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Revista mexicana de sociología

versión On-line ISSN 2594-0651versión impresa ISSN 0188-2503

Rev. Mex. Sociol vol.71 no.2 México abr./jun. 2009

 

Artículos

 

Prácticas políticas, imaginarios y ciudadanía: las disonancias entre cultura y democracia en la ciudad de México1

 

Political Practices, Imagination and Citizenship: The Lack of Fit between Culture and Democracy in Mexico City

 

Héctor Tejera Gaona*

 

* Doctor en antropología. Investigador y profesor en el Departamento de Antropología de la UAM–Iztapalapa, donde coordina el proyecto Cultura y Política en México. Especialización en antropología política, cultura organizacional y ciudadanía. Departamento de Antropología, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Edificio F–006, planta baja, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa. San Rafael Atlixco núm. 186, colonia Vicentina. C.P. 09348, delegación Iztapalapa, Distrito Federal, México. Tels.: 5804–4763, 5804–4764, 5804–4767. Correo electrónico: gaona@servidor.unam.mx

 

Recibido: 07 de noviembre de 2007.
Aceptado: 07 de enero de 2009.

 

Resumen

El texto explora el vínculo entre ciudadanía, partidos políticos y gobierno en la ciudad de México. Sustentado en una investigación del periodo 1997–2006, muestra los efectos político–culturales de dicho vínculo y su repercusión en la democracia en la capital del país.

Palabras clave: cultura, sistema político, ciudad de México, democracia, ciudadanía, partidos políticos.

 

Abstract

The text explores the link between citizenship, political parties and goverment in Mexico City. Based on a research of the period 1997–2006, the article shows the politico–cultural effects of this link and its repercussions on democracy in the capital of the country.

Key words: culture, political system, Mexico City, democracy, citizenship, political parties.

 

Para contar con elementos que permitan determinar el derrotero de la democratización en México, se requieren estudios específicos sobre las relaciones políticas que proporcionen pistas sobre el proceso más general. Con este propósito, el siguiente texto, resultado de una investigación teórico–empírica realizada de 1997–2006, tiene como objetivo exponer las características de los vínculos entre ciudadanía,2 gobierno y partidos políticos, sus efectos político–culturales y su repercusión en las posibilidades de profundizar y ampliar las actitudes y prácticas sociales de carácter democrático en la ciudad de México.

Para alcanzar dicho objetivo, en la primera parte se expone una estrategia teórico–metodológica cuyo propósito es responder a tres problemas: primero, cuáles son las características de la interinfluencia entre cultura y política;3 segundo, cómo delinea ésta las prácticas político–culturales4 prevalecientes en las relaciones políticas, y, finalmente, qué implicaciones tienen dichas prácticas en las posibilidades de ampliar las relaciones democráticas en la capital del país. En la segunda parte se aborda la forma en que las relaciones políticas entre los habitantes de la capital del país y los candidatos a diputados locales, federales y jefes delegacionales configuran la ciudadanía, y cómo acota y redefine ésta las prácticas proselitistas de los partidos políticos. Igualmente, se expone cómo la interinfluencia partidaria ha modificado el quehacer proselitista.5 En la tercera parte se transita de la interacción a la participación y se exponen las características de la participación ciudadana6 organizada, particularmente la de los actualmente desfallecientes comités vecinales y las comisiones de asamblea vecinal, así como la relación de estas formas de representación con otros ciudadanos y con los gobiernos locales (delegacionales).7

Finalmente, se hace una reflexión sobre los procesos anteriores que, si se quiere, integran un collage, el cual, sin embargo, visto en su conjunto, proporciona pistas sobre la dinámica política de una megalópolis tan vasta y diversa como la ciudad de México. Esa perspectiva, que entrelaza los resultados obtenidos desde diversos ámbitos de investigación, es la aquí expuesta.8

De las orientaciones habitualmente utilizadas para analizar los problemas relacionados con la instauración o el fortalecimiento de la democracia —la política, la legal–organizacional y la participativa (Brachet–Márquez, 2001: 27–28)—, el estudio se ha inclinado por esta última, buscando explicar los procesos mediante los cuales, en su caso, la ciudadanía influye en la política y en la distribución del ingreso social.

Se parte de un enfoque cultural que profundiza en la interrelación social como estrategia para entender tanto la conexión entre cultura y política como la forma en que ella afecta las posibilidades de impulsar relaciones democráticas más amplias. Con este propósito, se muestra la influencia cultural de las instituciones (gubernamentales o partidarias) en la cultura ciudadana y, a la vez, cómo se modifica la cultura institucional al vincularse con los ciudadanos.

 

LA INTERINFLUENCIA ENTRE CULTURA Y POLÍTICA: UNA PROPUESTA TEÓRICA

Como se ilustra en la gráfica 1 (p. 251), propongo que la cultura se compone de tres planos: las convicciones de fondo, que son difusas y aproblemáticas; los valores significativos, que imprimen sentido a la cotidianidad, y la asignación de significados sobre las prácticas sociales. Las convicciones de fondo no son usualmente cuestionadas, sustentan la convivencia social y se modifican muy lentamente. Los valores significativos son, por decirlo así, un esqueleto conceptual que matiza la posición que los sujetos sociales adoptan ante diversos acontecimientos. Finalmente, la asignación de significados está vinculada a la pugna social por establecer las convicciones y los sentidos que impregnan las relaciones y las prácticas sociales. El afán de los actores o grupos sociales por reforzar o cuestionar los significados culturales dominantes delinea el contenido de los imaginarios sociales.9 Este proceso, que designo objetivación de la cultura, se realiza a través de discursos y otras prácticas, como los performances culturales,10 que representan o teatralizan las relaciones políticas establecidas, o las que se desean establecer.11

En este proceso, la política transforma la cultura cuando emplea y reorganiza sus contenidos; a su vez, la política cambia al delinearse nuevos "sentidos comunes" (Lechner, 2002: 47). La política implica pugnas por cómo nombrar y clasificar las relaciones sociales, y cuando se logra establecer un "campo" de significación social, es probable que éste apuntale la eficacia de los disensos sociales.12 La política pone en interacción y tensión las convicciones, los sentidos y las atribuciones de la cultura, dinamizando sus contenidos.

Esto sugiere que el término "cultura política" es un pleonasmo, ya que toda cultura es política porque es producida por las relaciones sociales, las cuales, a su vez, reproduce (Dagnino, 1998: 43).13

La política es una acción cargada de intencionalidad. La enfoco como intencionalidad más que como racionalidad, particularmente porque ésta se asocia al rational choice y al homo economicus, y debido, en todo caso, a que coincido con Habermas (1989: 39) en cuanto a que la racionalidad implica reflexionar sobre los estándares de valor con los cuales se interpretan las necesidades. También porque la cultura matiza la política, más allá del cálculo que se adscribe a los actores políticos. En efecto, el voto ha sido empleado como medio para analizar la racionalidad de los electores (Downs, 1957);14 también como expresión condensada del sustrato cultural asociado a los deseos ciudadanos (Krotz, 1990: 12). Sin embargo, se requiere de una afanosa imaginación para extraer de los resultados electorales tanto una racionalidad como una cultura y los deseos ciudadanos. La definición de sus preferencias está influenciada por los medios de comunicación masivos, en resonancia tanto con las vivencias, necesidades y aspiraciones ciudadanas como con los contenidos culturales que las matizan (Lipovetsky, 1986: 26). Por ejemplo, el imaginario social ciudadano que enfoca el ejercicio de gobierno como un acto personalizado (Calcagno, 2001; Sartori, 1998: 107–108), encarnado en un candidato, propicia la aspiración a tener contacto con éste. Esta aspiración es un insumo en las estrategias proselitistas, que convierten la política en performances actuados en los medios de comunicación masivos (Newman, 1994; Friedenberg, 1997), donde los políticos se dirigen a sus audiencias con un lenguaje coloquial, horizontal, pletórico de interés por sus problemas cotidianos y rebosantes de energía, optimismo y voluntarismo. Estas estrategias influyen, a la vez que enmascaran, las motivaciones ciudadanas para votar por un candidato o por otro.

Por su parte, los estudios sustentados en encuestas de valores no explican el comportamiento político–cultural encontrado en la investigación por tres razones: la primera, debido a que simplifican la cultura, asignándole tanto un carácter normativo como un contenido estático;15 la segunda, porque al adscribirle dicho carácter normativo (Almond y Verba, 1963: 14) obstaculizan la posibilidad de reflexionar sobre las tensiones en las declaraciones de sus encuestados, y la tercera, porque su esfuerzo heurístico es tipológico y descriptivo (Thomson, 1993: 141).

Siendo el ejercicio de la política un espacio de negociación donde se entrecruzan imaginarios e intenciones, llama la atención que escasamente se escudriñe su relación con la cultura, ubicando a esta última más como un elemento que pauta el comportamiento político que como un sustrato dinámico que modifica los campos o las fronteras de significado asociados a dicha negociación.16

 

Reduccionismo culturalista y enfoque metodológico

Es importante evitar caer en un reduccionismo culturalista de la política, porque la posibilidad de que la cultura influya sobre el sistema político —es decir, que tenga eficacia política— (Lipset, 1993: 155) reside en la correlación de cuatro condiciones: a) los efectos derivados de la constitución de los campos significativos (cultura), b) las características de la participación ciudadana (acción), c) las ventajas que los actores políticos perciban de actuar bajo determinadas prácticas político–culturales democráticas o autoritarias (intencionalidad), y d) la porosidad de dicho sistema político (contexto). Es decir, en la combinación de condiciones culturales, de acción y estructurales en el campo de las pugnas políticas.17

En consecuencia, las posibilidades de ampliar o fortalecer la democracia en la ciudad de México no se resuelven estableciendo la "raigambre" democrática de los "valores" expresados por los citadinos, sino en la interacción de las condiciones mencionadas. Sostener, por ejemplo, que procesos democráticos como la posibilidad actual de elegir a un jefe de gobierno derivan de dicha raigambre simplifica la cuestión, porque, en todo caso, para sustentarla, los "valores" deberían ubicarse en el trinomio acción–contexto–intencionalidad.18

No se malinterprete lo expuesto. El derecho a elegir gobernantes en la capital del país es, indudablemente, un avance democrático, ya que desde 1928 hasta 1988 no hubo elecciones locales. Pero aseverar que dicho avance es resultado de transformaciones en la cultura de los capitalinos, "expresada" en cambios políticos, pasa por alto la complejidad de la cuestión y abreva en el mencionado reduccionismo culturalista. En todo caso, la cuestión es si puede pasarse de un gobierno elegido democráticamente a una institucionalización democrática, y cuáles son las condiciones en las relaciones entre ciudadanía, gobierno y partidos políticos requeridas para ello (O'Donnell, 1994: 56).

La investigación realizada se sustenta en estudios llevados a cabo en el terreno (lo que coloquialmente se denomina "trabajo de campo"), requeridos por las implicaciones metodológico–técnicas de la perspectiva teórica bajo la cual se aborda la dinámica político–cultural. La observación participante, así como las entrevistas semiestructuradas y a profundidad de los involucrados en los procesos estudiados, han permitido ahondar en el efecto que tienen las prácticas político–culturales en las relaciones democráticas, tomando en consideración otros aspectos, como los estructurales y de intencionalidad ya mencionados.

Estratégicamente se han buscado ámbitos de condensación de las relaciones políticas, donde los ciudadanos, organizados o no, negocian apoyos políticos por gasto social, o consideran tener un derecho y lo exigen ante quienes representan al gobierno, o buscan alcanzar su representación (Signorelli, 1996: 29.); ámbitos donde la interinfluencia entre ciudadanía, gobierno y partidos políticos adquiere corporeidad.

Las demandas ciudadanas usualmente refieren a necesidades materiales de muy diversa índole, las cuales, obviamente, son indicadoras de sus carencias y de los problemas urbanos. Lo sugerente es que también muestran tanto sus imaginarios acerca del carácter de las relaciones políticas como de las prácticas político–culturales utilizadas para solventarlas. La búsqueda de su satisfacción se fusiona con el contenido cultural que se imprime a la negociación con los representantes del gobierno, o con los intermediarios de los partidos políticos. A su vez, las posibilidades de que sean satisfechas combinan la eficacia política y la permeabilidad de las instituciones gubernamentales. Los engarces de estos elementos en torno a las demandas ciudadanas pueden considerarse una síntesis, una condensación, de los contenidos estructurales, culturales y de intencionalidad, asociados a las relaciones políticas.

El análisis no se circunscribe a cómo se relacionan los ciudadanos con las instituciones gubernamentales y políticas, expresando y utilizando la cultura al hacerlo. Penetra en cómo muestran dichas instituciones, a través de sus representantes, su carácter como organizaciones culturales no solamente en términos de su identidad corporativa —la cual es fácilmente observable en los partidos políticos—, sino en cuanto a su influencia cultural al intentar establecer fronteras de significado mediante el proselitismo político, o el contenido y la práctica de las políticas públicas.19

 

PARTIDOS, PROSELITISMO POLÍTICO Y CULTURA

Los procesos electorales conjugan los efectos mediáticos de las campañas a través de los medios de comunicación masivos con las relaciones cara a cara entre candidatos y ciudadanos. Como se sabe, los partidos buscan ganar las elecciones impulsando a sus candidatos más importantes (a presidente o, en el caso de la capital del país, a jefe de gobierno) en los medios de comunicación. Mientras, sus aspirantes a jefes delegacionales y diputados federales y locales realizan campañas sección por sección, o, si se prefiere, manzana por manzana. Estas últimas muestran una capacidad de penetración limitada si se comparan con las enfocadas a la radio y la televisión, pero, en términos del objetivo propuesto, condensan relaciones, políticas difíciles de observar en otros espacios. Permiten escudriñar tanto en la cultura, la cual se revela a través de dichas relaciones, como en la intencionalidad de la acción ciudadana, y en la forma en que su relación con los candidatos logra, algunas veces, influir en las instituciones gubernamentales para alcanzar la satisfacción de sus necesidades y expectativas. En otros términos, muestran empíricamente las condiciones estructurales, culturales y de intencionalidad en el campo de las relaciones políticas cara a cara al representar para los ciudadanos la oportunidad de reclamar que sus problemas sean resueltos, ofreciendo, a cambio, votar por quien gestione su atención gubernamental o los solvente con recursos del partido al que pertenece.

La búsqueda partidaria de votos reviste a los ciudadanos de un poder que se esfuma una vez realizada la elección, por lo que aquellos pertenecientes a los sectores populares buscan continuar la relación combinando en la negociación la demanda con la búsqueda de vínculos sustentados en la reciprocidad mediante los cuales intercambiar apoyo político por gestión. Otros, los menos, los generalmente ubicados en las clases media y alta, se inclinan por exigir sus derechos como ciudadanos y habitantes de la ciudad de México.

Hay dos tipos de ciudadanos: el primero, el ciudadano tapete, que al dirigirse al gobierno, llámese delegación o gobierno central, lo hace de manera casi en tono de ruego. Le pide "si es posible", "si está dentro de sus posibilidades", "sería tan amable", "por su atención, quedo como su atento servidor". Casi lame el piso. Por el contrario, el segundo, si no es atendido, es el patea–puertas, el que exige de manera inmediata la solución a sus demandas. De plano, hasta parece que te va a golpear.20

En ambos casos la negociación se tensa si los candidatos o militantes se acercan con promesas sustentadas en, por ejemplo, ofrecimientos de un futuro mejor, o peor aún, si exponen sus proyectos legislativos. La expectativa es, por una parte, que demuestren su capacidad de intermediación y gestión, preferiblemente antes de los comicios, porque, como sostienen muchos ciudadanos, "después de las elecciones se olvidan de nosotros"; por otra, que comprueben su interés a largo plazo por "estar cerca de la ciudadanía", tornándose en su líder y gestor.

Lo anterior indica que, particularmente entre los sectores populares, las prácticas para garantizar la atención a sus demandas usualmente no se ubican en el ámbito de lo ciudadano (de los deberes y derechos frente al Estado), expresándose frecuentemente como petición que se acompaña de la búsqueda de relaciones a largo plazo. En las clases medias dichas prácticas fluyen hacia la exigencia y la ausencia de lealtades personales.

La conciencia ciudadana es más difusa entre los grupos más desfavorecidos de la población de la capital del país y, por tanto, su debilidad política es mayor, haciéndolos proclives a entablar relaciones del tipo patrón–cliente y transferir a los intermediarios la solución de sus problemas, anulando su participación y difuminando su responsabilidad. Lo anterior propicia un círculo vicioso donde no se fortalecen su ciudadanía ni su presencia política, y favorece la intermediación, la cual, a su vez, obstaculiza que éstas se consoliden. Esta situación es alimentada por el carácter de las prácticas políticas que están definiendo el sentido de ciudadanía en la capital del país, las cuales frecuentemente confluyen con el desvanecimiento de las relaciones comunales y barriales, o su degradación a causa de la delincuencia y la violencia.21 Del mismo modo, está relacionada con el hecho de que un sinnúmero de ciudadanos prefieren reforzar su vínculo con los políticos que asistir a las urnas, ya que la democracia no ha satisfecho sus necesidades y expectativas.22

 

Ciudadanos, reciprocidad y partidos políticos

Los ciudadanos buscan entablar con los políticos relaciones de reciprocidad sustentadas en algo más que en compromisos a futuro, en promesas de que gestionarán peticiones o en entrega de "regalos utilitarios" en mítines y festivales. Buscan establecer negociaciones sobre beneficios puntuales, tangibles y duraderos que respondan a demandas tales como la gestión para el otorgamiento de un crédito de vivienda. Intentan que estas relaciones tengan un carácter de largo plazo durante el cual los "patrones" (para muchos, los más pobres, más bien percibidos como "patronos") intermedien entre ellos y las instituciones gubernamentales, y en retribución los apoyarán políticamente (por ejemplo, realizando actividades de proselitismo electoral y asistiendo a festivales y mítines). Son relaciones alimentadas por lazos sociales revestidos de contenidos morales (lealtad o correspondencia) que, en algunos casos, incorporan nexos rituales (compadrazgo) que las fortalecen. Aun cuando analíticamente estas relaciones sean desiguales, la investigación indica que tienden a ser imaginadas por quienes las practican como sustentadas en intercambios equivalentes ubicados en el ámbito de las relaciones personales. Y aunque en algunos casos se perciben como verticales y asimétricas, de todas formas se desean, porque se consideran la forma más viable o práctica de lograr la atención gubernamental. Son relaciones carismáticas, personales y personalizadas, propiciadas y sustentadas por la desigualdad económica y política entre quienes las entablan, por lo que muestran un carácter autoritario.

La tendencia ciudadana a negociar con base en la reciprocidad no significa que un regalo utilitario le marcará una dirección a su voto, porque éste no se ubica en el campo de las obligaciones y contraobligaciones propias del intercambio simbólico–material (Mauss, 1979). Recibir un presente no implica un compromiso, sino que representa una oportunidad que puede combinarse con el chantaje si no se entrega, reclamando, por ejemplo: "si así son ahora, cómo será cuando sean gobierno", chantaje que ha fortalecido el imaginario partidista de que los regalos influyen en las preferencias electorales, aunque el sustento empírico de ello sea endeble.23 Por lo demás, en la percepción de muchos los regalos son una prueba más del derroche económico de las campañas, lo cual genera mayor descontento hacia los partidos políticos.

Las relaciones clientelares no están generalizadas ni abarcan todo el espectro de estrategias mediante las cuales los partidos buscan allegarse votantes en la ciudad de México, aun cuando sean las que tienen mayor efecto en las preferencias electorales. Esto no es nuevo, pero sí lo es que dichas relaciones requieren, cada vez más, de eficiencia. Los contenidos morales que respaldan las adhesiones están siendo sustituidos por el pragmatismo individualista, lo cual podría explicar el incremento de los swings (oscilaciones) en las preferencias políticas mostradas en algunas secciones electorales en la ciudad de México.24 El incremento en la competencia partidaria también implica una creciente disputa por las clientelas, lo cual, como se muestra posteriormente, modifica su cultura y sus estrategias proselitistas. Esto se expresa, como se ilustra en la gráfica 2, en las relaciones frente a frente entre políticos y ciudadanos a través del desplazamiento de las transacciones difusas (impregnadas de intercambios morales), donde se hacen ofertas generales acompañadas de discursos cohesivos, tópico–recurrentes y percepciones normativo–funcionales, por las transacciones específicas (caracterizadas por intercambios político–materiales), donde la intermediación por bienes y servicios se intercambia por votos y apoyo político.

 

Partidos y cultura

Los partidos políticos actúan como organizaciones culturales, no sólo porque reproducen una identidad particular,25 sino porque su proselitismo genera nuevas fronteras de sentido cuyo propósito es obtener el apoyo ciudadano para alcanzar el poder. Dicho proselitismo bosqueja formas de ser y actuar ciudadanas (Bolos, 1995; Salles, 2000: 274), matizando, en consecuencia, la intencionalidad de su actuación política.26 También configura las formas que adquieren las relaciones sociopolíticas al infiltrarse en los contenidos de algunos de los valores significativos constitutivos de la arena política.27

Afirmar que los políticos se acoplan pragmáticamente a las expectativas ciudadanas no es incorrecto, aunque simplifica los elementos que intervinieron entre ambos, fundamentalmente porque ellos comparten la cultura institucional de su partido, especialmente su identidad e imaginarios sobre cómo alcanzar el poder y, para el tema aquí abordado, los contenidos de la relación con los ciudadanos para lograrlo. Por esta razón, si, como se ha sostenido, las demandas son indicativas de los imaginarios ciudadanos y muestran sus prácticas político–culturales, las estrategias proselitistas son también prácticas político–culturales que revelan los imaginarios de los partidos y sus integrantes acerca de los ciudadanos.

Durante los tres periodos electorales estudiados se encontró que, como organizaciones culturales, los integrantes de los partidos políticos —particularmente sus candidatos, militantes y simpatizantes— reproducen la cultura de la cual provienen. En efecto, el PRI se relaciona con la ciudadanía tomando como base las prácticas político–culturales mediante las cuales muchos de sus integrantes fueron atraídos a ese partido; en consecuencia, se inclinan a simplificar su relación con los capitalinos a la intermediación para obtener bienes y servicios. Esto fue más evidente en el primer periodo electoral analizado, cuando todavía gobernaba la ciudad de México. No obstante las restricciones legales, antes de las elecciones hubo una significativa interacción entre sus candidatos y las delegaciones políticas para corregir deficiencias en la calidad y suministro de servicios públicos, así como para emplear de manera proselitista programas sociales gubernamentales. Posteriormente ha sustentado su presencia política —como lo había hecho el PRD antes de gobernar— en la búsqueda de "ventanas de oportunidad" donde la atención a los problemas citadinos sea insuficiente, o esté ausente, para obtener adhesiones mediante la gestión.

Por su parte, el PRD ha mostrado básicamente dos tendencias en su relación con los ciudadanos: la pragmático–clientelar, característica del PRI, y la utópico–participacionista, provenientes de experiencias e imaginarios distintos sobre la ciudadanía. La primera es propia de militantes y líderes de organizaciones urbano–populares formados "arrebatándole" al PRI espacios de gestión pero educados bajo sus prácticas político–culturales; la segunda la desarrollan intelectuales, que asocian participación con democracia, y representantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.28 La diferencia de concepciones se expresa prácticamente en la siguiente descripción de un día de campaña electoral:

Una candidata a diputada federal realiza un recorrido por diversas unidades habitacionales cuyos habitantes usualmente le solicitan pintura para las fachadas y la limpieza de cisternas. A dicho recorrido se integra el candidato a diputado local. En una reunión celebrada en una de las unidades, a la que asisten aproximadamente cuarenta personas, el candidato local expone que la tarea de legislar es diferente a la de gobierno y que la organización de la gente es lo que necesita el país, debido a que la "gente vale oro y les posibilita resolver el tipo de problemas que tengan". No obstante esta invitación, en las intervenciones se solicita que se recoja la basura y se instalen topes en la calle. Una señora reclama: "el mayor problema es el de la credibilidad. Espero que las peticiones se resuelvan y no solamente nos visiten para pedir nuestro voto; que nos atiendan cuando tengamos algún problema, alguna petición". La candidata afirma que el problema de la basura requiere que los vecinos soliciten una explicación a la delegación, y que en cuanto a los topes no pueden instalarse porque la zona presenta un alto índice de asaltos. El candidato a diputado local interviene afirmando que hay que apostar a la organización, que la diputación no lo puede resolver todo y que, sean o no perredistas, los presentes deben luchar por su comunidad. Sostiene que la lucha es cambiar la cultura política que ha marcado el PRI y la mejor forma de modificarla es la organización de la sociedad. De todas formas, un grupo de asistentes les pide pintura e impermeabilizante para sus casas. La candidata se retira para cumplir otros compromisos, mientras el candidato se queda intentando responder a las demandas de los ciudadanos. Saliendo de la reunión el candidato a diputado local comenta en corto: "No me gusta cómo se compromete la candidata con los vecinos, es un estilo muy priísta".29

En cuanto al PAN, este partido actualmente fluctúa entre la cultura del vecinismo y la pragmático–clientelar. Designo así a la primera por ser una estrategia en la cual sus candidatos se presentan como vecinos,30 intentando con ello eludir la percepción negativa de la ciudadanía sobre los diputados y los partidos políticos.31 Desde las elecciones del 2000, la evaluación que señala que esta estrategia es insuficiente ha impulsado al partido a reproducir las tácticas habituales del PRI. Algunas representaciones distritales han ofrecido —particularmente en periodos electorales— servicios de asesoría jurídica, atención médica y oftálmica, así como gestionar entrevistas con funcionarios gubernamentales y diputados. No obstante, recientemente (marzo del 2007) se instauraron los "miércoles azules", mediante los cuales se pretende institucionalizar estos servicios como estrategia proselitista en la ciudad.32

Este partido ha virado lentamente al mundo clientelar debido a la cultura de clase media urbana con la que ha integrado sus cuadros33 y a aspectos estructurales, como su acotado quehacer político, al no ser gobierno en la capital. En todo caso, el vecinismo tiene cierta eficacia electoral en zonas de ingresos medios y altos, pero carece de ella en zonas donde predomina la transacción específica.

La creciente presencia política y electoral del PRD y el pan en la ciudad desde hace una década en vez de impulsar la diversidad en la relación política con los ciudadanos ha desembocado en la confluencia de sus estrategias proselitistas en un proceso de empalme político–cultural con el PRI.34 Esta situación proviene de la fusión de tres aspectos: a) los atributos internos de los partidos, como composición social, organización interna, características identitarias y de relación con el gobierno; b) su interrelación político–cultural con otros partidos, que influye en sus imaginarios sobre las motivaciones electorales de la ciudadanía, la forma adecuada o eficaz de hacer política y de alcanzar el poder, su apreciación sobre los frutos del proselitismo de esos partidos y la propagación de la perspectiva clientelar por parte de quienes proponen o diseñan su quehacer partidario,35 y c) los resultados obtenidos de la forma en que se relacionan con los ciudadanos, que es, en mi opinión, el aspecto más importante.

 

Diputados: intermediación y ascenso político

Las relaciones político–culturales que predominan en la ciudad de México entrelazan las estrategias ciudadanas para garantizar la atención gubernamental a sus necesidades con las prácticas de intermediación asociadas a ellas, las cuales son empleadas para garantizar triunfos electorales o ascensos políticos. Los procedimientos usados por los diputados locales para incrementar su prestigio político y, en su caso, competir en las elecciones internas para ser postulados como candidatos a otros puestos de elección popular son un buen ejemplo de dichas prácticas.

El estudio de campo confirma que el desprestigio de los legisladores reside en que, a los ojos ciudadanos, no existe correspondencia entre el beneficio de su labor y su costo en salarios y prebendas.36 Esto es bien conocido, pero también se encontró que esta percepción se entrelaza con la convicción de que los legisladores, en realidad, deberían afanarse en fungir como gestores e intermediarios. Es común que la estructura democrática de la división de poderes les sea ajena o la juzguen innecesaria. Muchos sostienen que diputados, funcionarios o jefes delegacionales: "todos son lo mismo", son "parte del gobierno", cuya "obligación" es atender sus demandas.

El prestigio político de un diputado se basa no en su labor parlamentaria, sino en la satisfacción de las peticiones ciudadanas, lo cual, además, es un medio para integrar grupos de apoyo a su carrera política. Para ello cuenta con recursos proporcionados por el erario público. Al instituirse la Asamblea Legislativa se estableció que tenía entre sus funciones "atender las peticiones y quejas que formulen los habitantes del Distrito Federal, respecto del cumplimiento de las obligaciones que les señalan los ordenamientos jurídicos en materia administrativa, de obras y servicios a las dependencias, organismos desconcentrados y entidades".37

Este artículo ha sustentado económicamente la institucionalización de la intermediación a través de sesenta y seis módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, cada uno administrado por un diputado local.38

Por un lado, estos módulos no agilizan la atención de las delegaciones políticas a los reclamos y solicitudes vecinales. La actividad preponderante de sus empleados estriba en solicitar, integrar y entregar en las "ventanillas únicas" delegacionales39 los documentos requeridos en cada caso.40 Sin embargo, es habitual que no realicen adecuadamente las gestiones, permitan que transcurran largos periodos (hasta tres meses) entre la integración de la solicitud en el módulo y la recepción de ésta en la delegación —lo que reafirma entre los vecinos la convicción de que las delegaciones son ineficientes para atender sus problemas—, cuando esto es resultado de la ineficacia de los intermediarios políticos.

Muchas personas acuden a este servicio (de atención ciudadana en la delegación), pero en su mayoría son provenientes de los partidos políticos. Van a las casas de los ciudadanos y les toman sus gestiones, pero cuando las llevan a la delegación es cuando hay varios problemas: el primero, que no traen las gestiones con todos los requisitos que se piden, y ello imposibilita que se les dé trámite o se acepte la denuncia; el segundo, que cuando le toman sus gestiones a la gente se tardan a veces hasta tres meses en traerlas a la delegación y la gente piensa, sin saber, que es culpa de la delegación, cuando el que no está cumpliendo es el diputado o el partido político; tercero, que le prometen a la ciudadanía resolver cosas que no se pueden resolver, que no está en sus manos ni tampoco son responsabilidad de la delegación. Esas situaciones podrían terminar o disminuir con el simple hecho de que la gente acudiera personalmente a levantar su denuncia o, en último caso, hacerlo por vía telefónica.41

Por otro lado, estas oficinas reproducen la intermediación política. Por ejemplo, fomentan la imagen de que las delegaciones son exclusivamente recaudadoras de impuestos y, simultáneamente, aprovechan los programas de entrega de material de construcción y pintura para mejorar la vivienda, simulando que lo obtenido es un obsequio desinteresado "del señor diputado", como se describe a continuación.

Después de escuchar la solicitud de material de construcción de una señora, el jefe de gestión del módulo le recomienda que para obtenerlo debe "exceptuar" algunas cosas en la solicitud y cuando la visite la trabajadora social (quien realiza un estudio socioeconómico del solicitante), exponer que carece de teléfono, refrigerador y televisión, subrayando que los habitantes del lugar están, en su mayoría, desempleados. La señora pregunta asombrada si acaso el diputado no otorga el material directamente y se le explica: "Sí, pero él toma en cuenta a la delegación, por cuestiones de política".42

Como la intermediación se monta sobre los programas gubernamentales de gasto social, mientras más eficaces son dichos programas, más se fortalece el clientelismo.43

La investigación muestra relaciones estrechas entre algunos funcionarios delegacionales y diputados locales, derivadas de pertenecer a la misma camarilla política,44 o partido político.45 En consecuencia, los módulos contribuyen a darle sesgos partidarios a la atención gubernamental, lo que se suma a la predisposición de quienes los atienden a excluir de sus servicios a los clasificados como "no seguidores" del partido al que pertenece el diputado.

Los módulos son dispositivos para efectuar campañas políticas durante los tres años de gestión de los legisladores locales,46 las cuales se pueden capitalizar si obtienen la candidatura a una diputación federal o jefatura delegacional. Igualmente, son un medio para apuntalar votos en las contiendas internas de los partidos establecidas para designar a los candidatos a puestos de elección popular. Particularmente en el PRD, se ha encontrado que los procedimientos democráticos para la selección de sus candidatos en el Distrito Federal han sido reiteradamente aprovechados por quienes cuentan con redes clientelares para triunfar en dichas contiendas.47

 

CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO

Los partidos y los diputados locales interactúan políticamente con los ciudadanos, influyendo en los contenidos de su participación. Lo hacen, además, porque en sus negociaciones la intervención de la organización vecinal no es importante.48 Pero en el caso de las instituciones gubernamentales, el vínculo con los ciudadanos está mediado más frecuentemente por la intervención de diversas formas de organización y participación vecinal, o por la intermediación política partidista, no obstante que, como ya se ha dicho, estas instituciones son organizaciones culturales similares a los partidos; es decir, muestran una identidad corporativa y configuran la cultura de los ciudadanos al ejercer, en este caso, políticas públicas. La organización y la mediación influencian a la ciudadanía, disputándole a dichas instituciones los contenidos de su cultura y amortiguando su dominación (Ramírez, 1998: 78–79). La organización ciudadana también actúa culturalmente. En efecto, los contenidos de la ciudadanía derivan de los deberes y derechos en su relación con el Estado–nación, pero también de las prácticas político–culturales que a nivel local colocan frente a frente a los ciudadanos y los funcionarios del gobierno, a los políticos, a otros ciudadanos y a la comunidad en la que viven (Ahluwalia, 1999: 321).49 La ciudadanía no presenta un contenido inmanente, ya que se configura en el espacio de las relaciones políticas. En realidad, puede considerársele como un orden simbólico de carácter operativo–referencial50 que puede innovarse al transmutarse las relaciones que la sostienen (Nipón, 2000; Sánchez Mejorada, 1997).

Transitar del estudio de la interacción al de la participación para influir en las decisiones de gobierno requiere de un tratamiento distinto del tema, por lo que en las siguientes páginas se abordará la dinámica interna de algunas formas de representación ciudadana, las características de la relación entre ellas y la ciudadanía y, finalmente, el vínculo de los ciudadanos, organizados o no, con las instituciones gubernamentales.

La participación ciudadana ha sido un tema constante en la reflexión sobre la relación entre cultura y sistema político (Dalton, 2002; Dalton y Sickle, 2004; Putnam, 2000; Verba, Burns y Schlozman, 1997; Mejía Lira, 1993: 12); no obstante, se le ha vinculado —a veces linealmente— con el fortalecimiento de la democracia, particularmente por quienes se adhieren a la idea de que "la cultura cívica es una cultura política participante donde la cultura política y la estructura política son congruentes" (Almond y Verba, 1963: 31). El presupuesto de que la participación estampa los contenidos de la cultura en el sistema político51 es lógicamente correcto, pero si no señala las circunstancias bajo las cuales esto sucede cae en el ya mencionado reduccionismo culturalista.52 También forma parte del imaginario gubernamental que matiza la relación entre ciudadanos y programas sociales, particularmente a partir de que el PRD se convirtió en gobierno en el Distrito Federal. Entre sus contenidos destaca la percepción de que la participación es, por sí misma, democrática, y con base en ella la sociedad construye una nueva relación con el Estado. Se sustenta en un enfoque que obvia la identidad ciudadana particularista y pragmática que tiende a disolver la naturaleza colectiva y social de las relaciones democráticas (Ake, 1997), así como los límites gubernamentales impuestos a la participación, sobre los cuales regresaremos posteriormente.

Los analistas que conjeturan sobre las causas que inhiben o propician la participación han identificado tres grandes grupos: a) las posibilidades personales, relacionadas con acotamientos debidos a empleo, responsabilidades familiares e ingresos; b) los intereses e información políticos, y c) las condiciones estructurales de reclutamiento, relacionadas con las redes a las que pertenecen quienes participan. Estos grupos han sustentado análisis mediante regresiones logísticas para establecer el peso de uno u otro elemento (Schussman y Soulem, 2005: 1087), lo cual es sugerente pero no toma en cuenta, en mi opinión, dos cuestiones nodales: las condiciones culturales que configuran dicha participación y si esta participación influye en la profundización de las actitudes y prácticas democráticas.

Desde la perspectiva gubernamental, la participación ciudadana a través de figuras diseñadas y reconocidas institucionalmente genera consenso social, favorece la gobernabilidad y fortalece la administración pública local. En el enfoque de las diversas fuerzas políticas, dichas figuras son espacios de poder que deben conquistarse, pues amplían la influencia política de quienes los ocupan. En consecuencia, las formas de representación ciudadana instauradas hasta la fecha (consejeros ciudadanos, jefes de manzana, comités vecinales, comisiones de asamblea vecinal y los próximos comités ciudadanos)53 han estado sujetas a forcejeos entre el gobierno en turno y su partido con las demás fuerzas políticas. Por esta causa, bajo el ropaje de rivalidades entre vecinos o ciudadanos por integrar dichas formas de representación, los partidos y grupos políticos realizan campañas furtivas o impulsan a sus simpatizantes a ocuparlas para llevar a cabo, por mencionar dos ejemplos, actividades relacionadas con el incremento de la seguridad pública y el rescate de las tradiciones populares de sus barrios y colonias.

 

Organizaciones vecinales y relaciones intraciudadanas

La elección de 1 352 comités vecinales en 1999 (las únicas y, por el cambio de ley, las últimas realizadas con esta figura) no rebasó el 10% de participación del padrón electoral. La descomposición de las redes vecinales puede explicar este abstencionismo. En todo caso, la investigación indica que las demandas del movimiento urbano popular están más orientadas a resolver problemas de servicios y políticas de ordenamiento territorial que a instaurar formas de participación ciudadana formal, aun cuando éstas no sean rechazadas, particularmente por su reconocimiento gubernamental.

La participación ciudadana en comités y comisiones de asamblea vecinal ha estado matizada por los factores mencionados, que la inhiben o propician, específicamente por la disponibilidad de tiempo, porque es frecuente encontrar entre sus integrantes a jubilados o amas de casa con hijos ya mayores, por convicción o interés político, ya que hay quienes intentan iniciar una carrera política con su actividad, y por la presión social, porque muchos son convencidos de participar por familiares, vecinos y amigos. Para la participación inicial en los comités contribuyeron, además, tanto el interés económico —ya que los partidos circularon el rumor de que sus miembros recibirían un sueldo o, al menos, una compensación, lo que incentivó la integración a las planillas— como el de solucionar problemas específicos. Una vez que fue evidente que ésta no era una actividad remunerada, o que se resolvió el problema, como manifiesta uno de los entrevistados, "se desaparecieron".

Muchos comités se eclipsaron porque la norma establecía que algunos integrantes de las planillas perdedoras formarían parte de los mismos.54 Su propósito pluralista tuvo, en realidad, efectos disolventes. Otros elementos discordantes han sido los contrastes socioeconómicos entre sus integrantes55 y su procedencia de barrios o colonias con problemas distintos. Las dificultades también provienen del pragmatismo, así como de la insuficiencia o del deterioro de la confianza entre ellos. En conjunto, estos aspectos alargan las reuniones, tensan los ánimos y desalientan la participación.

En dichas reuniones se encontró, por ejemplo, que se apela a principios democráticos cuando se intuye que éstos serán favorables para ganar una votación, y al consenso cuando se advierte que una propuesta se encuentra en desventaja. Existen otros muchos ejemplos, pero el expuesto muestra tanto que las dificultades para la instauración de relaciones democráticas más allá del ámbito electoral como que los contenidos culturales asociados a la participación están mediados por la intencionalidad. En efecto, aun cuando en términos de los planos culturales propuestos inicialmente —particularmente en las convicciones de fondo y los valores significativos— puedan detectarse contenidos democráticos o autoritarios, éstos se emplean dependiendo de su acoplamiento a la intencionalidad. Esta situación dificulta la convivencia porque, además, no existe un compromiso sustantivo, no se encuentran ventajas en regirse bajo principios democráticos (Stryker, 1994; Przeworski, 1991) y tampoco existe una reglamentación que establezca sanciones o reconocimientos.

Ciertamente, frente a las grandes dificultades para lograr acuerdos, los comités subsistentes han logrado contraponer redes e identidades vecinales. Algunos funcionan con parte de sus integrantes (usualmente de la misma preferencia política o partidaria); otros están desarticulados en grupos más pequeños, cada uno de los cuales se proclama como "el comité", o se han transformado en comisiones de asamblea de vecinos que gestionan por su cuenta. Es importante precisar que los comités funcionan a nivel delegacional,56 mientras que las comisiones son impulsadas directamente por el Gobierno del Distrito Federal a través de la actual Subsecretaría de Participación Ciudadana. No obstante, a nivel vecinal, muchos ciudadanos que participaban en los comités pasaron posteriormente a formar parte de los comisiones, lo que ha sido indicativo de que existe cierta constante en el tipo y número de ciudadanos que usualmente participan.

 

REPRESENTACIÓN, TERRITORIO Y DEMANDAS URBANAS

En cuanto a la relación con los ciudadanos, existen dos grandes problemas. El primero radica en que los comités y comisiones representan a unidades territoriales generalmente extensas y densamente pobladas, pero, contradictoriamente, están integrados con base en tramas políticas o vecinales geográfica y socialmente restringidas. Por tanto, exhiben problemas de representatividad manifestados en quejas ciudadanas tales como que "nadie los conoce" y "desconocemos quién los eligió". El segundo problema consiste en que pocos de sus integrantes muestran una visión panorámica de las dificultades de la unidad territorial que representan, siendo, además, proclives a trabajar sólo en las cuestiones vinculadas a su entorno y en las relaciones sociales inmediatas.

El éxito de la relación entre ciudadanos y su representación no es ningún descubrimiento: estriba en que el segundo recoja las demandas ciudadanas y que las delegaciones atiendan sus gestiones, pero esto no significa que ocurra así. Sin abundar en el tema, la investigación muestra que las delegaciones son, entre otras cosas, organizaciones inflexibles, anquilosadas e ineficaces, con carencias presupuestales y dependientes del "gobierno central". Con este panorama, comités y comisiones buscan legitimidad ante los ciudadanos pero, por ejemplo, a su vez, los comités han sido utilizados por las delegacionales para legitimar acciones controvertidas y encauzar en su contra el descontento vecinal: "son sus representantes, quéjense con ellos".57 Por eso, aun cuando algunos jefes delegacionales intenten sostenerlos, los desgastan, como también sucede con las relaciones entre éstos y sus representados. El deterioro se manifiesta tanto en su disolución y el rechazo vecinal como en el creciente encono de los enfrentamientos con los funcionarios delegacionales. Algunos de éstos atribuyen dichos enfrentamientos a que sus integrantes son militantes de la oposición política,58 o al "desconocimiento ciudadano" del funcionamiento de las delegaciones, por lo que constantemente idean nuevos cursos y diplomados para "educarlos". Otros simplemente objetan su existencia argumentando —muchas veces con razón— que "ya no funcionan" y que han sido suplidos legalmente (aunque no realmente, porque no han sido todavía elegidos los sustitutos) por los comités ciudadanos, o prácticamente por las comisiones de asamblea.

La actitud gubernamental con los comités y las comisiones condensa la relación mostrada ante la participación de otro tipo de organizaciones, como las juntas de vecinos, las organizaciones de colonos y, en general, las denominadas organizaciones de la sociedad civil.59 En la mayoría de los casos, la relación se configura como una persistente confrontación en la que los ciudadanos buscan respuesta a sus demandas y los gobiernos locales generar espacios donde la participación pueda acotarse y convertirse en colaboración. La mayoría de los cursos y pláticas para ciudadanos a los que se ha asistido lo ejemplifican porque, en su mayoría, buscan absorber a los ciudadanos en las estructuras institucionales mediante su identificación con ellas, haciéndolos, por un lado, copartícipes de las carencias y deficiencias institucionales, y entrenándolos, por otro, para cooperar en las tareas delegacionales, como, por ejemplo, la verificación de obras públicas. Esto no mejora la administración delegacional, sino que la remedia con "supervisores" o "monitores" ciudadanos cuya influencia está acotada por los contenidos que los funcionarios en turno le dan a la participación. Estas acciones "domestican" a los ciudadanos al "adoptarlos" institucionalmente, y aun cuando sean imaginadas por éstos y los servidores públicos como una ampliación de la participación, operan en la periferia del quehacer oficial, sin modificar, mejorándolo, su funcionamiento interno.60 También muestran bajo qué condiciones la ciudadanía puede intervenir en el gasto público (Álvarez, 1998) y cuáles son las relaciones "adecuadas" desde la óptica gubernamental.

Por lo demás, la legislación sobre participación ciudadana en la ciudad de México no otorga herramientas suficientes para incidir en las acciones de gobierno. Por ejemplo, los recorridos de los jefes delegacionales, la difusión pública (que es, en parte, rendición de cuentas),61 la colaboración ciudadana (apoyo a proyectos gubernamentales), la consulta y la audiencia pública —todas ellas incluidas en la Ley de Participación Ciudadana—, ¿son figuras de participación? Corresponden, más correctamente, a prácticas de gobierno promulgadas legalmente como formas de participación ciudadana.

A estas limitaciones hay que añadir que las administraciones dele–gacionales carecen de mecanismos normativos que incluyan la participación ciudadana en la definición del destino de los recursos públicos; definición que, además, está centralizada por el coloquial pero significativamente denominado "gobierno central". Por ello, aun cuando la delegación Tlalpan haya intentado implantar el programa "Hacia un presupuesto participativo", la Secretaría de Finanzas del GDF modificó y presentó su presupuesto anual a la Asamblea Legislativa, la que, a su vez, lo alteró. Por ello, no obstante que los vecinos votaron el 17% del presupuesto del Programa Operativo Anual (POA), estableciendo prioridades en obra pública en sus colonias, el presupuesto fue mucho menor y el ejercicio democrático–participativo frustró a muchos —"de que sirve el voto si la obra no se realiza", sostenía alguno de ellos—, que, en consecuencia, manifiestan su resistencia a cualquier ejercicio similar de gobierno.

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN ¿QUÉ SUCEDE CON LA DEMOCRACIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO?

He propuesto que la cultura es un recurso (Yúdice, 2002: 45) mediante el cual los sujetos y las instituciones (enfocadas aquí como organizaciones culturales) intentan transformar sus relaciones políticas, lo que no necesariamente fortalece la democracia. La investigación ha mostrado que tanto la cultura y las aspiraciones ciudadanas como la interinfluencia partidaria tienden a modificar las estrategias proselitistas, empujándolas hacia el ámbito de la gestión y la intermediación.

La inclinación a establecer relaciones de reciprocidad —que ciertamente son la base para establecer vínculos clientelares— predispone pero no determina el comportamiento electoral, como lo demuestra el retroceso electoral del PRI en el Distrito Federal, el cual no proviene de una estrategia proselitista inadecuada sino, en todo caso, insuficiente. No ha logrado remontar en las elecciones, entre otras causas, porque no puede competir con los programas del GDF y porque el gobierno perredista ha asimilado a la mayoría de sus redes, lo cual ha sido aceptado de manera presurosa por muchas organizaciones urbano–populares, lo cual se expresa coloquialmente como "cambiarse de cachucha".62

Esa inclinación a establecer relaciones de reciprocidad es propiciada por: a) la influencia cultural del PRI en las prácticas políticas por más de siete décadas; b) un contexto socioeconómico donde el deterioro de las condiciones de vida en el país —y, para el caso abordado, en la capital—, aunado a la disminución del gasto social del gobierno federal, induce a los ciudadanos a buscar vínculos más eficientes para dirigir el gasto social, y c) las características del sistema político, que fomentan el sentimiento de powerlessness (Giddens, 1991: 191–194) y el desencanto por la democracia (McCann y Lawson, 2003: 64; Ryan, 2001; Payne, et al., 2002), tanto por la carencia de canales ciudadanos para intervenir en las decisiones gubernamentales (Sartori, 1997: 55) como por la transformación de la política en intermediación.63 Estas condicionantes influyen en los imaginarios ciudadanos sobre la política y el poder, circunscribiendo la relación con los partidos a un limitado número de transacciones políticamente eficaces. Lo anterior se hace evidente cuando, en los diversos performances con los cuales los candidatos buscan explicar a sus públicos cómo ejercerán el gobierno en caso de ser electos, aquellos que apelan a la intermediación y la "cercanía" se eslabonan con las expectativas ciudadanas. También auspician la instauración de vínculos carismático–personales–autoritarios, en oposición a los democrático–racionales–institucionales. Esto obliga a distinguir analíticamente la institucionalización de la democracia de los contenidos culturales que la rodean. La pregunta es: ¿están relacionados la configuración cultural y los imaginarios ciudadanos con sus motivaciones para votar por uno u otro candidato? Todo parece indicar que algunos candidatos estimulan las expectativas de los ciudadanos, por lo que éstos asisten a las urnas y buscan elecciones limpias.64 Esto fortalece la democracia electoral, pero no implica cambios significativos en los elementos culturales que sustentan las relaciones políticas. Ciertamente se tiene un gobierno elegido de manera democrática, lo que no es poco, porque, como afirma O'Donnnell, el ejercicio de los derechos políticos es fundamental (O'Donnell, 1998: 264), pero la institucionalización democrática es débil en la medida en que las relaciones políticas no la fortalecen. Las preferencias políticas en la ciudad de México durante la última década podrían expresar más la búsqueda de nuevos intermediarios que inclinaciones democráticas, porque, como lo han mostrado las relaciones interciudadanas, aquéllas no parecen un valor sustantivo generalizado, sino una "ventana de oportunidad".

Se ha afirmado que las relaciones clientelares se han desgastado en el país. Es probable que en otras regiones así sea, pero en la ciudad de México continúan sustentado las prácticas tanto de los partidos como del gobierno.

En cuanto a las relaciones entre ciudadanos e instituciones gubernamentales, los cambios son obstaculizados por los límites institucionales y, aun cuando no sea una relación estática, las transformaciones son lentas y los contenidos de la ciudadanía se mantienen a largo plazo.65

En otras palabras, en la interacción entre ciudadanía y gobierno las negociaciones están circunscritas por normas, reglamentos y "candados" administrativo–institucionales (Taylor, 1994), los cuales delinean modos acotados de reconocimiento al ciudadano. Ciertamente éste busca continuamente cómo entablar una relación más eficaz y, no obstante los obstáculos inherentes al ámbito institucional, cómo redefinir lo público, lo privado y lo doméstico (Ku, 2000: 227); modificar los contenidos y las formas de las políticas públicas; ampliar la participación más allá de "consultas ciudadanas", al mismo tiempo que se forma como actor social relativamente autónomo. Pero los avances no han sido sustantivos y esto desgasta la participación ciudadana (Appelbaum y Bartolomucci, 2004). La reedición de los comités vecinales, ahora como comités ciudadanos, y la persistencia del clientelismo como relación política básica muestran que no se ha avanzado mucho en los contenidos de la participación, lo cual probablemente es una manifestación de la debilidad del movimiento ciudadano.

La participación ciudadana ha estado asociada —particularmente en colonias populares— a una activa acción gubernamental por impulsar diversos programas de gasto social, como la pensión alimentaria para adultos mayores de setenta años, el apoyo para la adquisición de libros de texto y útiles escolares, los programas de apoyo al empleo (microcréditos y créditos para medianas y pequeñas empresas sociales), el programa para el mejoramiento de vivienda, el otorgamiento de becas a niñas y niños en situación de riesgo, el apoyo económico a personas con discapacidad, entre otros más. Aun cuando sean apoyos exiguos, son significativos para la economía y las condiciones de vida de muchos, lo que fortalece la percepción —expresada coloquialmente por uno de los beneficiarios entrevistados— de que "el gobierno (más precisamente, el jefe de gobierno) sí se preocupa por nosotros, aunque sea un poco".

Esta situación ha propiciado una dinámica política contradictoria en la ciudad: por un lado, una constante tensión en la relación entre delegaciones y organizaciones vecinales o ciudadanos aislados descontentos con los servicios públicos, las condiciones del entorno urbano y las limitaciones a su participación; por otro, la ampliación del apoyo político a la jefatura de gobierno con base en el consenso social que generan programas organizados territorialmente (no administrativamente) a nivel delegacional, coordinados por "jefes de unidad departamental" de participación ciudadana del GDF.66 Por ello, aun cuando las relaciones entre gobiernos locales y ciudadanos no se modifiquen de manera sustancial, se incrementa dicho apoyo hacia el gobierno "central", y más puntualmente al jefe de gobierno en turno.67

En este marco, la participación ciudadana está acotada a la "coadyuvancia" y, por tanto, también lo están los contenidos de la ciudadanía y lo público.

La democracia como forma de vida implica que los ciudadanos puedan definir y dar dirección a las decisiones gubernamentales (Ramírez, 1998: 82–83), construirse como tales al ejercer los derechos democráticos a la participación e impulsar por sinergia la democracia más general (Lechner, 1996: 63–65), pero al no existir los canales para esto se debilita el sentido de ciudadanía.

Los defeños siguen siendo habitantes de las pirámides, no tanto por su convivencia con el pasado mexica, sino porque están inmersos en relaciones políticas orientadas centralmente, estructuradas verticalmente y aglutinadas por la cultura de la personalización (Pansters, 1997). Las formas de participación más amplias no son aceptadas debido a las transformaciones institucionales que implicarían, por el cuestionamiento que hacen del poder68 y porque son políticamente menos rentables. De esta forma, los ciudadanos quedan como receptores y, en el mejor de los casos, ejecutores de las políticas públicas, no como codiseñadores de las mismas. Las decisiones sobre las condiciones para acceder a los recursos públicos y señalar en dónde se aplicarán continúan restringidas a la esfera gubernamental. La participación no garantiza ni es sinónimo de democracia, particularmente si es de "baja calidad".69 Incluso, como se ha mostrado, las organizaciones ciudadanas pueden actuar autoritariamente al interior y en su relación con otros ciudadanos.70 Por ello, aun cuando la ciudad de México cumple con los requisitos democráticos mínimos, la intermediación y el autoritarismo alimentan sus relaciones políticas.

 

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NOTAS

1 Una versión preliminar de este artículo recibió la mención honorífica del IV Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales (UNAM–IIS/Organización de Estados Iberoamericanos).

2 Se entiende como ciudadanía al conjunto de prácticas político–culturales que, aunadas a las obligaciones y derechos de carácter legal, político y social, definen la relación de un individuo con el Estado y con su comunidad.

3  Se considera a la política como el conjunto de relaciones sociales a través de las cuales se intentan modificar tanto las estructuras como las interacciones de poder que, en su conjunto, delinean cómo se producen, reproducen y consumen los bienes (materiales o simbólicos) sociales.

4 Las prácticas político–culturales son acciones cuyos contenidos se aprenden, reproducen y modifican por la interacción entre cultura y política. Son prácticas que sintetizan imaginarios e intencionalidades políticas.

5 El estudio de las relaciones entre ciudadanos y partidos fue realizado durante las campañas políticas de 1997, 2000 y 2003 en las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Se analizaron actividades proselitistas de candidatos a diputados locales, federales y jefes delegacionales del pan, PRD y PRI en un total de 23 campañas electorales. El correspondiente a las "casas de atención ciudadana" se efectuó en 2001 y 2004 en ocho y cuatro oficinas, respectivamente, pertenecientes a diputados locales del pan y el PRD en Cuauhtémoc e Iztacalco.

6 Se define a la participación ciudadana como el conjunto de acciones que ésta realiza con el propósito de incrementar su influencia en las decisiones gubernamentales, particularmente en las relativas al destino de los recursos del Estado.

7  El análisis de la dinámica de los comités vecinales y de las comisiones derivadas de asambleas vecinales fue realizado de 2002 a 2005 en Tláhuac, Iztacalco y Tlalpan.

Se entrevistaron integrantes de 46 organizaciones vecinales (comités y comisiones de asambleas vecinales) y se efectuó observación participante en sus reuniones internas, acciones vecinales y negociaciones con las delegaciones políticas. El programa "Hacia un presupuesto participativo" fue estudiado en 2003 en Tlalpan (única delegación donde se intentó implantarlo). Finalmente, las relaciones entre organizaciones vecinales y gobiernos locales se abordaron en las delegaciones Tláhuac, Iztacalco y Tlalpan durante 2003 y 2004.

8 En todos los casos, el autor del presente texto diseñó la investigación, participó en el estudio en el terreno y coordinó, cuando esto se requirió, al grupo de campo.

9  Los imaginarios sociales son aquellas subjetividades que median la vida colectiva, que están entreveradas en el habitus de una población, y a través de las cuales los individuos entienden sus identidades y su lugar en el mundo (Parameshwar, 2002; Calhoun, 2002; Bakso, 1991).

10  El performance cultural es el proceso social mediante el cual los actores muestran a otros el significado de ciertas relaciones sociales o políticas. No necesariamente es un significado al que se adhieran, porque puede ser creado conscientemente para que los otros se adscriban al mismo, pero debe realizarse de forma tal que sea plausible para quienes lo observan (Alexander, 2004).

11 Regresaremos a esta cuestión posteriormente.

12 En este sentido, los conflictos políticos tienen un fuerte componente cultural porque inciden en la construcción de significados, pero su ubicación es estructural porque buscan modificar las formas de ejercicio de la dominación (Melucci, 1998: 423).

13 Por ello, además, coincido con Wedeen (2002: 720) cuando advierte que el concepto de cultura política presupone una coherencia y estabilidad interna indefendibles empíricamente.

14 Para un recuento del tema, véase Blais, 2000.

15 Incluso un analista sagaz como Lechner (1990) enfocó a la cultura por su perdurabilidad temporal al distinguir la cultura de la opinión pública por sus contenidos "arraigados" (49).

16 Probablemente porque muchos de sus aspectos difícilmente son cuantificables (Kertzer, 1998: 7).

17 Esto permite, además, abordar del cambio político, que generalmente es un problema tanto en las perspectivas institucionales de la política como en las visiones normativas de la cultura (Lieberman, 2002).

18 El análisis que busca en los resultados electorales, particularmente en el voto, las motivaciones ciudadanas también es insuficiente porque requiere ubicarse en el trinomio cultura–contexto–acción.

19 Las políticas públicas contienen mensajes implícitos sobre los derechos ciudadanos y las formas adecuadas de relación con el gobierno (Rathgeb e Ingram, 2002: 56), las cuales configuran la cultura ciudadana.

20 Coordinadora de Módulo de Atención Ciudadana de diputado local.

21 Una vecina de Tepito entrevistada durante uno de los estudios sobre las campañas electorales lo expone así: "Antes teníamos reglas y los ladrones no se metían con los que vivíamos aquí; pero ahora con la drogadicción los muchachos ya no reconocen y por conseguir más droga lo asaltan a uno aunque sea de la misma calle [...]. Ni se vaya a meter a 'La Fortaleza' (la unidad habitacional denominada así), porque allí hasta entre los vecinos se roban".

22 La Encuesta Nacional de Cultura Política (Encup) 2005 muestra que 57% de los ciudadanos está poco o nada satisfecho con la democracia del país.

23 Con excepción de la entrega de material de construcción. Durante las tres campañas estudiadas se encontró a quienes estuvieron dispuestos a intercambiar votos por varilla, cemento y láminas de asbesto, por ejemplo. Aun así, quienes compran el voto frecuentemente presionan socialmente a los electores reuniéndolos el día de los comicios para llevarlos a votar. Con ello intentan evitar que sigan la recomendación de "reciban todo lo que les ofrezcan, pero voten por...", inicialmente utilizada por el PRD en contra del PRI y actualmente por los demás partidos en contra del PRD. Algunos ciudadanos se han apropiado de ella modificándola en los siguientes términos: "recibamos todo lo que nos ofrezcan, pero votemos por quien mejor nos parezca".

24 Por ejemplo, en Iztapalapa existe un intercambio de votos entre el PRI y el PRD, o viceversa, desde hace algunos años. Gómez–Tagle (2000: 84–909) considera que esto se debe a los cambios en las lealtades de las organizaciones clientelares. En la investigación realizada se encontró que, además, la dilución de las adhesiones políticas y sus consecuentes desalineamientos políticos son propiciados por un creciente pragmatismo político entre los sectores más desfavorecidos de la población de la ciudad, alimentado, a su vez, por la competencia creciente de los partidos por ganarse su adhesión. Por el contrario, en las zonas donde predomina la clase media, como la denominada "laguna azul" en la delegación Benito Juárez, pero también en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Álvaro Obregón, existen áreas donde se vota reiteradamente por el pan desde los años sesenta. En cuanto al pragmatismo, tenemos como ejemplo la siguiente reflexión: "Recibimos la invitación de un partido porque se suponía que iban a trabajar y tener la fuerza suficiente para presionar a la delegación a que nos resolvieran nuestros problemas. La verdad fue una mala decisión ya que no nos benefició. Ahora aceptamos los apoyos de todos los partidos siempre y cuando nos traigan cosas y no nos pidan que votemos por ellos": coordinador de comisiones de unidad territorial.

25 Se enfoca la identidad como el sentimiento de pertenencia a una comunidad, lo que usualmente genera la percepción de estar en igualdad de condiciones, lo cual es importante para propiciar la organización (Giménez, 2000: 71–72). Dicha identidad puede expresarse en una ideología política y una percepción afín del mundo, y, en términos generales, en un estilo de vida, particularmente en aquellos partidos que apelan a los valores para preservar sus tradiciones, como el PAN. Un estudio sugerente sobre el tema es el realizado en Chile por Lomnitz y Melnick (2000). También Goren (2005) muestra cómo las adscripciones partidarias predisponen a ciertos valores y formas de acción social y política.

26 Habermas (1998: 622) sostiene que la identidad ciudadana deriva del ejercicio de los derechos y la participación. Coincido en términos generales con esta afirmación, aun cuando debe precisarse que ambas se enmarcan en prácticas político–culturales que imprimen sus contenidos a dicho ejercicio.

27 La arena política está integrada por los valores significativos o las convicciones de fondo que establecen las reglas compartidas con base en las cuales se relacionan los adversarios o contendientes políticos.

28 Desde un enfoque tanto cívico como cultural, la sociedad civil está integrada por asociaciones ubicadas fuera del Estado que expresan los intereses de los ciudadanos. Su función política de movilización, contención e institucionalización genera ciudadanía, establece algunos elementos de la agenda pública y puede modificar a las instituciones mediante la acción colectiva (Brysk, 2000:151).

29 Recorrido y reuniones con vecinos por parte de los candidatos del PRD, 5 de junio del 2000.

30 En consecuencia, durante los recorridos de "toque de puertas", característicos de este partido, frases como "busco una relación personal", "soy vecino de la colonia", "soy padre de familia como usted", "tengo interés en servir a mi comunidad", "busco el bienestar de su esposa e hijos", "tenemos aquí problemas de los que todos somos víctimas", son reiterativas en el discurso político de los candidatos panistas.

31  Estrategia que puedo sintetizar con la frase "no votes por un político, vota por un vecino". Recuérdese que en la Encup 2005 los partidos políticos tienen el nivel de confianza más bajo: 5.4, mientras que en la encuesta nacional del periódico Reforma del día 29 de marzo de 2007, 57% de los ciudadanos confía poco o nada en la Cámara de Senadores, 60% confía poco o nada en la de Diputados y 68% confía poco o nada en los partidos políticos.

32 Además de los servicios mencionados, la presidenta de ese partido en el Distrito Federal anuncia lo siguiente, entusiasta por el futuro: "impulsaremos el autoem–pleo mediante cursos en oficios que no requieran una fuerte inversión inicial: queremos en el pan más carpinteros, más pintores, más plomeros". Mariana Gómez del Campo, en rueda de prensa, 6 de marzo del 2007.

33 En el Distrito Federal el pan puede enfocarse como un partido de cuadros en los términos en que Duverger (2002: 93) lo define.

34 Actividades como las "caravanas" de autos, inauguradas por Clouhtier en 1998, han sido reiteradamente retomadas en las campañas perredistas, y aunque sus integrantes no parecen proclives a recorrer la avenida Insurgentes porque, como expresaba un candidato, "eso es demasiado fresa", lo hacen —por mencionar un ejemplo— en las calles de los pueblos y barrios de Tláhuac y Milpa Alta, donde muchos pobladores que los miran pasar utilizan, en el mejor de los casos, los "bicitaxis" como medio de transporte urbano. Al indagar sobre la percepción de la eficacia proselitista de dicha actividad se encontró que para quienes participan de ella lo importante es "tener presencia en la calle", lo cual se asocia con el éxito de una campaña y es una forma particular de representar metafóricamente el ejercicio del poder.

35  En las discusiones internas de los partidos acerca de cuál es el proselitismo más adecuado, el estudio indica que los "estrategas" profesionales o improvisados aluden directa o indirectamente al PRI para establecer las actividades de una campaña electoral, lo que muestra la influencia de este partido en el quehacer político.

36 Los ciudadanos no cuentan con datos duros, pero cada uno de los sesenta y seis legisladores locales recibe actualmente, en números redondos, 308 mil pesos mensuales, desglosados de la siguiente manera: 63 mil pesos de salario bruto, 56 mil para apoyos parlamentarios, 64 mil para la operación del módulo de atención ciudadana y 125 mil de "ayudas", administrados por el coordinador de su fracción parlamentaria. Desde 2007 obtiene, además, 20 mil pesos del capítulo 4000, "Ayudas, subsidios y transferencias", los cuales no son auditables. Con excepción de los salarios, la información anterior no tiene carácter público al no haber sido emplazada a la fecha (marzo del 2007) en la sección sobre transparencia de la página electrónica de la Asamblea.

37 Artículo 13 fracción primera de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También los artículos 17 fracción séptima y 18 fracción séptima establecen como derecho y como obligación, respectivamente, la gestión y la intermediación de los diputados locales.

38 Un recuento de las negociaciones en la Asamblea Legislativa que dieron lugar a los módulos se hace en Vite, 2002.

39  Se han creado unidades de atención ciudadana en las dieciséis delegaciones políticas, las cuales son denominadas coloquialmente como "ventanillas únicas", ya que a través de ellas se reciben las diversas demandas ciudadanas.

40  Las solicitudes son de muy diverso tipo: desde donación de material, poda de árboles y reparación de luminarias, hasta quejas por comercio ambulante y talleres en la vía pública.

41  Responsable de un centro de servicios y atención ciudadana.

42 Observación participante realizada por la antropóloga Marcelina Cortés.

43 Se define el clientelismo como el conjunto de deberes u obligaciones morales compartidos por patrones, clientes e intermediarios, los cuales son considerados justos o equivalentes por los involucrados. Es una forma en que los grupos o sectores desfavorecidos y con poco o nulo poder político y social pueden acceder a "bienes escasos".

44  Se enfoca a la camarilla política como el grupo político donde sus miembros se ayudan mutuamente. Como lo expresa Ai Camp (1995): "A medida que el mentor asciende en la burocracia, va colocando a miembros de su grupo, siempre que puede, en otras posiciones de influencia, dentro de su organismo o fuera de él" (138).

45  Estas camarillas se sustentan en componentes de la relación patrón–cliente que sus integrantes, a su vez, reproducen en las relaciones con los ciudadanos.

46  Por esa razón, cuando se preguntó a un candidato a diputado federal que había sido diputado local si realizaría una campaña intensa contestó: "Para qué, si en estos tres últimos años me he dedicado a hacer campaña".

47 En la observación de las elecciones internas del PRD, se pudo ver que quienes encabezan grupos de militantes y simpatizantes, usualmente cohesionados por redes clientelares, son aquellos con mayores posibilidades de triunfar en los comicios para obtener una candidatura a un cargo interno o uno de representación popular.

48 Excepto cuando candidatos o diputados se reúnen expresamente con organizaciones partidarias y de vecinos.

49 Por lo demás, en lo local lo público se hace posible porque allí se compenetran la política y la vida cotidiana (Carrión y Dorte, 1999: 16).

50 La propongo de esta forma debido a que establece los contenidos de la relación individuo–comunidad y comunidad–comunidad. Esta relación es referencial porque instaura semejanzas y diferencias, y afinidades y disparidades, entre individuos y comunidades; es operativa porque matiza la direccionalidad de la acción social.

51 Verba define la participación política como "aquellas actividades legales de los ciudadanos privados que están más o menos enfocadas a influir en la selección del personal de gobierno y/o con las acciones que éste realice" (1978: 46).

52  Pateman advertía: "No obstante las afirmaciones de los teóricos empíricos, ellos no han producido un recuento convincente de las relaciones entre patrones de actitudes y actividades mostradas en sus hallazgos y la estructura política de las democracias liberales" (1980: 58). Véase también McCann, 1997.

53 Los comités ciudadanos fueron establecidos legalmente partir de mayo del 2004, pero no se han realizado las votaciones para elegirlos a causa de tensiones entre el GDF, los partidos políticos y el Instituto Electoral del Distrito Federal.

54 El artículo 92 de la Ley de Participación Ciudadana vigente en 1999 indicaba: "La integración de los comités vecinales se realizará de manera proporcional bajo el principio de cociente natural resto mayor. Quien encabece la planilla ganadora será el coordinador del comité vecinal".

55 Diferencias resultantes de la reproducción estructural de las desigualdades y las inequidades que cuestionan las percepciones optimistas sobre el capital social de los citadinos y sus posibilidades para deliberar democráticamente y formar una nueva ciudadanía (Helly, 2003: 21; Carpini y Lomax, 204: 331).

56 Las delegaciones están divididas en unidades territoriales, cada una de las cuales está, al menos teóricamente, representada por un comité vecinal.

57 Por ejemplo, autorizaciones de cambio de uso de suelo y, por ende, construcción de condominios e instalación de comercios, como gasolineras y centros nocturnos. Un integrante de un comité reflexiona: "La delegación sólo nos usa como fachada. Pretenden demostrar que están trabajando directamente con la representación de los ciudadanos, pero únicamente nos llaman cuando necesitan nuestro apoyo".

58 Al estudiar los comités ciudadanos puede confundirse participación ciudadana con militancia partidaria. Algunos de sus integrantes más activos o beligerantes pueden estar integrados a un partido político y actuar en consecuencia, por lo que es importante distinguir entre la caza de simpatías o liderazgos partidarios mediante la intermediación y la búsqueda del mejoramiento de la comunidad en que se convive.

59 Las diferencias estriban en que los comités han sido una figura institucional, lo que ciertamente les ha facilitado la apertura de las oficinas de gobierno, aun cuando ahora yazgan en el limbo legal. Su influencia ha disminuido en la medida en que hay quienes sostienen que desaparecieron legalmente cuando finalizó su periodo, aunque sus integrantes aseveren que, mientras no se hagan nuevas elecciones, los comités siguen operando.

60 Por ejemplo en los comités de asignación de obras por contrato, en los cuales se analiza el récord de cumplimiento de las empresas concursantes y la calidad de sus trabajos, se fijan los costos y se establecen los plazos para ejecutar las obras.

61 La rendición de cuentas es deseable aunque insuficiente. Se requiere de una supervisión estrecha, la cual es más eficaz para evitar acciones de corrupción y abuso institucional (O'Donnell, 1999; Smulovitz y Peruzzotti, 2000: 150).

62 Esto demuestra que las adhesiones partidarias de las organizaciones sociales son particularmente inconsistentes, respondiendo más a contextos políticos que a principios morales de militancia.

63 Esa falta de canales para la relación entre gobierno y ciudadanos probablemente explique los resultados de la Encup 2005 a la pregunta: "¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que piensa gente como usted?", a la cual el 86.7% responde "poco" o "nada".

64 Por lo demás, los ciudadanos están más dispuestos a participar si consideran que las elecciones serán justas (Hiskey y Bowler, 2005).

65 Lo anterior confirma que la conservación de la cultura sin cambios significativos a través del tiempo no es una característica que la defina como tal, sino resultado de condiciones específicas del ejercicio de la dominación.

66  La mayoría de estos programas continúan en la administración iniciada en diciembre del 2006.

67  Por ejemplo, cuando en una entrega de microcréditos se le dice a cada uno de los beneficiarios: "De parte de Andrés Manuel" (López Obrador).

68 Muchos cambios no son bienvenidos porque ponen en entredicho los espacios de poder. Por eso, un director de enlace territorial pide a los asistentes a una reunión: "Si no están preparados para debatir con los funcionarios podrían confundir la corresponsabilidad y querer participar en todo [...]. Si desean que se les tome en cuenta, exijan de buena manera e inteligentemente".

69 Verba (2003) la define como aquella participación poco informada y que no apoya o corroe a la democracia.

70 Lo cual significa, por un lado, que el capital social para la ciudadanía del Distrito Federal no es importante, ya que no hay reciprocidad, confianza ni emociones positivas (Paxton, 2002: 256); por el otro, que la sociedad civil no es necesariamente democrática (Brysk, 2000: 156; Dahl, 1991: 11; Dagnino, et al., 2006: 75).

71 Morlino (2005: 43) formula una definición mínima que determina un umbral por debajo del cual un régimen ya no es democrático, el cual está integrado por los siguientes componentes: sufragio universal de ambos sexos; elecciones libres, competidas, periódicas y correctas; presencia de más de un partido, y existencia de fuentes de información diversas.

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