El 22 de noviembre de 1988, en la ciudad texana de Houston, se reunieron los dos presidentes electos de México y de Estados Unidos: Carlos Salinas de Gortari y George H. W. Bush, respectivamente. Las coincidencias, la empatía que demostraron los dos mandatarios y su decidida voluntad para establecer y procurar una nueva relación bilateral, fueron denominadas con el tiempo como el “Espíritu de Houston”.

Desde aquel primer encuentro, los titulares del poder ejecutivo en ambos países, así como sus equipos de trabajo, se dieron a la tarea de idear un nuevo mecanismo que permitiera avanzar en las coincidencias y evitar hasta donde fuera posible que aspectos tan importantes como el creciente fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos, la resistencia histórica de México a colocar el tema del petróleo en las negociaciones bilaterales y el asunto de los trabajadores indocumentados, contaminaran el resto de la agenda bilateral.

Con esta lógica, en mayo de 1990, primero en México y posteriormente en junio de ese mismo año, Salinas de Gortari y su homólogo estadounidense dieron a conocer la noticia del inicio de las negociaciones encaminadas al establecimiento de un acuerdo de libre comercio. Posteriormente, habría de ser invitado Canadá, entre otras razones, para equilibrar la influencia de la superpotencia.

Las expectativas de los tres gobiernos eran muy grandes y así se difundió en sus respectivos países: se repitió hasta la saciedad que el acuerdo trilateral permitiría la creación de la zona comercial más grande del mundo, y que con este instrumento los tres países ganarían en crecimiento económico. Incluso se habló de que se trataba de un parteaguas, a partir del cual habría un antes y un después del Tratado de Libre Comercio (TLC). En este sentido, se habló de la educación y del desarrollo humano para las tres entidades nacionales.

En el avance de las negociaciones hubo momentos muy ríspidos, particularmente entre México y Estados Unidos, por hechos vinculados con el narcotráfico y con los derechos humanos. Atendiendo a dichas presiones, junto con otras que estaban presentes en el ánimo canadiense, se convino en el establecimiento de dos acuerdos paralelos del TLC, uno en materia laboral y otro sobre medio ambiente.

La idea original de tratar de manera separada cada asunto de la “relación especial” entre México y Estados Unidos -y posteriormente Canadá, aunque con otro enfoque y por otras razones- dio resultados positivos. Finalmente, en diciembre de 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual dio paso decidido a una nueva era en la relación bilateral y en la forma en que México se integró al mundo desarrollado.

El tránsito del TLC hasta el día en que se escriben estas reflexiones no ha dejado de ser accidentado. El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1994, el mismo día en el que en la ciudad fronteriza de Las Margaritas, en el sureste mexicano, ocurría el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), debido a las condiciones de pobreza y exclusión que han sido una constante en esa región del país.

A manera de explicación, se habló entonces del México de las dos velocidades: uno industrializado, al norte, y el otro en el olvido y la postración, al sur del territorio nacional. Habrá quien esté de acuerdo o no. Lo cierto es que el régimen de Salinas de Gortari supo atemperar hasta donde fue posible el levantamiento, que mereció una atención mundial sólo comparable al del Movimiento Estudiantil de 1968 en vísperas de las Olimpiadas de aquel año, al evitar la represión y estableciendo en paralelo una Comisión para la Paz, en la que intervinieron en el primer momento el obispo Samuel Ruiz y Manuel Camacho Solís.

Ese año, como todos recordamos, fue particularmente difícil para México. Sólo dos meses después, en Lomas Taurinas, Tijuana, tenía lugar el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, y a finales del mes de septiembre el entonces secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, también sería ultimado.

Nuestros vecinos y nuevos socios comerciales se mantenían atónitos y preguntaban frecuentemente sobre el curso de la realidad nacional y sobre el impacto que estos acontecimientos podrían tener sobre la nueva relación especial.

Lo cierto es que con motivo de la visita del presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León a Washington, los días 22 y 23 de noviembre de 1994, el gobierno estadounidense fue especialmente cuidadoso con el mandatario mexicano y mostró una vez más su disposición para que fluyera sin mayor tropiezo el encuentro con el presidente William Clinton y sus equipos de trabajo. Con dificultades, y como pudimos, los mexicanos llegamos a fines de aquel año, cuando una vez más la viabilidad económica del proyecto nacional entró en crisis con el famoso “error de diciembre”, durante el cual en cuestión de horas salieron grandes capitales de este país.

Aquel momento, para quienes pudimos apreciarlo desde un ámbito privilegiado, fue la prueba de fuego de esta nueva relación especial, la cual no hubiera tenido lugar sin la firma previa del TLC. En aquellos apremiantes días del mes de enero de 1995 permanecían mucho tiempo en Washington tanto el secretario de Hacienda como el secretario de Relaciones Exteriores. Por su parte, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, y el subsecretario Larry Summers hacían denodados esfuerzos en el Senado estadounidense para que se aprobara un préstamo por 25 000 millones de dólares para atender la crisis financiera mexicana.

Dicen los que saben que en la madrugada del 30 de enero de 1995, Rubin y Summers, al advertir que no se habían reunido los votos en el Senado para el préstamo de garantía para México y pese a todas sus dudas, aconsejaron al presidente Clinton para que en una acción ejecutiva otorgara a México una línea de crédito por 20 000 millones de dólares, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones aportarían otros 18 000 millones de dólares, ajustando un préstamo histórico por 40 000 millones de dólares. El presidente Zedillo respetó la palabra empeñada y en 1997 el crédito, con sus enormes intereses, había quedado saldado.

La última década del siglo XX fue una de las etapas más intensas y complejas de la relación bilateral contemporánea. Al respecto, debemos reconocer -estemos de acuerdo o no- que la serie de acciones del presidente Salinas de Gortari y su gabinete, así como las administraciones de los presidentes George Bush padre y William Clinton, incorporan de manera definitiva la economía mexicana a la economía estadounidense, más propiamente llamada economía de América del Norte. Un acuerdo comercial se trasformó en la práctica -condicionado por otras razones- en un instrumento de integración económica, política e ideológica y de seguridad nacional para los intereses de Estados Unidos.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 puso en evidencia dos hechos fundamentales. El primero: la falta de sensibilidad tanto de la clase política mexicana como de los académicos especialistas y otros grupos, al no prever la importancia de que la campaña del candidato republicano iba encaminada hacia la captación de la parte más negativa del conservadurismo estadounidense-anglosajón, particularmente aquellos que consideran que durante muchos años han estado olvidados por la clase política de su propio país, que ha sido incapaz de elevar en casi 20 años realmente la calidad de vida de dicha población. El otro hecho estriba en que se pone de manifiesto un descuido palpable, por parte de México, de la relación bilateral con Estados Unidos, desde hace prácticamente 12 años, aunque formalmente se han seguido reuniendo los diversos mecanismos de diálogo y cooperación, como la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, las Reuniones Interparlamentarias y la Comisión Binacional, y han seguido teniendo lugar las reuniones bilaterales.

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la agenda internacional privilegió la seguridad por encima de cualquier otro tema a nivel global y, desde luego, la importancia de resguardar la seguridad nacional estadounidense cobró una relevancia sin precedente en el mundo.

Acorde con las nuevas circunstancias, la dinámica de la relación bilateral México-Estados Unidos se concentró en la búsqueda de acuerdos y mecanismos que garantizaran dicha seguridad nacional. Los más específicos fueron la suscripción de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte en 2005, en la que también participó Canadá, y ya en el gobierno del presidente Felipe Calderón, la suscripción de la Iniciativa Mérida para la lucha contra el crimen organizado y sus delitos conexos.

Desde el último trimestre de 2016, al referirse a la preocupación existente por una probable cancelación o renegociación del TLC por parte de Estados Unidos de América, se señaló que el gobierno mexicano tendría que reunir nuevamente a todos los grandes especialistas en el tema, que fueron los negociadores reales del acuerdo. De hecho, el artífice intelectual y responsable fundamental del tratado en su momento, Jaime José Serra Puche, señaló que México, Estados Unidos y Canadá tendrán que ser muy cuidadosos en una posible renegociación del TLC; en el caso de México, sugirió reforzar su relación con los canadienses; con respecto a los tres países, debe agotarse la posibilidad de hacer acuerdos paralelos antes de abrir el tratado íntegro a su eventual negociación. Sin embargo, durante la visita que el secretario de Relaciones Exteriores hiciera a Washington los días 4, 5 y 6 de abril, dicho funcionario señaló que México estaba listo para revisar el acuerdo comercial, una vez que las diversas estancias estadounidenses otorgaran la autorización correspondiente al presidente Trump.

El otro gran tema presente en las campañas y durante los primeros 70 días de la administración de Trump ha sido el tema migratorio y la tan traída y llevada posibilidad de la construcción de un muro fronterizo. Además de su elevadísimo costo, cada vez son más las voces disidentes que en el interior de Estados Unidos señalan lo inadecuado de esta medida, la cual, más temprano que tarde, irá en detrimento de las economías fronterizas, particularmente en Estados Unidos, al no recibir este país la gran cantidad de visitantes y compradores que tradicionalmente acuden desde nuestro país y cuyo peso está calculado en miles de millones de dólares.

En este mismo contexto, han sido muchas las voces de expertos que han señalado que el ex presidente Barack Obama tampoco logró hacer mucho, ya que con las acciones ejecutivas realizadas en el marco del Programa de Acción Diferida para la Migración Infantil (daca por sus siglas en inglés) sólo se logró beneficiar a 1.3 millones de personas con estatus migratorio irregular. Dicha medida, aunque útil, es sumamente endeble porque puede ser revertida de manera inmediata por una nueva orden ejecutiva por parte del presidente. En este sentido, el famoso Plan Trump insiste en que habrá una deportación a los países de origen de las personas que sean identificadas como migrantes indocumentados, y además sugiere el retiro o cancelación de visas para aquellos países que se nieguen a aceptar a estas personas.

Los hechos siempre han hablado más que las palabras. En el gobierno del presidente demócrata Barack Obama, la cifra de deportaciones superó todos los antecedentes históricos. Se estima que entre 2009 y 2015 fueron deportados 2 280 000 indocumentados.

Con respecto al muro, es conveniente destacar que éste no es en sí mismo sólo una ocurrencia de Donald Trump, ya que, a principios de la primera administración de William Clinton en 1994, empezó a construirse una malla que hasta el día de hoy abarca una tercera parte de los casi 3 200 kilómetros de longitud de la frontera entre los dos países.

Sin embargo, muchos analistas coinciden en que es más urgente que las diversas entidades federativas de nuestro país, particularmente las expulsoras de migrantes, con apoyo del gobierno federal, logren estrategias muy puntuales para contener el impacto no sólo social y demográfico de los regresos masivos que se pudieran presentar y lo que implicarían en cuanto a recursos monetarios, al ser ingresos fundamentales que van directamente a las economías familiares, ya que las remesas enviadas por los mexicanos en aquel país representan hoy por hoy el primer componente del Producto Nacional Bruto de México.

Por otra parte, es conveniente destacar que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, primero, y luego contra el terrorismo, ha permeado la actuación de la política exterior de México durante los últimos 25 años, pero -particularmente por medio de la Iniciativa Mérida- se han trastocado en más de un sentido los elementos fundamentales de la seguridad nacional mexicana, entendida como la capacidad del Estado mexicano para atender en forma autónoma su seguridad pública y para seguir manteniendo un grado de autonomía relativa con respecto a los intereses de Estados Unidos.

No obstante, Estados Unidos ha necesitado siempre la estabilidad política interna de México como garantía de su seguridad nacional. Por lo menos hasta ahora, la clase política de la superpotencia siempre entendió esta necesidad fundamental para ellos y confiaban en que los gobernantes mexicanos durante la época del partido de Estado (PRI), y aun con la alternancia, sabrían mantener esa estabilidad. Poco importaban entonces algunas diferencias con la actuación internacional de México, tal como lo señaló en su momento Adolfo Aguilar Zínser.

El 6 de abril de 2017, la supremacía militar de Estados Unidos, así como su liderazgo en Occidente, volvieron a aparecer en ocasión del ataque aéreo con misiles tomahawk a una base aérea en Siria. Este contundente hecho, antes de los 90 días de la administración de Donald Trump, dará necesariamente un viraje a toda la escena internacional, y una vez más los acontecimientos en Medio Oriente ocuparán la atención tanto de Estados Unidos de América y sus aliados como de Rusia.

Hasta ahora no podemos conocer los alcances ni las repercusiones que tendrá la decisión estadounidense, pero conocemos las fuertes expresiones (Rusia) que de uno y otro lado del Atlántico se han vertido sobre el régimen de Siria y sobre la estabilidad de aquella región.

Desde luego, una nueva crisis de seguridad internacional pondrá en el centro de la atención estadounidense la postura que habrá de asumir en este nuevo escenario, relegando otros asuntos de menor importancia, como pueden ser las negociaciones comerciales con diversos países, entre ellos México; por otra parte, debe volverse al análisis de lo que representa para la seguridad nacional estadounidense en cualquier momento una buena vecindad y una constructiva relación hacia el norte y hacia el sur de sus fronteras nacionales.

En este contexto, habrá que decir que en menos de un cuarto de siglo el mundo pasó de la desaparición del equilibrio bipolar, pero equilibrio al fin, de la cooperación para el desarrollo y del fortalecimiento de los diversos mecanismos multilaterales heredados de la Carta de San Francisco, a la securitización absoluta de las relaciones internacionales. Más aún, pareciera que el mundo se perfila otra vez hacía un equilibrio bipolar o multipolar, en el que Estados Unidos sigue reclamando su carácter de líder indubitable de Occidente, mientras los rusos se aprestan a reconstruir su poder y a festejar los 100 años de la Gran Revolución Bolchevique.