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Después de la reunión del Centro de Jubilados, acompañé a Susana, su presidenta, a la casa de Josefina. Cuando llegamos, Josefina se disculpó por no haber ido a la reunión y comentó el tema del chocolate que habían tomado el día de la proyección de la película. Por su parte, Susana se quejó porque la tesorera y la representante ante el PAMI1 habían pedido 5.40 pesos a las asistentes. Josefina contó que le habían venido a cobrar a la casa y que ella les había dado 6 pesos. Susana afirmó que no hacía falta pedir dinero porque, según la licenciada de PAMI, había 100 pesos para refrigerio y limpieza del proyecto. Además, ella insistió en que había que sacar de ahí y no pedir a las socias (nota de campo, 22 de junio de 2009)
Subsidio, proyecto, presupuesto, refrigerio y rendición son términos que forman parte de la vida cotidiana de centros de jubilados, uniones vecinales, bibliotecas populares, murgas y grupos religiosos desde hace 20 años en Argentina. Éstos remiten a las relaciones que establecen las organizaciones populares con funcionarios y profesionales de organismos públicos en torno de subsidios estatales, y también, a los vínculos entre sus integrantes. Si bien en la actualidad las organizaciones populares no administran planes de empleo masivos, como lo fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJYJHD) en 2003, participan en la ejecución de programas habitacionales, de economía social, de prevención sociocomunitaria, de salud y de ejercicio de derechos. Por ello, es relevante indagar: ¿Cómo surgen las organizaciones populares? ¿La oferta de recursos estatales promueve su conformación? ¿Cuáles son los vínculos que establecen sus integrantes con los funcionarios públicos? ¿Qué significados atribuyen a la percepción de subsidios estatales y a los proyectos? ¿Cómo se apropian de clasificaciones oficiales difundidas por los programas sociales? ¿La participación en la ejecución de programas sociales ha alterado las relaciones entre sus miembros? ¿Cómo?
En este artículo me propongo interpretar las relaciones entre las organizaciones de los sectores populares y el Estado; además, me interesa mostrar los vínculos que establecen sus integrantes en la gestión de programas sociales. Para ello, me baso en los resultados de mi tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (Tosoni, 2014) sobre tres asociaciones localizadas en los barrios del sur de Godoy Cruz, municipio conurbado de la ciudad de Mendoza, Argentina.2 Aquí incluyo el análisis de las experiencias en la ejecución de programas sociales de un Centro de Jubilados y de una Biblioteca Popular.
La metodología seguida fue cualitativa: el estudio de caso. Las unidades de análisis fueron los integrantes de organizaciones sociales. Para la selección de las mismas tuve en cuenta que sus miembros vivieran en la zona, los años de funcionamiento y su intervención en programas sociales.3 El trabajo de campo consistió en la participación en sus actividades y entrevistas abiertas a sus dirigentes e integrantes durante 2009, 2010, 2011 y 2012. Posteriormente, realicé un análisis contenido de la información obtenida y construí una tipología de prácticas y sentidos.4
El plan del artículo es el siguiente: en la primera parte reviso el debate sobre las organizaciones sociales en Argentina, describo las transformaciones en las políticas sociales y analizo las experiencias del Centro de Jubilados y de la Biblioteca Popular. En la segunda parte retomo la categoría de intercambios simbólicos de Pierre Bourdieu para entender la participación de los sectores populares en las organizaciones, y muestro cómo el acceso a recursos estatales, a través de la ejecución de programas sociales, ha alterado las relaciones en el interior de las mismas. Finalmente, sintetizo las modificaciones experimentadas por las organizaciones de sectores populares y reflexiono sobre sus posibilidades a partir de la gestión de subsidios públicos.
Las organizaciones populares y la ejecución de programas sociales
El debate sobre las organizaciones populares en Argentina
Las investigaciones sobre las organizaciones basadas en etnografías de grupos piqueteros, que administraban el PJYJHD, se multiplicaron durante la década de 2000. Actualmente, las organizaciones de sectores populares han perdido centralidad en las ciencias sociales y el contenido de los trabajos muestra cierta decepción sobre su potencialidad transformadora. El desencanto de sociólogos y antropólogos es producto, por un lado, de las expectativas de cambio derivadas de modelos teóricos (Massetti, 2009), y por otro, del rechazo a las prácticas clientelares unido a deseos de autonomía (Semán y Ferraudi Curto, 2013). Asimismo, frente a la experiencia de normalidad institucional lograda después de 2003, el debate se ha focalizado en la “cima” del sistema político. Por ello, la vida política de los barrios populares ha sido relegada a un segundo plano e interpretada como mera subordinación (Ferraudi Curto, 2014: 382).
Respecto a los estudios sobre organizaciones populares en la última década, las investigaciones sobre los movimientos sociales señalan su capacidad disruptiva en el campo político durante los “tiempos extraordinarios” de 2001-2003 y posteriormente indican procesos de cooptación (Svampa, 2011), de “institucionalización conflictiva” (Dinerstein, 2013) o de “oenegización” (Massetti, 2011). Estos trabajos describen al Estado y a las organizaciones como realidades homogéneas y observan la relación desde el par opuesto dependencia/autonomía, sin reconocer matices. Si bien muestran tensiones en la burocracia estatal a partir de la incorporación de militantes en las secretarías y ministerios, no se refieren a los conflictos entre sus integrantes en la gestión de programas sociales.
Las investigaciones antropológicas estudian las tramas relacionales entre funcionarios, políticos e integrantes de organizaciones sociales en los piquetes y en la administración de planes de empleo (Grimberg, 2009; Manzano, 2013) y las experiencias subjetivas de participación política (Cross, 2010; Quirós, 2011). Asimismo, abordan la implementación del programa de microfinanzas Banco Popular de la Buena Fe (BPBF) por parte de organizaciones sociales (Koberwein 2010, 2012; Doudtchitzky, 2010) y las políticas habitacionales a cargo de las cooperativas barriales (Ferraudi Curto, 2014). Estos trabajos presentan los vínculos entre sectores populares y funcionarios, las prácticas de los beneficiarios, las experiencias individuales y colectivas, las significaciones sobre la política, etcétera. Si bien describen la complejidad de las relaciones entre organizaciones sociales y organismos públicos, utilizan la noción de “estatalización”, que reduce y simplifica las innumerables y diferentes prácticas.
A continuación, propongo una lectura de los vínculos que establecen las organizaciones con funcionarios y profesionales de organismos públicos en la ejecución de programas sociales, con el fin de interpretar procesos para los cuales los conceptos de “Estado”, entendido como entidad unitaria, y el par opuesto dependencia/autonomía resultan insuficientes.
Los cambios en las políticas sociales en las últimas décadas
En este apartado describo primero cómo, desde los ámbitos estatales, se ha modificado la manera de distribuir recursos públicos en los últimos 20 años; luego, indico las formas de clasificar e interpretar transmitidas por los documentos oficiales; finalmente, observo cómo los integrantes de las organizaciones se han reapropiado de las mismas.
Respecto a la conceptualización del Estado frente a la visión sustancialista presente en los trabajos sobre movimientos sociales (Svampa, 2011; Dinerstein, 2013; Massetti, 2009, 20En la medida en qu11), en los cuales éste aparece en mayúscula y en referencia a una entidad unitaria, recupero el planteamiento de Bourdieu, quien lo interpreta como “campos de fuerzas y campos de luchas orientadas al monopolio de la manipulación legítima de los bienes públicos” (Bourdieu, 2005: 43). Desde esta perspectiva, en Argentina se produjeron una serie de cambios en los ministerios y organismos estatales encargados de atender las problemáticas de la seguridad social, la pobreza, el desempleo, la educación, etcétera. Éstos fueron el resultado de la implementación de políticas sociales basadas en los postulados neoliberales,5 y de los reclamos de los sectores populares a mediados de la década de los años noventa. Como consecuencia, se autonomizó el subcampo del Desarrollo Social, y se conformó un espacio de relaciones de oposición y jerarquías entre quienes piden en virtud de una necesidad y los que distribuyen en nombre del Estado (Pantaleón, 2005). En este subcampo se consolidó una nueva manera de definir y de atender las necesidades de la población pobre: la presentación de un proyecto por parte de una organización social y la entrega de un subsidio a cargo de un organismo estatal.
A mediados de la década de los años noventa comenzó una serie de planes y programas sociales que incluían a organizaciones sociales en su ejecución. De manera específica, el Plan Trabajar convocó a las organizaciones para gestionar proyectos productivos. Después de la crisis de 2001, el programa social masivo PJYJHD otorgó un ingreso mínimo a desocupados que participaban en proyectos comunitarios como forma de contraprestación. En 2004, el gobierno nacional desarticuló el PJYJHD e implantó el Programa Familias. Éste entregaba un ingreso a mujeres con hijos, cuya condición era cumplir con la presentación de los certificados escolares y sanitarios, y ofrecía subsidios a organizaciones para implantar apoyos escolares. Además, el Plan Nacional Manos a la Obra otorgaba subsidios y microcréditos para proyectos productivos a organizaciones y cooperativas.
A partir de 2009, si bien el gobierno nacional adquirió centralidad en la distribución de recursos6 a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) continuó entregando subsidios a cooperativas, comunidades rurales, pueblos originarios y organizaciones sociales (Programa Nacional de Microcrédito). Asimismo, esta modalidad se extendió a diferentes ministerios y organismos públicos a la hora de implementar programas de vivienda, educación, cultura, comunicación, prevención de la salud, etcétera.
En resumen, durante los últimos 20 años, en ministerios y organismos estatales se ha consolidado una manera de distribuir recursos públicos: la entrega de subsidios en dinero o bienes, cuyo requisito es la presentación de un proyecto por parte de organizaciones populares. En consecuencia, para éstas recibir un subsidio pasó a ser una forma de vincularse con organismos estatales, diferente a las redes clientelares y a los reclamos a través de cortes de ruta (Vommaro, 2010: 217).
Organizaciones populares, organismos y clasificaciones estatales
Desde la perspectiva de Bourdieu, los subcampos estatales están constituidos, en su dimensión objetiva, por organismos y oficinas, y en su dimensión simbólica, por clasificaciones legítimas, es decir, los Espíritus de Estado, que justifican la intervención de los agentes estatales y la distribución de bienes públicos (Bourdieu, 1999). Las investigaciones sobre organizaciones populares y su participación en la ejecución de programas sociales destacan uno de estos aspectos: el acceso a bienes públicos (Massetti, 2009), su tránsito por oficinas, los vínculos que entablan con funcionarios y políticos (Pantaleón, 2005; Manzano, 2013), y la resignificación de las clasificaciones oficiales (Dinerstein, 2013; Koberwein, 2010, 2012; Doudtchitzky, 2010; Ferraudi Curto, 2014). A continuación, al analizar las experiencias de un Centro de Jubilados y una Biblioteca Popular, relaciono estos aspectos.
El surgimiento de las organizaciones y el acceso a recursos estatales
¿Cómo surgen las organizaciones populares? ¿La oferta de recursos estatales promueve su conformación?
En el momento de realizar mi trabajo de campo, las organizaciones estudiadas estaban constituidas legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro, obtenían recursos a través de eventos y aportes de sus socios, y recibían diferentes subsidios estatales. El Centro de Jubilados participaba del Programa Prevención y Promoción Sociocomunitaria del PAMI.7 La Biblioteca Popular participaba del Programa de Microcrédito BPBF del MDSN8 y recibía el subsidio de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP),9 dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.
El Centro de Jubilados surgió a fines de la década de los años ochenta, a partir del interés de un grupo de adultos mayores de acceder a recursos ofrecidos por el PAMI. Si bien los funcionarios del organismo intervinieron y los alentaron a constituirse en asociación civil, los integrantes de este grupo ya contaban con experiencias organizativas:
Nosotros nos reunimos la primera vez en el año 1984. Nos reuníamos atrás de la salita de primeros auxilios en el Polideportivo. Ahí nos juntábamos y ahí tratamos de hacer el centro de jubilados, pero legalizado, bien organizado. Entonces, un año estuvimos organizándonos, y después, en el año 1988, fui con don Vicente Mercado al PAMI. Me preguntó el doctor Recursa: “¿Por qué no se ponen el centro de jubilados si tienen tantos socios?” Él trabajaba en el PAMI, era vicedirector (entrevista con Camilo, 91 años, jubilado, fue presidente desde los inicios del centro hasta 2008 y vivía en el barrio La Gloria).
Los integrantes del Centro de Jubilados valoraron, desde su experiencia anterior, la posibilidad ofrecida por el PAMI de acceder a bolsones de alimentos, servicios y viajes. Por su parte, los funcionarios del PAMI les facilitaron el acceso a abogados para tramitar la personería jurídica.
En el caso de la Biblioteca Popular, un grupo de jóvenes artistas asumió la figura de ésta y aprovechó el impulso dado en el 2003 por la Conabip, la Secretaría de Cultura y la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares (Coprobip), Gobierno de Mendoza. Estos jóvenes entendían que los libros eran un bien cultural más; es decir, para ellos las actividades más importantes eran la murga, el teatro o la música, y no el servicio de biblioteca. Uno de sus dirigentes explicó el ingreso al Programa de Microcrédito BPBF del MDSN en el 2008:
Nosotros llevábamos arte, teatro, reflexionábamos, pero el tope siempre tenía que ver con lo mismo. ¿Cómo hacemos para comer? ¿Cómo hacemos para estudiar? Una cuestión bastante básica. Porque no en todas las casas de los compañeros que militan, o los que hacen los voluntariados en la Biblioteca, no en todas las casas tienen solucionado el problema de la comida todos los días… Entonces, evaluando esta situación, digamos, decidimos embarcarnos, en este desafío, que era muy nuevo para nosotros, de la “economía social” (entrevista con Ramiro, 34 años, responsable de la murga, miembro de la comisión directiva y profesor de teatro, vivía en el barrio La Gloria).
Para el entrevistado, “embarcarse en la economía social”, es decir, ingresar al Programa de Microcrédito BPBF, fue una manera de resolver la falta de trabajo de sus integrantes y una oportunidad de obtener recursos para la organización.
En el surgimiento del Centro de Jubilados y de la Biblioteca Popular se combinaron estrategias de grupos con intereses propios y la existencia de programas sociales específicos. El ofrecimiento de recursos por parte de un organismo estatal fue considerado una oportunidad por grupos previamente conformados. Para percibir un subsidio estatal éstos debieron acumular algunos capitales jurídicos (persona jurídica) y económicos (caja de ahorro especial), pero esos recursos no fueron el resultado de la participación en la ejecución de programas sociales, como afirma Astor Massetti (2009), sino una condición para su ingreso. Los subsidios percibidos les sirvieron para consolidar sus actividades.
Las organizaciones populares y los funcionarios estatales
¿Cuáles son los vínculos que establecen las organizaciones populares con los funcionarios públicos? ¿Cómo los interpretan?
Las organizaciones populares acceden a recursos estatales a través de organismos, oficinas, programas y funcionarios específicos. Así, el Programa de Microcrédito BPBF distribuía fondos a organizaciones regionales (o provinciales) y éstas, a su vez, a organizaciones locales, que otorgaban financiamiento a personas sin posibilidades de acceso al crédito bancario, denominadas prestatarios. En su trabajo, Adrián Koberwein (2012) describe los vínculos entre el funcionario provincial del programa, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) regionales y sus grupos de prestatarias. El autor plantea que existe una tensión entre las relaciones reguladas por el Estado y la interpretación de los participantes. Además, observa que, si bien las funciones de los integrantes de las organizaciones están fijadas por el programa, éstos valoran a quienes las desempeñan: “buenos” y “malos” referentes, promotores o prestatarios (Koberwein, 2012: 83). En el caso de la Biblioteca Popular, en las entrevistas realizadas, los integrantes de la comisión directiva y las promotoras no mencionaron ni al MDSN ni a sus funcionarios. Sí destacaron la capacitación recibida de la organización regional:
En cuanto a la parte administrativa, o sea también gracias a la Organización Regional, que nos ayuda muchísimo y que nos explica. Y nos va guiando en el camino en lo que hay que hacer, entrar a un programa, por ahí no tenías conocimiento y en este caso, a nosotros, la Regional nos ha enseñado muchísimo. Las chicas de la Regional nos han enseñado y nos han abierto las puertas para trabajar cómodas y aprender (entrevista con Diana, 43 años, secundaria incompleta, ex prestataria, promotora, comerciante en la Feria de la Plaza, vivía en el Barrio La Gloria).
Asimismo, las prestatarias hablaban sólo de sus vínculos con los promotores. Para éstas, los agentes del BPBF se reducían a dos: el “Banquito” como un ente en sí mismo y los promotores:
Mi negocio es hacer comida. Gracias a Dios he crecido mucho, empecé haciendo empanadas y ahora hago comidas y viandas. Gracias al “Banquito”, a Nilda, a Rami, a Dora, que nos ayudan muchísimo (entrevista con Ana, 55 años, completó la primaria, prestataria y comerciante, vivía en el barrio La Gloria).
La prestataria se sentía agradecida con los promotores, con quienes estaba todas las semanas, y al “Banquito”, que lo sentía como propio. Las prestatarias no mencionaban en sus relatos ni a los funcionarios del MDSN, ni a la Organización Regional, ni al Estado como un todo.
En suma, en el marco de programas descentralizados, el papel de los funcionarios públicos se desdibuja porque los beneficiarios reconocen sólo a las personas con las que tienen contacto: la organización localizada en su territorio y, dentro de ella, a algunos de sus integrantes.
Las organizaciones y los “Espíritus” de los programas sociales
La implementación de programas sociales implica la difusión de clasificaciones oficiales para que las organizaciones interpreten la distribución de recursos públicos. Éstas constituyen los Espíritus de Estado, es decir, su dimensión simbólica. Cabe indagar cómo los integrantes de organizaciones populares se apropian de las clasificaciones oficiales difundidas por los programas sociales.
La noción más difundida en el subcampo del Desarrollo Social es la elaboración de un proyecto. Para Koberwein (2009), en el Programa de Microcrédito BPBF la noción de proyecto pretendía articular las significaciones asignadas al emprendimiento económico individual y a la construcción política. El prestatario ponía en práctica una actividad productiva y se sumaba, a través de encuentros provinciales y nacionales organizados por el MDSN, a una causa colectiva: el Proyecto Nacional y Popular (Koberwein, 2012).
Por mi parte, considero que la noción de proyecto en el BPBF estaba vinculada con el “nuevo paradigma gerencial” que desde los organismos internacionales se postuló como una manera de transformar la burocracia estatal en la década de los años noventa.10 Así, en el Manual del BPBF la figura del promotor era asimilada al líder, que alentaba y acompañaba otros, y la figura del prestatario era asociada al individuo, que alcanzaba sus sueños a través de su compromiso con un proyecto.
En la Biblioteca Popular, las prestatarias se identificaban con sus proyectos. Una de ellas señaló: “Cuando me compré el horno pizzero, me pareció un sueño”. Consideraban que, si sus compañeras no seguían con el “Banquito”, se debía a que habían abandonado su proyecto:
No, no, también van quedando unas atrás, a lo mejor no porque dejaron de pagar sino porque decidieron no seguir con el proyecto, o les fue mal en el proyecto y decidieron pagar y cerrar el proyecto. Pero yo no, decidí seguir (entrevista con Elina, 50 años, completó la primaria, empleada doméstica, prestataria y comerciante, vivía en el barrio La Gloria).
La tarea de los promotores, asimilable al líder, aparecía centrada en acompañar a las prestatarias en su proyecto: ofrecer ideas, capacitar en su elaboración y ejecución. Las promotoras y las prestatarias interpretaban el proyecto como una actividad económica, en la que invertían todo su esfuerzo personal.
En la Biblioteca Popular, la apropiación de la noción de líder reforzaba las jerarquías existentes en su interior, debido a que los promotores y su comisión directiva eran reconocidos como dirigentes del “Banquito” por las prestatarias. Pero en el Centro de Jubilados no sucedía lo mismo en relación con el postulado de “horizontalidad de las relaciones”, propio del “nuevo paradigma gerencial”.
La comisión directiva del Centro de Jubilados participó durante 2011 y 2012 de la capacitación del Programa de Prevención y Promoción Sociocomunitaria del PAMI. En los encuentros se realizaban dinámicas grupales y se proponía el ideal de “gestión horizontal”. Este modelo, en el cual todos los integrantes participan y deciden, se contraponía a la distribución de responsabilidades existente en el Centro de Jubilados, centrada en unas pocas personas.
Mabel11 me contó que ella no iba a seguir el año que viene en la comisión porque Mirta concentraba todo, que eso había salido en las reuniones que organizaba el PAMI con la psicóloga y que ella lo había dicho (nota de campo, 23 de noviembre de 2011).
En la medida en que el postulado de “horizontalidad de las relaciones” era asumido por los asistentes a las capacitaciones, generaba cuestionamientos en el interior de la organización. Además, alentaba disputas por las jerarquías existentes:
Susana12 afirmó que ella es la presidenta, pero que Mirta y Emilce13 no le informan nada, que arreglan todo en el PAMI, que sólo la llaman para firmar. Susana dijo que el presidente anterior había tenido que ir a la AFIP [Administración Federal de Ingresos Públicos], para ver si no le cobraban el impuesto al cheque y que ella de eso no entendía nada (nota de campo, 10 de junio de 2010).
En el relato, la presidenta se quejaba porque la delegada y la tesorera visitaban asiduamente la sede del organismo público y no le comunicaban nada a ella. También reconocía no saber algunos trámites inherentes a su cargo. En el Centro de Jubilados sólo algunos integrantes de la comisión disponían de tiempo y de capitales culturales para realizar tareas administrativas; esto hacía que concentraran actividades y reforzaba las jerarquías entre ellos. Por ello, el postulado de “horizontalidad de las relaciones” propuesto en las capacitaciones generaba tensiones entre sus integrantes y su significación alentaba disputas internas.
Hasta aquí abordé las relaciones de los integrantes del Centro de Jubilados con profesionales del PAMI y los vínculos de los miembros de la Biblioteca Popular con la organización regional y los funcionarios a cargo del Programa de Microcrédito BPBF. Mostré que, si bien el acceso a recursos públicos sirvió para su consolidación, esto no explica por sí solo su surgimiento. También observé que en la ejecución de programas sociales el papel de los funcionarios se desdibujaba, mientras los dirigentes de la organización adquirían relevancia. Finalmente, me referí a la apropiación de las clasificaciones oficiales por parte de los miembros de las organizaciones. La noción de proyecto era resignificada como emprendimiento individual y la de líder reforzaba las relaciones entre los integrantes de la Biblioteca Popular. Pero la noción de “horizontalidad en las relaciones” generaba tensiones y disputas entre los socios del Centro de Jubilados, debido a las jerarquías existentes en su interior. Por ello, considero que para describir en profundidad las relaciones entre las organizaciones populares y el Estado es necesario extender la mirada a sus procesos internos y abordar cómo la ejecución de programas sociales ha alterado los vínculos entre sus integrantes.
Los cambios en el interior de las organizaciones populares
Para acceder a recursos estatales, las organizaciones deben elaborar proyectos, presentar la documentación institucional, depositar el subsidio recibido en su cuenta bancaria y rendir los gastos al ministerio u organismo público responsable del programa social. Massetti (2009) se refiere a este proceso como “oenegización”. El término ONG es utilizado en las resoluciones oficiales, las cuales establecen requisitos para que las organizaciones populares accedan a los subsidios: personería jurídica, balances al día, inscripción en la AFIP y cuenta bancaria. El concepto de “oenegización” sirve para referirse al capital jurídico que debe tener la organización para participar en el programa social, pero no da cuenta de las diferentes prácticas que llevan a cabo sus integrantes, y menos aún de los conflictos existentes. En general, los estudios sobre organizaciones populares en Argentina han descuidado el análisis de su dinámica interna: las tensiones entre dirigentes e integrantes, el trabajo político de construcción y mantenimiento de lealtades (Vommaro, 2014: 225).
Por la insuficiencia de la categoría de “oenegización” y por la necesidad de estudiar los conflictos y tensiones, es relevante profundizar en el conocimiento de los cambios en las relaciones entre los integrantes de las organizaciones a partir de la ejecución de programas sociales. Para ello, a continuación, interpreto la forma que adquieren los vínculos en el interior de las mismas y luego señalo las transformaciones experimentadas a partir del acceso a recursos públicos.
Las organizaciones populares por dentro
En América Latina existe una larga tradición, inaugurada por Larissa Lomnitz (1994), que reconoce en el interior de las organizaciones populares relaciones basadas en intercambios recíprocos. Es decir, que los vínculos entre sus integrantes se articulan en un ciclo de “dar, recibir y devolver” todo tipo de recursos, ayudas y lealtades. Si bien estos intercambios dan lugar a la solidaridad y la cooperación, también habilitan la competencia y los conflictos (Reygadas, 2008). Siguiendo el planteamiento de Alicia Gutiérrez (2004: 62), quien propone interpretar las organizaciones sociales como “un espacio de lucha, en donde sus integrantes establecen relaciones de oposición y jerarquía”, recupero la teoría de Bourdieu (1997) sobre los intercambios simbólicos para entender las tensiones y las disputas en el interior de las organizaciones populares en la gestión de programas sociales.
Las relaciones entre sus integrantes
Bourdieu denomina intercambios simbólicos a las relaciones basadas en torno al ciclo de “dar, recibir y devolver”, presentes en los ámbitos sociales caracterizados por “el interés en el desinterés”: la familia, el arte, la religión, y en general todos los campos donde se niega la motivación económica (Bourdieu, 1997: 139-198).
Los estudios sobre organizaciones populares en Argentina identifican intercambios recíprocos entre sus integrantes, es decir, reconocen que la participación en una organización consiste en dar, recibir y devolver ayuda, bienes, tiempo, dinero, etcétera. Samanta Doudtchitzky (2010: 135) considera que estas relaciones producen un proceso de desmonetización del subsidio. Por mi parte, entiendo que en las organizaciones predominan las prácticas basadas en el ciclo de “dar, recibir y devolver”, pero que también tienen lugar prácticas mercantiles. Por ello, es útil mantener la distinción dones/mercancías (Wilkis y Carenzo, 2008) para observar el uso del dinero de los subsidios.
En el Centro de Jubilados, sus socios hablaban de dinero en algunos momentos y en otros no. Cuando los integrantes conversaban sobre el valor de los aportes en dinero, encuadraban las relaciones en el ámbito mercantil. Por el contrario, si los jubilados no mencionaban el precio, mantenían el tabú del explicitación propio de intercambios de bienes simbólicos (Bourdieu, 1997: 175). En uno de los encuentros del Taller de Estimulación de la Memoria y Narración:
La docente propuso, y todas las socias acordaron, comprar una pava eléctrica y una estufa. Mirta, la delegada ante el PAMI, llevaba una lista, en la cual registraba celosamente quiénes y cuánto aportaban. La docente responsable del taller compró la pava eléctrica, pero se quejó porque tuvo que poner más dinero de su bolsillo; inmediatamente señaló que lo dejaran así, que por unos centavos no iba a pasar nada (nota de campo, 14 de julio de 2010).
En la situación observada durante el Taller, el cuidadoso registro de los aportes que hacía Mirta, propio del intercambio mercantil, contrastaba con las prácticas de la docente. Ésta debió gastar más dinero y presentó su gasto como desinteresado. Esta transformación de un intercambio mercantil (registro pormenorizado de aportes y precios) a dones desinteresados entre el docente y los integrantes del Centro de Jubilados se entiende porque en el interior de las organizaciones existe la tendencia a traducir las relaciones a intercambios simbólicos, aunque también tienen lugar prácticas mercantiles.
Las obligaciones mutuas y los conflictos
Para llevar a cabo los programas sociales, las organizaciones necesitan comprometer a sus integrantes en la realización de actividades individuales y colectivas. ¿Cómo establecen los derechos y las obligaciones en torno a los recursos distribuidos?
Gabriel Vommaro y Julieta Quirós (2011: 76), al analizar la dimensión moral de las relaciones entre dirigentes y vecinos en la administración de planes sociales, plantean que éstos pueden y a veces deben explicitar los términos de los intercambios. En el caso de la Biblioteca Popular, las obligaciones y los derechos estaban pautados explícitamente por el Programa de Microcrédito BPBF, ya que los promotores cobraban una beca por su trabajo con los grupos de prestatarias. Sin embargo, los participantes establecían compromisos mutuos basados en el intercambio de bienes simbólicos y el tabú del explicitación.
Durante 2008, la comisión directiva de la Biblioteca Popular decidió que hubiera 10 promotores para ejecutar el Programa de Microcrédito BPBF. Cada uno recibía 300 pesos y tenía a su cargo un grupo de cinco prestatarios, a quienes cobraba la cuota del crédito y capacitaba en las reuniones. Dos de los promotores, que eran pareja, estaban encargados de reunir el dinero de las cuotas de todos los grupos. En 2009, la pareja se separó y no entregó el dinero recaudado; esto generó un conflicto en el interior de la organización:
Nilda, una de las promotoras, comentó que mientras Caren y Juan cumplían con su trabajo de reunir el dinero, todos creían en su palabra. Ellos mostraban un monedero, pero ellas nunca exigían ver el dinero. Diana señaló: Vaya a saber si alguna vez tuvieron la plata, ellos venían con un monedero y decían “aquí está el dinero”, pero nosotras nunca lo vimos, nosotras fuimos estafadas, confiábamos en ellos (nota de campo, reunión con promotoras de la Biblioteca Popular, 12 de junio de 2011).
Entre los promotores había un lazo de confianza basado en el tabú del explicitación (Bourdieu, 1997: 164), por lo cual no era necesario ni mostrar ni observar el dinero recaudado. Por eso, la falta de cumplimiento por parte de la pareja de promotores fue interpretada como una traición a la confianza depositada. Por su parte, la inculpada se mostraba muy enojada porque consideraba que la Biblioteca no la había ayudado:
Caren me comentó que no seguía más en el “Banquito” porque después de la pelea con Juan (su ex pareja) los de la Biblioteca le habían dicho que mejor no fuera promotora. A ella le había dado bronca porque ellos, que tanto defendían a las mujeres golpeadas, no se habían solidarizado con ella. Juan le había quemado sus cosas y ahí era donde tenía la plata del “Banquito”. Ella había puesto la denuncia y se la había mostrado a los de la Biblioteca, pero igual dijeron que ella no generaba confianza (nota de campo, 19 de febrero de 2011).
La promotora acusada se consideraba una víctima de la violencia de género y esperaba la protección de la organización. Si bien el Programa de Microcrédito BPBF establecía las responsabilidades y los roles específicos de los promotores (el cobro de las cuotas, su rendición y su depósito en una cuenta bancaria), la condenada enmarcó su relación con la Biblioteca Popular dentro de los intercambios simbólicos, en los cuales el débil es quien debe ser ayudado por el fuerte. La promotora interpretó la indiferencia de la organización ante su sufrimiento como desconsideración, porque en los intercambios recíprocos la indolencia es vista como una agresión (Cardoso de Oliveira, 2004). Asimismo, tanto la inculpada, por no rendir el dinero, como quienes tuvieron que hacerse cargo de la deuda en la Biblioteca se sentían traicionados. La ambigüedad de las obligaciones mutuas propia de los intercambios simbólicos hacía que todas tuvieran razón, tanto las promotoras que se sintieron estafadas por su compañera como la incriminada que se sintió desprotegida. En la organización, las expectativas generadas por la participación basada en intercambios simbólicos excedían lo reglamentado por el programa, lo cual daba lugar a conflictos entre sus integrantes.
Las organizaciones sociales se sostienen como tales en la medida que se mantiene el ciclo de “dar, recibir y devolver” ayudas y recursos entre sus integrantes. El acceso a subsidios les permite poner en circulación dinero entre sus miembros y anudar compromisos, pero también da lugar a conflictos, derivados de las obligaciones ambiguas en torno de los bienes distribuidos.
La modificación de las relaciones entre los integrantes de las organizaciones
Una de las particularidades de los programas sociales es la entrega de dinero a las organizaciones de sectores populares con la exigencia de cumplir los requisitos previamente establecidos. Así, el dinero de los subsidios se convierte en una donación, debido a que su uso está regulado y sancionado moralmente por quien lo entrega. Además, quien lo recibe debe demostrar merecerlo (Wilkis, 2013: 52). ¿Cómo influye en el interior de las organizaciones la percepción de recursos estatales a través de la ejecución de políticas sociales?
La multiplicación de actividades
Para acceder a los recursos estatales, las organizaciones deben presentar un proyecto y un presupuesto; esto implica que los integrantes destinen trabajo y recursos propios a su elaboración. Una vez obtenido el subsidio, deben cumplir con las actividades propuestas que exceden lo estipulado en el proyecto.
En el caso de la Biblioteca Popular, si bien la Conabip les ofrecía diferentes subsidios, ésta presentaba un solo proyecto por año:
Hay muchas cosas a las que nosotros podemos acceder por la Conabip, pero no hay nadie que se pueda encargar. Por ejemplo, hay bibliotecas que tienen servicio de Internet, y es un trámite que hay que hacer. Pero nosotros todavía no lo hemos podido hacer. Y así como Internet, hay un montón de beneficios que a los que nosotros no podemos acceder (entrevista con Paloma, 34 años, casada, con un hijo, profesora de cerámica y presidenta de la comisión directiva de la Biblioteca Pública; abril de 2012).
Hay subsidios que dan a proyectos paralelos al que tenés como institución, pero hay que hacerlos aparte, se rinde aparte, son como muchos trámites administrativos aparte (entrevista con Celia, 35 años, casada, con dos hijos, vivía en el barrio Edilco, profesora de ciencias de la educación y miembro de la comisión directiva de la Biblioteca Pública; abril de 2012).
Las integrantes de la comisión directiva señalaron que no disponían de tiempo para elaborar más de un proyecto por año, por lo cual no solicitaban más dinero al organismo público. El requisito de presentar un proyecto exigía a la organización demostrar que merecía el subsidio. Esto suponía que sus socios realizaran un trabajo previo a la precepción del mismo, esfuerzo que no siempre estaban en condiciones de cumplir. Por otro lado, los integrantes de la comisión directiva de la Biblioteca Popular reconocían que su decisión de no solicitar otros subsidios les impedía acceder a recursos valiosos.
En el caso del Centro de Jubilados, para acceder a los subsidios de podología y enfermería ofrecidos por el PAMI, la comisión directiva debía ampliar y refaccionar las instalaciones de su sede. En 2010, este organismo le otorgó otro subsidio para el acondicionamiento del edificio. Además, el Centro de Jubilados debió firmar un nuevo comodato con el municipio de Godoy Cruz, para lo cual su presidente asistió a reuniones con el intendente y concurrió a la oficina de Obras Públicas para la aprobación de planos. Pero los subsidios del PAMI resultaron insuficientes para terminar los arreglos; entonces, la comisión directiva organizó otras actividades para recaudar fondos:
Al finalizar la reunión de socios del Centro de Jubilados, Emilce, la tesorera, me dijo que no sabía si iban a poder pagar los 15 pesos por el programa en la radio, porque la prioridad era el piso de la sede y con 15 pesos pagaba un metro de cerámica. La comisión estaba buscando personas que aportaran un metro de cerámica y había pedido a todos los socios que ayudaran (nota de campo, 26 de febrero de 2010).
El dinero de los subsidios está marcado (Zelizer, 2011), es decir, el programa estipula cuánto y en qué rubros se puede gastar. Aquello que no está contemplado y resulta necesario para la realización del proyecto, la organización debe asegurarlo de alguna manera. Así, la comisión del Centro de Jubilados buscó completar el subsidio otorgado por el PAMI haciendo gestiones en el municipio y apelando a donaciones de sus socios. La percepción de recursos estatales implicó para la organización la realización de más actividades por parte de su presidente y la multiplicación de los intercambios recíprocos entre sus integrantes.
En pocas palabras, en el caso de la Biblioteca Popular, si bien podía acceder a diversos subsidios estatales a través de la presentación de proyectos, la comisión había decidido no solicitarlos, debido a que esto implicaba mayores esfuerzos de sus miembros. En el caso del Centro de Jubilados, la percepción de subsidios demandó el aumento de actividades, la ampliación de obligaciones y la intensificación de los compromisos entre sus integrantes. La ejecución de programas sociales permite el acceso a recursos, pero exige más trabajo a los integrantes de las organizaciones. Éstos han advertido que la percepción de subsidios requiere multiplicar esfuerzos, por lo cual en algunas oportunidades los solicitan y en otras no.
Las prácticas burocráticas
Los organismos públicos establecen pautas inherentes a la burocracia estatal para el uso de los subsidios. Algunos autores utilizan el término “estatalización” de las organizaciones y los barrios para referirse a las prácticas burocráticas y al reconocimiento otorgado por funcionarios y profesionales a las tareas administrativas que llevan a cabo las comisiones directivas (Frederic, 2009; FerraudiCurto, 2014). Por mi parte, considero que la categoría “estatalización” resulta insuficiente para dar cuenta de la incorporación de prácticas burocráticas en las organizaciones, debido a que éstas son incluidas en relaciones basadas en intercambios simbólicos.
En el caso del Centro de Jubilados, el presidente destacaba el tiempo que dedicaba a las tareas administrativas:
Durante la reunión, el nuevo presidente contó todos los trámites que había hecho en Obras Públicas del municipio durante esa mañana. Allí, la arquitecta le había dicho que el Centro podía pedir exenciones de los impuestos municipales, pero debía elevar un pedido por escrito (nota de campo, 20 de julio de 2009).
Además de las gestiones en el municipio, la comisión del Centro de Jubilados debía administrar los subsidios del PAMI. Mirta, la delegada ante el PAMI, y Emilce, la tesorera, se encargaban de manera exclusiva de los proyectos. Ellas eran las responsables de buscar el cheque y depositarlo, retirar el dinero de la caja de ahorro, pagar a los profesionales, comprar los materiales, buscar presupuestos, etcétera. Con el fin de cumplir con todos estos requisitos formales, Mirta y Emilce elaboraban notas, concurrían a la sede del PAMI, al Banco Nación y a la sede de la AFIP. Ellas concentraban la información sobre el uso de los fondos de los proyectos, mientras el resto de los socios manejaba datos aislados. La delegada ante el PAMI y la tesorera no hablaban en detalle del dinero y destacaban las gestiones realizadas, ya que las interpretaban como una ayuda que ponían a circular en la organización. La gestión de los proyectos estaba basada en intercambios simbólicos: ellas entregaban su tiempo de manera gratuita y esperaban el reconocimiento y la obediencia del resto del grupo, como forma de devolución. La delegada ante el PAMI y la tesorera no aceptaban cuestionamientos sobre el uso de los subsidios, porque los consideraban una falta de confianza en el trabajo realizado. Por su parte, los integrantes no preguntaban sobre el uso del dinero en la reunión del Centro de Jubilados.
En pocas palabras, la realización de tareas burocráticas en el Centro de Jubilados era asimilada a intercambios simbólicos, y las obligaciones resultantes entre sus integrantes eran interpretadas como un compromiso entre dirigentes y socios.
Los plazos burocráticos y las obligaciones ambiguas
En el interior de las organizaciones populares, las obligaciones entre la comisión directiva y los integrantes se basan en intercambios simbólicos, por lo cual existe un lapso entre sus actividades, fundamental para hacer que los compromisos aparezcan como prácticas desinteresadas (Bourdieu, 2007: 169). Asimismo, los programas sociales establecen plazos para la rendición de los subsidios por parte de las organizaciones. ¿Cómo se articulan los vencimientos de los subsidios con el intervalo del ciclo de “dar, recibir y devolver,” propio de los intercambios simbólicos?
En el caso del Programa de Microcrédito BPBF, cada operatoria estaba estipulada en 12 meses; una vez concluida, la organización ejecutora presentaba la rendición a la organización regional y ésta al MDSN. Después de aprobada la rendición por parte del MDSN, la organización ejecutora podía acceder a un nuevo subsidio, pero debía esperar unos meses para su recepción. A fines de 2009, la Biblioteca no pudo rendir los gastos, debido a que la pareja de promotores no entregó el dinero recaudado (ver más arriba). Por ello, durante varios meses quedó fuera del Programa BPBF y sin posibilidades de recibir otro subsidio. En aquella oportunidad visité la sede de la organización:
Dora me dijo que parecía que la Biblioteca no iba a seguir con el “Banquito” y que ella se quedaría sin el ingreso por promotora de 750 pesos. Me comentó que, con la jubilación de su marido, el sueldo de su hija y lo que ganaba ella, la iban llevando. Se lamentó, porque ella necesitaba seguir cobrando el dinero de la beca (nota de campo, 5 de agosto de 2010).
La promotora señalaba que la beca completaba los ingresos familiares y que éstos se resentirían al interrumpirse el subsidio. Además, consideraba que la decisión de seguir el programa dependía de los dirigentes de la organización porque, como señalé más arriba, en la ejecución de programas sociales descentralizados la figura de los funcionarios y profesionales se desdibuja y adquieren relevancia los dirigentes de las asociaciones. Durante unos meses las promotoras de la Biblioteca Popular no cobraron la beca, continuaron organizando reuniones, asesorando la elaboración de proyectos a las prestatarias y reuniendo el dinero para pagar cuotas. Ellas interpretaban que el trabajo con los grupos de prestatarias era una ayuda a la organización, por lo cual entendían que ésta estaba contrayendo una “deuda” con ellas.
En la Biblioteca Popular, la interrupción de los subsidios era reformulada en los términos de los intercambios simbólicos entre los integrantes y la comisión directiva de la Biblioteca Popular; las promotoras consideraban que los dirigentes se endeudaban con ellas mientras no llegaba el nuevo subsidio. Es decir, la prolongación de tiempo de espera del nuevo subsidio generaba expectativas en los integrantes de la organización y condicionaba a sus dirigentes a asumir obligaciones en el futuro.
Las jerarquías internas y la relación con los funcionarios
En el interior de las organizaciones estudiadas, las desigualdades sociales y las relaciones basadas en intercambios simbólicos daban lugar a asimetrías entre sus integrantes. ¿Cómo influía el acceso a recursos estatales y el reconocimiento obtenido en la ejecución de programas sociales en las jerarquías existentes?
En el caso del Centro de Jubilados, conocer algunos trámites o disponer de tiempo para realizarlos reforzaba las asimetrías entre los integrantes. Igualmente, el dirigente que más trabajaba por la organización esperaba más reconocimiento. Ser elegido presidente, secretario o tesorero, marcaba diferencias y los miembros de la comisión directiva reclamaban el reconocimiento por parte de los socios. Los cargos eran significativos para los jubilados y tenían su correlato en la ubicación en torno de la mesa durante las reuniones:
Josefina le insistía a Susana que se hiciera lugar en la comisión como presidente. A lo que Susana contestó: ¿Qué podía hacer, si a veces “su silla” de presidenta [en la cabecera de la mesa] estaba ocupada y ella tenía que sentarse en otra? A renglón seguido, contó que la habían amenazado con poner a otro como presidente, que ella estaba cansada (nota de campo, 10 de mayo de 2010).
La mayoría de los miembros del Centro de Jubilados respetaba la jerarquía de los cargos en la comisión, pero algunos de sus integrantes la cuestionaban, basados en el reconocimiento que obtenían a través de la gestión de los subsidios del PAMI. Mientras visitaba el Centro de Jubilados, éste renovó su comisión directiva. Pasados unos meses, el recientemente elegido presidente renunció y señaló entre las causas “que dejaba el lugar a otras personas que conocieran más”. Una de las socias comentó, refiriéndose a quienes realizaban trámites en el PAMI: “Ellas volvieron loco al ex presidente” (nota, 29 de julio de 2010). Mirta, la representante del Centro de Jubilados ante este organismo público, me dijo en una oportunidad:
¿Cómo me pusieron a mí? ¿Querés que te cuente? 1980, cuando estaba don Pérez de presidente. Justo vengo un día, porque a mi papá le daban el bolsón, entonces vengo a ayudarle a mi papá, entonces le ayudé al presidente, estaba solo, con los libros. Y la asistente social del PAMI me había dado los libros, sin preguntarme si yo quería participar. Y me encontré con Emilce, porque siempre hemos estado, somos una desde hace añares, entregando los bolsones, llueva o truene. Siempre juntas. Y así empezamos, yo sigo en el mismo lugar.
Mirta participaba activamente en la gestión de los proyectos del Centro de Jubilados, pero al no estar jubilada, no había podido ocupar cargos relevantes en la comisión. Ella justificaba su trabajo con el pedido de uno de los profesionales de PAMI. La relación con los funcionarios le había permitido ocupar una posición importante en el interior de la organización. A su vez, como señalé más arriba, las jerarquías internas contrastaban con el postulado de “horizontalidad en las relaciones”, difundido en las capacitaciones llevadas a cabo por el organismo.
Hasta aquí he relatado una serie de situaciones en el interior del Centro de Jubilados y de la Biblioteca Popular a partir de la percepción de subsidios estatales. El uso de la categoría general de intercambios simbólicos y de las nociones de ciclo de “dar, recibir y devolver”, tabú del explicitación, obligaciones mutuas, intervalos y jerarquías me han permitido interpretar cómo el acceso a recursos estatales adquiere un sentido específico dentro de la organización y modifica los vínculos entre los integrantes. La ejecución de programas sociales da lugar a obligaciones ambiguas, suscita conflictos y genera disputas por las jerarquías.
Consideraciones finales
Las investigaciones sobre movimientos sociales han buscado explicar las relaciones entre organizaciones populares y Estado desde el par opuesto dependencia/autonomía y las transformaciones en las mismas a través del concepto de “oenegización”. Los estudios antropológicos han dado cuenta de las tramas de relaciones entre funcionarios, políticos y organizaciones y han señalado el proceso de “estatalización” de los barrios. El objetivo de este trabajo ha sido describir en profundidad las diferentes dimensiones que adquieren las relaciones entre funcionarios, profesionales y organizaciones populares en la ejecución de programas sociales y ofrecer una interpretación de los cambios en los vínculos entre sus integrantes a partir del acceso a recursos públicos.
En la primera parte de este trabajo, he señalado el establecimiento de una forma de atender las demandas de los más pobres en el subcampo del Desarrollo Social: la entrega de un subsidio a las organizaciones populares. Describí cómo las organizaciones surgen por iniciativa de los sectores populares, no de los funcionarios, y que la obtención de recursos públicos contribuye a su consolidación. Mostré cómo la distribución de dinero por parte de los organismos estatales les permite acceder a bienes o dinero y cómo el papel de los funcionarios se desdibuja mientras sus integrantes adquieren importancia. Observé cómo, durante la ejecución de los programas sociales, sus miembros se apropian de los conceptos de “proyecto” y “líder,” pero no ocurre lo mismo con el postulado de “horizontalidad de las relaciones,” debido a la existencia de jerarquías internas.
En la segunda parte, consideré que en el interior de las organizaciones populares las relaciones se basan en el ciclo de “dar, recibir y devolver” ayuda, bienes y dinero. Estos intercambios simbólicos dan lugar al establecimiento de obligaciones ambiguas y disputas entre sus integrantes. Si bien el acceso a recursos estatales les permite realizar actividades y anudar compromisos, suscita conflictos entre sus miembros. La gestión de programas sociales facilita el acceso a dinero y habilita la circulación de recursos, pero a su vez multiplica las tareas administrativas y genera la necesidad de cumplir con nuevas obligaciones por parte de las comisiones directivas. Las desigualdades sociales existentes entre los integrantes de las organizaciones se refuerzan en la medida en que éstos realizan trámites en organismos y oficinas públicas. La gestión de proyectos alienta disputas por los cargos en las comisiones directivas y refuerza las jerarquías existentes.
En los últimos 20 años, en los organismos y oficinas estatales se extendió una manera de distribuir recursos a los más pobres entregando subsidios a organizaciones populares. Por su parte, éstas han demandado y recibido dinero para sostener sus actividades presentando proyectos. La mirada sociológica de los procesos descritos en este trabajo sirve para evitar una evaluación distante de las prácticas de los sectores populares y reconocer que sus organizaciones son agentes activos en el subcampo del Desarrollo Social. Asimismo, permite observar la complejidad de los cambios experimentados por las organizaciones populares, ya que el acceso a recursos públicos les ha facilitado sostenerse, pero ha multiplicado sus actividades y ha aumentado los conflictos entre sus miembros. Por ello, sus integrantes deben esforzarse cada vez más para mantener sus compromisos y lealtades
