El componente humano de la institución policial: sentido común e incertidumbre

En el estudio de la institución policial nos enfrentamos al reto de construir las categorías que permitan “dar cuenta de la policía como institución social producida y reproducida por un conjunto complejo de prácticas, trazos simbólicos y representaciones desenvueltos por sus miembros y por la sociedad en su conjunto” (^{Sain, 2010: 45}). Este apartado se centra en el componente humano de la institución, es decir, en el cuerpo de policías y la forma como éstos actualizan su sentido común y enfrentan la incertidumbre propia de su labor policial en un periodo en el que la violencia detonó en el interior de la propia institución.

La institución policial se ha definido tradicionalmente como una organización pública profesional y especializada, autorizada para usar la fuerza para restablecer el orden y el Estado de derecho. Los policías tienen como rasgo distintivo ser los depositarios especializados del monopolio de la fuerza (^{Fruhling, 1998}). Pero ese uso de la fuerza también es discrecional, por lo que las y los policías desarrollan el arte de la negociación y otras estrategias verbales de disuasión. Tal discrecionalidad es inherente a cualquier trabajo, pero se agudiza en las labores policiales porque se tienen que tomar decisiones de manera rápida ante situaciones inesperadas (^{Tarrés y Blancarte, 2010: 48}).

De acuerdo con María Luisa ^{Tarrés y Roberto Blancarte (2010: 43)}, las funciones primordiales de la policía son la prevención, la detección y la represión de delitos siguiendo las leyes y los reglamentos; sin embargo, tales funciones implican un “mandato moral” sobre aquello que debe ser sujeto al orden social. Es decir, el quehacer policial implica un carácter político y moral de la definición de los delitos y los “criminales” (2010). En tal sentido, la manera en que los policías cumplen con sus tareas formales e informales se alimenta del sentido común sobre el orden. Así, la actuación policial seguiría los mandatos institucionales y la visión propia del policía sobre la sociedad y el mundo en general. De esta manera se conjuga lo que Tarrés y Blancarte definen como la cultura policial, es decir, el conjunto de significados, valores y normas que enmarcan las prácticas cotidianas del trabajo policial.

Por otro lado, Egan ^{Bittner (2006)} habla del papel de la institución en el ejercicio policial de la distribución de fuerza no negociable y coercitiva. Entonces, la intuición policial se convierte en un elemento central de la actuación policial, pues son la intuición y la percepción lo que definirá la cantidad de fuerza utilizada en cada situación. Lo que Bittner denomina intuición puede ser visto como sentido común. El sentido común de los policías, al igual que en cualquier otro agente social, se construye a partir de los valores y las expectativas compartidas que generan una cosmovisión particular. En este artículo, el sentido común de incertidumbre y miedo es el eje articulador de las tres garantías de la labor policial mencionadas por los propios policías.

Cultura del terror y las tres garantías del policía

El concepto de cultura policial de ^{Tarrés y Blancarte (2010)}, con su sentido común e intuición policial, en diálogo con el concepto de cultura del terror de ^{Taussig (1984)}, puede ayudar a comprender las fuerzas que delinearon el ajuste de los esquemas de interpretación que exigió la militarización de la policía en Tijuana con su doble violencia, externa e interna. La lógica del terror (^{Taussig, 1984}) fue introyectada y traducida en discursos y prácticas cotidianas, con el incremento de la incertidumbre respecto de la habitual.

Con el objetivo de comprender cómo vivieron los policías municipales los cambios institucionales del periodo en estudio, lentamente fui construyendo una relación de confianza que permitió tener una convivencia cotidiana en el mundo laboral de calle de los policías activos, así como acceder a las experiencias e historias personales y familiares tanto de policías activos como no activos. Pronto descubrí las heridas físicas y emocionales abiertas por las purgas en la policía. Había una memoria fresca de los sufrimientos vividos por los policías y sus familias. Todos y todas tenían una historia que contar, ya fuera en carne propia o la de algún compañero o conocido. Así, la investigación me llevó no sólo a trabajar con los policías activos, sino con aquellos que habían sido víctimas directas de las purgas y se encontraban fuera de la institución después de muchos años de trabajo. Algunos de ellos habían sido torturados, encarcelados y expulsados de la institución.⁶

En todos los casos, con diferentes matices, los relatos estuvieron cargados de mucha emotividad, por lo que demandaban un constante ir y venir entre la empatía y la vigilancia epistemológica para lidiar con la ansiedad que generaba documentar el dolor y el sufrimiento.

Los relatos de vida me permitieron comprender la forma como estos policías habían vivido los cambios de estrategia institucional. Me interesó entender qué recursos personales habían usado para lidiar con el incremento de incertidumbre y violencia asociado con la guerra contra el crimen organizado y la purga institucional. En la búsqueda de vías metodológicas para recuperar esas experiencias, decidí centrarme en las garantías o los mandatos de sentido común surgidos de manera recurrente en pláticas y entrevistas sobre la incertidumbre y el miedo vividos en el periodo. Éstas fueron mencionadas por los policías como las tres garantías (3G) del policía: “En cualquier momento te pueden matar, en cualquier momento te pueden correr, y cualquier momento te pueden meter a la cárcel”. Interpreté esas garantías como un esquema cognitivo y emocional que les brindaba una seguridad ontológica para lidiar con la incertidumbre y a la vez normalizar la violencia que estaban viviendo.

De acuerdo con la naturaleza ya de por sí “riesgosa” del trabajo policial, estas tres garantías articulan un sentido común laboral; no obstante su integración, analíticamente es posible distinguir cada una por su valor simbólico diferenciado. La primera garantía, la de la muerte, es la más temida no sólo por los policías sino por sus familiares. En este ambiente de violencia y terror, la muerte no sólo podía suceder por hacer el trabajo, muriendo en un enfrentamiento, también podía venir de una venganza por no responder a las extorsiones del crimen organizado.

Las purgas internas de la policía incrementaron la garantía de la muerte, ya que al ser interrogados y luego encarcelados se convertían en blanco del crimen organizado, aun cuando no tuvieran nexos criminales. Los policías tienen mucha información de terreno ante la cual tienen que hacerse indiferentes porque “esos negocios” pueden estar protegidos por alguien “de arriba”, así que hacen caso omiso de la evidente criminalidad que los rodea. Los policías poseen información aun sin querer tenerla, y el crimen organizado lo sabe.

La segunda garantía, perder el trabajo, parecía la menos temida en la escala de las 3G, dado el ambiente de terror e incertidumbre, aunque evidentemente mantener el empleo resultó ser de suma importancia y parecía difícil en las circunstancias en que todos eran sospechosos. Esto coincide con el dato de Justiciabarómetro (^{Shirk, Suárez de Garay y Rodríguez, 2015}) respecto a que para los policías la expectativa más importante era mantener el empleo.

La tercera garantía, caer en la cárcel, no sólo implica perder la libertad. Un policía que cae en la cárcel pierde los referentes de respeto de su entorno; la familia será señalada y él no podrá trabajar de nuevo en la administración pública. Es decir, no hay rehabilitación social para un policía encarcelado, aun cuando haya sido por una acusación falsa.

En las reflexiones y prácticas de los policías con quienes trabajé, las 3G guardaban una relación en una especie de constelación subjetiva que puede caracterizar este periodo de terror por el grado de violencia ejercido hacia los mismos policías, pero que se ordenaba jerárquicamente en torno a la “garantía de la muerte”. A continuación presento el análisis de lo que a mi parecer ordena la constelación de las 3G y que tiene mayor carga simbólica en un contexto histórico en el que la palabra “guerra” era de uso común en los medios y en las instituciones de seguridad pública.

Después de 30 años de servicio policial, el estrés cotidiano le había producido a Emiliano dos ataques cardiacos y otros problemas de salud. En 2010, Emiliano había sido acusado de vínculos con el crimen organizado y había sido detenido, sin pruebas, y enviado a un penal de máxima seguridad en Veracruz. En 2012 fue puesto en libertad por falta de pruebas, pero al pedir que lo reinstalaran le dijeron que no podían porque había estado sujeto a un proceso judicial y por lo tanto ya no era candidato para retomar su puesto. Para él las garantías de la cárcel y el despido se habían cumplido, y había evitado la de la muerte.

La interpretación de Emiliano sobre la violencia que vivió la ciudad de Tijuana entre 2009 y 2012 ofrece una ventana para el análisis de la producción del discurso de miedo entre los policías y la sociedad. Como lo describe Emiliano, “el idioma de la violencia y la muerte” abundó en la vida de los policías, con la muerte, propia y ajena, como posibilidad cercana.

[…] Y se declaró la guerra. Era una guerra total, traicionera, porque nosotros los atacábamos de frente y ellos nos emboscaban. El terror era no morir en un enfrentamiento sino en un descuido. Entonces pues explotó; las medidas de seguridad cambiaron drásticamente. Teníamos órdenes de disparar sin pensar en cualquier momento de peligro. Y algunos mandos lo dijeron […]: si por salvar su vida tienen que caer inocentes, pues ni modo, estamos en guerra y no nos vamos a dejar. Las guerras son muy crueles y cuestan muy caro, a la Secretaría Pública le costó muy caro. Pagó un precio que nunca esperábamos. Tanta muerte, de policías y de civiles […]. Ya cuando me tocó ir al mando de 27 patrullas para un reporte me di cuenta que no era un reporte,⁷ era guerra. Y sabíamos que a donde íbamos iba a haber enfrentamiento y que iban a caer [morir], ¿de qué lado? no sabíamos, pero iba a haber caídos, no había otro idioma (Emiliano, entrevistado el 3 de octubre de 2013).

La instrucción de “disparar sin pensar” y la idea de que podían “caer civiles” apoyan la noción de la guerra, donde la muerte se cierne sobre la sociedad y donde los policías dejan de ser los protectores. El miedo, la baja preparación técnica y no siempre contar con las armas adecuadas fue una combinación letal que cobró vidas de civiles no sólo en Tijuana, sino también en otras ciudades de la frontera.

La guerra contra el narcotráfico llevaba su otra guerra al interior de la institución policial. Las purgas produjeron un ambiente que podría acercarse a lo que se ha calificado como una cultura del terror (^{Taussig, 1984}), caracterizada por la construcción de narrativas del miedo a partir de hechos violentos pero también de rumores sobre la violencia y la crueldad tanto del crimen organizado como de la misma institución policial. Los policías escuchaban los rumores de que la misma institución estaba deteniendo y torturando a varios de sus compañeros.

El Estado mexicano también usó este terror para justificar la guerra contra el crimen organizado. Los cárteles de la droga habían logrado infiltrarse en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, de tal forma que ahora usaban las calles de la ciudad para llevar a cabo ajustes de cuentas entre ellos e intimidar a cualquiera que les hiciera frente.

A veces los policías sólo eran testigos de tales enfrentamientos, con miedo de intervenir, ya que en algunas ocasiones que lo habían hecho no habían tenido el respaldo institucional y habían tenido que usar otros medios para salir adelante y salvar la vida.

La cultura del terror se experimenta con más vehemencia al no haber respaldo institucional de la labor policial. Es una cultura del terror basada y nutrida por el silencio y la mitificación de los que asesinan (^{Taussig, 1984}). Es la ley del que muere y del que mata. Las víctimas y los victimarios se confunden en la densa maleza de la violencia. La cultura del terror se cruza con la cultura policial, formando un entramado de significados, valores y símbolos que mezclan el miedo con el deber y la sobrevivencia, lo legal y lo ilegal (^{Tarrés y Blancarte, 2010}). Hay una revelación de un juego estratégico en un campo de posiciones que incluye a los agentes no legales con quienes se pueden hacer alianzas según la necesidad. Parece conformarse un habitus policial en el que lo legal no es la noción dominante, sino la sobrevivencia y el remanso del miedo constante a morir o a ser detenido por los propios colegas (^{Bourdieu, 2000}).

Emiliano me dijo que muchas veces la única forma de que un narcotraficante no te mate o te lastime es confrontándolo, demostrando que no tienes miedo a morir ni a matar. Es una manera de estar al nivel del narcotraficante, cuya ley es la del más fuerte. Una lógica de sentido común que funciona en la vida cotidiana y que es adoptada al mundo laboral en vista de la falta de otros recursos y mecanismos de protección.

La garantía “en cualquier momento te pueden matar” está constituida a su vez por una serie de mandatos que proceden de la vida en el barrio, de una concepción del deber ser policial teñida por el miedo y la sobrevivencia. A continuación se analizan dos mandatos que surgieron de la experiencia de los policías a partir de ciertas nociones aprendidas en la labor policial cotidiana (como enfrentar a los criminales). A partir de una serie de disposiciones introyectadas, como las leyes, los reglamentos, las estructuras morales de lo justo y lo correcto, el policía toma decisiones y actúa en consecuencia.

De jugarse la vida a la garantía de la muerte

Uno de los mandatos asociados con la primera garantía es el de “jugarse la vida”, el cual parece ahondarse en el contexto de violencia y de fractura de la institución policial en un periodo de guerra y estado de excepción, expresado en las purgas internas. La fuerza de este mandato indica la transformación de la misión preventiva hacia la reactiva por parte de los policías.

Los informantes coinciden en que el periodo analizado fue el más peligroso de su carrera laboral, ya que cotidianamente se jugaban la vida en diferentes frentes. Perder la vida no sólo era una garantía por las misiones de protección de la ciudadanía, sino por la corriente de asesinar policías desatada en este periodo (2008-2010). Los policías se volvieron objetivo del crimen organizado en una especie de estrategia de presión de éste y los intereses creados para mantener el orden basado en la corrupción. Las purgas significaron la amenaza de cambio de ese orden a través de la expulsión de los agentes corrompidos por el crimen organizado. Los policías estaban entre dos fuegos: entre la institución que los perseguía por corrupción y entre el crimen organizado que los amenazaba con la muerte para mantenerlos en control.

“Jugarse la vida” es una frase un tanto burlesca, pero que entraña el miedo y la incertidumbre de perder en el juego, perder la vida. Tal vez una forma de disimular el drama. A Ana, policía activa de 40 años, también le tocaron los peores años de la guerra contra el narcotráfico en Tijuana y el asesinato de policías como encomienda del narco.

Óscar: 2008 y 2009. ¿Cómo los viviste tú?

Ana: Mira, murió un compañero de mi generación, que no se lo merecía; dedicado a su niña, muy linda persona […]. Cuando entraron los militares, para no decir que no están haciendo nada, nos mandaron a la academia a hacer un curso, y ahí mataron a varios compañeros […], los degollaron. Este muchacho era un mecánico. Era un hombre tranquilo, serio […], no se metía con nadie […]. Dicen que lo siguieron desde la academia […], se dice que nos traían coraje […]. También se dice que entre ellos iba uno que sí tenía que ver y los agarraron en un retén y los degollaron. Yo ya no veo noticias […], prefiero no saber […], qué te puedo decir […] (Ana, entrevistada el 27 de junio de 2012).

De este pasaje emerge la idea de que para los policías la muerte por orden del crimen organizado puede ser merecida; pero también compartían el riesgo de morir aunque fueran inocentes, como es el caso del compañero de Ana, quien aparentemente no tenía nexos con el crimen organizado. También surge la idea que este terror produce, en los policías como Ana, el deseo de no saber y de no estar enterados.

El temor de perder la vida en el desempeño de su labor se agrava por las condiciones laborales. La violencia estructural que experimentan los policías se expresa en sus condiciones laborales y en la falta de protección institucional. Más allá del miedo por la vida propia, deben cargar con una fuerte dosis de incertidumbre en relación con el futuro de los hijos y seres queridos ante la eventualidad de su muerte. Tal es el caso de Ana, quien a menudo hacía referencia al miedo que le daba que la mataran porque, como madre soltera, iba a dejar solas a sus hijas, sin nadie que las protegiera o se hiciera cargo de ellas. Así, además de los peligros directos derivados del trabajo policial, la incertidumbre también es alimentada por las condiciones laborales, que no incluyen un seguro de vida ni otras prestaciones que pudiesen dar mayor seguridad y protección al policía en el desempeño de su trabajo.

La ausencia de mecanismos de protección institucional a los policías contrasta de manera irónica con las medidas de vigilancia y castigo dictadas desde la federación para controlar a los oficiales y sus labores.⁸

Según los relatos, el arrojo frente al peligro es parte del ethos policial; sin embargo, en este periodo el peligro también provenía de la delación de otros policías y de la sospecha de los superiores. La heroicidad que implica el mandato “jugarse la vida” palidece frente a la complejidad de la violencia. El peligro dejó de ser externo e incluso se volvió parte del ser policía. La sociedad asociaba a los policías con problemas o enfrentamientos. Nadie quería estar junto a un policía, como lo describe Emiliano:

En 2008 […], llegábamos a un restaurante y nosotros entrando y la gente saliendo, porque la gente no quería saber nada de nosotros. Sabíamos que nosotros cargábamos el peligro en la espalda. No era que la gente nos conociera, sencillamente iba uniformado y sabían que mi vida pendía de un hilo; comiendo nos podían rociar de balas con o sin motivo. Entonces la gente veía una patrulla y se desviaba. Era una psicosis en la ciudad […]. Nosotros entonces estábamos pendientes de nosotros mismos, ya no de la ciudad. El estrés era extremo […]. Si ocho íbamos a un restaurante, primero comíamos cuatro y cuatro se quedaban afuera y luego nos invertíamos. Porque dependíamos de un descuido para perder la vida. No podíamos descuidarnos de ninguna manera (Emiliano, entrevistado el 3 de octubre de 2012).

Específicamente, el uniforme de policía objetivó el peligro de muerte o de violencia para la ciudadanía. Si además agregamos la persecución por parte de la propia institución, es claro que los policías fueron chivos expiatorios de la guerra contra el crimen organizado. Para el gobierno, la purga demostró que ellos eran los corruptos, por lo que ellos también eran los culpables.

Ver y callar: la tortura emocional y física

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional sobre la tortura en México, “la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes desempeñan un papel central en las actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales en México” (^{Amnistía Internacional, 2014: 12}). Además, de acuerdo con el mismo documento, las torturas y los malos tratos aumentaron vertiginosamente a partir de 2006, a medida que crecía la violencia vinculada con la guerra contra el narcotráfico. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 hubo 600% de incremento en las denuncias de tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2014: 6).

De acuerdo con los relatos de las y los policías entrevistados para este estudio, la tortura era una práctica común en el quehacer policial del municipio de Tijuana durante el periodo estudiado. La diferencia es que en este periodo las víctimas también fueron los mismos policías, y los victimarios, sus propios compañeros, con el objetivo de obtener información sobre la relación con los cárteles. La doble calidad de víctima y victimario de los policías hace necesario rescatar la idea de la “zona gris” de Primo ^{Levi (1986)}, donde el victimario que produce y reproduce la violencia es, al mismo tiempo, víctima de un sistema de normas que lo obligan a ser victimario; además, el victimario, al deshumanizar y objetivar a la víctima, pierde él mismo su condición humana.

En un ambiente que puede caracterizarse como de terror, los policías vivieron la tortura a manos de sus propios compañeros. Los datos construidos durante esta investigación etnográfica contrastan con los datos de la encuesta Justiciabarómetro de un par de años más tarde. Dicha encuesta reporta que 96.1% de los policías considera grave o muy grave que un compañero consuma drogas; 89.7%, no seguir las órdenes generales; 95.6%, no reportar un delito; 96.5%, sembrar evidencia; 96.3%, falsear información; 95.7%, golpear a un detenido; 95.3%, recibir dinero para no poner una infracción. Estos datos señalan un sentido común extendido de lo esperado que se aleja de la práctica institucional, por lo menos durante el periodo estudiado.

Juan, policía de 39 años, relató que cuando lo detuvieron en la fiesta de su hijo, fue llevado al cuartel Morelos y fue sujeto de tortura por horas, con la intención de extraerle información sobre sus presuntos nexos con narcotraficantes. Su corazón se detuvo en dos ocasiones por la tortura y en dos ocasiones lo revivieron sus propios victimarios. La primera vez que revivió, quería morir nuevamente para no tener que sufrir más; sin embargo, la segunda vez fue el recuerdo de sus hijos y su esposa lo que lo mantuvo vivo. Su experiencia lo marcó de por vida, no sólo por la violencia física y psicológica a la que fue sujeto, sino por la sensación de vulnerabilidad que experimentó cuando, al salir del proceso de tortura y tratar de integrarse a su trabajo, sus propios jefes lo rechazaron, por estar bajo sospecha de cometer actos ilícitos.

De nuevo la sospecha surge como un mecanismo de control y, por lo tanto, de incertidumbre. La sospecha justifica la tortura en una relación simbólica que está más allá de los hechos. La práctica de la tortura formó parte de las purgas, porque a través de ella se obtuvo información para enviar a la cárcel a los policías y “limpiar” a la institución de la corrupción. La tortura amplió su misión inicial de obtener información para constituirse en una estrategia de renovación institucional. La posibilidad de ser sospechoso y llevado a la tortura se puede entender en la producción de la fábrica social del miedo o cultura del terror ya mencionada (^{Taussig, 1984}).

Como Juan, otros policías aseguran que fueron víctimas de tortura durante el periodo 2009-2011. Las torturas a policías se hicieron comunes como una estrategia para obtener información de manera rápida y sembrar el miedo en los oficiales, sin tener pruebas fehacientes en la mayoría de los casos. Actualmente son 25 los policías municipales que han interpuesto demandas por daño físico en contra de Julián Leyzaola (^{Alvarado Álvarez, 2013}).

Un ejemplo es el de Ávila, un policía inactivo, que ahora se dedica a la carpintería, quien fue torturado por varios días e inhabilitado debido a los tendones rotos en las rodillas, las costillas mal soldadas y la sordera parcial que le dejaron los golpes y la asfixia. Aunque no murió, fue expulsado de la vida que había construido por más de dos décadas como policía municipal. Ávila no fue llevado a la prisión formalmente, pero en cambio fue detenido y torturado sin las mínimas garantías ni el debido proceso legal. Según Ignacio ^{Alvarado Álvarez (2013)}, los arraigos y las torturas se realizaron en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería y fueron ocultados por todas las autoridades. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó, a través del Sistema de Acceso a la Información Pública de Baja California, informes sobre arraigos de civiles y policías durante 2009. La respuesta fue que no se tenía registro alguno de ello y menos sobre la operación de centros de arraigo en la ciudad de Tijuana (^{Alvarado Álvarez, 2013}).

Contrasta la negativa de las autoridades de seguridad de aceptar la existencia de la tortura como una práctica institucional con la certeza de los policías de que en cualquier momento pueden ser privados de su libertad y torturados. Las entrevistas dan testimonio constante de que existió la experiencia de tortura física y mental con el encarcelamiento. Los relatos de tortura que esta investigación documentó son consistentes con los de los policías que demandaron a Leyzaola. En agosto de 2013, éste fue inhabilitado por ocho años, luego que el ayuntamiento de Tijuana le acreditara faltas administrativas y violaciones a los derechos humanos por medio de la tortura (^{Alvarado Álvarez, 2013}).

Estos hechos permiten constatar que, por lo menos durante el periodo estudiado, los policías se encontraban en situaciones de vulnerabilidad con respecto al crimen organizado, pero también con respecto a su propia institución. No sólo hay desprotección laboral, sino que su misma institución es la encargada de ejercer la violencia que en el discurso combaten. La condición de víctima del policía es un tema que perseguir en la investigación, porque al parecer es construida en el marco de la propia institucionalidad, con los recursos y mecanismos del ejercicio de violencia legítimos, como veremos a continuación.

Si bien los policías pueden ser víctimas de la tortura, también pueden y suelen ser victimarios. Fernando, policía activo de 43 años, narró uno de los métodos de tortura usados por los cuerpos de seguridad pública, en este caso por la policía municipal de Tijuana. Esta tortura, platica Fernando, tiene la finalidad de extraer información crucial que ayude a detener a algún delincuente o para entender el modo de operación de alguna célula o red delictiva. Una vez que él relató la tortura de un presunto narcotraficante, yo pregunté:

Óscar: ¿Y qué significó para ti esa experiencia?

Fernando: Mira […], yo estaba inexperto, [si] yo ahora veo eso en ese momento me salgo, ¿eh? Porque yo ahora sé que tengo una responsabilidad ya no necesariamente por acción, sino por omisión. O sea, antes uno de los códigos no escritos era que había compañeros que participaban activamente dentro de la delincuencia, activamente pues haciendo las cosas que ellos hacen, ¿no? No quiero saber cuáles, todo lo que hacen ellos, no sé, venta, producción, transporte, no sé […]. Otros que participaban pasivamente, ¿cómo? Pues tú sabes que fulano es, pero no te importa, no haces nada, y el que de plano pudiera hacerlo pasivamente pero sabe que estás haciendo las cosas, y dices: Yo no quiero tener problema, mejor me volteo […], y no tenía problemas […]. Por ejemplo, tú eres jefe de una sección y se sabe que tus elementos participaron de manera activa o pasiva. Antes no se castigaba al policía por el hecho de decir: No, pues yo no sé […], no había problema aunque legalmente existe (Fernando, entrevistado el 3 de enero de 2013).

El relato de Fernando señala que los policías son victimarios y al mismo tiempo víctimas de la tortura, al tener que reproducir una serie de prácticas al margen de la legalidad, pues quedan vulnerables ante la posibilidad de ser descubiertos por la institución, el gobierno o los medios, al tiempo que nunca quedan ellos mismos totalmente a salvo de sufrir dichas prácticas en carne propia. Puede ser que a Fernando no lo metan a la cárcel, pero el temor está latente. Nuevamente vemos el tema del silencio y el de mirar hacia “otro lado” como una práctica policial para lidiar con prácticas ilegales en la misma institución policial y una forma de “participación pasiva”, como el mismo Fernando la nombra.

El mandato de ver y callar no fue posible de sostener en un ambiente amenazante de tortura. Tener información traía problemas, por eso el recurrente lema de “prefiero no saber” de Ana y Fernando.

La tortura, pues, tiene dos dimensiones. Por un lado, la factual y material, que implica toda una serie de disposiciones y elementos que tienen un efecto físico y emocional sobre el cuerpo del torturado. Por otro lado, existe la experiencia de vivir o sobrevivir la tortura. La violencia simbólica aparece cuando los policías que sobreviven a la tortura tienen que ir a trabajar al día siguiente como si nada hubiera sucedido, o bien ser expulsados y experimentar la muerte social. El dolor y el sufrimiento son invisibilizados en un discurso del “deber ser” policial. Las tres garantías funcionan como principios que cobijan una serie de prácticas que no están explícitamente dispuestas y que, sin embargo, son parte inherente de la labor policial. Es una violencia simbólica que los obliga a aceptarse como sujetos de tortura por ser “naturalmente sospechosos” y potencialmente transgresores de la misma ley que deben proteger.