Artículos

 

Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán*

 

Drugs, violence and militarization in rural Mexico. The case of Michoacán

 

Salvador Maldonado Aranda**

 

** Doctor en antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, profesor-investigador del Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán. Temas de especialización: reforma del Estado, democracia y ciudadanía bajo perspectivas de violencia, inseguridad y drogas. Dirección: Martínez de Navarrete núm. 505, colonia Las Fuentes, Zamora, Michoacán. Correo electrónico: <maldonado@colmich.edu.mx>.

 

Recibido: 23 de noviembre de 2011.
Aceptado: 28 de noviembre de 2011.

 

Resumen

En los medios de comunicación internacionales, las drogas han recibido mucha atención, al igual que en México, pues se asocian a la violencia, la corrupción y la militarización. Si bien esto es comprensible por la importancia de las operaciones de los cárteles en las zonas fronterizas, la producción y el tráfico de drogas son fenómenos generalizados en otras partes del país, como Guerrero y Michoacán. Este último estado tiene una larga historia al respecto, así como de campañas militares para combatirlos. En este documento se examinan las transformaciones socioeconómicas y políticas del sur de Michoacán y se analiza el surgimiento del narcotráfico como resultado de los profundos cambios en materia agraria y las reformas neoliberales implantadas.

Palabras clave: narcotráfico, Estado, región, movilidad, violencia.

 

Abstract

Drugs have attracted a great deal of attention in the international media, as they have done in Mexico, since they are associated with violence, corruption and militarization. Although this is understandable, due the importance of the drug cartels on the border zones, drug production and trafficking are widespread phenomena in other parts of the country such as Guerrero and Michoacán. Michoacán has a long history in this area as well as military campaigns for combating them. This document examines the socio-economic and political transformations in the south of Michoacán and analyzes the emergence of drug trafficking as part of the profound changes in agrarian issues and the neoliberal reforms implemented.

Key words: drug trafficking, State, region, mobility and violence.

 

Después de largas décadas de tener al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido de Estado, ocupando la Presidencia de la República y las instituciones legislativas y judiciales, los mexicanos muy difícilmente podían imaginar que la transición política vendría acompañada de una ola de violencia criminal que ha empañado severamente la democracia. Tampoco pronosticaban que después del fin de la era priísta, en el 2000, el narcotráfico y la delincuencia organizada adquirirían un enorme poder con capacidad para desestabilizar las frágiles instituciones de seguridad. Para comprender cómo emerge el narcotráfico durante la transición política como uno de los problemas más apremiantes para el gobierno y la sociedad civil, analistas, académicos y periodistas buscan interpretaciones en dos direcciones. En primer lugar, dirigen sus pesquisas al nacimiento y ocaso de los grandes cárteles y capos, relacionando sus hazañas y fracasos con traiciones y corrupción. El énfasis del discurso sobre los narcotraficantes como héroes que transgreden la ley, corrompen funcionarios y benefician al pueblo tiene mucha influencia de la cultura priísta, relacionada con el culto a la personalidad, la impunidad y las relaciones informales.¹ En segundo lugar, toman como punto de partida la descomposición del régimen priísta para dar cuenta de la violencia criminal.² Los pactos de la narcopolítica, se dice, funcionaron como reglas no escritas que permitieron al Estado regular el narcotráfico (Astorga, 2001), pero con la crisis de la hegemonía del pri se fracturaron las alianzas entre narcos y políticos, por lo que los cárteles adquirieron independencia para competir por el control del negocio ilícito (Serrano, 2007). Una hipótesis derivada de este planteamiento es que el auge del narcotráfico se produce por las limitaciones constitucionales del sistema jurídico. La fortaleza de la estructura delincuencial se interpreta como un problema de vacíos legales, lo que supone que es necesario hacer reformas que impidan a los actores ilegales rebasar o apropiarse de los aparatos del Estado. Estas perspectivas aportan elementos muy importantes para comprender la violencia relacionada con las drogas y la militarización del México actual.

Sin embargo, dichas tesis parten de la premisa de que el Estado detenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza, pero no toman en cuenta el porqué no toda la fuerza del Estado es legítima y legal (Dan y Poole, 2004). De acuerdo con Heyman, el derecho del Estado crea sus contrapartes: zonas de ambigüedad e ilegalidad, submundos criminales, mercados negros, migrantes ilegales, protección especial. Las zonas ambiguas entre lo legal e ilegal son una razón para pensar que los Estados no son perfectos, delimitados o completos, como ellos dicen (1999: 10). Las hipótesis sobre la descomposición del régimen priísta reproducen la imagen de un régimen centralizado, personalista y bastante homogéneo cuya crisis está provocando espirales de terror, que van desde la criminalización de la misma élite política nacional hasta la de niveles locales del poder. La representación centrista del régimen suponía que el Estado regulaba la violencia mediante estructuras corporativas y clientelares o hacía concesiones a grupos y líderes para evitar el conflicto, pero como han demostrado varias investigaciones al respecto (Pansters, 1997; Rubin, 2003), el régimen mexicano no era tan centralizado ni piramidal como para contener la violencia. Los casos de narcotráfico documentados durante el priísmo apuntan, más bien, a un Estado deficiente que hizo concesiones estratégicas para mantener el orden (Flores, 2009; Enciso, 2010; Palacios y Serrano, 2010), o bien que sus aparatos locales fueron capturados por grupos que actuaban en los límites de lo legal y lo ilegal (Gledhill, 2003). Cuando observamos que el régimen político no fue una dictadura perfecta ni mantuvo un control absoluto de la violencia criminal, nos preguntamos: ¿Qué procesos detonaron el auge del narcotráfico y la violencia?

En este artículo argumento que el auge del narcotráfico puede comprenderse a partir de las reformas neoliberales del Estado y propongo abordar el problema a partir de la revisión de dos aspectos interrelacionados. En primer lugar, las políticas de ajuste estructural y la reestructuración económica, política y social, que contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades, con particular énfasis en las drogas. Varios estudios multinacionales sobre las drogas enfatizan el hecho de que las políticas de ajuste estructural han afectado ampliamente la reproducción social, la movilidad económica y el financiamiento al desarrollo y el bienestar (Youngers y Rosin, 2005; Maldonado, 2010b). Esto ha traído como consecuencia una profunda redefinición de los niveles de vida y la falta de oportunidades, movilidad y bienestar en contextos donde el Estado se ha retirado territorial y socialmente de la población (Dun, 2009). En segundo lugar, las transformaciones neoliberales del Estado relacionadas con cuestiones de seguridad, corrupción y protección política. La violencia forma parte de un fenómeno más global, que tiene que ver con la desregulación económica y los cambios en los mercados informales ilegales-criminales y el mercado político. La acumulación social de la violencia involucra la existencia de dos mercados: uno que realiza transacciones de mercancías económicas ilícitas y otro que, imitando al primero, produce y trafica con mercaderías políticas, como el clientelismo y la corrupción. Es el desequilibrio o la competencia por estos mercados y su eventual regulación lo que provoca una lucha por realizarla sobre la base del Estado (Messi, 2006: 219-220). Estos dos aspectos sitúan la emergencia del narcotráfico en un contexto de desmantelamiento del Estado y de desregulación económica y política con impactos severos en regiones tradicionalmente productoras de drogas. En este texto reconstruiremos algunas de las consecuencias de estos procesos con un análisis pormenorizado acerca de cómo algunas regiones abandonadas por el Estado se transformaron en territorios ingobernables, donde la ley sólo está parcialmente presente, donde no garantiza seguridad, donde las carreteras no penetran, donde la comercialización es escasa y las instituciones educativas —cuando existen— son deficientes (Dun, 2009: 40). Para entender la complejidad de la violencia actual se necesita echar una mirada periférica a las historias heroicas o nacionalistas sobre los cárteles (Maldonado, 2010a y 2010b).

Por lo tanto, en este artículo analizo el vínculo de las transformaciones neoliberales del Estado mexicano con las políticas de reestructuración económica, política y social, haciendo particular énfasis en las regiones donde el narcotráfico se ha asentado. Para ello documento las transformaciones económicas y sociopolíticas del sur de Michoacán,³ donde emergió un poderoso narcotráfico regional que ha desafiado a las instituciones. Analizo brevemente cómo se construyeron en la región formas de soberanía local debido al relativo aislamiento geográfico, a los cacicazgos y las rebeliones contra el centro político nacional, que el Estado posrevolucionario trató de remediar con grandes proyectos de inversión pública que luego fueron abandonados, durante los años ochenta, por las políticas neoliberales, dejando un hueco que fue llenado por el narcotráfico y las actividades ilícitas. Tanto la crisis económica como la corrupción, más la migración internacional y las políticas antidrogas, propiciaron la emergencia de organizaciones criminales transnacionales. El poder del narcotráfico regional dio lugar a la aparición del cártel de los Valencia, o del Milenio, y posteriormente al surgimiento de la Familia Michoacana, que han puesto en jaque las políticas oficiales de seguridad. Actualmente, la región sigue siendo un territorio productor y exportador de amapolay mariguana, así como receptor de cocaína proveniente de Sudamérica, y se le identifica como la capital mundial de la producción de drogas sintéticas.⁴ ¿Cómo ha sido posible que algunas regiones rurales se hayan transformado en zonas para el narcotráfico, fuera de la vista del gobierno? ¿Qué papel han jugado el Estado y los actores locales en la construcción del tráfico de drogas? ¿Qué es lo que está en juego en la guerra contra el narcotráfico?

Mapa de Michoacán

 

EL SUR DE MICHOACÁN: UN ESTUCHE DE HORRORES

Para comprender la compleja historia de esta región, es necesario contar con algunos antecedentes históricos y geográficos. El sur se ha distinguido históricamente por ser un territorio de frontera. Para González y González, "es un país tropical, un medio de mala reputación, distante de las rutas máximas del tráfico mercantil. Está fuera de camino" y "por su débil situación respecto a las veredas del hombre, se le estampó el epíteto culto de Última Tule y el apodo de fondillo del mundo" (1991: 107). Porque, "aparte de apartada [...] era casi inaccesible, debido a sierras, serranías y barrancas que la rodean", lo cual llegó a causar tanta extrañeza que se le llegó a catalogar como "un estuche de horrores" (González y González, 1991: 107). Las campañas y misiones de conquista espiritual "consiguieron innovaciones litúrgicas, pero fracasaron como moralistas y teólogos. Los terracalidenses se mantuvieron, según un "inspector" del siglo xviii, obtusos, "inquietos, insubordinados, ebrios, traidores, holgazanes, inclinados a la lujuria desenfrenada, tahúres", ignorantes y supersticiosos" (González y González, 1991: 108). Este estilo indolente de vida se atribuye a la nula transformación de la región. Hacia el siglo XIX contaba con "Caminos de acceso poco menos que impracticables, temperatura cálida y seca, fétidos vapores como de sepulcro abierto [...] habitación placentera a la vista e insana en gran manera" (González y González, 1991: 112). En parte, caciques y hacendados ejercieron su dominio utilizando ejércitos particulares contra la rebelión y los asaltos, y contra la intervención del centro político nacional. Así es como surgieron soberanías paralelas, pues nada menos que una gran parte del territorio del sur estaba controlada por cinco haciendas hacia el siglo XIX. Fuentes históricas señalan que es muy probable que durante ese tiempo se haya generalizado el cultivo de droga junto con la explotación minera, paliando las extenuantes jornadas de trabajo y aislamiento. Con todo, la región fue terreno fértil para todo tipo de comercio ilegal de madera, tabaco, animales, armas y drogas.

El sur de Michoacán se consideró una zona periférica, indomable e indolente por varios siglos.⁵ Sin embargo, la difícil situación geográfica, política y social buscó paliarse con una estrategia de desarrollo regio-nal por parte del Estado posrevolucionario. Desde 1947 se abrieron cientos de kilómetros de carreteras y brechas, se repartieron miles de hectáreas a campesinos, se otorgaron créditos para el campo y se regularon los precios de los productos agrícolas. Se llevaron a cabo proyectos hidráulicos, minero-metalúrgicos e hidroeléctricos con la finalidad de "integrar" la región a la economía y política nacionales. Las magnas obras y los servicios públicos crearon un polo de desarrollo que llegó a ser bien visto por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos apoyos oficiales contribuyeron a crear una economía agrícola y minera relacionada con el mercado estadounidense. La producción y exportación agrícolas no sólo hicieron ricos a empresarios y caciques políticos, sino también a narcotraficantes, quienes utilizaron la infraestructura y las redes de comercio para expandir el cultivo y tráfico de drogas.⁶ En efecto, la producción de drogas ya era una práctica común entre la población rural y el tráfico era realizado por hombres fuertes o aventureros a través de las rutas del Pacífico y por caminos de terracería solamente transitados por los lugareños.⁷ El auge del narcotráfico es profundamente rural.

 

CONFIGURACIÓN DE TERRITORIOS INGOBERNABLES

En primer lugar, la región de Tierra Caliente, situada a unos 500 metros sobre el nivel del mar (msnm), se distingue por su producción agrícola para el mercado nacional e internacional, y su ciudad más importante, Apatzingán, alberga las principales oficinas de gobierno, así como agroempresas y residencias de ricos empresarios, caciques y narcotraficantes. Como la franja conocida como el valle de Apatzingán bordea la Sierra Madre del Sur, muchas localidades se convirtieron en narcopueblos por su posición geográfica, que permitía cultivar droga entre la serranía y la planicie. Los municipios más representantivos son Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Arteaga y Aguililla, poblaciones por donde muy difícilmente se puede transitar en la actualidad. Durante los años ochenta, la comunidad de El Raspador,⁸ situada entre Apatzingán y Aguililla, se distinguió por albergar a grandes capos de la droga. Las casas que bordean la carretera imitan algún partenón, con camionetas último modelo que difícilmente pueden ser producto del trabajo agrícola honrado.⁹

En segundo lugar, la región de la Sierra Madre del Sur, cuyas estribaciones oscilan entre los 800 y los 2 000 msnm, y se extiende a los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Algunos puntos fronterizos entre estas entidades se conocen como "pequeños triángulos dorados", por ser zonas sin seguridad.¹⁰ Los principales plantíos de droga se ubican en las inmediaciones de la Sierra. Dicho territorio, rico en madera, fauna y flora, fue el que menos cambios tuvo con los proyectos del Estado posrevolucionario.¹¹ Lo accidentado del lugar obligó a construir pistas aéreas para tener mejor comunicación con y entre los recónditos poblados, pero con los años los narcos las utilizaron para el tráfico de drogas. Las po-blaciones sólo tienen contacto con el Estado a través de los caciques o el ejército, o muy esporádicamente cuando tienen que acudir a alguna oficina de gobierno. Las deficiencias de servicios públicos se compensaron con otros bienes, como televisión satelital, teléfonos celulares, camionetas de lujo y bienes de una modernidad efímera que proporciona la cultura del narco.

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra la Costa michoacana, donde habitan pueblos nahuas en elevaciones de entre 500 y 700 msnm. Algunos pueblos indígenas, como Aquila, Pómaro, Coyre y Ostula, resistieron distintas invasiones rancheras, pero finalmente logró imponerse una mayoría mestiza (Gledhill, 2004, 1995). Durante el siglo XX, este territorio étnico fue objeto de disputas por el desplazamiento de los rancheros en terrenos comunales, comprando irregularmente la tierra o tomándola por la fuerza. Algunas comunidades indígenas se involucraron en el cultivo ilegal debido a los ciclos económicos o las coyunturas políticas, pero siempre con agudos conflictos agrarios con los mestizos al pretender privatizar la tierra, arrendarla para sembrar droga o realizar ellos mismos el cultivo. En los años ochenta se construye la carretera federal entre el puerto de Lázaro Cárdenas, Manzanillo e Ixtapa-Zihuatanejo, cubriendo gran parte de la costa del Pacífico, lo que provocó un aumento del tráfico de drogas por tierra, mar y cielo. Desde entonces ha habido violencia de manera ininterrumpida por la disputa de terrenos comunales y pequeñas propiedades en la Costa, debido a las presiones de grupos económicos legales e ilegales por apropiarse de extensiones territoria- les para inversión turística, tráfico de droga y explotación minera, pero sobre todo para controlar los puertos marítimos.

En conjunto, los territorios del sur de Michoacán desarrollaron complejas redes espaciales, económicas, políticas y familiares que configuraron esta región del narcotráfico. Estas redes se distinguen por contar con una cultura regional ranchera que otorga cierta identidad al narcotráfico. Esta cultura se caracteriza por los valores del individualismo frente al Estado y de la familia contra la sociedad, y por un exacerbado catolicismo popular. El ranchero se ubica formalmente en el plano de la igualdad individual, pero socialmente desigual frente a sus semejantes y superior ante los demás sectores rurales: indios y ejidatarios (Barragán, 1997: 186). Se representa al margen del Estado debido a que escasamente ha sido objeto de apoyo, a la parcialidad de la ley y a las frecuentes y agresivas intervenciones policiacas o militares en su contra. Los códigos rancheros han tejido una red de silencio y solidaridad entre quienes cultivan y trafican drogas y sus nexos espaciales-familiares permiten evadir la ley entre ciudades medias y territorios serranos. Una vez que el narcotráfico forma parte de la economía y la cultura regional, la población lo adopta como un estilo de vida y de movilidad social.

Como consecuencia, los territorios en donde se asienta el narcotráfico se amplían a la zona templada de Uruapan y gran parte de la sierra Jalmich. En el transcurso de los años setenta llega a esta zona la semilla de mariguana, que empieza a ser cultivada por unos cuantos de los más atrevidos, y su cultivo se expande al mismo tiempo que los desmontes para producir maíz se reducen (Barragán, 1997: 186-187). La zona templa- da de Uruapan se consolidó como la principal productora de aguacate para el mercado estadounidense y más tarde para el europeo. Se dice que se invirtieron grandes capitales ilegales en fincas aguacateras, pero también que gente de la Sierra se desplazó hacia esta zona para protegerse ante el aumento de la violencia.¹² En síntesis, durante el boom de la droga en los años sesenta, el ejército destruyó 374 hectáreas de amapola y cerca de 200 hectáreas de mariguana, así como innumerables plantíos, además de la intercepción de droga en la región sur.¹³ Para los años setenta, las cifras oficiales señalan un porcentaje elevado de destrucción y aseguramiento de droga. Por ejemplo, se destruyeron trece millones y medio de plantas de amapola, más de treinta hectáreas y alrededor de dos mil plantíos de amapola, varios kilos de opio y heroína y casi una tone- lada de semilla. En cuanto a la mariguana, se destruyó una y media toneladas lista para el consumo, quinientas cincuenta hectáreas cultivadas, aproximadamente quinientos plantíos y noventa y cinco toneladas de semilla, entre las cifras más importantes.¹⁴

 

POLÍTICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL, DROGAS Y VIOLENCIA

Durante los años ochenta, la crisis económica dio lugar a la adopción de políticas de ajuste estructural que repercutieron ampliamente en el sur de Michoacán. El recorte presupuestal para infraestructura, créditos, insumos y precios de garantía para la agricultura impacta de manera muy fuerte en la próspera economía regional. La caída de los precios internacionales de los productos agrícolas colapsó las economías domésticas y empresariales de la región. Adicionalmente, había enormes problemas de corrupción entre el gobierno y las asociaciones ejidales, y con los propietarios privados, que edificaron un caciquismo muy violento sustentado en la impunidad.¹⁵ Empresas y comercios se fueron a la ruina, mientras que gran parte de la infraestructura oficial quedó abandonada. Productores agrícolas y dueños de empacadoras de frutas y hortalizas ya no invirtieron sus ganancias ante la reducción de los precios y los problemas de comercialización, crónicos, por lo demás. Grandes compañías transnacionales cancelaron sus acuerdos con productores rentistas, dejando las tierras profundamente deterioradas por el uso intensivo y la utilización de plaguicidas y fertilizantes para obtener mayor rendimiento,¹⁶ y aunque el gobierno implementó programas compensatorios no logró elevar los niveles óptimos de exportación. Con la administración de Carlos Salinas de Gortari, el Estado abrió el sector agropecuario a la inversión privada, nacional y extranjera, quitándole apoyo político y económico a las asociaciones agrícolas y de productores rurales. Estas medidas eliminaron la asistencia oficial, ocasionando la descapitalización del campo. En algunos casos, el dinero ilícito compensa las deterioradas condiciones sociales, mientras que la población rural optó por cultivar droga en montes y sierras de manera más sistemática.

Las políticas neoliberales se articularon con dos procesos significativos que van a dar una relevancia inédita al narcotráfico. En primer lugar, la implementación de políticas antidrogas en Colombia, Perú y Bolivia redujeron el cultivo, el procesamiento y el tráfico.¹⁷ Estas políticas prohibicionistas provocaron una disminución en la llegada de sustancias ilícitas, por lo que México pasó a ocupar un lugar central para abastecer de mariguana y heroína al mercado estadounidense. Asimismo, con la cancelación de la ruta del Caribe, la costa del Pacífico se convirtió en una zona estratégica para el tráfico hacia Estados Unidos. El sur de Michoacán, cuya costa es una de las más extensas y hasta hace poco tiempo con nula vigilancia, juega un papel central en la recepción de cargamentos de cocaína y su posterior exportación. En segundo lugar, la descapitalización del campo y la implantación de políticas antidrogas se generan en el marco de las políticas de descentralización administrativa del Estado mexicano (reforma al artículo 115 constitucional), que dan poder a las instituciones estatales y municipales, controladas por grupos políticos o por caciques. Estas reformas del Estado fortalecieron los arreglos locales y regiona- les de ciertos actores involucrados en el narcotráfico y la política. En el caso de Michoacán, el gobierno estatal de los años ochenta cuestiona el cen- tralismo del gobierno federal y el papel del ejército en acciones policiacas de vigilancia, cuyos efectos repercutieron en un escaso monitoreo de las actividades ilegales, hasta ese entonces mantenidas en relativo secreto público-estatal.

Los factores mencionados tienen un impacto profundo en la configuración moderna del narcotráfico. El fenómeno más inmediato es el flujo de personas hacia el cultivo y procesamiento de drogas en serranías y cañadas, mientras que otras optan por la migración internacional. Conforme aumentan los cultivos de droga y la demanda, y se acentúan los flujos migratorios, se fortalecen las asociaciones ilegales transfronterizas e interregionales. Mediante redes familiares y de paisanaje,¹⁸ grupos de jóvenes y adultos pasan a formar parte de organizaciones criminales, tanto en su lugar de origen como en Estados Unidos. Esta situación se acrecienta cuando la ley Simpson-Rodino restringe el flujo de migrantes indocumentados. Muchos jóvenes que pretenden seguir la trayectoria migratoria legal de sus padres, hermanos o amigos, se enfrentan a una serie de obstáculos que los orilla a embarcarse en desafíos extralegales para construirse un mejor futuro. El prestigio personal es también una fuente poderosa para atreverse a cruzar los límites legales. Muchos de ellos obtuvieron grandes ganancias del cultivo y el tráfico de drogas con un golpe de suerte. Esto genera una percepción generalizada de que sólo por medios extralegales se puede progresar, por lo que el narcotráfico parece ser el mejor camino a seguir por quienes ven frustradas sus expectativas de construirse una vida mejor o ascender más rápidamente que otros. Si se recorren los narcopueblos se puede observar en la conducta cotidiana de algunas personas que el dinero juega un papel revelante por el prestigio que proporciona, como cuando, en una ocasión, durante una entrevista con un candidato a un puesto de elección popular, llegó un joven narcotraficante, acompañado de tres mujeres —a quienes trató con prepotencia—, para brindarle "todo su apoyo" al candidato.¹⁹

Los desenlaces que produjeron las políticas neoliberales y prohibicionistas en la vida de los pobladores son bastante dramáticos. En los centros urbanos de Tierra Caliente la crisis de la agricultura repercutió ampliamente en la estabilidad financiera de las élites, afectando los circuitos que soportan la economía regional. Estos circuitos fueron compensados y/o aprovechados por el narcotráfico, ya que las comunidades serranas y costeñas produjeron y procesaron más droga. Así, el negocio ilegal se convierte en sustento de los procesos de inversión legal. Esto mismo sucede con los capitales acumulados que no encuentran rentabilidad ante la carencia de inversiones y transacciones legales. Al final, los bordes entre tales esferas se vuelven indivisibles por medio del lavado de dinero. La relativa distancia entre élites o caciques y narcotraficantes se hace más estrecha y borrosa. De forma paralela, la relación entre políticos y narcos es más conflictiva y compleja, en la medida que la droga requiere mayor protección oficial por las campañas de erradicación e intercepción.

Pero la fisonomía de estos desenlaces no es la misma en la Sierra y Costa michoacanas. Con las debidas reservas por la generalización, la gente afirma que durante los ochenta el cultivo de droga va ampliándose hacia terrenos lejanos para la comunicación terrestre.²⁰ Esto provoca desplazamientos poblacionales a las serranías más inhóspitas para cultivar droga. Desde estos años se escucha entre los pobladores, no sin ciertas reservas, hablar de un acentuado flujo de pobladores tanto locales como fuereños hacia la Sierra para cultivar droga, previo contacto con los brokers. Algunos de los narcos que acopian la droga o de los que sirven de intermediarios con los cárteles construyeron ostentosos ranchos, compraron tierras y ganado, mientras que familias enteras fueron expulsadas dada la vulnerabilidad social. Surgieron, así, populares anécdotas acerca de cómo grupos de campesinos "mal vestidos" o "mugrosos" llegaban a agencias automotrices de Michoacán en busca de camionetas último modelo, las cuales, supuestamente, compraban en dólares. También se cuenta que los brokers y los capos penetran en localidades remotas con camionetas de lujo que ofrecen a los lugareños por el cultivo de unos cuantos plantíos: "pa" cuantas matas te gusta esta camioneta".²¹ En la sierra Jalmich "es evidente que la mariguana libró a muchos rancheros de la crisis económica desde los años ochenta [...]. Ha llegado a ser incluso el elemento más dinamizador de las transformaciones ocurridas en la región. Aunque a muy alto costo humano, la mariguana aportó parte de los recursos imprescindibles para abrir brechas, comprar camionetas, dándole así un segundo aliento a la economía" (Barragán, 1997: 186).

En la Costa michoacana, "La siembra de la "yerba" tuvo un clímax de producción en la comunidad indígena de Pómaro entre 1980-1984, periodo en que la siembra de mariguana sustituyó y rebasó la siembra del maíz. Antes de 1980 la pista aérea era una angosta brecha, al inicio de la década se pavimenta y es utilizada por avionetas que trasladaban droga fuera de la zona" (Alarcón, 1998: 198). Para la zona de Tierra Caliente, Luz Nereida Pérez Prado resalta la importancia de la relación entre narcotráfico e inversiones agrícolas como un tema a explorar, en el que, por razones obvias, sólo se puede especular. Según la autora, es interesante notar cómo, en las conversaciones de la gente, el narcotráfico se define como una "nueva forma de corrupción política", en el sentido de que es más "benéfica" para la población que "las formas de antes". El narcotraficante es distinto a los caciques porque no necesita enriquecerse con el dinero del pueblo y realiza mejoras en los servicios de la comunidad sin necesidad de hacerse rico a expensas de los ejidatarios (Pérez Prado, 2001). De manera similar, Victoria Malkin también sugiere poner atención en los nexos entre migración y narcotráfico. Para ella, la migración internacional ha traído cambios sociales y culturales asociados al prestigio, estatus y relaciones de clase. Por ello, el narcotráfico se ha convertido en la mejor forma de ascenso, ya que proporciona una mejor esperanza de vida ante la depresión del campo y los controles migratorios (Malkin, 2003).

En el valle de Apatzingán obtuve testimonios acerca de cómo las familias campesinas enfrentan desafíos entre la crisis agrícola y el narcotráfico. La señora Ortega,²² de 50 años, dueña de una tienda de dulces en un poblado rural mísero, me platica en una entrevista sus estrategias para seguir subsistiendo en el pueblo: gran parte de su familia radica en Estados Unidos, pero a ella y su esposo no les gusta la idea de irse para "el otro lado". Comenta que han optado por sobrevivir en la localidad afrontando los retos diarios en el campo. Cuando hay temporadas en las que les va "muy mal" en la agricultura, buscan contacto con brokers para obtener semillas de mariguana y sembrarlas en las montañas cercanas al poblado. Dice que no hay otra cosa que se pueda hacer, se queja del gobierno, de que no los ayuda a comprar semilla de maíz o frijol cuando las remesas familiares escasean. Para estas poblaciones rurales, el cultivo de mariguana en pequeñas cantidades es una ayuda para paliar sus precarias condiciones de vida.²³ Sin embargo, el ejército regularmente supervisa la región, sitia la localidad, "catean" las casas y recorren las serranías en busca de plantíos. La localización de sembradíos es motivo para tomar declaraciones y realizar consignaciones, previos golpes y amenazas. Durante los días en que el ejército "catea" el poblado, la gente escasamente sale de sus casas; evitan platicar con vecinos para no ser calificados de "mariguaneros".²⁴

 

EL SALINISMO Y LA VIOLENCIA DE ESTADO

La información disponible sugiere una expansión acelerada del narcotráfico en el sur de Michoacán durante la década perdida. No obstante las cuestionables cifras del gobierno estatal, podemos observar algunas tendencias significativas. Entre los años setenta y ochenta hay un aumento importante, más del doble, en el cultivo y tráfico de drogas.²⁵ En los ochenta, el cultivo de amapola va sustituyendo al de mariguana, probablemente por el elevado precio internacional de la heroína. El cultivo se realiza en extensiones más pequeñas de tierra y en recónditos lugares, en vez de hacerlo en terrenos planos, como se hacía años atrás. Por ejemplo, durante toda la década la destrucción del número de hectáreas de amapola y mariguana disminuyó en relación con el número de plantíos, cuyas cifras son de cerca de dos mil hectáreas destruidas por aproximadamente 22 mil plantíos, fundamentalmente de mariguana.²⁶ Otro indicador significativo es el aumento de los decomisos, con un total de 17 toneladas de mariguana y unos kilos de opio y heroína.²⁷ Los plantíos se ubican en las laderas de los cerros alejados de las vías de comunicación y de la vigilancia policial, lo cual también significa que ya no son únicamente familias rancheras las que cultivan o procesan la droga, sino hombres solos, jóvenes o nuevos colonos que ingresan a la Sierra en busca de trabajo, quienes se convierten más tarde en sicarios.

Sin embargo, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el combate a las drogas va a cambiar profundamente, dándole otra fisonomía al narcotráfico.²⁸ Durante su sexenio, los aparatos del Estado se involucraron abiertamente en la lucha por la erradicación con fines políticos, a partir del conflicto postelectoral de 1988 por la Presidencia de la República. Una de las entidades que más resintió la fuerza del Estado luego de las elecciones fue Michoacán, ya que la familia Cárdenas ha sido bastante querida en varias regiones y en particular en el sur del estado, donde Lázaro Cárdenas del Río tenía un rancho desde el cual dirigía los trabajos de la Comisión del Tepalcatepec y Balsas (1947-1970), que transformaría el sur michoacano en una región próspera. Una de las estrategias para opacar el movimiento neocardenista fue la profundización de las campañas del ejército y la policía para combatir el narcotráfico regional. El aumento en la destrucción de cultivos de amapola y mariguana se da, particularmente, en dos años clave. En 1988 se realizan las elecciones federales en medio de una de las campañas antidrogas más fuertes y militarizadas, en la que se destruyeron cerca de noventa hectáreas de amapola y alrededor de mil quinientas hectáreas de mariguana solamente en ese año. Se llevó a cabo un plan de aspersión terrestre y son detenidas mil 380 personas supuestamente relacionadas con las drogas.²⁹ También se decomisan grandes cantidades de armas y vehículos mediante campañas de despistolización. Por lo tanto, en 1988 el combate al narcotráfico forma parte de una estrategia de intervención militar en territorios ingobernables, con grandes descontentos.

En medio de esta violencia de Estado, Salinas asume la Presidencia de la República, por lo que emerge un conflicto postelectoral que va a irradiar los procesos de renovación de las autoridades locales. En 1989 se realizan elecciones locales en Michoacán y la movilización y los plantones contra el fraude electoral crean un estado de emergencia (Beltrán del Río, 1993). La lucha contra las drogas se convierte, otra vez, en el pretexto para disuadir, reprimir o detener a personas involucradas con el neocardenismo. Pascal Beltrán del Río calcula cincuenta asesinatos entre 1986 y 1993 por conflictos electorales (Beltrán del Río, 1993: 19). En 1990, cuando los candidatos electos deben tomar posesión de sus cargos públicos —lo que los movimientos de resistencia neocardenista impidieron en decenas de ayuntamientos—, vuelven a aplicarse aguerridas campañas contra las drogas. Se destruyeron alrededor de quince mil plantíos de mariguana y cerca de mil plantíos de amapola. Si consideramos que estos plantíos se cultivan en comunidades rurales de difícil acceso, podemos entender las campañas antidrogas durante coyunturas políticas trascendentes. El caso más divulgado fue el de la muerte de varios campesinos en el municipio de Aguililla en 1990 (principal centro del narcotráfico), a manos de la policía judicial, y la consignación del entonces presidente municipal, recién electo, por supuestos nexos con el narcotráfico. Este caso dio un giro inesperado cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo la investigación y en su recomendación culpó a los cuerpos policiacos de abuso, tortura y muerte. Desde 1989, el sur de Michoacán se convirtió en un bastión de la oposición política al régimen; Malkin sugiere que tal vez el auge de los partidos de oposición se debe a que las nuevas generaciones de narcos han emergido al margen de las élites locales asociadas al pri (Malkin, 2003: 579). Hoy esta hipótesis ha cambiado significativamente.

Desde los años noventa, la violencia estatal se ha dejado sentir de manera más directa en poblaciones rurales, articulándose con otras violencias. La acumulación y exacerbación de éstas producen grandes desplazamientos poblacionales, alterando la tasa de crecimiento demográfico con una disminución paulatina de 3% en promedio, mientras la tasa de marginación social aumenta, considerándose muy alta.³⁰ La marginación y el decrecimiento poblacional tienen una relación estrecha con la tasa de homicidios, ya que la cuenca del Balsas reúne al 24% de la población estatal y concentra alrededor del 50% de los homicidios de Michoacán. La tasa de la zona triplica a la del estado.³¹ Adicionalmente, muchas localidades se distinguen por un alto grado de migración y envío de remesas. Michoacán es el estado con mayor número de migrantes, que aportan, según el conteo de 2005, cerca de dos mil seiscientos millones de dólares anuales en remesas. Esta cifra equivale al 16.1% de la participación de remesas en el Producto Interno Bruto (PIB) estatal y al 2.7% en el PIB nacional.³²

 

EL CÁRTEL DE LOS VALENCIA, O DEL MILENIO

En este contexto se consolida una de las organizaciones regionales más poderosas, el cártel de los hermanos Valencia Cornelio, que es producto de las disputas por el control del sur de Michoacán, con el apoyo de otros cárteles nacionales, como el de Sinaloa. Al parecer pertenecen a familias "tradicionales", herederas de los desplazamientos rancheros a la sierra, cuyos padres vivieron del comercio en tiendas de abarrotes bien surtidas con todo tipo de productos. Eran aceptados como buenos intermediarios y eran gente de respeto, como cualquier persona con honor, disciplina y trabajo. Los jóvenes hijos aprendieron de sus padres el arte de comprar y vender, sabiendo lo que la gente demandaba para sus necesidades laborales o suntuarias. En pueblos con un historial largo asociado a las drogas y la migración, como Aguililla, las relaciones entre familias tradicionales, políticos y narcos se vuelven muy borrosas, sobre todo cuando el orden social depende de redes de amistad y parentesco. Rodeados de este tipo de nexos, al parecer los hermanos Valencia deciden migrar a Estados Unidos donde obtendrán experiencias y establecerán vínculos para construir el negocio de la droga. Pero para estas generaciones de narcos el control regional del cultivo y tráfico de drogas ya no constituye una meta, sino la posibilidad de generar nuevos mercados. Para ello es imprescindible conocer el movimiento de la demanda de drogas, las redes de poder, la ingeniería financiera y los nichos para el lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes periodísticas, los hermanos Valencia establecieron contacto con cárteles colombianos para traficar cocaína a través de las rutas michoacanas. También se asociaron con los hermanos Amezcua, del estado de Colima, colindante con Michoacán, para controlar la costa del Pacífico. Los Amezcua fueron considerados "los reyes de la metanfetamina", una droga sintética muy extendida en Michoacán. Para el 2003, el cártel de los Amezcua fue desmantelado, y su lugar lo ocuparon el cártel de Sinaloa y el traficante Ignacio Nacho Coronel, relacionado con los Valencia.³³ Desde entonces, el cártel del Milenio mantuvo una alianza con los sinaloenses. Paralelamente, para Ravelo, los Valencia cobraron fuerza al amparo del poder político de un gobernador michoacano. Afirma que el cártel del Milenio no sólo tenía protección del gobierno, sino de otro político, entonces senador por Michoacán.³⁴ También asevera que la PGR tuvo conocimiento de que el cártel del Milenio estaba ligado al narcotráfico en 1998, tras la aprehensión de Guillermo Moreno Ríos, un colombiano que era su principal proveedor, quien declaró que los Valencia conformaban un cártel bien cimentado y poderoso y que movían toneladas de cocaína a Estados Unidos.³⁵ La fortaleza del cártel provocó cambios significativos en las tendencias del narcotráfico.

Una de las más importantes es el tráfico de cocaína a Estados Unidos, promovido a través de contactos colombianos y pactos con otros cárteles, como el de Sinaloa.³⁶ Durante los años noventa se decomisaron alrededor de 28.5 toneladas de cocaína, aproximadamente ochocientas mil pastillas psicotrópicas, dos mil doscientos kilos de metanfetaminas, 58 kilos de cristal y dos mil cien kilos de morfina, entre las incautaciones más importantes. También se destruyeron más o menos mil trescientas hectáreas de amapola y cerca de seis mil hectáreas de mariguana; se decomisaron alrededor de dos mil 575 toneladas de mariguana. Hay, también, otro tipo de acciones, como el decomiso de heroína e insumos.³⁷ Se dice que durante el reinado del cártel del Milenio se realizaron grandes inversiones en huertas aguacateras de la zona agrícola de los municipios de Uruapan y Peribán (Ravelo, 2008), mientras que los beneficiarios indirectos hacen sus inversiones en tierras cultivables, con la mejor irrigación y tecnología, en bienes raíces e inmuebles, etc. Abundan versiones de que después de la reforma constitucional de 1994 —que transforma en propiedad privada, mediante títulos parcelarios, millones de hectáreas de propiedad social y comunal que antes no se podían vender o arrendar legalmente—, los ejidatarios vendieron grandes extensiones en Tierra Caliente, en la Sierra y Costa michoacanas, a gente desconocida. Algunos de estos terrenos agrícolas son productivos ranchos que funcionan, además, como sistemas de vigilancia y protección de los territorios. El financiamiento ilegal de las campañas electorales ha sido un tema de conversación entre la gente que muy probablemente tiene gramos de verdad. La diversificación de las actividades ilícitas también ha impactado en otras esferas, como el futbol, pues un equipo de tercera división nacional, originario de una población con un mayor índice de narcotraficantes, servía para "lavar dinero". El director técnico pertenecía a las poderosas redes regionales del cártel. Sin duda, el tráfico de cocaína, el cultivo de amapola y mariguana y el procesamiento de drogas sintéticas es un negocio muy disputado por actores armados, legales e ilegales. Veamos algunas cifras en el cuadro 1 (pp. 26 y 27).

Entre 2000 y 2006, el ejército destruyó en promedio veinte mil plantíos y cerca de mil 500 hectáreas de mariguana por año; también un promedio de sesenta plantíos y alrededor de seis hectáreas de amapola. En interdicción, se decomisaron alrededor de cincuenta y cinco toneladas de mariguana por año.³⁸ En 2003, las drogas sintéticas tienen un récord de decomiso de 15 mil 900 pastillas de metanfetaminas, 63 mil 700 pastillas psicotrópicas y 26 kilos de cristal, más la destrucción de dos narcolaboratorios.³⁹ La ausencia de información oficial sobre el tráfico de cocaína y drogas sintéticas nos hace suponer que el cártel del Milenio pudo haber tejido una red muy eficiente de silencios y complicidades para mantener en secreto el negocio. Por lo mismo, comenzó a ser objeto de rivalidad para los demás cárteles. A pesar de que desde 1998 se comenzó a recabar información sobre el dominio de los Valencia, a partir de 2000 ya no es el cártel predominante. Por la situación geográfica y por las amplias conexiones marítimas y terrestres, todos los cárteles tienen presencia en el estado, si bien temporalmente (Ravelo, 2008). La guerra pronto incorpora a otros municipios, como, por ejemplo, Zitácuaro, ubicado en la región oriente, que colinda con la sierra del estado de Guerrero, ya que es una ruta privilegiada para el cultivo y tráfico de drogas hacia el centro de México y su capital. La zona centro de Michoacán, la región purépecha, también tiene cambios importantes; se han destruido laboratorios de droga sintética y varios indígenas han sido asesinados por presuntos nexos con el narco y por el control del territorio.

Para Astorga y Shirk, después del año 2000, el grado de competencia y conflicto entre los cárteles se intensificó dramáticamente. La disolu- ción de pactos políticos se puede atribuir, particularmente, a la reorganización de las agencias policiales de finales de los ochenta, pero también al auge del pluralismo político y los efectos desestabilizadores de la lucha contra el narcotráfico (Astorga y Shirk, 2010: 11). En Michoacán, los verdaderos problemas comenzaron cuando la organización del Chapo Guzmán entró a Tamaulipas para disputarle la plaza de Nuevo Laredo a Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, con la ayuda de los Valencia, de los pistoleros llamados los Chachos y de otros traficantes de los dos Laredos. Sin embargo, no hay claridad de estas alianzas. Ravelo y Astorga coinciden en que la pugna más feroz de las registradas se dio entre el cártel del Golfo y el de los Valencia cuando Osiel Cárdenas pretende dominar las principales rutas y campos de cultivo de Michoacán (Astorga, 2007: 184-210; Ravelo, 2008: 202-203). El sur del estado se convierte en el escenario más violento cuando Osiel se asocia con Carlos Rosales, el Carlitos, ex colaborador de los Valencia, para disputarles el control de la región. En 2003, Osiel envía a los Zetas para apoyar en estas pugnas, cuyo centro es el municipio de Apatzingán. Al Carlitos se le atribuye la organización de la fuga de una docena de prisioneros de los penales de Morelia y Apatzingán, presumiblemente apoyado por los Zetas. Los enfrentamientos entre sicarios dieron como resultado la aprehensión del Carlitos en octubre de 2004, ya entonces compadre de Osiel Cárdenas. Las pugnas entre los cárteles arrojaron como saldo varios detenidos cuyas declaraciones, además de las investigaciones policiales, contribuyeron a la captura de grandes capos, como Armando Valencia, Benjamín Arellano y Osiel Cárdenas, y a la muerte de Ramón Arellano Félix (Ravelo, 2008). En este escenario, el sur de Michoacán se convierte en el campo de batalla de las organizaciones criminales. Desde 2001, los enfrentamientos entre los Zetas y los Valencia se distinguen por sus particulares formas estratégico-militares de combate. Fuentes policiales afirman que los sicarios de los Valencia son entrenados por ex kaibiles guatemaltecos para hacer frente a los Zetas. La espiral de guerra siguió incrementándose conforme pasaron los años. A unas semanas de que Lázaro Cárdenas Batel asumiera la gubernatura de Michoacán, en 2001, rompiendo el longevo monopolio priísta, se desencadenaron fuertes enfrentamientos entre los cárteles y varios funcionarios públicos fueron asesinados, debido a los cambios de personal directivo en los organismos policiacos. Durante estos años no han cesado los actos de terror, que tocaron y están impactando las altas esferas del poder estatal. Han sido asesinados o se ha intentado asesinar a colaboradores muy cercanos de los gobernadores perredistas, como el secretario de Seguridad Pública de los gobiernos de Cárdenas Batel y Leonel Godoy, así como varios ex presidentes municipales y dos diputados locales.

Los atentados perpretados contra el gobierno estatal se dan en actos simultáneos, como las siniestras decapitaciones entre los narcotraficantes rivales, los ajustes de cuentas con las policías corruptas y entre los propios distribuidores. Estos hechos causaron gran preocupación cuando, en septiembre de 2006, la Familia Michoacana arrojó varias cabezas humanas a la pista de baile de un centro nocturno en Uruapan. Esta agrupación manifestó que estaba integrada por gente de Tierra Caliente que pretendía combatir a grupos de traficantes de otros estados, especialmente a los Zetas. Un mensaje escrito en cartulina señalaba que ellos no mataban mujeres y niños, que no mataban por dinero o a gente inocente. "Sólo debe morir quien debe morir. Esto es justicia divina". Lo que llama la atención de este grupo es que reivindica cierta identidad regional que pareciera estar amenazada por fuerzas externas, utiliza la violencia física con un tono de fanatismo religioso y su forma de organización se asemeja a células paramilitares o guerrilleras con ideas de justicia social.⁴⁰ La participacion de la Familia Michoacana en la guerra entre los cárteles y contra el gobierno ha reconfigurado el panorama delictivo dramáticamente. Como veremos, durante el operativo antidrogas en Michoacán, el cártel de los Valencia casi ha desaparecido debido a las detenciones, los asesinatos o el destierro de la región. Con la extradicción de Óscar Nava Valencia —sobrino de los Valencia Cornelio— a Estados Unidos y la muerte del principal contacto de los Valencia con el cártel de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel, ocurrida en julio de 2010, parece concluida la era de dominio de un cártel regional con grandes conexiones transnacionales.⁴¹ Entre tanto, la Familia Michoacana se convirtió en la organización más importante en el control de la producción y el tráfico de drogas sintéticas o vegetales, y recientemente, también, los llamados Caballeros Templarios.

 

OPERACIÓN CONJUNTA MICHOACÁN CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Como hemos visto, la fortaleza de los cárteles se ha construido por una multiplicidad de factores geográficos, históricos y culturales que tienen que ver tanto con la descomposición del régimen priísta como con el desmantelamiento del Estado y la desregulación económica y política, objetivadas en el crecimiento del consumo de drogas, la restricción migratoria, la falta de oportunidades y la expansión de mercados ilícitos, económicos y políticos (corrupción). Los cárteles michoacanos son una síntesis de identidades históricas que traspasan cualquier forma mecánica de presencia o ausencia del Estado. Su estructura responde a estos tejidos identitarios y culturas íntimas de grupos sociales, por lo que difícilmente podrán erradicarse por medio de campañas de militarización. La fetichización de los territorios considerados violentos que el gobierno federal utilizó para justificar la guerra contra el narcotráfico se ha constituido en un problema real para las poblaciones locales. Como podemos recordar, dos semanas después de haber tomado posesión como presidente de la República, Felipe Calderón anunció una cruzada nacional para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. El modelo militar utilizado forma parte de una estrategia internacional contra las drogas diseñado conjuntamente con Estados Unidos. Dicho modelo se inspira en el Plan Colombia, que prescribe la militarización de las regiones donde se cultiva, procesa y trafica hoja de coca en cocaína. De igual manera, la estrategia calderonista comienza en las regiones más violentas por la presencia del narcotráfico. La primera campaña se lleva a cabo en el estado de Michoacán, y se denomina, en consecuencia, Operación Conjunta Michoacán.⁴² Con esta operación, más de siete mil elementos de distintas corporaciones policiacas y militares son enviados a patrullar el estado, y en especial la región sur de Michoacán; contaba con un presupuesto anual de mil 250 millones de pesos para armamento, desplazamiento, material logístico y de inteligencia, y se incrementó durante 2007.⁴³ El desplazamiento terrestre y aéreo de militares y policías fue espectacular, pero nada extraño para una región que ha aprendido a vivir con la fuerza militar y policial por décadas.

Durante el 2007, las acciones del operativo son contundentes e impactantes. Por medio de reconocimientos aéreos, uso de inteligencia, establecimiento de retenes vehiculares y continuos y permanentes patrullajes en la región se produce una cascada incuantificable de datos sobre el operativo antidrogas. Se reporta destrucción y decomiso de sustancias ilegales, armamento, equipo de comunicación, dinero, uniformes de policía, precursores químicos, etc. El decomiso de miles de armas y cartuchos revela la existencia de un mercado paralelo a los mercados de la droga, la prostitución y el alcohol. Entre las acciones contra los narcos se logró la aprehensión de varios cabecillas de los Zetas y del cártel del Milenio. La captura o el asesinato de los narcos desencadenaron múltiples efectos en el entramado de ilegalidades, que va desde el productor de droga vegetal o sintética, los intermediarios entre el acopio y el tráfico, el narcomenudeo y los jefes de plaza hasta el rejuego de los nexos con el poder público. También surgieron, de manera paralela, problemas muy graves por las violaciones a los derechos humanos.⁴⁴

El operativo militar, naval y policía federal fue muy importante por los resultados inmediatos que arrojó, pero los enfrentamientos armados entre los grupos y entre éstos y las fuerzas estatales y militares no menguaron; al contrario, se incrementaron dramáticamente. El 15 de septiembre de 2008, en la ciudad de Morelia, en pleno festejo por el aniversario de la Independencia nacional, se lanzaron dos granadas de fragmentación contra la población civil que causaron la muerte de tres personas y les provocaron heridas a 111 más. Este atentado contra la población cambia la lógica de la guerra entre el Estado y el narcotráfico, desencadenando enfrentamientos directos entre la Familia Michoacana y la Policía Federal. Desde entonces las autoridades federales presumen que el gobierno de Michoacán tiene nexos con la Familia, mientras que esta organización acusa a la Policía Federal de proteger al cártel del Golfo. La politiza-ción de las campañas antidrogas adquirió nuevas dimensiones cuando, el 26 de mayo de 2009, en una acción sin precedente, fueron aprehendidos 29 funcionarios del gobierno estatal, entre los cuales figuraban diez alcaldes de distintas filiaciones partidistas, pero en mayor medida del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Una buena parte de los alcaldes eran de la región sur de Michoacán. El gobierno estatal, de filiación perredista, se quejó de la intervención en los recintos municipales y en el palacio de gobierno para realizar los arrestos sin haber recibido ninguna notificación.⁴⁵ Esto dio paso a una serie de descalificaciones políticas y tensó las relaciones entre los poderes públicos. Un año y medio después, todos los funcionarios arraigados fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Quizás el caso más conocido es el de un medio hermano del gobernador Leonel Godoy que había ganado una diputación federal, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. La PGR pidió una orden de arraigo en su contra, pero se dio a la fuga y después de meses de prófugo logró tomar posesión del cargo, hasta que lo desaforaron. Actualmente está prófugo de la justicia. Las imputaciones federales de que el gobierno estatal tiene nexos con la Familia Michoacana han causado grandes controversias, tanto por el llamado "michoacanazo" como por la divulgación de que dicho cártel es el más importante y poderoso y ha convertido a Tierra Caliente en la mayor fábrica de anfetaminas del mundo.⁴⁶

A la Familia Michoacana se le atribuye uno de los rasgos más violentos de todas las organizaciones criminales. A partir de la aprehensión de uno de sus líderes, el Cede, se generalizó la idea de que es una asociación criminal alentada por un fanatismo religioso que recluta sicarios en centros de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Y aunque hay casos probados, la Familia es más que eso, y se ha convertido en el grupo más poderoso con capacidad para controlar y administrar la ilegalidad en el estado y para extender sus redes a otras entidades federativas y Estados Unidos; para cooptar desde funcionarios públicos de alto rango hasta policías municipales. Tiene una red nacional e internacional bien cimentada para producir y traficar droga vegetal y sintética; cuenta con células de sicarios en los municipios para controlar todo tipo de ilegalidades; practica acciones de "justicia popular" al eliminar delincuentes comunes, mediar en conflictos personales o, contrariamente, cobrar cuotas al comercio, ejercer protección personal, etcétera.

Poco a poco, la Familia se ha convertido en el principal enemigo del Estado y el gobernador ha guardado un hermetismo muy fuerte en vez de desmentir las suposiciones oficiales. El 10 de julio de 2009 fue arrestado uno de los principales dirigentes de la Familia, apodado el Minsa, lo que desató uno de los enfrentamientos más fuertes. Sincronizadamente, fueron atacados 16 destacamentos de la Policía Federal; posteriormente, una caravana fue emboscada y en el hecho 12 policías fueron ejecutados. Un día después, un dirigente de la Familia propuso dialogar y establecer un pacto para terminar con la violencia, y acusó al gobierno de proteger al cártel del Golfo. El gobierno federal se ha negado a aclarar las cosas con altanería, y en respuesta envió miles de policías federales más a patrullar el estado, mientras la Familia Michoacana sigue emboscando patrullas federales de una manera deportiva. Es necesario decir que en sus comunicados ha señalado que ellos no se meten con el ejército y que su problema es con la Policía Federal. En el mes de junio de 2010 se volvió a atentar contra una caravana de policías federales en el municipio de Zitácuaro, donde 10 agentes fueron acribillados y otros siete resultaron heridos. Durante los atentados se obstruyen las carreteras de acceso con camiones incendiados para evitar el auxilio de la fuerza pública. El hecho más significativo ocurrió en los primeros días de diciembre de 2010, y en ese suceso la Familia demostró su poder real, cuando un convoy de policías federales recorría comunidades rurales (donde en un tiempo hice trabajo de campo) en las inmediaciones del valle de Apatzingán, donde fue agredido por grupos de sicarios fuertemente armados. El enfrentamiento tomó grandes proporciones por el número de muertos en los dos bandos, pero sobre todo por la difusión mediática de que uno de los principales líderes de la Familia, Nazario Moreno, alias el Chayo, o el Más Loco, había caído muerto en los enfrentamientos. Se habló de numerosos desplazamientos forzados hacia la sierra, y de la formación de trincheras para impedir el acceso a territorios serranos. Mientras esto sucedía, al menos 20 ciudades o pueblos fueron sitiados con numerosos autobuses incendiados; asimismo, se atacó a gasolineras y estaciones de autobuses, provocando la muerte de civiles. Con esto, las ciudades fueron paralizadas y atemorizadas. Finalmente, después de varios días, la Familia y el gobierno afirmaron que el Más Loco había muerto, pero no lo probaron. Luego, el grupo delictivo emitió comunicados resaltando su decisión de desintegrarse, pero también que su apoyo estaría presente si otro grupo pretendía seguir con la defensa de los michoacanos ante las amenazas.

En el mes de marzo de 2011, un nuevo grupo llamado los Caballeros Templarios hizo su aparición pública colgando a dos jóvenes de puentes peatonales en Tierra Caliente. Entre la segunda y tercera semanas de junio de 2011, la pugna entre los cárteles se recrudeció, con la muerte de alrededor de 40 personas. Versiones periodísticas señalan que la pugna se dio entre los Caballeros y el Chango Méndez, quien, según los primeros, se alió a los Zetas para mantener el control del narcotráfico luego de la muerte de Nazario Moreno. A mediados del año 2011 se logró la aprehensión de el Chango Méndez, el segundo líder más importante de la Familia, cuya captura pudo haber generado cambios importantes en el narcotráfico. Por todo esto, parece que, efectivamente, hay un Estado capturado en el territorio michoacano (Finnegan, 2010), con consecuencias graves para las instituciones y la población. Las amenazas para exigir que los funcionarios públicos tomen decisiones ajenas a la legalidad indican una mayor autonomía de estos grupos delictivos para incidir en la renovación pública o provocar la renuncia de autoridades electas mediante el voto, dejando los poderes públicos acéfalos.⁴⁷ Durante las elecciones locales de noviembre de 2011, decenas de candidatos renunciaron por "motivos personales" o "enfermedad" y un presidente municipal fue asesinado.

 

CONCLUSIONES

En este artículo planteamos que el problema del narcotráfico en el México rural tiene una historia compleja de formación de identidades políticas en relación con el Estado mexicano, que los grupos asociados al narcotráfico son el producto de un tejido político, cultural y social que ha ido moldeándose a través de las relaciones que establece el Estado con el territorio y sus identidades. Durante el siglo XX, los proyectos del Estado por "integrar" regiones tradicionales a la modernidad se llevaron a cabo sobre la base de una economía agrícola ejidal que dejó de lado a grupos como los rancheros, quienes crearon, por su parte, sus propios medios de supervivencia. Así, en la región sur de Michoacán se construyeron soberanías locales más eficaces que la ley mediante la defensa del territorio y sus recursos, las cuales pretendió eliminar el Estado nacional con políticas de intervención pública. La intención de integrar estas regiones a la nación mediante la modernización agrícola o política tuvo efectos importantes, pero quizá demasiado tardíos, pues el narcotráfico ya había penetrado la vida económica y política de las comunidades a través de los grupos que habían quedado al margen. Gran parte de los proyectos estatales se resignificó para ampliar las redes de cultivo, procesamiento y tráfico de drogas. Así, se construyeron y ampliaron espacios de poder local y regional donde los narcotraficantes y políticos convivían delicadamente.

Quizá, regiones como el sur de Michoacán podrían interpretarse a través de pactos establecidos por el régimen priísta para mantener el narcotráfico con un perfil bajo; finalmente, fueron las élites las que obtuvieron grandes ventajas y las que circularon en el poder local y regional. Sin embargo, la perspectiva que tiene un régimen centralizado, personalista y homogéneo considera el narcotráfico como un problema eminentemente institucional, y sus procesos económicos, políticos y culturales son abstraídos de las dinámicas de transformación de territorios e identidades, así como de los cambios en cuanto a la supervivencia y movilidad social. De esta forma, para entender cómo algunas regiones se volvieron ingobernables y cómo emergieron cárteles transnacionales, pusimos énfasis en las transformaciones que se dieron en el Estado con las políticas de ajuste estructural y la reestructuración política, así como con la desregulación económica. Lo que intentamos demostrar es que estas políticas neoliberales tuvieron múltiples y contradictorios efectos en la vida de las localidades frente al problema del narcotráfico. Para los grupos más dinámicos, la apertura de mercados, el establecimiento de redes transnacionales y la movilidad representaron oportunidades para colocarse en la cúspide del poder, mientras que para otros plantearon desafíos importantes para sobrevivir y construirse un mejor futuro. Las políticas neoliberales, con el abandono de regiones rurales por parte del Estado, dejaron a su suerte el crecimiento económico, la movilidad social y la formación de ciudadanía utilizando el discurso de la flexibilidad, la competitividad y el esfuerzo individual. Es muy probable que este discurso se lo hayan apropiado los grupos y cárteles para organizar el tráfico de drogas de una manera moderna. Por lo tanto, el narcotráfico está replanteando los límites formales del Estado-nación mediante la rebelión de sus márgenes e impugna como proceso una historia llena de desigualdades, exclusiones y arbitrariedades propiciadas por la ley.

 

BIBLIOGRAFÍA

Alarcón Olvera, Alejandro (1998). Pómaro. Identidad y cambio social. Tesis de maestría en antropología social. México: El Colegio de Michoacán.         [ Links ]

Astorga, Luis (2001). Drogas sin fronteras. Los expedientes de una guerra permanente. México: Grijalbo.         [ Links ]

Astorga, Luis (2007). Seguridad, traficantes y militares. México: Tusquets.         [ Links ]

Astorga, Luis, y David Shirk (2010). "Drug trafficking organizations and counter-drug strategies in the u.s.-Mexican context". Working papers series on u.s.-Mexico security cooperation: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Mexique Institute, University of San Diego-Trans-border Institute, mayo de 2010: Disponible en: <http://usmex.ucsd.edu/assets/024/11632.pdf>         [ Links ].

Barragán López, Esteban (1997). Con un pie en el estribo. Formación y deslizamiento de las sociedades rancheras en la construcción del México moderno. México: El Colegio de Michoacán/Red Neruda.         [ Links ]

Beltrán del Río, Pascal (1993). Michoacán. Ni un paso atrás. La política de la intransigencia. México: Libros de Proceso.         [ Links ]

Das, Veena, y Deborah Poole, eds. (2004). Anthropology in the Margins of the State. Santa Fe: School of American Research Press.         [ Links ]

Dun, Mirella van (2009). Cocaleros. Violence, Drugs and social movilization in the Post-conflict Upper Huallaga Valley, Peru. Ámsterdam: The Netherlands: Rozenberg Publishers.         [ Links ]

Enciso, Froylán (2010). "Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y narcotráfico". En Los grandes problemas de México. XV. Seguridad nacional y seguridad interior. México: El Colegio de México. Disponible en: <http://2010.colmex.mx/tomos/seguridad1.html>         [ Links ].

Escalante Gonzalbo, Fernando (2009). "Territorios violentos". Nexos en línea [en línea]. Disponible en: <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=56102>         [ Links ].

Finnegan, William (2010). "Letter from Mexico. Silver or lead". The New Yorker, núm. 31, mayo.         [ Links ]

Flores Pérez, Carlos Antonio (2009). El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.         [ Links ]

Gledhill, John (1995). Neoliberalism, Transnationalization and Rural Poverty. A Case Study of Michoacán. México/San Francisco: Boulder/Oxford, Westview Press.         [ Links ]

Gledhill, John (2003). "Neoliberalismo e ingobernabilidad: caciquismo, militarización y movilización popular en el México de Zedillo". Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, núm. 96, otoño. El Colegio de Michoacán        [ Links ]

Gledhill, John (2004). Cultura y desafío en Ostula. México: El Colegio de Michoacán.         [ Links ]

González y González, Luis (1991). La querencia. México: Hexágono.         [ Links ]

Heyman, Josiah McC., ed. (1999). States and Illegal Practices. Oxford/Nueva York: Berg.         [ Links ]

Maldonado Aranda, Salvador (2010a). Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán. México: El Colegio de Michoacán.         [ Links ]

Maldonado Aranda, Salvador (2010b). "Globalización, territorios y drogas ilícitas. Experiencias latinoamericanas sobre México". Estudios Sociológicos, vol. XXVIII, núm. 83, mayo-agosto. El Colegio de México.         [ Links ]

Malkin, Victoria (2003). "Narcotráfico, migración y modernidad". En La Tierra Caliente de Michoacán, coordinado por Eduardo Zárate Hernández. México: El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado.         [ Links ]

Misse, Michael (2006). Crime e violência no Brasil contemporâneo. Estudos de sociologia do crime e da violência urbana. Río de Janeiro: Editora Lumen Juris.         [ Links ]

Palacios, Marco, y Mónica Serrano (2010). "Colombia y México: las violencias del narcotráfico". En Los grandes problemas de México. XV. Seguridad nacional y seguridad interior. México: El Colegio de México. Disponible en: <http://2010.colmex.mx/tomos/seguridad1.html>         [ Links ].

Pansters, Wil (1997). "Theorizing political culture in moder Mexico". En Citizens of the Pyramid. Essay on Mexican Political Culture, ed. por Wil G. Pansters. Ámsterdam: Thela Publishers.         [ Links ]

Pérez Prado, Luz Nereida (2001). "Gente, agua, cultivos y desarrollo desigual en el valle del Tepalcatepec: imágenes, recuerdos y la "memoria históricamente instruida"". Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. XXII, núm. 87, verano. El Colegio de Michoacán.         [ Links ]

Ravelo, Ricardo (2008). Los capos. Las narco-rutas de México. México: Debolsillo.         [ Links ]

Rubin, Jeffrey (2003). "Descentrando el régimen. Cultura y política regional en México". Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. XXIV, núm. 96, otoño. El Colegio de Michoacán.         [ Links ]

Serrano, Mónica (2007). "México: narcotráfico y gobernabilidad". Pensamiento Iberoamericano, núm. 2. Madrid, España: AECID-Fundación Carolina.         [ Links ]

Stanford, Lois (1993). "El Tratado de Libre Comercio y el impacto de los cambios en la política agraria: el caso de la Tierra Caliente michoacana". Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. XIV, núm. 54, primavera. El Colegio de Michoacán.         [ Links ]

Villoro, Juan (2008). "La alfombra roja del terror del narco" [en línea]. Disponible en: <http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2008/11/29/_01811480.htm>         [ Links ].

Youngers, Coletta, y Elieen Rosin, eds. (2005). Drogas y democracia en América Latina. Buenos Aires: WOLA-Editorial Biblos.         [ Links ]

 

Notas

* Artículo ganador del primer lugar del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales en su sexta edición.

¹ Una excelente reflexión crítica sobre la cultura política mexicana es la de Wil Pansters (1997).

² Como señala Juan Villoro (2008), "Terminado el monopolio del PRI, los códigos de impunidad se disolvieron sin ser sustituidos por otros. ¡Bienvenidos al caos!"

³ La región sur de Michoacán se distingue por tener tres territorios especiales: Tierra Caliente, Sierra y Costa michoacanas. En este trabajo también haremos referencia a otras subregiones con similares características. La zona templada, identificada como zona aguacatera, limítrofe con Tierra Caliente, es uno de los territorios más importantes porque una de sus ciudades, Uruapan, se convirtió desde hace varias décadas en sede de narcotraficantes por su clima tropical y su comunicación estratégica. También haremos referencia a otro territorio que colinda con la zona templada, denominada Sierra del Tigre, o Jalmich.

⁴ El Universal, 2 de junio de 2009. Desde 2007 y hasta el año 2010 se reportó la destrucción de alrededor de 150 narcolaboratorios en territorios del sur de Michoacán.

⁵ Durante la guerra de Independencia, la región sirvió como refugio para redactar y promulgar la primera Constitución mexicana, en 1814, por José María Morelos y Pavón. Antes y después de la Independencia, caudillos y líderes políticos utilizaron esta región como zona de descanso y reagrupamiento de sus ejércitos, precisamente por las difíciles condiciones geográficas de la zona. Los pobladores brindaron comida, per- sonal y armas para el movimiento independentista. En general, las actividades consideradas ilegales fueron elementos significativos para la formación de una identidad política que hoy está en entredicho.

⁶ En los años cincuenta se generaliza la producción y el tráfico de drogas en Michoacán. Astorga menciona que, según un representante del Ministerio Público Federal, en la región de Aguililla los cultivos de frijol y maíz habían sido sustituidos por los de mariguana y adormidera (amapola). Pidió al gobernador hacer algo al respecto, pero que no mandara a la policía judicial porque era ineficaz y fomentaba el cultivo (sic). Se menciona también que en agosto de 1959 una partida militar decomisó 300 kilos de mariguana y que el 29 del mismo mes y año se detuvo a una persona con 8.2 kilos de goma de opio. En copia de oficio dirigida al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) por parte del representante del Ministerio Público Federal, se solicitó el envío de agentes para continuar las investigaciones, pues se decía que había 10 mil hectáreas sembradas de mariguana y que se estaban preparando tres mil más para el cultivo de adormidera (Astorga, 2001: 46).

⁷ Apreciación realizada tomando como base los boletines del Batallón 49, asignado a la región desde 1959. Fuente: Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán (AHPEM). Ramo Municipios, Apatzingán, caja 13, exp. 012.

⁸ Pseudónimo.

⁹ Durante el último recorrido que hice por este poblado (2007), supe que esas casas habían sido abandonadas por sus dueños debido a los operativos militares antidrogas.

¹⁰ En alusión al Triángulo Dorado, ubicado entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, famoso por ser el lugar más disputado y amado del narcotráfico norteño.

¹¹ En los años sesenta, durante uno de los operativos militares más importantes contra el narcotráfico y la delincuencia, el ejército se hizo cargo de construir escuelas, clínicas y algunas brechas en los poblados de la Sierra y Costa, que luego fueron abandonadas por la carencia de personal y equipo. Las campañas cívico-sanitarias se instrumentaron a través de programas de acercamiento del ejército a la población, luego de haber sido reprimida por cultivar drogas. Véase Maldonado (2010a).

¹² De acuerdo con cifras oficiales de 2006, 2007 y 2008, el municipio de Uruapan duplica el número de averiguaciones previas por robo, homicidio, violación, etc.: alrededor de cuatro mil, por dos mil en los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zamora y Zitácuaro.

¹³ Fuente: AHPEM, ramo Municipios, Apatzingán, caja7/exp.3, Boletines Militares.

¹⁴ Cálculos aproximados, con base en los informes del gobierno del estado de Michoacán. Cabe señalar que las cifras oficiales del gobierno estatal cambian de manera muy drástica por año o por sexenio, ya que las formas de hacer la cuantificación no son las mismas, porque no se pueden establecer comparaciones y tendencias certeras. Utilizo algunas cifras en este trabajo sólo como indicadores de ciertos cambios locales y regionales a partir de decomisos y destrucción de droga.

¹⁵ Algunos caciques muy atrevidos y miembros de las élites se convirtieron en jefes del narcotráfico. Unos por seguir fungiendo como intermediarios políticos y económicos eficaces ante el Estado y otros por ver mermados sus capitales y negocios en la agricultura o por obtener mayores ventajas.

¹⁶ Para un análisis más amplio de las políticas de ajuste estructural en el campo terracalenteño, y particularmente en la producción y comercialización del melón, véase Stanford (1993).

¹⁷ Para mayor información, véase Maldonado (2010a).

¹⁸ Algunos testimonios revelan que los capos pueblerinos dan trabajo a personas de la localidad en Estados Unidos o los envían con recomendaciones. A este respecto es muy importante entender que culturalmente los valores de prestigio e independencia económica guardan un lugar significativo para los migrantes, quienes ven en ellos una forma de aliento para arriesgarse. Véase Malkin (2001).

¹⁹ Está de más decir que fue una situación tensa y llena de inseguridad personal.

²⁰ El tema de la independencia personal entre los rancheros es muy importante tanto en lo económico como en el prestigio. Una familia ranchera sin estabilidad financiera se convierte en objeto de críticas hasta la estigmatización. El dinero guarda una relación simétrica con el prestigio y el respeto. Toda persona que no es respetada puede ser objeto de abuso en su propiedad, ganado y familia. Estas prácticas derivan, la mayoría de las veces, en actos de violencia física en defensa del honor. Si una persona es deshonrada, se puede atentar, ultrajar o robar sin problema. Las mujeres son un elemento central en las vendettas porque "alientan" a su familia a defender el apellido y, con ello, a su familia y su integridad como mujer. Con todo, para los rancheros, el Estado es algo extraño e indiferente en torno a la justicia.

²¹ Hay testimonios que relatan historias de personas ricas a partir de largas ausencias de su hogar por internarse a la Sierra a cultivar droga.

²² Omito el nombre de la persona, así como el de la localidad por motivos de seguridad.

²³ La entrevista se realizó en marzo de 2007, año en que ya habían sembrado maíz hasta en tres ocasiones ante la falta de lluvias, por lo que prefirieron cultivar mariguana en la sierra.

²⁴ En esta localidad, cuyo nombre omito, en enero de 2009 se destruyeron seis narcolaboratorios de droga sintética, ocultos en cuevas de tierra cubiertas con ramas de arbustos para evitar su detección por aire. De manera fortuita, un día después de su destrucción fui al poblado a realizar trabajo de campo, pero después de mi visita también se destruyeron otros dos. Meses después, el hotel donde regularmente me hospedaba fue baleado por grupos de sicarios, ya que la Policía Federal lo había utilizado como centro de operaciones antidrogas. Ese mismo poblado fue escenario de un enfrentamiento inu- sitado cuando se divulgó que el Chayo, líder de la Familia, había sido asesinado.

²⁵ Por ejemplo, en los años setenta, de acuerdo con la información disponible en los informes de gobierno, se destruyeron treinta hectáreas de amapola y mil 725 plantíos, mientras que tan sólo en 1985 se destruyeron 43 hectáreas de amapola y mil 485 plantíos de la misma droga.

²⁶ Un plantío significa un terreno de indeterminados metros cuadrados, que puede ir de los diez metros cuadrados a más de una hectárea. Se le designa de esta forma porque no puede ser susceptible de medición para efectos de cuantificación de droga. Regularmente los plantíos se encuentran ubicados en serranías bastante difíciles de identificar, en las laderas de los cerros, cerca de arroyos de agua pluvial o en ríos.

²⁷ Informes del gobierno del estado de Michoacán.

²⁸ La primera campaña contra el narcotráfico data de 1959, con el envío del Batallón 49, a cargo del comandante Salvador Rangel, cuya misión también tuvo como propósito contener la oposición política del general Cárdenas contra el gobierno de Adolfo López Mateos; véanse los últimos capítulos de Maldonado (2010a), donde se narran las campañas y los grandes problemas que el ejército tuvo con el narcotráfico.

²⁹ Informe del gobierno del estado de Michoacán, 1988

³⁰ Según datos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: <http://www.michoacan.gob.mx/Estadisticas_Dinamica_Poblacion>.

³¹ En un ensayo sobre homicidio en México, Escalante afirma que en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa las tasas de homicidio son siempre superiores, e incluso muy superiores, a la nacional, del doble o más. Así, desde 1990 hasta 2009, los factores que explican el movimiento de la tasa nacional de homicidios se producen en tres regiones. Una de ellas, la cuenca occidental del río Balsas, y en particular el oeste de Michoacán, se distingue por ser una zona de alta marginalidad y la única en el país que coincide con altas tasas de homicidio. Véase Fernando Escalante Gonzalbo, "Territorios violentos", artículo en línea, disponible en: <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=56102>.

³² Ídem.

³³ Véase <http://www.eluniversal.com.mx/estados/78713.html>.

³⁴ Ravelo (2008: 199).

³⁵ Ravelo (2008: 200).

³⁶ El desarrollo de la industria de las anfetaminas se genera, en parte, por los controles y las dificultades para cultivar droga vegetal. La droga sintética ya no requiere de tierras de cultivo, sino de un conjunto de elementos químicos para su procesamiento. Esta opción se derivó luego de las campañas antidrogas y actualmente tiene una dimensión alarmante por el nivel de la producción y el mercado al que se dirige.

³⁷ Cabe señalar que los informes de gobierno de donde se obtuvieron los datos no son uniformes en las cifras; cambian de manera sorprendente, como el lector advertirá; esto se debe en parte a los informes de organizaciones policiales o militares. También encontramos años en que no se reporta ninguna actividad cuantificable. Este tipo de situación también nos ayuda a entender una parte de los problemas del narcotráfico y el poder político.

³⁸ Interpretación con base en el cuadro 1.

³⁹ Informes de gobierno del estado de Michoacán.

⁴⁰ Un artículo muy interesante sobre la Familia Michoacana narra que uno de sus principales líderes, apodado el Chayo o el Más Loco, se inspira en las ideas de John Eldredge, un evangelista estadounidense que escribió un best seller de autoayuda, Wild at Heart, sobre la cristiandad musculosa. Véase William Finnegan (2010). El caso es muy significativo porque permite reflexionar sobre la excepcionalidad histórica de ciertos acontecimientos que ha producido el sur de Michoacán. Por ejemplo, la Familia Michoacana reivindica su origen en Tierra Caliente, donde se ha arraigado la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder es originario de la ciudad de Guadalajara. También en Tierra Caliente hay una organización llamada Nueva Jerusalén, que es una comunidad amurallada donde igualmente se profesa un fanatismo religioso que prohíbe el contacto con la sociedad, en donde las mujeres llevan velo y su vida espiritual gira en torno a un líder masculino, ya fallecido.

⁴¹ Un grupo denominado La Resistencia, que opera en las inmediaciones de Jalisco y Michoacán, en la región de Chapala, parece ser el último grupo asociado al cártel del Milenio.

⁴² Antes del operativo, el 5 de diciembre de 2006, se decomisaron cerca de 19 toneladas de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un precursor para la elaboración de drogas sintéticas.

⁴³ En agosto de 2008, la Secretaría de Seguridad Pública Federal reveló que Michoacán es la entidad que ha recibido más recursos para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. La Jornada de Michoacán, 9 de agosto de 2008.

⁴⁴ De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre diciembre de 2006 y el 17 de mayo de 2008 se recibieron 634 quejas contra militares: 250 por ejercicio indebido de la función pública, 221 por cateos ilegales, 182 por tratos crueles, 147 por detenciones arbitrarias, 85 por robo, 41 por amenazas y 32 por intimidación, entre otras. El 27 de octubre de 2008, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) señaló en su informe anual que tan sólo en un año crecieron en 300% los casos de tortura. La Comisión atendió a 11 mil personas, con las que se conformaron dos mil 227 quejas, integrando mil 200 expedientes resueltos. Un mes más tarde, señaló que muchas de las quejas contra el ejército no se cumplimentaban por temor. Se trata de denuncias de "abusos terribles, como ingresar a deshoras de la noche, rompiendo puertas, sacándolos de sus camas desnudos [...] es una situación muy penosa que nos hace sentir incompetentes". Durante el 2009, las quejas, denuncias o demandas judiciales por los abusos de las fuerzas públicas no cesaron. Según datos del organismo público, en 2009 se presentaron 716 quejas contra el ejército relacionadas con el Operativo Michoacán, de las cuales 104 se interpusieron en Apatzingán, 129 en Zitácuaro y 99 en Morelia. La Policía Federal cuenta con 77 quejas en Lázaro Cárdenas, 21 en Apatzingán y 25 en Morelia, entre los datos más importantes. Esta información fue proporcionada por la Dirección de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sede Michoacán, mediante oficio.

⁴⁵ La CNDH emitió una recomendación para el ejército y la fuerza pública por este acto.

⁴⁶ El Universal, 2 de junio de 2009.

⁴⁷ En algunos municipios del sur del estado, como Tancítaro, todos los funcionarios públicos renunciaron a sus cargos por las amenazas, dejando acéfalo el poder municipal, hasta que después de varias semanas se nombró un concejo. El 27 de septiembre de 2010 fue asesinado el representante ciudadano sustituto y uno de sus colaboradores.