Este libro aborda cómo se ha procesado el ciclo de violencia política que vivió América Latina bajo la Guerra Fría. La ambición de sus coordinadores es ofrecer un panorama global de lo que ocurrió desde las expectativas generadas por la Revolución cubana hasta bien entrada la década de los años noventa, en una región -como subrayan en la “Introducción” los responsables de la edición- “signada por la violencia desde el descubrimiento y la conquista”, cuya reactualización en el periodo comprendido entre 1959 y 1996 ha sido posiblemente el mayor reclamo para la conformación del campo emergente de la “Historia reciente” en el subcontinente.

Gracias a este libro comprobamos que ha sido tan profunda la huella de la experiencia traumática de las décadas turbulentas -especialmente los años setenta y ochenta del siglo pasado- en las sociedades latinoamericanas que, una vez aquietada la violencia de raigambre política, diversos sectores de la ciudadanía continuaron movilizándose en busca de respuestas, esclarecimiento, reconocimiento y justicia, poniendo en primer plano sus vivencias y sus agravios, que transformaron en poderosos instrumentos para desafiar los discursos hegemónicos, estimulando el florecimiento de un campo historiográfico dedicado no sólo a comprender el periodo en cuestión sino también a acompañar e incluso legitimar la disputa por su herencia a los vencedores de la contienda, a conferir otros sentidos al pasado y con ello modificar la distribución de responsabilidades, las exigencias de castigo, instalando los reclamos por verdad, memoria y justicia como una agenda necesaria y, al mismo tiempo, siempre inconclusa.

Tan groseras habían sido las distorsiones oficiales en su afán por justificar (y ocultar) la orgía represiva que habían desplegado más allá de cualquier límite diversos regímenes políticos, ocluyendo sus objetivos últimos y los métodos empleados que, una vez abandonado el poder, el afán negacionista, de borramiento, silencio y olvido sólo sirvió para excitar aún más la ansiedad y la necesidad memorialística de los agraviados. Así, el “retorno de lo reprimido” consagró el testimonio, la subjetividad, la experiencia y la memoria -no sólo de las víctimas, sino de un colectivo mucho más amplio autoerigido en testigos-protagonistas- como clave de bóveda de una “Historia reciente” signada por la centralidad memorialística y, en su desbordamiento, por un incómodo antagonismo entre memoria como sinónimo de verdad frente a historia como disciplina sospechosa por la mácula de lo institucionalizado y, de alguna manera, rehén del poder.

En esta obra, los coordinadores empiezan postulando la armonización difícil pero necesaria entre historia y memoria, buscando en esa alquimia la herramienta idónea para reconstruir las causas de los conflictos, los contextos, los rasgos cualitativos y cuantitativos de la saturación de violencia y muerte que estremeció América Latina al compás de la Guerra Fría para, al mismo tiempo, historizar el proceso a través del cual sociedades maltrechas adoptaron la democracia y desde la plataforma del Estado de derecho procuraron procesar las consecuencias de los años de plomo. Entre sus muchas virtudes, esta obra es la primera en presentar a escala continental el marco histórico de luchas por la memoria evocadoras de un pasado intenso y traumático, entregando al lector claves para la comprensión de “la naturaleza de los procesos de violencia política que atravesó América Latina en la segunda mitad del siglo XX”. Además, el libro permite un acercamiento muy comprensivo a esa violencia “producto de guerras civiles, regímenes de seguridad nacional e incluso gobiernos elegidos por el voto popular”, que los autores conectan con tres factores preponderantes: el marco internacional de la Guerra Fría; contextos locales marcados por el autoritarismo y la represión, desigualdades sociales y racismo; y acelerados cambios políticos, económicos y -muy especialmente- culturales que afectaron América Latina en aquellos años, interpretados como constitutivos de un contexto epocal.

Para facilitar una comparación transversal de las luchas por la memoria sin renunciar a la heterogeneidad de las historias nacionales, los artículos reunidos presentan estructuras similares: establecen cómo fue tomando forma el escenario de la violencia, los debates sobre el pasado reciente que la tuvo como protagonista, las actuaciones, los mecanismos y los dispositivos utilizados para tramitar ese pasado violento y las iniciativas de los actores involucrados en los debates. Siguiendo esta estructura, van desfilando los estudios de caso que constituyen el cuerpo principal del libro, comenzando por Argentina, donde la represión fue sinónimo de desaparición forzada; los denunciantes de los crímenes de Estado adoptaron la cultura de los derechos humanos y una transición no pactada como consecuencia de la derrota de la dictadura en la guerra de Malvinas abrió el camino a la primera comisión de investigación del subcontinente, el Nunca Más y el juicio a las juntas militares (Emilio Crenzel).

Lo sigue Uruguay, donde se toma como eje el fuerte condicionamiento que un modelo tradicionalmente Estadocéntrico y partitocrático impuso a la construcción memorialística desde la salida de la dictadura comisarial, institucionalizando una “memoria dominante” que, no obstante, resultó tenazmente desafiada por una “memoria resistente” (la misma que convocó y perdió dos consultas populares en 1989 y 2009 para derogar la ley que clausuraba la posibilidad de investigar los crímenes de Estado), en un duelo cíclico entre olvido y memoria donde la segunda consiguió erosionar severamente la versión hegemónica de 2005 en adelante (Álvaro Rico y Carla Larrobla). A continuación, las luchas por la memoria en Chile atesoran los vaivenes de años muy intensos, cargados de esperanza y horror, embridados por una transición tutelada que alumbró un tipo de verdad pública incapaz de cuestionar explícitamente el golpe contra Allende y la feroz represión posterior. Sólo la detención de Pinochet en Londres aceleró el desequilibrio entre dos memorias bifurcadas: mientras por un lado se ampliaba el reconocimiento de víctimas de la violencia estatal, se abrían causas en la justicia y florecían lugares de memoria, por otro persistió la valoración positiva de la dictadura -aunque cuantitativamente menguante-, cristalizada en una memoria salvacionista asociada con el general (Claudio Javier Barrientos).

El siguiente es el sorprendente caso de Brasil, donde después de una dictadura de 21 años la restauración democrática no se planteó el ajuste de cuentas con un pasado tenebroso. Por el contrario, la ley de amnistía de 1979 selló la impunidad de las fuerzas armadas y sus colaboradores hasta la actualidad. Sólo la persistente denuncia de los afectados contra los atropellos del régimen militar, en conjunción con la llegada al gobierno de víctimas ilustres (Fernando Henrique Cardoso, exiliado por la dictadura; Ignacio Lula da Silva, encarcelado, y Dilma Rousseff, detenida y torturada), permitieron exhumar verdades silenciadas: ordenando informes, abriendo archivos y llegando a instalar una comisión de la verdad. Sus conclusiones -claramente incriminatorias de terrorismo de Estado- continúan coexistiendo con la impunidad, tal vez porque la dictadura gozó de un gran prestigio al calor de una manipulación torticera del nacionalismo y el desarrollismo económico (Samantha Viz Quadrat).

Paraguay es un ejemplo -tal vez el más extremo- del lento y sinuoso camino que necesitaron las políticas públicas de verdad y la construcción de memoria para comenzar a revertir la opinión naturalizada sobre el poder despótico ejercido por el general Alfredo Stroessner durante 35 años. A pesar del hallazgo de los “Archivos del Terror” y la creación de una Comisión de Verdad y Justicia que elaboró un informe revelador sobre los abusos de la dictadura, la memoria social en Paraguay aún está lejos de una condena unánime del régimen (Luis Roniger, Leonardo Senkman y María Antonia Sánchez).

Es interesante destacar el esfuerzo por incorporar el caso mexicano, asumiendo que encaja difícilmente en los patrones modelados por las dictaduras del Cono Sur o las guerras civiles centroamericanas. Nos encontramos frente al autoritarismo de un partido-Estado bien institucionalizado, que durante algunas décadas mantuvo una dinámica inclusiva y desarrollista, y siempre acogió a los exiliados de otras latitudes. Aquí se aborda el quiebre de esa ilusión, cuando la represión cayó sobre el movimiento estudiantil de 1968. De modo que si bien en México las luchas por la memoria no parecen tener la intensidad y la urgencia que en otros lugares, la matanza de Tlatelolco permanece como un episodio emblemático del pasado que ha ido transformando su significado a la par que el país fue recorriendo un camino tortuoso y de contornos difusos hacia la democracia (Eugenia Allier Montaño).

El caso de Perú -con un análisis centrado sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación- presenta dos características muy particulares en el panorama regional. En primer lugar, las masivas violaciones contra los derechos humanos de los años ochenta y comienzos de los noventa sucedieron bajo gobiernos democráticos; en segundo, la responsabilidad por las víctimas del conflicto que enfrentó al Estado con organizaciones armadas insurgentes fue más equilibrada que en ningún otro caso (54% imputadas a los senderistas contra 46% a las fuerzas armadas). Si las revelaciones del informe final de la comisión permitieron construir una narración sobre el pasado que rebatía la visión salvacionista auspiciada por el fujimorismo, no contó en cambio con el respaldo del establishment peruano. La condición mayoritaria de las víctimas (campesinos quechua-hablantes tradicionalmente despreciados y excluidos) explicaría la indiferencia de amplios sectores de la sociedad hacia los esfuerzos por enjuiciar a los responsables y reparar a los afectados y sus familias (Cynthia E. Milton).

Por su parte, Colombia plantea el interés de lidiar con un pasado vivo, “un pasado que no sólo no termina de pasar sino que, de hecho, sigue ocurriendo”. Aquí la construcción de memorias remite a un proceso que todavía no ha quedado completamente clausurado (aunque parece en vías de ello desde 2016), y que por su longevidad y complejidad ha dado pie a tres comisiones distintas encargadas de abordar tres formas de violencia diferentes (Jefferson Jaramillo Marín). Para El Salvador se ha puesto el acento en las circunstancias que condujeron a los Acuerdos de Paz de 1992 y sus resultados: el silencio de las armas, sí, pero también la impunidad de los responsables por las graves violaciones contra los derechos humanos, el olvido de las víctimas (de ambos bandos), las continuidades entre la lucha armada y las luchas discursivas sobre el pasado, o la memoria del conflicto reducida a reclamo electoral (Eduardo Rey Tristán, Alberto Martín Álvarez y Jorge Juárez Ávila). En Guatemala, el conflicto armado interno hundió sus raíces en el derrocamiento del gobierno reformista de Jacobo Arbenz (1954) y desde entonces hasta 1996 aparecen las fuerzas armadas, las guerrillas, las comunidades indígenas y, en la última etapa, las organizaciones de derechos humanos como principales protagonistas y fuente de las narrativas en disputa. Se destaca que tras el fin de las hostilidades Guatemala tuvo dos comisiones de investigación (una oficial y otra impulsada por la Iglesia católica), con interpretaciones diferentes sobre los años de violencia (Julieta Carla Rostica).

Pese a la voluntad por brindar un muestreo lo más amplio posible, la ausencia de algunos países -como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Bolivia o Cuba- alerta no sólo sobre la escasez de especialistas en un campo todavía incipiente, sino sobre el punto sensible de evaluar la violencia en los casos que culminó en triunfo -notablemente Cuba y Nicaragua-, donde aparece como una fuerza emancipadora y epifanía de una nueva época (especialmente en el primer caso).

La obra finaliza presentando dos estudios muy originales. Por un lado, la constatación documental del activismo estadounidense en su apoyo a la represión en América Latina durante la Guerra Fría: las marchas y contramarchas para desclasificar documentos imprescindibles para evaluar la injerencia de Estados Unidos al sur del Río Grande en un momento crucial para el futuro del subcontinente, papeles convertidos ahora en contribución insoslayable para acercarse a la verdad (Benedetta Calandra). Por otro, las complejas relaciones entre memorias del terrorismo de Estado y práctica historiográfica en el caso de Argentina, donde hubo de transcurrir mucho tiempo para que el trabajo historiográfico fuera erosionando algunos presupuestos que habían cristalizado firmemente en el marco de una transición inclasificable (Marina Franco).

Imaginando el futuro de las luchas memoriales en América Latina, donde “nada se encuentra predeterminado ni es inconmovible” y que dependerá “de lo que nosotros y las nuevas generaciones hagamos con el pasado”, el libro destaca el reconocimiento alcanzado por los derechos humanos en el sistema legal iberoamericano y su contribución a la ampliación de la condición ciudadana, en conflicto con la persistencia de situaciones que entorpecen su pleno disfrute, como desigualdades sociales, violencia policial, disfunciones de la justicia o incitación al olvido por parte de grupos sociales influyentes.

En definitiva, una obra coral, equilibrada, escrita con rigor y claridad, sobre un tema crucial para entender América Latina, acompañada de una excelente bibliografía.