacia esta estratégica modalidad para la economía social y solidaria. En los decenios recientes la legislación al respecto muestra un desprestigio deliberado de esta figura, mientras que aquellas que realzan la función individualizada de agentes emprendedores en torno a las medianas, las pequeñas y las microempresas son incentivadas como la vía aceptable para los emprendimientos productivos (^{Ayvar, 2016}).

* Afectación a cajas municipales y bancos mutualistas debido a los cambios recientes a la Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada por la Cámara de Diputados, conocida como Ley Ficrea, que con el pretexto de evitar más fraudes masivos -que los ha habido descaradamente y sin castigo a los defraudadores-, corre el riesgo de burocratizar y encarecer la prestación de estos servicios a pequeña escala y con tasas de interés moderadas que benefician a seis millones de familias, orientándolos hacia el gran sistema bancario con altas tasas de interés.

* División, cooptación y ataque abierto a grupos de autodefensa, policías comunitarias y ensayos autonomistas que intentan reconstruir cierto control en las comunidades para enfrentar la proliferación de crímenes, vejaciones y saqueos cometidos por el llamado crimen organizado frente a la retirada de las fuerzas gubernamentales. Han sido sometidas así estas iniciativas ciudadanas a las estructuras de mando único centralizado policiaco y militar, que en muchos lugares se encuentran coludidas con los cárteles. No estamos pasando por alto que en algunos casos en esas policías comunitarias y grupos de autodefensa ha habido penetración del narcopoder, pero no se ha hecho ningún esfuerzo por discernir entre agrupamientos ciudadanos auténticos y agrupamientos penetrados por la narcoviolencia, y se ha decretado simplemente su desmantelamiento generalizado y el encarcelamiento de algunos de sus líderes.

* Ataque deliberado a las organizaciones que se oponen a la destrucción del medio ambiente provocado por la actividad sin restricciones de empresas en la minería, en las inversiones en el ámbito inmobiliario y en el de las vías de comunicación, en la agricultura intensiva, en el turismo, apropiándose de riquezas naturales y culturales en espacios ejidales y comunales. A las luchas de resistencia frente a estos macroproyectos se les decreta automáticamente un listado de órdenes de aprehensión contra sus organizadores.

* Los municipios se encuentran extremadamente debilitados, al comparar Brasil con nuestro raquítico porcentaje del gasto público dirigido a este nivel y que corre el riesgo de volverse aún más pequeño debido a los recortes presupuestales a partir de 2017.

* Proliferación exponencial de tiendas de proximidad (Oxxo, Seven Eleven), bajo control de las grandes compañías (Coca-Cola, Pepsi-Cola), que debido a sus bajos precios logrados por una posición oligopólica conducen a la quiebra a los establecimientos populares (tendajones), amputando el ingreso de infinidad de familias y convirtiendo en muchos casos en empleados de dos salarios mínimos a los miembros de ese mismo medio popular. Provocando una erosión de lo social, estas grandes cadenas comerciales desplazan (con políticas de precios transitoriamente bajos) a farmacias, panaderías, papelerías y todo tipo de comercios barriales.

VII

En este artículo hemos presentado los resultados de una investigación-acción apoyada desde la UNAM con miras al mejoramiento de la calidad de vida de los colectivos de nuestro país. Hemos puesto el acento en la formación y el fortalecimiento de regiones de dimensiones territoriales intermedias que afiancen una identidad colectiva y que puedan ser replicables; hemos argumentado sobre la necesidad de organizar en cada una de esas regiones plataformas participativas, destacando así la estratégica articulación y el acompañamiento de las universidades y las instituciones de educación técnica y superior hacia esos experimentos y la necesidad de hacer coincidir en una misma dirección los diversos esfuerzos para lograr este mejoramiento, haciendo bajar los presupuestos públicos al nivel de lo social básico.

Intentamos mostrar los pasos o peldaños que es necesario recorrer en la reconstrucción del tejido social, partiendo de escenarios de extremada desarticulación como los descritos al inicio de este artículo, para poner en marcha con más eficiencia los postulados de la economía social y solidaria, del cooperativismo y de la confederación de municipalidades o regiones medias articuladas y fortalecidas entre sí. Revisamos, en fin, las dificultades para llevar adelante estos ejercicios en el seno de una cultura estatal como la que impera en nuestro país. Para una presentación desglosada de los espacios geográficos en los que el equipo Pro-Regiones UNAM ha llevado a cabo algunos experimentos con la metodología aquí presentada, remitirse a ^{Zermeño y Galicia, 2016}.