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Revista mexicana de sociología

versión On-line ISSN 2594-0651versión impresa ISSN 0188-2503

Rev. Mex. Sociol vol.71 no.1 México ene./mar. 2009

 

Artículos

 

Contexto micro y macro de la protesta colectiva: América Latina en la década de los noventa

 

Micro and Macro Context of Collective Protest: Latin America in the 1990s

 

Clemente J. Navarro Yáñez* y María Rosa Herrera Gutiérrez**

 

* Director del Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide. Temas de especialización: procesos de participación política en el diseño y aplicación de políticas públicas. Dirección: Carretera de Utrera, kilómetro 1, C. P. 41013, Sevilla, España. Teléfono: 00 34 954 34 91 88. Fax: 00 34 954 34 91 99. Correo electrónico: cnavyan@upo.es.

** Secretaria del Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Profesora ayudante de la Universidad Pablo de Olavide. Temas de especialización: protesta social y ciclos de protesta. Dirección: Carretera de Utrera, kilómetro 1, C.P. 41013, Sevilla España. Teléfono: 00 34 954 97 7908. Fax: 00 34 954 348 363. Correo electrónico: mrherrer@upo.es.

 

Recibido: 6 de septiembre de 2007
Aceptado: 20 de octubre de 2008

 

Resumen

¿Son relevantes los diseños y dinámicas institucionales como estructuras de oportunidades políticas para la participación política de la ciudadanía en eventos de acción colectiva de protesta? Este artículo desarrolla un análisis contextual que al comparar nueve países de la región muestra la importancia de una "regla de transformación institucional" por la que los recursos, actitudes y capital social individuales se transforman o no en participación política contenciosa por parte de la ciudadanía. Esto muestra la importancia de esta dimensión de los sistemas político–institucionales y, en particular, la heterogeneidad que al respecto presentan los "casos latinoamericanos" y sus efectos sobre sus ciudadanías.

Palabras clave: participación política, protesta social, estructura de oportunidades políticas, América Latina.

 

Abstract

Are institutional designs and dynamics relevant as structures of political opportunities to citizens' political participation in collective protest actions? This article undertakes a contextual analysis comparing nine countries in the region and shows the importance of a "rule of institutional transformation" whereby individual resources, attitudes and social capital are or are not transformed into contentious political participation on the part of citizens. This shows the importance of this dimension of politico–institutional systems, and above all the heterogeneity of " Latin American cases" and its effects on their respective citizenrys.

Key words: political participation, social protest, structure of political opportunities, Latin America.

 

La protesta, o acción colectiva de carácter contencioso, ha sido un objeto de análisis relevante en el estudio de las sociedades políticas de América Latina. No obstante, su estudio se ha centrado en el análisis de los procesos de movilización, su intensidad, frecuencia y naturaleza en atención a las demandas o reclamos que presentan los grupos o movimientos, y más recientemente en su estructura interna y de movilización. Y ello, de preferencia, mediante el estudio de casos, y en últimas fechas mediante la comparación de éstos (Mirza, 2006). Ahora bien, en gran medida, este análisis sobre la intensidad y naturaleza de la protesta disruptiva ha obviado, en cierta medida, el análisis de la extensión del fenómeno, esto es, el grado en que la ciudadanía individualmente considerada participa de manera activa en tales eventos disruptivos. O dicho de otra forma, por lo común, la unidad de análisis ha sido el "movimiento" o la "protesta", no la "participación ciudadana en actividades de protesta". No obstante, cabría integrar aportaciones del primer enfoque para generar un marco analítico que aporte ideas para el análisis del segundo.

En particular, cabría introducir elementos del enfoque de los procesos políticos en el estudio de los movimientos sociales y, en concreto, sus aportaciones sobre la estructura de oportunidades políticas, para ver en qué medida tales variables contextuales del sistema político–institucional transforman, incentivando o inhibiendo, la participación ciudadana en forma de protesta disruptiva con independencia de otras variables. Además, para el ámbito latinoamericano ello mostraría la importancia —o no— de los diseños y dinámicas institucionales sobre una forma importante de participación política entre la ciudadanía. Asimismo, resultaría de interés valorar la importancia de la dimensión socioeconómica, variable que la literatura aborda de forma divergente, en relación con la disposición a participar en acciones de protesta colectiva. En concreto, se compararán nueve países durante finales de la década de los noventa, momento en el que ya se ha producido la reestructuración socioeconómica liberalizadora. Para ello se hará uso de los datos que sobre actitudes y comportamientos políticos ofrece la Encuesta Mundial de Valores.

En cuanto a la estrategia expositiva de estas páginas, en el primer apartado se reflexiona sobre los aportes que la literatura, tanto de movimientos sociales como de participación social, ofrece para explicar el fenómeno de la participación ciudadana —en actividades de protesta para nuestro caso—, proponiendo así un modelo básico que, integrando ambas vertientes teóricas, dé cuenta de las razones por las que el ciudadano cooperaría en acciones de contienda política. Posteriormente, en el segundo apartado, se indaga brevemente sobre las transformaciones contextuales, socioeconómicas y políticas, ocurridas en los años noventa en la región. Así también se presenta una breve descripción de los principales procesos de movilización social ocurridos en ese escenario. Seguidamente, en el apartado tres, se presenta el diseño metodológico y la operacionalización del modelo analítico, para en el cuarto apartado mostrar la extensión de la protesta en América Latina y ponerla en relación con los factores explicativos propuestos. Finalmente se exponen las conclusiones de este estudio.

 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO PROTESTA DISRUPTIVA: RECURSOS, MOTIVOS Y ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDADES

Como modalidad específica de participación política cabe explicar la extensión de la protesta a partir del conocimiento acumulado acerca del estudio del fenómeno participativo entre la ciudadanía, así como también del estudio de los movimientos sociales. Ambos campos de investigación proporcionan argumentos para su análisis. Ahora bien, mientras que el primero se centra en la ciudadanía como objeto de análisis, el segundo lo hace en mayor medida sobre los grupos y las movilizaciones, esto es, en la acción colectiva. No obstante, del segundo enfoque cabría extraer algunos elementos analíticos para enriquecer el análisis de implicación en actividades de protestas desde la perspectiva de la ciudadanía. En este apartado se presenta un modelo analítico que tratará de integrar mínimamente ambos enfoques para conocer la extensión del fenómeno de la protesta disruptiva entre la ciudadanía.

 

Ciudadanía y protesta disruptiva: sobre recursos, motivos y agentes de movilización

Desde la aportación seminal del "modelo socioeconómico" de Verba, Nie y Kim (1978), es sabido que los recursos (económicos, de tiempo, cognitivos) derivados de la posición social guardan una estrecha relación con la intensidad de la implicación política de la ciudadanía, así como también con su cultura política, entendida ésta como el conjunto de valores, actitudes y orientaciones hacia la esfera pública, ya sea sus actores e instituciones; como confianza institucional (o eficacia política externa), ya sea sobre la percepción del papel que el propio ciudadano cree que puede desempeñar en tal ámbito en términos de competencia política (o eficacia política interna).1

En este sentido suele indicarse que, en general, los varones muestran un mayor grado de implicación política que las mujeres en razón de la división sexual del trabajo y de la socialización política ligada a ella, que hacen del "espacio público" y del "ámbito doméstico" esferas apropiadas para unos y otras, respectivamente (Bourdieu, 2000), o más llanamente porque ello implica modos de vida y usos del tiempo que suponen una barrera para la implicación política de la mujer (Burns, Scholzman y Verba, 2001).

Asimismo, suele señalarse que las personas que ocupan posiciones medias o elevadas en la estructura social son quienes parecen implicarse en mayor medida en la esfera pública (Milbrath y Goel, 1977). En este mismo sentido, la escuela europea de los nuevos movimientos sociales ha sostenido que la base social de éstos se encuentra, preferentemente, entre la clase media (Tarrow, 1997; Offe, 1992), al igual que se señala su efecto desde el análisis más general de la participación política de la ciudadanía, sea la literatura sobre la nueva cultura política (Clark e Inglehart, 2006), sean los análisis sobre la reinvención del activismo político en forma de protesta (Norris, 2001).

Pero, sobre todo, es el nivel de formación académica como indicador de movilización cognitiva o, mejor, como recurso que capacita para la comprensión y articulación de discursos, el que suele aparecer como uno de los factores explicativos más relevantes al respecto (Almond, 1980; Inglehart, 1991). Lo que, por lo común, suele asociarse con la posición en la estructura social y el género, habida cuenta del papel de la formación académica como mecanismo de estructuración social y el menor acceso de la mujer al sistema educativo, sobre todo a los niveles superiores de éste.

En general, desde esta perspectiva socioeconómica cabría señalar que aquellos que ocupan el "centro social" (por sus recursos y posición social) tienen una mayor presencia en el "espacio público", tanto en sus orientaciones y actitudes hacia éste, como por el desarrollo de actividades participativas. Si se quiere, tal y como señalara Gaixe (1978), suele darse cierto paralelismo entre "segregación social", por un lado, y "segregación política", por otro. La desigualdad social se reproduce, pues, en términos de "desigualdad política" (Bourdieu, 2000).

Ahora bien, si este esquema es válido para el análisis de los fenómenos participativos en general, es sabido que éstos constituyen un fenómeno multidimensional que suele desarrollarse a través de diferentes modalidades, siendo una de ellas la "protesta" o "acción colectiva contenciosa", entendida como acción colectiva de carácter disruptivo mediante la que se presentan, de forma contenciosa, reclamos a las autoridades públicas u otros agentes que intervienen sobre los procesos de decisiones colectivas o de índole socioeconómica (Tilly y Tarrow, 2006; Milbrath y Goel, 1977; Barnes y Kasse, 1979; Parry et al., 1992). Se trata de una acción política colectiva articulada a través de mecanismos no representativos y no institucionales basada en una implicación personal activa (Torcal, Montero y Teorell, 2006). Ésta se diferencia de otras modalidades como el voto, el contacto con políticos y funcionarios públicos o la participación en organizaciones políticas, fundamentalmente por dos hechos: el esfuerzo requerido y su conflictividad.2

Por un lado, desde las propuestas olsonianas es conocido que la participación política entraña ciertos costos, o si se prefiere, su desarrollo supone el desarrollo de cierto esfuerzo, y más cuando se trata de acción colectiva o conjunta. Ahora bien, frente a otras modalidades de participación, es la participación en actividades de protesta colectiva de carácter disruptivo la que presenta un mayor costo en términos de la implicación y organización de la actividad. Por otro lado, frente a otras modalidades, la protesta se caracteriza por introducir momentos de disrupción en la vida cotidiana, ya sea porque supone el planteamiento de reclamos sobre conflictos sociales, económicos y/o culturales a las autoridades públicas u otros actores con capacidad de influir en ellos (por ejemplo, empresas), ya sea porque su desarrollo implica quebrar el desarrollo normal de la vida cotidiana, lo que puede implicar "costos normativos" derivados de la posibilidad de procesos de represión sobre ella.3

De lo anterior se deriva que el desarrollo de la protesta se relaciona, en mayor medida que otras modalidades de participación, por un lado, con los recursos y la implicación política, a tenor del esfuerzo que implica y, por otro lado, con el desarrollo de actitudes críticas hacia las autoridades públicas y/o con ocupar una situación o posición social que se ve afectada por un problema o decisión política, social o cultural que se considera injusta (Ferrer, Medina y Torcal, 2006; Norris, 2001). Más concretamente, el esfuerzo requerido y su grado de disrupción hacen que la protesta guarde una relación específica con recursos y actitudes políticas pues, por un lado, no se trata sólo del mayor o menor grado de posesión de los primeros, sino de ocupar "posiciones críticas" en torno a decisiones o cleavages de diferente naturaleza que suponen motivaciones específicas para sumarse a la protesta y, por otro lado, en relación con ello, el desarrollo de "actitudes críticas" y, en especial, de desconfianza hacia las autoridades públicas como responsables de la toma de decisiones colectivas (Norris, 1999). De manera que la conjunción de "posiciones críticas", definidas por la vulnerabilidad de verse afectado por una decisión o proceso político, social o cultural, por un lado, y la que pudiera denominarse "subcultura política contenciosa", como conjunción de implicación política y desconfianza hacia las autoridades públicas, por otro, suelen ser los elementos constitutivos de la base sociocultural de la protesta.

Ahora bien, además de estos factores individuales, que remiten a motivos de los participantes, la literatura sobre movimientos sociales ha mostrado que las organizaciones políticas y cívicas juegan un papel fundamental en el desarrollo de la protesta al actuar como mecanismos o estructuras de movilización política (McCarthy y Zald, 1973). Bien es cierto que las motivaciones y, sobre todo, el esfuerzo requerido pudieran suponer un freno o incentivo, según el caso, a la movilización colectiva en forma de protesta, pero la "masa crítica" que constituyen los activistas de los grupos y movimientos sociales actúan como reductores de los costos de participación y como articuladores de demandas, facilitando así la extensión del fenómeno (Marwell y Oliver, 1993; Aminzade, Goldstone y Perry, 2001).

De hecho, desde el clásico análisis comparado de Verba, Nie y Kim (1978), así como de forma más reciente con la propuesta del "voluntarismo cívico" de Verba, Scholzman y Brady (1995), se subraya la influencia de diversas agencias de movilización sobre la participación política, con cierta independencia de recursos y motivaciones individuales, destacando entre éstas la pertenencia y la participación en asociaciones, entendido esto como "participación social" (Van Deth, 1997). De manera que, en general, suele señalarse que la "participación social" da lugar a una mayor "participación política", en la medida en que la vida asociativa produce capacitación y desarrollo cívico entre sus miembros, al dotarlos de un mayor sentimiento de competencia política, recursos, habilidades y conocimientos para la participación, así como conciencia o juicio crítico sobre la esfera pública o, si se prefiere, en suma, al empoderarlos cívica y políticamente. El capital social que genera la vida asociativa procura desarrollo cívico e implicación activa en la esfera pública (Putnam, 2000).

Ahora bien, tal y como sostiene Warren (2001) en su propuesta sobre los efectos democráticos de las asociaciones, el grado de desarrollo cívico que éstas producen es diferente a tenor del tipo de asociación de que se trate. Así, las asociaciones de índole político, sean partidos u organizaciones socioeconómicas, tales como sindicatos u organizaciones profesionales o de empleadores, que se orientan a la consecución de bienes o beneficios para sus miembros a través de su influencia en procesos políticos, debieran producir un mayor grado de empoderamiento político que las asociaciones de tipo cultural, asistencial o de ocio orientadas, en mayor medida, a la provisión de servicios (a miembros o no miembros).

En este sentido, Welzel, Inglehart y Deustch (2005) se refieren a tres modelos de asociaciones. Por un lado, las de carácter utilitarista (o tipo "olsoniano"), que se orientan a la consecución de bienes principalmente para sus miembros, como las asociaciones de índole económico o profesional (sindicatos, gremios, profesionales o de empleadores), o los partidos políticos, teniendo este tipo una clara orientación política al tratar de influir sobre procesos y decisiones públicas. Por otro, las de carácter societario (o de tipo "putnamiano"), que se orientan a la consecución de bienes para el conjunto de la comunidad o un conjunto de afectados por un problema o desarrollan una actividad concreta, como las asistenciales, de atención a enfermos, recreativas, deportivas, de ocio o ambientalistas. Y por último, las de tipo religioso que, en principio, no presentan una orientación política definida ni la consecución de bienes específicos, más allá de la defensa y extensión de su confesionalidad. Estos autores muestran que los dos primeros tipos, y sobre todo el primero, pero no el tercero, se relacionan con actitudes cívicas básicas y con la participación política, tal y como la protesta, a la que denominan acciones de desafío a las élites (elite–challenging actions).

Así pues, pudiera señalarse que las asociaciones políticas de corte olsoniano, cuya pertenencia suele depender de incentivos selectivos derivados de la consecución de beneficios específicos para sus miembros, y que externamente se orientan de una forma explícita a los procesos y decisiones políticas, deberían crear mayor movilización que aquellas asociaciones cívicas de corte "putnamiano", que internamente utilizan en menor medida el hecho de la membresía en relación con incentivos selectivos pues, orientadas externamente a la prestación de servicios, suelen ofrecerlos tanto a miembros como a no miembros, siendo las de índole religiosa de las que cabe esperar un menor efecto movilizador. O si se prefiere, mientras que las primeras se centran en la función política de mediación entre ciudadanía y autoridades, presentando un alto nivel de activismo político, las segundas lo hacen sobre la función de prestación de servicios, sin destacar por su activismo a no ser la defensa de causas concretas (derechos civiles o sociales, de la mujer, ambientales), mientras que las religiosas se centran en la integración normativa socio–comunitaria (Navarro y Juaristi, 2006).

De lo hasta aquí expuesto cabría derivar un conjunto de propuestas acerca de factores explicativos de la implicación de la ciudadanía en actividades de protesta, para dar lugar a un modelo explicativo básico que considere recursos y actitudes individuales, por un lado, y los contextos de micromovilización, por otro, tal y como ha tratado de presentarse en la gráfica 1.

 

Sobre el contexto socioeconómico y político–institucional de la movilización: desarrollo y estructuras de oportunidades políticas

Ahora bien, si el modelo básico recién presentado pudiera dar cuenta de la extensión de la protesta entre la ciudadanía, bien es cierto que además de las agencias de movilización, cabría hablar de factores contextuales que parecen influir en ello en la forma de: a) estructura de oportunidades políticas, entendiendo ésta como aspectos institucionales, más o menos estables, del sistema político que actúan como mecanismos de inhibidores (represivos) o potenciadores (facilitadores) de la acción colectiva contenciosa (McAdam, 1999; Tarrow, 1997), y b) contexto socioeconómico.

En cuanto a la estructura de oportunidades políticas, modula los procesos sociopolíticos reprimiendo o facilitando la participación de la ciudadanía y, en especial, la expresión de reclamos a través de acciones colectivas de carácter disruptivo (Tarrow, 1983, 1997, 1999; Meyer, 2003, 2004; Klandermans, 1997). Si bien es cierto que la literatura especializada no llega a acuerdos respecto a las dimensiones de este concepto y distintas investigaciones empíricas han resaltado unos u otros aspectos del mismo (Meyer, 2004; Meyer y Minkoff, 2004; McAdam, 1999),4 cabría señalar que la estructura de oportunidades políticas presenta tres dimensiones básicas, con efectos específicos sobre la protesta, a saber: apertura, acceso y alianzas (Navarro, 2008). La primera se refiere a estructuras institucionales estables del sistema político que favorecen la transmisión e inclusión de demandas ciudadanas en los procesos de toma de decisiones por parte de las autoridades públicas. La forma en que se organiza institucionalmente la transmisión de demandas desde la ciudadanía a las autoridades públicas actúa como mecanismos que inhiben o potencian la protesta (Kriesi, 1995; Rucht, 1996; Kitschelt, 1986). En general, desde el trabajo seminal de Eisinger (1973), se sostiene la existencia de una relación curvilínea entre la apertura del sistema institucional y la protesta, de manera que cuando el acceso es restringido actúa como elemento de represión de la protesta, mientras que si el acceso es muy amplio, actúa también como elemento inhibidor de ella, pues existen canales para la mediación entre ciudadanía y autoridades públicas.

Por su parte el acceso se refiere, en cambio, a la dinámica existente entre las élites políticas en la medida en que éstas estarán predispuestas a considerar los reclamos. En general se sostiene que cuanto mayor es la competencia entre las élites políticas, y en especial los partidos y sus representantes, como los más importantes gatekeepers institucionales entre la ciudadanía y las decisiones colectivas, mayor es el incentivo para que exista protesta (Tarrow, 1997). O de otra forma, cuanto mayor sea el nivel de conflicto y competitividad entre élites, mayor será la necesidad de éstas de buscar apoyos sociales, estableciendo con ello un marco más favorable para que los reclamos sean atendidos (Klandermans, 1997; Kriesi, 1995; Brockett, 1991).

Por último, la estructura de oportunidades puede venir dada por la posibilidad de hacer alianzas con otros actores sociales y políticos. Esto es, un número mayor de aliados potenciales supondrá la diversificación de vías de acceso a los procesos decisionales, o si se prefiere, un aumento en el número de actores potencialmente atentos a los reclamos que presenta la protesta (Kriesi, 1995), de puntos de acceso significativos a los procesos decisionales (Brockett, 1991).

Evidentemente, dado que el análisis que aquí se pretende realizar es desde la perspectiva de la ciudadanía, cabe considerar que la apertura, el acceso y los potenciales aliados constituyen rasgos del sistema político–institucional que conforman un conjunto de "señales" que funcionan como elementos que incentivan o inhiben el uso de la protesta disruptiva como modalidad o repertorio de participación política. Cierto grado de apertura en una situación de alto grado de competencia entre élites y en presencia de una mayor número de potenciales gatekeepers constituirían, pues, un conjunto de señales acerca de la posibilidad de que los reclamos que presenta la protesta sean atendidos.5

De lo anterior cabe derivar que, con cierta independencia de los recursos y actitudes políticas individuales, y el efecto de las asociaciones como agentes de movilización, la apertura, el acceso y las potenciales alianzas, como elementos constitutivos de la estructura de oportunidades políticas, pueden acentuar o atenuar la extensión del fenómeno de la protesta entre la ciudadanía. Pero también cabe referirse al nivel de desarrollo socioeconómico y de desigualdad existente en la comunidad. A este respecto suelen destacarse dos hipótesis, en gran medida opuestas. Por un lado, al señalarse que en la medida en que una tendencia decreciente del primero o creciente de la segunda pueden dar cuenta de una situación en la que sea más factible que se presenten necesidades y actitudes críticas que darían cuenta de un contexto socioeconómico en el que es probable que se produzca una mayor extensión de la protesta. Así, el aumento de la vulnerabiliad social sería razón básica de la protesta (Boron, 2004). Pero también cabe sostener, desde el análisis tocquevilliano clásico, que es un momento de crecimiento de expectativas en donde es más probable que se produzcan reclamos en forma de protesta colectiva (Finkel y James, 1986; James, 1969).

 

TRANSFORMACIONES SOCIOPOLÍTICAS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN LA AMÉRICA LATINA DE LOS AÑOS NOVENTA: TENDENCIAS COMUNES Y DIVERSIFICACIÓN INTERNA

De acuerdo con la importancia de los contextos, reportada en los párrafos precedentes, este apartado indaga sobre las transformaciones de éstos y los procesos de movilización, en tanto que la década de los noventa en América Latina supone un momento de profunda reestructuración sociopolítica y socioeconómica de la región. En el primer campo, por el avance en el desarrollo democrático del sistema político–institucional (Alcántara, 1999, 2002); en el segundo, por el recrudecimiento de las medidas neoliberales, el cambio en el papel del Estado como agente de regulación, con consecuencias sobre las estructuras sociales (Portes y Hoffman, 2003). Un ambiente que para toda la región, aun existiendo diferencias entre países, da una importante mutación en el campo de las luchas populares.

Más concretamente, en el ámbito sociopolítico, la década de los noventa está marcada por la consolidación de regímenes democráticos, cuando menos como "poliarquías representativas" con elecciones más o menos limpias. No obstante, con diferencias en cuanto a sus orígenes y procesos de transición, ya sea desde regímenes autoritarios y represivos (Perú en 1980, Argentina en 1983, Brasil y Uruguay en 1985, Chile ya en 1990); ya sea desde regímenes oligárquicos, patrimoniales, pasando incluso por guerras civiles (como en el caso de El Salvador con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992), o bien reformas que dan lugar a la extensión de instituciones de corte democrático, como es el caso de México (Garretón, 2002).

En su conjunto, estas "jóvenes democracias", aunque "marrones" y delegativas, como las denomina O'Donnell (1997a, 1997b), y con algunos signos de "inestabilidad" institucional, dan lugar a cierta habilitación del espacio público para la participación de una pluralidad de actores políticos, ya sean los de corte más clásico, como partidos y sindicatos, ya sea diversos grupos o movimientos sociales. En general, tal avance democrático da lugar a una mayor garantía de derechos civiles y políticos, así como a la apertura de canales de participación y expresión política, facilitando así la movilización sociopolítica. De hecho, tal y como muestra el diagrama de cajas de la gráfica 3, en donde se presentan los niveles de la Escala Polity IV para América Latina, existe un aumento en el grado de democratización institucional en el conjunto de los países de la región desde la década de los setenta a la de los noventa, pero persistiendo diferencias entre países.

En lo que se refiere a los partidos políticos en particular, como grandes gatekeepers institucionales entre gobierno y ciudadanía, las situaciones y experiencias han sido diversas, dependiendo de si se trata de un sistema partidista de tradición más o menos sólida, con cierta lógica de competición y polarización, como Argentina, Uruguay, Chile o Perú; o bien mediante su ampliación y diversificación a partir de la transición a la democracia (como es el caso de Brasil); o por último, mediante procesos de refundación, como es el caso de Venezuela o El Salvador, este último con partidos que surgen del propio conflicto bélico (Alcántara, 2002). Ahora bien, en general los partidos, en el marco de la extensión poliárquica antes referida, asumen el papel de mediadores de demandas de la ciudadanía, tratando de representar en la arena política los intereses, si no de todos, de importantes sectores de la sociedad. Esto es, tratan de asumir el papel de gatekeepers o facilitadores de mediación y acceso de la ciudadanía a los procesos gubernamentales, apareciendo como potenciales aliados respecto a determinados sectores o reclamos de la sociedad civil. Ello se muestra en una progresiva institucionalización de los sistemas de partidos en la región, si bien aún con diferencias relevantes entre países, tal y como se muestra en la gráfica 4.

Este nuevo marco sociopolítico que supone un proceso de apertura de la estructura de oportunidades políticas, pudiera dar lugar a un efecto ambivalente sobre la acción colectiva contenciosa pues, por un lado, la desincentiva al ofrecer canales y actores institucionales para influir en las decisiones políticas menos costosas que la protesta y, por otro, abre las oportunidades para que aquélla se produzca al ofrecer garantías para su desarrollo (Hispher, 1998; Sandoval, 1998). Esto es, en su conjunto, supondría un momento de apertura en las estructuras de oportunidades políticas, con el efecto ambivalente que, tal y como señalara Eisinger (1973), ello puede tener sobre el desarrollo de la protesta. Además de existir al respecto ciertas diferencias entre países de la región.

En lo que se refiere a los cambios de orden socioeconómico cabe destacar, fundamentalmente, la profundización de las políticas neoliberales, con su manifestación más concreta en los programas de ajuste estructural. Ello da lugar, entre otras cuestiones, a la redefinición de las funciones del aparato estatal, a la desregulación financiera y comercial, a la extensión de procesos de privatización, al menos hasta finales de los años noventa (Meseguer, 2004), así como a la reducción del déficit fiscal por el lado del gasto público (Grassi, Hintze, Neufeld, 1994). Desde la perspectiva de su impacto sobre las condiciones de vida de la población, lo anterior da lugar a: a) el achicamiento del Estado Benefactor (Isua–ni, 1991a) y la redefinición de su función social mediante la puesta en marcha de políticas sociales de carácter compensatorio y focalizadas, dando lugar a la "filantropización" del sistema de políticas sociales orientado exclusivamente al sujeto "pobre" (Fernández Soto, 2005); b) cierto proceso de "desciudadanización", esto es, a pesar de cierta mejora en cuanto a derechos civiles y políticos, la pérdida de derechos sociales de los trabajadores a través de leyes de desregulación laboral, así como la profundización de la tensión entre titularidades sociales reconocidas y provisiones efectivas para reclamar el ejercicio de esa titularidad (Levin, 2000). Esto es, un cambio radical en la acción social estatal que apunta progresivamente hacia un modelo de asistencia social de carácter liberal mediante la erosión de derechos sociales universalistas y su expresión en forma de políticas y servicios de bienestar. Como muestra del efecto de tales transformaciones, en el cuadro 1 puede apreciarse el crecimiento de las desigualdades de ingresos en algunos países de América Latina, pero también la persistencia de diferencias entre ellos.

Tales reformas han promovido la emergencia de una nueva malla de organizaciones de la sociedad civil que vendrán a sustituir al Estado en la distribución de provisiones sociales (Bustelo, 1996). Se trata de una trama de organizaciones de base que desarrollan tareas de asistencia reemplazando al Estado, ahora mínimo, y/o a la familia, empobrecida (González Bombal, 1995). La asunción por parte de esta trama asociativa de la función de provisión de bienestar, distingue a las organizaciones cívicas de la región por su fuerte orientación hacia la prestación de servicios apareciendo, en cambio, como agentes con menor potencial político (Bustelo, 1996).

En su conjunto, el quiebre del modelo de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones (Paramio, 1991), acarrea una profunda transformación del modelo de sociedad, dando lugar al pasaje de una "sociedad Estado–céntrica", con actores que se constituyen en referencia a, por un lado, los procesos de producción y, por otro, al propio Estado, a una sociedad en la que se reactivan las identidades, surgen otras nuevas y, en definitiva, los rasgos y dinámicas de las sociedades políticas de América Latina son profundamente redefinidas (Garretón, 2002).

Una de sus primeras y principales consecuencias es la ruptura de la categoría identitaria de "trabajador", con la consecuente reestructuración de tradicionales actores colectivos, como los sindicatos obreros y campesinos, que habían sido actores centrales de las sociedades de capitalismo tardío y dependiente de América Latina (Garretón, 2002). Ello da lugar a la fragmentación de las organizaciones tradicionales y a la emergencia de nuevas formas de reclamos y acciones, por ejemplo las encabezadas por "trabajadores desocupados" y "trabajadores informales" (Seoane et al., 2006), cada vez más excluidos de las redes de protección social; los campesinos con demandas específicas respecto al "obrero industrial" (Giarraca, 2002) o, en general, nuevos procesos de exclusión derivados de la falta de integración laboral, en donde comienzan a aparecer grupos y demandas nuevas al respecto, como las que tienen que ver con el género (Bruckmann y Dos Santos, 2005) o la etnia (Bruckmann y Dos Santos, 2005; Martí i Puig, 2004).

Ello da lugar a la reactivación y constitución de nuevos sujetos colectivos que participan en y ponen en marcha procesos de acción colectiva contenciosa, y que constituyen algunos de los casos de movimientos y movilizaciones analizados en América Latina. Así, por ejemplo, el Movimiento sin Tierra en Brasil que, aunque es anterior a la década de los noventa, muestra un rico e intenso activismo en esta década (Bruckmann y Dos Santos, 2005); el movimiento zapatista (EZLN) en México (Martí i Puig, 2004); el Movimiento de Trabajadores Desocupados en Argentina, que quiebra la otrora poderosa Central General de Trabajadores, y el surgimiento de la Confederación de Trabajadores Argentinos, más cercana en su lógica a la protesta contenciosa que a la concertación social de la CGT (Murillo, 2000, 1997; Herrera, 2003, 2008); al igual que la refundación de la Central Unitaria de Trabajadores en Chile durante los años noventa, heredera del proscrito movimiento sindical Central Única de Trabajadores (Mirza, 2006); los movimientos de protesta contra los procesos de reestructuración económica durante los años noventa en Venezuela (Figueroa Ibarra, 2003), así como las exitosas campañas del Plenario Intersindical de Trabajadores de la Convención Nacional de Trabajadores en Uruguay (Mirza, 2006); o también los movimientos mapuches en Chile y diversos movimientos indígenas que adquieren notoria visibilidad en los años noventa en Perú, El Salvador y México, por supuesto6 (Martí i Puig, 2005) .

En este marco destaca el caso de El Salvador, que como es sabido muestra los menores índices de activismo político en toda la década (Corporación Latinobarómetro, 2005). En gran medida producto de, por un lado, los largos años de autoritarismo y guerra y, por otro, el trasvase de líderes y "empresariado político" desde la trama asociativa de la sociedad civil al sistema de partidos, comprometiéndolos en una larga y penosa transición a la democracia (Cardenal y Martí i Puig, 1998). Aspectos, ambos, que parecen haber repercutido sobre la protesta como desincentivación, el primero, y desmovilización, el segundo.

Así pues, los cambios en las condiciones de vida e identidades colectivas de la población, junto con el quiebre o al menos el debilitamiento de las organizaciones colectivas tradicionales, da lugar a cierta crisis del sistema clásico de representación de intereses colectivo en la región (García Delgado, 1998), incentivando así el uso de la estrategia de "salida" frente a la de la voz, por hacer uso de los términos del clásico esquema hirschmaniano. Esto configura un marco potencial para la extensión de la protesta que, sin desatender a las movilizaciones en relación con derechos civiles7, se nuclea en torno a la vulnerabilidad sociolaboral producto de los cambios y reformas socioeconómicas de la que pudiera denominarse "década neoliberal" en la América Latina de los años noventa. A lo que debe unirse, sin duda, la apertura de la estructura de oportunidades políticas antes mencionadas en la dimensión sociopolítica de estas sociedades, para dar lugar a un marco político–institucional favorable a la expresión de reclamos en forma de acción colectiva contenciosa, esto es, mediante la implicación de la ciudadanía en actividades de protesta disruptiva

 

EL ANÁLISIS DE LA IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROTESTA DISRUPTIVA EN PAÍSES LATINOAMERICANOS EN LOS AÑOS NOVENTA: DISEÑO METODOLÓGICO PARA COMPARACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS CONTEXTUAL

Tal y como se ha indicado al inicio del presente texto, la pregunta básica de este trabajo cabría formularla de la siguiente forma: ¿en qué medida afectan las estructuras de oportunidades políticas y socioeconómicas a la extensión de la protesta con cierta independencia de los recursos, actitudes y participación social individuales? Incluso, si se quiere, respecto a la implicación ciudadana en actividades de protesta, ¿cabe hablar de la realidad latinoamericana o de "casos latinoamericanos", en virtud de las diferencias en el desarrollo socioeconómico y en estructuras de oportunidades políticas presentes en cada país? De ellas, la que interesa en particular aquí es la segunda.

Para tratar de responder a la pregunta planteada se desarrollará un análisis contextual considerando el efecto de las variables de contexto —o macro— sobre la extensión de la implicación individual en actos de protesta disruptiva, una vez descontado el efecto de las propiedades (recursos, actitudes y participación social) individuales —o micro—. Para ello se ha analizado la extensión del fenómeno de la protesta disruptiva entre la ciudadanía de nueve países latinoamericanos a partir de la Encuesta Mundial de Valores realizada en la segunda década de los noventa, así como datos secundarios acerca del desarrollo socioeconómico y la estructura de oportunidades políticas en tales países en ese periodo.

Por un lado, se trata de un momento, finales de los años noventa, en el que, en gran medida, se ha dado con mayor intensidad el desarrollo de políticas de ajuste neoliberal con sus efectos sobre la estructura social de los países latinoamericanos (Portes y Hoffman, 2003; Meseguer, 2004). Y por otro, se ha incluido un conjunto de países que muestran suficiente variabilidad en sus rasgos socioeconómicos y político–institucionales como para representar la heterogeneidad que al respecto existe en Latinoamérica; habiendo utilizado además como criterios de selección de éstos la disponibilidad de datos en la Encuesta Mundial de Valores (EMV).8 Ahora bien, dadas las grandes diferencias de poblaciones existentes entre ellos y en sus respectivas muestras, los datos se han ponderado para conceder un peso similar a cada individuo, con independencia del país, en los análisis realizados para la muestra en su conjunto.9

Así pues, la encuesta ofrece información sobre la extensión de la protesta en un momento en el que ésta es un fenómeno relevante en la región latinoamericana, y para un número suficiente de países como para comparar variaciones individuales así como de contexto. En concreto, la extensión de la protesta disruptiva se mediará atendiendo al hecho de que los ciudadanos y ciudadanas (entrevistados) hayan declarado participar en al menos una de las siguientes modalidades o repertorios de protesta: manifestación, huelga u ocupación de tierras, fábricas, edificios. Otros análisis comparados sobre protesta incluyen otros eventos o formas de protesta —otros ítems de encuesta—, como la firma de peticiones (Norris, 2002); aquí se ha preferido usar aquellos que dan cuenta del repertorio de carácter colectivo y disruptivo.

Por otra parte, la EMV ofrece información sobre los antecedentes individuales que pudieran explicar el fenómeno, referidos tanto a los recursos individuales, las actitudes sociopolíticas y la participación social, que serán tratados como variables explicativas. En concreto, se han considerado las siguientes:

• Género: considerando que, según la literatura en general, debiera darse más implicación en la protesta entre los varones que entre las mujeres.

• Edad: a este respecto cabe indicar que, por lo común, suele darse una relación curvilínea, de manera que son las personas en edad media las que se involucran en mayor medida en actividades de protesta. Por eso en los análisis se incluirá tanto la edad como su función cuadrática, lo que dará cuenta de la existencia de efectos curvilíneos y el sentido de éstos.

• Posición en la estructura sociolaboral: se han elaborado cuatro categorías; no activos (principalmente mujeres que trabajan en el hogar, antiguos ocupados y estudiantes); trabajadores manuales (obreros y campesinos), y trabajadores no manuales —o clase media— junto a empleadores. En los análisis se utilizará como categoría de referencia la de "no activos" para ver si existen diferencias significativas respecto de los otros grupos socioeconómicos.

• Participación/capital social: se han generado tres variables en atención al hecho de que los ciudadanos participen (valor igual a 1) o no (valor igual a 0) en alguna asociación de tipo político (partidos, sindicatos y organizaciones profesionales/empresariales), en alguna de tipo societario (ocio, deportiva, cultural o atención a necesidades), o en alguna asociación religiosa, respectivamante.

En lo que se refiere a las variables de contexto se ha considerado un indicador por cada una de las dimensiones delimitadas, a saber:

• Crecimiento interanual del PIB per cápita: tasa de crecimiento del PBI per cápita en relación con el año anterior, según datos del Banco Mundial.

• Apertura: modo de regulación de la competencia política. Se trata de un indicador realizado en el marco del proyecto Polity IV, que da cuenta de la medida en que se reprime la competencia política y la transmisión de reclamos (valor 0), o bien hay un sistema institucional abierto que lo regula y garantiza (valor 10).

• Acceso: competitividad electoral. Se trata del clásico indicador de competitividad electoral, tomado para la elección previa más cercana a la fecha de la encuesta.

• Aliados: número efectivo de partidos.10 Este indicador, clásico en el análisis de sistema de partidos, daría cuanta del volumen o número potencial de socios para establecer alianzas o, cuando menos, para atender reclamos que se presenten mediante la protesta.11 Cabe destacar que los indicadores que se han escogido son los disponibles para realizar este tipo de comparaciones.

Para conocer la capacidad explicativa de cada uno de los indicadores delimitados se realizarán análisis de regresión logística, dado el nivel de medición de la variable dependiente. En este análisis se introducirán las variables que caracterizan la situación socioeconómica y la estructura de oportunidades políticas para cada país, de manera que pueda desarrollarse un análisis contextual que dé cuenta de la capacidad explicativa de estas variables con respecto a las individuales (Blalock, 1984). No obstante, previamente se presentarán los resultados de la extensión de la actividad de protesta para cada uno de los países considerados para obtener una visión descriptiva de este fenómeno entre los países analizados.

Cuadro 2

 

LA EXTENSIÓN DE LA PROTESTA ENTRE LAS CIUDADANÍAS DE AMÉRICA LATINA: RECURSOS, SUBCULTURA POLÍTICA CONTENCIOSA Y CONTEXTOS DE MOVILIZACIÓN

Así pues, ¿cuál es la extensión del fenómeno de la protesta disruptiva en los países latinoamericanos?, ¿cómo afecta el contexto socioeconómico y las estructuras de oportunidades políticas a ello?, y por último, ¿en qué medida el contexto modifica la importancia de los recursos, actitudes y participación social individuales? Cada una de estas preguntas tratará de responderse mediante análisis específicos en los siguientes apartados.

 

La extensión de la protesta en países de América Latina

En la cuadro 3 se presenta el indicador de extensión de la protesta disruptiva para los países analizados, así como el indicador sintético para cada uno de ellos. Puede apreciarse que para todos los indicadores —repertorios— de protesta considerados, las diferencias entre países son significativas, esto es los países, como contexto, parecen contar en la extensión de la protesta.12

No obstante esta diversidad, puede hacerse referencia a ciertos grupos de países a este respecto. Así, cabe destacar el caso de Brasil, que presenta el nivel más alto de protesta y, sobre todo, en lo que se refiere a la participación en manifestaciones, por lo que cabe recordar las movilizaciones del Movimiento sin Tierra durante la segunda mitad de los años noventa.13 En el extremo opuesto destaca el caso de El Salvador, con los niveles mínimos de implicación ciudadana en estos tipos de actividad política, cuestión habitual en otros estudios (Corporación Latinobaróme–tro, 2005) y que, como se ha indicado más arriba, cabe relacionar con los conflictos civiles y la cooptación de los movimientos durante el proceso de transición democrática (Cardenal y Martí i Puig, 1998).

Tal y como puede apreciarse en la gráfica 5, entre estos casos extremos se sitúa el resto de los países en donde, tal y como se indicó más arriba, se han dado destacados procesos de lucha popular, situándose Chile, Colombia, México y Uruguay por encima de la media regional; los casos de Argentina y Perú cerca de la media, y Venezuela por debajo de la media. En cuanto a México vale destacar que ese año (1996 en su caso), sumado a la ola de protestas iniciada en la selva Lacandona y difundida a todo el país, se desarrollaron unas tumultuosas elecciones que arrojaron por resultado la primera derrota electoral del PRI en 70 años. Estos periodos, especialmente ricos, de competencia electoral son leídos como "ventanas de oportunidades" (Gamson y Meyer, 1999) por los líderes de los movimientos sociales, es decir, momentos especialmente productivos para que la movilización de sus bases logre influir en las agendas electorales (Klandermans y Goslinga, 1999). También Colombia atraviesa un año electoral cuando se está tomando la encuesta.

En cuanto a Argentina, es sabido que aún es —en el año de la encuesta— incipiente el ciclo de protesta que muestra su fase de mayor efervescencia, o "momento de locura" como lo llama Tarrow (2002), a finales de 2001 y 2002 (Herrera, 2003, 2008).

 

Crecimiento, estructura de oportunidades políticas y extensión de la protesta

¿Vienen explicadas tales diferencias por el contexto socioeconómico o las estructuras de oportunidades políticas que caracterizan a cada país? Según los análisis que se muestran a continuación (gráfica 6), cabría dar una respuesta afirmativa. Así, puede apreciarse que el crecimiento económico genera cierta extensión de la protesta, lo que cabría relacionar con la hipótesis de las "expectativas crecientes" más arriba mencionada.

En cuanto a la estructura de oportunidades políticas, puede apreciarse que la apertura inhibe la protesta, mientras que el acceso y, sobre todo, el incremento en la posibilidad de alianzas se relacionan positivamente con la implicación de los ciudadanos en la participación política disruptiva de carácter colectivo. Además, controladas las relaciones con los indicadores de estructura de oportunidades políticas a través del crecimiento socioeconómico (correlaciones parciales), éstas se mantienen en su sentido e, incluso, aumentan su magnitud. Ello apuntaría al hecho de que contextos caracterizados por un posible aumento en las expectativas socioeconómicas y favorables oportunidades políticas favorecen la extensión de la protesta. O si se quiere, que cabe establecer diferencias entre los países analizados de América Latina a partir de sus rasgos socioeconómicos y, sobre todo, sociopolíticos

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Análisis contextual de la extensión de la protesta contenciosa: ciudadanía y estructura de oportunidades políticas

Ahora bien, ¿sigue conservando el contexto su capacidad explicativa al considerar las propiedades individuales de la ciudadanía? O, de otra forma, ¿las diferencias se deben a efectos de composición derivados de las características de la ciudadanía en cada contexto —país— haciendo desaparecer, pues, las diferencias entre ellos?

Para conocer este asunto, objeto principal del presente trabajo, se ha desarrollado un análisis contextual mediante la aplicación de regresión logística en la que se incluyen como potenciales variables explicativas características de los ciudadanos y del contexto —país— en el que residen. ¿Qué muestran los resultados?

A tenor de los resultados obtenidos (cuadro 3), cabría señalar que tanto rasgos individuales como variables de contextos dan cuenta de la variación en la extensión de la protesta, esto es, no se trata de efectos de composición derivados de las características de los individuos en cada contexto —país—, sino de las propiedades de éstos con cierta independencia de los rasgos —sociales, culturales y asociativos— individuales. Veámoslo con mayor detalle.

A partir de los coeficientes de regresión logística presentados en el cuadro 4, puede apreciarse que la posición social es un factor relevante. Como es común a otros análisis, la edad guarda una relación curvilínea con la implicación en la protesta, siendo los que tienen una edad media los que en mayor medida se implican.14

El género, aunque no presenta una relación estadísticamente significativa, apunta al efecto derivado de la división sexual del trabajo, esto es, una mayor implicación de los varones. Esta cuestión se evidencia mejor al considerar la situación socioprofesional pues los no activos, que son principalmente mujeres que trabajan en el hogar o bien mayores jubilados, destacan por una menor implicación que los que trabajan y ocupan una posición social de clase media (o white collar). No obstante, son los trabajadores manuales (obreros o campesinos), pero sobre todo los desempleados, los que muestran un mayor grado de implicación en actividades de protesta. Esto es, la implicación en esta modalidad de participación política parece guardar relación con el hecho de ocupar "posiciones sociales críticas", relativas a situaciones de vulnerabilidad social en relación con el mercado de trabajo. Así pues, el riesgo de exclusión social en un marco de reformas económicas neoliberales y de aumento de las desigualdades, parece funcionar como incentivo para el desarrollo de la protesta disruptiva. Ahora bien, a ello debe sumarse la movilización cognitiva derivada del acceso a la formación académica y en el sentido esperado, esto es, un mayor nivel de estudios da cuenta de un mayor grado de participación disruptiva. Como puede apreciarse en la gráfica 7, el efecto conjunto de posición sociolaboral y movilización cognitiva da lugar a una mayor implicación en actividades de protesta, sobre todo entre los que tienen un nivel de estudios alto (universitarios).

Junto a los estudios, son las variables referidas a la cultura u orientaciones políticas de la ciudadanía las que parecen dar cuenta de la extensión de la protesta. Actitudes críticas en forma de desconfianza institucional y, sobre todo, el grado de implicación política parecen ser las motivaciones que subyacen a la implicación en actividades disruptivas, esto es, una cultura política caracterizada por una combinación de sentimientos de eficacia política interna alta y eficacia externa baja, si se quiere un rasgo de "cultura política contenciosa", tal y como la hemos denominado más arriba.

A los efectos estructurales derivados de la posición social y de las orientaciones de cultura política se unen los relativos a la pertenencia a redes sociales que constituyen microcontextos de movilización en la forma de participación social o pertenencia asociativa, con diferencias a tenor del tipo asociativo de que se trate. Como puede apreciarse en el cuadro 2, el asociacionismo político (partidos, sindicatos y asociaciones profesionales/empresariales) y el asociacionismo cívico o societario (organizaciones voluntarias de acción social) aparecen como agentes movilizadores en relación con la implicación en eventos de protesta disruptiva. Ello viene a confirmar lo que al respecto apunta la literatura de los movimientos sociales, a saber: las estructuras de micromovilización operan como elemento reclutador y de soporte de la participación (Opp y Rohel, 1990; Voss, 1999), de manera que las redes sociales que posee un individuo —en este caso, asociativas— aparecen como un factor explicativo de la participación política (McAdam, McCarthy y Zald, 1999).

Pero los resultados también parecen avalar para el contexto latinoamericano lo que al respecto indica la literatura sobre participación y capital social, esto es, que el impacto movilizador en relación con la protesta es mayor cuando se trata de asociaciones políticas que cuando se trata de asociaciones cívicas (coeficientes iguales a 0.704 y 0.247, respectivamente) y, sobre todo, que las de carácter religioso, que no parecen incidir en el involucramiento en actividades de protesta o, en todo caso, de forma negativa, en lo que cabe recordar el papel "conservador" de la religión en los contextos o ámbitos de religión católica (Castón y López, 2005). Como puede apreciarse en la gráfica 8, en atención a la distancia entre las líneas que representan la media estimada de implicación en la protesta de miembros y no miembros, el efecto de las redes asociativas de índole político es mayor que el de las de carácter cívico, habida cuenta del ya comentado marcado carácter de prestación de servicios que las segundas han ido adquiriendo en América Latina (Grassi et al., 1994).

No obstante la valía de este modelo "individual" centrado en recursos, actitudes y redes asociativas, y los indicios que aporta el contexto socioeconómico, los análisis muestran la importancia de las estructuras de oportunidades políticas. En concreto, la regulación de la competencia política afecta positivamente al desarrollo de la protesta, esto es, aumenta cuando existen mayores posibilidades de presentar y hacer valer los reclamos mediante canales institucionales. Pero tal y como señala la literatura sobre movimientos sociales, existe además un efecto curvilíneo negativo, de manera que la propensión a la protesta es menor cuando el sistema está cerrado o está muy abierto, esto es, cuando el sistema institucional envía "señales" de represión a la competencia política o bien facilita que ésta se produzca por canales formales, inhibiendo así el recurso a los repertorios de la protesta disruptiva. Esto es, la protesta sería más alta para aquellos países donde, aun regulada la competencia política, la posibilidad de expresar y transmitir reclamos populares no está totalmente garantizada institucionalmente.

Además de esta dimensión institucional, y por tanto más estable, la fragmentación y la competitividad de los sistemas políticos aparecen como factores moderadores de las propiedades individuales con respecto a la protesta. Así, por un lado, un mayor grado de competitividad, como indicador de un alto nivel de conflicto o confrontación entre élites desde el enfoque de los movimientos sociales y, por tanto, de posibilidades de acceso o atención a los reclamos por parte de grandes contendientes que buscan ensanchar sus apoyos electorales, da cuenta de un mayor grado de extensión de la protesta disruptiva. Tal y como señala la literatura del enfoque del proceso político respecto a los movimientos, el conflicto o confrontación entre élites actúa como "señal" de que existen posibilidades de que los reclamos sean atendidos por las élites que se enfrentan y por tanto buscan apoyos; al menos una señal más clara que en situaciones donde un partido mayoritario no necesita ensanchar sus apoyos electorales.

Por otro lado, con cierta independencia de la competitividad electoral, una mayor fragmentación electoral, como indicador de un mayor número de potenciales aliados entre las élites políticas, da cuenta de una mayor implicación en las actividades de protesta. Esto es, la percepción de que existan mayores posibilidades de que los reclamos y demandas sean atendidos, en razón de un mayor número de gatekeepers institucionales (partidos), parece actuar como un elemento incentivador de la movilización político–social.

 

Recursos, microcontextos y macrocontextos de la protesta disruptiva

El análisis realizado ha mostrado pues que recursos, en forma de vulnerabilidad social y movilización cognitiva, por una parte, y actitudes socio–políticas, en la forma de una "cultura política contenciosa", por otra, son aspectos relevantes para dar cuenta de la extensión de la protesta entre nueve países latinoamericanos en los años noventa. Pero también que es importante situar estos factores explicativos en los contextos en los que se desarrolla tal movilización social. En concreto, la pertenencia a contextos asociativos, y en particular los de carácter político, así como el contexto político institucional, constituyen elementos explicativos relevantes de la implicación de la ciudadanía en actividades de protesta disruptiva. De aquí cabría derivar que los microcontextos y los macrocontextos de movilización producen efectos acumulativos respecto a la participación en actividades de protesta colectiva.

En concreto, cabría sostener que el capital social y la capacitación cívica derivados de la pertenencia a redes asociativas de carácter político se transforman en protesta disruptiva, en mayor o menor medida, en función de la estructura de oportunidades políticas que configura el contexto político–institucional en cada caso. O si se prefiere, las estructuras de oportunidades dan cuenta de una regla o pauta de transformación del capital social —participación asociativa— en movilización social —participación política. Tal regla apuntaría a que a la diferencia existente entre los que están y no están inmersos en contextos de micromovilización —redes asociativas de carácter político— se le suma el efecto movilizador del contexto macropolítico —estructura de oportunidades políticas—, de manera que la transformación del capital social en movilización es mayor —más intensa— cuando el sistema político–institucional envía señales de apertura, acceso y/o la posibilidad de tener aliados que atiendan los reclamos de la protesta. Si se quiere, entre capital social y movilización política existe una regla de transformación de orden institucional, con cierta independencia de recursos y actitudes políticas —como avalan los resultados obtenidos—, haciendo que entre ciudadanías potencialmente iguales en recursos, cultura política y redes asociativas, la protesta se extienda en mayor medida cuando el sistema político–institucional ofrece "señales" positivas a los potenciales contendientes.

A modo de ilustración, la regla de transformación institucional ha tratado de presentarse en las gráficas 9, 10 y 11, en donde puede apreciarse que el efecto movilizador de los microcontextos se ve fuertemente reforzado por las señales de apertura, acceso y potenciales aliados del macrocontexto. Forma de ilustrar gráficamente la regla de transformación institucional del capital social, como participación asociativa, en participación política.15

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: SOBRE "REGLAS DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL" AL "SITUAR" LA PROTESTA

Llegados a este punto del texto cabe volver a la pregunta principal que orienta el presente trabajo, a saber: ¿qué importancia tienen los contextos en la explicación de la extensión de la protesta en Latinoamérica durante los años finales de los noventa?, o más específicamente, ¿influye la estructura de oportunidades políticas sobre la implicación de tales ciudadanías en actividades de protesta disruptivas?, ¿cómo lo hace?

A tenor de los resultados obtenidos, cabría señalar que las estructuras de oportunidades políticas son un factor de contexto relevante al explicar las razones de la participación de la ciudadanía a través de la protesta disruptiva, lo que confirmaría la utilidad de las aportaciones de la literatura de los procesos políticos en el estudio de los movimientos sociales, para el análisis de la ciudadanía considerada individualmente.

Básicamente, el estudio vendría a confirmar buena parte de lo aportado por la literatura sobre la implicación individual en actividades de protesta, a saber: que la conjunción de posiciones de vulnerabilidad respecto a procesos y decisiones políticas, sociales, económicas o culturales, por un lado, con una cultura política contenciosa, como combinación de involucramiento político y desconfianza hacia las autoridades públicas, por otro, y el capital social derivado de la pertenencia asociativa, sobre todo de índole política, por último, constituyen elementos explicativos básicos del fenómeno que ha ocupado este trabajo. Pudiera indicarse, pues, que estos tres elementos constituyen los "signos o síntomas de la protesta", en mayor o menor medida comunes al conjunto de países de América Latina analizados.

Ahora bien, la manifestación de tales signos en términos de implicación activa en la protesta disruptiva viene modulada por el contexto político–institucional. Éste puede inhibir o potenciar la conversión de tales signos en comportamientos políticos colectivos de carácter contencioso. Por ello cabría hablar de cierta "regla de conversión o transformación institucional", cuya naturaleza viene dada por los rasgos de la estructura de oportunidades políticas que presenta el sistema político–institucional y sus actores más relevantes, los partidos, como principales gatekeepers institucionales de los reclamos ciudadanos.

Así, la conversión de posiciones y actitudes críticas en actividades participativas vendría condicionada por tal regla institucional, y como se ha visto, en particular, también regula la conversión del capital social de base asociativa en mediación política disruptiva. Evidenciando así que el efecto democrático de éste dependería no sólo de la naturaleza del fenómeno asociativo (político o no), sino también del contexto institucional en el que se desarrolla.

Por lo demás, tal regla institucional, que en última instancia se refiere a diferencias en el diseño y dinámica del sistema político en el que viven las ciudadanías de América Latina, evidencia que la región constituye una realidad diversa. Aunque en estudios comparativos más amplios cupiera, si es posible, hablar de cierta homogeneidad por diferencia con otros países y/o realidades, un análisis comparativo más cercano muestra su heterogeneidad interna, señalando así la necesidad de realizar estudios comparativos que se centren en la región, así como un examen más cuidadoso de cada "caso", cuestión que sobrepasa los límites de espacio del presente texto. En resumen, a pesar de que los procesos básicos —denominados aquí "signos de la protesta"— son similares a otras realidades, así como entre los casos comparados, sus estructuras de oportunidades políticas llaman la atención sobre la necesidad de construir el objeto de análisis desde una perspectiva atenta a la variabilidad que, al menos a este nivel, muestra América Latina.

Finalmente destacar que, si bien los resultados obtenidos nos permiten arribar a estas conclusiones y validar el modelo analítico propuesto, la capacidad de generalización —pretensión que excede a este trabajo— está limitada por un contexto histórico determinado; así pues, abordar estudios diacrónicos que incluyan un número mayor de casos (países) sería una interesante vía para profundizar en esta línea de investigación pudiendo confirmar, de este modo, conexiones certeras entre las transformaciones en la extensión de la participación individual en acciones de protesta y las transformaciones en los factores explicativos de la protesta, específicamente en los cambios en las estructuras de oportunidades políticas.

 

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NOTAS

1 La competencia o implicación cívica, o eficacia política interna, se refiere al interés por la política y el sentimiento o percepción de capacidad de influencia sobre la esfera pública. La eficacia política externa se refiere al sentimiento de alejamiento y de desconfianza hacia las autoridades públicas (Torcal, 2003; Bonet, Martín y Montero, 2006). Desde la aportación de Almond y Verba (1963) se consideran elementos mínimos de la cultura política.

2 Las mencionadas, además de la protesta, suelen ser consideradas como las modalidades básicas de participación política (Milbrath y Goel, 1977; Verba, Nie y Kim, 1970; Parry et al., 1992; Torcal, Montero y Teorell, 2006).

3 Además de argumentos analíticos, es lo que señala la propia ciudadanía, que en general indica que las actividades de grupo y la protesta suponen mayor esfuerzo que el contacto y, sobre todo, el voto (Parry, Moyser y Day, 1992: 274ss). Sobre protesta y represión puede consultarse Della Porta (1999) y Brockett (2005). Sobre el "miedo a la represión" como barrera a la protesta puede consultarse De la Cruz (1998).

4 En los trabajos de Meyer (2004), Meyer y Minkoff (2004) y McAdam (1999) se puede encontrar un interesante recorrido a través del acervo de producción científica que aborda la estructura de oportunidad política como variable independiente de la protesta social y un prolijo esquema de la operacionalización que se realiza, de este concepto, en cada una de las investigaciones.

5 Ello supone entender a la ciudadanía como actores que consideran las oportunidades de acción política o, cuando menos, que parte de las razones que subyacen a su implicación en actividades de protesta reside en su percepción sobre aquéllas (Navarro et al., 2006). En los análisis empíricos que se presentarán a continuación no se dispone de indicadores sobre tal percepción, por lo que se postulará, en el caso de que la estructura de oportunidades políticas afecte a la implicación en acciones de protesta, que el mecanismo o "vínculo causal" entre éstas y la protesta se encuentra en la percepción que la ciudadanía pueda tener de la apertura, acceso y/o aliados potenciales presentes de aquélla.

6 Para una visión genérica de las movilizaciones y movimientos sociales más relevantes en la región, pueden consultarse Calderón (1995) y Mirza (2006).

7 Así, por ejemplo, las movilizaciones sociales en Perú contra el gobierno de Fujimori, que ya en 1992 comenzaron reclamando la reinstalación de los gobiernos regionales disueltos por éste y cuya mayor expresión fue, quizás, la Marcha de los Cuatro Suyos finalizando la década. Igualmente en Brasil, durante el año 1992, se producen movilizaciones sociales que inciden en la caída del presidente electo Collor de Mello. Y más en general, la "familia" de Movimientos de Derechos Humanos de toda la región, destacando los de Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia.

8 Se ha escogido en cada país la ola correspondiente a la segunda mitad de la década de los noventa, ya que en este periodo la EMV ofrece muestras de un número mayor de países latinoamericanos, atendiendo a que las equivalencias de ítems de preguntas permitiese una comparación.

9 En el Anexo I pueden consultarse los tamaños de población y de muestras originales, así como los tamaños de muestra utilizados después de la ponderación. Se han realizado los análisis sin ponderar, habiendo obtenido resultados similares a los que se presentarán a continuación. No obstante, se ha preferido utilizar la ponderación en los análisis conjuntos para garantizar el mismo peso a los entrevistados con independencia del contexto –país. Sobre las diferencias en cuanto a los sistemas político–institucionales y de partidos en Latinoamérica pueden consultarse, entre otros, Mainwaring y Scully (1995), Alcántara (1999) o Coppedge (1998).

10 Para este aspecto de la Estructura de Oportunidades Políticas se cuenta sólo con datos de partidos políticos para evaluar la potencial presencia de aliados de los movimientos de protesta.

11 Los indicadores de "competitividad electoral" y "número efectivo de partidos" se han tomado de Payne (2002).

12 La correlación inter–ítems (para manifestaciones, huelgas y ocupaciones) es siempre superior a 0.3000, lo que avala la elaboración de la escala de protesta disruptiva. El análisis se ha hecho tanto para la muestra en su conjunto, como para cada uno de los países, tal y como propone Van Deth (1997), mostrando así la validez del indicador elaborado, que actúa como "equivalente funcional" del fenómeno que se analiza.

13 Después del año 1996, caracterizado por represiones brutales y numerosas muertes a manos de las fuerzas vivas del Estado y los paramilitares, en 1997, año en que se realiza la EMV en Brasil, el Movimiento sin Tierra organiza una campaña nacional en la que recorre todo el país generando en diferentes ciudades acampadas, marchas, concentraciones, a fin influir en la política agraria del gobierno (Zibechi, 2003).

14 Es significativo tanto el coeficiente referido a la edad como su función cuadrática. Al ser éste negativo da cuenta de un efecto curvilíneo con su máximo en medio de la distribución y sus mínimos en los extremos (inferior y superior).

15 Para facilitar la interpretación de las gráficas se han agrupado los casos en atención al valor que presenta la media de cada indicador en los nueve países analizados.

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